TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 727/2019

Fecha: 29 de julio de 2019

Expediente: CB-17-19-S.

Partes: Faustino Soto Gonzales c/Estela Grageda Ugarte y otra.

Proceso: Nulidad de documentos más pago de daños y perjuicios.  

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 271 a 276 vta., interpuesto por Estela Grageda Ugarte y Esperanza Ugarte Milán Vda. de Grageda contra el Auto de Vista de fecha 26 de abril de 2018 cursante de fs. 266 a 268, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de nulidad de documento más pago de daños y perjuicios seguido por Faustino Soto Gonzales contra Estela Grageda Ugarte y Esperanza Ugarte Milán Vda. de Grageda;        Auto de Concesión de 25 de febrero de 2019, cursante de fs. 286; Auto Supremo de Admisión Nº 265/2019-RA de 14 de marzo, que cursa de fs. 292 a 293 vta.; todo lo concerniente al proceso; y:    

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto de la ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 1ro. de julio de 2016 cursante de fs. 169 a 173 vta. y Auto Complementario de 14 de julio de 2016 de fs. 177, declarando PROBADA la demanda de fs. 7 a 12 vta., sobre nulidad de documentos e IMPROBADA respecto al pago de daños y perjuicios. Contra la referida resolución, Estela Grageda Ugarte y Esperanza Ugarte Milán Vda. de Grageda, interpusieron recurso de apelación por memoriales de fs. 196 a 199 vta. y fs. 204 a 209 vta., impugnación que fue resuelta por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que dictó el Auto de Vista de 26 de abril de 2018 cursante de fs. 266 a 268,  declarando INADMISIBLES los recursos bajo los siguientes fundamentos: 

Que el tribunal de alzada solo tiene competencia para examinar las cuestiones litigiosas propuestas en primera instancia, dentro los límites impuestos por el apelante, siendo la expresión de agravios uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación, entendiendo que el Ad quem no puede suplir la falta de expresión de agravios. Manifestó que las apelaciones carecen de fundamentación legal apropiada, limitándose a exponer alegatos señalando, los hechos descritos en la demanda, que esta no se ajusta a las causales de nulidad sino de anulabilidad, que no existe prueba que acredite que hubo error, dolo o engaño al suscribir los documentos cuya nulidad se demanda y que los puntos de hecho a probar establecidos en el auto de relación procesal no fueron acreditados, haciendo una serie de alegaciones repetitivas en torno a ello, el Auto de Vista expuso que la apelación no explica las razones de hecho y derecho por la que se considera equivocada la Sentencia, al contrario el Juez fundamentó valorando toda la prueba presentada el porque se tuvo por demostrada la nulidad, concluyo que los recursos planteados carecen de elementos suficientes para su consideración en el fondo.  Razón por la que declaro Inadmisibles las apelaciones interpuestas.

Contra el Auto de Vista las demandadas Estela Grageda Ugarte y Esperanza Ugarte Milán Vda. de Grageda, interpusieron recurso de casación, cursante de fs. 271 a 276 vta., mismo que tiene el siguiente análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la impugnación deducida por las recurrentes, se extrae lo siguiente:

1. Reclamaron que el Auto de Vista es incongruente, infundado e inmotivado, que el Tribunal de alzada hace un resumen e identifica los agravios expuestos en la apelación pero no absuelve los reclamos, bajo el argumento de que el recurso no contiene fundamentación legal.   

2. Observaron que la jurisdicción ordinaria se sustenta bajo el principio de impugnación, si bien es cierto que la apelación debe contener los agravios sufridos con la sentencia, de la lectura del recurso de apelación, el tribunal Ad quem puede identificar cuáles son los agravios, se debe garantizar el derecho de impugnación y dejarse de lado los formalismos y ritualismos.

3. Expusieron que el Tribunal de alzada omitió aplicar el art. 17 de la Ley Nº 025, la causa a decir de las recurrentes- se desarrolló con vicios procesales, pues debió demandarse al esposo de Estela Grageda Ugarte, aspecto que ocultó la parte demandante y es causal de nulidad de obrados.

4. Alegaron que el Auto de Vista es contradictorio e incongruente, ya que después de valorar los fundamentos del recurso y constatar que la prueba sirvió para que el juez declare probada la demanda significa que se consideró los reclamos, sin embargo declaró inadmisible el recurso infringiendo el art. 218 par. II núm. 2 de Ley No. 439.

5. Transcribieron parte del Auto Supremo Nº 424/2016 de 29 de abril y Auto Supremo Nº 225/2018 de 04 de abril, insistiendo que los agravios están expuestos de forma clara en el recurso de apelación, y que dichos agravios fueron identificados por el propio Tribunal de alzada.

6. Hacen referencia a las SS.CC. Nros. 0486/2010-R de 05 de julio y 2023/2010-R, aportando que las resoluciones deben observar los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, el Auto de Vista inicialmente argumenta sobre la falta de fundamentación legal del recurso de apelación y finaliza con el argumento de que las pruebas producidas en juicio establecían la nulidad del documento y que el juez A quo valoró correctamente la prueba. Alegaron que el Auto de Vista en aplicación del art. 218 del Código Procesal Civil, debió dictar resolución pertinente conforme a los agravios y reclamos debidamente motivados y fundamentados no solamente transcribir los recursos interpuestos y la jurisprudencia nacional para terminar con un escueto criterio alejado de la verdad material, declarando inadmisibles las apelaciones y vulnerando los derechos al debido proceso, acceso a la justicia, impugnación, a la defensa y el de petición.

Solicitaron se anule el Auto de Vista impugnado y se dicte nueva resolución. 

Respuesta de Faustino Soto Gonzales.

1. Expreso que la parte demandada no identifico si el recurso de casación lo interpusieron en el fondo o en la forma.

2. Señalo que el recurso carece de los requisitos de admisión descritos en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, y que la parte contraria solo se limita a referir que interpone su recurso de casación contra el Auto de fecha 26 de abril de 2018, reiterando lo establecido en el Auto de Vista, sin fundamentación alguna.

3. Indico que las demandadas, acusan que la autoridad judicial no consideró los agravios expuestos en el memorial de apelación, cuando dichos reclamos debieron realizarse a momento de responder la demanda, por lo que cualquier reclamo es extemporáneo y convalidado.

4. Manifiestó que el recurso de casación y el de nulidad son diferentes porque persiguen fines y objetivos distintos, el recurso de nulidad o casación en la forma, tiene por objetivo subsanar los defectos procesales, pero son defectos que deben estar expresamente sancionados con nulidad y que las nulidades son sancionadas cuando únicamente se ha causado indefensión o perjuicio real y evidente a las partes.

5. Transcribió parte de la Sentencia Constitucional No. 1644/2004-R de 11 de octubre y del Auto Supremo No. 212/2016 de 11 de marzo, haciendo referencia los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto, conservación, transcendencia, convalidación y preclusión, exponiendo que los jueces y tribunales, tienen el deber ineludible de velar que se cumplan con dichos presupuestos procesales y se garantice el debido proceso, lo contrario sería un quebrantamiento al derecho de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, según consagran los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado.

Solicitan se declare improcedente e infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. Sobre el Derecho a la impugnación y el Principio de la doble instancia.

El derecho a la impugnación y el principio de doble instancia se encuentran consagrados en el art. 180 de la Constitución Política del Estado y el art. 30 núm. 14 de la Ley Nº 025, estos preceptos se encuentran presentes en la substanciación de todo proceso judicial, por el que las partes pueden solicitar a otro juzgador superior, revise la Resolución inferior.

Estos preceptos se materializan a través de los recursos que la Ley franquea, según la Resolución contra la cual se pretenda recurrir, por lo que se constituyen en el medio por el cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el juez o tribunal, sino la legalidad de la resolución, constituyéndose en la petición que se materializa con la emisión de una resolución que el tribunal ha de brindar, dando respuesta a los motivos que dieron lugar a la misma, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada.

Los recursos que la Ley franquea o reconoce para hacer efectivo el derecho a la impugnación y el principio de doble instancia, no solamente se materializan con la presentación del recurso sino que su efectividad se perfecciona con la respuesta que dicho recurso recibe; a tal efecto tenemos al recurso de apelación que es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, al ser el remedio procesal a través del cual se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, apreciación de los hechos o de la prueba, recurso que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que fueron impugnados por la parte recurrente.

Lo importante de hacer efectivos estos preceptos reconocidos en la Constitución, radica en que el proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la resolución del conflicto; este se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes, sin embargo, el proceso no está exento de que en su desarrollo se produzcan u omitan actos que afecten su normal avance e incluso impidan el cumplimiento de sus fines, los que deberán ser analizados a fin de imponer una posible sanción de nulidad, razón por la que dicho análisis se encarga a un tribunal de revisión (segunda instancia), que abra su competencia precisamente a partir de la interposición de un recurso, que por el avance de la doctrina como de las legislaciones se ha superado aquella concepción del excesivo formalismo, pasando a una concepción más amplia en la que el punto de partida es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones de forma que prevalezca siempre el principio “pro actione” que busca la prevalencia del fondo sobre la forma.

Al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1853/2013 de 29 de octubre, señaló: “III.4.- Derecho de impugnación.- El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa.  Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180-II, (…)  Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo.  Así en materia procesal civil el art. 213, prescribe: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada (…) es decir, la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo, la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente…”.

Criterio compartido y también desarrollado por este Tribunal Supremo de Justicia siendo este derecho orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012 de 13 de diciembre, que señala: “… el articulo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por su parte el articulo 8 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior.  Ambas disposiciones legales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta que dé, el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, solo así se satisface el derecho a la impugnación”.

En ese mismo orden de ideas el Auto Supremo Nº 223/2012 de 23 de julio, señalo: “En fallos emitidos anteriormente este Tribunal ha establecido que el derecho a la impugnación, de ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho, la respuesta que le corresponde”.

2. Del principio Pro Actione y Pro Homine.

Para tener una idea más clara de estos principios, resulta pertinente referirnos, entre otras resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, al Auto Supremo Nº 630/2015-L de 4 de Agosto, donde se señaló lo siguiente: “Los principios procesales tienen por objetivo la tutela inmediata de los derechos fundamentales, principios como el pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero, conforme al criterio expuesto por la Prof. argentina Mónica Pinto en sus innumerables trabajos y publicaciones, “…de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria”.  También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado el criterio denominado pro actione, que está directamente vinculado con los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la Justicia, en tal sentido, este es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva. “…del principio pro homine deriva el pro actione, en virtud del cual debe garantizarse a toda persona el acceso a los recursos desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones o agravios invocados, precautelando el derecho de las partes a que su impugnación se patentice, garantizando así el derecho de acceso a la Justicia, concretando así el acceso a los recursos.  De lo que se establece que los requisitos formales no deben primar sobre el derecho sustancial, debiendo realizar una ponderación entre el incumplimiento de la formalidad con el derecho a recurrir, en caso de dudas interpretarse a favor del recurrente…”, así ha expresado la Sentencia Constitucional Nº 0010/2010-R de 6 de abril de 2010.  Entonces, la incorporación de aquellos principios que vinculados con la irrestricta vigencia de esos derechos, exige siempre a la interpretación que más favorece a su vigencia.”

3. De los alcances del art. 218.II núm. 1 de la Ley Nº 439.

El art. 218 de la Ley Nº 439 de forma textual refiere: “I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. II. Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. a) Si se hubiera interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b) Por falta de expresión de agravios.  2. Confirmatorio. 3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio.  III. Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, si bien la normativa de referencia en su parágrafo II, numeral 1, permite a los tribunales de apelación declarar inadmisible el recurso en dos casos, el primero cuando se habría interpuesto el recurso fuera del plazo establecido por ley y el segundo por falta de expresión de agravios, normativa que en su primer supuesto no merece mayor análisis por su claridad, empero, en caso de ausencia de expresión de agravios, cabe referir que siguiendo el entendimiento esbozado en el punto III.1 y sobre todo en el punto III.2 de la doctrina aplicable, los tribunales de apelación al momento de analizar el contenido del recurso de apelación, no deben realizar un examen bajo un enfoque totalmente formalista, solicitando una expresión precisa de normas vulneradas o como debieron ser aplicadas, cual si se tratase de un recurso de casación, actitud que no resulta acorde al actual sistema de administración de justicia, sino por el contrario simplemente es necesario advertir la expresión de un agravio aunque disperso pero entendible, el cual permite y abre la competencia del tribunal de segunda instancia para su análisis y su consideración, es por ese motivo que únicamente ante una evidente y carente orfandad de agravios, recién es viable declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación en aplicación del art. 218.II núm. 1 de la Ley Nº 439, pero en el caso de advertirse o inferirse un agravio aunque disperso de todo el contexto del recurso, no corresponderá al Tribunal de apelación la aplicación de la citada normativa, debido a que una actitud netamente formalista implicaría desconocer los principios pro homine y pro actione y la vulneración del principio de impugnación desarrollados precedentemente.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Expuestos los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, corresponde considerar la impugnación en la forma, acusada en el recurso de casación.

Del estudio del recurso de casación interpuesto por Estela Grageda Ugarte y Esperanza Ugarte Milán Vda. de Grageda, se tiene que los reclamos contenidos en los puntos 1, 2, 4, 5 y 6, desglosados en el Considerando II, contienen exposición coincidente, en atención al principio de concentración procesal que en materia argumentativa permite en un solo fundamento absolver los reclamos indicados y así evitar un dispendio de argumentación jurídica reiterativa, se desprende, que las demandadas observan que el Auto de Vista declaró inadmisible el recurso de apelación por considerar que carece de fundamentación legal, cuando el recurso, expuso los agravios de forma clara y los mismos fueron identificados y resumidos por el Tribunal de alzada para posteriormente de forma contradictoria e incongruente declarar la Inadmisibilidad de los recursos, alegan que se debe garantizar el derecho a la impugnación y dejarse de lado los formalismos y ritualismos, insistiendo que en el Auto de Vista debió dictarse una resolución pertinente, fundamentada y motivada, conforme a los agravios y reclamos expuestos en atención al art. 218 del Código Procesal Civil.

La Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció Auto de Vista declarando inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por las demandadas, fundando su decisión, en que el Tribunal de alzada solo tiene competencia para examinar las cuestiones litigiosas propuestas en primera instancia dentro los límites impuestos por el apelante, siendo la expresión de agravios uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación, entiende el tribunal Ad quem que no puede suplir la falta de expresión de agravios. Manifestó que las apelaciones carecen de fundamentación legal apropiada, se limitan a exponer alegatos señalando los hechos descritos en la demanda, reclamando que no se ajusta a causales de nulidad sino de anulabilidad, que no existe prueba que acredite la configuración del error, dolo o engaño al suscribir los documentos cuya nulidad se demanda y que los puntos de hecho a probar establecidos en el Auto de relación procesal no fueron acreditados, el tribunal Ad quem expresa, que las apelaciones hacen una serie de alegaciones repetitivas en torno a ello, sin explicar las razones de hecho y derecho por la que se consideran equivocada la Sentencia.

Según la norma jurídica, doctrina y jurisprudencia aplicada al caso, razonamos, bajo el nuevo orden constitucional se garantiza el principio de la doble instancia en la jurisdicción ordinaria conforme señala el art. 180.II del texto Constitucional y bajo ese criterio el art. 30 núm. 14) de la Ley Nº 025, refiere que la jurisdicción ordinaria se sustenta en el principio de impugnación, previsiones que no se reducen a simples declaraciones programáticas, al contrario, es la vocación constitucional y el sustento del cual debe verter la tarea de administrar justicia para todos los habitantes, por lo que el proceder de los jueces y tribunales de justicia debe ser coherente con los principios desarrollados en el nuevo sistema jurisdiccional, en ese entendido, bajo los lineamientos desarrollados en el Considerando III, se debe señalar que la apelación es el recurso ordinario que garantiza la doble instancia en el proceso, principio de impugnación qu resulta ser el medio para reparar los agravios que profesa, aparentemente la sentencia. En conclusión, la apelación abre la operación de revisión a cargo del superior, encontrándose en desarrollo el derecho de impugnación del litigante, que de ninguna manera se agota con la sola interposición del recurso siendo trascendental a los efectos de la realización de este derecho la respuesta que le corresponde.

De tal manera, el agravio formulado en apelación, juega un papel gravitante a momento de la resolución en alzada, pues los límites de la apelación están dados por el propio recurso que abre materialmente la competencia del tribunal de segunda instancia por lo que se debe tener prudencia en considerar su tratamiento, lo cual supone que es el juez o tribunal debe examinar el recurso sin un rigorismo excluyente, siempre a la luz de la flexibilización que tienen los principios procesales de impugnación y debido proceso, bastando que el agravio tenga análisis crítico de la sentencia y sostenga porque dicha sentencia le es gravosa a sus intereses, claro ésta, que no siempre un recurso presenta una técnica ideal de expresión de los agravios, lo que no supone que no lo contenga, y que por tanto, no es permisible desestimar de entrada la apelación deducida por una aparente falta de técnica recursiva y ausencia de normativa legal y especifica.

Tenemos que de fs. 196 a 199 vta. Estela Grageda Ugarte interpone recurso de apelación contra la sentencia, asimismo, de fs. 204 a 209 vta., Esperanza Ugarte Milán Vda. de Grageda representada por la primera, se adhiere al recurso de apelación, siendo ambos recursos coincidentes, las apelaciones exponen los siguientes fundamentos: 1) Que el demandante funda su pretensión en la supuesta falta de consentimiento, error, dolo y engaño que hubiere sufrido Faustino Soto Gonzales al momento de suscribir el documento de fecha 22 de julio de 2004, y que estos extremos no serían coincidentes con las causales de nulidad, contenidas en el art. 549 del Código Civil. 2) El contrato de 22 de julio de 2004 no solo transgrede el art. 549 del Código Civil, sino también, el art. 521 del mismo cuerpo legal, ya que el contrato de compra - venta es un contrato consensual que se perfecciona con el consentimiento de las partes, respecto a la cosa que se transfiere y el precio que se paga. 3) Lo relevante de la sustanciación del proceso, es que se calificó el proceso y se dictó el fallo judicial, sin aplicar lo dispuesto en el art. 554 del Código Civil, en el sentido que la falta de consentimiento como requisito de formación de los contratos, no resulta ser una causal de nulidad, sino de anulabilidad; por lo que se puede establecer que la demanda de nulidad de documentos interpuesta por Faustino Soto Gonzales, desde el inicio es improcedente.  Las causas que motivan la nulidad y anulabilidad son distintas y con efectos diferentes, son figuras jurídicas que no pueden ser aplicadas simultáneamente ni interpretadas en un solo sentido jurídico, son contrapuestas. 4) Se incurrió en error injudicando, no existe prueba idónea que haya sido ofrecida y producida en la tramitación del proceso, argumentan que nadie puede beneficiarse de su propia culpa o error, la confesión no resulta un medio idóneo para demostrar las causales de nulidad, como erróneamente entendió el juez A quo, existen medios técnicos para demostrar las causales de nulidad de un contrato. 5) Transcribe parte de la sentencia y reclama que el Juez no puede basarse, en el dicho del demandante que carece de sustento probatorio, forzándose la sentencia ha hechos que no se produjeron ni siquiera como presunciones o indicios, alega que el juzgador, supone que el contrato de fecha 22 de julio de 2004 carecería de falta de requisitos en el objeto, por ilicitud en la causa y el motivo y la falta de consentimiento por mediar dolo, error y engaño en su formación, y que por ende acarrearía la nulidad de los documentos suscritos con posterioridad. 6) El documento de venta expresamente indica que concurren dos prestaciones, el precio cancelado y la entrega del inmueble, este aspecto no puede ser considerado como causa ilícita, reclaman que ese razonamiento se tuvo con el contrato de venta a favor de Esperanza Ugarte Milán Vda. de Grageda, y de esta respecto a la venta a favor de Estela Grageda Ugarte, en cuanto al móvil individual de las partes por las cuales cada una de ellas procedió a la compra venta del terreno, no se exterioriza en el contrato, por cuanto no puede ser considerado ilícito. 7) En los contratos no se hallan aspectos negativos de presión, fraude, violencia, dolo o error que vicien el consentimiento, menos que el contrato sea ficticio, no existe ilicitud en la causa y en el motivo, ya que estas últimas tienen que encontrarse en los términos del contrato.    

Cotejadas las apelaciones de fs. 196 a 199 vta. y fs. 204 a 209 vta. y el Auto de Vista de fs. 266 a 268. se infiere, que la resolución dictada por el tribunal Ad quem en el Considerando I, bajo el subtítulo de “FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN PRESENTADA POR ESTELA GRAGEDA”, sintetiza los agravios expuestos por las co demandadas; en el Considerando II en la parte concerniente a los fundamentos de la resolución, brevemente motiva su decisión haciendo referencia, que la demanda fue correctamente probada y que no es evidente la falta de prueba alegada, pese a la argumentación indicada, el Auto de Vista contradictoriamente, señala que los recursos de apelación carecen de elementos suficientes para su consideración en el fondo y declara las apelaciones como inadmisibles.

Este Tribunal concluye que las apelaciones contienen argumentos suficientes, para que el tribunal Ad quem, ingrese a revisar el fondo de lo recurrido en cuanto a las pretensiones contenidas en la demanda, la producción y valoración de la prueba y lo determinado en sentencia, aclarando que el principio de impugnación como elemento del debido proceso, debe ser observado por el tribunal de apelación resolviendo el mismo de manera fundamentada, motivada y congruente. Razón por la que corresponde fallar conforme al art. 220.III del Código Procesal Civil. 

Del fundamento de casación contenido en el punto 3 del Considerando II, las recurrentes alegan que el tribunal Ad quem, debió aplicar el art. 17 de la Ley Nº 025, reclamando, que no se demandó al esposo de Estela Grageda Ugarte, al respecto corresponde indicar, que los derechos son ejercidos por sus titulares, y que el argumento no se encuentra respaldado con ningún documento que acredite la relación conyugal de Estela Grageda Ugarte.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista de 26 de abril de 2018, cursante de fs. 266 a 268, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dispone que el tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo dicte nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento al art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.