TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 799/2019

Fecha: 22 de agosto de 2019

Expediente: CH-18-19-S.

Partes: Myrtle Graciela Limón Aliaga. c/ Juan Carlos Vedia Picha y Eliana Serrudo Polo de Vedia. 

Proceso: Resolución de contrato por incumplimiento más pago de daños y perjuicios.  

Distrito: Chuquisaca. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 141 a 145, interpuesto por Juan Carlos Vedia Picha y Eliana Serrudo Polo de Vedia, contra el Auto de Vista Nº SCCII-37/2019 de 6 de marzo, cursante a fs. 138 a 139 vta., emitido por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de resolución de contrato por incumplimiento y pago de daños y perjuicios, seguido por Myrtle Graciela Limón Aliaga contra los recurrentes, la contestación al recurso de casación a fs. 148 y vta., Auto de concesión de 1 de abril de 2019 a fs. 149; Auto Supremo de Admisión Nº 369/2019-RA de 15 de abril, cursante de fs. 153 a 154, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Myrtle Graciela Limón Aliaga, interpuso demanda de resolución de contrato por incumplimiento más pago de daños y perjuicios, por incumplir la obligación del documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas sobre “venta de motorizado retroexcavadora con pacto de rescate” de 5 de febrero de 2014 cursante de fs. 21 a 22; acción que fue dirigida contra Juan Carlos Vedia Picha y Eliana Serrudo Polo de Vedia, que en respuesta alegaron la existencia de un documento de venta anterior de la retroexcavadora con el Sr. Guido Limón Flores (padre de la demandante) y que estuviera conexo con el documento en controversia de 5 de febrero de 2014, además plantearon excepción de pago de documento parcial, cursante de fs. 44 a 45 vta.

2. Desarrollándose el proceso en el Juzgado Público Séptimo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, hasta dictarse la Sentencia Nº 120/2018 de 9 de agosto de fs. 110 a 111 vta., declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 21 a 22, disponiendo la devolución de $us.17.250 a favor de los actores, sin lugar a daños y perjuicios.

3. Resolución de primera instancia que al ser recurrida en apelación por Juan Carlos Vedia Picha y Eliana Serrudo Polo de Vedia, mediante memorial de fs. 113 a 118; la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió Auto de Vista Nº SCCII-37/2019 de 6 de marzo, cursante de fs. 138 a 139 vta., CONFIRMANDO la sentencia impugnada. Bajo la siguiente fundamentación:

Que conforme a lo estipulado por el art. 126 de CPC, la parte demandada estaba a tiempo de ejercer sus actos de defensa sobre el objeto de litigio, lo que implica la posibilidad de articular hechos impeditivos y controvertidos al objeto del proceso, bajo la sanción de preclusión del art. 16.II  de la Ley Nº 025, por lo que no resulta posible realizar postulaciones defensivas extemporáneas, además en aprobación a la presente causa, se invoca los AS Nº 383/2018 de 7 de junio y Nº 192/2016 de 10 de marzo, que manifiesta la teoría del per saltum, por lo que la instancia de apelación es juzgar o articular medios defensivos, pues estos por limite al principio dispositivo incumbe solamente a las partes, no siendo posible de oficio ejecutar la nulidad del documento, base que debió ser opuesta en reconvención.

4. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Juan Carlos Vedia Picha y Eliana Serrudo Polo de Vedia, mediante escrito de fs. 141 a 145, recurso que es objeto de análisis. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se observa que Juan Carlos Vedia Picha y Eliana Serrudo Polo de Vedia, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusan:

1. Que el Tribunal de alzada realizó una errónea interpretación del art. 126 del Código Procesal Civil, así como el principio per saltum (alegando que los reclamos contenidos en el recurso de apelación no se encuentran en la contestación de la demanda) en el Auto de Vista.

2. Arguye que el Auto de Vista no respondió los reclamos del recurso de apelación, sobre la violación del art. 137 del Código de Tránsito, art. 372 de su Reglamento de Tránsito, arts. 491 num. 5), 493, 549 num. 1) y 1286 del Código Civil y arts. 1, 145 y 148 del Código Procesal Civil, por lo que Tribunal de alzada debió ingresar al fondo del recurso de apelación.

Petitorio.

Solicitan se case el Auto de Vista, dejando sin efecto y en el fondo se declare improbada la demanda principal.

Contestación del recurso de casación de fs. 148 y vta.

La demandante alega que tal impugnación carece de fundamento legal, dentro de la presente causa, además que los demandados no realizaron la respectiva diferenciación de cuáles serían los reclamos de fondo y de forma, por otro lado respecto a la valoración de la prueba, los recurrentes no cumplieron con lo establecido en el art. 274 de CPC, de igual manera no indicaron cual sería el error de hecho o de derecho que hubiera cometido el Tribunal Ad quem, asimismo no precisan con términos claros y concretos en qué consisten los errores o que leyes fueron vulneradas. Solicitando se declare improcedente o infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la congruencia en las resoluciones.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos N° 651/2014, N° 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más allá de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando a otro Auto Supremo Nº 11/2012 de 16 de febrero, señaló: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

III.2. De los principios que rigen las nulidades procesales.

De acuerdo a los fundamentos expuestos precedentemente, en razón al caso de Autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica a algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nº 158/2013 de 11 de abril, N° 169/2013 de 12 de abril, N° 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 105.I del Código Procesal Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca"(pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que, para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de finalidad del acto.- Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.

Principio de conservación. - Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto.

Principio de trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

Principio de convalidación.-  Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de eventualidad, basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la etapa procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.

De dichos principios y concordante con lo desarrollado en el anterior numeral, se deduce que los Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos supra, es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad establecido en el art. 180.I de la referida norma, cuyo texto señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”.

Por lo expuesto, concluiremos señalando que no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso.

III.3. Del contrato de compra venta.

El art. 584 del CC establece que: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero” así mismo acudiendo a la doctrina sobre este tipo de contratos típicos podemos citar a R. Badenes Gasset quien en su libro el Contrato de Compra Venta Tomo I pag. 46 citando a Luzzatto señala: “ la venta es un contrato, en virtud del cual, una parte (vendedor) transfiere  o se obliga a transferir la posesión de ella, mientras la otra (comprador), paga o se obliga a pagar el precio”, en cuanto a la característica de este tipo de contratos Guillermo A. Borda en su obra Manual de Contratos refiere:  “no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública “…” es un requisito  de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente.

En este entendido, citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro Contratos Civiles y Comerciales Tomo II, que también  sobre las características de este tipo de contratos expone que es un contrato: “consensual, porque según de la definición del codificador, una de las parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual; es por tanto un contrato consensual….”.

Asimismo el  Auto Supremo Nº 153/2014 de 16 de abril, ha orientado que: “Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia”…” debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice “Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Los puntos 1 y 2 del recurso de casación merecen ser analizados en un solo punto, debido a que tienen una pauta neurálgica común, donde acusan la errónea interpretación del art. 126 del Código Procesal Civil, y del principio per saltum (alegando que los reclamos contenidos en el recurso apelación no se encuentran en la contestación de la demanda), en el Auto de Vista, asimismo el Ad quem no se pronunció conforme a los reclamos del recurso de apelación, sobre la vulneración del art. 137 del Código de Tránsito, art. 372 de su Reglamento de Tránsito, arts. 491 num. 5), 493, 549 num. 1) y 1286 del Código Civil y arts. 1, 145 y 148 del Código Procesal Civil, por lo que Tribunal de alzada debió ingresar al fondo del recurso de apelación.

Para mayor claridad es necesario exponer los antecedentes fácticos de la demanda de fs. 21 a 22, sobre resolución por incumplimiento de obligación, ya que Myrtle Graciela Limón Aliaga, suscribió un documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas con los Sres. Juan Carlos Vedia Picha y Eliana Serrudo Polo de Vedia, sobre la venta con pacto de rescate (retroexcavadora), por el monto de $us. 17.250, siendo así que la compradora (demandante) cumplió con la cancelación de dicho monto de dinero, sin embargo los vendedores (demandados) no dieron cumplimiento con la obligación de entregar la retroexcavadora tal cual estipula en el documento privado a fs. 16 y vta., con el pretexto que la maquinaria hubiere sido trasladada al departamento del Beni, por otra parte los demandados contestaron la demanda de fs. 44 a 45 vta., alegando que no pretendían eludir tal responsabilidad con la demandante para su devolución del monto de dinero mencionado, que por ciertos inconvenientes le solicitaron a la actora un tiempo prudencial para cubrir la obligación respectiva.

Antes de ingresar al análisis de lo reclamado es necesario puntualizar, conforme a lo delineado en el apartado sobre III.1 la congruencia externa, que debe ser entendida como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos sobre la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes. Asimismo, es preciso destacar del apartado III.2 el principio de convalidación implica que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder concede al mismo de plena eficacia jurídica.

De lo manifestado por los recurrentes acusaron que el Tribunal realizó una errónea aplicación del art. 126 de Código Procesal Civil, así como indebida invocación del per saltum, se observa que los de segunda instancia emplearon de manera incorrecta el principio procesal “per saltum”, el cual tiene otras connotaciones, cuando lo correcto ante esa instancia es la aplicación del principio de convalidación y preclusión, que efectivamente fue aplicada por el Tribunal Ad quem, así como lo estipulado en el art. 126 del Ley Nº 439, que señala “…el demandado a tiempo de contestar puede ejercer distintos actos de defensa que procesalmente articulan los actos de postulación de la parte sobre el objeto del litigio, lo que implica la posibilidad de articular hechos impeditivos y controvertidos al objeto del proceso, bajo sanción de preclusión a decir del art. 16.II de la Ley 025, no resultando por lo mismo articular postulaciones defensivas extemporáneas…”, entendimiento que es compartido por este Tribunal, debido a que los nuevos reclamos expuestos en el recurso de apelación son improcedentes, ya el Tribunal de alzada no puede pronunciarse sobre pretensiones nuevas o ajenas a la demanda o respuesta de la misma, al activarse se efectuó la preclusión procesal, que es la clausura de un estadio procesal, sea por el ejercicio de un derecho (contestación de la demanda), o por el transcurso de un plazo y el instituto de la rebeldía o decaimiento de un derecho procesal, se reconoce su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se retrotraigan a etapas ya superadas y se prolonguen indefinidamente. Igualmente, la resolución cumple con la congruencia externa expuesta, en el apartado III.1 de no poder tomar en cuenta aspectos ajenos al debate, restringiendo su consideración a cuestionamientos únicamente de acuerdo a lo pretendido por las partes.

De lo acusado en el recurso de casación, respecto a la falta de pronunciamiento sobre los reclamos del recurso de apelación, sobre las vulneraciones del art. 137 del Código de Tránsito, art. 372 de su Reglamento de Tránsito, arts. 491 num. 5), 493, 549 num. 1) y 1286 del Código Civil y arts. 1, 145 y 148 del Código Procesal Civil, alegando que para la eficacia del documento privado de venta (retroexcavadora) con pacto de rescate a fs. 16 y vta., tiene que ser un contrato público, de lo referido es menester reiterar lo expuesto en el apartado III.3 de la doctrina aplicable, donde se confirma que el contrato de compra y venta, es de carácter consensual, ya que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita, en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, debiendo entenderse a dicho documento como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes.

Sobre esos parámetros el documento de transferencia con reconocimiento de firmas y rúbricas que es objeto de litis, cursante a fs. 16 y vta., es de carácter consensual perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes, de manera que en el caso de autos es correcta la valoración de dicho documento de venta de la retroexcavadora (realizada por los de instancia), en consecuencia al haber demostrado el incumplimiento de la entrega de la maquinaria por parte de los vendedores ahora demandados, resultando posible la aplicación de lo estipulado en el art. 622 del Código Civil, deviniendo en infundado los reclamos del recurso de casación.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 141 a 145, interpuesto por Juan Carlos Vedia Picha y Eliana Serrudo Polo de Vedia, contra el Auto de Vista Nº SCCII-37/2019 de 6 de marzo, cursante a fs. 138 a 139 vta.,  emitido por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula en honorario profesional en la suma de Bs.1.000, para el abogado que respondió al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.