TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 722/2019

Fecha: 29 de julio de 2019

Expediente: PT-7-19-S

Partes: Raimundo Muruchi Choque c/ Gregorio Gabriel Ibáñez, Asunta Mamani

             Paco de Gabriel y Celestino Muruchi Ninavia

Proceso: Nulidad de documento, Escritura Pública y cancelación de registro en 

               Derechos Reales.

Distrito: Potosí. 


VISTOS: El recurso de casación planteado por Gregorio Gabriel Ibáñez y Asunta Mamani Paco de Gabriel (fs. 421 a 423), impugnando el Auto de Vista Nº 17/2019, pronunciado el 15 de agosto, por la Sala Civil Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, cursante de fs. 415 a 418, en el proceso de nulidad de documento y Escritura Pública y consecuente cancelación de registro en Derechos Reales, seguido por Raimundo Muruchi Choque contra los recurrentes; contestación de fs. 426 a 427, Auto de concesión de fs. 427, Auto Supremo de Admisión Nº 297/2019-RA de 01 de abril de fs. 432 a 434, y todo lo inherente;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


1. Raimundo Muruchi Colque representado por Edgar Edson Muruchi Ninavia por memorial de fs. 9 a 11 vta., planteó demanda ordinaria de nulidad de documento, Escritura Pública y consecuente cancelación de registro en Derechos Reales, contra Gregorio Gabriel Ibáñez, Asunta Mamani de Gabriel y Celestino Muruchi Ninavia, contestando Celestino Muruchi Ninavia por memorial de fs. 24 vta., así como también lo hicieron por memorial de fs. 43 a 45, Gregorio Gabriel Ibáñez por sí y por su cónyuge Asunta Mamani Paco de Gabriel, tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.

2. El 27 de julio de 2017, el Juez Público Civil y Comercial Segundo de Llallagua en el departamento de Potosí, dictó Sentencia cursante de fs. 314 a 319 declarando: PROBADA la demanda, declarando nulo el documento de 20 de diciembre de 2003, documento de venta otorgado por Celestino Muruchi Ninavia a favor de Gregorio Gabriel Ibañez y Asunta Mamani Paco de Gabriel y protocolizado ante el Notario de Fe Pública de segunda clase Nº 1 de Llallagua y registrado en el Folio Real Nº 5.02.3.01.0001948 de 13 de septiembre de 2010 y dispuso:

1.  Se libre provisión ejecutoria y la declaratoria de nulidad de ese documento de transferencia de derecho propietario a favor de Gabriel Ibáñez y Asunta Mamani Paco de Gabriel de fecha 20 de diciembre del 2003 y la cancelación del protocolo notarial Nº 68/2004 de fecha 15 de abril de 2004 y encomendó su cumplimiento al Notario de Fe Pública de segunda clase Nº 1 de Llallagua.

2. Asimismo, dispuso librar provisión ejecutoria, encomendando su cumplimiento a la señora sub registradora de Derecho Reales de Uncía para la cancelación del Folio Computarizado Nº 5.02.3.01.0001948 de fecha 13 de septiembre del 2010.

3. Apelada la sentencia por la parte demandada (fs. 321 a 326 vta.), el 15 de agosto de 2018, la Sala Civil Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista Nº 17/2019 (fs. 415 a 416) que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 34/2017 de 27 de julio.

Resolución que fue recurrida en casación por la parte demandada por memorial cursante de fs. 421 a 423, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Gregorio Gabriel Ibáñez y Asunta Mamani Paco de Gabriel, en su recurso de casación denunciaron que:

1. El auto de vista realizó una aplicación e interpretación errónea de los alcances del art. 549 nums. 1) y 4) como también de los arts. 485, 474, 491, 493 y 474 del Código Civil, puesto que razonaron en sentido de que la ausencia de uno de los copropietarios en la transferencia  y la existencia de desfase entre la fecha de suscripción de la minuta y la protocolización constituyó la falta de objeto en el contrato o la forma prevista por ley como requisito de validez, así como la existencia de error en la naturaleza del contrato, razonamiento errado y alejado de lo establecido en el art. 485 del CC, asimismo en relación con los contratos sujetos a una forma determinada están estipulados en el art. 491 y siguientes del Código Civil, por lo que afirmaron que el contrato sujeto a nulidad cumple tanto con los requisitos de fondo como de  forma establecidos por ley.

2. Expresaron indebida aplicación de los de instancia de los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil, referidos a la apreciación inadecuada de la prueba de ambas partes, toda vez que una certificación emitida por Derechos Reales en referencia al inmueble de litis, es tomada erróneamente en la sentencia como una Escritura Pública, asimismo las pruebas cursantes de fs. 5 a 7, fs. 303, fs. 283 a 284, no demostrarían que se haya engañado al demandante y a su hijo, haciéndole firmar subrepticiamente un documento de compra venta cuando creía que era de anticrético.

3. Arguyeron que la resolución de alzada no habría tomado en cuenta la existencia de colusión entre el codemandado, el demandante y su apoderado, vulnerando así el principio de verdad material y el debido proceso; porque por prueba pericial adjuntada como de reciente obtención se habría determinado que el codemandado Celestino Muruchi Ninavia no fue citado legalmente porque la firma (alusiva a él) estampada en el formulario de citaciones y notificaciones no le correspondería así como tampoco la firma estampada en el memorial de fs. 25, expresando que ambos actuados habrían sido firmados y presentados por el apoderado del demandante, hermano del codemandado.

Por ello sostuvieron que tales actuaciones constituirían fraude procesal, mereciendo la nulidad de obrados y la implementación de sanciones para tales personas.

4. Expusieron que tanto la sentencia como el auto de vista carecen de estudio y análisis de los hechos probados, no hicieron cita de la normativa en que fundaron su decisión, puesto que la prueba de cargo vulnera y desconoce el principio de verdad material exigido en los arts. 1283 del CC, y 213 num. 3) del Código Procesal Civil, toda vez que dicha prueba no podría por sí sola demostrar la inexistencia del objeto en el contrato como también el error sustancial en el mismo.

5. Manifestaron que los de instancia realizaron una interpretación errónea del art. 551 del Código Civil, toda vez que el demandante pretende una nulidad de un documento de compra venta celebrado entre dos personas ajenas a él, donde nunca tuvo participación ni interés legítimo, por lo cual la demanda propuesta es manifiestamente improponible, si bien el demandante es copropietario, jamás se pactó o realizó contrato sobre sus acciones y derechos, puesto que el derecho propietario del demandante quedó incólume.

Finalizaron solicitando casar totalmente el Auto de Vista Nº 17/2019, o en su caso anular obrados hasta el vicio más antiguo.


DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

Edgar Edson Muruchi Ninavia refiere que la parte demandada recurrente omite referir si su recurso es de forma o fondo, sin respaldo legal.

1.  En este punto reclaman que los de instancia habrían realizado una aplicación indebida e interpretación errónea de los alcances de normativa civil citada, sin embargo, no explicaron de qué manera habrían realizado una interpretación errada de dichas normas legales.

2. En este punto no tomaron en cuenta que el Tribunal de segunda instancia no realiza valoración de las pruebas, ya que no es atribución ni competencia de dicha instancia, tampoco realizaron explicación clara de que pruebas no habrían sido valoradas, incurriendo en una inadecuada técnica recursiva.

3. Pretendieron de forma inapropiada argumentar fraude procesal con el fin de pretender la nulidad de obrados, en consecuencia, es un aspecto que no debe ser tomado en cuenta en estas instancias.

4. En este punto refirió que los de instancia realizaron una amplia y correcta fundamentación y explicación de cada uno de los puntos debatidos que fueron reclamados en el recurso de apelación, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de casación.

5. Los aspectos reclamados en este punto debieron hacerlos valer planteándolas como excepciones, lo cual no puede ya ser considerado en casación.

Finalizó expresando que el recurso de casación no cumplió con las exigencias del art. 274 del Código Procesal Civil, siendo un recurso defectuoso, solamente transcribieron fracciones del contenido del fundamento de la demanda principal, por lo que solicitó se confirmen los decisorios de instancia.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE


III.1. De la nulidad regulada en el art. 549 del Código Civil

Respecto al tema, el Auto Supremo Nº 873/2017 de 21 de agosto, ha orientado en sentido que:  “La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del CC., nulidad que procede cuando el contrato u acto Jurídico del cual deberían emerger obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, que impide que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica, nulidad o invalidez que es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la resolución.

En este antecedente, se debe precisar que del análisis del art. 549 del CC., se tiene que dicho precepto legal establece cinco causales por los cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico, causales que resulta necesario analizar; en este entendido diremos que la nulidad procede en cuanto al inc. 1) “Por faltar en el contrato, objeto o la forma prevista por ley como requisitos de validez.”, inciso aplicable a los contratos donde se observa la falta de objeto, debiendo entender que el objeto se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), es decir el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer en este entendido no se podría pensar la existencia de un contrato u obligación sin objeto. En cuanto a la falta de la forma, se aplica a los contratos en los que se observa la falta de los requisitos establecidos en el art. 452 del CC., o en los que la forma es un requisito para su validez como los señalados en el art. 491 del CC. Respecto al inc. 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley”, diremos que esta causal hace referencia a los requisitos establecidos por el art. 485 del CC., que textualmente señala: “Todo contrato debe tener un objeto posible, licito y determinado o determinable.”, sobre el que el Auto Supremo Nº 504/2014 de 08 de septiembre del 2014, orientó que: “el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien”.

En relación al inc. 3) “Por ilicitud de la causa  y por ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato.”, precepto que debe entenderse en sus dos elementos como ser la causa ilícita y el motivo ilícito, en el primer caso diremos que la causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; por otra parte en un contrato con causa ilícita las partes persiguen una finalidad económico- práctica, contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral). En el segundo caso el motivo ilícito se encuentra regulado en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres.”, motivo que se encuentra en la voluntad de la partes de dar vida al contrato (elemento subjetivo), bajo estos términos se debe tener presente que la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo.

Al respecto, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo, que: “Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo -como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita. Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil”.

En cuanto al motivo ilícito el Auto Supremo Nº 311/2013 de 17 de junio, orientó que: “…el mismo se encuentra comprendido en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que, en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir.

Asimismo, diremos que el objeto del contrato, se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), consiguientemente corresponde señalar que el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer”.

III.2. Sobre el error esencial.

Respecto al vicio de formación del contrato por error esencial corresponde citar el contenido del Auto Supremo Nº 272/2012 de 20 de agosto, que estableció lo siguiente: “Establecidos en detalle los fundamentos en base a los cuales los actores sustentan su demanda de nulidad por error esencial, corresponde precisar que, por definición, el error es un vicio de la voluntad y por ende del consentimiento porque afecta el proceso formativo de la voluntad, ya sea en el aspecto relativo a la voluntad interna, en cuyo caso se configura el denominado error-vicio, o en lo que se refiere a la exteriorización de la voluntad interna, en cuyo caso se configura el denominado error en la declaración.

Para el caso de autos nos interesa centrar nuestro razonamiento en el denominado error vicio, porque es el error propiamente dicho que afecta al proceso cognoscitivo del sujeto, dado que su voluntad interna se forma en base a un conocimiento equivocado o contrario a la realidad.

El error vicio según el Código Civil, puede ser esencial (art. 474), sustancial (art. Art. 475), o de cálculo (art. 476).

El error esencial, que es el que fundamenta la demanda, según lo previsto por el art. 474 del citado Código Civil, es el que recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato.

Al respecto el Tratadista Carlos Morales Guillen, anota que el error esencial llamado también error-obstáculo, impide la formación del consentimiento o concurso de voluntades, debido a que las partes no están de acuerdo sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad del objeto, de tal manera que hacen sus respectivas manifestaciones de voluntad, pensando que celebran contratos diferentes, o bien que se refieren a cosas distintas, lo cual impide que se forme el contrato.

De lo manifestado precedentemente se establece que el error esencial -que es el argüido por la parte demandante para la nulidad de los contratos de préstamo- se da cuando éste recae sobre: a) la naturaleza del contrato; b) el objeto del contrato.

El error sobre la naturaleza del contrato se da cuando las partes creen celebrar contratos distintos, es decir cuando ambas tienen en mente negocios jurídicos distintos, ejemplo una tiene en mente la venta de un bien y la otra tiene en mente recibir el bien en donación, en ese caso las voluntades en lugar de integrarse se distancian pues ambas partes tienen en mente la celebración de un contrato distinto al que la otra concibe.

El error sobre el objeto del contrato, es el denominado error in corpore que recae sobre la identidad del objeto o de la cosa, así por ejemplo una de las partes tiene en mente la venta de un inmueble ubicado en una determinada zona y la otra concibe la compra de un bien ubicado en una zona distinta, en cuyo caso no se produce la integración de las voluntades para dar nacimiento al consentimiento.

En ese sentido la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió el Auto Supremo No. 209 de 17 de junio 2010, a través del cual precisó que: "el error esencial es el concepto equivocado que se tiene de la realidad, consiste en creer verdadero lo que es falso, y viceversa. Atendiendo su gravedad y a los efectos que produce, los artículos 474, 475 y 476 del Código Civil, clasifican al error en: 1) esencial, 2) substancial y 3) de cálculo, respectivamente. Ciertamente el error esencial constituye causa de nulidad según establece el numeral 4) del artículo 549 del Código Civil, empero, éste debe recaer sobre la naturaleza del contrato o sobre el objeto del mismo; cuando una de las partes incurre en él, se dice que no hay acuerdo de voluntades. Cuando el error recae sobre la naturaleza del contrato, cada parte tiene en mira un negocio jurídico distinto, como cuando una entiende concurrir a un empréstito y la otra a una donación, o una entiende arrendamiento y la otra comodato, no hay ni empréstito ni donación, ni arrendamiento ni comodato, porque cada una de las partes ha querido algo diferente, razón por la cual sus voluntades no se han encontrado. En cambio, el error esencial sobre el objeto del contrato, es aquel que recae sobre la identidad del objeto, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra". 


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


1. Denunciaron que el auto de vista realizó una aplicación e interpretación errónea de los alcances del art. 549 nums. 1) y 4) como también de los arts. 485, 491, 493 y 474 del Código Civil, puesto que razonaron en sentido de que la ausencia de uno de los copropietarios en la transferencia  y la existencia de desfase entre la fecha de suscripción de la minuta y la protocolización constituyó la falta de objeto en el contrato o la forma prevista por ley como requisito de validez, así como la existencia de error en la naturaleza del contrato, razonamiento errado y alejado de lo establecido en el art. 485 del CC, asimismo en relación con los contratos sujetos a una forma determinada están estipulados en el art. 491 y siguientes del Código Civil, por lo que afirmaron que el contrato sujeto a nulidad cumple tanto con los requisitos de fondo como de forma establecidos por ley.

En relación a las causales de nulidad invocadas en el proceso se tiene que los casos de nulidad en el contrato de acuerdo al art. 549 num.1): “Por faltar en el contrato objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validéz” y el num. 4) del citado artículo dice: “Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato”.

Por otra parte, el art. 485 del Sustantivo Civil refiere: “Todo contrato debe tener un objeto posible, lícito y determinado o determinable”.

En cuanto a la forma de los contratos y los que deben celebrarse por documento público el art. 491 del Código Civil refiere que estos son: la donación, excepto la donación manual, la hipoteca voluntaria, la anticresis, la subrogación consentida por el deudor y los demás actos señalados por ley. En esa misma línea el art. 493 del Código Civil respecto a las formas determinadas por ley, expresa claramente que: “I. Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no asume validez sino mediante dicha forma, salvo otra disposición de la ley”.

Del análisis del documento a fs. 3 vta., referente a una minuta de transferencia de un bien inmueble situado en la ciudad de Llallagua de propiedad de Celestino Muruchi Ninavia, cuya cláusula segunda establece que: “Con el derecho propietario que me asiste y por así convenir a mis intereses, sin que medie presión de ninguna naturaleza que pueda anular el presente contrato doy en calidad de venta real y enajenación perpetua el mencionado bien inmueble en favor de los esposos: GREGORIO GABRIEL IBAÑEZ Y ASUNTA MAMANI DE GABRIEL, en el precio libremente convenido de $us. 2.000 (DOS MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100) dineros que se cancelan de manera efectiva sin que falten ni un solo centavo en moneda extranjera y de curso real”.

Del mismo, se puede observar que contiene objeto, causa y precio convenido, por lo tanto, si bien la transferencia fue realizada por uno solo de los copropietarios, se puede entender que la misma fue realizada dentro del marco del consentimiento y el acuerdo de partes, dentro de las formas previstas por ley para la venta, puesto que la forma establecida para el contrato de anticresis tiene sus propias características, por lo cual se entiende que la transferencia fue realizada de forma perfecta únicamente en cuanto toca al derecho propietario de la parte transferente sin que incluya el derecho del otro copropietario que no estuvo presente ni firmó la misma.

Tampoco existe prueba en el proceso que pueda sustentar la existencia de error esencial, puesto que se entiende que el demandante no puede suponer ni argumentar la existencia de error en el entender o querer de otra persona cual es el otro copropietario y menos accionar dicho error contra aquel, situación que podría estar permitida únicamente entre los suscriptores del contrato que se persigue la nulidad y tercero con interés legítimo que no concurre en el caso de autos. A tal efecto dichos reclamos carecen de sustento.


2. Expresaron indebida aplicación de los de instancia de los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil, referidos a la apreciación inadecuada de la prueba de ambas partes, toda vez que una certificación emitida por Derechos Reales en referencia al inmueble de litis, es tomada erróneamente en la sentencia como una Escritura Pública, asimismo de las pruebas cursantes de fs. 5 a 7, fs. 303, fs. 283 a 284, las cuales no demostrarían que se haya engañado al demandante y a su hijo, haciéndole firmar subrepticiamente un documento de compra venta cuando creía que era de anticrético.

Al respecto se tiene que la prueba de cargo, establece únicamente la transferencia del bien por parte de uno de los copropietarios, misma que no puede ser tomada como prueba del engaño que habría sufrido dicho transferente; por el contrario dicha transferencia de compra venta resulta ser una prueba inequívoca de la manifestación y acuerdo de ambas partes, una para vender y la otra para comprar, sin que exista en el proceso prueba que permita establecer la existencia de engaño o manipulación.

Por el contrario, no le correspondía accionar tal causal de error al otro copropietario hoy demandante, puesto que se entiende que los dueños de las voluntades expresadas en el documento pretendido de nulidad son solamente las partes suscribientes, es decir la del vendedor y de los compradores, quiénes en uso de la autonomía de la voluntad acordaron la suscripción de dicho documento que resulta ser uno que reúne todos los requisitos y no pudo ser desvirtuado.

Asimismo, respecto a los requisitos y diferencias entre un contrato de anticresis y otro de compra venta, se tienen las respuestas de los agravios 1 y 4. Por lo cual tales reclamos son acogidos.


3. Arguyeron que la resolución de alzada no habría tomado en cuenta la existencia de colusión entre el codemandado, el demandante y su apoderado, vulnerando así el principio de verdad material y el debido proceso; porque por prueba pericial adjuntada como de reciente obtención se habría determinado que el codemandado Celestino Muruchi Ninavia no fue citado legalmente porque la firma (alusiva a él) estampada en el formulario de citaciones y notificaciones no le correspondería así como tampoco la firma estampada en el memorial de fs. 25, expresando que ambos actuados habrían sido firmados y presentados por el apoderado del demandante, hermano del codemandado.

Por ello sostuvieron que tales actuaciones constituirían fraude procesal, mereciendo la nulidad de obrados y la implementación de sanciones para tales personas.

Al respecto el objeto del proceso es la nulidad de documentos, no existiendo acción reconvencional que haya sustentado los reclamos hoy traídos a esta instancia como ser la existencia de colusión y/o fraude procesal, en esa relación no se tomó como parte del objeto de la pretensión ni existió acción reconvencional opuesta sobre tales tópicos, por lo cual todo lo referido a tales argumentaciones en sus reclamos devienen en infundados.


4. Expusieron que tanto la sentencia como el auto de vista carecen de estudio y análisis de los hechos probados, no hicieron cita de la normativa en que fundaron su decisión, puesto que la prueba de cargo vulnera y desconoce el principio de verdad material exigido en los arts. 1283 del CC, y 213 num. 3) del Código Procesal Civil, toda vez que dicha prueba producida no podría por sí sola demostrar la inexistencia del objeto en el contrato como también el error sustancial en el mismo.

Al respecto y de acuerdo a la normativa y doctrina expuesta en el punto III.1. de la presente resolución, se tiene que el objeto conforme lo señalado en el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien.

De lo cual, en autos de fs. 5 a 7, cursa testimonio de inmueble Nº 0165/2002, documento de compra venta de un bien inmueble de 328 m2 ubicado en la avenida “Norte Potosí” sobre el camino hacia Uncía, en las cercanías del cruce Catavi, jurisdicción territorial del municipio de Llallagua, cuyo vendedor o cedente es Leocadio Mamani Cucho y los compradores o beneficiarios son Celestino Muruchi Ninavia y Raymundo Muruchi Choque, con ese antecedente propietario cursa la minuta de fs. 3 del proceso donde uno de los copropietarios (Celestino Muruchi Ninavia) transfiere el inmueble de 328 m2 ubicado en la avenida “Norte Potosí” s/n a favor de los esposos Gregorio Gabriel Ibáñez y Asunta Mamani Paco de Gabriel.

Del análisis del documento de transferencia de fs. 3, se observa que, al ser un documento privado, no reviste de las formalidades necesarias que requiere el contrato de anticresis, de acuerdo al art. 491 del CC, en ese entendido mal podría haber entendido el codemandado transferente que estaba suscribiendo uno de anticresis mucho menos si este requería ser publicitado posteriormente y el transferente  aún no contaba con el registro correspondiente en Derechos Reales, tampoco en el proceso existe prueba que respalde tal error esencial invocado.

En ese entendido, se puede concluir que la intención de Celestino Muruchi Ninavia fue la de transferir su derecho propietario por el precio libremente convenido de $us. 2.000 (DÓLARES AMERICANOS DOS MIL 00/100) expresando que el mencionado bien se encontraba libre de todo gravamen e hipoteca, comprometiéndose como vendedor de buena fe a las garantías de evicción y saneamiento correspondientes, por ende, al ser el contrato de compra venta, netamente consensual y observarse en el documento las manifestaciones y acuerdos consensuales entre el vendedor y los compradores, se puede concluir que Celestino Muruchi Ninavia transfirió sus derechos y acciones en su calidad de copropietario.

Con base en ese antecedente, el demandante copropietario Raimundo Muruchi Choque, no puede pretender nulidad completa de la transferencia realizada por el otro copropietario, mucho menos si la pretensión es también contra el otro copropietario, que, se entiende ser propietario del 50% de acciones y derechos sobre el inmueble de la litis.

Por ello se concluye que los de instancia erraron, porque un copropietario a título de tener derecho y titularidad, no puede mediante una acción judicial pretender obtener un porcentaje mayor a su derecho de propiedad, ya que, en principio ambos eran titulares del bien inmueble, pero una vez que el otro decidió transferir su parte, solamente quedó un 50% de acciones y derechos de dicha propiedad. 

Con base a todo lo analizado supra y también a lo expresado y analizado en la respuesta del agravio 1), se establece amparar favorablemente los mismos, resolviendo casar parcialmente el auto de vista en relación al 50% de las acciones y derechos del copropietario.


5. Manifestaron que los de instancia realizaron una interpretación errónea del art. 551 del Código Civil, toda vez que el demandante pretende una nulidad de un documento de compra venta celebrado entre dos personas ajenas a él, donde nunca tuvo participación ni interés legítimo, por lo cual la demanda propuesta es manifiestamente improponible, si bien el demandante es copropietario, jamás se pactó o realizó contrato sobre sus acciones y derechos, puesto que el derecho propietario del demandante quedó incólume.

En lo que respecta a este reclamo conviene establecer que el art. 551 del Código Civil expresa que la nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo, en el caso concreto el demandante tiene interés legítimo al ser copropietario del bien, y siendo que el mismo fue transferido en su totalidad le asiste el derecho de recuperar la mitad de las acciones y derechos dispuestos por el otro copropietario; sin embargo, se aclara que el demandante, no puede pretender la nulidad de toda la transferencia, por lo que la pretensión es acogida únicamente en cuanto al 50 % de acciones y derechos que le corresponden de acuerdo a ley.


De la respuesta al recurso de casación.

Al efecto la presente resolución acoge la nulidad únicamente en lo que respecta a las acciones y derechos del demandante, en esa medida toma lo expresado en la respuesta.

Por lo expuesto, corresponde emitir fallo en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA EN PARTE el Auto de Vista 17/2019 de 15 de agosto, cursante de fs. 415 a 418,  en lo que respecta a conceder la nulidad en la parte del 50 % de acciones y derechos correspondiente al demandante. Sin costas y costos por la casación parcial.

Sin responsabilidad por ser excusable el error inducido.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.                

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.