TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

 S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 734/2019

Fecha: 31 de julio de 2019

Expediente: CB 21 19 - S

Partes: Pastor Suñiga Quispe. c/ Greby Rodrigo Luizaga Andia y Erick Orlando

             Luizaga Andia.

Proceso: Anulabilidad de documento.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 232 a 239 vta., interpuesto por Pastor Suñiga Quispe a través de su representante legal Eloy Martín Cari Navarro contra el Auto de Vista de 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 222 a 224 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso anulabilidad de documento, seguido a instancia del recurrente contra Greby Rodrigo Luizaga Andia y Erick Orlando Luizaga Andia; el Auto de concesión al recurso de casación cursante a fs. 243, el Auto Supremo de admisión Nº 280/2019-RA de 25 de marzo de fs. 249 a 250, y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Pastor Suñiga Quispe planteó demanda de anulabilidad de documento de venta de bien inmueble mediante memorial de fs. 18 a 21, subsanado de fs. 31 a 33 vta., en contra de Greby Rodrigo Luizaga Andia y Erick Orlando Luizaga Andia, afirmando haber arribado a un acuerdo con Efraín Orlando Luizaga Amurrio para la compra venta de su bien inmueble ubicado en la zona Arocagua en la calle Maravillas s/n con una extensión superficial de 515 m2 en la localidad de Sacaba, en la suma de $us. 21.000, a la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Arocagua-Puntiti Ltda., por lo que se hizo una minuta de venta y un documento privado de venta. Posteriormente, se efectuó el reconocimiento de firmas ante la Notaría de Fe Pública, empero resulta que el contenido de ambos documentos fue alterado actuando el comprador con mala fe, dolo, malicia, mala intención aprovechándose de su condición de la tercera edad, ignorancia, que apenas puede leer. En la minuta figura la suma de Bs. 20.000, y en el documento privado de compra venta se consigna Bs. 296.496 equivalente a $us. 42.661,29; suma de dinero que no se acordó, dicho documento fue adulterado material e ideológicamente. Asimismo, siendo falso que haya recibido Bs. 163.248 y que el saldo sería de Bs. 133.248. Sin embargo, como compradores figuran los hijos del presidente de la Cooperativa, que responden a los nombres de Greby Rodrigo Luizaga Andia y Erick Orlando Luizaga Andia. Por lo que existió un error sustancial sobre la identidad y cualidades del otro contratante, figurando otros nombres. Advirtiendo dolo, mala fe y un error de cálculo del precio al consignar la minuta la suma de Bs. 20.000.

Citados los demandados, Greby Rodrigo Luizaga Andia y Erick Orlando Luizaga Andia mediante su apoderado Jorge Inochea Rojas, se apersonan y plantean excepción previa de obscuridad, contradicción o imprecisión de la demanda cursante de fs. 47 a 48 vta.

2. El Juez Público Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Sacaba del departamento de Cochabamba pronunció Sentencia de 10 de abril de 2017, cursante de fs. 150 a 152, declarando IMPROBADA la demanda en todas sus partes sin costas.

3. Resolución de primera instancia que al ser apelada por Pastor Suñiga Quispe, mereció el Auto de Vista de 14 de noviembre de 2017 que resolvió CONFIRMAR en forma total la sentencia con costas y costos.

Argumentó el Tribunal Ad quem, no advertir ninguna circunstancia que amerite la nulidad de obrados por cuanto la resolución fue suficientemente fundamentada y conteniendo el razonamiento lógico jurídico.

Sobre la denuncia de incongruencia de la sentencia no fue evidente por cuanto el actor demandó la anulabilidad de los dos documentos de 21 de noviembre de 2014 y su reconocimiento de firmas al amparo del art. 554 num. 4) y 5) del Código Civil y el juez A quo declaró improbada la demanda, señalando que el actor no presentó prueba para acreditar el error sustancial sobre la materia o cualidades de la cosa y el error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona.

En cuanto a la errónea apreciación de la prueba, sobre el precio de Bs. 20.000 y existiendo otro documento con el precio real de Bs. 296.000 teniéndose que la prueba testifical de cargo no demostró los hechos ni las causales de anulabilidad porque se limitaron en señalar que el terreno tenía que comprar la Cooperativa y no así los hijos de Orlando Luizaga, afirmaciones que no desvirtúan la validez de lo actuado ante el Notario de Fe Pública.

Sobre la afirmación de la suscripción de los documentos mediante engaños no fue demostrado con prueba pertinente y suficiente.

Finalmente, según el art. 1283 del Código Civil, correspondía a la parte demandante probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión, norma concordante con el art. 375 del Código de Procedimiento Civil, de manera que logre en el juzgador un grado de convicción para dar por cierto los hechos alegados.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por Eloy Martín Cari Navarro en representación de Pastor Suñiga Quispe, se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

1. Que en apelación denunció haberse omitido valorar la demanda, falta de contestación a la prueba y el auto de vista recurrido, indicó que la pretensión se resolvió de la manera como fue demandada y no advirtió incongruencia, considerando la acusación como algo formal, cuando no solicitó anulación del proceso, siendo la contestación esencial en el proceso vulnerando los arts. 345, 346 nums. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil abrogado y 125 num. 2) y 127.I y II del Código Procesal Civil. Aspectos no considerados en el marco de la congruencia externa que exige la determinación judicial entre el planteamiento de las partes y citó el Auto Supremo N° 529/2016 de 19 de mayo. Además se vulneraron los derechos y garantías de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica prevista en los arts. 24, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado concordante con los arts. 1 num. 2), 4 y 5 de la Ley N° 439.

2. Que el Tribunal Ad quem incurrió en error de derecho en la apreciación de las pruebas, debido a que los hechos alegados por las partes deben ser verificados con los medios probatorios para ser valorados conforme a los arts. 1286 del Código Civil, y 397 del Código de Procedimiento Civil. En el caso de autos se ha denunciado la falta de valoración de la prueba testifical, entre estas la de Pedro Julio Peñarrieta, y las literales de la minuta, documento privado y sus respectivos reconocimientos, faltando valoración integral de las pruebas. Además, denunció la falta de contestación a la demanda y a los elementos de prueba acompañados, cuya omisión constituyó una aceptación tácita al valor de dichos documentos por lo que existe error de derecho así también no se tomó en cuenta los arts. 125, 145.I.II y 153 del Código Procesal Civil.

3. Alegó que el auto de vista recurrido incurrió en error de hecho omitiendo la apreciación de las pruebas presentadas en conformidad  con el art. 261.III num. 4) y 145 del Código Procesal Civil, consistente en fotocopias legalizadas de las Actas de asambleas de socios de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable Arocagua-Puntiti cursantes de fs. 154 a 186 vta., carta notariada de 21 de diciembre de 2015, citación de la Policía de Conciliación Ciudadana de 11 de enero de 2016, muestrario fotográfico y avalúo de inmueble de 17 de febrero de 2017. Además, se vulneraron los derechos garantías de legalidad, debido proceso, igualdad y seguridad jurídica previstos en los arts. 24, 115 num. 2), 119.I.II y 120 de la Constitución Política del Estado concordante con los arts. 1 num. 2), 4 y 5 del Código Procesal Civil.

Petitorio:

Solicitó casar el auto de vista y declarar procedente el recurso con el pago de costas, daños y perjuicios.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del Código Civil y 145 del Código Procesal Civil.   

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 señaló que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

III.2. Congruencia externa.

El art. 265.I del Código Procesal Civil señala; “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación” la norma describe el factor de la congruencia externa de las decisiones de segunda instancia, y ante acusaciones de una sentencia infra petita o insuficientemente motivada, permite al Tribunal Ad quem sanear el defecto procesal cometido por el juez.

En relación a la congruencia externa e interna el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre razonó que: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es por ello que una resolución judicial, en mérito al principio de congruencia, debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, (…) se resume en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, es devuelto cuanto se apela, que establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante”.

III.3. Sobre el error sustancial sobre la identidad de la persona.

Auto Supremo Nº 253/2002 del 28 de agosto de 2002, precisa la distinción existente entre error esencial y error sustancial, señalando lo siguiente: “Que efectivamente el error esencial constituye causa de nulidad según se infiere del ordinal 4°) del art. 549 del Cód. Civ. y éste debe recaer sobre la naturaleza del contrato o también sobre el objeto del mismo. Si bien el error -latu sensu- es vicio del consentimiento, sin embargo no debe perderse de vista que aquel tiene diferentes clases y manifestaciones como el "esencial" distinto al "sustancial" y de "cálculo", pues el primero se circunscribe a la naturaleza misma del contrato o sobre el objeto de la relación jurídica contractual, en tanto que el sustancial reside sobre las cualidades o virtudes, si se quiere características de la cosa que motiva otorgar el consentimiento, o también sobre la identidad o cualidades de la persona con quien se contrata, cuando éstas han sido las que impulsaron a contratar. Finalmente, el error de cálculo no causa ningún efecto, porque su comisión da lugar a una rectificación, pues, no enerva el fondo mismo ni del contrato menos del objeto. El error sustancial por los efectos y connotaciones que tiene en la relación jurídica contractual es causa de anulabilidad, como se infiere de los casos 4° y 5° del art. 554 del indicado Substantivo Civil”.

En consecuencia, se entiende por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona son causales de “anulabilidad” cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato, o sea cuando se trata de contratos “intuitu personae”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

A continuación se procede a absolver los agravios planteados por Eloy Martín Cari Navarro como apoderado del actor:

1. Sobre la sentencia dictada por el juez A quo sostiene el recurrente que se incurre en incongruencia con las pretensiones de las partes, cuando no se toma en cuenta la falta de contestación del demandado respecto a la demanda y la prueba literal adjuntada, aspecto que vulnera los arts. 345 y 346 nums. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil abrogado 125 num. 2) y 127.I y II del Código Procesal Civil. Aspectos no considerados en el marco de la congruencia externa que exige la determinación judicial entre el planteamiento de las partes y cita el Auto Supremo N° 529/2016 de 19 de mayo.

Al respecto, el actor en su demanda cursante de fs. 18 a 21 y subsanada de fs. 31 a 33 vta., explica las causales de anulabilidad de contrato conforme al art. 554 nums. 4) y 5) del Código Civil. Asimismo, respecto a su petición a fs. 33 indica: “Probada la demanda en todas sus partes y haber lugar a la anulabilidad de la minuta de transferencia de fecha 21 de noviembre de 2014 (…) y el documento privado de compra-venta de fecha 21 de noviembre de 2014…”. Los demandados citados con la demanda se apersonan y plantean excepción previa de obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda cursante a fs. 47 a 48 vta., donde efectúan su observación a la demanda.

El juez A quo en audiencia preliminar declara improbada la citada excepción mediante Auto de 24 de febrero de 2017 y fija el objeto del proceso a fs. 130, precisando lo que el demandante debe probar: “1) Que hubo acuerdo de la transferencia del lote de terreno en el 50% de la superficie de 1030,00 m2 y que dicho acuerdo lo ha realizado con Orlando Luizaga Amurrio por un precio de $us. 21.000; 2) Debe demostrar ser titular del inmueble del que otorgó su transferencia; 3) “La existencia de dolo y error en las personas y en el objeto además del precio por existir tres precios distintos sobre el mismo objeto” y en el punto 4) “La procedencia de la acción de anulabilidad”.

En la sentencia a fs. 151 y vta., se aprecia la determinación asumida en el punto de los “hechos no probados”, donde señala: “1) La parte actora no ha demostrado su pretensión de fondo por cuanto no ha acreditado su afirmación de que solo compareció a la Notaría a firmar el documento y posteriormente reconocieron otras personas dicho documento. 2) Tampoco ha demostrado las causales de anulabilidad previstas en el art. 554 incs. 4 y 5 del Código Civil con prueba idónea y objetiva”. Posteriormente, el Juez A quo en la sentencia efectúa la subsunción sobre el fondo del caso para declarar improbada la demanda en la parte dispositiva.

De los actuados reproducidos se verifica que la sentencia es congruente, debido  que está conforme a los lineamiento procesales estipulados en el Código Procesal Civil desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia, no advirtiendo modificación con relación a la pretensión de la parte actora que es la anulabilidad de la minuta y del documento privado de compra venta de 21 de noviembre de 2014. También la sentencia señala con claridad cuáles fueron los puntos probados, como los no probados para declarar improbada la demanda.

En este sentido el juez A quo no se aparta de la pretensión del actor existiendo correspondencia entre lo pedido y resuelto con la decisión de fondo asumida en primera instancia con el fundamento de la falta de prueba idónea y objetiva, llegándose a deducir que la parte demandante no cumple con la carga de la prueba conforme señala el art. 136.I del Código Procesal Civil estando la decisión conforme a la doctrina aplicable explicada en el apartado III.2 de la presente resolución.

Por otra parte, se establece que los demandantes no contestan a la demanda, sino que plantean excepción previa de obscuridad contradicción o imprecisión en la demanda mediante memorial cursante de fs. 47 a 48 vta., en consonancia al art. 128 del Código Procesal Civil y asimismo, dentro del marco de la defensa los demandados tienen la posibilidad de allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, contestar, elegir entre contestar, presentar excepción o deducir reconvención acorde al art. 126 del Código Procesal Civil. 

Tampoco se verifica la vulneración a los arts. 125 num. 2) y 127.I y II del Código Procesal Civil, porque las normas no dicen que ante la falta de contestación a la demanda el juez determinara directamente como probados todos los hechos alegados en sentencia, sino que el juez A quo como producto del desarrollo del proceso, tiene que proceder a la valoración conjunta de toda la prueba aportada por las partes para emitir su decisión. Además, no se advierte existencia de allanamiento a la demanda por el hecho de la falta de respuesta del demandante no significando desde ningún punto de vista aceptación de la parte demandada a la pretensión del actor. 

Con relación a la prueba presentada por la parte demandante, el juez A quo a momento de dictar la sentencia en primera instancia efectúa la valoración de las pruebas en el sentido material. Esto quiere decir que el juez se concreta a evaluar la prueba, a decidir el conflicto, estableciendo los hechos probados por las partes, aplicando razonamientos de acuerdo a su entendimiento humano y jurídico, por lo que, la valoración efectuada en la sentencia está dentro de los parámetros establecidos en los arts. 1286 del Código Civil y 145 del Código Procesal Civil.

En ese entendido, la falta de manifestación de los demandados sobre las pruebas presentadas en el caso que se analiza, no implica que las mismas demuestren todos los hechos, ya que la instancia destinada al diligenciamiento de la prueba ofrecida por las partes se produce en la audiencia preliminar a momento de precisar los puntos de hecho a probar y culminada la fase probatoria se procede a la valoración de la prueba para emitir la decisión.

Dentro del razonamiento explanado se concluye que el auto de vista recurrido no comete incongruencia, ni omisiones estando dentro del parámetro establecido en el art. 265.I del Código Procesal Civil. Por lo que no se advierte vulneraciones señaladas por el recurrente en los arts. 125 num 2) y 127.I y II del Código Procesal Civil.

Finalmente, en cuanto al Auto Supremo N° 529/2016 de 19 de mayo, al respecto de su contenido se llega a establecer que se trata de un proceso de resolución de contrato, en el cual se efectúa el examen de fondo sobre dicho instituto civil, por lo que no es aplicable al caso.

2. En cuanto al reclamo de la parte recurrente que indica que el Tribunal Ad quem incurre en error de derecho en la apreciación de las pruebas conforme a los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil. En el caso de autos se denuncia la falta de valoración de la prueba testifical, entre estas, la de Pedro Julio Peñarrieta y las literales de la minuta, documento privado y sus respectivos reconocimientos, faltando la valoración integral de las pruebas de acuerdo al art. 145.I.II del Código Procesal Civil.

Corresponde señalar al respecto que el recurrente cuestiona la falta de valoración de prueba testifical producidas en la audiencia preliminar, entre estas declaraciones se cuenta con el testimonio de Filemón Ledezma Céspedes quien señala que: “…en la reunión de Chillichi agosto de 2014 se ha acordado que el demandado venda su lote a la Cooperativa y que Orlando Luizaga estaba como presente y que no se cumplió con lo acordado en la charla porque apareció a nombre de sus hijos…”. Dicha declaración no evidencia cómo se suscriben los documentos y otros datos sustanciales a objeto de determinar los hechos demandados.

Por otra parte, el testigo Pedro Julio Peñarrieta Quiroga, en su declaración a fs. 136 vta. indica: “…que era una reunión de amigos para que el terreno pase a manos de la Cooperativa señala que no hubo acta (…) responde que no hay constancia de ello y que solo fue verbal (…) solo sabe por lo que dijo el demandante en una reunión de la Cooperativa (…) no sabe si los demandados le han dado dinero al demandante”. De la declaración se deduce que no existe un acta o resolución escrita para la transferencia del bien inmueble a la Cooperativa y sobre los documentos firmados el testigo conoce el hecho por manifestación del demandante. El testimonio no tiene credibilidad para afirmar categóricamente si hubiese error sustancial sobre la persona o la materia.

El último testigo Marcelino García Luizaga a fs. 137, indica lo siguiente: “…el demandante se ha ido quejando de que ha sido estafado pidiendo ayuda de los socios y a través de panfletos se enteró de la estafa (…) señala que no sabe, así como tampoco sabe cuánto dinero le han dado al demandante”. Por lo que se concluye que no es un testigo presencial de la firma de los documentos y de cómo habría sucedido el error sustancial en la persona o la materia, disminuyendo la credibilidad del testimonio.

De obrados se tienen las pruebas literales consistente en la minuta de transferencia del lote de terreno de fs. 1 vta., y su reconocimiento de firmas de fs. 2 vta., asimismo el documento privado de compra venta de fs. 3 a 4 más el reconocimiento de firmas de fs. 5 vta. Estos documentos son suscritos el 21 de noviembre de 2014, expresando la realización del negocio jurídico de la venta efectuada por Pastor Suñiga Quispe en favor de Greby Rodrigo Luizaga Andia y Erick Orlando Luizaga Andia y además cuenta con la firma de José Guzmán Quiroga, que es vecino, compadre y apoderado del demandante.

Se advierte de las pruebas literales citadas, que se efectúa en la Notaría de Fe Pública el reconocimiento de firmas de la minuta de transferencia el día 21 de noviembre de 2014 a hrs. 11:50 (fs. 2) y más tarde a hrs. 15:00 (fs. 5) reconocen las firmas del documento privado, por lo que, los firmantes concurrieron por dos veces consecutivas a la Notaría de Fe Pública a objeto de firmar de manera directa tanto el actor como su apoderado. Por lo que, no es creíble la versión de que no se hayan dado cuenta del contenido de la minuta, ni del documento privado y además contando como testigo a José Guzmán Quiroga que participa en la firma de los documentos.

También constan otras pruebas adjuntadas a la demanda donde se demuestra el derecho propietario del actor con relación al bien inmueble de la litis. En cuanto a los diferentes precios en ambos documentos, no es un acto ilegal porque en la venta de bien inmueble es factible realizar dos documentos con diferente precio dentro del marco de la autonomía de voluntad y acuerdo entre partes dada la naturaleza del contrato.

Las pruebas producidas en la presente causa tanto las testificales como las literales son objeto de valoración por el Tribunal Ad quem conforme señala la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.1 y III.3, ya que se hizo una valoración integral tanto de las pruebas testificales como de las literales, los cuales no son conducentes para determinar el error sustancial tanto en la materia como en la persona. Asimismo, no se cuentan con los suficientes elementos que demuestren la existencia de dolo, la falsedad ideológica en el objeto, cualidades e identidad de la otra persona, tal cual como se plantea en la demanda.

En ese entendido, para ser viable el error sustancial sobre las cualidades de la cosa, debió ser determinada dentro de las características descritas del bien inmueble, que corresponden al mismo bien inmueble objeto de la compra venta. Por otro lado, en cuanto a los precios distintos en cada uno de los contratos (minuta y documento privado) y además con el supuesto acuerdo verbal de la venta de $us. 21.000 no implica un error de cifras, ya que se firmaron entre las partes y luego se hizo el respectivo reconocimiento de firmas ante la Notaría de Fe Pública.

En relación al error sustancial sobre la identidad o las cualidades de las personas se evidencian de los documentos suscritos el 21 de noviembre de 2014, que se ha efectuado el contrato de compra venta entre el actor con Greby Rodrigo Luizaga Andia y Erick Orlando Luizaga Andia. No se cuentan con otras pruebas conducentes de que la venta indefectiblemente debió corresponder a la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Arocagua-Puntiti Ltda., empero se lo hace en nombre de las personas naturales que corresponde a los hijos de Orlando Luizaga Amurrio, por lo que ante la falta de pruebas el Tribunal Ad quem ha definido con certeza debido a la falta de medios probatorios para comprobar los parámetros establecidos en el art. 554 num. 5) del Código Civil.  

Por lo que el Tribunal Ad quem efectúa una valoración y fundamentación correcta de las pruebas ofrecidas y producidas en primera instancia, no existiendo error de derecho estando conforme a los cánones establecidos en los arts. 1286 del Código Civil y 145.I.II de la Ley N° 439.

3. En cuanto a que el auto de vista recurrido contiene error de hecho omitiendo la apreciación de las pruebas presentadas en conformidad a los arts. 261.III num. 4) y 145 del Código Procesal Civil, consistentes en fotocopias legalizadas de las actas de asambleas de socios de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable Arocagua-Puntiti cursantes de fs. 154 a 186 vta., carta notariada de 21 de diciembre de 2015, citación de la Policía de Conciliación Ciudadana de 11 de enero de 2016, muestrario fotográfico y avalúo de inmueble de 17 de febrero de 2017. Además, se vulneran los derechos garantías de legalidad, debido proceso, igualdad y seguridad jurídica previstos en los arts. 24, 115 num. 2), 119.I.II y 120 de la Constitución Política del Estado concordante con los arts. 1 num. 2), 4 y 5 del Código Procesal Civil.

En la presente causa, el juez A quo procede a dictar sentencia, posteriormente la parte actora a momento de interponer recurso de apelación acompaña prueba cursante de fs. 154 a 198, donde solicita diligenciamiento de prueba por motivo de fuerza mayor que impidió su presentación o producción antes de finalizada la primera instancia.

Mediante Auto de 19 de octubre de 2017 cursante a fs. 213, el Tribunal Ad quem, previo a considerar la apelación planteada, procede a resolver el petitorio de diligenciamiento de prueba propuesta por el actor rechazando la misma, indicando que la prueba no fue presentada en su oportunidad no cumple con el precepto establecido en el art. 261.III num. 4) del Código Procesal Civil.

Notificadas las partes con la resolución citada, el actor deja pasar el momento oportuno ya que no presenta reclamo alguno contra la decisión asumida por el Tribunal Ad quem. Acto seguido, el demandante mediante memorial de 26 de octubre de 2017, a fs. 218, solicita dictar providencia disponiendo el sorteo adelantado y considerar la prueba literal propuesta a tiempo de formular apelación. Ante dicho petitorio, emerge el Auto de 27 de octubre de 2017 de fs. 219 vta., donde el Tribunal de alzada adelanta la resolución sin considerar la audiencia de diligenciamiento de prueba en segunda instancia en el entendido de haberse resuelto la pretensión en anterior resolución.

Se concluye que el actor ante el rechazo de su solicitud de diligenciamiento de pruebas en segunda instancia mantiene una actitud pasiva pese a su notificación de fs. 214, convalidando el acto y operándose la preclusión conforme el art. 16.II de la Ley del Órgano Judicial. 

Del análisis efectuado se infiere que no existe omisión en la apreciación de las pruebas adjuntadas en el recurso de apelación por lo que no se vulnera el art. 145 del Código Procesal Civil y en este sentido el auto de vista no incurre en error de hecho debido a que no existía prueba que valorar en segunda instancia.

Por último, en relación a los derechos y garantías establecidos en los arts. 24, 115.II, 119.I.II y 120 de la Constitución Política del Estado y 1 num. 2), 4) y 5) del Código Procesal Civil, como resultado de la revisión de los agravios planteados, en los cuales no se advierte análisis, ni precisión intelectiva entre los hechos con relación a los derechos y garantías supuestamente vulnerados, sino que se aboca como un aditamento al final de los argumentos esgrimidos en los agravios, no cumpliendo con las exigencias establecidas en el art. 274 num. 3) del Código Procesal Civil, además a tiempo de examinar el auto de vista no se advierte vulneración tal cual se explana en los fundamentos de la presente resolución.

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 232 a 239 vta., interpuesto por Pastor Suñiga Quispe a través de su representante legal Eloy Martín Cari Navarro contra el Auto de Vista de 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 222 a 224 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas y ni costos, al no haberse contestado al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.