TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                      S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 721 /2019        

Fecha: 29 de julio de 2019

Expediente: LP-39-19-S.

Partes: Germán Cano Machaca, Josefa Tomasa Anti Choque, Amalia Ruth Poma de Choque, Susana Blanco Gómez, Carmen Rosa Patti de Tantani, Alejandrina Calle Quispe, Elva Yolanda Ruiz Anti, Rosmery Paye Usnayo, José Manuel Anti Choque, Brígida Anti de Ruiz, Herminia Fernández Mamani, Rosendo Mamani Mullisaca, Alberta Puma Peñas, Clemente Callisaya Uchazara, Lidia Mendoza de Arcaya, Sonia Neli Fernández Mamani, Rosalía Callisaya Quispe, Elza Quispe de Huaranca representados legalmente por Brígida Anti de Ruiz c/ “Empresa Mariscal Santa Cruz” representada por Wálter Saturnino Marañón Altamirano   

Proceso: Usucapión.                                    

Distrito: La Paz.                

VISTOS: El recurso de casación de fs. 660 a 672, presentado por Brígida Anti de Ruiz por sí y en representación de Germán Cano Machaca, Josefa Tomasa Anti Choque, Amalia Ruth Poma de Choque, Susana Blanco Gómez, Carmen Rosa Patti de Tantani, Alejandrina Calle Quispe, Elva Yolanda Ruiz Anti, Rosmery Paye Usnayo, José Manuel Anti Choque, Brígida Anti de Ruiz, Herminia Fernández Mamani, Rosendo Mamani Mullisaca, Alberta Puma Peñas, Clemente Calizaya Uchazara, Lidia Mendoza de Arcaya, Sonia Neli Fernández Mamani, Rosalía Callisaya Quispe, Elza Quispe de Huaranca, impugnando el Auto de Vista Nº 429/2018 de 01 de junio, cursante de fs. 656 a 658, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el proceso ordinario de usucapión, seguido por los recurrentes contra la Empresa “Mariscal Santa Cruz”, contestación de fs. 677 a 678 vta., Auto de concesión de 7 de febrero de 2019 cursante a fs. 689; Auto de admisión N° 253/2019-RA  de 14 de marzo, cursante de fs. 697 a 698 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Brígida Anti de Ruiz por sí y en representación otros, demandó, por memorial de fs. 294 a 298 vta., subsanado por escritos a fs. 305, 308, 309 y vta., 316 y 317 y vta., a la Empresa “Mariscal Santa Cruz”, representada por Wálter Saturnino Marañón Altamirano, la usucapión de terrenos en la Urbanización “Mariscal Santa Cruz”, habiéndose citado a la parte demandada mediante edictos de ley, por lo que el defensor de oficio contestó rechazando la demanda por memorial de fs. 326 a 327 vta.

Tramitado el proceso ordinario se emitió Sentencia N° 165 “A”/2016 de 31 de octubre de 2016, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Nº 6 de la ciudad de El Alto en el departamento de La  Paz, cursante de fs. 567 a 576, que declaró PROBADA la demanda principal consecuentemente los demandantes adquirieron el derecho propietario por posesión  por haber operado la usucapión decenal o extraordinaria, disponiendo se proceda por la oficina de Derechos Reales de la localidad de Viacha a su inscripción definitiva.

2. Resolución de primera instancia que generó la apelación de María Rosario Valda Vda. de Marañón, como parte demandada, mediante escrito de fs. 605 a 610.  El 01 de junio de 2018 la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por el Auto de Vista Nº 429/2018, cursante a fs. 656 a 658, ANULÓ obrados hasta fs. 592 ordenando al juez de origen regularizar el procedimiento con base en los datos del proceso y las normas legales que rigen la materia. El fundamento de nulidad es que al momento de apersonarse al presente proceso María Rosario Valda Vda. de Marañón, si bien adjunta a fs. 589 y 590 los certificados de matrimonio contraído por su persona con Wálter  Saturnino Marañón Altamirano y defunción del mismo, pero no adjunta la correspondiente declaratoria de herederos o su calidad de socia de la Empresa “Mariscal Santa Cruz S.R.L.”, es decir no acredita su legitimación procesal exigida por las normas jurídicas citadas, lo que determina que al momento de presentar el recurso de apelación María de Rosario Valda Vda. de Marañón, no ha demostrado ser parte del presente proceso con documentación legal e idónea para poder demostrar este extremo a efectos de acreditar su legitimación pasiva.

3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por la parte demandante representada por Brígida Anti de Ruiz, mediante memorial de fs. 660 a 672, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusó que el Auto de Vista con la anulación de obrados generó daño colateral a la parte demandante al impedirle acceder a su derecho propietario perseguido por el transcurso del tiempo a perfeccionarse mediante usucapión, así también en la interpretación errónea de la norma incurrió en retardación de justicia y vulneró el derecho a la tutela efectiva plasmada en el art. 115.I de la Constitución Política del Estado.

2. Demandó que el Auto de Vista recurrido, al anular la sentencia incumplió con los principios de dirección, saneamiento y celeridad, puesto que retrotrajo actuaciones procesales del pasado año y desde la apelación interpuesta transcurrieron 14 meses para emitirse el Auto de Vista por lo que el proceso debió sanearse antes de la radicatoria de autos, ya que a estas alturas vulnera el debido proceso establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

Concluyó solicitando se deje sin efecto el Auto de Vista. 

De la contestación al recurso de casación.

  1. Señaló que los herederos de Wálter Marañón Altamirano no fueron identificados en el proceso, y que su esposo murió mucho antes de interponer la demanda. Recalcó que no se identificó a las personas demandadas y tampoco se averiguo quienes son los verdaderos sujetos pasivos de la Empresa Mariscal Santa Cruz para las citaciones en su domicilio a efectos de la defensa inviolable.
  2. Argumentó que los demandantes no ingresaron con contratos a los predios sino de forma violenta a la Urbanización Mariscal Santa Cruz, que es un lugar de conflicto constante y que al no tener consentimiento del propietario se hace inviable la demanda.
  3. Agregó que el proceso debió realizarse en Viacha y no en El Alto, que la sentencia no garantiza la seguridad jurídica y que le situaron en indefensión, que el recurso de casación no señala con precisión qué leyes fueron violadas o infringidas por lo que no se debe dar curso a la petición y que se pretende dar validez a una sentencia dictada vulnerándose sus derechos.

Concluyó pidiendo al Tribunal Supremo se anulen obrados hasta el decreto de admisión.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. De la nulidad de obrados.

Respecto a la nulidad de obrados el A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: “…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las  etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115-II.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

La parte recurrente expresa casación en la forma, enfocando su denuncia al actuar del Auto de Vista en la anulación de obrados que generó daño colateral a la parte demandante al impedirle acceder a su derecho propietario perseguido por el transcurso del tiempo a perfeccionarse mediante usucapión, así también en la interpretación errónea de la norma se incurrió en retardación de justicia y vulneró el derecho a la tutela efectiva plasmada en el art. 115.I de la Constitución Política del Estado; y que se incumplió con los principios de dirección, saneamiento y celeridad, puesto que retrotrajo actuaciones procesales del pasado año y desde la apelación interpuesta transcurrieron 14 meses para emitirse el Auto de Vista por lo que el proceso debió sanearse antes de la radicatoria de autos.

Para establecer la pertinencia del reclamo es necesario realizar la siguiente consideración:

La parte recurrente demandó a la Empresa “Mariscal Santa Cruz”, representada por Wálter Saturnino Marañón Altamirano, por usucapión de predios en una superficie 1.037.778,03 m2, conforme los términos de su demanda. Tramitado el proceso, se dictó Sentencia N° 165 “A” /2016 de 31 de octubre, que declaró probada la demanda principal declarando por operada la usucapión a favor de 17 beneficiarios demandantes.

Posteriormente, a fs. 587 se apersonó al proceso María Rosario Valda Vda. de Marañon, que por providencia a fs. 587 vta., se le ordenó subsane las literales adjuntas por no cumplir con el art. 1311 del Código Civil. Presentando esos documentos en originales a fs. 589 y 590 (certificado de matrimonio de Wálter Saturnino Marañón Altamirano con María Rosario Valda Aliaga y certificado de defunción de Wálter Saturnino Marañón Altamirano) por providencia a fs. 592 se tuvo por apersonada al proceso en calidad de posible heredera de Wálter Marañón Altamirano, que no fue cuestionada por la parte actora.

Más adelante, notificados con la sentencia mediante edictos, María Rosario Valda Vda. de Marañón presentó recurso de apelación por memorial cursante de fs. 605 a 610 que, con el trámite respectivo, permitió la emisión del Auto de Vista N° 429/2018 de 1 de junio, que anuló obrados hasta fs. 592, porque el proceso de usucapión es contra la Empresa Mariscal San Cruz cuyo representante y socio es Wálter  Marañón Altamirano, a lo que indicó: “…y es así que al momento de apersonarse al presente proceso María Rosario Valda Vda. de Marañón, si bien adjunta a fs. 589 y 590 los certificados de matrimonio contraído por su persona con Wálter  Saturnino Marañón Altamirano y de defunción del mismo, pero no adjunta la correspondiente declaratoria de herederos o su calidad de socia de la Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L., es decir no acredita su legitimación procesal exigida por las normas jurídicas citadas, lo que determina que a momento de presentar el recurso de apelación María de Rosario Valda Vda. de Marañón, no ha demostrado ser parte del presente proceso con documentación legal e idónea para poder demostrar este extremo a efectos de acreditar su legitimación pasiva…”

Determinación de alzada que únicamente fue recurrida por la parte actora, incidiendo retardación de justicia y vulneración a su derecho a la tutela efectiva plasmada en el art. 115.I de la Constitución Política del Estado, pidiendo que se anule el Auto de Vista recurrido y se dicte nueva determinación sobre el fondo de la apelación; recurso que fue respondido por María Rosario Valda Vda. de Marañón, solicitando la nulidad del proceso hasta la admisión de la demanda.

En ese antecedente, podemos verificar que el Tribunal de alzada anuló obrados porque, a su criterio, María Rosario Valda Vda. de Marañón no acreditó legitimación pasiva para estar dentro el proceso debido a que no adjuntó declaratoria de herederos o su calidad de socio de la empresa demandada, habiendo anulado obrados hasta el momento en que se aceptó su apersonamiento al proceso a fs. 592. En tal caso, se podría entender que la persona agraviada únicamente con el Auto de Vista es María Rosario Valda Vda. de Marañón, ya que no solo se desestima su apelación, sino también su apersonamiento al proceso, por lo que el recurso de casación presentado por la parte adversa la demandante- pidiendo se resuelva la apelación de su oponente, no tendría legitimación procesal para tal solicitud, pues no le afecta la determinación de alzada al haber quedado incólume la sentencia.

Sin embargo, la nulidad inferida por el Tribunal de alzada, retrotrajo etapas ya concluidas dentro el proceso que, evidentemente, causa perjuicio a la parte recurrente, el anular hasta la providencia que acepta el apersonamiento de María Rosario Valda Vda. de Marañón, alcanzó también a la notificación con la sentencia realizada mediante edicto, que más allá del tiempo que implica su reposición causa perjuicios económicos a la parte actora, por las publicaciones en medios de comunicación escrita. En ese margen, se apertura la posibilidad de verificar el motivo por el cual se realizó la nulidad procesal, observando su razón desde dos componentes: a) una estrictamente procesal, porque una vez aceptado el apersonamiento al proceso por parte del juez de la causa, se entiende que el juez analizó la posición de la apersonada, con la verificación de los documentos presentados, lo que implica que el Tribunal de alzada no podía, sin que exista reclamo al respecto, revisar actos ya procedidos, mucho más cuando aquel no irradió afectación de defensa y reclamo de la parte adversa. b) En sustancia, el fundamento del Tribunal de alzada para estimar que María Rosario Valda Vda. de Marañón no tiene legitimación pasiva es la no presentación de su declaratoria de herederos o documento de su calidad de socia de la persona jurídica usucapida, sin comprender que nuestra norma sustantiva reconoce la aceptación tácita de la herencia, en el art. 1025.II del Código Civil, que se debe cuando el heredero realiza uno o más actos que no tendría derecho de realizar sino en su calidad de heredero, lo cual hace presumir necesariamente su voluntad de aceptar.

Por lo expuesto, considerando el apersonamiento como cónyuge supérstite en respaldo de su certificado de matrimonio y defunción de Wálter Marañón Altamirano, además en atención al tiempo transcurrido desde la apertura de la sucesión hasta el apersonamiento, se puede establecer la aceptación tácita de la herencia de María Rosario Valda Vda. de Marañón, que establece su relación de heredera de Walter Saturnino Marañón Altamirano. Por lo cual las razones para rechazar el apersonamiento no son consistentes y peor aún no permiten realizar una nulidad de obrados de la forma como se la ha inquirido, pues se debió considerar que la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las  etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes, lo que en el caso no sucedió.

En consecuencia, si bien la parte adversa es quien presenta la casación, en la pasividad de la parte a quien se desestimó su apersonamiento, no menos cierto es que la nulidad afectó el desarrollo del proceso y además resulta de interés del recurrente que se resuelva el recurso de apelación para obtener certeza de la determinación que les beneficia en sentencia; por lo cual es aceptable el reclamo de los recurrentes que la nulidad se incurrió en retardación de justicia y se vulneró el derecho a la tutela efectiva plasmada en el art. 115.I de la Constitución Política del Estado, por lo que corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista para que ingrese a resolver la apelación opuesta.

Por lo manifestado corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220. III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 429/2018 pronunciado el 01 de junio, cursante de fs. 656 a 658, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y dispone que la misma sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

En aplicación al art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial remítase copia del presente fallo al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                    

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.