TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 700/2019

Fecha: 19 de julio de 2019

Expediente:        CB-18-19-S.

Partes: Mery Janeth Saavedra Arauco c/ Jaime Arias Aguilar.

Proceso: Resolución de contrato.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 249 a 258 vta., interpuesto por Mery Janeth Saavedra Arauco, contra el Auto de Vista de 29 de octubre de 2018, cursante de fs. 239 a 244, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso ordinario de resolución de contrato, seguido por la recurrente contra Jaime Arias Aguilar; el Auto interlocutorio de concesión del recurso de 21 de febrero de 2019 cursante a fs. 263; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 252/2019-RA de 14 de marzo que cursa de fs. 269 a 270 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Mery Janeth Saavedra Arauco representada legalmente por Diego Alejandro Hurtado Saavedra, por memorial de demanda que cursa de fs. 9 a 11 vta., inició proceso ordinario de resolución de contrato, demanda que fue interpuesta contra Jaime Arias Aguilar, quien una vez citado, por memorial que cursa de fs. 98 a 101, se apersonó al proceso, negó los términos de la demanda, opuso excepciones perentorias de inicio de demanda antes del vencimiento del término o cumplimiento de la condición y de incumplimiento por imposibilidad sobreviniente, como también formuló demanda reconvencional de resolución de contrato por incumplimiento.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº 218/2016 de 2 de diciembre, cursante de fs. 193 a 197 vta., declaró PROBADA tanto la demanda principal como la reconvencional de resolución de contrato de compromiso de venta de bien inmueble de 29 de diciembre de 2011, por incumplimiento reciproco de las obligaciones asumidas; PROBADA en parte respecto a la pretensión de cobro de las multas al promitente vendedor; IMPROBADA respecto a la imposición y cobro a la promitente compradora; por lo mismo, declaró IMPROBADA las excepciones opuestas contra la acción principal, sin costas por ser juicio doble, ni daños y perjuicios por ser ambas partes culpables del incumplimiento del contrato. En consecuencia, declaró resuelto el contrato de compromiso de venta de inmueble de 29 de diciembre de 2011 con restitución recíproca de lo que hubiesen recibido, es decir devolución de la suma de $us. 70.000.- por parte del promitente-vendedor en favor de la promitente-compradora, más la multa de $us. 50.- por cada día de retraso en el incumplimiento de su obligación de parte del promitente vendedor en favor de la promitente compradora, hasta el día de la devolución de los $us. 70.000.- liquidable en ejecución de sentencia. Sin lugar al pago de daños y perjuicios a la demandante principal, por no haber acreditado legalmente, ni al cobro de multas a la promitente-compradora por parte del promitente-vendedor.

  1. Resolución que, puesta en conocimiento de las partes procesales, dio lugar a que Jaime Arias Aguilar por memorial de fs. 200 a 201 vta. y Mery Janeth Saavedra Arauco, a través del memorial que cursa de fs. 204 a 215 vta., interpusieran recurso de apelación.
  2. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de 29 de octubre de 2018 que cursa de fs. 239 a 244, donde el Tribunal de alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló: 1) Respecto al recurso de apelación interpuesto por Jaime Arias Aguilar, arguyeron que no existiría prueba fehaciente para acreditar que el apelante hubiera incurrido en negligencia o dejadez dolosa y mal intencionada en el trámite de obtención de la documentación de propiedad, debidamente saneada que permita la inscripción de la minuta traslativa del lote comprometido en venta; con relación a las cartas notariadas, señalaron que las mismas no desvirtuarían la obligación que tenía el propietario de entregar la documentación de dominio, máxime cuando se habría fijado un plazo para ello, por lo que no sería necesario la declaratoria de mora para compeler el cumplimiento de la prestación asumida en el contrato, sin embargo, al haber optado ambas partes procesales por la resolución del negocio jurídico, tanto la obligación principal como la accesoria quedarían extinguidas y sin posibilidad de exigir su realización; respecto a la excepción de imposibilidad sobreviniente, refirieron que si bien la parte promitente vendedora al haber recibido la suma de $us. 70.000.- a cuenta del precio del lote de terreno se comprometió a entregar la documentación de dominio idónea, empero, al ser intención de ambas partes la resolución del contrato de promesa de venta de lote de terreno, solo procedería el resarcimiento de daños y perjuicios causados a la actora por la recepción de dineros antes referidos en el marco de lo previsto en los arts. 344, 345 y 347 del Código Civil. 2) Respecto a la adhesión al recurso de apelación formulada por la demandante, concluyeron que ante la demora en la entrega de la documentación de dominio debidamente saneada, correspondía a la actora activar la acción de cumplimiento de contrato o su resolución por incumplimiento, debiendo para ello previamente cumplir con la prestación asumida, pues el art 568 del C.C., no establecería un cumplimiento parcial de la prestación asumida, sino la integridad de la misma, no obstante, al ser intención de ambas partes que el contrato quede resuelto, en virtud al principio dispositivo, no existiría justificativo alguno para anular obrados y disponer que previamente ambas partes procesales cumplan con sus respectivas prestaciones para promover la presente causa; en consecuencia, al haberse resuelto el contrato, quedaría también como ineficaz la cláusula novena, referente a la estipulación de cancelar la multa de $us. 100 por cada día de retraso en la entrega de la documentación, además, por ser excesiva y contradecir los principios de razonabilidad y equidad, correspondiendo solo el resarcimiento del daño, computables desde el día de la mora, toda vez que la parte actora para solicitar el pago de la multa diaria de $us. 100.- no habría demostrado haber cumplido con la prestación integra que le fue asignada.  


En razón a estos fundamentos el citado Tribunal de alzada CONFIRMÓ la sentencia apelada, determinando que declarada la resolución de contrato privado reconocido de compromiso de venta de inmueble de fecha 29 de diciembre de 2011, que fue formulada de manera principal y reconvencional, por incumplimiento recíproco de las obligaciones asumidas, esta genera la ineficacia e inaplicabilidad de la cláusula accesoria del contrato, que fija una multa de $us. 100.- por cada día de retraso en la entrega de la documentación de dominio, por lo que ordenó que el promitente vendedor proceda a la devolución de los $us. 70.000.- que le fueron entregados a momento de la suscripción del contrato, otorgando para dicho fin el plazo de 3 días desde la ejecutoria de la resolución, debiendo además resarcir por el daño causado por la retención el referido monto, computables a partir del cumplimiento del plazo de los 4 meses estipulados para la entrega de la documentación de dominio del inmueble comprometido en venta, a liquidarse en ejecución de sentencia en el marco de lo previsto en los arts. 344, 345 y 347 del C.C. Quedando en lo demás subsistente la sentencia de primera instancia, sin costas ni costos por ser ambas partes recurrentes.


  1. Fallo de segunda instancia que, puesto en conocimiento de las partes procesales, ameritó que Mery Janeth Saavedra Arauco, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Acusa que en la resolución recurrida no se habría considerado la abundante prueba documental y otras que fueron presentadas por su parte, como el “contrato de compromiso de venta de lote de terreno” que tendría el valor previsto en el art. 1297 del Código Civil, que de manera expresa estipularía que, en caso de incumplimiento en la entrega de la documentación debidamente saneada por parte del promitente vendedor en el término estipulado, se debía cancelar la multa de $us. 100 por cada día de retraso, extremo que debió aplicarse y cumplirse. Como tampoco se habría cumplido con la entrega del lote de terreno para que la recurrente en su calidad de compradora asuma posesión, al contrario, el promitente vendedor seguiría en posesión y usufructuando el mismo y a la fecha ya habría transferido a terceros. Del mismo modo, señala haber producido prueba testifical para demostrar que muchas veces habría instado personalmente y a través de su hijo, para que el demandado le haga entrega del lote de terreno y la documentación acordada. Refiere también que con la inspección de visu habría demostrado que el promitente vendedor seguía en posesión del lote de terreno.


Pruebas que acreditarían que la recurrente cumplió con la caga de la prueba, sin embargo, al no haber sido consideradas y valoradas por el Tribunal de alzada, se vulneró el principio de verdad material y el art. 1286 del Código Civil.

  1. Refiere la recurrente que su persona, en relación a la previsión legal contenida en el art. 568 del Código Civil, habría dado cabal cumplimiento a las estipulaciones del contrato contenidas en la cláusula tercera, pues como consecuencia de la entrega de la documentación debía procederse a la suscripción de la escritura traslativa de dominio definitiva a favor de la compradora y que en ningún momento la cláusula del contrato se habría estipulado, como falsamente referiría el Tribunal de Alzada, el pago de daños y perjuicios ocasionados, pues lo demandado habría sido el pago de las multas estipuladas, es decir $us.100 por cada día de retraso en la entrega de documentos, situación que vulneraría los arts. 291, 302, 450, 454, 510, 514, 519, 521 y 532 del Código Civil, ya que ninguna de dichas normas estipularía que el juzgador a su antojo pueda vulnerar y tergiversar la norma para beneficiar a una de las partes, situación que demostraría que en el caso de autos existió una errónea interpretación del contrato objeto de litis, pues se habría tergiversado su contenido, lo que habría ocasionado que los jueces de instancia concluyan que ambas partes habrían incumplido el mismo.


  1. Aduce que el promitente vendedor debía entregar los documentos de dominio en el plazo de 4 meses, pero como no cumplió con dicho extremo y tampoco cursa en obrados prueba alguna que amerite que el retraso en la tramitación de la documentación se deba a la burocracia en la Alcaldía de Tiquipaya, a más de los alegatos expuestos por el demandado, correspondía que se declare el pago de multas, toda vez que la imposibilidad sobrevenida no imputable al deudor no habría sido demostrada.

Por los fundamentos expuestos, solicita se emita resolución casando parcialmente el Auto de Vista recurrido y en consecuencia se declare resuelto el contrato de 29 de diciembre de 2011 por incumplimiento del vendedor más el pago de la multa convencional de $us. 100.- por día de retraso, con costas y costos.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se advierte que, pese a que el demandado Jaime Arias Aguilar fue notificado con el recurso de casación de la parte actora, conforme reza de la papeleta de notificación a fs. 261, éste no presentó memorial alguno respondiendo a dicha impugnación, por lo que en este punto no amerita realizar mayor consideración.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la interpretación de los contratos.

El art. 519 del Código Civil dispone que: “(Eficacia del contrato). El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley.”

Asimismo, el art. 520 del mismo sustantivo, determina que: “(Ejecución de buena fe e integración del contrato). El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad.”

Sobre el tema el autor Carlos Morales Guillen en su libro “Código Civil Concordado y Anotado”, cuarta edición, tomo I, Pág. 741 refiere que: “…es principio supremo y absoluto que domina todo el derecho de obligaciones, el de que todas las relaciones de obligación, en todos los aspectos y en todo su contenido, están sujetos al imperio de la buena fe… (sic.). El precepto dispone que los efectos de los contratos, no solo alcanzan a las cosas o hechos expresados en ellos como objeto determinado o determinable, sino también respecto de todo lo que, por imperio de la ley, de los usos o la equidad corresponda a la naturaleza del contrato…”.

De la relación normativa y doctrinal precedentemente efectuada, se conoce que las partes deben concurrir al negocio jurídico voluntario de buena fe y expresar en el contrato los términos convenidos de forma clara, expresa y concreta, toda vez que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, es más los efectos de los contratos no solo alcanzan a las cosas o hechos expresados en ellos como objeto determinado o determinable, sino también respecto de todo lo que por imperio de la ley, de los usos o de la equidad corresponde a la naturaleza del contrato, en esa medida el contrato será interpretado por el juzgador en el marco de la equidad y de la buena fe.

III.2. De la resolución del contrato y análisis del sinalagma funcional.

Nuestro ordenamiento sustantivo civil en su art. 568 refiere que: “(Resolución por incumplimiento).- I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. II. Si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato; y el demandado, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda” (El resaltado nos pertenece); de lo expuesto se deduce que la parte contratante que cumplió con su prestación, ante el cumplimiento de la otra parte, puede demandar la resolución o exigir el cumplimiento de la prestación debida del otro contratante.   

Ahondando en la resolución de contrato, corresponde citar el aporte doctrinario del tratadista Guillermo A. Borda, quien en su obra de “Tratado de Derecho Civil”, refiere: “La resolución no es el resultado de un nuevo contrato (como ocurre en la recisión bilateral) sino que supone la extinción del contrato por un hecho posterior a la celebración; hecho que a veces es incalculable a la otra parte (como es por ejemplo el incumplimiento) o que puede ser extraño a la voluntad de ambas (como ocurre en ciertos supuestos de condiciones resolutorias), la resolución del contrato puede operar ipso iure, (como sucede en la condición resolutoria) o bien puede requerir la manifestación de voluntad de la parte interesada en ella (como ocurre en la que se funda en el arrepentimiento o en el incumplimiento de la contraria).”

En este mismo entendido la extinta Corte Suprema de Justicia, con la cual este Tribunal Supremo de Justicia comparte criterio, emitió el Auto Supremo Nº 61/2010, donde de manera amplia y completa orientó que: “Celebrado el contrato, es lógico suponer que el mismo se extinguirá por el cumplimiento de las prestaciones convenidas por las partes al momento de su celebración, por ello el cumplimiento constituye el modo normal en que concluye un contrato. Empero, es posible que determinadas situaciones, pongan fin al contrato cuando aún no se han satisfecho las prestaciones acordadas. Como se ha señalado, el contrato puede sufrir la influencia de circunstancias o de hechos sobrevivientes o de un comportamiento de la contraparte posterior a la formación del mismo, que alteren la relación entre los contratantes, o bien perturben el normal desenvolvimiento del contrato, de modo que éste no puede continuar vinculando a las partes en el modo originario en que lo pactaron. Por ello como señala Messineo, se ha preparado el remedio de la resolución a demanda y en beneficio de aquella de las partes respecto de la cual el contrato - a causa del comportamiento de la contraparte o por otra razón objetiva- viene a ser un motivo de sacrificio patrimonial soportarlo sin retribución o bien sin retribución adecuada en lugar de ser el instrumento para la consecución del fin que la parte se había propuesto. La resolución de contrato, puede tener lugar como consecuencia de: 1) el incumplimiento voluntario (en las modalidades de la resolución judicial o extrajudicial); 2) el incumplimiento involuntario por imposibilidad sobreviniente de la prestación; 3) el incumplimiento involuntario por excesiva onerosidad de la prestación. Cada una de esas causales de resolución, tiene su propia concepción, causas y sus propios efectos, por ello su regulación también es distinta. La resolución del contrato por incumplimiento, presupone la existencia de un contrato bilateral, con prestaciones recíprocas. El fundamento para que proceda es precisamente el incumplimiento de la prestación debida por una de las partes, en virtud a ello, la parte que ha cumplido su prestación tiene el derecho de liberarse del contrato, sin perjuicio del resarcimiento del daño que el incumplimiento le hubiera ocasionado, por ello, la parte que incumple su obligación no puede pedir la resolución del contrato por esta causal”. (Las negrillas nos pertenecen)

Continuando con el análisis de la resolución de contrato, corresponde citar el aporte de Carlos Miguel Ibáñez que en su obra “La Resolución del Contrato” pág. 39, respecto al sinalagma funcional señala: “Una variedad de la teoría de la causa recíproca es el teoría del sinalagma funcional, que a efectos de salvar las objeciones formuladas a aquélla, distingue entre el sinalagma genético y el funcional (…) esa reciprocidad debe subsistir también en el momento o etapa de cumplimiento de contrato, lo que se denomina “sinalagma funcional”, que exige que la reciprocidad de las prestaciones se mantenga durante la vida y ejecución del contrato (…) No basta que en el contrato bilateral surjan obligaciones recíprocas (sinalagma genético), sino que es preciso que dicha reciprocidad se configure también en su cumplimiento, que éste sea recíproco (sinalagma funcional). Así como son recíprocas las obligaciones emergentes, también debe ser recíproco el cumplimiento”.

De esta manera se deduce que el sinalagma funcional radica precisamente en que estas prestaciones, sean efectivizadas en la ejecución del contrato, cuyas prestaciones deben ser efectuadas en forma secuencial, como ha sido pactado en el contrato.

Por su parte, el doctrinario nacional Walter Kaune Arteaga en su obra de Contratos Vol.I 2011, pág. 295 al referirse a la resolución de contrato señala: “La resolución es un medio de invalidez, por causas sobrevinientes, de los contratos sinalagmáticos o bilaterales, que generan obligaciones recíprocas e interdependientes y que surgen en forma coetánea o contemporánea con la formación del contrato, debido al incumplimiento culpable, a la imposibilidad sobreviniente o a la excesiva onerosidad de una de las prestaciones, que deja sin efecto, con carácter retroactivo, una relación jurídica contractual y consiguientemente un contrato que ha nacido plenamente a la vida del derecho”, postura doctrinaria que se acomoda a la interdependencia de las prestaciones.

III.3. De los efectos de la resolución del contrato.

La doctrina de manera general establece que la resolución del contrato es una de las formas de extinción del mismo, que generalmente opera por la violación en la prestación comprometida,  supone la extinción del contrato en virtud de un hecho posterior a su celebración, hecho que es imputable a una de las partes como consecuencia del: incumplimiento voluntario de la contraparte, el incumplimiento involuntario, por sobrevenida imposibilidad de la prestación y finalmente el incumplimiento por excesiva onerosidad; reglas estas que rigen la resolución de los contratos.

Al aplicarse o determinarse la resolución del contrato, ésta causa tiene tres efectos, retroactivo, reintegrativo y resarcitorio, en el primero, sus efectos se operan retroactivamente, por lo que las partes que han quedado desvinculadas deben restituirse recíprocamente todo lo que hubieran recibido con motivo del contrato resuelto; la segunda, el efecto reintegrativo cobra vitalidad cuando ha existido entre las partes un comienzo de ejecución del contrato del cumplimiento unilateral o el intercambio de prestaciones. Si el obligado a restituir es quien ha dado lugar a la resolución, debe ser tratado como poseedor de mala fe, por tal razón, si la cosa se ha destruido o deteriorado, aunque sea por caso fortuito, el deudor está obligado a la reparación. Finalmente se encuentra el efecto resarcitorio, en la cual, la resolución declarada, impone al responsable la reparación del daño ocasionado en lo que corresponde a la pérdida sufrida (daño emergente) y a la pérdida de la ganancia (lucro cesante).

Al respecto Carlos Morales Guillen en su obra “Código Civil Concordado y Anotado” en la pág. 681 establece con referencia a lo normado en el art. 568 del sustantivo civil: “Si se pronuncia la resolución, el juez puede hacer lugar a una condena adicional de daños compensatorios, cuando la sola resolución no sea suficiente para reparar el perjuicio causado por el incumplimiento.”

Por otro lado, el art. 585.III del Código Civil establece: “Cuando se resuelve el contrato por incumplimiento del comprador, el vendedor debe restituir las cuotas recibidas, pero tiene derecho a una compensación equitativa por el uso de la cosa, más el resarcimiento del daño…”.

Asimismo, se tiene el criterio del autor Carlos Miguel Ibañez que en su obra “Resolución por incumplimiento” Editorial Astrea. 2006 Pag. 36, señala: “…en los contratos sinalagmáticos la obligación de cada una de las partes es la causa de obligación asumida por la otra, por el que en caso de incumplimiento de una de ellas la otra obligación cesa de tener causa. La desaparición de la causa justifica la exceptio non adimpleti contractus y la resolución de los contratos por incumplimiento”.

Según esa teoría, la resolución se explica por la sobrevenida desaparición de la causa por el incumplimiento de la obligación recíproca, la causa, que es necesaria para la formación del contrato, subsiste en la fase de ejecución; de manera que si se frustra el fin causal de una parte su obligación correlativa se queda sin causa y puede ser resuelta.

El principal expositor de esa teoría ha sido Capitant, quien ha expresado que “… lo que quiere el que contrata es alcanzar la prestación que se le prometió. A partir del momento en que esta prestación no se efectúa voluntariamente, es de temer que le falte el fin a que aspiraba.”.

III.4. De la pena convencional.

Las partes en el marco de la libertad contractual pueden establecer, sanciones civiles o penalidades convencionales por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o por el incumplimiento de las obligaciones, tal como señala el art. 532 del Código Civil, cuando describe el resarcimiento convencional: Si se ha estipulado una cláusula penal para el caso de incumplimiento o de retraso en la ejecución de un contrato, la pena convencional sustituye al resarcimiento judicial del daño que hubiera causado la inejecución o el retraso de la obligación principal.”

El autor Carlos Morales Guillen en su obra Código Civil, Concordado y Anotado, cuarta edición, tomo I, editorial Gisbert, La Paz-Bolivia 1994, pág. 759 y 764, al realizar el comentario de citado artículo, refiere que: “La cláusula penal, en cambio, es una promesa accesoria, que obliga al deudor a efectuar una determinada prestación a título de pena para el supuesto incumplimiento injustificado o de demora en el cumplimiento de la obligación que nace del contrato y que tiene la función de resarcir al acreedor de los daños que la verificación de tales supuestos le ocasione, en la medida determinada convencionalmente, para ahorrar al acreedor, en el proceso correspondiente, la carga de la prueba del daño y la fijación de la cuantificación del mismo”, asimismo sobre el art. 535 del mismo sustantivo civil manifiesta que: “…se utiliza la cláusula penal para eludir las prohibiciones relativas a la usura, la regla del mencionado artículo permite al juez la reducción de la cláusula penal manifiestamente excesiva. También puede el juez (nótese que la regla dice puede y no debe), reducir la pena convencional cuando ha habido un cumplimiento parcial…”.

Sobre el particular, el Auto Supremo Nº 649/2013 de 11 de diciembre, sobre la pena convencional ha razonado lo siguiente: “Al respecto la doctrina señala que la pena convencional se encuentra diferenciada en dos categorías: una compensatoria y otra moratoria. La cláusula penal compensatoria es aquella fijada para reparar las consecuencias del incumplimiento absoluto y definitivo de la prestación debida, se trata de una liquidación anticipada de los daños y perjuicios derivados de este incumplimiento, por lo que no cabría acumulación entre el importe de la pena y el objeto debido. La cláusula penal moratoria es aquella constituida para subsanar las consecuencias del incumplimiento relativo de la prestación, ya sea por mora, cumplimiento defectuoso o parcial de la prestación, por lo que la pena se acumula a la prestación principal, esta categoría resulta ser aplicable al caso por cuanto se trata del retraso en el cumplimiento de la prestación por parte del comprador, a tal efecto se dirá que la pena convencional sustituye a los daños y perjuicios moratorios”. 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En virtud a los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales que han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación interpuesto por la actora Mery Janeth Saavedra Arauco.

1. Como primer reclamo la recurrente denuncia vulneración al principio de verdad material y del art. 1286 del Código Civil, en razón a que el Tribunal de alzada no habría considerado la abundante prueba que presentó y produjo durante la tramitación de la causa, como el contrato de compromiso de venta de lote de terreno, declaraciones testificales y la inspección judicial realizada en el bien inmueble objeto de litis, con las cuales habría demostrado el incumplimiento de la parte demandada tanto en la entrega de la documentación debidamente saneada como de la posesión.

Del análisis del citado reclamo y toda vez que tiende a acusar una posible omisión valorativa incurrida por el Tribunal de alzada, es obligación de este Tribunal Supremo de Justicia verificar previamente si dicha negligencia resulta o no evidente, en ese entendido, del examen minucioso de los fundamentos en los cuales se sustenta el Auto de Vista recurrido, se observa que en el numeral 1.- del Considerando II, las citadas autoridades realizaron un examen de lo estipulado en el contrato de compromiso de venta objeto de litis, y después de establecer de manera somera la naturaleza de la acción de resolución de contrato, concluyeron que: “… al no haber cumplido la parte actora con el pago del saldo de los $us. 70.000 que según contrato, debía ser cancelado en el plazo de cuatro meses a partir de la suscripción del aludido documento, contra entrega de toda la documentación correspondiente al lote objeto de referido contrato de compromiso de venta, debidamente saneado, tal como consigna la cláusula Tercera del Contrato; le correspondía conforme a la norma sustantiva pre citada, realizar la oferta de pago y consignación para en su caso, exigir el pago de las multas diarias establecidas en el contrato, sujetas en todo caso a los Arts. 534 y 535 del C.C.… (sic)”, de igual en el mismo acápite, continuando con el análisis del contrato objeto de litis, señalaron: “… correspondía a la actora cumplir con el pago del saldo del precio o solicitar disminución del precio de venta, para en su caso exigir la extensión de  la  escritura traslativa en su favor, así como exigir el pago de las multas establecidas para el caso de incumplimiento del contrato por parte del vendedor promisionario, dentro el marco de la razonabilidad y equidad.”

Continuando con el análisis del Auto de Vista objeto de casación, se observa que después de que el Tribunal Ad quem señaló que al haber coincidido ambas partes contractuales y procesales con la pretensión de extinguir el contrato por la declaratoria judicial de resolución del mismo, el debate debía persistir únicamente respecto a la vigencia e imposición de la multa diaria; en ese contexto en el numeral 2. del nombrado Considerando II, previó análisis de los efectos que genera la resolución del contrato, entre ellos el resarcitorio, los vocales razonaron que una vez declarada la resolución del contrato devendría la restitución de lo mutuamente recibido, sin embargo, como en el caso de autos no constaría que la compradora hubiera tomado posesión del inmueble objeto de litis, no podría generarse ninguna compensación por el uso o explotación del inmueble en cuestión, pues por la inspección de visu, declaraciones testificales de cargo y las placas fotográficas, se habría acreditado la posesión del propietario.

Finalmente, respecto a las cartas notariadas, que también fueron acusadas de omitidas en su valoración, de la revisión del apartado titulado “Conclusión” del numeral 2º de la apelación deducida por Jaime Arias Aguilar, se advierte que sobre el particular señaló: “En relación a las cartas notariadas, realizadas por el apoderado de la demandante; no incide ni desvirtúa la obligación que tenía el propietario de entregar la documentación de dominio, al haberse fijado un plazo para ellos, sin que sea necesaria ninguna declaratoria de mora, para compeler el cumplimiento de la prestación asumida en el contrato base de la demanda; empero al haber optado ambas partes por la resolución del negocio jurídico estipulado, tanto la obligación principal como lo accesorio, quedan extinguidas y sin posibilidad de exigir su realización.”

De lo extractado, se infiere que el Tribunal de segunda instancia, contrariamente a lo advertido por la parte actora, ahora recurrente, no incurrió en omisión valorativa, pues el contrato de compromiso de venta, como las declaraciones testificales, inspección de visu y las cartas notariadas, fueron consideradas y valoradas en segunda instancia de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y a la sana crítica, por lo que tampoco existe vulneración del art. 1286 del Código Civil; consiguientemente, al constituirse  la omisión acusada en un aspecto que atinge a la estructura formal de la resolución impugnada, que no implica realizar un análisis sobre si se incurrió en error de hecho o de derecho en su valoración, corresponde declarar infundado el presente reclamo.

2. Como siguiente reclamo, la recurrente denuncia la vulneración de los arts. 291, 302, 450, 454, 510, 514, 519, 521 y 532 del Código Civil, toda vez que considera que habría dado cabal cumplimiento a las estipulaciones del contrato contenidas en la cláusula tercera, ya que como consecuencia de la entrega de la documentación debía procederse a la suscripción de la escritura traslativa de dominio definitiva a su favor y que en ningún momento o cláusula del contrato, como falsamente habría referido el Tribunal de alzada, se habría estipulado el pago de daños y perjuicios ocasionados, pues lo demandado habría sido el pago de las multas estipuladas, es decir $us. 100 por cada día de retraso en la entrega de los documentos.

Conforme a lo denunciado, y con la intención de otorgar una repuesta debidamente motivada y fundamentada, corresponde realizar las siguientes precisiones:

En virtud a estas consideraciones, debemos partir señalando que cuando se suscribe un contrato, las partes deben tener especial cuidado en que los términos convenidos sean claros, expresos y concretos, pues lo acordado tiene fuerza de ley entre las partes contratantes; en ese entendido, en caso de suscitarse alguna controversia sobre lo acordado o los efectos que esta genere, la autoridad jurisdiccional que resolverá el altercado deberá interpretar el documento en el marco de la equidad, razonabilidad y buena fe.

Bajo esa premisa, del examen minucioso de lo acordado en el contrato de compromiso de venta de 29 de diciembre de 2011, se observa que evidentemente el promitente vendedor Jaime Arias Aguilar, como tantas veces alega la parte recurrente, tenía el plazo de cuatro meses computables desde la suscripción del contrato, para entregar a la compradora la documentación del bien inmueble debidamente saneado, extremo que no habría acontecido por causas ajenas a su voluntad; sin embargo, no menos evidente es el hecho de que la parte compradora también asumió obligaciones que debieron ser efectuadas dentro del mismo plazo, como es el pago del saldo del precio total acordado, es decir que la compradora tenía la obligación de pagar la suma restante de $us. 70.000, que conforme a la revisión de obrados tampoco fue cumplida, pues no cursa medio probatorio alguno que acredite que esta haya pagado dicho monto dentro del plazo o que haya realizado una oferta de pago o consignación; en ese contexto, como correctamente señalaron los jueces de instancia, se infiere que ninguna de las partes contratantes cumplió con las obligaciones asumidas en la cláusula tercera, pues si bien se estableció que el pago del saldo debía realizarse con la entrega de la documentación saneada, empero, este hecho no libera el deber que la compradora tenía de cumplir por su parte con la prestación debida, razón por la cual no puede alegar la recurrente que sí cumplió con lo estipulado en el contrato, pues las cartas notariadas que fueron enviadas a través de su apoderado legal al promitente vendedor, al margen de que fueron remitidas después de haber vencido el plazo otorgado para cumplir con el pago del saldo y estar orientado a solicitar el cumplimiento de la otra parte, simplemente mencionan que tienen el dinero para cancelar el saldo, prestación que como ya se dijo líneas arriba, jamás fue efectuada.

De esta manera, si bien resulta evidente que ambas partes contratantes incumplieron con las prestaciones adquiridas en el contrato objeto de litis y para pedir judicialmente la resolución de contrato por incumplimiento, se requiere que la parte que interponga dicha acción haya cumplido oportunamente con las obligaciones adquiridas, sin embargo, como correctamente señalaron los jueces de instancia, amparados en el principio de razonabilidad que les faculta a emitir decisiones razonables y acordes a los valores de justicia, igualdad y vivir bien, que forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales; es que al ser intención de ambas partes contratantes (compradora y promitente vendedor) que el contrato de compromiso de venta de lote de terreno sea declarado ineficaz como consecuencia de la resolución de contrato, de manera acertada señalaron que resultaba ilógico anular obrados pidiendo que las partes previamente a interponer la acción de resolución de contrato cumplan con las obligaciones adquiridas.

Consiguientemente, y asumida la declaratoria de resolución de contrato que fue demandada y reconvenida por los sujetos procesales, que origina los efectos retroactivo, reintegrativo y resarcitorio, corresponde a continuación referirnos a la cláusula penal que fue inmersa en el contrato objeto de litis (cláusula novena), donde las partes, si bien acordaron que en caso de incumplimiento en la entrega de la documentación debidamente saneada por parte del promitente vendedor en el término estipulado en el presente contrato (cuatro meses), éste debía cancelar la multa de $us. 100.- por cada día de retraso en la entrega de dicha documentación; empero, no se puede soslayar que, al ser la cláusula penal, una cuestión accesoria al contrato principal, no puede subsistir después de haberse extinguido o declarado ineficaz la obligación principal, toda vez que por efecto de la retroactividad que genera la resolución de contrato, las cosas deben volver al mismo estado en que se encontraban antes de celebrarse el mismo, por lo que no resulta coherente que, después de haberse declarado ineficaz el contrato, se exija simultáneamente el pago de la pena o multa estipulada en la cláusula penal, ya que dicho extremo también se tiene por no celebrado.

En otras palabras, si la obligación principal desaparece como consecuencia de la declaratoria de resolución de contrato las cosas lógicamente se deben reponer al estado que existían antes de la celebración del mismo, como si nunca se hubiera convenido (efecto retroactivo), por lo tanto, la pena convencional estipulada en la cláusula novena del contrato objeto de litis, también se extingue o desaparece con la resolución, ya que esta se encuentra sujeta a todas las alternativas que le ocurra a la obligación a la cual accede, pues como lo señala el doctrinario Carlos Morales Guillen en su obra “Código Civil Concordado y Anotado” al referirse al art. 532 del sustantivo civil: “…puede definirse la cláusula penal como el pacto accesorio por el cual el deudor a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación principal promete una prestación determinada para el caso de no cumplir la obligación contraída.”

De ahí que si el contrato quedó extinguido y por lógica dejó de producir sus efectos, no se puede pretender la subsistencia de la cláusula penal, pues al haber interpuesto la actora principal, ahora recurrente, la pretensión de resolución de contrato supone que lo que pretendía es que el contrato en su totalidad quede sin efecto, esto en razón a que no se puede pretender las ventajas emanadas de la cláusula penal y al mismo tiempo sostener que la obligación principal quede extinguida, pues la cláusula penal al ser una promesa accesoria, sirve para reforzar la ejecución del cumplimiento en favor de la parte que cumplió con su prestación, situación que en la litis, como ya explicó supra, no aconteció, ya que la recurrente no cumplió con su obligación; máxime, como señaló el Tribunal de alzada, el incumplimiento del promitente vendedor en la entrega de la documentación debidamente saneada del bien inmueble objeto de contrato, no se debió a un actuar doloso del obligado sino a cuestiones propias de trámites en dependencias de instituciones públicas.

Por lo tanto, ante los efectos retroactivo, restitutivo y resarcitorio que genera la resolución de contrato, resulta lógico que las partes además de restituirse lo recibido, es decir que el promitente vendedor devuelva los $us. 70.000.- que le fueron entregados a momento de la suscripción del contrato, también restituya por los daños ocasionados, que en el marco de lo dispuesto en los arts. 344, 345 y 346 del Código Civil, consiste en el pago de los intereses legales de dicho monto desde el día de la mora; en consecuencia, el reclamo acusado en este punto deviene en infundado, toda vez que, por los fundamentos ampliamente expuestos supra, la vulneración de los arts. 291, 302, 450, 454, 510, 514, 519, 521 y 532 del Código Civil, no resultan evidentes.

3. Finalmente debemos referirnos al reclamo de que en obrados no cursaría prueba alguna que amerite el retraso en la tramitación de la documentación del bien inmueble o que el retraso se haya debido a la burocracia en la Alcaldía de Tiquipaya; con relación a esta denuncia, debemos señalar que la misma carece de total sustento, pues de la revisión del Auto de Vista recurrido, se tiene que el Tribunal de alzada en virtud a la Resolución Técnico Administrativa Nº 743/2014 que fue emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya en fecha 3 de septiembre de 2014 por el cual aprobó el plano del lote de propiedad del vendedor promitente Jaime Arias Aguilar, que cursa a fs. 97 de obrados y que tiene todo el valor probatorio asignado por el art. 1289.I de Código Civil, concluyó que dicho trámite habría sufrido una apreciable demora por cuestiones burocráticas que evidenciarían que el demandado no incurrió en negligencia, ni descuido total o absoluto como alegaría la actora.

Ahora bien, del análisis de dicha prueba documental, se observa claramente que, en los Vistos de dicha resolución, de manera expresa se consignó que, ante la solicitud de aprobación de planos de lote y subdivisión del mismo presentado por Jaime Arias Aguilar mediante memoriales de 08 de octubre de 2012, de 04 de julio de 2013, de 14 de marzo de 2014 y de 02 de septiembre de 2014, se habría resuelto la aprobación del mismo. De esta manera, y como ya se señaló supra al tener dicha documental toda la fuerza probatoria por tratarse de un documento público extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado, por lo que los hechos señalados en la citada R.T.A. hacen plena fe. Consiguientemente, la ausencia de medios probatorios que amerite que el retraso en la tramitación de la documentación del bien inmueble se haya debido a cuestiones ajenas a la voluntad de la parte demandada, no resulta evidente, deviniendo el reclamo acusado en infundado.

Por las razones expuestas, corresponde emitir resolución conforme a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley Nº 25 del Órgano Judicial, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 249 a 258 vta., interpuesto por Mery Janeth Saavedra Arauco, contra el Auto de Vista de 29 de octubre de 2018, cursante de fs. 239 a 244, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas ni costos por no existir respuesta al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizu.