TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                            S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 683/2019

Fecha: 16 de julio de 2019

Expediente: CH-15-19-S

Partes: Juan Serrudo y Sulema Mallón Huallpa c/María Dolores Mejía Echalar

            de Peñaranda y herederos desconocidos de David Peñaranda Molina.    

Proceso: Mejor derecho propietario y otros.

Distrito: Chuquisaca. 

VISTOS: El recurso de casación planteado por María Dolores Mejía Echalar de Peñaranda cursante de fs. 509 a 513 vta., impugnando el Auto de Vista Nº SCCI 040/2019, pronunciado el 01 de febrero, por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, cursante de fs. 505 a 507, en el proceso de mejor derecho propietario y otros, seguido por Juan Serrudo y Sulema Mallón Huallpa representados legalmente por Asunta Serrudo Vera, contra herederos desconocidos de David Peñaranda Molina y María Dolores Mejía Echalar de Peñaranda; contestación de fs. 517 a 519, Auto de concesión a fs. 520, Auto de Admisión Nº 251/2019-RA de 14 de marzo de fs. 524 a 525 vta., y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Juan Serrudo y Sulema Mallón Huallpa representados legalmente por Asunta Serrudo Vera, plantearon demanda ordinaria por mejor derecho propietario y otros contra María Dolores Mejía Echalar según memorial cursante de fs. 102 a 109 y subsanado a fs. 112 y vta., citada la parte demandada, María Dolores Mejía Echalar, contestó negativamente y opuso excepciones de incapacidad o impersonería y de demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial, por escrito cursante de fs. 139 a 142, asimismo, a fs. 170 contestó el abogado defensor de oficio asignado a los posibles herederos de David Peñaranda Molina, allanándose al memorial de la codemandada María Dolores Mejía Echalar,  tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.

2. El 7 de noviembre de 2018, la Juez Público Civil y Comercial Nº 13 de la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca, dictó la Sentencia Nº 160/2018 por la cual declaró PROBADA en parte la demanda de mejor derecho propietario, reivindicación y pago de daños y perjuicios cursante de fs. 445 vta. a 451 vta., y dispuso declarar 1. El mejor derecho propietario de Juan Serrudo y Sulema Mallón Huallpa en relación al lote de terreno marcado con la letra G-13 ubicado en Villa Margarita con una superficie de 300 m2, inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 1011990026049 frente al derecho propietario de la demandada María Dolores Mejía Echalar de Peñaranda y David Peñaranda Molina cuyo derecho se encuentra inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 1011990029845.

En mérito a ello estableció, la entrega y restitución del inmueble lote de terreno marcado con la letra G-13 ubicado en Villa Margarita con una superficie de 300 m2 por parte de los demandados María Dolores Mejía Echalar de Peñaranda y herederos desconocidos de David Peñaranda Molina a favor de los actores Juan Serrudo y Sulema Mallón Huallpa.

Emergente de ello, el Juez dispuso la cancelación del folio real con Matrícula Computarizada Nº 1011990029845 inscrito a nombre de David Peñaranda Molina María Dolores Mejía de Peñaranda, encomendó su ejecución y cumplimiento al Registrador de Derechos Reales de Chuquisaca.

Declaró finalmente SIN LUGAR al pago de daños y perjuicios.

3. Apelada la Sentencia por la demandada María Dolores Mejía Echalar de Peñaranda cursante de fs. 480 a 484 vta., el 01 de febrero de 2019, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº SCCI 040/2019 (fs. 505 a 507) que CONFIRMÓ la sentencia, bajo los siguientes fundamentos:

Que el derecho primigenio es del Estado y vía dotación según R.S. Nº 109508 transfiere 9300 Has a favor de Crispín Medrano, Domingo y Ángel Párraga, registrado en Derechos Reales bajo la Partida Nº 053, con este derecho propietario Ángel Párraga Medrano y Gregoria Serrudo de Párraga venden en agosto de 1995, una fracción de 300 m2, a David Peñaranda Molina y María Dolores Mejía de Peñaranda registrado en Derechos Reales el 18 de agosto de 1995, datos corroborados por las literales de fs. 134 a 136 vta., 137 vta., y 253, contrastada con la de fs. 252 y vta., se tiene que, Serafina Zárate Vda. de Pinto y Antonia Pinto Zárate transfieren el 27 de septiembre de 1990 el lote Nº G-13 de 300 m2, a Román Quenta Huallpa y Dora Jácome de Quenta, constituyéndose dicho registro prevalente por los antecedentes históricos del tracto sucesorio por provenir el derecho propietario primigenio vía dotación.

En mérito a ello y de la revisión de antecedentes del tracto sucesorio concluyó que los primigenios dueños transfirieron terrenos por segunda oportunidad cuando ya no ostentaban esa calidad.

Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por la parte demandada, recurso que pasa a ser considerado.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme con lo expuesto en el recurso de casación de María Dolores Mejía Echalar de Peñaranda, se tienen los siguientes reclamos:

1. Denunció errónea valoración probatoria de la prueba documental de descargo, como ser el certificado de tradición referido al inmueble de referencia que no habría sido contrastado con las documentales de fs. 252 y 253, con relación a antecedentes dominiales expedidos por la oficina de Derechos Reales, puesto que en referencia a los demandantes no especifica cual fue el antecedente del registro propietario que precede a la adquisición del derecho propietario respecto a Serafina Zárate Vda. de Pinto y Antonia Pinto Zárate, situación que tampoco aclaró la prueba documental de cargo.

Así de la prueba de descargo adjuntada (de reciente obtención), certificado de tradición de los esposos Párraga-Serrudo, referido a la inexistencia de la posible venta de la cual pudieron ser parte los hermanos Zárate Pinto y donde no figuran los esposos Jácome-Quenta ni tampoco los esposos Serrudo-Mallón. En ese entendido, los demandantes no habrían acreditado el antecedente dominial originario del mismo vendedor y por ende los de instancia fallaron parcializadamente a favor de los intereses de los demandantes, vulnerando el debido proceso en su vertiente de omisión valorativa de las pruebas.

2. Reclamó errónea valoración de la prueba testifical de cargo, puesto que no se tomó en cuenta la relación de parentesco con los demandantes, personas allegadas como ser hermanos y compadres, declaraciones que no debieron ser valoradas por incurrir en causal de tacha relativa al tenor de lo previsto en el art. 169 num. 1), 3) y 6) del Código Procesal Civil, por lo cual los demandantes no habrían acreditado prueba idónea para ejercer el mejor derecho propietario, así el Auto de Vista debió declarar improbada la demanda.

3. Refirió que el Auto de Vista recurrido convalidó errores de incongruencia en la sentencia, vulneró así el derecho a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica reconocidos en los arts. 115 y 116 de la CPE,  puesto que la autoridad de primera instancia refirió extrañamente que la parte actora no cumplió con el voto inmerso en el art. 375.I del Código Procesal Civil, referido a la carga probatoria, normativa que no tiene que ver con el proceso, por lo cual dicha resolución es contradictoria e incongruente.

Solicitó disponer la anulación del Auto de Vista recurrido para que en su caso emitan uno nuevo declarando improbada la demanda.

Concluyó exponiendo jurisprudencia constitucional relacionada a sus reclamos.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

Juan Serrudo y Sulema Mallón Huallpa contestaron al recurso de casación de su oponente, en los siguientes términos:

1. Expresaron que el recurso de casación de la parte recurrente es reiterativo al de su apelación, así cuando expone 25 arts. de la CPE, muchos de ellos no cuentan con la pertinencia con el caso de autos, tampoco se infringió ningún derecho puesto que tuvo acceso a la justicia con la debida defensa.

2. El recurso planteado por la recurrente no reúne el requisito que señala el art. 274.I inc.3) del Código Procesal Constitucional para ser admitido, no especificó en qué consiste la supuesta infracción, aplicación errónea e indebida de las normas, ni expuso que agravio sufrió, no aclaró si su recurso fue de forma o fondo, por lo que el mismo no cumple con la técnica recursiva del art. 274 inc.3) del Código Procesal Constitucional.

3. Refirieron que la parte recurrente expresó que no se habría valorado ni contrastado adecuadamente la prueba, no siendo tal aseveración evidente, porque tanto el A quo como el Ad quem efectuaron una valoración correcta, tomaron toda la prueba documental, así como los informes técnicos de catastro, peritaje, inspección, declaraciones.

No existiendo dudas que el derecho de los actores tiene prelación porque deviene del propietario primigenio, suficiente hacer una operación aritmética con la matrícula de la recurrente registrada el 18 de agosto de 1995 y de los demandantes registrada el 27 de septiembre de 1990, demostrándose que la primera inscripción fue realizada por el primer comprador que fue el antecedente con el que vendieron Román Quenta Huallpa y Dorotea Jácome de Quenta el lote de terreno G-13 de 300 m2 a los actores.   

A la conclusión, pidió que, el recurso de casación sea declarado infundado e improcedente y disponga se ejecute la sentencia.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. Respecto al mejor derecho propietario.

Al respecto, corresponde señalar que el art. 1545 del Código Civil dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”.

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, orientó en el Auto Supremo Nº 588/2014 de 17 de octubre que: …para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad (Las negrillas pertenecen a la presente resolución).

Asimismo en el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre se razonó que: “…sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”, la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquirido de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. (Las negrillas pertenecen a esta resolución). Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

En este entendido se puede concluir que actualmente no se puede negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no devienen de un vendedor común, manteniendo un análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto de partes, que es fin esencial del Estado; por lo que en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no basta resolver siguiendo el principio de prelación del registro, sin antes hacer un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de esta cadena de hechos si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de esta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario.

III.2. Respecto a la acción reivindicatoria.

El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta. II. Si el demandado, después de la citación, por hecho propio cesa de poseer o de detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor y resarcirle el daño. III. El propietario que obtiene del nuevo propietario o detentador la restitución de la cosa, debe reembolsar al anterior poseedor o detentador la suma recibida como valor por ella”.

Por su parte el autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”

En el Auto Supremo Nº 60/2014, de 11 de marzo de 2014 se sostuvo que: “El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee. La reivindicación es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular.

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titularla posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia  que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros, que señala: “En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…"; criterio jurisprudencial compartido por éste Tribunal Supremo de Justicia que en repetidos fallos advirtió que “…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la "posesión civil" que está integrada por sus elementos corpus y ánimus" (Auto Supremo Nº 98/2012).

III.3. De la valoración de la prueba.

La  doctrina y la jurisprudencia, han establecido que la valoración de la prueba en general es una prerrogativa inherente a los jueces de grado, conferida por la ley,  asumiendo prudente criterio o sana crítica, tal cual se encuentra plasmado en el art. 1286 del Código Civil, que refiere “ las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no determina otra cosa podrá hacerlo conforme a su prudente criterio, el mismo que contiene como principio la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, cual fue desarrollada en varios Autos Supremos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Auto Supremo Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo,  que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil y el Código Procesal Civil  y en su Art. 145 par. II”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Denunció errónea valoración probatoria de la prueba documental de descargo, como ser el certificado de tradición referido al inmueble de referencia que no habría sido contrastado con las documentales de fs. 252 y 253, con relación a antecedentes dominiales expedidos por la oficina de Derechos Reales, puesto que en referencia a los demandantes no especifica cual fue el antecedente del registro propietario que precede a la adquisición del derecho propietario respecto a Serafina Zárate Vda. de Pinto y Antonia Pinto Zárate, situación que tampoco aclaró la prueba documental de cargo.

La prueba de descargo adjuntada (de reciente obtención), certificado de tradición de los esposos Párraga-Serrudo, referido a la inexistencia de la posible venta de la cual pudieron ser parte los hermanos Zárate Pinto y donde no figuran los esposos Jácome-Quenta ni tampoco los esposos Serrudo-Mallón. En ese entendido, los demandantes no habrían acreditado el antecedente dominial originario del mismo vendedor y por ende los de instancia fallaron parcializadamente a favor de los intereses de los demandantes, vulnerando el debido proceso en su vertiente de omisión valorativa de las pruebas.

En cuanto al antecedente dominial del derecho propietario de los demandantes se tiene que respecto a la Matrícula Computarizada Nº 1011990026049 consta documental de cargo a fs. 13 y vta., que el 27 de diciembre de 1978, Ángel Párraga Medrano y Gregoria Serrudo de Párraga vendieron un lote de 6000 m2 en la zona de “Villa Margarita” a sus hijos, todos de apellidos Pinto Zarate, venta registrada el 10 de enero de 1979; posteriormente surge el registro de 26 de septiembre de 1990 en el que, una de las hijas de nombre Antonia Pinto Zárate vendió una fracción del lote equivalente a 300 m2 denominado G-13 en la zona de “Villa Margarita” a Román Quenta Huallpa y Dora Jácome de Quenta, quienes el 14 de enero de 2011 transfirieron mediante contrato de compra venta a los actuales propietarios (demandantes) Sulema Mallón Huallpa y Juan Serrudo.

En ese antecedente la documental reclamada cursante a fs. 252 establece como antecedente dominial a partir de Antonia Pinto Zárate correspondiente al registro efectuado el 27 de septiembre de 1990 sin que exista variación alguna, únicamente dicho informe tomó cronológicamente el antecedente dominial del registro a partir de 1990, lo cual no significa que la misma fuera contradictoria, puesto que en el asiento Nº 3 figuran Román Quenta Huallpa y Dora Jácome de Quenta como transferentes de Sulema Mallón Huallpa y Juan Serrudo.

Por otra parte, de la documental referida de fs. 253 correspondiente al informe de antecedente dominial de la parte demandada, correspondiente a la Matrícula Computarizada Nº 1011990029845, se puede establecer que el mismo lote “G-13” fue transferido por Ángel Párraga Medrano y Gregoria Serrudo de Párraga a los actuales demandados David Peñaranda Molina y María Dolores Mejía de Peñaranda, cuyo registro fue efectuado el 17 de agosto de 1995, corroborada por documental a fs. 15.

Por tal motivo y de la documental aparejada al tenor del art. 1545 del Código Civil, que expresa “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título”. En el caso concreto y de acuerdo a la documental analizada, los esposos Ángel Párraga Medrano y Gregoria Serrudo de Párraga efectuaron una primera venta global de sus terrenos de la zona de “Villa Margarita” registrado en Derechos Reales el 10 de enero de 1979 y posteriormente volvieron a efectuar otra venta sobre la fracción correspondiente al lote denominado “G-13” en la extensión de 300 M2 registrado en Derechos Reales el 18 de agosto de 1995.

Así de las dos ventas efectuadas sobre el mismo terreno se establece que la primera venta contiene la prelación en el registro en Derechos Reales, de lo que se concluye que el registro de 10 de enero de 1979 fue registrado primero, cuyo título corresponde a los demandantes, de tal suerte que la propiedad les pertenece a ellos; ya que el registro de la parte demandada en relación al citado supra, se lo efectuó con posterioridad el 18 de agosto de 1995.

De la revisión al Auto de Vista Nº 040/2019 de fs. 505 a 507, se evidencia que el mismo realizó una contrastación de los títulos, tanto de la parte demandante como de la demandada, determinando por ello confirmar la sentencia.

Con base en el análisis efectuado, se concluye que, los de instancia valoraron y compulsaron adecuadamente toda la prueba ofrecida, dentro de los alcances y previsiones de los arts. 1286 del Código Civil y 135 del Código Procesal Civil, no siendo ciertos los argumentos expuestos por la recurrente en este punto.

2. Reclamó errónea valoración probatoria de la prueba testifical de cargo, puesto que no se tomó en cuenta la relación de parentesco con los demandantes, personas allegadas como ser hermanos y compadres, declaraciones que no debieron ser valoradas por incurrir en causal de tacha relativa al tenor de lo previsto en el art. 169 num. 1), 3) y 6) del Código Procesal Civil, por lo cual los demandantes no habrían acreditado prueba idónea para ejercer el mejor derecho propietario, así el Auto de Vista debió declarar improbada la demanda.

En relación con este reclamo, corresponde establecer que, en los procesos de mejor derecho propietario, la prueba testifical pasa a segundo plano, puesto que lo que se dilucidan son los documentos y los títulos propietarios de las partes en controversia, sobre los cuales debe realizarse el análisis de su origen y tracto sucesorio, por ello es que las pruebas testificales no pueden ser tomadas como fundamentales para la decisión; porque las testificales por sí mismas carecen de suficiencia y eficacia, siendo necesariamente supeditado su valor a la existencia de prueba documental válida e idónea.

En tanto que, si la parte recurrente creyó en su entender que las mismas eran gravitantes, tal como lo esbozado por el Auto de Vista recurrido, la recurrente debió hacer uso de los recursos que le franqueaba la ley, tal el caso del derecho a la tacha correspondiente, en ese entendido y por todo lo fundamentado tales argumentos no pueden ser tomados en esta instancia como gravitantes.

3. Refirió que el Auto de Vista recurrido convalidó errores de incongruencia en la sentencia, vulneró así el derecho a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica reconocidos en los arts. 115 y 116 de la CPE, puesto que la autoridad de primera instancia refirió extrañamente que la parte actora no cumplió con el voto inmerso en el art. 375.I del Código Procesal Civil referido a la carga probatoria, normativa que no tiene que ver con el proceso, por lo cual dicha resolución es contradictoria e incongruente.

Al respecto, la resolución de segunda instancia a fs. 507 expresó: “Sobre la supuesta incongruencia entre la parte considerativa y la parte dispositiva, de una lectura detenida se concluye que existe una armonía integral entre la parte considerativa y dispositiva, al estar encaminada a declarar probada la demanda, sobre la valoración de la prueba aportada al proceso y la revisión de antecedentes del tracto sucesorio, cuando la a quo, concluye que los primigenios dueños vía dotación transfieren terrenos por una segunda oportunidad, cuando ya no ostentaban esa calidad”.

De lo cual se puede establecer que evidentemente la resolución de primera instancia contiene la armonía integral entre la parte considerativa y dispositiva; porque se refiere al proceso ordinario de mejor derecho propietario y otros, así el A quo cuando en la última parte considerativa refiere y cita el art. 375 1) del Código de Procedimiento Civil, si bien comete un error de derecho al invocar una norma abrogada, sin embargo el tenor de la misma está enfocada al punto de los daños y perjuicios donde refiere “…que la actora no ha cumplido con la carga prevista en el art. 375 1) del C. de Pdto Civil…” así el juez estableció que la parte demandante en ese punto no habría cumplido con la carga impuesta, por tal motivo citó dicha norma correspondiente al anterior procedimiento civil, puesto que si bien fue un error del juez, se tiene que el actual Código Procesal Civil prevé la carga de la prueba y se encuentra contenida en su art. 136, sin que ello signifique que la decisión sea incongruente puesto que en nada enerva la decisión de fondo, ni puede ser tomado como un argumento para pretender invalidar la misma.

Así se concluye que la parte recurrente tomó reclamos que no tienen sustento ni fundamento para poder desvirtuar la decisión asumida en el Auto de Vista recurrido.

De la respuesta al recurso de casación.

Se tiene que la mayoría de los puntos respondidos están acordes a infundar el recurso, cuyo criterio es análogo a esta resolución.

Por lo manifestado, corresponde dictar resolución conforme determina el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 509 a 513 vta., planteado por María Dolores Mejía Echalar de Peñaranda, contra el Auto de Vista Nº SCCI-040/2019 de fs. 505 a 507, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos a favor de la demandante.

Se regula honorarios en favor del abogado que contestó el recurso, en la suma de Bs. 1.000 (bolivianos un mil 00/100).

Regístrese, comuníquese y devuélvase

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.