TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 747/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fecha: 02 de agosto de 2019

Expediente: LP-66-19-S

Partes: Julio, Roxana y Gonzalo todos Meneses Machicado c/ Arthemio Ossio Gonzales y otros.

Proceso: Nulidad de escrituras públicas y reivindicación

Distrito: La Paz.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 783 a 786 y de fs. 790 a 793 vta., interpuesto por Arthemio Ossio Gonzales, Ruth Nancy Ossio Bigabriel y José Antonio Limpias Barba mediante su representante legal Henry Félix Melgar Díaz; y por Elizabeth Dora Tapia y Constancio Ruiz Heredia mediante su representante Noel Arturo Vaca López y/o Livio Remich Yujra Vira respectivamente, contra el Auto de Vista Nº S-257/2018 de 10 de agosto de fs. 771 a 774 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de nulidad de escrituras públicas y reivindicación, seguido por Julio, Roxana y Gonzalo Meneses Machicado contra Arthemio Ossio Gonzales y otros, la contestación al recurso cursante de fs. 796 a 798, el Auto de concesión a fs. 800, el Auto Supremo de Admisión N° 501/2019-RA de 23 de mayo cursante de fs. 807 a 808 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Mixto Civil, Comercial y de Familia Nº 1 de Caranavi del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia N° 57/2016 de 30 de noviembre, cursante de fs. 707 a 713 vta., por la que declaró PROBADA la demanda consiguientemente declaró nulo y sin efecto las Escrituras Públicas Nº 09/1984 de 25 de enero y Nº 129/1997 de 8 de julio, la rehabilitación de la partida 01182914 sobre la superficie de 2 Has y consiguiente reivindicación, previo el Registro en Derechos Reales de dicha superficie dentro de los 15 días, bajo alternativa de desapoderamiento e IMPROBADA la demanda reconvencional por daños y perjuicios, salvando derechos de los terceros adquirentes que cuenten con títulos de propiedad registrados en Derechos Reales, debiendo acudir a la vía legal correspondiente.

Asimismo, emitió Autos de Complementación de 1 y 2 de diciembre de 2016, el primero cursante a fs. 716 y el segundo a fs. 718 vta., respectivamente.

Contra la referida resolución interpusieron recursos de apelación, por un lado Constancio Ruiz Heredia y Elizabeth Tapia de Ruiz; y por otro Arthemio Ossio Gonzales, Ruth Nancy Ossio Bigabriel y José Antonio Limpias Barba mediante su representante legal Henry Félix Melgar Díaz por memoriales de fs. 735 a 740 y de fs. 742 a 744 vta., resueltos por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista N° S-257/2018 de 10 de agosto, cursante de fs. 771 a 774 vta., por el cual CONFIRMÓ la sentencia impugnada, con costas, bajo los siguientes argumentos:

Luego de efectuar una relación de antecedentes y cita de jurisprudencia sobre la validez de los contratos y del art. 1299 del Código Civil, señala que en la sentencia no se apartó del razonamiento y que al haber omitido la inclusión de testigos se soslayó un elemento de validez por lo que acogió la pretensión.

Añade que de acuerdo al art. 213.II del Código Procesal Civil, el juzgador  establece su veredicto, con la salvedad de los errores materiales que pueden ser corregidos aún en ejecución de sentencia de acuerdo al art. 226 del mismo  cuerpo legal, en cuanto a la transcripción de las actas de la audiencia  complementaria cursarían en antecedentes, y siendo esta última que  cursaría  en antecedentes por el que se instruyó un informe sobre la tradición de la partida, sin embargo el formulario de Derechos Reales de Coroico, que  adjuntó la parte actora, señala que mereció el proveído que reservó su consideración en sentencia lo cual no evidenció su incumplimiento. Asimismo, en cuanto a la inobservancia del pronunciamiento de la sentencia a la conclusión de la audiencia conclusiva el Ad quem advierte la permisión del art. 216.II del Código Adjetivo Civil.

Discurre que, en el auto complementario de 1 de diciembre de 2016, el juez de la causa añadió tres puntos adicionales a la parte dispositiva de la sentencia, previendo los efectos de la misma, considerando los alcances del art. 229 del mismo cuerpo civil.

En cuanto a la observación de que el documento acusado de nulo por la demandante que habría sido obtenido de forma ilícita mediante orden fiscal y no judicial, el Ad quem consideró que, si bien dicho criterio podría ser concordante con la solemnidad de su extensión, no es menos cierto que su obtención por otro medio legal no le resta valor demostrativo para su examen, teniendo presente la comunidad de la prueba.

Sobre el cuestionamiento de la competencia del juez de la causa, advierte que no fue planteada de forma oportuna, pues debió ser dilucidado ab initio, resultando extemporáneo cualquier reclamo con posterioridad a la sentencia.

Asimismo, en cuanto a Constancio Ruiz Heredia y Elizabeth Tapia de Ruiz que objetaron la inaplicabilidad de la nulidad, siendo la de anulabilidad debido a la incapacidad del funcionario para su protocolización y que no debió aplicarse el art. 549 del Código Civil, lo cual considera infundado debido a la inobservancia en el documento y la carga determinada por el art. 1299 del mismo cuerpo legal, sancionado de nulidad. 

Sobre la apelación de Arthemio Ossio Gonzales, Ruth Nancy Ossio Bigabriel y José Antonio Limpias Barba interpuesto mediante su representante legal Henry Melgar Díaz el Ad quem considera que al haber sido anulado el Instituto de Reforma Agraria porque no cumplía una función social, empero y de ser cierto aquel extremo, no habría sido incorporado a la litis.  


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN DE ARTHEMIO OSSIO GONZALES, RUTH NANCY OSSIO BIGABRIEL Y JOSÉ ANTONIO LIMPIAS BARBA INTERPUESTO MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL HENRY FELIX MELGAR DIAZ

En la forma:

  1. Vulneración al debido proceso art. 115.II de la Constitución Política del Estado y el art. 4 de la Ley Nº 439 por falta de motivación y fundamentación.

Denunció que el Auto de Vista incurrió en error de hecho y derecho vulnerando el debido proceso, por cuanto de acuerdo al art. 115.II de la Constitución Política del Estado, se realizó una pobre y carente carga argumentativa resultando ser inmotivado y carente de fundamentación citando sobre el particular la Sentencia Constitucional Plurinacional N°0563/2018-S4 de 19 de septiembre, calificándola de lacónica observando que no aplicó la citada norma constitucional, ni  interpretó el art. 4  de la Ley Nº 439.

  1. Violación en la apreciación de la prueba y la inaplicabilidad del principio de verdad material del art. 1 num. 16) de la Ley N° 439 y del art. 180.I de la Constitución Política del Estado.

Cuestionó que el Tribunal de alzada pese a su denuncia de que el título de Estefania Loka  Tafa  fue anulado  por  el INRA y que de este derecho proviene  a título de sucesor particular los padres de los demandantes, le es inexplicable como el Ad quem pretende que sea incorporado a la litis si ya estaba  denunciado como inexistente ese derecho de propiedad que dispone sea rehabilitado, puesto que  en aplicación del art. 1 num. 16) de la Ley Nº 439 y el principio de verdad material inserto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado y verificar los hechos que sirven a su decisión adoptando la medida probatoria aunque no haya propuesto la parte (iura novit curia), afirmando que no se remitió un oficio al INRA para una certificación al respecto, acusando de incongruente e incomprensible lo fundamentado en el fallo recurrido que alude a la Escritura Pública Nº 78 cuando en el recurso de apelación se expuso que para que se proceda a la primera inscripción a nombre de Rufino Meneses y Dionicia de Meneses, la  Escritura Pública  Nº 78 “B”/1992 archivada dio origen a la Partida Nº 01182914 de 11 de noviembre, cuando los legitimados esposos Meneses Machicado habían fallecido y cita  fs. 18  y 19 donde se halla la referida Escritura Pública de 18 de septiembre de 1992, cuando Rufino Meneses falleció según se desprende del certificado a fs. 4 y la escritura de declaratoria de herederos.  

Denunció que se efectuó una indebida y sesgada apreciación de la Escritura Pública N° 78 que no había sido acusada de nula, sin que se haya señalado cuál de las escrituras alegadas en la apelación (Nº 78/1992 o Nº 78B/1992) perdería vigor, pues la Nº 78B/1992 se encontraría archivada y no procedería su rehabilitación de la Partida Nº 01182914 en Derechos Reales, la rehabilitación para la inscripción de la declaratoria de herederos como ordenaría la sentencia y auto a fs. 716 que fue resuelto mediante el Auto de Vista, no resultando  armónicos los hechos con el derecho lo cual se daría en el caso de autos, ya que  si la autoridad de primera instancia no ordenó, ni declaró la nulidad de la Escritura Pública Nº 78B/1992 archivada en la notaria, y el fallo recurrido señala que  perdería su vigor al tratarse de negocio jurídico invalidado, carecería de validez la sentencia apelada que fue confirmada  por el auto recurrido.

  1. Infracción del art. 122 de la Constitución Política del Estado y del art. 229 de la Ley N° 439.

En el fallo recurrido se salvan los derechos de terceros adquirentes, aspecto que el recurrente resalta que el dominio originario de dichas tierras es el Estado es decir el INRA por lo que el juez A quo no sería competente para dilucidar conflictos emergentes de la propiedad agraria y que dicha institución al haber cancelado la titularidad de la causante a título particular de Estefanía Loka Tafa debieron haber sido integrados a la litis la primigenia adquirente y los posteriores que figuran en el informe a fs. 17, citando al respecto la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo N° 12/2012 de 16 de febrero, por lo que solicita se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se anule obrados hasta la admisión de la demanda, para que sean integrados a la litis los terceros a quienes se salvó los derechos. 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN DE ELIZABETH DORA TAPIA Y CONSTANCIO RUIZ HEREDIA MEDIANTE SU REPRESNETANTE LEGAL NOEL ARTURO LOPEZ Y/OLIVIO REMICH YUJRA VIRA

  1. Vulneración del art. 115 de la Constitución Política del Estado (debido proceso

El recurrente arguye que el Auto de Vista impugnado no consideró la infracción al art. 216 de la Ley N° 439, al no haber dictado el fallo al finalizar la audiencia y  dar lectura a la misma, por lo que debió ser objeto de nulidad, lo cual pretende ser justificado con el parágrafo II de la citada norma legal, cuando esta no prevé dicho aspecto, consecuentemente observa que el fallo impugnado contiene una  apreciación y aplicación indebida de la ley  procesal existiendo una violación al debido proceso, que radica en que para que el juzgador pueda valorar la prueba a fs. 705 en sentencia que debió haberla efectuado en audiencia en virtud del principio de publicidad y bilateralidad, ya que ese certificado indica- fue apreciado de forma errónea por el juez de primera instancia como por el Ad quem, advirtiendo que se debió diligenciar la prueba para determinar que los actores no ostentaban título alguno de acuerdo al art. 1453.I del Código Civil, lo cual no habría sido objeto de valoración por el Tribunal de alzada, resultando su motivación y fundamentación insuficiente e incongruente al señalar que los terceristas y no sobre los terceros que fueron integrados a la Litis, (Ariscain Chávez Sánchez, Primitiva Angulo de Sánchez, Ricardo Zamorano y Celia de Zamorano) a quienes considera que alcanzará los efectos de la Sentencia y Auto de Vista, el cual ampliará la causa petendi de los demandantes, ya que jamás habrían solicitado la nulidad de las inscripciones, ni el registro de declaratoria de herederos y no puede extra petita partium otorgar esos efectos de la sentencia  cuando no fueron objeto de un legal juzgamiento y petición, lo cual considera que vulneró el derecho a la defensa de terceros interesados que deben ser integrados  a la litis, además del debido proceso estipulado en el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

Por lo que considera que el proceso sufrió un quiebre substancial del procedimiento, observando que el fallo es incongruente con los fundamentos de derecho de la demanda y el derecho en la defensa de los terceros que debieron ser citados y de sus personas al no diligenciar la prueba ofrecida en apelación resultando la sentencia y Auto de Vista incongruentes, invocando al efecto la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0940/2015-S3 de 6 de octubre.

Además de una violación al procedimiento al resolver fuera de lo pedido por las partes, es decir extra petita partium, afectando los derechos de terceros.

Añade que se vulneró el art. 117.I de la Constitución Política del Estado, derecho  a la defensa al no poder contradecir lo que probaba el documento a fs. 705, que tampoco se diligenció en alzada, conculcando el derecho a la valoración de la prueba en segunda instancia y el art. 264 del Código Procesal Civil, citando como jurisprudencia el Auto Supremo N° 12/2012 de 16 de febrero, concluyendo que  se vulneró el art. 203 de la Constitución Política del Estado, al no encontrarse debidamente motivado y fundamentado invocando para ello la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0572/2017-S2 de 5 de junio, pidiendo se deje  sin efecto y nulo el Auto de Vista impugnado y la sentencia hasta que se reinstale la audiencia  para  incorporar la prueba a fs. 705 de obrados.


DE LA RESPUESTA A LOS RECURSOS DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se puede establecer que corrido en traslado los recursos de casación, fueron respondidos por Julio, Roxana y Gonzalo Meneses Machicado por memorial de fs. 796 a 798, respecto al recurso de casación de fs. 783 a 786, señala que el sustento del recurso es contradictorio, pues la supuesta vulneración del derecho a la defensa debió hacerla valer en forma oportuna de acuerdo al art. 107 del Código Procesal Civil, no pudiendo delegarse esa responsabilidad particular a la autoridad jurisdiccional, no obstante de manera premeditada la demandada olvidaría mencionar que la carga probatoria le pertenece al interesado, resultando en consecuencia el recurso  infundado, ante  la ausencia  de fundabilidad.

En cuanto al recurso de casación de fs. 790 a 793, manifiestan que de igual forma no llegó a una determinación específica y exacta sobre cuáles serían los agravios sufridos y que emergerían del pronunciamiento del Auto de Vista, advirtiendo que el recurrente pretende dejar a la interpretación que le otorgue el Tribunal superior para favorecerles recayendo en infundado, causando incertidumbre si plantea recurso de casación en el fondo o en la forma.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la acción reivindicatoria.

Al respecto, corresponde precisar lo que el art. 1453 del Sustantivo Civil establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión; en otras palabras la acción de reivindicación está destinada para que el propietario que haya perdido la posesión de una cosa (legitimación activa), pueda reclamar la restitución de la misma, en razón a que tiene derecho a poseerla, en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma (legitimación pasiva), siendo esta acción imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de usucapión, quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible, no siendo afectada por el transcurso del tiempo y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario de un bien inmueble.

En ese entendido y toda vez que lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, son tres: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado.

De dichos requisitos y haciendo hincapié en el primero de estos, debemos precisar que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión física de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma; sobre el segundo requisito debemos señalar que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, es decir que se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y limites; finalmente quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión física del inmueble.

De igual forma, en relación a los requisitos que hacen viable la acción reivindicatoria corresponde citar Arturo Alessandri R., que sobre la reivindicación señaló que: “…la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; de lo expuesto se tiene que esta acción se encuentra reservada para el titular del derecho propietario, derecho que por su naturaleza, conlleva a la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración a que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus”.


III.2. De la motivación y fundamentación de las resoluciones.

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC Nº 1365/2005-R de 31 de octubre ha establecido lo siguiente: ".....es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". De la misma manera se tiene la SCP Nº 2210/2012 de 08 de noviembre, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

El art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil y actualmente el art. 213.II del Código Procesal Civil, dispone que la sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis, la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional, se aplica también a la resolución de segunda instancia.

Sin embargo, la fundamentación en la resolución emitida por el Tribunal de alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues al Tribunal de alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco le es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa de indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente.

Al efecto podemos citar la SC Nº 0669/2012 de 2 de agosto que ha referido:

“…. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' ( SC Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).” 

Del entendimiento constitucional extractado se advierte que para el cumplimiento del debido proceso en su subelemento motivación de una resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su resolución, realizada esa actividad intelectiva se tiene por cumplida la motivación de una resolución, empero, cuando las partes, no están de acuerdo con esa motivación en su contenido, otro resulta el tema o reclamo a invocar, como ser la errónea aplicación, interpretación o violación de la ley o en su caso errónea valoración de la prueba, mismo que debe ser impugnado vía recurso de casación en el fondo.

III.3. De la prueba y su valoración.

José Deker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentado y Concordado, Pág. 240, hace referencia respecto de la prueba al profesor Hugo Alsina, quien nos dice: “En su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de una proposición, pero en su significado corriente, expresa una operación mental de comparación. Desde ese punto de Vista la prueba judicial es la confrontación de la versión de cada parte con los medios producidos para abonarla”.

Couture hace referencia a los hechos y los actos jurídicos indicando que son objetos de afirmación o negación en el proceso. Pero como el juez es normalmente ajeno a esos hechos sobres los cuales debe pronunciarse, no pueden sentenciar teniendo en cuenta las simples manifestaciones de las partes; entonces debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones”, al respecto es menester comprobar la verdad o falsedad de ellas, con el objeto de formar convicción al respecto. Siendo estas definiciones generales de la prueba.

Sin embargo, a nosotros nos interesa ubicar a la prueba en el sentido procesal; por tanto, diremos que la prueba es: “un medio de verificación de las proposiciones que formulan los litigantes durante la substanciación del proceso”.

Asimismo, debemos tener en cuenta ciertos principios referidos a las pruebas, entre las cuales tenemos el “principio de la unidad de la prueba” significa que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, y como tal debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, documentales, testificales y otras, señalando su concordancia y discordancias, y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme.

El Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del Código adjetivo de la materia”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En virtud a los fundamentos expuestos precedentemente y acudiendo al principio de concentración, al existir denuncias símiles, corresponde responder de la siguiente forma:

  1. Sobre las denuncias de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa (arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado) y el art. 4 de la Ley N°439 por falta de motivación y fundamentación.


Con relación a las denuncias de los recurrentes referidos por una parte a que el Auto de Vista incurrió en error de hecho y derecho, en la vulneración del debido proceso (art. 115.II de la Constitución Política del Estado), observando la argumentación, acusando la falta de fundamentación y motivación en el fallo apartándose del art. 4 de la Ley Nº 439.

Y por otra parte la denunció la infracción del art. 216 de la Ley N° 439, por no dictar la determinación al finalizar la audiencia, extrañando la falta de fundamentación al respecto y vulnerando el debido proceso, ante la omisión de la valoración de la prueba cursante a fs. 705 en sentencia, de acuerdo al principio de publicidad y bilateralidad, insuficiente e incongruente al indicar que los terceros a ser integrados a la litis, resultaron ser extra petita partium, se afectó los derechos de terceros, además de vulnerar el art. 117.I de la Constitución Política del Estado, derecho a la defensa.

De la revisión del Auto de Vista impugnado se constata que el mismo dio  respuesta a los puntos apelados, contando con la exposición de motivos y la fundamentación legal que acompaña la decisión asumida, consecuentemente de acuerdo a la doctrina desarrollada en el acápite III.2 del presente fallo, la motivación y fundamentación de las resoluciones constituyen elementos del debido proceso, consistentes en el contenido obligatorio de cada resolución de exponer los motivos que sustenten la decisión asumida, a efectos de lograr un  convencimiento de las partes en conflicto sobre la misma situación que aconteció en el caso de autos, por  cuanto el  Ad quem ha explicado no sólo el hecho fáctico sino también amparó su decisión en la normativa aplicable a la disyuntiva planteada, consecuentemente no se observó que carezca de fundamentación y  motivación, mucho menos que haya vulnerado el principio de igualdad entre  partes, por el contrario el Ad quem verificó el correcto tramite,  asimismo se debe tener en cuenta que la debida fundamentación y motivación, no debe ser necesariamente ampulosa o extensa en sus argumentos, pues bastará dar a conocerlos y que éstos sean acorde a los datos del proceso y las normas que rigen la materia al caso concreto, para tener por cumplido este elemento parte del derecho al debido proceso, por lo que no se ha demostrado la infracción a los arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado.

Sobre la reiteración de su reclamo en cuanto al incumplimiento del art. 216 del Código Procesal Civil; de la revisión de la audiencia complementaria de 10 de noviembre de 2016 de fs. 683 a 689 vta., se desprende que formulados los  alegatos, el juez precisamente dando aplicación a la citada norma procesal, dispuso diferir la fundamentación del fallo para una posterior audiencia, fijando en el mismo acto, día y hora para la lectura íntegra de la sentencia, aspecto que no fue observado, ni objetado por los recurrentes en su oportunidad, sino hasta después de emitida  la sentencia a través del recurso de apelación cursante de fs. 735 a 740, aspecto que desde ya, va en contra de los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal, es decir que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, lo que no sucede en el caso de autos, complementando al hecho de que los ahora recurrentes no objetaron oportunamente, por lo que convalidaron conforme se tiene en los principios de trascendencia y convalidación, porque el pretender retrotraer actuaciones convalidadas, donde ya opero el principio de preclusión, no contribuye a la tramitación de la causa y solo provocaría una dilación injustificada, pues no  cambiaría el fondo de la problemática dilucidada.

  1. Violación en la apreciación de la prueba y la inaplicabilidad del principio de verdad material del art. 1 num. 16) de la Ley N° 439 y del art. 180.I de la Constitución Política del Estado.

Sobre este reclamo, el Ad quem advierte que ha sido propuesto e incorporado en la litis, siendo responsabilidad de las partes, pues la contienda judicial estará constreñida a las pretensiones formuladas por las partes en la demanda y contestación y/o reconvención, ahora bien respecto a que se habría omitido la aplicación del principio de verdad material, se debe distinguir entre la verdad material y  la formal, por cuanto la verdad material responderá a los hechos, sin embargo la verdad formal es el producto de la actividad probatoria dentro de un proceso que por lo general puede coincidir con la verdad material, pero que algunos doctrinarios niegan la existencia de coincidencia entre los hechos realmente ocurridos y los  hechos probados, por lo que se llegó a concluir que el proceso más allá de buscar la verdad material o formal, debe buscar la verdad jurídica objetiva, es así que el juzgador empapado de la prueba producida por las partes podrá dilucidar sobre las pretensiones aducidas por las partes, por lo que en el caso de autos, conforme ha sostenido el Tribunal Ad quem en  cuanto a que el A quo se encontraba limitado en su accionar en la causa petendi, fallo en correspondencia con los  antecedentes y la Escritura Pública Nº 78 a la que alude la parte recurrente no fue acusada de nula, constituyendo un aspecto que las partes no reclamaron de forma oportuna por los medios idóneos correspondientes, falencia que no puede ser subsanada a estas alturas donde la causa ya  fue objeto de dilucidación, a través de la prueba incorporada en el caso  de autos, consiguientemente no es evidente que el Tribunal de alzada haya  incurrido en infracción del principio de verdad material (art. 1 num. 16) de la Ley N° 439 ni del art. 180.I de la Constitución Política del Estado).

  1. Infracción del art. 122 de la Constitución Política del Estado y del art. 229 de la Ley N° 439.

Con relación a la presente infracción, cuestionando la competencia del juzgador, este aspecto conforme señala el Tribunal de apelación no fue  planteada en forma  oportuna de acuerdo a los recursos que nos provee la ley; sin embargo, resulta necesario dejar establecido que en el caso de autos, el A quo en mérito a las pretensiones de las partes y conforme a su razonamiento ha resuelto el conflicto jurídico, fallo que una vez apelado, al haber cotejado antecedentes, donde la parte  actora por memorial de fs. 183 y vta., modificó su pretensión solicitando la nulidad de las Escrituras Públicas Nº 09/1984 de 25 de enero y Nº 129/1997 de 8 de julio, por lo que la litis versó sobre las mismas, en consecuencia correspondía al Ad quem circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, en el marco del principio de congruencia que actualmente se encuentra consignado en el art. 265.I del Código Procesal Civil, absolver de forma motivada y fundamentada, cada uno de los agravios deducidos en apelación, sin omitir, exceder o alterar el cuadro recursivo que se sustancia en resguardo precisamente del derecho de acción o de tutela judicial efectiva, sin incurrir en incongruencia de la pretensión formulada en la demanda principal, por  cuanto la parte recurrente no puede ampararse en otros hechos fácticos que como se indicó anteriormente no han sido traídos a colación en el objeto de la litis, por consiguiente no hubo la señalada usurpación de funciones que establece el art. 122 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, en cuanto a los alcances de la sentencia, en sus efectos la parte  recurrente debe considerar que cualquier forma de emisión de sentencia, no  sólo  está encaminada a resolver el conflicto, sino que también genera efectos en las partes, ahora bien en el caso de autos, considerando que el fallo salva los  derechos de terceros adquirentes que cuenten con títulos de propiedad  debidamente registrados en Derechos Reales, también hace hincapié a que deben  acudir a la vía legal que corresponda, lo cual no implica que se haya reconocido otro derecho originario que el que fue objeto del litigio, conforme se tiene especificado, no así como pretende confundir el recurrente, no correspondiendo dejar sin efecto el  Auto de Vista recurrido, tampoco la anulación de obrados.

Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista responde congruentemente a los puntos objeto de apelación y de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado la norma legal, ni derecho alguno que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 783 a 786 y de fs. 790 a 793 vta., interpuestos por Arthemio Ossio Gonzales, Ruth Nancy  Ossio Bigabriel y  José Antonio Limpias  Barba mediante su representante legal Henry Félix Melgar Díaz; y por Elizabeth Dora Tapia Cruz y Constancio Ruiz Heredia mediante su representante Noel Arturo Vaca López y/o Livio Remich Yujra Vira respectivamente, contra el Auto de Vista Nº S-257/2018 de 10 de agosto de fs. 771 a 774 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, para el abogado que respondió al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.