TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 726/2019                                                        

Fecha: 29 de julio de 2019                                                 

Expediente: CB-23-19-S                                                                                 

Partes: Adolfo Escalera Claure. c/ Neva Luz Mónica Valdivieso Gonzales.                                 

Proceso: Impugnación de reconocimiento.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 281 a 283, interpuesto por Adolfo Escalera Claure, contra el Auto de Vista de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 272 a 275, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso extraordinario de impugnación de reconocimiento seguido por el recurrente en contra de Neva Luz Mónica Valdivieso Gonzales; el Auto de Concesión del recurso de 5 de febrero de 2019, cursante en fs. 286; Auto Supremo de admisión Nº 271/2019-RA de 25 de marzo, cursante de fs. 291 a 292 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Adolfo Escalera Claure, por intermedio de su representante legal interpuso demanda de impugnación de reconocimiento (impugnación de filiación), debido a constantes separaciones de los cónyuges se genera la duda de la paternidad de los menores de edad Dana Britany Escalera Valdivieso, Isaías Adolfo Escalera Valdivieso y Santiago Eduardo Escalera Valdivieso, cursante de fs. 11 a 12, subsanado por el escrito de fs. 24 vta., fs. 31 y 59 vta.; acción que fue dirigida contra Neva Luz Mónica Valdivieso Gonzales, quien una vez citada, contestó negativamente e interpuso excepciones a través del memorial, cursante de fs. 65.

2. Desarrollándose el proceso en el Juzgado Tercero de Partido de Familia de la ciudad de Cochabamba, hasta dictarse la Sentencia el 8 de abril de 2016, cursante de fs. 231 a 236 vta., donde el Juez Público de Familia Nº 8 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró IMPROBADA la demanda principal e IMPROBADAS las excepciones de la parte demandada.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Adolfo Escalera Claure, mediante el escrito de fs. 243 a 245; la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 272 a 275, CONFIRMANDO la sentencia. Bajo la siguiente fundamentación:

Señala disconformidad con la resolución de primera instancia, empero de los fundamentos expresados solo son simples alegatos que fueron expresados al interponer la demanda y formular sus conclusiones, tales como la relación matrimonial con la demandada, además de no ser padre biológico de los menores Dana Britany Escalera Valdivieso, Isaías Adolfo Escalera Valdivieso y Santiago Eduardo Escalera Valdivieso, que los reconoció a los hijos de la demandada para que no fueran discriminados, por otro lado no se realizó la prueba de ADN, debido a que la Sra. Neva Luz Mónica Valdivieso Gonzales nunca se hizo presente a las audiencias para la toma de muestras, de esos alegatos y las pruebas adjuntadas en el proceso por el demandante, reclamando que se habría vulnerado sus derechos al declarar improbada su demanda, sin embargo en conformidad con la SC Nº 1662/2012 de 1 de octubre, SC Nº 907/2016 de 27 de 27 de julio y AS Nº 831/2015, concluyó que el fundamento del A quo de la pretensión del demandante no es viable impugnar un reconocimiento de hijo cuando este a sabiendas que no eran sus hijos biológicos los registró voluntariamente y no habiéndose demostrado que su acto hubiera sufrido presión o violencia de la parte contraria.

3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Adolfo Escalera Claure, mediante memorial de fs. 281 a 283; recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se observa que Adolfo Escalera Claure, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa:

1. Que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta, el trámite de primera instancia sobre la toma de muestras que nunca fue realizado para el verificativo de ADN entre el recurrente y los tres menores de edad, ya que la demandada no compareció con sus hijos a ninguna de las audiencias señaladas para tal efecto, y en ese entendido los jueces de grado han omitido aplicar los preceptos legales vinculantes al caso, tal como se establece en el art. 30 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, estableciendo que la acción de impugnación de filiación se prueba mediante la pericia científica biológica, desconociéndose también que la prueba constituye el elemento fundamental y de trascendental importancia para la resolución de un proceso.

Petitorio.

Solicitó que este Tribunal Supremo de Justicia anule y/o revoque el auto de vista impugnado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto al régimen de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes evidentemente nos referimos a todo ser humano menor de 18 años de edad, considerando niño o niña al ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad y adolescente desde 12 años hasta los 18 años de edad, considerando a este grupo como el más vulnerable de la sociedad, el cual se encuentra  en etapa de formación y no tiene las fuerzas y condiciones de asumir su defensa por sí solo, por lo que estando en una etapa de crecimiento y formación los padres y familia tienen la obligación de asumir dicha defensa, cuidado y protección, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos Asimismo el Estado a través de diferentes instituciones en caso de faltar la familia de origen y en algunos casos hasta la familia ampliada, se encarga de que ese niño o adolescente goce de los mismos derechos y protección, en ambos casos aquellos que teniendo una familia y en los otros que no cuentan con ella el Estado instituye su protección garantizando el desarrollo pleno de ese ser humano y sus derechos, estableciendo normativa que regula su protección y el ejercicio pleno de  todos sus derechos, siendo obligación del Estado garantizar y proteger este ejercicio, implementando políticas sociales que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo humano integral.

Sobre esta base las autoridades jurisdiccionales que decidan o resuelvan procesos en los que se ven involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, deberán tener en cuenta siempre el interés superior del menor establecido en el art. 3  de la Convención sobre derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,  que establece: “1.-En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. 2.- Los estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección el cuidado que sea necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres tutores y otras personas responsables de él ante la Ley y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas. 3.- Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado y protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes…”

Del contenido de las referidas normas se establece que el interés superior del menor está establecido en la Convención sobre los Derechos del niño, consistente en adoptar todas las medidas necesarias tanto las instituciones públicas o privadas y también todas las autoridades administrativas, legislativas y jurisdiccionales, asegurando ante todo la protección y el cuidado necesario para garantizar el bienestar de los niños y su desarrollo integral, comprometiéndose los estados partes a respetar el interés superior del niño en todas las decisiones que se adopten en procesos en el marco de sus competencias, en función del desarrollo integral y el respeto a sus derechos. Concordante con estas disposiciones se encuentra la Constitución Política del Estado que en el art. 60 establece “que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior del niño, niña y adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención en los servicios públicos y el acceso a una administración de justicia, pronta oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Siguiendo esa línea en el Auto Supremo Nº 451/2012 de 30 de noviembre, se desarrolló algunas normas respecto a las medidas de protección de los niños estableciendo: “1.-El Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 19 establece que "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado". 2.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 24 numeral 1. indica que: "Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.". 3.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su art. 10.3 señala: "Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición". 4.- La Constitución Política del Estado en su art. 59 parágrafos IV señala que: "Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores utilizaran el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado". 5.- La Ley Nro. 2026 - Código Niño, Niña y Adolescente, en el art. 96 sobre la identidad refiere que: "El derecho a la identidad del niño, niña y adolescente, comprende el derecho al nombre propio e individual, a llevar tanto apellido paterno como materno y, en su defecto a llevar apellidos convencionales..."

III.2. Del interés superior del niño.

La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, del cual nuestro Estado Plurinacional es parte, ha definido en su art. 8 el interés superior del Niño estableciendo: I.- “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones pública o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los Órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atendrá será el interés superior del niño. 2.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables de él ante la Ley y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3.- Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación a la existencia de una supervisión adecuada.”.

De la normativa citada se establece que el interés superior del niño debe primar sobre otros intereses, toda vez que la protección y el cuidado necesario debe ser primordial para que el niño se desarrolle gozando de todos sus derechos, en ese sentido las Autoridades administrativas, legislativas, jurisdiccionales deben tener en cuenta siempre prioritariamente el interés superior del niño, asegurando que las normas se cumplan en beneficio del mismo, debiendo adoptar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus derechos y tomando decisiones adecuadas en beneficio de los menores, siendo de atención prioritaria el respeto de sus derechos y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.

III.3. De la impugnación del reconocimiento.

Sobre el tema el Auto Supremo Nº 1068/2015-L orientó: “Asimismo, para la filiación extramatrimonial, es decir de los hijos de padre y madre no casados entre sí, el Código de familia consideró a la impugnación de reconocimiento (art. 204) como el medio para impugnar la filiación cuando se hubo establecido aquella mediante reconocimiento de hijo; por otro lado configuró la declaración judicial de paternidad y en ella, como mecanismo de defensa, los presupuestos de prueba para la exclusión de paternidad conforme señala el art. 209 del citado Código. De lo manifestado, podemos concluir que la legislación familiar configuro las acciones tendientes a repulsar la filiación por el progenitor en uno u otro caso, específicamente, pero con la mirada de la protección de los hijos, de ahí se entiende el plazo circundante a su interposición.

De la línea establecida por este Tribunal, se puede concluir que entre los medios de impugnación de filiación del hijo; dependiendo al caso, se debe analizar desde dos puntos de vista, la primera cuando el hijo ha nacido dentro del matrimonio y el segundo cuando ha nacido fuera del matrimonio, activándose para el segundo caso, es decir, de hijos nacidos fuera del matrimonio la figura de la impugnación del reconocimiento, o para el reconocimiento de una filiación del mismo la declaración judicial de paternidad y dentro de este los mecanismos de defensa de exclusión de paternidad, conforme claramente se ha determinado….”

Sobre ese instituto del Código de Familia y los Autos Supremos Nros. 437/2013 de 27 de agosto, 485/2013 de 18 de septiembre y 605/2014 de 27 de octubre entre otros ha orientado en sentido que: El reconocimiento  de hijo de padre y madre no casados entre sí, es  un acto jurídico unilateral, personalísimo e irrevocable, toda vez que quien ejercita ese derecho lo realiza de manera libre y voluntaria, sabiendo las consecuencias jurídicas de su reconocimiento. Y por regla general la impugnación de reconocimiento de hijo se habilita por el reconocido y por terceros interesados que tengan un interés “legitimo” (debido al efecto erga onmes), pero no se excluye al reconocedor, que también se encuentra legitimado para impugnar el reconocimiento, siempre y cuando se demuestre que existió error, dolo o violencia en el acto del reconocimiento y fundare su demanda principal en un acto de reconocimiento que no fue libre ni voluntario, pudiendo impugnar, alegando error propio al considerar como hijo al reconocido o cuando hay dolo, es decir cuando la madre oculta, engaña y le hace creer que el reconocido es su hijo, y finalmente cuando hay violencia. Si bien es cierto que el reconocimiento debe existir cuando hay una relación biológica, es también evidente que en nuestra sociedad en la práctica se puede ver que existen padres que reconocen a los hijos de sus parejas, conociendo y sabiendo que no son biológicamente sus hijos, teniendo este reconocimiento un efectos "erga omnes", ya que este acto jurídico realizado por la madre o el padre no solo afecta al hijo o la hija y al padre o la madre que reconocen, pues lo que se reconoce es el estado de hijo o hija que es indivisible y por eso produce efectos absolutos frente a todos; siendo éste un acto irrevocable como lo determina el art. 199 del Código de Familia, teniendo como la única limitante para el reconocimiento el  caso establecido en el art. 200 del Código de Familia que indica: "No se puede reconocer a quien legalmente corresponda la filiación del hijo nacido de padre y madre casados entre sí...".

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina aplicable al caso, corresponde manifestar que de una prolija revisión sobre contenido del recurso de casación, se advierte que el recurrente, con una notoria falta de técnica recursiva realizó observaciones generales que no condicen con la argumentación expresada en el auto de vista, pues no se precisa ni se determina cuál es el reclamo en sí, empero tomando en cuenta que el nuevo diseño constitucional garantiza el principio de impugnación, se ha procedido a analizar todo el contexto del referido recurso, del cual se ha rescatado un argumento que en criterio de este Tribunal constituye como reclamo formulado por el recurrente, respecto al cual se emitirá con la debida consideración de su respectiva conclusión de la presente causa.

De lo argumentado en el recurso de casación se rescata el reclamo, que acusa al Tribunal de alzada por no tomar en cuenta el trámite en primera instancia sobre la toma de muestras que nunca fueron realizadas para el verificativo de ADN entre el recurrente y los tres menores de edad, ya que la demandada no compareció con sus hijos a ninguna de las audiencias señaladas para tal efecto, y en ese entendido los Jueces de grado han omitido aplicar los preceptos legales vinculantes al caso, tal como se establece en el art. 30 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, estableciendo que la acción de impugnación de filiación se prueba mediante la pericia científica biológica, desconociéndose también que la prueba constituye el elemento fundamental y de trascendental importancia para la resolución de un proceso.

Tomando en cuenta el reclamo del recurso de casación es menester tener en claro cuáles fueron los argumentos que sustentan la demanda de impugnación de reconocimiento, de los hechos facticos, señala que contrajo matrimonio de 1 año y cinco meses, además alega haber mantenido con anterioridad una relación concubinaria en lapsos cortos y esporádicos (convivencia de constantes separaciones por problemas de pareja), es decir que nunca sostuvieron una relación estable y menos duradera, manifiesta en su pretensión que cuando conoció a la demandada ella ya tenía una hija Dana Britany de otra persona, después en su relación procrearon a Isaías Adolfo, sin embargo el demandante volviéndose a separar un tiempo de la demandada, esta mantuvo relaciones sentimentales durante ese lapso con una tercera persona producto de esa relación nace Santiago Eduardo, al retomar la relación conyugal ambos ex esposos, Adolfo Escalera Claure con la intención de formar un hogar donde los menores puedan crecer en un ambiente familiar y seguro, este los reconoce no solo a su hijo biológico sino a los otros dos niños en fecha 18 de noviembre de 2010 (Dana Britany Escalera Valdivieso, Isaías Adolfo Escalera Valdivieso y Santiago Eduardo Escalera Valdivieso), empero al no formar un hogar estable por los constantes problemas entre ambos y debido a los tiempos cortos de convivencia que ha mantenido el recurrente con la madre de los menores de edad, teneiendo la duda de la paternidad de Isaías Adolfo Escalera Valdivieso, por lo que plantea la impugnación de reconocimiento de los 3 menores de edad.

De la prueba transcendental adjuntada en la presente litis, se tiene el certificado de matrimonio de ambas partes de fs. 1, certificado de nacimiento de los tres menores de edad de fs. 2, 4 y 6, actas de inscripción de partida de nacimiento (Dana Britany Escalera Valdivieso, Isaías Adolfo Escalera Valdivieso y Santiago Eduardo Escalera Valdivieso) del Servicio Nacional de Registro Civil de fs. 3, 5, y 7, testifical de cargo de Javier Calle Fernández y Paul Arcenio Quispe Cortez de fs. 222 vta.

Antes de ingresar a un mayor análisis es necesario puntualizar que conforme a lo delineado en el punto III.1 del régimen de protección de niños, niñas y adolescentes es primordial, siendo necesario establecer todas las medidas pertinentes para establecer el ejercicio pleno de sus derechos entre ellos el derecho a la identidad, asimismo en concordia con lo reiterado en la doctrina aplicable III.3 el interés superior del niño, es un aspecto que debe ser considerado por los tribunales que resuelven procesos que tengan que ver con el respeto a los derechos de los niños, el mismo que consiste en adoptar todas las medidas que sean necesarias para que el niño goce del ejercicio pleno de sus derechos, en el caso concreto el derecho a la identidad, mismo que no puede ser vulnerado, debiendo prevalecer el interés superior del niño en cualquier decisión jurisdiccional, toda vez que al ser un menor en formación necesita de mayor protección, además de manera análoga siguiendo el análisis respecto al caso, se debe establecer el punto III. 5 referida a la impugnación del reconocimiento debemos decir que el acto de reconocimiento de hijo, es un acto personalísimo, unilateral e irrevocable toda vez que quien ejercita ese derecho lo hace de manera libre y voluntaria, ya que por regla general la impugnación del reconocimiento de hijo lo puede realizar también el reconocedor siempre y cuando hayan concurrido en ese reconocimiento vicios del consentimiento como el dolo, error y la violencia las mismas que deben ser demostradas.

Siendo importante señalar lo expresado en las resoluciones de primera y segunda instancia, concluyendo sobre la impugnación de reconocimiento bajo el contexto “…A quo al señalar que la pretensión del demandante legalmente no tiene cabida porque no es viable impugnar un reconocimiento de hijo cuando este a sabiendas que no eran sus hijos biológicos los registro VOLUNTARIAMENTE, no habiéndose demostrado que este acto se hubiera realizado bajo presión o violencia, más aun fue el mismo testigo de cargo quien declaró que se trata de un acto voluntario, porque a estas alturas no puede negar las consecuencias de sus propios actos bajo el argumento de que la demanda le habría malos tratos físicos y biológicos, razón por la que no existe ningún sentimiento hacia los niños a quienes reconoció, resaltando por estas razones improbada la pretensión.”, de lo citado en el auto de vista se tiene establecido que la autoridad de primera instancia realizó su respectiva valoración probatoria de las pruebas adjuntadas en el proceso, dando como resultado que la pretensión del demandante carece de validez por haber reconocido de manera voluntaria a los 3 menores de edad como sus hijos propios, sin haber demostrado en la tramitación del proceso ningún acto de presión por la parte demandada ósea madre de los niños.

Bajo esos parámetros se denota que ambas instancias realizaron una correcta apreciación de las literales adjuntadas en el cuaderno jurisdiccional, además se debe tener en claro que por el hecho de pretender el desconocimiento o la invalidez del reconocimiento, por la simple falta de relación biológica (progenitores-hijo), como este caso el reconocedor ahora demandante fue consciente de tal situación,  y al querer demostrar que no es padre biológico de los niños con el peritaje de la prueba de ADN, generaría un caos social y jurídico, debido a que por un lado se le quita esa calidad de personalísimo a ese acto jurídico voluntario y la calidad de inmutabilidad a esa filiación, generándose inseguridad jurídica con relación aquellas personas que han sido reconocidas, o sea afectaría a los 3 menores de edad desconociendo esa calidad “sujetos de Derecho”, asimismo al recurrente no se le prohibió el derecho impugnar el reconocimiento, siempre y cuando hubiera demostrando la concurrencia de error, dolo o violencia conforme se tiene expuesto en el punto III.3 de la doctrina aplicable, sin embargo se evidencia en el caso de autos no existió presión alguna, sino caso contrario de  manera voluntaria Adolfo Escalera Clare reconoce a los 3 menores de edad, debido al vínculo de afectividad hacia la demandada en ese momento, resultando irrevocable la impugnación de reconocimiento de modo que los fundamentos del A quo y el Tribunal Ad quem, dieron cumplimiento al interés superior de los niños, así como lo estipulado en el art. 60 de la Constitución Política del Estado.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 281 a 283, interpuesto por Adolfo Escalera Claure, contra el Auto de Vista de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 272 a 275, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas y costos por no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.