TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 796/2019

Fecha: 22 de agosto de 2019

Expediente: CH-22-19-S

Partes: Zulema Padilla Chávez c/Patrocinio Pérez Velasco y Daniela Pérez   

             Cuéllar.    

Proceso: Anulabilidad de transferencia de bien ganancial, comprobación de

               bienes gananciales más división y partición de bienes.

Distrito: Chuquisaca. 


VISTOS: El recurso de casación planteado por Zulema Padilla Chávez (fs. 876 a 879 vta.), impugnando el Auto de Vista SFNA Nº 084/2019, pronunciado el 21 de marzo, por la Sala Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, cursante de fs. 867 a 871 vta., en el proceso de anulabilidad de transferencia de bien ganancial, comprobación de bienes gananciales más división y partición de bienes, seguido por la recurrente, contra Patrocinio Pérez Velasco y Daniela Pérez Cuéllar; contestación de fs. 885 a 886 vta., Auto de concesión de fs. 892, Auto Supremo de admisión Nº 450/2019-RA de 2 de mayo de fs. 899 a 901, y todo lo inherente;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


1. Zulema Padilla Chávez planteó demanda ordinaria, por anulabilidad de transferencia de bien ganancial, comprobación de bienes gananciales más división y partición de bienes contra Patrocinio Pérez Velasco y Daniela Pérez Cuéllar, mediante memorial de fs. 39 a 43, citada la parte demandada, Patrocinio Pérez Velasco, contestó negativamente mediante memorial de fs. 191 a 196 vta., oponiendo excepción de prescripción de puro derecho, misma que fue resuelta y declarada improbada por auto cursante de fs. 334 a 335 vta.


Asimismo, contestó la codemandada Daniela Pérez Cuéllar por escrito de fs. 260 a 265 vta., como también lo hizo la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Roque Ltda.” mediante memorial de fs. 636 a 641, tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.


2.  El 18 de octubre de 2018, la Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 1 de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, dictó sentencia declarando PROBADA EN PARTE la demanda de comprobación de bienes gananciales, anulabilidad de transferencia más división y partición de bienes (fs. 837 a 852 vta.) y decidió:


a) Determinar la existencia y calidad de bienes gananciales a los siguientes: 1) El lote de terreno de 845.76 m2, ubicado en calle Ballivián s/n del barrio Santa Cruz de la población de Muyupampa matriculado con el Nº 1.10.1.01.0000128 y 2) El quinquenio de la gestión 2005-2011 de Patrocinio Pérez Velasco en su calidad de docente de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.


b) La anulabilidad de la transferencia realizada a través del testimonio Nº 42/2011 de 1 de agosto, en relación a la minuta de 29 de julio de 2011, registrado en el asiento A-5 de 3 de agosto de 2011 respecto al 50% de la transferencia realizada por Patrocinio Pérez Velasco a favor de Daniela Pérez Cuéllar del inmueble de 845.76 m2 ubicado en la calle Ballivián s/n del barrio Santa cruz de la población de Muyupampa, matriculado con el Nº 1.10.1.01.0000128, por no existir consentimiento de Zulema Padilla Chávez.


c) La división y parición del lote de terreno ubicado en calle Ballivián Barrio Santa Cruz de Muyupampa matriculado con el Nº 1.10.1.01.0000128 en el 50% a favor de Zulema Padilla Chávez, debiendo en ejecución de sentencia disponerse la compensación y la división del quinquenio que corresponde a Patrocinio Pérez Velasco en su calidad de docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, comprendido entre las gestiones 2006-2011.


3. Apelada la Sentencia por la demandante Zulema Padilla Chávez (fs. 854 a 855), el 21 de marzo de 2019, la Sala Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista SFNA Nº 084/2019 (fs. 867 a 871 vta.) que CONFIRMÓ TOTALMENTE LA SENTENCIA, bajo el fundamento de que la A quo valoró de forma correcta toda la prueba documental, testifical y fundamentalmente pericial, sin transgredir los principios de legalidad, verdad material e igualdad de las partes ante el juez, en conformidad con lo establecido en el art. 180 de la CPE, por lo que estableció que la decisión de primera instancia estuvo enmarcada en los principios constitucionales de la materia y las normas que la rigen.

Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por la parte demandante, que pasa a ser considerado.


CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Conforme a lo expuesto en el recurso de casación de Zulema Padilla Chávez, extrayendo en primer término los agravios forma, se tienen los siguientes reclamos:


En la forma.

1. Refirió que el auto de vista recurrido evitó dar respuesta a los puntos apelados siendo carente de motivación y fundamentación, así como no identificó ni valoró de forma precisa los documentos, prueba testifical y pericial, conforme manda la Ley Nº 603, violentando así el debido proceso en sus elementos o principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad de las partes ante la autoridad judicial y verdad material, acarreando nulidad establecida en el art. 248.I de la Ley Nº 603, porque a criterio suyo los de instancia incumplieron poner fin al juicio a través de un fallo ecuánime, causando indefensión a la demandante al ignorar el derecho al 50% de las construcciones del Bloque “1” o “A”.


Petitorio.

Solicitó disponer la anulación del auto de vista recurrido, disponiendo que el Ad quem dicte un nuevo auto de vista, dando respuesta a los puntos apelados, valorando conjuntamente la prueba extrañada.


En el fondo.

a) Denunció interpretación errónea y aplicación indebida de la norma en la apreciación de la prueba, en relación con la existencia de construcciones existentes realizadas en vigencia de la unión concubinaria, haciendo alusión a la literal de rechazo de denuncia a fs. 713 vta., fs. 727 contrastadas con el documento de fs. 17 a 18 vta., por cuanto la demandante tendría derecho al 50% de dichas construcciones al tenor de lo señalado en el art. 335.I y II incs. d) y f) de la Ley Nº 603.


b) Refirió que el Tribunal de apelación no otorgó el valor a las declaraciones testificales que refirieron que la demandante y su conviviente entre las gestiones 2008 y 2011 implementaron construcciones, en esa situación refiere que a la demandante le corresponden el 50% de las mismas realizadas al momento final de la unión conyugal (11 de julio de 2011) y de la venta efectuada (29 de julio de 2011).


c) Reclamó también, la no consideración de la prueba pericial presentada por la arquitecta Janeth Barreta Vargas de fs. 821 a 829, donde refiere que el primer bloque del inmueble fue construido en la gestión 2011.


Señaló que en este contrato se tiene demostrado que la construcción fue realizada entre los años 2009 y 2011 porque la lógica y sana crítica enseña que una persona se traslada a vivir a su casa cuando está completamente acabada y no como razona la juez A quo, corroborando la existencia de construcciones con el rechazo de la denuncia de allanamiento y el documento de compraventa del inmueble a favor de su hija mediante la cual se presume que el documento fue redactado en fecha posterior al 30 de julio de 2011. Presunción legal no desvirtuada por el demandado.

Petitorio.

Solicitó casar parcialmente el auto de vista en lo que concierne a la división y partición del inmueble, disponiendo se incluya el 50% de las mejoras en el llamado Bloque “1” o “A”, acorde a la sugerencia del perito de oficio de fs. 821 a 829.


DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

Patrocinio Pérez Velasco y Daniela Pérez Cuéllar contestaron al recurso de casación de la demandante, solicitando se lo declare improcedente e infundado, porque no expresó de manera clara la ley o leyes vulneradas o aplicadas indebidamente, interpretadas erróneamente, indicando en qué consistió la vulneración, la aplicación indebida o cual debió ser la norma jurídica aplicable.


Refirieron que, en el recurso, la demandante trae nuevos hechos respecto a que la separación de la unión conyugal libre habría sido el 11 de julio de 2011, cuando establecido está que dicha unión se mantuvo vigente desde el 24 de junio de 2006 al 5 de julio de 2011.


Sobre su reclamo temerario respecto a la mala valoración de la prueba documental pretende guiar al juzgador a su libre albedrío, aspecto que no encuadra en las causales del art. 393 de la Ley Nº 603. Asimismo, expresaron falta de valoración de la prueba testifical sin expresar que norma de derecho se habría transgredido, vulnerado o aplicado indebidamente, igualmente refirieron falta de valoración del informe pericial, siendo que el mencionado informe fue defendido de forma oral en audiencia de juicio, donde sus abogados no solicitaron aclaraciones ni observaron el mismo, por lo que no corresponde realizar una interpretación sesgada a esta altura del proceso, sin desarrollar donde se encuentra el error de hecho o la errónea interpretación de la ley o aplicación indebida de las normas en que habría incurrido el A quo.


Respecto a la casación en la forma, lo mismo no se enmarca en el art. 394 de la Ley Nº 603, por lo que no corresponde absolver al traslado.


Concluyó solicitando declarar inadmisible e infundado el recurso de casación de la demandante, con costas procesales.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE


III.1. De la anulabilidad por falta de consentimiento.

El Auto Supremo N° 275/2014 de 2 de junio que en su parte referente a la falsificación de documentos y sus efectos jurídicos, estableció: “Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los que, por ejemplo un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble”.

III.2. De la valoración de la prueba

La  doctrina y la jurisprudencia, han establecido que la valoración de la prueba en general es una prerrogativa inherente a los jueces de grado, conferida por la ley,  asumiendo prudente criterio o sana critica, tal se encuentra plasmado en el art. 1286 del Código Civil que refiere “ las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no determina otra cosa podrá hacerlo conforme a su prudente criterio, el mismo que contiene como principio la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, cual fue desarrollada en varios Autos Supremos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Auto Supremo Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo,  que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil y el Código Procesal Civil  y en su Art. 145 par. II”.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


En la forma.

1. respecto al reclamo que el auto de vista recurrido evitó dar respuesta a los puntos apelados siendo carente de motivación y fundamentación, así como no identificó ni valoró de forma precisa los documentos, prueba testifical y pericial, conforme manda la Ley Nº 603, violentando así el debido proceso en sus elementos o principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad de las partes ante la autoridad judicial y verdad material, acarreando la nulidad establecida en el art. 248.I de la Ley Nº 603, porque a criterio suyo, los de instancia incumplieron poner fin al juicio a través de un fallo ecuánime, causando indefensión a la demandante al ignorar el derecho al 50% de las construcciones del Bloque “1” o “A”.

En este reclamo la recurrente vertió temas de forma y de fondo, así que se dará respuesta en la forma respecto a la carencia de motivación y fundamentación reclamada, procediéndose a verificar el Auto de Vista de 21 de marzo de 2019 cursante de fs. 867 a 871 vta., que en su último considerando realizó un análisis de la normativa familiar y de la CPE, posteriormente dio respuesta a los agravios reclamados en la apelación, concluyendo que la parte demandada con la prueba aportada al proceso pudo desvirtuar lo pretendido por la parte demandante y que el A quo valoró de forma correcta toda la prueba aportada, sin transgredir en ningún momento los principios de legalidad, verdad material e igualdad de las partes ante el juez, estipuladas en el art. 180.I de la CPE, fundamentando de manera clara y precisa los motivos por los cuales tomó la decisión de declarar probada en parte la demanda, en consecuencia consideró no existir agravios que reparar en primera instancia y decidió confirmar la sentencia recurrida.

En relación a este tópico, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, señaló que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. 

En relación a la fundamentación el art. 361 del Código de las Familias y del Proceso Familiar dispone que la sentencia contendrá dos partes una primera fase considerativa donde habrá una parte narrativa con exposición suscinta de las consideraciones de hecho y de derecho, la parte motivadora con la correspondiente valoración probatoria y análisis de las normas aplicables; así como otra fase resolutiva de la sentencia en la que deberá pronunciarse en forma integral  sobre las pretensiones de fondo e incluso las conexas a la principal que deberá ser clara, precisa y positiva, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente

Aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional, se aplica también a la resolución de segunda instancia que deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior, que hayan sido objeto de la apelación.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la resolución de alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues al Tribunal de alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco le es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa de indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente.


De lo cual se puede observar que el auto de vista tuvo la debida motivación y fundamentación, por lo cual sus reclamos en esta vía devienen en infundados.


En el fondo.

a) En lo concerniente a la acusación de interpretación errónea y aplicación indebida de la norma en la apreciación de la prueba, en relación a la existencia de construcciones existentes realizadas en vigencia de la unión concubinaria, haciendo alusión a la literal de rechazo de denuncia a fs. 713 vta., fs. 727 contrastadas con el documento de fs. 17 a 18, por cuanto la demandante tendría derecho al 50% de dichas construcciones al tenor de lo señalado en el art. 335.I y II incs. d) y f) de la Ley Nº 603.


b) Respecto a que el Tribunal de apelación no otorgó el valor a las declaraciones testificales que refirieron que la demandante y su conviviente entre 2008 y 2011 implementaron, en esa situación refiere que a la demandante le corresponden el 50% de las construcciones realizadas hasta el momento del fin de la unión conyugal (11 de julio de 2011) y de la venta efectuada (29 de julio de 2011)


c) Sobre el cargo de la no consideración de la prueba pericial presentada por la Arquitecta Janeth Barreta Vargas de fs. 821 a 829, donde refiere que el primer bloque del inmueble fue construido en la gestión 2011.


Que en este contrato se tiene demostrado que la construcción fue realizada entre los años 2009 y 2011 porque la lógica y sana crítica enseña que una persona se traslada a vivir a su casa cuando está completamente acabada y no como lo razonado por la juez A quo, corroborando la existencia de construcciones con el rechazo de la denuncia sobre supuesto allanamiento y el documento de compraventa del inmueble a favor de su hija en la cláusula cuarta mediante la cual se presume que el contrato fue redactado en fecha posterior al 30 de julio de 2011, presunción legal no desvirtuada por el demandado.


En relación a estos reclamos corresponde citar que el art. 188 inc. a) del Código de las Familias expresa que: “Son bienes comunes por modo directo: a) Los adquiridos con el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges”. El art. 192 del mismo cuerpo normativo sostiene respecto a la disposición de los bienes comunes que: “I. Para enajenar, hipotecar, pignorar, gravar o dejar en prenda los bienes comunes es indispensable el consentimiento expreso de ambos cónyuges, dado por sí, con poder especial, o por medio de una o un apoderado con poder especial. Cuando no sea posible obtener este poder y en caso de ausencia o imposibilidad de ejercer la administración por uno de los cónyuges, debe obtenerse la autorización judicial respectiva. II. Los actos de disposición como enajenar, hipotecar, gravar, dejar en prenda, mutuo, usufructo y uso, comodato, anticresis, entre otros, de uno de los cónyuges respecto a los bienes comunes, pueden anularse a demanda de la o el otro cónyuge, salvo que ésta o éste prefiera reivindicar a título exclusivo la parte que le corresponda en el bien dispuesto, si ello es posible, u obtener el valor real de la misma”. 


El Código Civil en el art. 554 num. 1) refiere que entre las causas para invocar la anulabilidad del contrato está: Por falta de consentimiento para su formación

Dado que en el caso concreto la unión libre se extinguió por desvinculación y en aplicación a lo prescrito por el art. 204 inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, además que, la comunidad de gananciales al tenor del art. 198 inc. a) del mismo cuerpo legal, termina por desvinculación conyugal, así en autos la demandante y el demandado tuvieron una convivencia reconocida y válida de unión conyugal libre o de hecho, reconocida en otro proceso cuya sentencia cursante de fs. 7 a 10 estableció la vigencia de la unión conyugal entre el 24 de junio de 2006 al 5 de julio de 2011.


Con base en la normativa descrita a los hechos expresados y de acuerdo a Folio Real cursante a fs. 283 vta., el demandado Patrocinio Pérez Velasco, ex conviviente de la demandante adquirió el bien inmueble de la litis registrándolo el 7 de marzo de 2009, cuando estaba vigente la relación conyugal con la demandante, en el mismo folio se observa la transferencia unilateral efectuada por Patrocinio Pérez Velasco a favor de la codemandada Daniela Pérez Cuellar, acto que al tenor del art. 192 de la Ley Nº 603 requería el consentimiento expreso de ambos ex convivientes, puesto que el bien transferido gozaba de la calidad de ganancial, aspecto que al no haberse actuado conforme a norma Familiar y Civil, fue acogido por los de instancia, en concordancia a lo expresado en el aparatado III.1. de la doctrina aplicable en la presente resolución, por lo que la pretensión de anulabilidad de transferencia realizada solamente por uno de los ex convivientes, fue acogida en el 50% a favor de la demandante.


Los reclamos de la demandante hoy recurrente, están dirigidos a atacar el Auto de Vista SFNA Nº 084/2019, bajo el argumento que el mismo habría interpretado errónea y aplicado indebidamente la norma en la apreciación de la prueba, en relación a que no valoró prueba que acreditó la existencia de construcciones realizadas en vigencia de la unión concubinaria, así los de instancia no habrían valorado las pruebas documentales, testificales y el informe pericial respecto a  las construcciones realizadas en el bloque “A” o “1” respecto a que también serían gananciales por haberse edificado en vigencia de la relación concubinaria.


En cuanto al reclamo referido a la no valoración de prueba de fs. 713 y fs. 727, respecto de la supuesta denuncia ante el Ministerio Público en fecha 1 de septiembre de 2011, se tiene que la misma fue 58 días después de la fecha de desvinculación, además que ella no aportó elementos suficientes, porque fue abandonada, lo que imposibilitó fundar una imputación o en su caso acusación, por tanto dicha documental se la tiene como no válida para aportar elementos verdaderos que hagan presumir prueba en el presente proceso.


En referencia al reclamo de la no valoración de las testificales de cargo, se tiene que, la Juez apreció las pruebas testificales basando su razonamiento en el art. 351 de la Ley Nº 603 que dice: “La autoridad judicial considerará la prueba testifical o declaración informativa tomando en cuenta su concordancia con otros medios de prueba, sujeto a criterio fundado”.  Aspecto que fue ratificado por el auto de vista cuando expresó que: “…la actuación de la Jueza de primera instancia fue acertada, de conformidad a los arts. 332, 345 y 351 de la Ley Nº 603, más aún al poder cerciorarnos que los demandados con toda la prueba que presentaron al presente caso, pudieron desvirtuar lo pretendido por la demandante, de lo que se colige que la A-quo valoró de forma correcta toda la prueba documental, testifical y fundamentalmente la pericial, sin transgredir en ningún momento los principios de legalidad, verdad material e igualdad de las partes ante el juez estipulados en el art. 180-I de la C.P.E., fundamentando de manera clara y precisa los motivos por los cuales tomó la decisión de declarar probada en parte la demanda de comprobación de bienes gananciales, anulabilidad de transferencia sin consentimiento y división de partición de bienes gananciales”.


Concluyendo que la prueba testifical no puede ser valorada por encima de prueba documental auténtica.


Del análisis efectuado al informe pericial de fs. 821 a 829  denunciado en este recurso se tiene que el mismo está referido a un informe efectuado por una especialista en construcciones, es así que la juez solicitó a la arquitecta Janeth Barreta Vargas elaborar un informe sobre tres puntos específicos y dicha prueba necesariamente ser producida en juicio, para tal efecto se instaló audiencia pública cuya acta cursa de fs. 831 a 836, en esa instancia estuvieron presentes tanto la perito, cuanto los abogados de ambas partes.


En dicha audiencia la perito presentó el informe sobre los tres puntos solicitados por la A quo, cuyo primer punto fue el referido al reclamo en el presente recurso que tiene que ver con la data de la construcción, donde dicha especialista refirió que para determinar la fecha de la construcción, acudió a datos del catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Muyupampa y por sondeo con dos personas en el barrio que refirieron que la construcción correspondería al año 2011, así la profesional describió que contrastó información tomando datos del año 2005 del Gobierno Municipal, foto satelital del año 2013 e informe del Catastro Urbano del año 2016.


De lo anotado la mencionada arquitecta ratificó que la construcción fue realizada el año 2011, aspectos que en su momento debieron ser rebatidos por el abogado de la demandante o en su caso debió solicitar aclaración sobre el mismo, lo cual no aconteció en la audiencia pública de juicio oral cursante de fs. 831 a 836, siendo convalidado el informe que sirvió de convicción a la Juez.


Al efecto, cursa documental de la parte demandada que establece que el primer contrato de construcción fue posterior a la finalización de la fecha de convivencia conyugal de hecho (documental ya analizada supra), en esa relación, las pruebas fueron contrastadas y consideradas integralmente de acuerdo a una valoración objetiva e imparcial, otorgando mayor valor a la producción de las documentales y periciales por la naturaleza de los hechos al tenor de los arts. 332 y 334 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

Cabe hacer notar en este punto que la prueba documental aportada por la parte demandada fue contundente para anular y menoscabar las testificales; la presentación de documental considerada auténtica, claramente establece la desvinculación concubinaria al 5 de julio de 2011 y siendo que la documental de descargo refiere que la construcción del primer bloque fue a partir del 30 de julio de 2011, fecha que consta en el primer contrato de realización de obra cursante de fs. 252 a 253, continuando con los demás contratos de fs. 254 a 258 vta., que consignan cronológicamente fechas posteriores, se tiene prueba de que las construcciones fueron realizadas a partir del 30 de julio es decir con posterioridad a la fecha de desvinculación.


Por todo lo mencionado tanto en la apelación cuanto por el recurso de casación se tiene que los de instancia realizaron un razonamiento adecuado conforme a la normativa familiar y civil vigente, puesto que la prueba está constituida por la actividad procesal de las partes y en ocasiones del propio juez o Tribunal encaminada a la determinación de la veracidad o no de las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes, y cuya finalidad no es otra que la de conducir al órgano judicial sentenciador a la convicción psicológica acerca de la existencia o inexistencia de dichos hechos.


En consecuencia, se concluye que, los de instancia no vulneraron normas sustantivas, adjetivas o constitucionales, deviniendo por ello sus reclamos y el recurso en infundados.


De la respuesta al recurso de casación

Se tiene que la mayoría de los puntos respondidos están acordes a infundar el recurso, cuyo criterio es análogo a esta resolución, por lo que no amerita mayor debate.


Por lo manifestado, corresponde dictar resolución conforme determina el art. 401 inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 401 inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar. declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 876 a 879 vta., planteado por Zulema Padilla Chávez, contra el Auto de Vista SFNA Nº 084/2019 de fs. 867 a 871, pronunciado por la Sala Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Se regula honorarios en favor del abogado que contestó el recurso, en la suma de Bs. 1.000.- (bolivianos un mil 00/100).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina