TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 702/2019

Fecha: 19 de julio de 2019                

Expediente: SC 27 19 - S

Partes: Beatriz Marcela Ribera Gutiérrez c/ Gerardo Salamanca y Damián Roca

             Galzadilla.

Proceso: Reivindicación, nulidad de escrituras, cancelación de matrículas en

               Derechos Reales, desocupación y entrega de inmuebles. 

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 927 a 930, interpuesto por Gerardo Salamanca contra el Auto de Vista de 2 de enero de 2019 cursante de fs. 921 a 923 vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de reivindicación, nulidad de escrituras, cancelación de matrículas de Derechos Reales, desocupación y entrega de inmuebles, seguido por Beatriz Marcela Ribera Gutiérrez contra Damián Roca Calzadilla y el recurrente, Auto de concesión saliente de fs. 936; Auto Supremo de admisión N° 299/2019-RA de 1 de abril de fs. 944 a 945 vta., los antecedentes del proceso;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Beatriz Marcela Ribera Gutiérrez a través de su representante legal Carlos Antonio Ribera Bruckner, planteó demanda de acción reivindicatoria, nulidad de escrituras, cancelación de matrículas en Derechos Reales, desocupación y entrega de inmuebles cursante de fs. 94 a 103, contra Gerardo Salamanca y Damián Roca Calzadilla, señalando que los demandados se han dado a la tarea de avasallar los lotes de terrenos N° 6 y 8 en la manzana N° 36 correspondiente a la zona El Retoño, Unidad Vecinal N° 321 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el único fin de traficar tierras siendo que a la fecha se encuentran asentados, usando y disfrutando de un patrimonio que no les corresponde además amenazando y usando la violencia contra la actora y sus dependientes.

Citados los demandados estos ofrecieron pruebas mediante memorial de fs. 513 a 514, por otro lado, se integró como tercero interesado a Líder Muñoz Zabala quien fue declarado rebelde por Auto de 29 de agosto de 2016 cursante a fs. 521 y vta., asimismo, dictada la parte dispositiva de la sentencia a la culminación de la audiencia preliminar se apersonó Eber Molina Yanamo en su calidad de apoderado del Sindicato Agrario “2 de agosto”, oponiendo incidente de nulidad mediante memorial de fs. 817 a 824.

2. Tramitándose el proceso, el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra pronunció la Sentencia Nº 147/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 879 a 883, declarando IMPROBADA la demanda en cuanto a la acción de nulidad, acción reivindicatoria, desocupación y entrega de inmuebles y cancelación de matrículas. Con costas.

3. Carlos Antonio Rivera Bruckner en representación de Beatriz Marcela Ribera Gutiérrez de fs. 898 a 901 vta., apeló contra la sentencia que mereció pronunciamiento mediante Auto de Vista de 2 de enero de 2019 (fs. 921 a 923 vta.), que resolvió ANULAR la sentencia de 13 de julio de 2018 e inclusive la audiencia preliminar subsistiendo los demás obrados hábiles a objeto de su diligenciamiento y su valoración probatoria a efecto de señalar nueva audiencia preliminar en el que se realice la valoración de la prueba para dictar nueva sentencia conforme al art. 213 del Código Procesal Civil.

El Tribunal Ad quem argumentó la falta de intervención del Sindicato Agrario “2 de Agosto”, adquiriendo relevancia jurídica puesto que llegaría a ser afectada con la nulidad de sus registros de dominio y no tanto respecto a Líder Muñoz que igualmente adjunta aparentes derechos sobre el predio. Asimismo, el juez no discriminó las pretensiones de reivindicación y nulidad, incumpliendo el mandato contenido en el art. 213.II num. 2) del Código Procesal Civil.

Por otro lado, se verificó omisión en la valoración de las literales de fs. 52 a 60 y reiterada a fs. 538 a 562, originadas en derechos reconocidos por la jurisdicción agraria al Sr. Ángel Méndez y Ovidio Nuñez. Además de la falta de valoración integral de la prueba adquirió una percepción errónea en este concepto y contradictoria con los datos del proceso, por lo que conlleva la nulidad prescrita por el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil.

Finalmente, el juez A quo efectuó diferente consideración, dirección, interpretación y aplicación de la norma sustantiva respecto a la reivindicación y la nulidad, sin ingresar a escudriñar otros aspectos. No realizó el análisis crítico e integral del conjunto de elementos de convicción a objeto de tener la certeza con respecto del fundamento práctico de la pretensión demandada vulnerando el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil, se encuentra sancionada con nulidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma.

1. Arguyó que el Auto de Vista vulneró, el art. 110 nums. 6), 7) y 9) de la Ley Nº 439, en razón de que su contenido y la parte resolutiva no resisten el menor análisis jurídico legal ni procedimental, debido a la existencia de errores formales en la demanda, consiguiente sustanciación de la causa que conllevan la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión de la actora está orientada a la reivindicación de inmueble, nulidad de escritura, cancelación de matrícula en Derechos Reales, desocupación, pretensiones que no son conexas.

2. Manifestó que la demanda planteada fue contradictoria, falto de conexitud entre ambas pretensiones (reivindicación y nulidad de escritura pública), e imprecisa, dado que en la suma demandó la nulidad de la escritura pública y en el petitum solo nulidad de las matrículas. Asimismo, la parte actora reconoce que las matrículas corresponden al derecho propietario del Sindicato Agrario “2 de agosto”, sin embargo, su demanda la dirige en contra de Gerardo Salamanca y Damián Roca Calzadilla, sin aclarar que fuesen representantes de dicho sindicato, por lo que vulneró el art. 110 num. 4) de la Ley Nº 439 y citó los requisitos de la acción reivindicatoria estipulados en el Auto Supremo Nº 786/2015-L de 11 de septiembre.

3. Alegó que la actora reconoció el derecho propietario en favor del Sindicato Agrario “2 de agosto”, incluso señaló el número de matrícula computarizada, en consecuencia, al reconocer el derecho propietario, debió interponer demanda de mejor derecho propietario conforme el art. 1545 del Código Civil y citó el Auto Supremo Nº 46 de 9 de febrero de 2011. Por lo que la demanda es totalmente defectuosa, imprecisa y contradictoria.

Petitorio.

Solicitó anular obrados hasta la demanda de fs. 94 a 103, por considerarse defectuoso, impreciso, contradictorio e inconexos la pretensión de la actora.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

Los agravios planteados carecen de precisión y claridad exigida por el ordenamiento jurídico y sobre todo observaciones inatendibles en casación, toda vez que las mismas se encuentran dentro de los alcances contenidos en el art. 128 del Código Procesal Civil y debiendo ser planteados en el modo previsto en el art. 129 del mismo cuerpo legal en el momento procesal oportuno. 

Peticiono declarar infundado el recurso de casación y sea con costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. De la nulidad de obrados y nulidad de oficio.

El Estado, mediante sus operadores de justicia, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en el marco de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado; es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia estableció razonamiento consecuente de proteger los actos procesales y de aplicar excepcionalmente la nulidad procesal; en ese marco, entre otras determinaciones, mediante A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: “…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las  etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115.II.

Este Tribunal Supremo de Justicia ha asumido una postura consecuente con la filosofía constitucional reprimiendo aquellas nulidades procesales que tienen como único objeto el de cumplir formalismos y que relega la solución del conflicto y en ello el derecho de las partes a una tutela judicial inmediata, en esta postura asumida citamos el Auto Supremo Nº 83/2013 que señaló: “Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado”.

Bajo esa consideración, determinó para las nulidades establecidas de oficio un parámetro lógico - jurídico de observancia por los tribunales de instancia y por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, a fines de limitar aquellas decisiones anulatorias que no se ajusten al principio de conservación de los actos y se aparten del derecho a una justicia pronta y oportuna, en tal sentido, el Auto Supremo No. 506/2017 de 16 de mayo 2017 manifestó: “Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la CPE, que deben contener las resoluciones judiciales.

Por otra parte, el art. 17 par. I) de la Ley 025 señala: La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley, en este entendido, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al  debido proceso, cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurso de casación contiene expresión de agravios en la forma pretendiendo la nulidad de obrados hasta la demanda cursante de fs. 94 a 103. El recurrente en su primer agravio indica que el auto de vista recurrido no resiste el menor análisis debido a la existencia de errores formales en la demanda existiendo afectación al debido proceso vulnerando el art. 110 nums. 6), 7) y 9) de la Ley N° 439 y además para resolver el presente recurso de casación se procede al análisis del contenido del Auto de Vista de 2 de enero de 2019 impugnado que en su parte resolutiva anula la decisión de primera instancia inclusive hasta la audiencia preliminar.

Respecto al auto de vista mencionado en el considerando IV dentro de sus fundamentos de manera resumida indica, en el punto primero, que el juez A quo no realiza ninguna discriminación en las condiciones procesales a partir de las pretensiones de la demanda de reivindicación y de nulidad incumpliendo el art. 213.II num. 2) del Código Procesal Civil, al no contener una exposición del hecho y derechos que se litigan. En el segundo punto, concluye que no se efectúa lectura de la documental y su valoración integral de la prueba, al advertirse la falta de valoración de la prueba, su exposición fundamentada y congruente en la sentencia, cuyo incumplimiento acarrea la nulidad. Finalmente, en el punto tercero refiere que como las pretensiones son de reivindicación y de nulidad debe realizarse una diferente consideración, dirección, interpretación y aplicación de la norma sustantiva ya que necesariamente se ha tenido que considerar la existencia de dicha prueba en la sentencia, tal como se tiene ordenado en el art. 145 del Código Procesal Civil, siendo que el juez A quo omite la valoración en el sentido material de sus efectos jurídicos y considerar las circunstancias graves, precisas y concordantes, omitiendo conforme al art. 213.II num. 3) del adjetivo civil.

Al respecto cabe señalar que si bien el razonamiento para determinar la nulidad tiene alguna coherencia, empero, esta no responde a los principios procesales como son el de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, los cuales orientan en sentido que se deben evitar actos dilatorios, buscando la economía procesal para lograr una pronta resolución, pues al estar vigente el Código Procesal Civil deberá aplicarse los principios y especialmente las previsiones del art. 105.II de la norma adjetiva mencionada que refiere; el acto será válido, aunque sea irregular, salvo que se hubiera provocado indefensión, aspecto que tiene relación con lo señalado en la doctrina aplicable en el apartado III.1 de la presente resolución.

Por lo manifestado, se advierte que el Tribunal de apelación ha fallado de una manera ritualista y formalista, pues determina la nulidad de la sentencia incluso hasta la audiencia preliminar para valorar prueba con relación a la pretensión principal y apoyándose en que el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil que refiere a una parte de la estructura de la sentencia, empero no efectúa un razonamiento conforme a los principios de la nulidad de los actos procesales, ya que como consecuencia de la resolución se causa un perjuicio irreparable a las partes intervinientes, quienes están en búsqueda de la administración de justicia basada en el principio de la celeridad y más cuando el art. 218.III del Código Procesal Civil dispone que: “Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”.

En este entendido, es necesario precisar que en el nuevo régimen procesal, implantado por la vigencia del Código Procesal Civil, al tribunal de segunda instancia no le es permitido proceder a una nulidad procesal por incongruencia externa que hubiere cometido la sentencia; asimismo el art. 265.III del mismo compilado adjetivo que, respecto a las facultades del tribunal de segunda instancia, indica: “Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiera reclamado pronunciamiento sobre tales agravios”. En la presente causa, la actora impugna la sentencia, a través del memorial cursante de fs. 898 a 901 vta., dirigiendo sus agravios y fundamentos van dirigidos hacia la decisión de fondo como la finalidad de su recurso de apelación solicitando revocar la sentencia y pronunciar en el fondo declarar probada la demanda principal y/o alternativamente se anule obrados.

En este contexto, se verifica que el Tribunal de apelación actúa en forma imprecisa, estableciendo una nulidad procesal sin considerar que es su deber como Tribunal de doble instancia considerar aquellas pretensiones omitidas o limitar las estimadas o resueltas indebidamente con base en los antecedentes del proceso, cuando existe incongruencia en la sentencia, y si advierte la existencia de vicios procesales, que a su criterio son de trascendencia, debió necesariamente fundamentar si esas infracciones tienen incidencia directa en la decisión de fondo o que vulnera seriamente el derecho a la defensa de una de las partes para establecer una nulidad procesal.

De la misma manera, la existencia de vicios no puede ser justificativo de una nulidad de obrados inmediata, sino que deben ser analizados en virtud del principio constitucional de eficiencia conforme al art. 180.I de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, al constituirse el Tribunal de apelación en una instancia de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, se infiere que el mismo tiene la obligación de corregir todas aquellas omisiones en que hubiese incurrido el juez de primera instancia y emitir un criterio de fondo sobre las mismas, dando lugar a que el Tribunal de alzada confirme la sentencia de primera instancia o en su defecto revoque la misma. Asimismo, cuando el Tribunal advierte la necesidad producir prueba para establecer tener mayores elementos de convicción y definir el fondo puede solicitar su producción al amparo del art. 264.I del Código Procesal Civil, es decir hacer “uso de la facultad de mejor proveer”, para resolver el fondo de litis y no anular obrados como lo hizo erradamente.

Por otra parte, el demandado, hoy recurrente, en la presente causa no contesta a la demanda y no plantea ninguna oposición con referencia a la proponibilidad de la demanda tanto en la primera y segunda instancia, por lo que en cuanto a su pretensión de vulneración del art. 110 num. 4), 6), 7) y 9) del Código Procesal Civil dicho debate se ha convalidado con la conducta asumida por el recurrente habiéndose operado la preclusión conforme señala el art. 16 de la Ley Nº 025, ya que en su momento no se interpuso incidente o excepción por imprecisión o contradicción en la demanda u otras consignadas en el art. 128 del Código Procesal Civil.

Asimismo, se toma en cuenta que las partes apersonadas al proceso se notifican a objeto de llevarse a cabo la audiencia preliminar, empero los demandados no se presentan dejando únicamente a la actora conforme cursa el acta de fs. 590 a 592, y además que en el transcurso del proceso en la fase de apelación el Sindicato Agrario “2 de agosto” impugna la sentencia de 11 de octubre de 2016 mediante su apelación cursante de fs. 833 a 834 vta., como resultado se emite el Auto de Vista Nº 57/2017 de 15 de diciembre de fs. 864 a 866 vta., por lo que no se vulnera el derecho a la defensa de las partes intervinientes.

Finalmente, a fin de evitar mayor dilación en la decisión de la presente causa conforme a los fundamentos explanados al no advertir la vulneración del derecho a las partes intervinientes ni infracciones que tengan incidencia directa en la decisión de fondo corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista de 2 de enero de 2019, cursante de fs. 921 a 923 vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y dispone que la misma Sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En aplicación al art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.