TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 735/2019

Fecha: 31 de julio de 2019

Expediente: CH-16-19-S

Partes: Paola Mariana Cors Careaga c/ Natalio Fernando Ruiz Cortez.

Proceso: Determinación de bienes propios

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 1467 a 1475, interpuesto por Paola Mariana Cors Careaga contra el Auto de Vista SFNA Nº 038/2019 de 8 de febrero, cursante de fs. 1452 a 1457 pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de determinación de bienes propios, seguido por Paola Mariana Cors Careaga contra Natalio Fernando Ruiz Cortez, la respuesta de fs. 1483 a 1487 vta., el Auto de concesión al recurso de casación de 18 de marzo de 2019 cursante a fs. 1488, el Auto Supremo de admisión Nº 284/2019-RA de fs. 1492 a 1493 vta., los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la acción de determinación de bienes propios de fs. 155 a 161, subsanada a fs. 165, interpuesta por Paola Mariana Cors Careaga contra Natalio Fernando Ruiz Cortez, este una vez citado, contestó negativamente a través de memorial cursante de fs. 221 a 229.

Tramitado el proceso, el Juez Público de Familia N° 4 de la ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 151/2018 de 21 de agosto cursante de fs. 1410 a 1417 vta., declarando PROBADA en parte la demanda de determinación de bienes propios interpuesto por Paola Mariana Cors Careaga, determinándose como bienes propios; los dineros de la venta del inmueble sito en la Calle Colón Nº 136 de la ciudad de Sucre, por la suma de Bs. 3.828.000, conforme la Escritura Pública Nº 997/97 y los bienes inmuebles en copropiedad ubicados en las calles Wenceslao Alba Nº 52, Nº 60 y Nº 70 de la ciudad de Potosí. Desde otro ángulo, declaró que el bien inmueble ubicado en la calle Destacamento Chuquisaca s/n zona Prosperina con una superficie fusionada de 2.573 m2, pertenece a la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Corporación de Servicio Médico Quirúrgico del Sur” conforme a la Escritura Pública Nº 382/2016 de 9 de marzo, así como las deudas contraídas con el Banco Bisa S.A. que constan en las Escrituras Públicas Nº 142/2014 y Nº 725/2016, debiendo ser honradas en la medida de las cuotas de capital que consta en la constitución de la sociedad anteriormente señalada.

Resolución de primera instancia que apelada por Paola Mariana Cors Careaga a través del memorial de fs. 1426 a 1433, mereció el pronunciamiento del Auto de Vista SFNA Nº 038/2019 de 8 de febrero, cursante de fs. 1452 a 1457, que CONFIRMÓ la sentencia, con costas, argumentando que:

En referencia a la apelación en efecto diferido, manifestó que es pertinente citar el art. 325 de la Ley Nº 603, en vista que el ofrecimiento de prueba se debe realizar al momento de presentar la demanda, conforme a los principios de seguridad jurídica y preclusión que hacen el debido proceso, asimismo indicó que la prueba de oficio se ejercita cuando el juzgador lo considere necesario.

Con relaciona a la apelación contra la sentencia, señaló que no se cumplió con el art. 190.I de la Ley Nº 603, ya que no se demostró que el demandado ingresó a la “Corporación de Servicio Médico Quirúrgico del Sur” S.R.L. solo en forma nominal, mientras que las documentales dan cuenta que las acciones del demandado son del 10 %.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusó error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, argumentando que al resolver la apelación diferida el auto de vista repitió los fundamentos del juez, que justificó su decisión confirmatoria mediante interpretación segada del art. 325 de la Ley Nº 603. Agregó que el ofrecimiento de prueba documental con la demanda y la que produjo tiene que ver con la relación fáctica, y que el demandado en su contestación introdujo nuevos hechos a los expuestos por la demandante además que el juez le impuso carga probatoria, por consiguiente no se dio lugar a la prueba instrumental relativa a los ingresos del demandado.

2. Denunció que el Tribunal de alzada nunca valoró las pruebas de los reales ingresos de Natalio Fernando Ruiz Cortez, es decir el aporte del 10% en la Corporación de Servicio Médico Quirúrgico del Sur S.R.L.; acotó que no se refirió a la confesión judicial espontánea en sentido que los 2 lotes de terreno sobre los que se construyó la Clínica “Ángeles” y fueron adquiridos a nombre de su cónyuge pero con dineros de su suegra y con la garantía  hipotecaria de un bien inmueble de su esposa y su hermanos.

3. Refirió apreciación equivocada de los documentos: E.P. 157/2011, préstamo obtenido del BNB por Daysi Careaga Alurralde, destinado a la compra de dos terrenos en la ciudad de Sucre (cláusula cuarta), que consta de fs. 21 a 27. Detalle de pagos parciales realizados exclusivamente por su madre Daysi Careaga Alurralde de Cors de fs. 330 a 345. Informe del BNB  de fs. 346 que pormenoriza las amortizaciones y la cancelación total del crédito. Certificación del BNB de fs. 19 a 20 de transferencia bancaria, que acredita el pago de $us. 107.000 a favor de Clementina Pinto Mendoza y de $us. 115.830 a favor de Raúl Wálter Ramos Pinto, con dineros provenientes de su madre y que no son gananciales conforme detalle de pagos parciales de fs. 381 a 382. Los créditos obtenidos por la Corporación Médico Quirúrgica del Sur S.R.L. para la construcción e implementación de la Clínica “Ángeles” que fue pagado con dineros del Colegio Particular Santa María. Certificación de fs. 632 de SEDES respaldada por contratos de fs. 612 a 631 que demuestra el ingreso del demandado y que esa cantidad le impedía pagar el 10% de la sociedad, estableciendo que tenía imposibilidad material de aporte.

4. Sostuvo que se violó el precepto del art. 200 del Código de Comercio por omisión indebida, y que los arts. 199 y 200 del mismo cuerpo legal en su interpretación establecen principio de verdad formal, y que corresponde al Tribunal de casación aplicar el principio de verdad material y que jamás el demandado pudo pagar íntegramente el 10% de las cuotas de la Sociedad Médico Quirúrgico del Sur S.R.L. no habiendo realizado inversión alguna.

5. Señaló violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 190 de la Ley Nº 603, ya que contra la presunción de ser comunes los bienes adquiridos dentro matrimonio, la ley admite prueba en contrario, que como se demostró Natalio Fernando Ruiz Cortez reconoció que el 10% de las cuotas de la sociedad le fueron atribuidos por su calidad de esposo y que el dinero para la compra de los dos lotes además de la construcción y equipamiento de la clínica fueron producto de préstamos obtenidos y pagados por Daysi Careaga Alurralde garantizados con bienes de la actora y sus hermanos, lo que desacredita la presunción de ganancialidad.

6. Denunció de infracción por omisión indebida del art. 177 con relación al art. 179 inc. b) de la Ley Nº 603, argumentando que el auto de vista omitió considerar que los dos lotes adquiridos fueron obtenidos con préstamos de su madre, cancelados por ingreso del Colegio Santa María, que además son de propiedad de los hermanos Careaga-Cors adquiridos mediante anticipo de legítima por estos; además para la construcción de la clínica se vendió el inmueble Hostal Paola de calle Colón Nº 138 que era de propiedad de los esposos Cors-Careaga a favor de los esposos Pozo-Vega, por lógica consecuencia son bienes propios de modo directo por mandato del art. 179 inc. b) de la Ley Nº 603 siendo el resultado de un anticipo de legítima por el padre de la actora.

Por lo que solicitó que este Tribunal case el auto de vista impugnado.

Respuesta al recurso

Indicó que el recurso de casación no guarda el tecnicismo necesario exigido por el art. 396 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

Señaló que la omisión de la valoración probatoria obedece a los parámetros establecidos en el art. 325 de la Ley Nº 603, debido a que la oportunidad de presentar la prueba es juntamente con la demanda.

Manifestó que la recurrente debió probar que los bienes demandados eran propios conforme al art. 179 de la Ley Nº 603 y al no hacerlo se consideró pertenecientes a la comunidad de gananciales conforme a los arts. 176 y 177 de la referida Ley.

Expresó que mediante Escritura Pública Nº 337/2011 de 07 de julio se adquirió los terrenos sobre los cuales se edificó la clínica “Los Ángeles”, del cual se presume su ganancialidad, siendo la decisión del Tribunal de Alzada correcta, no contraviniendo el principio de verdad material.

Por lo que solicitó se declare infundado el recurso planteado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba

El Auto Supremo Nº 293/2013, de 07 de junio, entre otros, conceptualizando sobre el error de hecho y el error de derecho en la apreciación  de la prueba, señaló que: “Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica”.

III.2. Bienes adquiridos durante el matrimonio o unión libre por herencia, legado o donación

Los bienes propios pueden ser obtenidos por modo directo, considerando el art. 179 inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, donde se estable que: “Son bienes propios por modo directo de la o el cónyuge: …

b) Los que reciben cualquiera de ellos, durante el matrimonio o unión libre, por herencia, legado o donación”

En relación a esta calificación, el doctrinario Guillermo A. Borda (Tratado de Derecho Civil Familia Tomo I. 11a ed. 2013, pág.  234) manifiesta lo siguiente: “Se trata de bienes adquiridos por un título absolutamente extraño a la comunidad; es natural, pues, que sean considerados como propios, como lo hace el art. 1271, C. Civil. Puede ocurrir, sin embargo, que la liberalidad sea hecha conjuntamente a ambos esposos. Ni aun en ese caso deberá considerarse ganancial, sino como capital propio de cada uno de los esposos y por partes iguales, si el testado o donante no hubiera fijado otra proporción (art. 1264, C. Civil). Sin embargo, si el autor de la liberalidad le atribuyera expresamente carácter ganancial, debe considerárselo como tal.

Naturalmente, no obsta al carácter propio del bien la circunstancia de que aparezca comprado por uno de los cónyuges durante el matrimonio, si se prueba que en verdad fue donado por el padre.”

Desde otro ángulo, el art. 182 de la misma Ley citada (Ley Nº 603) prevé en relación a los bienes por sustitución a aquellos “…adquiridos con dinero propio o por permuta con otro bien propio”

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Acusó el error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, argumentando que al resolver la apelación diferida el auto de vista repitió los fundamentos del juez, que justificó su decisión confirmatoria mediante interpretación segada del art. 325 de la Ley Nº 603. Agregó que el ofrecimiento de prueba documental con la demanda y la que produce posteriormente tiene que ver con la relación fáctica, y que el demandado en su contestación introdujo nuevos hechos a los expuestos por la demandante además que el juez le impuso carga probatoria, por consiguiente, no se dio lugar a la prueba instrumental relativa a los ingresos del demandado.

El agravio planteado está dirigido a cuestionar la decisión asumida por el auto de vista respecto a la apelación diferida que impugnó el Auto de fs. 643 a 644 que rechazó petición de prueba documental (certificaciones) requeridas por la parte actora, debiéndose manifestar que el art. 330 de la Ley Nº 603 regla los recursos contra las resoluciones referidas a la prueba, señalando que las resoluciones dictadas en el procedimiento sobre producción, rechazo y diligenciamiento de prueba, únicamente podrán impugnarse mediante recurso de reposición y en efecto diferido; descartando la posibilidad que sobre las determinaciones referidas a la pruebas, pueda presentarse recurso de casación, lo que inhibe realizar examen respecto a la determinación asumida en el Auto de fs. 643 a 644 por la naturaleza de esa determinación, dirigida a rechazar prueba solicitada por la parte actora.

2. Denunció que el Tribunal de alzada nunca valoró las pruebas de los reales ingresos de Natalio Fernando Ruiz Cortez, es decir el aporte del 10% en la Corporación de Servicio Médico Quirúrgico del Sur S.R.L.; acotó que no se refirió a la confesión judicial espontánea en sentido que los 2 lotes de terreno sobre los que se construyó la Clínica “Ángeles” fueron adquiridos a nombre de su cónyuge pero con dineros de su suegra y con la garantía  hipotecaria de un bien inmueble de su esposa y su hermanos.

A efectos de resolver la problemática planteada se hace necesario señalar consideraciones propias de los bienes en disputa y sobre su apreciación probatoria.

La comunidad de gananciales normada en el art. 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, establece que: “Los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de gananciales. Esta comunidad se constituye aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que la o el otro”, principio que debe regir para determinar que un bien pueda ser considerado ganancial o propio. En la misma lógica, el art. 190.I de la norma citada establece que: “Los bienes se presumen comunes, salvo que se pruebe que son propios de la o el cónyuge”.

Establecido lo anterior, se puede verificar que la recurrente acusa indebida valoración probatoria por lo que se puede entender que incide en un supuesto error de hecho en la apreciación de la prueba, siendo doctrina legal de este Tribunal de casación comprender que el error de hecho ocurre cuando el juzgador se equivoca en la materialidad de la prueba, es decir, se aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro.

En ese contexto, la recurrente plantea como premisa recursiva que el demandado, Natalio Fernando Ruiz Cortez, no aportó el 10% en la Sociedad Médico Quirúrgica del Sur SRL y, para su probanza, rememora el tracto de la transferencia de dos lotes de terreno en la zona Prosperina, incidiendo que para la compra de los mismos se hizo por préstamo y pago de Daysi Careaga Alurralde de Cors, madre de la actora.

El recurso de casación expone una apreciación errada de la confesión judicial espontánea del demandado, que no hubiera sido considerada por el Tribunal de alzada, que precisa el agravio. En ese orden, Natalio Fernando Ruiz Cortez, por escrito de fs. 221 a 229, contestó en forma negativa a la demanda, y en particular sobre los lotes de terreno manifestó: “g) El año 2011 nace la idea de realizar una clínica médica en ciudad Sucre viendo la deficiencia de atención e infraestructura; es así que en el mes de mayo de ese año se adquiere 2 lotes en la zona Prosperina a nombre de mi persona Natalio Fernando Ruiz Cortez con el respaldo económico de mi suegra, quien obtuvo un crédito en el Banco Nacional de Bolivia”, más adelante agrega: “6.- Señor Juez, no es mi intención desmerecer el trabajo y apoyo que nos brindaron mis suegros; empero, de ser ciertos los argumentos esgrimidos por la demandante, en sentido de que la Sra. Daysi Careaga Alurralde Vda. de Cors, como sus hermanos hubiesen efectuado una importante inversión, o negocio familiar con la construcción e implementación de la Clínica denominada Ángeles, previa inversión con la compra de dos lotes; cuál hubiese sido el óbice para que la Sra. Daysi Careaga Alurralde Vda. de Cors, y su hijos, sean primero los legítimos propietarios de los terrenos, la construcción de la Clínica Ángeles, y finalmente sean los socios”, posteriormente señaló: “1.- Señor Juez, lo cierto y probado documentalmente es que los terrenos donde actualmente se ha construido la Clínica Ángeles, corresponde a la comunidad ganancial, por cuanto fueron adquiridos a nombre de mi persona, con dineros obtenidos de un préstamo del Banco Nacional de Bolivia a nombre de la Sra. Daysi Careaga Vda. de Cors y la garantía con la tercera hipoteca del inmueble de calle Wenceslao Alba No. 52, en la ciudad de Potosí, de propiedad de los señores Paola Mariana, Reynaldo Julián y Sergio Orlando Cors Careaga…”

De lo glosado, se puede evidenciar que el demandado afirmó que se adquirió 2 lotes en la zona Prosperina a nombre de su persona, Natalio Fernando Ruiz Cortez, con el respaldo económico de su suegra, Daysi Careaga Alurralde Vda. de Cors, quien obtuvo un crédito en el Banco Nacional de Bolivia con garantía hipotecaria de un inmueble de propiedad de los hermanos Cors-Careaga, incidiendo también que esos lotes se constituyen en gananciales. Afirmación de la contestación que fue considerada en la instancia, sin cambiar el sentido de esa declaración, tal es así que en el punto 2 de la parte resolutiva de la sentencia, se estableció que los lotes fueron adquiridos por el demandado y que goza de la presunción de ganancialidad. El hecho de aceptar que el préstamo para la compra de los lotes fue con el respaldo económico de Daysi Careaga Alurralde Vda. de Cors, no establece per se que ese bien se torne en propio de la actora, por el solo hecho de existir una relación consanguínea entre esta y la demandante, pues debió existir un acto jurídico que establezca que la madre entregó ese dinero a su hija sea en donación o en su caso en anticipo de legítima,  por lo menos no existe prueba concreta y fehaciente que así lo demuestre, pues por el grado afectivo de estos sujetos de familia se puede comprender que era un respaldo a favor de la pareja Ruiz-Cors, así también lo entendió el juez al manifestar, en el punto 2 de los hechos probados, que “…éstos lotes en principio formaron parte de la comunidad de gananciales a tenor de lo establecido en el art. 176.I de la Ley Nº 603, al ser adquiridos en vigencia de la unión matrimonial, al mismo tiempo que ambos esposos se instituyen en deudores de la Sra. Daysi Careaga de Cors al permanecer impagos aquellos dineros a ésta última, los que constituyen una carga de la comunidad gananciales”.

En tal sentido, no se verifica que exista una errónea apreciación del contenido de la contestación de una confesión espontánea que pruebe que los dos inmuebles sean considerados bienes propios de la actora; aunque es pertinente manifestar que, tal como se señaló por los jueces de instancia, es un hecho verificado que el dinero para la compra fue otorgado, mediante un préstamo, y pagado por Daysi Careaga Alurralde Vda. de Cors, lo que establece que el matrimonio Ruiz-Cors eran deudores de Daysi Careaga Alurralde Vda. de Cors,; o en su caso esos contratos de compra venta no eran de naturaleza simulada, así se entiende de la testifical de fs. 1373, que manifestó que sobre los terrenos “ese año tuve que adquirir a mi nombre y por esa razón decidi poner  a su nombre de mi yerno y solo por eso se puso a su nombre”, defenestrando la pretensión de la actora por la propia madre, que no indica que ese dinero fue para su hija como donación o anticipo de legitima- sino que debía ser para compra de ella misma, situación que no puede ser tratada en el presente proceso, pues el límite de la competencia está en determinar si esos bienes son o no propios de la actora.

3. La recurrente refirió apreciación equivocada de los documentos: E.P. 157/2011, préstamo obtenido del BNB por Daysi Careaga Alurralde, destinado a la compra de dos terrenos en la ciudad de Sucre (cláusula segunda), que consta de fs. 21 a 27. Detalle de pagos parciales realizados exclusivamente por su madre Daysi Careaga Alurralde de Cors de fs. 330 a 345. Informe del BNB de fs. 346 que pormenoriza las amortizaciones y la cancelación total del crédito. Certificación del BNB de fs. 19 a 20 de transferencia bancaria, que acredita el pago de $us. 107.000 a favor de Clementina Pinto Mendoza y de $us. 115.830 a favor de Raúl Wálter Ramos Pinto, con dineros provenientes de su madre y que no son gananciales conforme al detalle de pagos parciales de fs. 381 a 382. Los créditos obtenidos por la Corporación Médico Quirúrgica del Sur S.R.L. para la construcción e implementación de la Clínica “Ángeles” que fue pagado con dineros del Colegio Particular Santa María. Certificación de fs. 632 de SEDES respaldada por contratos de fs. 612 a 631 que demuestra el ingreso del demandado y que esa cantidad le impedía pagar el 10% de la sociedad, estableciendo que tenía imposibilidad material de aporte.

En el mismo sentido del agravio anteriormente expuesto, la recurrente entiende que existe error de hecho así se comprende por el reclamo- de determinadas pruebas documentales que, a criterio de la impugnante, acreditan que el demandado no podía aportar el 10% en la sociedad que se tenía conformada, por lo que se pasa a revisar tales documentos:

La Escritura Pública N° 157/2017, consistente en un contrato de mutuo entre el Banco Nacional de Bolivia S.A. con Daysi Careaga Alurralde de Cors, por el que esta última obtiene un préstamo por el monto de Bs. 1.293.000 destinados, según cláusula segunda del contrato, exclusivamente para la compra de dos terrenos en la ciudad de Sucre. Documento que no contribuye o merma en disipar el hecho que fue Daysi Careaga Alurralde de Cors que permitió la compra de los dos lotes de terreno con un préstamo, puestos a nombre del demandado; sin embargo ese préstamo no establece que la hija, Paola Mariana Cors Careaga, sea considerada como propietaria de los lotes de terreno por el dinero que otorgó su madre, más bien amplifica el hecho de que los esposos Ruiz-Cors eran considerados como deudores.

Además, se debe considerar que la Escritura Pública N° 1256/2014, que cursa de fs. 65 a 66 vta., ahonda más la contradicción, cuando en ella se expresa que los lotes de terrenos, unificados, se realizó con dineros de Milton Ademar Careaga Alurralde, Mariana Da Costa Cabrera de Careaga y Paola Mariana Cors Careaga, conforme señala la cláusula segunda de ese documento, y siendo que su contenido no está en cuestionamiento en este proceso, pero permite establecer contradicción con la pretensión de tratarse de un bien propio.

Misma consecuencia tienen los documentos de detalle de pagos parciales realizados por Daysi Careaga Alurralde de Cors de fs. 331 a 346; Informe del BNB de fs. 347 que pormenoriza las amortizaciones y la cancelación total del crédito; certificación del BNB de fs. 19 a 20 de transferencia bancaria, de cuenta a cuenta, que acreditan el pago de $us. 107.000 a favor de Clementina Pinto Mendoza y de $us. 115.830 a favor de Raúl Wálter Ramos Pinto, detalle de pagos parciales a fs. 382; que establecen, al igual que el contrato examinado supra, que la procedencia del dinero y pago de los créditos para la compra de los lotes fue realizado por Daysi Careaga Alurralde de Cors; sin embargo no se establece en ninguno de esos documentos que los lotes se consideren propios de la actora Paola Mariana Cors Careaga por el solo hecho de ser hija, sino más bien establecen de manera lógica que existió un relación entre Daysi Careaga Alurralde de Cors con los esposos Ruiz-Cors, constituyéndose estos últimos en deudores de aquella. Por tal motivo, no se verifica que, en relación a la pretensión de declaración de bien propio, respecto a los documentos citados, los jueces hubieren apreciado erróneamente esas pruebas.

Ahora bien, no resulta adecuado ni pertinente que la recurrente intente un examen de los montos percibidos laboralmente por el demandado en forma unilateral, pues se debe comprender que, conforme el art. 176 de la Ley N° 603,  los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de gananciales,  comunidad que se constituye aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que el otro; por lo que la ganancialidad no puede establecerse  desde una perspectiva de quien aporta más o menos al peculio familiar, y en esa misma lógica, qué bienes son propios o no, olvidando que el derecho de familia tiene como principio rector la presunción de ganancialidad y que los frutos obtenidos de los bienes propios de uno de los cónyuges beneficia a la ganancialidad del matrimonio, conforme establece el art. 188 inc. b) de la Ley N° 603.  

4. La recurrente en otro agravio sostiene que se violó el precepto del art. 200 del Código de Comercio por omisión indebida, y que los arts. 199 y 200 del mismo cuerpo legal en su interpretación establecen principio de verdad formal, y que corresponde al Tribunal de casación aplicar el principio de verdad material y establecer que jamás el demandado pudo pagar íntegramente el 10% de las cuotas de la Sociedad Médico Quirúrgico del Sur SRL.

Al agravio expresado, se debe señalar que el mismo no fue planteado en el recurso de apelación, por lo cual no se obtuvo respuesta ante esa instancia, entendiendo que ese actuar supone saltar etapas recursivas para llegar a la instancia casacional, lo cual no está permitido en nuestro sistema recursivo, inhibiendo a este Tribunal de casación el examen de dicho agravio, por la carencia de debate del mismo en la instancia inferior.

5. Se señaló violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 190 de la Ley Nº 603, ya que contra la presunción de ser comunes los bienes adquiridos dentro matrimonio, la ley admite prueba en contrario, que como se demostró Natalio Fernando Ruiz Cortez reconoció que el 10% de las cuotas de la sociedad le fueron atribuidos por su calidad de esposo y que el dinero para la compra de los dos lotes además de la construcción y equipamiento de la clínica fueron producto de préstamos obtenidos y pagados por Daysi Careaga Alurralde garantizados con bienes de la actora y sus hermanos, lo que desacredita la presunción de ganancialidad.

En relación al agravio, conforme se expresó supra, el hecho de haberse establecido que el préstamo para la compra de los lotes fue con el respaldo económico de la suegra del demandado, no establece que ese bien se torne en propio de la actora, por el solo hecho de ser su hija, ya que no existe acreditación que la madre hubiera otorgado en donación o en anticipo de legítima para que así se considere, por lo menos no existe prueba concreta y fehaciente al respecto, tanto así que en la declaración de Daysi Careaga Alurralde de Cors a fs. 1373, manifestó que era para ella la compra del terreno y que no puso a su nombre por problemas que tenía su hermano en Sucre, incidiendo:  “ese año tuve que adquirir a mi nombre y por esa razón decidí poner a su nombre de mi yerno y solo por eso se puso a su nombre”, por lo que no existe manifestación, ni prueba que establezca que Daysi Careaga Alurralde de Cors entregó el dinero que se prestó  para la compra de los lotes  como donación o anticipo de legítima a su hija Paola Mariana Cors Careaga, para que se entienda que ese dinero pueda considerarse como propio de la actora, por ello es que en instancia se estableció una situación de acreencia de Daysi Careaga Alurralde de Cors frente a los esposos Ruiz-Cors. En tal caso, no existiendo prueba fehaciente que demuestra la naturaleza de bien propio, no puede señalarse de conculcado el art. 190 de la Ley Nº 603, pues no se desvirtúo la ganancialidad de aquellos bienes. 

Se agrega que el hecho de que la garantía del préstamo hubiera sido con un bien de los hermanos Cors-Careaga resulta insustancial, pues al ser un contrato accesorio, no coadyuva a establecer el hecho central que se considere que el bien comprado hubiere sido propio de la actora.

6. Denunció de infracción por omisión indebida del art. 177 con relación al art. 179 inc. b) de la Ley Nº 603, argumentando que el auto de vista omitió considerar que los dos lotes adquiridos fueron obtenidos por préstamos de su madre, cancelados por ingreso del Colegio Santa María, que además son de propiedad de los hermanos Careaga-Cors adquiridos mediante anticipo de legítima por estos; además para la construcción de la clínica se vendió el inmueble Hostal Paola de calle Colón Nº 138 que era de propiedad de los esposos Cors-Careaga a favor de los esposos Pozo-Vega, por lógica consecuencia son bienes propios de modo directo por mandato del art. 179 inc. b) de la Ley Nº 603 siendo el resultado de un anticipo de legítima por el padre de la actora.

El agravio increpa infracción indebida del art. 177 con relación al art. 179 inc. b) de la Ley Nº 603, sin embargo, la recurrente no establece cuál bien recibió como legado, herencia o donación y la prueba que constate esa adquisición, respecto a los bienes antes referidos, pues el hecho que Daysi Careaga Alurralde de Cors hubiera realizado el préstamo del dinero para la compra de los lotes, no establece que fue como anticipo de legítima para su hija, por lo menos no existe declaración de esa situación.

Por otro lado, si se pretende discutir la situación de concurrencia de Natalio Fernando Ruiz Cortez con el 10% de aporte en la Sociedad Médico Quirúrgica del Sur S.R.L., debe ser mediante el cuestionamiento de la constitución y modificación de la sociedad en cuanto a los verdaderos aportes realizados por los socios, más no en este proceso de origen familiar que tiene como límite establecer la situación de bien propio ante divergencia con otros gananciales.

Por los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 401.I inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts.  41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 401.I inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1467 a 1475, interpuesto por Paola Mariana Cors Careaga contra el Auto de Vista SFNA Nº 038/2019 de 8 de febrero, cursante de fs. 1452 a 1457, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas.

Se deduce el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.