TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 730/2019

Fecha: 29 de julio de 2019                                                 

Expediente: LP-47-19-S                                                                                        Partes: Esther Julieta Gamarra Zapata de Jáuregui c/ Juan de Dios Maita Arce.           

Proceso: Reivindicación más pago de daños y perjuicios.        

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 652 a 656 vta., interpuesto por Esther Julieta Gamarra Zapata de Jáuregui, contra el Auto de Vista Nº 672/2018 de fecha 21 de septiembre cursante de fs. 648 a 650, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso sobre reivindicación más pago de daños y perjuicios, seguido por la recurrente en contra de Juan de Dios Maita Arce; la respuesta al recurso de casación cursante de fs. 660 a 661; el Auto de Concesión de 28 de febrero de 2019 cursante a fs. 662; el Auto Supremo de admisión de fs. 668 a 669 vta.; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez Público Civil y Comercial N° 9 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 32/2018 de 23 de enero, cursante de fs. 590 a 595 y su auto complementario de fs. 598 y vta., declarando PROBADA en parte la demanda principal opuesta por Esther Julieta Gamarra Zapata de Jáuregui: PROBADA en cuanto en cuanto a la reivindicación e IMPROBADA en cuanto al pago de daños y perjuicios; IMPROBADA la acción reconvencional sobre nulidad de escritura pública interpuesta por Juan de Dios Maita Arce.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Juan de Dios Maita Arce, mediante el escrito que cursa de fs. 603 a 614 vta., a cuyo efecto la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista N° 672/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 648 a 650, ANULÓ obrados hasta fs. 588, señalando que la Sentencia N° 32/2018 de 23 de enero, carece fundamentación y motivación, ello debido a que en el Resultando III, en el Primer y Segundo Considerando, el Juez describe todas las pruebas, sin motivar que hechos o actos se habrían demostrado con cada medio probatorio, o que pruebas fueron descartadas para emitir la sentencia. 

Esta resolución que fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa de fs. 652 a 656 vta., interpuesto por la Esther Julieta Gamarra Zapata de Jáuregui; el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

  1. Acusa la violación y aplicación indebida de la ley, señalando que el Tribunal de alzada defiende y observa falsamente la falta de motivación en la valoración de pruebas, cuyo fin es inconducente al objeto del proceso, pues según señala no se habrían valoraron las pruebas adjuntadas por el demandado, así como algunos planos y planimetrías, unos informes y ordenanzas municipales, un contrato de construcción y las declaraciones testificales de dos testigos de descargo que no gozan de pertinencia ni conducencia para este proceso.
  2. Indica que el Tribunal de alzada, pretende azolar el criterio legal del juez de primera instancia, priorizando unas fotografías y sugiriendo que estas tienen un valor probatorio superior a la inspección ocular, al informe pericial y a la declaración testifical de Dionicio Quino Quispe, exponiendo un criterio fatuo y mendaz sobre la jerarquía probatoria, imposible de concebir en cualquier realidad legal del Estado de Derecho.
  3. Refiere que la aseveración del Tribunal de apelación referente a que no se identificó e individualizó del predio debatido, es incompatible con la verdad objetiva, verdad material y el principio de probidad, puesto que el inmueble pretendido si ha sido identificado e individualizado en merito a las pruebas de inspección ocular, informe pericial y declaración testifical, que proporcionaron información actual y en tiempo real sobre el extremo mencionado.  
  4. Finalmente acusa que el Tribunal Ad quem, al pretender anular la sentencia de grado, vulnera y lesiona los principios de verdad material, dirección, dispositivo y el debido proceso.

En base a lo expuesto solicita se case el auto de vista impugnado.

Respuesta al recurso de casación

  1. Señala que el recurso de casación no cumple con los requisitos previstos en el art. 274.I del Código Procesal Civil, ello debido a que la recurrente solo se refiere de forma genérica a que “las pruebas si habrían sido valoradas” y que las pruebas no valoradas “no son determinantes, conducentes ni pertinentes”, sin que se haya vertido una explicación razonada y concreta sobre cuáles son los errores o las leyes infringidas por el auto de vista, o como se habría violado, aplicado erróneamente o lesionado algún derecho de la actora.
  2. Indica que no existe violación de norma alguna, al contrario, la aplicación del art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial y los arts. 115 y 117 de la CPE, responden al hecho de que en este proceso se ha vulnerado el debido proceso, por falta de congruencia, motivación, fundamentación e incorrecta valoración de la prueba.  

En base a estos y otros fundamentos solicita se declare la improcedencia el recurso de casación o alternativamente se lo declare infundado y sea con costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia o falta de fundamentación y motivación de la sentencia.

La congruencia en su sentido restringido, es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orienta el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra, infra o citra petita; en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse como la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí, lo que en consecuencia importa también que esta deba ser emitida con la debida motivación y fundamentación, esto es, que se expresen las razones de hecho y derecho consideradas para dictar el decisorio, pues cuando un Juez omite fundamentar o motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que también toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el debido proceso que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido.

Así tenemos que, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente o carente de motivación y fundamentación, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo el nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable únicamente en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, ello en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado, que es la solución al conflicto jurídico. Bajo esta premisa, cuando el Tribunal de apelación advierta incongruencia o falta de motivación y fundamentación en la sentencia, en aplicación de sus prerrogativas, deberá resolver en el fondo este aspecto, no resultando viable disponer una nulidad de obrados por estos motivos.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo jurisprudencial el Auto Supremo Nº 304/2016 de fecha 06 de abril, ha señalado lo siguiente: los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia, no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (El resaltado nos pertenece)

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De la lectura y análisis del recurso de casación se puede inferir que, entre otros, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada ha vulnerado y lesionado los principios de verdad material, dirección, dispositivo y el debido proceso, ello en razón a que los argumentos para anular la sentencia de primer grado, serian incompatibles con la verdad objetiva y la verdad material de este proceso, puesto que estos argumentos falsamente observarían la falta de motivación en la valoración de pruebas que no gozan de pertinencia ni conducencia para la definición de esta causa.

Al respecto, conviene tener presente que la doctrina y las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza, pues hoy en día lo que interesa es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso en su elemento derecho a la defensa. Es por ello que este instituto jurídico ha sido modulado por la jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, esto debido a la importancia que conlleva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan.

Sin duda estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende del art. 115.II de la CPE., que indica que; “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciendo que es política de Estado garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tiendan a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada. A tal efecto el Auto Supremo Nº 484/2012 ha orientado lo siguiente: “…en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta (…) que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

En ese contexto, en el sub judice, de la lectura del fallo impugnado se puede advertir que el Tribunal de alzada, asumió una decisión anulatoria de obrados, señalando, entre otros, que la Sentencia N° 32/2018 de 23 de enero, carece fundamentación y motivación, ello debido a que en el Resultando III de dicha resolución, concretamente en el primer y segundo Considerando, el Juez A quo habría descrito todas las pruebas, sin motivar que hechos o actos fueron demostrados con cada uno de los medios probatorios descritos, o que pruebas fueron descartadas para la emisión de la sentencia anulada.

Para cuyo efecto, relata que el juez habría omitido explicar y motivar a detalle, como el informe técnico pericial cursante de fs. 533 a 566 y la inspección judicial, cuya acta cursa de fs. 314 a 316 vta., acreditan la ubicación exacta del lote de terreno objeto de litis, cuando en la sentencia únicamente se habrían realizado transcripciones referentes a las características físicas del inmueble y no así respecto a los límites, colindancias y ubicación exacta del mismo. Además, que no se habría explicado ni fundamentado porque únicamente se valoró la declaración testifical de un solo testigo (Dionicio Quino Quispe) cuando existen otros dos testigos más de descargo; para finalmente, señalar que respecto a la acción reconvencional sobre nulidad de la Escritura Pública N° 623/1989, el Juez se habría limitado a transcribir jurisprudencia, sin explicar la conexitud existente entre la nulidad demandada y la misma, omitiendo valorar el informe de fs. 352 y el informe complementario de 353.  

Ahora bien, del análisis de esta resolución, se puede concluir que el Tribunal de apelación no ha considerado los criterios trazados en el punto III.1 de la doctrina aplicable, donde se ha establecido que la falta de motivación y fundamentación de la sentencia, no es considerada una causal de nulidad, ya que a partir de la interpretación extensiva del art. 218.III de la Ley Nº 439, se ha asumido que el Tribunal de alzada debe fallar en el fondo de esa carencia. Lo que nos permite colegir que la norma citada (art. 218.III), conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado tiene por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución del conflicto jurídico, y ello precisamente porque el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el Juez de la causa puede resolver en el fondo, para lo que incluso puede producir los elementos probatorios que vea conveniente, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio; por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  concordante con lo establecido por la Ley 439 “Código Procesal Civil”, respecto a la nulidad de los actos procesales, que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Es por ello que en este proceso, la decisión de anular la sentencia por falta de motivación y fundamentación, no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal, debido proceso y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, en cuyo entendido, el Tribunal de alzada fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los art. 105 a 109, 218.III y 265.I del Código Procesal Civil, cuando al tratarse de otra instancia en aplicación de las citadas normativas debió resolver en defecto del Juez A quo y fallar en el fondo de lo debatido, para lo que, de ser necesario puede producir mayores elementos probatorios en aplicación de los arts. 24 num. 3) y 136.III del Código Procesal Civil y no actuar de forma ritualista, porque al asumir esa decisión anulatoria se ha desconocido normas procesales en desmedro de los justiciables quienes están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado. 

Consiguientemente corresponde anular el fallo recurrido para que el Tribunal de apelación resuelva los agravios invocados en el recurso de apelación opuesto por la parte demandada, de conformidad a lo establecido por el art. 265.I del Código Procesal Civil, ameritando en ese entendido fallar en el marco de lo dispuesto por el art. 220.III de la referida norma procesal, es decir anulando el auto de vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 106 y 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 672/2018 de 21 de septiembre cursante de fs. 648 a 650, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia se dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el referido Tribunal emita un nuevo fallo dentro del marco del art. 265.I de la Ley Nº 439 y de acuerdo a lo delineado en la presente resolución.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales del Tribunal de Segunda Instancia signatarios del auto de vista impugnado, no se les impone multa.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.