TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 729/2019

Fecha: 29 de julio de 2019

Expediente:        LP-37-19-S.

Partes: Ana María Chura Quispe c/ Fernando Martin Heredia Reche y Alfonso

            Rivero Calderón.

Proceso: Cumplimiento de obligación.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 239 a 241 vta., interpuesto por Ana María Chura Quispe contra el Auto de Vista N° 332/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 236 a 237 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de cumplimiento de obligación, seguido por la recurrente contra Fernando Martin Heredia Reche y Alfonso Rivero Calderón, el Auto de concesión de 5 de febrero de 2019 cursante a fs. 255, el Auto Supremo de Admisión N° 268/2019-RA  de 14 de marzo de fs.  261 a 262 vta., los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:        

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Con base en la demanda cursante a fs. 63 vta., subsanada a fs. 66, Ana María Chura Quispe inició proceso ordinario de cumplimiento de obligación; acción dirigida contra Fernando Martin Heredia Reche y Alfonso Rivero Calderón, quienes una vez citados, mediante Auto de 18 de febrero de 2014 cursante a fs. 90 se declaró la rebeldía de Alfonso Rivero Calderón; respecto a Fernando Martin Heredia Reche se lo cito mediante edictos, ante su incomparecencia por Auto de 7 de julio de 2015 cursante a fs. 145 se le designó defensor de oficio a la Dra. Gilda Vanessa Bandeira, quien mediante memorial cursante a fs. 147 se apersonó al proceso y a fs. 148 y vta., contestó negativamente a la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta dictarse Sentencia Nº 295/2016 de 16 de septiembre, cursante de fs. 205 a 208 vta., donde el Juez Publico Civil y Comercial Nº 1de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda a fs. 63 vta., subsanada a fs. 66 e IMPROBADA en cuanto a los daños y perjuicios, con costas.

Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Ana María Chura Quispe mediante memorial cursante de fs. 211 a 213; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 332/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 236 a 237 vta., CONFIRMANDO la Sentencia Nº 295/2016 de 16 de septiembre cursante de fs. 205 a 208 vta. en base a los siguientes argumentos:

Que en cumplimento a lo establecido en el Código Civil, Capítulo III, la demandante no demostró como en su calidad de acreedor habría cumplido su obligación, sobre todo siendo que el contrato de compra y venta es de carácter bilateral, asimismo en cuanto a la valoración probatoria enfatiza que las pruebas de fs. 2 a 10 consistente en el trámite de reconocimiento de firmas del documento de 28 de octubre de 2003, el cual es base de la presente  acción y las otras literales de fs. 88 y 113 consistentes en informes emitidos por el SEGIP sobre domicilios de los demandados no acreditan la pretensión principal, concluye señalando que la recurrente en su recurso no precisó como ha cumplido con la obligación que le fue asignada, como ser la suscripción de las minutas, tal cual refiere la cláusula sexta. 

Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Ana María Chura Quispe según memorial cursante de fs. 239 a 241 vta., recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Que el Tribunal de alzada al confirmar la sentencia no analizó los documentos adjuntos cursantes de fs. 2 a 10, 88 y 113 documentos con los que se inicia el presente proceso, en el entendido de que el demandado no ha cumplido con lo pactado en el documento de 28 de octubre de 2003.
  2. Refiere que el tribunal de alzada no valoró objetivamente las pruebas en especial el documento de 28 de octubre de 2003, por lo que vulneró el art. 1286 del Código Civil y art. 136.I del Código Procesal Civil.
  3. Señala que el Tribunal de alzada basó su decisión en cuestiones subjetivas, irregularidades que vulneran los derechos y garantías constitucionales, además violó la norma legal respecto a las obligaciones de dar, obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer.

De esta manera, solicita la emisión de un Auto Supremo que case el Auto de Vista y declare probada la demanda.

Contestación al recurso de casación.

Que sustanciado conforme a derecho el recurso de casación, no mereció contestación alguna por la parte contraria, no correspondiendo hacer mayor énfasis al respecto.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de ellas, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del código procesal Civil. 

Por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia el Auto Supremo N° 240/2015 orientó que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Esta Tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.2. Del principio de razonabilidad.

En cuanto a la aplicación del referido principio, la SCP Nº 0617/2015-S1 de fecha 15 de junio de 2015 señaló que: “El principio de razonabilidad y su vinculación con la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales. La SCP Nº 0121/2012 de 2 de mayo, indicó que: “Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución Política del Estado, está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales plasmado en el art. 109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad. Cabe precisar que los valores de justicia e igualdad constituyen el estándar axiomático y presupuesto para el ejercicio de los roles jurisdiccionales con la misión específica de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales. Estos estándares axiomáticos, en el orden constitucional imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen génesis directa en el valor supremo del Estado, que es el vivir bien, valor inserto en el preámbulo de la Norma Fundamental, a partir del cual deben ser entendidos los valores ético-morales de la sociedad plural, plasmados en los dos parágrafos del art. 8 de la CPE. En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el 15 valor justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales”.

De la jurisprudencia extractada se puede advertir que a la luz del nuevo modelo constitucional, el principio de razonabilidad  encuentra su esencia que toda autoridad al momento de asumir una determinación la materialice de forma armonizada y razonada, dentro de un equilibrio normativo con el bloque de constitucionalidad imperante, acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuesto esencial, para evitar asumir decisiones arbitrarias contrarias a un Estado Constitucional de Derecho, o sea, es la búsqueda de una razonable relación entre la aplicación normativa y el bloque de constitucionalidad.

III.3. De la interpretación del art. 568 del Código Civil.

Al respecto, el art. 568 del Código Civil prevé: I. "En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…”, La norma citada, evidentemente presenta en lo principal dos alternativas como base de las acciones de resolución de contrato y el cumplimiento de contrato que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir que por lo dispuesto por dicho precepto normativo la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otro lado que la parte que ha cumplido pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.

En este sentido se orientó a través del Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre que: “…el art. 568 del Código Civil, pues dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…”, y en los casos de incumplimiento recíproco en el AS Nº 05/2014 de fecha 08 de septiembre 2014, se orientó cuales los tópicos a ser analizados refiriendo que: “si bien en definitiva ambas partes incumplieron sus obligaciones, le correspondía al juez determinar cómo se analizó supra, cuál de las obligaciones era de primigenia exigencia, y de la norma contenida en el art. 568 del Código Civil entender que quien dio cumplimientoasí no sea total- de lo pactado en el contrato en cuestión, lo esencial en situaciones como las que se controvierte en el caso de Autos, es que debe examinar el juzgador la razón inicial que motivó el incumplimiento, ese aspecto está inserto precisamente en el contrato en cuestión, y es tarea del juzgador dilucidar ese aspecto, al no hacerlo se vulnera entonces el debido proceso y no se cumple con la tutela judicial efectiva, en razón que el derecho constitucional fundamental al debido proceso se funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al examen de los Jueces, se obtendrá una definición acerca de él, de donde se desprende que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución judicial.”, “de lo que se puede concluir que al ser aplicable el art. 568 del CC, a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante determinar que para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer qué obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato, o sea que dicha interpretación debe ser en relación a la redacción del contrato, la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma, interpretación que debe ser realizada por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea el art. 568 del CC”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del estudio minucioso del recurso de casación, se denota que todos sus reclamos confluyen en observar un solo punto, el cual radica en controvertir la valoración probatoria realizada por los de instancia en lo que corresponde al documento de 28 de octubre de 2003, pues a su criterio el Tribunal de Alzada sustentó su determinación en cuestiones subjetivas, amparando su reclamo en la vulneración del art. 1286 del Código Civil y art. 136.I del Código Procesal Civil.

Lo controvertido por la recurrente tiene como problema jurídico principal observar el tema de fondo de la litis inherente al documento base de la demanda (de 28 de octubre de 2003), en consecuencia, a los efectos de generar una coherente argumentación jurídica y fáctica, en principio corresponde realizar una reminiscencia de antecedentes procesales para tener en claro cuál la pretensión solicitada y los medios probatorios que la respaldan.

Ana María Chura Quispe por medio de su representante interpuso demanda de cumplimiento de obligación, contra de Fernando Martin Heredia Reche y Alfonso Rivero Calderón, expresando que con los citados demandados suscribió un documento privado el 28 de octubre de 2003, por el cual (los demandados) adquirieron la obligación de cancelar la suma de $us. 17.400, pero pese al tiempo transcurrido no habrían cumplido con la obligación contraída, por lo que solicita el pago de la suma adeudada y los intereses correspondientes.

La defensora de oficio designada para el Sr. Fernando Marín Heredia Reche, contestó negativamente, manifestando que la demanda tiene como base los arts. 291 y 293 del CC, sin embargo, el documento que fue reconocido actualmente no tiene ningún alcance o vinculación con los citados artículos.

Como elementos probatorios presentados a la litis tenemos los de fs. 2 a 8 concernientes al proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas del documento de 28 de octubre de 2003, de fs. 9 a 10 cursa el documento privado de transferencia de tres lotes de terreno y las declaraciones testificales visibles de fs. 170 a 171 vta. correspondientes a Edwin Ramiro Arce y Nercy Mendoza Fernández.

Una vez sustanciado el proceso el Juez de la causa dictó sentencia declarando improbada la demanda, expresando que para solicitar el cumplimiento del contrato en principio la demandante debió cumplir con la obligación contraída y no resultando suficientes las declaraciones testificales de cargo que afirman el incumplimiento ejercido por el demandado, en suma ratifican que no se ha demostrado que la actora cumplió con la obligación contraída, es decir que la cosa vendida se encuentra en propiedad del comprador, asimismo el Auto de Vista confirmó la sentencia, expresando que la demandante no acreditó el cumplimiento de la obligación asumida, es decir haber suscrito las minutas de transferencia establecida en la cláusula sexta.

Establecidos los antecedentes y retomando el problema jurídico, con la finalidad que la premisa jurídica sustentada sea coherente en su contenido, es necesario resaltar lo determinado en el punto III.3 de la doctrina aplicable en cuanto al art. 568 del CC, donde expresamos que en las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante determinar que para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer qué obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió en principio con la suya, con la finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato.

Entendimiento que surge del carácter sinalagmático e interdependiente en las prestaciones de carácter bilateral, pues no basta que en el contrato bilateral cada una resulte obligada a su prestación, sino que entre ambas debe existir un vínculo de reciprocidad e interdependencia, es decir que exista codependencia mutua y equitativa, situación que obliga a un estudio minucioso de las obligaciones, pues no basta con establecer que las partes incumplieron sino que se debe determinar quién ha incumplido primero.

Los fundamentos expuestos supra nos orillan a realizar un estudio del contrato visible a fs. 9 (que es objeto de la litis), donde la demandante en su calidad de vendedora suscribe el 28 de octubre de 2003, un contrato de compra y venta con Fernando Martin Heredia Reche (comprador) transfiriendo tres lotes de terreno:

  1. Superficie 200 m2 ubicado en la zona de Alto Obrajes ubicado entre calles A.2 y Maldonado N° 1377, derecho propietario legalmente inscrito en la oficina de Derechos Reales de La Paz.
  2. Superficie de 462 m2 ubicado en el ex Fundo Ovejuyo, Cantón Palca Provincia Murillo, derecho propietario inscrito en la oficina de Derechos Reales de La Paz.
  3. Superficie de 338 m2, ubicado en el ex fundo Ovejuyo, Cantón Palca, provincia Murillo, derecho propietario inscrito en la oficina de Derechos Reales de La Paz.

En la cláusula segunda aclaran que la venta de los citados lotes era por el monto de $us. 17.400 debiendo ser cancelados de la siguiente manera: “A tiempo de la suscripción de las tres minutas de transferencia de los lotes de terrenos la suma de $us. 4.000 (CUATRO MIL DOLARES AMERICANOS), dentro de un año de la suscripción de presente documento la suma de $us. 5.000, (CINCO MIL DOLARES AMERICANOS), y el saldo de $US. 8.400, en el segundo año de la suscripción del presente documento (…)”.

El estudio del contrato base de la demanda nos muestra el enfoque del sinalagma funcional pactado, es decir la interdependencia de las obligaciones, en otros términos, cual es el orden de las obligaciones, pues la literalidad de la citada convención nos da a entender que al momento de la suscripción de las tres minutas de transferencia se iba a pagar el adelanto de $us. 4.000 en términos más claros en un primer momento existió una obligación recíproca, por un lado, para la vendedora (demandante) de suscribir las tres minutas de transferencia, tal como evidencia la cláusula segunda y sexta del citado contrato, y a tiempo de la suscripción el comprador debía pagar los $us. 4.000 como primer pago, y después de aquel actuado se iba a proceder al pago del restante en dos cuotas de acuerdo a los plazos establecidos.

En base a los citados antecedentes podemos afirmar que la determinación asumida por los de instancia se ajusta a una correcta valoración probatoria, en el entendido que la demandante, solicita el cumplimiento del total del monto, o sea $us. 17.400 lo cual nos da a entender que nunca se pagó el adelanto de los $us. 4.000 y por ende tampoco se elaboró las tres minutas de transferencia, pues este pago de adelanto respondía a que previamente se realice o elabore al fraccionamiento de las tres minutas, entonces en base un criterio de sana crítica acorde a los principios de la lógica como ser de identidad y contradicción, no pueden entenderse o sobreentenderse que se ha cumplido este tema o prestación, pues si así fuera la demandante no hubiera solicitado el pago de los $us. 4.000, en consecuencia, se puede advertir que la demandante no ha cumplido con su prestación de elaborar las tres minutas antes descritas, resultando en consecuencia inviable pretender el cumplimiento de la obligación de la contraparte, correspondiendo en consecuencia declarar infundado el recurso de casación.

En consecuencia, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 239 a 241 vta., interpuesto por Ana María Chura Quispe contra el Auto de Vista N° 332/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 236 a 237 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Sin costas ni costos, por no existir contestación al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.