TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 697/2019        

Fecha: 19 de julio de 2019   

Expediente: LP-44-19-S

Partes: Víctor López Aguilar c/ Cristina Carrasco y otro.  

Proceso: Reivindicación y cancelación de partida.                                      

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación presentado por Víctor López Aguilar cursante de fs. 120 a 122, impugnando el Auto de Vista Nº 268/2018 de 12 de septiembre,  pronunciado por la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de reivindicación y cancelación de partida, a instancia del recurrente en contra de Cristina Carrasco y Pascual Castaños Quispe, el auto de concesión cursante a fs. 126, Auto Supremo de admisión de fs. 131 a 132 vta., y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


I.1. Víctor López Aguilar, interpuso demanda de reivindicación y cancelación de partida, cursante a fs. 5 y vta., subsanada a fs. 9, en contra de Cristina Carrasco y Pascual Castaños Quispe, quienes interpusieron excepción de impersonería, contradicción e imprecisión en la demanda además de cosa juzgada cosa juzgada; respectivamente, mismas que por resolución Nº 496/2015 de 30 de marzo de fs. 25 a 26 fueron declaradas improbadas, trámite principal que concluyó con la Sentencia Nº 493/2016 de 25 de octubre,  que declaró IMPROBADA la demanda (fs. 88 a 91 vta.).

I.2. Ante la insatisfacción con dicho fallo, el demandante apeló, motivando la emisión del Auto de Vista Nº 268/2018 de 12 de septiembre, mediante el cual CONFIRMÓ la sentencia, con el fundamento principal de que ¨…no se tiene prueba alguna que acredite de forma real y fidedigna que la transferencia efectuada entre su persona y Pascual Castaños efectivamente fue registrada bajo la partida Nº 01326689, por lo cual, el acceder a la pretensión de cancelación sería anular un asiento de propiedad sin el más mínimo reparo de la veracidad de los hechos, afectando de forma flagrante derechos y garantías constitucionales.¨ 

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación:

  

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN


II.1. Del recurso de casación en la forma. 

1. Cuestionó que si los Vocales consideraban que la demanda era improponible, correspondía anular la sentencia  a fin de que se emita nueva sentencia para que anule obrados hasta fs. 9 del expediente, o anular directamente hasta esa foja, lo que le habría provocado perjuicio al esperar varios meses por lo que consideró infringido el art. 218 del Código Procesal Civil.

2. Objetó que ante las observaciones efectuadas a la demanda por el juez de la causa, al haber cumplido parcialmente las observaciones, correspondía una nueva providencia para adjuntar mayor prueba documental  y demostrar el derecho propietario y la existencia de la partida objeto de cancelación, con el que entiende infringidas los arts. 3 nums. 1), 3) y 4 del Código de Procedimiento Civil.       

II.2. Contestación al recurso de casación.

El demandado respondió al recurso manifestando en lo principal que el pretensor no formuló recurso alguno para la corrección del procedimiento, es más en el recurso de apelación no reclamó y argumento la nulidad de ¨procedimiento¨, alegando su propia negligencia y pretendiendo atribuir dicha responsabilidad al operador  judicial.

Añadió que no procede la nulidad por la nulidad, por cuanto la misma debe tener en cuenta las reglas de la especificidad, trascendencia y convalidación entre otras.  


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. El defecto de actividad debe reclamarse oportunamente y repercutir en la garantía del debido proceso.

El más alto Tribunal de Justicia en distintos fallos monolíticamente consolidó  la idea de que el agravio sobre cuestiones procesales debe ser relevante y afectar la garantía del debido proceso concretamente el derecho a la defensa, de modo que no cualquier imperfección procesal constituye un agravio, además el proceder irregular debe ser denunciado oportunamente de lo contrario opera la convalidación tácita.     

Criterio legal que guarda armonía con las circunstancias hipotéticas de casación previstos en el art. 271 del Código Procesal Civil, que a la letra dice: ¨II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso  y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales.¨

III.2. De la nulidad de obrados.

La jurisdicción ordinaria de acuerdo al art. 180 de la Constitución Política del Estado, ¨se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez¨. 

El precepto constitucional invocado fue desarrollado en la Ley del Órgano Judicial, concretamente en el art. 30 que prescribe: ¨7. EFICACIA. Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia¨, ¨8. EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respecto de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal.¨

A su turno el Código Procesal Civil en el art. 1. num.10 respecto a la Celeridad refiere: ¨La economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados, y servidores judiciales. El Juez no podrá  aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por razones que expresamente autorice el presente Código. ¨

Por su parte el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial indica: ¨I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados  en los recursos  interpuestos¨. III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos…¨

Desde cuya perspectiva está claro que el fin del proceso es la protección de los derechos materiales y su efectividad práctica, previsto en el art. 109.I de la Constitución Política del Estado.

También está nítido que la anulación de obrados no procede por cualquier razón o defecto irrelevante, sino, cuando se vulneró la garantía del debido proceso y se haya generado indefensión, aspectos que deben ser reclamadas  oportunamente, caso contrario debe inclinarse por resolver el objeto del litigio y solo recurrir a la fácil y odiosa decisión anulatoria cuando no haya otra opción.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


En la forma.

1. Respecto a la nueva providencia para generar mayor prueba documental  y demostrar el derecho propietario y la existencia de la partida objeto de cancelación, proceder con el que se había infringido los arts. 3 nums. 1), 3) y 4 del Código de Procedimiento Civil.  

Primero, de la lectura del escrito de agravios (fs. 96 a 97), no se advierte el reclamo planteado, por cuya razón las autoridades de alzada no se pronunciaron al respecto; consecuentemente, no existe materia o criterio legal de segunda instancia que pueda ser fiscalizado por la sede casacional, circunstancia que impide al máximo Tribunal de Justicia pronunciarse sobre dicha cuestión, en observancia del art. 270 del Código Procesal Civil.          

Segundo, el intérprete judicial mediante resolución de 1 de abril de 2016 (fs. 50 vta., y 51) ordenó a las partes ofrecer las pruebas útiles para sustentar la pretensión como la contestación, en la especie correspondía al recurrente proveer el material probatorio suficiente para comprobar  su tesis, según lo previsto por el art. 136.I del Código Procesal Civil, y no esperar  la iniciativa probatoria del juez, porque, este último no tiene la obligación de disponer la producción de prueba en favor de una de las partes o ambas partes, ya que con cuyo proceder se apartaría del principio de imparcialidad regido en el art. 178 de la Constitución Política del Estado. En tal circunstancia el reclamo es falaz.     

2. En relación a la improponibilidad de la demanda, la nulidad de obrados   hasta fs. 9 y el perjuicio por la demora procesal, actuar con el que se habría  infringido el art. 218 del Código Procesal Civil.

El escrito de casación debe estar impregnado de varias reglas entre ellas, del  principio de agravio que desde el enfoque procesal importa la lesión al debido proceso y el derecho a la defensa como uno de sus elementos y el principio de incidencia del error  en la parte resolutiva del fallo impugnado; es decir, el agravio debe ser trascendente, esto es, capaz de cambiar el sentido del fallo, directrices recogidas en el art. 271 del Código Procesal Civil, que a la letra dice: ¨II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso  y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales. III.  No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva  del auto de vista¨. 

Ahora bien, ciertamente los vocales consideraron improponible la pretensión por no existir prueba alguna que acredite: a) El derecho propietario y la individualización del inmueble, b) la transferencia efectuada entre el recurrente y Pascual Castaños, c) Porque pretendió la cancelación de la matrícula computarizada correspondiente al registro de propiedad del propio recurrente y d) Que Cristina Carrasco  demostró ser propietaria de un inmueble de  600 m2, con matrícula computarizada Nº 201101007507, lo que daría derecho a poseer el inmueble,  con dichos argumentos confirmaron la sentencia   

Como puede apreciarse, si bien se empleó el término improponibilidad, no es menos real, que la confirmación de la sentencia fue fundada en la falta de prueba que sustente la pretensión, y no propiamente porque el objeto perseguido (pretensión o causa petendi) esté excluido de plano por la ley o no pueda constituir materia de juzgamiento (improponibilidad objetiva), estableciéndose que la confirmación de la sentencia obedeció a la falta de prueba que sustente la pretensión y no precisamente en la noción de improponibilidad objetiva. 

Este alto Tribunal de Justicia en distintos fallos monolíticamente consolidó  la idea de que el agravio sobre cuestiones procesales debe ser relevante y afectar la garantía del debido proceso concretamente el derecho a la defensa, de modo que no cualquier imperfección procesal constituye un agravio, además el proceder irregular debe ser denunciado oportunamente de lo contrario opera la convalidación tácita, supuestos que no aconteció en la especie, desde dicha perspectiva legal no corresponde la anulación reclamada.

Para ir concluyendo, el tiempo transcurrido desde la emisión de la sentencia hasta la resolución de la apelación, no es argumento válido para sustentar un agravio, porque la demora excesiva  no es causal de casación según lo previsto en el art. 271 del Código Procesal Civil.  Por lo que el reclamo es inane.

Finalmente, queda claro que el actor al lograr la resolución del contrato, el derecho propietario transferido retorno a él, pero como el inmueble aparece a nombre de Cristina Carrasco existe la necesidad de accionar contra ella para la ineficacia  del título con el que registró a su nombre el inmueble, si considera que concurren los presupuestos, asimismo promover la cancelación de la matrícula de la nueva propietaria y de Pascual Castaños Quispe, por lo que se salva su derecho a la vía llamada por ley.                           

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el  recurso de casación que cursa  de fs. 120 a 122, contra el Auto de Vista Nº 268/2018 de 12 de septiembre, pronunciado por la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula Honorario profesional del abogado que respondió el recurso en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.