TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 732/2019

Fecha: 29 de julio de 2019

Expediente:        LP-45-19-S

Partes: Margarita Calle Vda. de Luna, Lucas, Jerónimo, Benito, Concepción y Paola todos Luna Calle c/ Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

Proceso: Mejor derecho propietario.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1136 a 1142 vta., y de fs. 1145 a 1147 interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto representado legalmente por L. David Acarapi Aruquipa, contra el Auto de Vista Nº 257/2018 de 30 de agosto, cursante de fs. 1060 a 1063 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de mejor derecho propietario interpuesto por Margarita Calle Vda. de Luna, Lucas, Jerónimo, Benito, Concepción y Paola todos ellos Luna Calle contra la entidad recurrente, el memorial de contestación al recurso de fs. 1151 a 1154; el Auto interlocutorio de concesión del recurso de 6 de febrero de 2019 que cursa a fs. 1155; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 282/2019-RA de 25 de marzo que cursa de fs. 1177 a 1178 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Margarita Calle Vda. de Luna, Lucas, Jerónimo, Benito, Concepción y Paola todos Luna Calle por memorial que cursa de fs. 34 a 36 vta., que fue subsanado a fs. 40, iniciaron demanda ordinaria de mejor derecho propietario; acción que fue interpuesta contra el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; entidad municipal que una vez citada, por memorial que cursa de fs. 49 a 50 vta., contestó a la demanda de forma negativa.

Bajo esos antecedentes y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Primero de la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, mediante Sentencia Nº 157/2017 de 2 de marzo, que cursa de fs. 889 a 897, declaró PROBADA la demanda principal y la tercería coadyuvante; reconociendo en consecuencia el mejor derecho de propiedad por prevalencia que asiste a Margarita Calle Vda. de Luna, Lucas, Jerónimo, Benito, Concepción y Paola todos Luna Calle sobre el bien inmueble ubicado en el Ex Fundo Seque colindante con la actual Urbanización San Felipe Seque de la ciudad de El Alto, con una extensión superficial de 34.200 m2, disponiendo que los actores puedan ejercer todas las acciones tendientes al uso, goce y disfrute de su derecho propietario respaldado por el art. 56 de la C.P.E.

  1. Resolución que, puesta en conocimiento de las partes en litigio, dio lugar a que el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto representado legalmente por Daniel Oswaldo Jurado Durán mediante memorial de fs. 900 a 910 interpusiera recurso de apelación.
  2. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 257/2018 de 30 de agosto que cursa de fs. 1060 a 1063 vta., donde el Tribunal de alzada en lo más sobresaliente de dicha resolución señaló que como medios objetivos para acreditar la ubicación del inmueble objeto de litis se tendría el certificado del Instituto Nacional de Reforma Agraria, certificado de emisión de título emanado por el INRA, los cuales acreditarían que Manuel Luna fue beneficiado con la dotación individual de 10.0000 Has., mismas que fueron divididas en cuatro parcelas, la primera que tendría una superficie de 6.0000 Has y colinda al Norte con Juan Chura y Pedro Choque, al Sur con Néstor Vicencio, al Este con Hda. Mercedario y al Oeste con Santiago Condori, datos que habrían sido ratificados por los planos de fs. 16, 17, 18 y 117 si bien carecen de sellos y firmas del ente municipal, los mismos informarían objetivamente la ubicación del inmueble. Del análisis de la inspección judicial a la unidad de Catastro de la ciudad de El Alto y del plano de fs. 153, se tendría plena certeza que el inmueble se encontraría ubicado en la Urbanización San Felipe de Seque dentro el Sector 5 de aproximación al Aeropuerto de El Alto, por lo que existiría sobre posición de derechos entre la parte actora y el ente municipal; corroborando lo anterior, los terrenos vendidos por los actores a los terceros coadyuvantes, el acta de inspección de fs. 506 a 509 y el acta de demolición de fs. 515 a 530, señalarían como ubicación del inmueble el sector 5 de la urbanización “San Felipe de Seque”. Con relación a que en el lugar donde se designó como ubicación del inmueble no se tendría ninguna extensión con esa calidad de “terreno rústico”, arguyeron que, si bien sería cierto que dicho extremo no se acreditó, empero el mismo no sería suficiente motivo para rechazar la pretensión. Finalmente, de la revisión de los antecedentes dominiales de ambos sujetos procesales concluyeron que la parte actora tendría mejor derecho, pues este se remontaría al 13 de noviembre de 1967 y del ente municipal al 20 de mayo de 2014.

Fundamentos estos en virtud a los cuales el citado Tribunal de apelación CONFIRMÓ la sentencia apelada, sin costas ni costos por ser la parte demandada una entidad estatal.

De igual forma ante las solicitudes de aclaración, enmienda o complementación interpuesta por los terceristas a través del memorial de fs. 1125 y vta., y por la entidad municipal demandada de fs. 1132 a 1133 vta., el Tribunal Ad quem pronunció los Autos de 29 de noviembre de 2018 cursante a fs. 1126 y 1134, respectivamente.

  1. Fallos de segunda instancia que, puestos en conocimiento de las partes procesales, ameritó que el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto representado legalmente por L. David Acarapi Aruquipa, interpusiera recurso de casación, el cual se pasan a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del examen minucioso de los memoriales que cursan de fs. 1136 a 1142 vta., y de fs. 1145 a 1147 interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto representado legalmente por L. David Acarapi Aruquipa, se tiene los siguientes reclamos:

  1. Acusa la omisión valorativa del informe de Derechos Reales que cursa a fs. 39 de obrados, prueba que señalaría que el inmueble de 60.000 m2 de superficie, habría sufrido mutaciones y transferencias existiendo una superficie restante de 44.049,76 m2 y en la casilla de observaciones se encontraría consignada una cesión a favor de la HAM Partida Nº 1684, Fs. 1684, Libro 40 de 1984, situación que ocasionaría indefensión en la parte recurrente.
  2. Refiere que el objeto del proceso no sería preciso y no guardaría relación con los documentos adjuntados, máxime cuando la parte actora no habría acreditado ser propietario de una superficie de 60.000 m2., al contrario, existiría prueba que demostraría que los Comunarios de la Ex Comunidad Seque para aprobar su planimetría suscribieron la EE.PP. Nº 83/1984 de 4 de junio y minuta de transferencia de noviembre de 1983, a través del cual cedieron para vías públicas y áreas verdes, quedando limitada la partida de Manuel Luna Ramos a una superficie de 10.542 m2., documentales que no habrían sido valoradas, toda vez que la declaratoria de mejor derecho propietario debe ser en base a las pruebas adjuntas.
  3. Aduce la falta de motivación y fundamentación en el Auto de Vista, máxime cuando las autoridades judiciales tendrían el deber de buscar la verdad material de los hechos, por lo que de oficio se debió pedir más informes aclaratorios o la producción de pruebas que se estimare conveniente.
  4. Denunció que al haberse declarado el mejor derecho propietario de los actores sobre una superficie de 34.200 m2 y no sobre los 60.000 m2 demandados, se generaría incertidumbre e indefensión al ente recurrente.
  5. Acusó que los bienes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, al ser públicos y por consiguiente formar parte de los bienes del Estado, serían inembargables, inviolables, imprescriptibles e inexpropiables y no podrían ser aprovechados por particulares como los demandantes, que se sustentan en un folio real que tendría limitaciones en favor de la entidad recurrente.
  6. Refiere que la sentencia como el Auto de Vista recurrido serian incongruentes, pues el mejor derecho habría sido declarado sobre una superficie de 34.200 m2., cuando el objeto de la demanda habría sido un lote de terreno de 60.000 m2.
  7. Finalmente reitera la denuncia de que el Tribunal de alzada no habría valorado ni analizado pruebas que serían trascendentales en el caso de autos.

Por las razones expuestas solicitan se emita Auto Supremo anulando obrados por mala aplicación de normas positivas, contradicciones entre el objeto, petitorio-pretensión y porque existiría errónea valoración de las pruebas.

De la respuesta al recurso de casación.

Margarita Calle Vda. de Luna, Lucas, Jerónimo, Benito, Concepción y Paola todos Luna Calle, contestan al recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:

En razón a dichos fundamentos solicitan se rechace el recurso de casación de la parte demandada o alternativamente se confirme en todas sus partes el Auto de Vista recurrido.

Con los antecedentes mencionados diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la nulidad de oficio.

Conforme lo establece el art. 106 del Código Procesal Civil, la nulidad podrá ser declarada no solo a pedido de parte sino también de oficio y en cualquier estado del proceso siempre y cuando se advierta infracciones que atenten al orden público; concordante con dicha norma, el art. 17.I de la Ley N° 025 (Ley del Órgano Judicial), manifiesta que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.

De lo expuesto se infiere que, si bien a los Tribunales se les permite la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en caso de que una autoridad jurisdiccional advierta algún vicio procesal, éste en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, previamente a tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que la nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine, cuando exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes o en caso de que el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado, tal como ya se orientó en el Auto Supremo Nº 445/2016 de 06 de mayo.

III.2. De la facultad de producir prueba de oficio.

El art. 136.III del Código Procesal Civil dispone que: “La carga de la prueba que el presente Código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial”, en esa misma lógica el art. 24 núm. 3) del mismo cuerpo legal, que regula los poderes de la autoridad judicial refiere como facultad: “Ejercitar las potestades y deberes que le concede este Código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes”; de los citados preceptos normativos, se tiene que los jueces y Tribunales se encuentran facultados para producir prueba de oficio, esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, que se materializan precisamente por el cumplimiento de los principios reconocidos por la Constitución Política del Estado.

En este entendido que este Supremo Tribunal de Justicia a orientado a través de diversos fallos (Autos Supremos N° 690/2014, 889/2015 y 131/2016) que en este nuevo Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que según lo regulado en los arts. 24 núm. 3) y 136.III del Código Procesal Civil, el Juez o Tribunal tiene la posibilidad incluso más amplia (por el principio de verdad material art. 180 de la C.P.E.), de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso. En conclusión, el juez tiene amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

El citado razonamiento tiene sustento en diversos fallos constitucionales que fundamentaron sobre el nuevo Estado Constitucional de Derecho que hoy rige en la justicia boliviana entre ellas podemos citar la SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril que señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana”. Lo que significa que, en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

Así también, acudiendo al derecho comparado la Sentencia N° T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis, minucioso respecto a este principio y la función del juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material. La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso. Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz”.

En este entendido, ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso sobre la duda del juzgador respecto a pruebas que puedan generar confusión en el criterio del mismo, aspectos que harían de la resolución una decisión ineficaz que atentaría contra los principios constitucionales de armonía social y eficacia; la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, ya que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, ya que una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos viene a generar una desconfianza generalizada hacia el órgano judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del Juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho a la defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.

III.3. Del principio de verdad material.

Sobre este tema, la Sentencia Constitucional N° 0713/2010-R de 26 de julio, estableció lo siguiente: “El art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales. El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas” (El resaltado nos corresponde)

III.4. De la acción de mejor derecho propietario.

Con relación a esta acción de defensa del derecho a la propiedad, debemos señalar que si bien es evidente que para la procedencia de la misma, en virtud al análisis del art. 1545 del Sustantivo Civil, deben concurrir tres requisitos: 1) Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes sobre el mismo bien; 2) Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario; y 3) La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad.

Sin embargo con un criterio más amplio, el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre, orientó lo siguiente: “…en una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas… (sic)… la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquirido de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. (El resaltado nos pertenece).

De lo citado se infiere que, para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto esencial es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los títulos debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

En este entendido se puede concluir que actualmente no se puede negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no devienen de un vendedor común, manteniendo un análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria, ni resuelve el conflicto de partes, que es fin esencial del Estado; por lo que en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no basta resolver siguiendo el principio de prelación del registro, sin antes hacer un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de esta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos los fundamentos doctrinarios que han de sustentar la presente resolución, en virtud a la facultad conferida por los arts. 106 del Código Procesal Civil y 17.I de la Ley del Órgano Judicial, que permiten a este Tribunal Supremo de Justicia realizar una revisión de todas las actuaciones procesales, corresponde a continuación realizar las siguientes precisiones:


En ese contexto, refirieron que los 60.000 m2., se encontraría dividido en dos porciones, una correspondiente al área urbana y la otra con una superficie de 34.200 m2., correspondiente al área rústica, superficie ultima sobre la cual el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto de manera dolosa pretendería avasallar, por lo que interpusieron la presente acción contra el citado ente municipal.

En virtud a estas precisiones, debemos señalar que conforme se señaló en el apartado III.4 de la doctrina aplicable al caso de autos, en una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman su derecho de propiedad, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial; sin embargo, de acuerdo a la interpretación extensiva del art. 1545 del Sustantivo Civil, la confrontación del antecedente dominial de cada uno de estos títulos y su antecesores, no se encuentra limitada únicamente a la prelación de registro, pues corresponde también analizar si los títulos de dominio alegado por las partes mantiene o no su validez y vigencia o si esta sufrió cancelaciones, modificaciones o afectaciones, que hayan alterado las características propias del inmueble, para de esta manera, si bien se emitiría una sentencia declarativa de mejor derecho de propiedad, empero esta sea sobre la misma cosa, sobre las características actuales y efectivas del inmueble, ya sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una porción de la superficie).

Bajo esa premisa, en el caso de autos, contrariamente a lo señalado por el Tribunal de alzada, se advierte que la superficie de la cual serían titulares actuales los actores no es precisa, lo que obviamente impide tener certeza de la identidad y ubicación del bien inmueble objeto de litis, pues si se toma en cuenta los fundamentos expuestos por la parte actora, a quien atinge la carga de la prueba, es decir, demostrar los hechos constitutivos de su demanda, esta tenía la obligación de acreditar no solo que su derecho propietario tiene como antecedente dominial la dotación agraria realizada en favor de Manuel Luna sobre una extensión superficial de 10.0000 Has, superficie que se encontraba dividido en 4 parcelas, comprendiendo una de ellas la superficie de 6.0000 Has., la cual tendría prelación de inscripción con relación a la parte demandada; sino que, conforme a lo señalado por los actores, debieron acreditar que cuentan con derecho propietario vigente y válido sobre la superficie de 60.000 m2 que emerge de una superficie mayor que comprendía 10.0000 Has., y posteriormente demostrar que esta se encuentra ubicada en la “Urbanización San Felipe de Seque”, de los cuales únicamente 28.900,37 m2 habrían sido urbanizados y que existiría una “superficie rústica” restante de 34.200 m2 sobre el cual el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto alegaría su derecho propietario.

Sin embargo, conforme a las precisiones realizadas anteriormente, se advierte que los jueces de instancia, se limitaron simplemente a analizar cuál de los sujetos procesales habría inscrito con prelación su derecho propietario, omitiendo analizar medios probatorios, que no solo harían referencia al tracto sucesivo del derecho de dominio de la parte actora, pues conforme a las precisiones realizadas supra, existirían pruebas documentales que no fueron valoradas por el juez de la causa, y que resultan trascendentales en el caso de litis, toda vez que las mismas hacen referencia a las modificaciones que habría sufrido la superficie del derecho de dominio de Manuel Luna (causante de los actores), donde se observa cesiones y observaciones que afectan tanto la superficie de origen (10.0000 Has) como la superficie total de la cual alegan los actores ser titulares; situación que obviamente no permite tener certeza en principio de la superficie exacta de la cual serían titulares los demandantes, lo que obviamente repercute en la identidad y ubicación donde esta se encontraría, pues al margen de las omisiones incurridas por el juez de primera instancia, cuyo deber era valorar todo el universo probatorio contrastando unas pruebas con otras, en obrados tampoco existe prueba técnica orientada a establecer si evidentemente la superficie demandada (34.200 m2) se constituye en un sobrante rústico de los 60.000 m2, ya que la parte actora, no adjuntó documentación alguna que tienda a acreditar tal situación, es decir la identidad del inmueble, como tampoco se tiene plena certeza de la ubicación de la superficie demandada, pues si bien se refirió que este se encontraría en la franja de seguridad del Aeropuerto Internacional de El Alto, empero no se sabe con precisión en qué parte exactamente se encontraría ubicado y cuanto de superficie comprendería, debido precisamente, como ya se dijo líneas arriba, a que la superficie total de origen habría sufrido modificaciones.

Es así que al no existir un estudio técnico pericial que en base a todos los medios probatorios documentales y demás documentos georeferenciales permitan establecer y tener certeza de la existencia del objeto del proceso, su ubicación exacta y la superficie precisa que esta comprende, la cual debe ser debidamente valorada juntamente con los demás medios probatorios de acuerdo a la sana crítica y prudente criterio conforme establece el art. 145 del Código Procesal Civil; se advierte la carencia de sustento de la sentencia de primer grado ante la ausencia de elementos probatorios esenciales que permitan generar certeza precisa de los derechos tutelados, y como en las acciones reales como el mejor derecho propietario es requisito indispensable, además de la existencia de dos títulos de dominio vigentes, la identificación del bien inmueble objeto de litis del cual ambas partes alegan titularidad de dominio; con la finalidad de que dicha resolución tenga toda la eficacia jurídica, es que en el caso de autos resulta necesario que la autoridad jurisdiccional de primer grado promueva toda la prueba que considere idónea y necesaria, principalmente la pericial, justamente con la finalidad de determinar previamente si los demandantes cuentan o no con derecho de dominio sobre la superficie alegada y de ser así, si el inmueble pretendido resulta ser o no el mismo del cual la entidad municipal alega derecho propietario y con ese convencimiento resolver correctamente el debate jurídico propuesto, pues ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso.

La citada exigencia no solo emerge de la interpretación extensiva del art. 1545 del CC, sino de los diferentes precedentes jurisprudenciales establecidos por este Máximo Tribunal de Justicia, como el orientado en el AS N° 99/2014 de 26 de marzo, que concordante con lo razonado supra señaló lo siguiente: “…no cursa en la litis prueba pericial o informe de autoridad competente que coadyuve a determinar el mejor derecho propietario; toda vez que se tiene dudas respecto a si el inmueble del que se impetra la declaratoria de mejor derecho tiene la misma ubicación geográfica del demandado (…) por dicho motivo, los Tribunales de instancia están llamados a valerse del Principio de verdad material por el cual los jueces de instancia tienen un rol más activo en la tramitación de los procesos a los fines de resolver de manera más justa lo debatido en el proceso, el cual necesita de mayores elementos de probanza que hagan viable la determinación del mejor derecho propietario y así recién determinar la reivindicación si es que correspondiere”.

Consiguientemente, ante las omisiones y carencia de prueba técnica, que generan duda razonable sobre el bien inmueble objeto de litis (en cuanto a la titularidad, identidad y ubicación); en base al principio de verdad material que establece la superación de cualquier tipo de limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar, definir los derechos y obligaciones en debate, pues su desatención daría lugar a una decisión injusta que no responda a los principios y valores plurales supremos consagrados en la norma constitucional; corresponde anular obrados para que el juez de la causa, en virtud a la facultad conferida en el art. 136.III con relación al art. 24 núm. 3) ambos del Código Procesal Civil, produzca prueba de oficio especializada idónea para disipar los extremos advertidos en la presente resolución.

Por las razones expuestas, al constituirse los principios constitucionales de aplicación obligatoria y más si como en el caso de la verdad material direccionan el cumplimiento de los fines del Estado, al no existir en el caso de autos producción de medios probatorios especializados como tampoco un análisis integral y conjunto de los medios probatorios, que permitan llegar a la verdad real de los hechos que proporcione una decisión justa y eficaz, corresponde emitir fallo conforme a lo previsto en los arts. 106.I y 220.III núm. 1 inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III num.1) inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fs. 889 inclusive; en consecuencia, en virtud al principio de verdad material consagrado en el art. 180.I de la C.P.E., se dispone que el juez de primera instancia, previamente a emitir sentencia, donde valorará todo el universo probatorio, haga uso de la facultad provista en los arts. 24 núm. 3) concordante con el art. 136.III del Código Procesal Civil, y ordene la producción de toda la prueba extrañada, de acuerdo a lo delineado en la presente resolución.

Siendo excusable el error en que han incurrido los jueces de instancia, no se impone multa.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizu.