TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 801/2019                                                                 Sucre: 22 de agosto de 2019                                                 

Expediente: CH-21-19-S                                                                                 

Partes: Juan Herrera Santos y otra c/ David Aramayo Carballo                                

Proceso: Mejor derecho y otros.                                                                                                       Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 365 a 370, interpuesto por Juan Herrera Santos en contra del Auto de Vista Nº 92/2019 de 26 de marzo de fs. 354 a 357, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso sobre mejor derecho de propiedad y otros, seguido por el recurrente en contra de David Aramayo Carballo; la contestación al recurso de casación de fs. 380 a 382 vta.; el Auto de Concesión de 24 de abril de 2019 cursante en fs. 383; el Auto Supremo de admisión de fs. 387 a 388 vta.; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez Publico Civil y Comercial y de Sentencia Penal Nº 2 de Monteagudo perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 79/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 252 a 258 vta., por la que declaró: PROBADA EN PARTE la demanda principal de fs. 41 a 45 vta., interpuesta por Juan Herrera Santos y Anastasia Arrueta Céspedes.

Resolución de primera instancia que fue apelada por David Aramayo Carballo, mediante el escrito que cursa de fs. 260 a 268 vta.; a cuyo efecto la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, atendiendo únicamente el recurso de apelación concedido en el efecto diferido, mediante el Auto de Vista Nº 92/2019 de 26 de marzo, obrante de fs. 354 a 357, REVOCÓ el Auto Interlocutorio N° 189/2017 de 30 de junio, y en su lugar declaró PROBADA la excepción de cosa juzgada opuesta por David Aramayo Carballo, argumentando que en el caso de autos se pudo identificar que los sujetos intervinientes son los mismos, pues en el proceso anterior el demandante fue David Aramayo Carballo y los demandados Juan Herrera Santos y Anastacia Arrueta Cáceres y en el actual proceso se invierten los papeles, es decir que los actores son Juan Herrera Santos y Anastacia Arrueta Cáceres y el demandado resulta ser David Aramayo Carballo; en relación al objeto, se puede establecer que en ambos procesos se disputa la reivindicación y el mejor derecho de un predio situado en el barrio Los Pinos, estableciendo que en ambos procesos el derecho propietario de Juan Herrera Santos y Anastacia Arrueta Cáceres emerge del testimonio N° 224/1999 de 19 de noviembre y de David Aramayo Carballo nace del testimonio N° 209/2008, además que los demandantes a tiempo de contestar la excepción no niegan que el objeto sea el mismo, al contrario lo asienten; finalmente, la causa en ambos procesos también es idéntica, por cuanto la reivindicación y el mejor derecho del predio nació de parte de David Aramayo Carballo de su título N° 209/2008 y de Juan Herrera Santos y Anastacia Arrueta Cáceres del título N° 224/1999 de 19 de noviembre, donde existiría una sobre-posición causada en la extensión de esos títulos, y no de forma reciente por una situación sobreviniente posterior al proceso concluido.

Por consiguiente, el mejor derecho y la reivindicación en relación a la sobre-posición de los predios quedó zanjado por el Auto Superior N° SCII 09/2014 de 17 de junio, resolución que adquirió la calidad de cosa juzgada.   

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 365 a 370, interpuesto por Juan Herrera Santos; el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma

  1. Acusa la violación del art. 265.I del Código Procesal Civil en relación al art. 259 núm. 3) del mismo compilado objetivo civil, arguyendo que el demandado presentó su recurso sin haber antes hecho reserva de la apelación conforme manda el procedimiento establecido en el referido art. 259 num. 3), esto es que el demandado debió anunciar su recurso en audiencia y posteriormente con la sentencia presentar recién su apelación; extremo que al no haber acontecido importa el rechazo in limine del mencionado recurso.
  2. Denuncia la violación de los art. 213 y 218 de la Ley Nº 439, manifestando que el Tribunal de alzada ha vulnerado el debido proceso en su vertiente de congruencia, motivación y fundamentación, ello debido a que el auto de vista no resuelve los puntos que fueron apelados en su totalidad, pues simplemente se refirió a los argumentos que utilizó el demandado en la excepción de cosa juzgada.

En el fondo

  1. Acusa la indebida y errónea aplicación del art. 1319 del Código Civil y el art. 230 del Código Procesal Civil, argumentando que si bien en este proceso y el proceso concluido el 2014 existe identidad de sujetos, no existe identidad en el objeto y la causa, puesto que en el anterior proceso David Aramayo demandó la reivindicación de 840 m2, mas no de 1344,50 m2 (que es la superficie con la que actualmente cuenta); lo que quiere decir que en el presente proceso no está en debate los 840 m2, que fueron reivindicados en ese proceso, sino la sobre-posición que asciende a 500 m2, que no fueron reivindicados por el demandado y sobre el cual goza de derecho preferente.    

En base a lo expuesto solicita se case el auto de vista recurrido y en su lugar se declare probada la demanda y se confirme la sentencia de primer grado.

Respuesta al recurso de casación

  1. Inicia manifestando que el recurso de casación del contrario carece por completo de técnica recursiva, pues en el recurso planteado en la forma el recurrente concluye solicitando que el Tribunal de casación disponga la casación del auto de vista y que se confirme la sentencia; pedido que es completamente contradictorio según la doctrina y la abundante jurisprudencia, toda vez que en el recurso de casación en la forma deberá acusarse errores “in procedendo” por violación o errónea aplicación de normas procesales con la finalidad que pueda efectuarse el correspondiente saneamiento procesal; sucediendo similar situación con el recurso planteado en el fondo, donde no basta citarse las normas supuestamente infringidas, sino que se deberá explicar en qué consisten tales violaciones, así como demostrar el error de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas.
  2. Refiere que la acusada violación del derecho al debido proceso por vulneración del art. 265.I con relación al art. 259 num. 3) del adjetivo civil, carece de sustento, debido a que es completamente falso que no se hubiera efectuado el anuncio oportuno de su recurso de apelación en efecto diferido, lo cual queda demostrado por el acta que cursa en fs. 283 vta.
  3. En lo concerniente a la vulneración del debido proceso en sus vertientes de congruencia, motivación y fundamentación, refiere que al margen de no explicar ni demostrar en que consiste las violaciones, omisiones e incongruencias, incurren en error al confundir supuestos errores procesales que hacen al recurso de casación en la forma con el petitorio que corresponde al recurso en el fondo.
  4. Finalmente refiere que la total ausencia de congruencia en lo que se manifiesta en el memorial de recurso de casación con el petitorio, no permite realizar otro tipo de respuestas al mismo, más aún cuando se refiere a hechos facticos y legales ajenos a los fundamentos del auto recurrido.

Por lo expuesto solicita que este Tribunal declare la improcedencia del recurso de casación de la parte actora.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- Sobre la nulidad procesal

La doctrina y las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu de la Ley del Órgano Judicial y el Código Procesal Civil, que impregnados por el nuevo diseño constitucional, conciben al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva. 

Es por ello que este instituto jurídico procesal ha sido modulado por la jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal, mereciendo consideración especial, esto debido a la importancia que conlleva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa, entendimiento  concordante con  la Ley Nº 439, respecto a la nulidad de los actos procesales, que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que se desprende del art. 115 de la CPE., que indica; El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, estableciendo que es política de Estado garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada, a ese respecto el Auto Supremo Nº 484/2012 a orientado en sentido, que: “…en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta (…) que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

Por lo manifestado, es ineludible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

III.2.- Sobre la necesaria existencia de gravamen o perjuicio que genera la resolución contra los intereses del litigante como requisito subjetivo del Recurso de Casación.

Uno de los varios derechos que nacen de la relación procesal, es el derecho de recurrir contra las resoluciones judiciales, cuya naturaleza es estrictamente procesal; pero para que cualquier recurso sea admisible y procedente, al margen de los requisitos de forma y contenido, debe cumplir con otros requisitos generales de carácter subjetivo y objetivo; entre uno de los requisitos subjetivos se encuentra la necesaria existencia de gravamen o perjuicio que genera la resolución contra los intereses del litigante, siendo este requisito el más importante que habilita al justiciable el interés legítimo para recurrir.

En ese contexto el profesor Eduardo Couture, en el ámbito del Derecho Procesal, refiere que agravio es el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Ese perjuicio debe ser cierto, evidente, real y concreto; pues la necesaria existencia de agravio o/y perjuicio es el motor que impulsa, promueve y justifica la activación del recurso, sin importar el tipo de parte de que se trate en la intervención del proceso; contrario sensu, se puede afirmar que no existe recurso sin gravamen o perjuicio, ni interés válido para impugnar; pues el simple hecho de recurrir por recurrir sin que exista afectación de ningún interés legítimo, implicaría hacer un uso inadecuado del mecanismo de impugnación.

Sin duda, la recurribilidad de las resoluciones judiciales está en función del agravio que cause la resolución y sea perjudicial a los intereses del justiciable; así se observa del contendido del art. 251 del Código Procesal Civil cuando señala: “LEGITIMACION.- Cualquiera de las partes, incluso los terceros, está legitimado para ejercitar el derecho de impugnación de las resoluciones que les causaren agravio”, lo que evidentemente también acontece en el recurso de casación que a partir de lo dispuesto por el art. 272 del mismo cuerpo normativo, prescribe que: “el recurso solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista, y justamente bajo ese entendimiento procederá el recurso de casación como uno de los diferentes medios de impugnación que la ley procesal otorga a las partes para impugnar una resolución que le cause perjuicio.

Las consideraciones anteriormente descritas encuentran sustento en base al amplio aporte doctrinal vinculado al caso, entre estos lo referido por el tratadista Hugo Alsina, quien en su obra “TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE DERECHO PROCESAL”, Tomo IV, pág. 191 señala lo siguiente: La cuestión de saber quién puede interponer un recurso, constituye un aspecto de la legitimación procesal. (…) Es que, así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso, y por eso se concede aún a los que no siendo partes en el proceso, sufren un perjuicio como consecuencia de la  Sentencia…” (El resaltado nos pertenece)

Por su parte el autor Enrique Lino Palacios en su obra “DERECHO PROCESAL CIVIL”, Tomo V pág. 47, haciendo referencia a los requisitos subjetivos para la procedencia de los recursos, señala: “Como acto procesal de parte, constituye requisito subjetivo de admisibilidad de todo recurso el interés de quien lo interpone. El interés se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente y consiste, en términos generales, en la disconformidad entre lo peticionado y lo decidido, más adelante en la pág. 85, ahondando aún más sobre el tema indica: “Asimismo, configura requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione, a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés. (El resaltado nos pertenece)

Entonces, estos razonamientos nos permiten inferir que la presencia de agravio y/o perjuicio es el elemento fundamental que habilita el interés legítimo para recurrir, y no basta la sola declaración de impugnar o recurrir, sino que se requiere además agregar los motivos, agravios o fundamentos que den méritos al impugnante, pues a partir de ello se podrá determinar la legitimación procesal del recurrente, adquiriendo esa calidad, solamente los litigantes que han sufrido agravio y/o perjuicio con una determinada resolución, situación que se encuentra establecido en el art. 272 del Código Procesal Civil, siendo además aplicable lo dispuesto en el art. 213 del mismo cuerpo legal por estar referido a los recursos en general.

III.3.- Respecto a la excepción de cosa juzgada

En el Auto Supremo Nº 340/2012 de 21 de septiembre, este Tribunal ha razonado lo siguiente: “la excepción de cosa juzgada, se entiende como "Autoridad y eficacia de una Sentencia judicial cuando no existen contra ellas medios de impugnación que permiten modificarla" (Couture); "Indiscutibilidad de la esencia de la voluntad concreta de la ley afirmada en la Sentencia" (Chiovenda); por su parte nuestra legislación ha recogido dicho instituto en el art. 1319 del Código Civil, estableciéndose la existencia de ciertos requisitos que necesariamente deben cumplirse, Identidad legal de personas que consiste en la identidad que debe presentarse en las personas, entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta. Identidad de la cosa pedida, para que exista identidad de cosa pedida es necesario que entre el primer proceso y el segundo tengan un mismo objeto. El objeto del proceso se suele definir como: "el beneficio jurídico que en él se reclama". Y por último la Identidad de causa de pedir La ley lo define como: "el fundamento inmediato del derecho deducido en el juicio". No debe confundirse con el objeto del pleito, ya que en dos procesos puede pedirse el mismo objeto, pero por causas diferentes, la causa de pedir será el principio generador del mismo. En consecuencia, ante una excepción de cosa juzgada, se hace necesario que el juzgador conozca que en un litigio anterior fue resuelto, mediante Sentencia firme, el asunto que se le pone de manifiesto, demostrando plenamente la existencia de identidad de sujetos, del objeto litigado y la causa de la pretensión, triada a la que precisamente se refiere el art. 1319 del Código Civil…”

Razonamiento reiterado en el Auto Supremo Nº 453/2014 de 21 de agosto, donde además se señaló: “Por su parte nuestra legislación ha recogido dicho instituto en el art. 1319 del Código Civil, estableciéndose la existencia de ciertos requisitos que necesariamente deben cumplirse: 1) Identidad legal de personas que consiste en la identidad que debe presentarse en las personas, entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta. 2) Identidad de la cosa pedida, para que exista identidad de cosa pedida es necesario que entre el primer proceso y el segundo tengan un mismo objeto, el objeto del proceso se suele definir como “el beneficio jurídico que en él se reclama”. Y por último 3) identidad de causa de pedir, la ley lo define como “el fundamento inmediato del derecho deducido en el juicio”, no debiendo confundirse con el objeto del pleito, ya que en dos procesos puede pedirse el mismo objeto, pero por causas diferentes, la causa de pedir será el generador del mismo”.

En el Auto Supremo Nº 715/2015 de fecha 26 de agosto, además se agregó lo siguiente: “…De lo anteriormente señalado, se debe comprender por “cosa juzgada”, conforme dispone el art. 515 del Código de Procedimiento Civil, “(AUTORIDAD DE COSA JUZGADA), Las sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada: 1) Cuando la ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso. 2) Cuando las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria”, es decir que la Autoridad de cosa juzgada es la eficacia de una Sentencia judicial (…) En el caso en cuestión, contrastando la doctrina con los hechos expuestos y los antecedentes del presente proceso, se tiene lo siguiente: Sujetos, las mismas partes, en el primer proceso de Reconocimiento de Unión Conyugal Libre, Tenencia de Hijo y Partición de Bienes, donde Juan Carlos Almaraz Duran, intervino como demandante, mientras que Florinda Caballero Ledezma, intervino como demandada; entretanto, en la presente demanda ordinaria de la misma forma intervienen las mismas partes en las mismas condiciones, con la diferenciación de la pretensión principal de una demanda de División y Partición de Bienes, por otro lado el Objeto, la pretensión, en el primer proceso fue el Reconocimiento de Unión Conyugal Libre, Tenencia de Hijo y Partición de Bienes y en la presente demanda se trata de una División y Partición de Bienes, pretensiones distintas entre ambos procesos, por último la Causa, es el hecho jurídico que son de distinta naturaleza, con el primer proceso. Por lo mencionado, se concluye que no se cumple con lo determinado por el art. 1319 del Código Civil, varía uno del otro y al no contar con el mismo objeto no se puede aplicar la procedencia de la cosa juzgada como erradamente pretende que se considere en Resolución”. Criterio reiterado en el Auto Supremo Nº 726/2016 de 28 de junio. 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma

Como primer reclamo, el recurrente acusa la violación del art. 265.I del Código Procesal Civil en relación al art. 259 num. 3) del mismo compilado adjetivo civil, arguyendo que el demandado presentó su recurso sin haber antes hecho reserva de la apelación diferida, puesto de acuerdo a lo dispuesto por el num. 3) del señalado art. 259, el demandado debió anunciar su recurso de apelación en la audiencia donde fue resuelta la excepción y posteriormente, con la sentencia, recién presentar su apelación; extremo que al no haber acontecido importaría el rechazo in limine del mencionado recurso y la consiguiente nulidad.

Al respecto, conviene tomar en cuenta que este máximo Tribunal de Justicia en el marco de los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, así como los principios específicos de las nulidades procesales, ha modulado la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia, superando aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal en resguardo simplemente de las formas previstas por la ley procesal, pues en definitiva lo que se debe analizar, es si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio, y es en ese contexto que corresponde analizar aquellas alegaciones orientadas a la nulidad procesal, ello con el objeto de constatar si las mismas revisten de trascendencia para generar la nulidad solicitada.

En ese contexto, en el caso de autos, de la revisión del cuaderno procesal se puede constatar que lo aseverado por el recurrente carece de sustento, puesto que no es evidente que el demandado no haya hecho el anuncio de su recurso de apelación opuesto en contra del Auto Interlocutorio N° 189/2017 de 30 de junio y que fue concedido en el efecto diferido, ya que si nos remitimos a la Audiencia Preliminar desarrollada en fecha 30 de junio de 2017, cuya acta cursa de fs. 182 a 183 vta., podremos observar que tras haberse emitido el referido Auto Interlocutorio, que declara improbada la excepción de cosa juzgada, la parte demandada, claramente refiere que recurrirá de dicha resolución; de ahí que mediante el memorial de fs. 188 a 191 vta., haya sido formalizada dicha impugnación, la cual por cierto es contestada por el recurrente (demandante) a través del escrito de fs. 193 a 196, donde este sujeto no realiza ninguna observación, mucho menos la alegada en el presente recurso, convalidando así cualquier error procedimental que pudiera exponer al respecto.

Ahora bien, una vez recepcionado el memorial de contestación, el juzgador de grado, a través de la providencia de fs. 196 y vta., tiene por interpuesto el señalado recurso y dispone que el mismo sea ratificado ante una eventual apelación de la sentencia principal, extremo que se tiene fue cumplido a través del recurso de apelación de fs. 260 a 268, donde el recurrente además de ratificar su apelación, fundamenta la misma con los argumentos que fueron considerados en el auto de vista recurrido. Lo que en consecuencia permite concluir que los trámites requeridos por el num. 3) del art. 259 del Código Procesal Civil fueron cabalmente cumplidos por la parte demandada al momento de presentar el recurso de apelación diferido, descartando la transgresión acusada por el demandante, ahora recurrente.

Como segunda acusación el recurrente denuncia la violación de los art. 213 y 218 de la Ley Nº 439, manifestando que el Ad quem ha vulnerado el debido proceso en su vertiente de congruencia, motivación y fundamentación, ello debido a que en el auto de vista no se resuelven los puntos que fueron apelados en su totalidad, pues simplemente se habrían considerado los argumentos vinculados a la excepción de cosa juzgada.      

Corresponde manifestar al respecto que de acuerdo a lo señalado en el punto III.2 de la doctrina aplicable, el recurrente no cuenta con la legitimación para formular el reclamo descrito, pues para ello es preponderante la presencia del perjuicio y/o agravio que el fallo recurrido pudiera causarle, es decir, que para que este Tribunal pueda considerar los argumentos formulados en el recurso de casación, el recurrente debe acreditar el perjuicio o gravamen que la resolución impugnada le ocasiona, situación que no acontece en el presente caso, pues de existir alguna incongruencia respecto a los agravios formulados en el recurso de apelación de fs. 260 a 268, ello únicamente le afectara a la parte que la interpuso, que en este caso lo constituye el demandante, mas no representa gravamen para el ahora recurrente que el auto de vista haya o no considerados los reclamos formulados en dicho recurso, por no ser este quien la interpuso.

A ello cabe acotar que si bien en la materia, bajo el principio constitucional de impugnación, nace el derecho de los justiciables de recurrir contra las resoluciones judiciales, se debe tener presente que este derecho no es absoluto e irrestricto, ya que para que cualquier recurso sea procedente, al margen de los requisitos objetivos que la ley pudieran exigir, se deben cumplir también con aquellos de naturaleza subjetiva dentro los cuales se encuentran la necesaria existencia de gravámenes o perjuicios que pudiera generar la resolución contra los intereses del litigante, los cuales además deben ser ciertos, evidentes, reales y concretos, pues es ese el motor que impulsa, promueve y justifica la activación del recurso de casación.

Situación que nos permite concluir que no es evidente que el Tribunal de apelación haya vulnerado los art. 213 y 218 de la Ley Nº 439 y el debido proceso en su vertiente de congruencia, motivación y fundamentación, por lo que corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

En el fondo

Como único y principal reclamo, el recurrente denuncia la indebida y errónea aplicación del art. 1319 del Código Civil y 230 de su procedimiento, argumentando que si bien en esta litis y el proceso concluido el 2014 existe identidad de sujetos, no es evidente que exista identidad en el objeto y la causa, puesto que en el anterior proceso David Aramayo Carballo demandó la reivindicación de 840 m2, mas no de 1344,50 m2 (que es la superficie con la que actualmente cuenta); lo que quiere decir que en el presente proceso no está en debate los 840 m2, que fueron reivindicados en ese proceso, sino la sobre-posición que asciende a 500 m2, que no fueron reivindicados por el demandado y sobre el cual goza de derecho preferente.

Sobre este cuestionamiento conviene considerar que de acuerdo a lo referido en el punto III.3 de la doctrina aplicable, la excepción de cosa juzgada, procede en aquellos casos donde se demuestre la existencia de un litigio anterior, que se encuentra resuelto mediante sentencia firme sobre el asunto que se pone nuevamente de manifiesto, es decir que para que dicha excepción sea procedente, en el nuevo proceso debe concurrir la triple identidad requerida por el art. 1319 del Código Civil; a saber: “identidad en las partes”, “identidad en la causa” e “identidad en el objeto”.

En efecto, el mencionado art. 1319 establece que: “La cosa juzgada no tiene autoridad sino con respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde en la misma causa, que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas”, ello bajo la convicción de que el proceso debía tener un fin en el que se reconozca o se niegue un derecho reclamado, sin que exista la posibilidad de que esa situación sea impugnada posteriormente, con el objeto de guardar un orden que asegure la convivencia pacífica de la sociedad1, pues solo así serán garantizados los efectos previstos en el art. 1451 del citado Código que determina que: “Lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes”

Entonces, toda cuestión que ha sido resuelta en juicio contradictorio por sentencia firme en los tribunales de justicia no puede ser nuevamente juzgada, pues a través de la cosa juzgada, una decisión judicial adquiere la aptitud legal que hace que esta sea inmutable en el tiempo e impide su revisión posterior, haciendo improcedente cualquier recurso ordinario o extraordinario.

Ahora bien, tomando en cuenta estas consideraciones, cabe ingresar al análisis del planteamiento recursivo propuesto por el recurrente, para cuyo efecto resulta adecuado remitirnos a los argumentos que fueron sustento de la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado, quien a través del memorial de fs. 132 a 136, manifestó que en fecha 01 de febrero de 2011, ante el Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar de Monteagudo, interpuso una demanda sobre reivindicación en contra de los actuales demandantes Juan Herrera Santos y Anastacia Arrueta Cáceres, demandando la reivindicación del lote de terreno de 840,70 m2 adquirido por su persona a través de la Escritura Publica N° 209/2008 de su anterior propietaria María Dolores Carballo Carrasco; inmueble que cuenta con las siguientes colindancias: al norte con la propiedad de Feliz Céspedes; al este con la Av. Batallón V de Ingenieros; al sud con la calle Camiri y al oeste con el lote N° 4 del barrio Los Pinos.

Tramitado ese proceso, a través de la Sentencia N° 24/2011 se declaró improbada la demanda, la cual fue revocada parcialmente por el Auto de Vista N° 08/2012 y este a su vez fue casado por el Auto Superior N° SCII-09/2014 de 17 de junio que, tras una serie de recurso ordinarios y extraordinario, declaró probada la demanda de reivindicación del referido inmueble, adquiriendo dicha resolución la calidad de cosa juzgada conforme se aprecia en las literales que cursan de fs. 48 a 118.

Bajo esos antecedentes el demandando David Aramayo Carballo formula la mencionada excepción, arguyendo que el asunto propuesto en la demanda de los Sres. Juan Herrera Santos y Anastacia Arrueta Cáceres ya ha sido dilucidado y resuelto en la causa descrita, por lo que en este proceso concurren la triple identidad exigida por el art. 1319 del CC, y hace procedente dicha excepción, aseveración que pasamos a examinar bajo las siguientes consideraciones:

En suma, se puede concluir que si bien los sujetos en ambos procesos son los mismos, no ocurre lo mismo con relación al objeto y la causa que dieron origen a dichos procesos, por lo que en la especie no se cumple con los presupuestos previstos por el art. 1319 del Código Civil, lo que inviabiliza la procedencia de la excepción de cosa juzgada y hace evidente la acusación formulada por el recurrente en sentido de advertirse que la determinación asumida por los de instancia resulta errada.

Se debe aclarar en este punto que este Tribunal se ve impedido de realizar un análisis del fondo de la litis, debido a que no existe un pronunciamiento de fondo por parte del Tribunal de Alzada.

Por lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

En lo que respecta a la respuesta al recurso de casación (fs. 380 a 382 vta.)

De la lectura y análisis de lo expuesto en los puntos 1) y 4) del memorial de respuesta al recurso de casación, se puede colegir que a objeto de rebatir los fundamentos del recurrente, el demandado señala que dicho recurso carece de técnica recursiva, pues el petitorio del recurso planteado en la forma seria contradictorio al solicitar que este Tribunal de casación disponga la casación del auto de vista y que se confirme la sentencia, toda vez que en este tipo de recursos debería acusarse errores “in procedendo” por violación o errónea aplicación de normas procesales con la finalidad que pueda efectuarse el correspondiente saneamiento procesal; sucediendo similar situación con el recurso planteado en el fondo, donde no basta citarse las normas supuestamente infringidas, sino que se deberá explicar en qué consisten tales violaciones, así como demostrar el error de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas, situación que no permitiría realizar otro tipo de respuestas al mismo.

Sobre este planteamiento, conviene tomar en cuenta que de acuerdo al nuevo orden constitucional que rige nuestro sistema jurídico, conforme a lo estipulado por el art. 180.II de la CPE, la jurisdicción ordinaria sustenta sus actuaciones bajo determinados principios entre los que se encuentra el principio de impugnación que garantiza a las partes recurrir de las resoluciones que diriman sus conflictos, previsión que no se reducen a una simple declaración programática, sino que materializa la vocación constitucional y el sustento del cual debe emerger la tarea de administrar justicia; por lo que el proceder de los juzgadores debe ser coherente con los principios desarrollados en el nuevo sistema jurisdiccional.

En base a estos criterios se debe señalar que el reclamo formulado en casación, juega un papel gravitante a momento de la resolución de casación, pues esta abre materialmente la competencia de este máximo Tribunal, por lo que se debe tener prudencia en considerar su tratamiento, lo cual supone que este recurso debe ser examinado con el rigorismo que la ley exige, empero ello siempre a la luz de la flexibilización que tienen los principios procesales establecidos en la citada norma.

Concluyéndose en tal sentido que el recurso de casación de la parte demandante, ha cumplido con los parámetros de admisibilidad establecidos en los arts. 270 y siguientes del Código Procesal Civil, razón por la cual ha merecido la emisión del Auto Supremo de Admisión Nº 426/2019-RA de 30 de abril, en donde claramente se advierte que cumple con la técnica recursiva exigida para el efecto, situación que importa la improcedencia del argumento de defensa vertido por el demandante.

Finalmente, respecto a lo mencionado en los puntos 2) y 3) no cabe realizar mayores consideraciones, puesto que dichos argumentos han sido analizados y considerados al momento de examinarse el recurso de casación planteado en la forma. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 con relación al art. 220.II del Coligo Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan Herrera Santos en la forma, y en el fondo, en merito a la atribución dispuesta por el art. 220.IV del mismo compilado adjetivo civil CASA el Auto de Vista Nº 92/2019 de 26 de marzo de fs. 354 a 357, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la excepción de cosa juzgada opuesta por David Aramayo Carballo a través del memorial de fs. 132 a 137, disponiendo que el Tribunal de Segunda instancia resuelva el resto de los agravios formulados en el recurso de apelación, sin costas ni costos.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.                              

Regístrese, comuníquese y devuélvase.



1 Tribunal Constitucional Plurinacional SCP N° 2176/2013 de 21 de noviembre