TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 703/2019                                                                

Fecha: 19 de julio de 2019                                                 

Expediente: CB-19-19-S                                                                                 

Partes: Betty Eterovic Prada c/ Pedro José Luis Rivera Eterovic y otros.                                

Proceso: Acción pauliana.                                                                                                       Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 841 a 847 vta, interpuesto por Betty Eterovic Prada a través de su representante legal Julio Gerónimo Valenzuela Eterovic, contra el Auto de Vista de 22 de junio de 2018 de fs. 834 a 838 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso sobre acción pauliana, seguido por la recurrente contra Pedro José Luis Rivera Eterovic y otros; las respuestas al recurso de casación de fs. 852 a 854 vta., y 858 a 861 vta.; el Auto de Concesión de 20 de febrero de 2019, cursante en fs. 862; el Auto Supremo de Admisión Nº 256/2019-RA de fs. 868 a 869 vta.; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia N° 27/2009 de 04 de marzo, cursante de fs. 628 a 634, por la que declaró IMPROBADA la demanda principal presentada por Betty Eterovic Prada; PROBADAS las excepciones perentorias de falta de acción y derecho e improcedencia, opuestas por Pedro José Luis Rivera Eterovic y Raúl Marcelo Salinas Gamarra, e IMPROBADAS las demás excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad y prescripción.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Betty Eterovic Prada a través de su representante legal Julio Gerónimo Valenzuela Eterovic, mediante memorial de fs. 637 a 639 vta.; en cuyo efecto la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió el mismo mediante Auto de Vista de 22 de junio de 2018 de fs. 634 a 638 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia, arguyendo, entre otros, que todo el acervo probatorio producido a lo largo del proceso, evidencia que los montos consignados en la Auditoria como “otros prestamos” en favor de Betty Eterovic Prada (ver fs. 386), no son de origen determinable, por lo que no puede determinarse si el génesis de esa deuda deviene de las minutas de 31 de agosto y 16 de septiembre de 1999 (que sustentan la presente acción), más aún cuando estos documentos de préstamo carecen del reconocimiento público que exige el art. 1421 del Código Civil; además, que esa imprecisión impide determinar si la deuda consignada en la Auditoria, es anterior o no a la venta de las acciones litigadas.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 841 a 847 vta., interpuesto por Betty Eterovic Prada a través de su representante legal Julio Gerónimo Valenzuela Eterovic; el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Denunció que el Tribunal de apelación a pesar de exponer las características sobre la valoración de la prueba, incurre en error de derecho en la valoración de los documentos comerciales presentados dentro el proceso, ya que no considera que estas literales se convierten en documentos complementarios que acrediten el préstamo de dinero, contenido en las minutas de préstamo de fechas 31 de agosto y 16 de septiembre de 1999, toda vez que los estados financieros constituyen declaraciones juradas voluntarias de las empresas comerciales y que de acuerdo al Código de Comercio, son prueba idónea para acreditar la existencia de una obligación impaga de la persona jurídica que las presenta ante la oficina de Impuestos Nacionales.
  2. Señaló que los documentos de préstamo de dinero que motivan esta acción, han sido legalmente reconocidos en sus firmas y rúbricas por Oscar Eterovic Parada y Betty Eterovic Prada, por lo que estos documentos y su contenido cuentan con la eficacia jurídica exigida al respecto, y en ese entendido, no puede el Tribunal de alzada, a partir de jurisprudencia generada en base al anterior CPC, quitarles el valor probatorio, más aun cuando estas acreencias cuentan con el respaldo de los estados financieros referidos.
  3. Alegó que el Ad quem incurre en error de hecho en la valoración de la prueba, al no considerar que la falta de negación expresa respecto al reconocimiento de la deuda consignada en los estados financieros implica una tácita y espontánea confesión que ahonda más con el hecho de que los mismos demandados interponen excepción de prescripción que en el fondo implica un reconocimiento de la obligación; así como al no percatarse que en el estado financiero ha sido marcado como “otros prestamos” varios prestamos de manera global, entre los que obviamente están incluidos las dos obligaciones que motivan la presente acción.
  4. Indicó que los Juzgadores de grado tampoco han considerado los estados financieros y examen de auditoria acompañados de fs. 327 a 444, referentes a los a los estados financieros de las gestiones 2000 a 2002, en las cuales se ha reconocido expresamente la existencia de la deuda a favor de su mandante; documentos que además, han sido presentados a GRACO, teniendo la calidad de declaración jurada.
  5. Refirió que el Auto de Vista, incurre en error en la apreciación de la prueba cuando en el Considerando II núm. II.4, sostiene que el monto consignado en los estados financieros, consistente en Bs. 503.085,06, es distinto a los $us.- 82.472,96 adeudados, sin tomar en cuenta que por el tipo de cambio a la fecha de la elaboración de la auditoria (Bs. 6.1), se puede constatar que los $us.- 82.472,96 equivalen a la suma de Bs. 503.085,06, consignados en dicha auditoria, y en ese entendido concluye señalando que si ha cumplido con los cinco presupuestos que exige la acción pauliana.

En base a lo expuesto, solicitó case el Auto de Vista impugnado y en su lugar se declare probada la demanda en todas sus partes, sea con cotas y costos. 

Respuesta al recurso de casación.

  1. Mencionó que la recurrente no ha sabido diferenciar a cabalidad el sentido y la significación de un recurso de casación en el fondo y en la forma, habiendo en su exposición confundido, enredado y desordenado, estos medios legales de invalidación de una sentencia o auto de vista, para en definitiva presentar una impugnación anómala e impropia a título de casación.
  2. Acusó que es inaceptable que la recurrente lance acusación respecto a la vulneración del art. 145 del Código Procesal Civil, pues el Auto de Vista guarda una estructura procesal correcta, es congruente y se encuentra debidamente motivada y fundamentada en derecho.
  3. Manifestó que la recurrente confunde la casación en el fondo, con la casación en la forma y el recurso de nulidad, mismos que por su naturaleza, no pueden ser confundidos porque persiguen efectos jurídicos diferentes, razón por la que la ley exige que sean necesariamente individualizados y concluyan cada uno con su respectivo petitorio.    

Concluyó solicitando que este Tribunal de casación declare infundado el recurso de casación del contrario.

  1. Reiteró los argumentos y la solicitud expuesta en la respuesta del codemandado Pedro José Luis Rivera Eterovic.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la acción pauliana.

Entre los medios para la conservación de la garantía patrimonial inmersos en el Código Civil, encontramos a la Acción Pauliana, sobre la cual el autor Carlos Morales Guillen en su obra titulada Código Civil Concordado y Anotado - Tomo II, señala: “La acción pauliana, llamada también revocatoria, es la que la ley faculta al acreedor para hacer revocar los actos celebrados por su deudor, en fraude de sus derechos que le causan perjuicio”. Con similar criterio Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U., en su obra Curso de Derecho Civil Tomo III, Obligaciones, pág. 286, refieren: “Hay casos en que el deudor perjudica al acreedor, y es celebrando actos que tienen por objeto enajenar los bienes, hacer que los bines patrimoniales que estaban afectando al derecho de prenda general del acreedor, salgan de ese patrimonio, en presencia de estos actos, el legislador acude al auxilio del acreedor y le concede la acción pauliana o revocatoria, que es aquella que el legislador concede al acreedor para revocar los actos ejecutados por el deudor en fraude de sus derechos”. Infiriendo que la finalidad de esta acción es el de invalidar las operaciones fraudulentas que los deudores puedan realizar en perjuicio de sus acreedores.

En esa lógica, este Máximo Tribunal de Justicia, emitió el Auto Supremo Nº 26/2016 de 20 de enero, que al respecto señaló: “La acción pauliana o revocatoria es el instituto jurídico mediante el cual el acreedor está facultado para demandar que los actos jurídicos de su deudor, respecto a él, sean ineficaces y surtan efectos, conservándose de esta forma su patrimonio antes de quedar insolvente. De esta manera conforme señala el art. 1446 del Código Civil, el acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, debiendo concurrir ineludiblemente los siguientes requisitos: “1) Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o agravando la insolvencia del deudor. 2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor. 3) Que, en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título gratuito. 4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro acreedor. 5) Que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo, no se tendrá el término por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las garantías con que contaba el acreedor”.

Consiguientemente, podemos advertir que al margen de lo ya expuesto sobre lo que se debe entender por Acción pauliana, también se concretó que el ejercicio de está se encuentra condicionada a la concurrencia de todos los requisitos inmersos en el art. 1446 del Código Civil, por lo que refiriéndonos a estos, corresponde citar nuevamente a Carlos Morales Guillen, que en la obra citada supra, señaló que lo siguiente: 1) La Insolvencia del deudor y perjuicio del acreedor, está referido a aquellos actos que el deudor realiza comprometiendo el cumplimiento y realización de su crédito, pues el empobrecimiento de este ya sea por actos que disminuya su patrimonio en favor de terceros o se sustituyan bienes perfectamente embargables con otros que sean fáciles de proteger de las persecuciones de los acreedores, generaran perjuicio en el acreedor, por lo que en caso de concurrir esos casos será admisible la procedencia de la acción; 2) El propósito fraudulento intencional del deudor, ocurre cuando el deudor tiene conocimiento de que su acto perjudica al acreedor, siendo en este caso suficiente el conocimiento que tenga el deudor para determinar el propósito fraudulento intencional del deudor, esto según la doctrina del fraus dici re ipsa; 3) La complicidad del tercero, este requisito concurre cuando el tercero que forma parte del acto a título oneroso, es decir, desembolsando la contrapartida que ingresa al patrimonio del deudor, tiene la voluntad de ayudar y facilitar al deudor la organización del fraude y por ende el perjuicio del acreedor; de esta manera el conocimiento que tenga el tercero de la insolvencia que genera en el deudor el acto que realiza con este, resulta suficiente para determinar su complicidad fraudulenta; ahora bien, puede darse el caso de que el acto sea a título gratuito y no oneroso, en ese caso no será necesario que quien pretenda la acción pauliana acredite el conocimiento del tercero, pues está prospera aunque el tercero no tenga conocimiento; 4) La anterioridad del crédito, está referido a que el crédito sea anterior al acto de disposición del deudor, pues por lógica el acreedor no puede pretender la revocatoria de actos de disposición de bienes que ya no formaban parte del patrimonio del deudor a tiempo de nacimiento del crédito, salvo que el acreedor demuestre que el acto de disposición así sea anterior al crédito, se haya pre ordenado dolosamente el fraude para perjudicar al acreedor, y; 5) Que el crédito sea líquido y exigible, lo que no supone necesariamente tener un título ejecutivo, sino que el crédito, con la finalidad de justificar la medida conservatoria, presente determinados caracteres de certidumbre y seguridad para el acreedor.

III.2. Sobre la valoración de la prueba.

La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco, es: “…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”.

En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba, señaló: “La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial”; asimismo, refiriéndose  al curso internacional Teoría de la Prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo, que señaló: “El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón”, es decir, que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.

Empero, esta actividad valorativa se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo mérito el Auto Supremo N° 240/2015, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397, parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 39,  parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

De estas acepciones podemos inferir para el caso en concreto, que en nuestro régimen procesal civil, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien, el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o  formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley1.

Siendo así, que ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastado justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir, que existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de Alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad material, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Toda la argumentación expuesta en el recurso de casación se encuentra abocada a cuestionar la valoración de la prueba producida por la parte actora, concretamente de los estados financieros de la empresa SAICO S.A., referentes a las gestiones 2000 a 2002 (fs. 327 a 444). Documentos que según lo expuesto en el recurso, se convierten en documentos complementarios que acreditan el préstamo de dinero contenido en las minutas de préstamo de fechas 31 de agosto y 16 de septiembre de 1999, ello debido primordialmente a que los estados financieros constituirían declaraciones juradas voluntarias de las empresas comerciales y que de acuerdo al Código de Comercio, son prueba idónea para acreditar la existencia de una obligación impaga de la persona jurídica que las presenta ante la oficina de Impuestos Nacionales (GRACO).

Tesis en virtud de la cual, sostiene la recurrente que en este caso ha quedado demostrado su vínculo contractual con la empresa SAICO S.A., y rechaza la postura del Tribunal de alzada que niega tal situación, señalando que los montos consignados en dichos estados financieros (Bs. 503.85,06), son distintos a los montos pretendidos en esta demanda ($us. 82.472,96) y que el origen de dicha suma es indeterminable porque no se puede establecer si la mismo proviene de las minutas que sustentan la presente acción. 

Cabe señalar al respecto que en el tráfico jurídico se desarrollan diferentes relaciones jurídicas que en gran parte nacen de los contratos, pues son estos instrumentos jurídicos los que generan los vínculos para realizar y ordenar las actividades económicas de la sociedad. Así el contrato aparece como una de las instituciones esenciales de la sociedad moderna para que el ser humano satisfaga sus necesidades individuales y colectivas a través del intercambio de bienes y servicios.

Si bien los acuerdos que son plasmados en los contratos, según su naturaleza, pueden ser orales o escritos, en la mayoría de los casos se plasman en documentos, que en el tema de los contratos consensuales sirve como una prueba de su existencia, pues estos contratos, para su perfeccionamiento no requieren de formalidad alguna; y a contrario sensu en el caso de los contratos solemnes los documento (públicos generalmente) son parte o requisito esencial para su existencia. De manera que, al referirnos al contrato, diremos que este no es un simple compromiso de amistad, sino que al pactarlo generalmente mediante documento privado o escritura pública-, se lo hace con la intensión de crear derechos, por una parte y obligaciones por la otra, teniendo la protección de los tribunales, si fuere preciso, en caso de incumplimiento o cualquier divergencia que pudiera emerger de ellas.

Consiguientemente, para que un contrato surta eficacia jurídica, basta que en su formación concurran dos o más voluntades, la una, en cuyo favor se establezcan derechos y, la otra, impelida al cumplimiento de la obligación, pues es por ello que el art. 519 del Código Civil, establece que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y que esta no puede ser disuelta sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley.

En ese entendido, en el presente caso, podemos advertir que los contratos de fechas 31 de agosto y 19 de septiembre de 1999, que motivan la presente acción (ver fs. 6 y 7), se encuentran dentro la categoría de los “contratos de mutuo”, que son aquellos contratos en virtud de los cuales una de las partes entrega a la otra, dinero u otra cosa fungible, con la condición de que se le devuelva otro tanto de la misma especie y calidad; contratos que por cierto se encuentran regulados por el art. 895 y siguientes del Código Civil. Si esto es así, el razonamiento vertido por el Tribunal de alzada, respecto a que en este proceso no fue demostrado el vínculo contractual de la actora y la empresa SAICO S.A., es errado, ello debido a que el contrato de mutuo por su naturaleza constituye un contrato traslativo de dominio y se perfecciona sin mayor formalidad que la traslación de la cosa, de manera que es indiferente para este tipo de contratos, si la misma fue suscrita a través de documento privado o escritura pública, siempre y cuando haya concurrido la traslación, pues el tema de las formalidades que este contrato pudiera requerir, únicamente estarán vinculadas al resguardo de las garantías estipuladas en la misma, mas no serán condicionantes de su perfeccionamiento (tenemos por ejemplo el contrato de mutuo con prenda sin desplazamiento en industria, que según el art. 1421, exige su constitución a través de escritura pública, empero, ello lo hace únicamente con el afán de resguardar la garantía del crédito que es la prenda-, mas no como un requisito de validez de la relación contractual).

De ahí que los contratos que motivan la presente acción, al estar reconocidas en sus firmas y rúbricas (lo que implica que hubo la traslación de la cosa), cuentan con la eficacia que establece el art. 1297 del CC, y en ese entendido demuestran el vínculo contractual entre la recurrente y la empresa SAICO S.A., siendo indiferente, para su validez, que las acreencias consignadas en las mismas hayan sido garantizadas con la prenda sin desplazamiento de la maquinaria de dicha empresa, pues ello, únicamente será relevante cuando la acreedora pretenda efectivizar su acreencia, mas no es determinante para el establecimiento de la relación contractual existente entre los sujetos mencionados; sucediendo similar situación con los estados financieros que cursan de fs. 327 a 444, pues al estar demostrado el vínculo contractual por los contratos de referencia, resulta indiferente la valoración de dichos estados financieros.     

Si bien hasta este punto han sido acogidos los reclamos de la recurrente, en sentido de haberse constatado que el Tribunal de alzada, incurrió en una errónea valoración de los elementos probatorios de cargo, en relación al vínculo contractual que tiene la actora y la empresa SAICO S.A., ello no involucra que se haya acogido la tutela impetrada en la demanda, pues para ello resulta imperioso revisar el cumplimiento de los presupuestos que exige la acción pauliana.

Ahora bien, dentro de las relaciones jurídico-contractuales, siempre han existido deudores que incumplen con el pago de sus acreencias, y muchas veces estos de forma dolosa, tienden a valerse de artificios y engaños para generar su insolvencia, de tal manera que suelen disponer de sus bienes, con el único fin de evitar que estos sean embargados, quedando en consecuencia, insolventes para responder por sus obligaciones, todo ello en detrimento de su acreedor. 

Ante esta situación nuestro ordenamiento jurídico, a través de lo estipulado en el art. 1446 y siguientes del Código Civil, confiere a los acreedores la posibilidad de activar la acción pauliana; acción que otorga al acreedor la facultad de exigir judicialmente que los actos realizados por su deudor para evadir el pago de su crédito, sean revocados solo en su favor, es decir, que dicha revocatoria es limitativa, únicamente a las obligaciones que tiene el deudor fraudulento con el acreedor que demandó la acción pauliana, razón por la que el Código Civil en su art. 1446.I, dispone que: “El acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor”2

Diremos entonces que la acción pauliana o revocatoria tiene su fundamento principal en la garantía patrimonial que tienen los acreedores sobre los bienes del deudor y que se traduce en una obligación de respeto de la expectativa de satisfacción de los acreedores, razón por la cual faculta al acreedor para demandar que los actos jurídicos de su deudor, respecto a él, sean ineficaces y surtan efectos, conservándose de esta forma su patrimonio antes de quedar o agravar su situación de insolvencia. Empero, la procedencia de esta acción se encuentra reatada al cumplimiento de ciertos presupuestos, que de acuerdo a lo establecido por el art. 1446.I del CC, son los siguientes: 1) Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o agravando la insolvencia del deudor; 2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor; 3) Que, en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título gratuito; 4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro acreedor, y; 5) Que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo, no se tendrá el término vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las garantías con que contaba el acreedor.

En ese contexto, de la revisión del cuaderno procesal, se puede colegir que si bien la actora acredita tener un vínculo contractual con la empresa SAICO S.A., pues así se observa en los contratos de fechas 31 de agosto y 19 de septiembre de 1999 (fs. 6 y 7), donde se conceden dos créditos monetarios; uno de $us. 40.000 y el otro de $us. 42.472,96 en favor de SAICO S.A.; cabe tomar en cuenta que estos créditos, conforme describe la Cláusula Tercera de ambos contratos, fueron garantizados con la prenda sin desplazamiento de la maquinaria de esta Empresa, lo que permite inferir que la acreedora cuenta con una garantía específica, que avala los créditos concedidos (constituyéndose una acreedora privilegiada), entonces, no cabe duda que la resolución de esta controversia pasa primero por verificar si los actos que pretenden ser revocados a través de la acción pauliana, están relacionados a la disposiciones de la garantía señalada en los contratos, a manera de verificar el cumplimiento del primer requisito de esta acción referente a que el acto impugnado haya originado o agravado la insolvencia del deudor para el cumplimiento de su obligación.

Para ello resulta pertinente remitirnos a la literalidad de la demanda, donde la actora claramente señala que la maquinaria de la empresa SAICO S.A., que constituía la garantía prendaria de sus acreencias, fue dispuesta por los demandados, lo que en consecuencia, justificaría la insolvencia de la empresa para el pago de sus deudas. Así se deduce de la siguiente afirmación: “…La maquinaria otorgada en garantía privilegiada a favor de la señora Betty Eterovic Prada ha sido dispuesta, ingresando la conducta de los responsables de tal hecho dentro de las previsiones del Art. 1446 del Código Civil” (sic); de ahí que ante tal hecho pretenda que sean revocados los actos de disposición de las acciones, que tenía SAICO S.A. en la empresa ELFEC S.A. (transferidos por Pedro Rivera Eterovic en favor de Raúl Marcelo Salinas Gamarra), ello con el afán de precautelar la solvencia de su deudor para el cumplimiento de la obligación consignada en los contratos de referencia.

Empero, algo que olvida la accionante es que si bien puede aseverar que la garantía de sus créditos fue dispuesta por los demandados, dicha aseveración debe ser demostrada de acuerdo a estipulado por el art. 1283 del CC, pues ello constituye el primer presupuesto que exige la procedencia de esta acción, es decir, que para que esta demanda pueda tener asidero, lo primero que debía demostrar la actora, es que evidentemente fue transferida la maquinaria de la empresa SAICO S.A. que constituye la garantía de los créditos mencionados y con ello acreditar la insolvencia de su deudor, pues de no ser así, de nada sirve atacar la disposición de otros bienes de la empresa (las acciones en ELFEC S.A.), cuando la garantía específica del crédito aún permanece dentro del patrimonio de la Empresa.

Extremo que acontece en la presente causa, pues no existe elemento probatorio que demuestre que dicha maquinaria haya sido transferida por los demandados, ni otro personero de la empresa deudora, más al contrario esta maquinaria aún se encuentra consignada como activos fijos de la empresa SAICO S.A. en los estados financieros que cursan en fs. 327 a 444, de manera que en este caso, mal puede pretender la actora atacar los actos de disposición de las acciones que SAICO S.A., tenía en la empresa ELFEC S.A., que en nada han modificado y/o agravado la situación de solvencia de la empresa deudora respecto a los créditos que persigue la demandante.

Por consiguiente, no se tiene que la actora haya demostrado la concurrencia del primer requisito de la acción pauliana, referente a la insolvencia del deudor para el pago de la acreencia, debido a que la garantía de sus créditos, no ha sido dispuesta por la empresa deudora, y al contrario, por la misma prueba de cargo se tiene que ésta continua consignada como activos de dicha empresa, situación por la cual, corresponde denegar la tutela impetrada por la recurrente, y avalar las determinaciones de los juzgadores de instancia, aunque no se comparta los fundamentos en virtud de los cuales fueron emitidas las mismas. 

Ameritando en tal sentido dictar resolución, conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 841 a 847 vta., interpuesto por Betty Eterovic Prada a través de su representante legal Julio Gerónimo Valenzuela Eterovic contra el Auto de Vista de 22 de junio de 2018 de fs. 834 a 838 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regula honorarios para el abogado que responde al recurso, en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.

           


1 Juan Montero Aroca (2005), “La prueba en el proceso civil”, Edit. Thomson-Civitas Navarra, p. 549 y ss.

2 VARGAS Calderón Amael, (2019) “Notas básicas de derecho civil y acciones civiles ordinarias”, Sucre-Bolivia, Edit. Túpac Katari, p. 268.