TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 682/2019

Fecha: 16 de julio de 2019

Expediente: LP-62-19-S. 

Partes: Leandro Cusi Pilco. c/ Felipa Tancara Beltrán.

Proceso: División y partición de bienes gananciales.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 205 a 211 vta., interpuesto por Felipa Tancara Beltrán contra el Auto de Vista Nº 155/2019 de 28 de febrero, cursante de fs. 186 a 189, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de división y partición de bienes gananciales, seguido por Leandro Cusi Pilco contra la recurrente; la concesión cursante a fs. 232; el Auto Supremo de Admisión Nº 544/2019-RA de 28 de mayo, cursante de fs. 239 a 240 vta., y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Leandro Cusi Pilco mediante memorial cursante de fs. 68 a 69, subsanado de fs. 72, 75, 78 y 81, presentó demanda de división y partición de bienes gananciales en contra de Felipa Tancara Beltrán, arguyendo que cuenta con una sentencia de divorcio y existiendo bienes obtenidos durante la vigencia del matrimonio planteó la pretensión de división y participación de bienes gananciales, siendo estos: 1) Vehículo tracto camión, marca Volvo, modelo 2004, con placa de circulación 2516YUB, adquirido de Andrés Ángel Jardín Tapia; 2) Vehículo tracto camión, marca Volvo, modelo 1994, placa de control Nº 1499BIN; 3) Vehículo camión marca Volvo, modelo 1996, placa de control 1290RTR. Solicitando que, de los tres vehículos mencionados, uno se quede con su persona, el otro sea entregado a la demandada y el último se venda y que el producto de la venta sea dividido al 50%; y además impetró como resarcimiento en la suma de Bs. 200.000 derivado del rendimiento de los vehículos mencionados desde el año 2010 a mayo de 2017.

Citada la demandada contestó de forma negativa por memorial de fs. 120 a 123, tramitándose el proceso hasta llegar a la Sentencia Nº 438/2018 del 28 de junio cursante de fs. 155 a 158 vta., pronunciada por la Juez Público de Familia Séptimo de la ciudad de El Alto, declarando PROBADA EN PARTE la demanda interpuesta por Leandro Cusi Pilco contra Felipa Tancara Beltrán, se dispuso que en ejecución de sentencia ante la imposibilidad de una cómoda división, se proceda a la venta judicial en subasta pública del vehículo tracto camión marca Volvo modelo 1994 placa de control 1499BIN, al cumplimiento del art. 414 de la Ley Nº 603.

Se declaró IMPROBADA la demanda de división y partición de bienes en relación con los vehículos tracto camión marca Volvo modelo 2004 con placa de circulación 2516YUB y el vehículo camión marca Volvo modelo 1996 con placa de control 1290RTR. Asimismo, declaró IMPROBADA la petición de resarcimiento en la suma de Bs. 200.000 solicitada en la demanda.

2. Resolución de primera instancia que al ser apelada por la demandada, mereció el Auto de Vista Nº 155/2019 de 28 de febrero cursante de fs. 186 a 189, que en su parte resolutiva confirmó la Sentencia Nº 438/2018 de 28 de junio, con costas a la apelante.

El Tribunal de alzada consideró con respecto al vehículo camión Volvo modelo 1994 con placa 1499-BIN, por el principio de unidad de la prueba que el vehículo citado constituye un bien ganancial, por lo cual el mismo resulta ser objeto de división y partición entre ambos esposos, máxime si la parte recurrente teniendo la posibilidad de presentar pruebas para desvirtuar la ganancialidad no lo hizo conforme al art. 328 del Código de las Familias y de Proceso Familiar (CF-PF). En cuanto a la no valoración del documento de declaración de vida conyugal cursante a fs. 119, se consideró que no fue homologado ni reconocido en firmas y rúbricas, por lo que el mismo tiene efectos solo entre los suscribientes conforme establece el art. 1297 del Código Civil, además del contenido de la cláusula sexta se establece una contravención al art. 177 del CF-PF. Sobre los documentos de préstamo bancario del Banco Económico y Banco FIE S.A., se indicó que constituyen un medio que se limita a determinar que el vehículo camión Volvo modelo 1994 con placa 1499-BIN fue adquirido con préstamo bancario, no siendo el medio idóneo para determinar que el vehículo objeto de la pretensión no constituye un bien ganancial y que el mismo no debió ser objeto de la división y partición.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

1. Acusó que el Tribunal Ad quem incurrió en error de derecho en la valoración del documento de declaración de vida conyugal a fs. 119, en la cual los suscribientes manifestaron la inexistencia de bienes matrimoniales y no renunciaron a la comunidad ganancial y asimismo, de los documentos bancarios de préstamos de dinero se demostró que la compra del vehículo camión Volvo con placa N° 1499-BIN se descartó su condición de bien ganancial, por lo que se vulneraron los arts. 324 y 332 de la Ley N° 603, arts. 1286, 1297 y 1313 del Código Civil. Además, se lesionó el debido proceso previsto en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

2. Denunció que el Auto Vista recurrido incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas no producidas, ni acreditadas por el demandante en su pretensión de división y partición de bienes en cuanto a la obtención de los informes de tránsito de El Alto o ciudad de La Paz, tampoco fundamentó qué medios probatorios aportados por el actor son conducentes y pertinentes a la pretensión del actor para la división y titularidad del vehículo camión Volvo con placa N° 1499-BIN como bien ganancial, por lo que se han vulnerado los arts. 332 de la Ley N° 603, 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado, como el derecho a la valoración de prueba, verdad material y procesal.

Petitorio.

Solicitó casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la división y partición de bienes.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE

III.1. Valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 señaló que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De la revisión del recurso de casación planteado por Felipa Tancara Beltrán, se procede a contestar los agravios expuestos de la siguiente forma:

1. Con relación a que el Tribunal Ad quem incurre en error de derecho en la valoración del documento de declaración de vida conyugal a fs. 119, en la cual los suscribientes manifestaron la inexistencia de bienes matrimoniales y no renunciaron a la comunidad ganancial, asimismo, de los documentos bancarios de préstamo de dinero se demuestra que la compra del vehículo camión Volvo con placa N° 1499-BIN se descarta su condición de bien ganancial, por lo que se vulnera los arts. 324 y 332 de la Ley N° 603, 1286, 1297 y 1313 del Código Civil. Además, se lesionó el debido proceso previsto en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

Al respecto corresponde señalar que la parte demandada ofrece como prueba el “Documento de declaración de vida conyugal e iniciación del divorcio” suscrito el 1º de marzo de 2010, entre Felipa Tancara de Cusi y Leandro Cusi Pilco, cursante a fs. 119, sin reconocimiento de firmas y rúbricas.

Por su parte, el actor cuestiona el citado documento mediante su memorial que cursa a fs. 126 y vta., en el cual señala que: “…no tiene valor legal, porque no tiene reconocimiento de firmas y rúbricas (…) Sin embargo voy a recurrir a un examen grafológico, por si acaso. Y afirmo que no es mi firma”, además en su Otrosí solicita copia legalizada.

De acuerdo a la contestación, el demandado niega haber firmado en el documento cuestionado causando duda e incertidumbre en cuanto a su consentimiento sobre las cláusulas contenidas en la declaración de vida conyugal; sin embargo, no se efectúa el peritaje de firmas y rúbricas durante el desarrollo del presente proceso o por otra vía procedimental con la finalidad de contar con una resolución judicial ejecutoriada.

En el presente recurso de casación no es posible considerar un documento que no cuenta con la eficacia probatoria para surtir los efectos jurídicos al no cumplir con el requisito señalado en el art. 335.II inc. c) de la Ley N° 603, ya que en la presente causa de manera objetiva el demandado niega su firma y no existe resolución judicial  que determine la existencia del documento cursante a fs. 119, aspecto relevante que impide la valoración de la prueba cuestionada en la consideración del recurso de casación.

Bajo los argumentos expuestos se verifica la inexistencia del error de derecho en la valoración de la prueba debido que el “documento de declaración de vida conyugal e iniciación del divorcio” carece de eficacia jurídica y además no está comprendida dentro de los parámetros dispuestos por los arts. 1297 y 1313 del Código Civil.

El Tribunal Ad quem efectúa la valoración del documento cuestionado, sin considerar previamente la valoración de los documentos privados conforme señala la Ley N° 603, por lo que en la presente causa se modula la fundamentación del Auto de Vista con los argumentos explanados en la presente resolución, sin que incida la parte resolutoria de alzada

En cuanto a los documentos de préstamo bancarios del Banco Económico, Banco FIE y Banco SOL, de acuerdo a la audiencia preliminar llevada a cabo en la presente causa, en lo referente a la admisión de la prueba cursante a fs. 146 y vta., el Juez A quo determina con relación a las pruebas de la parte demandada lo siguiente: “…documental de fs. 95 a 97, 119, testigos ofrecidos mediante memorial de respuesta de fs. 122 a 123 (…) No se admiten las literales de fs. 86 a 94 y 98 a 118 por haber sido ofrecida en fotocopia simple en consecuencia sin valor legal en juicio”.

Según lo señalado, las pruebas admitidas son tres recibos cancelados al Banco FIE de sumas pagadas de Bs. 27.611 del 2 de junio de 2016, Bs. 3.302 de 2 de agosto de 2016 y de Bs. 700 de septiembre de 2016 correspondiente al crédito Nº 2622 - 6482. También se tienen dos extractos del Banco Económico consistente en el pago de $us. 19.000 de 3 de junio de 2016 y $us. 1.000 de 7 de junio de 2016 con relación al crédito Nº 10012291 y además se toma en cuenta como prueba el Certificado del Banco Solidario del 15 de febrero de 2018 más el detalle de los pagos efectuados de un crédito de $us. 35.000 desde el 10 de mayo de 2010 hasta el 9 de febrero de 2011 cursante de fs. 143 a 144.

Tampoco existe mayores elementos de convicción para tener la certeza sobre los créditos bancarios obtenidos por los hijos junto con la demandada, que sea destinada a la compra del vehículo citado supra. Teniendo en la presente causa prueba limitada y restringida a las admitidas por el Juez A quo y sin tomar en cuenta a las pruebas de la parte demandada descartadas por ser fotocopias simples sin valor legal.

Revisados los documentos, se llega a inferir que el vehículo con placa de control N° 1499-BIN se adquiere el 23 de agosto de 2008 conforme a la fotocopia legalizada del Registro Nacional de Vehículos cursante a fs. 140 y vta., durante la vigencia del matrimonio. En cuanto a los préstamos bancarios se cuentan con tan solo cancelaciones realizadas por Felipa Tancara de Cusi, empero no indican que los montos en bolivianos y dólares tengan el destino para la adquisición del vehículo objeto de la división y partición dentro de la presente causa.

En conclusión, por el análisis realizado del “documento de declaración de vida conyugal e iniciación de divorcio” a fs. 119 y los pagos bancarios de fs. 95 a 97 y de 143 a 144, se verifica que el Auto de Vista en examen no incurre en error de derecho en la valoración de las pruebas, referente a los documentos consistentes en pagos efectuados de préstamos bancarios cuya apreciación no vulnera los arts. 1286 del Código Civil, 324 y 332 de la Ley Nº 603, 115.II de la Constitución Política del Estado, por lo que el agravio analizado no tiene asidero legal.

2. En cuanto a que el Auto Vista recurrido infringe en error de hecho en la apreciación de las pruebas no producidas, ni acreditadas por el demandante en su pretensión de división y partición de bienes en cuanto a la obtención de los informes de tránsito de El Alto o ciudad de La Paz, tampoco fundamentan sobre qué medios probatorios aportados por el actor son conducentes y pertinentes a la pretensión del actor para la división y titularidad del vehículo camión Volvo con placa N° 1499-BIN como bien ganancial, por lo que se vulneran los arts. 332 de la Ley N° 603, 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado, como el derecho a la valoración de prueba, verdad material y procesal.

No corresponde efectuar ninguna puntualización con relación a las pruebas no producidas ni acreditadas debido a que estas tienen que estar admitidas durante el desarrollo de la audiencia oral, produciéndose la preclusión de cualquier reclamo posterior y mucho más cuando se trata de un recurso de casación.

Respecto a las pruebas de los informes de tránsito a fs. 131 y 132, admitidas por el juez A quo en audiencia preliminar dichas pruebas son obtenidas en mérito de la orden judicial autorizada mediante providencia del 22 de marzo de 2018 a fs. 127 y la entrega de los informes a la autoridad jurisdiccional mediante memorial de fs. 133, tal cual se verifica del contenido del expediente, por lo que de manera legal se obtuvo los informes de la entidad policial encarga de los vehículos, siendo que no objetó la parte demandante en momento oportuno.

Por lo que no se advierte error de hecho debido a que el vehículo con placa de control Nº 1499-BIN, cuenta con el respaldo de las siguientes pruebas: Informe de la División Registro de Vehículos de El Alto de 4 de abril de 2018, Informe de la División Registro de Vehículos de la ciudad de La Paz de 13 de abril de 2018. Estas pruebas dan cuenta que está inscrita bajo la titularidad a nombre de Felipa Tancara de Cusi, en razón a estas pruebas, el Juez A quo determinó como bien ganancial, valorando las pruebas conforme al art. 332 de la Ley Nº 603, ya que la titularidad corresponde a la demandada, por cuanto conceden el valor correspondiente a los informes de tránsito de El Alto y la ciudad de La Paz, para determinar bien ganancial al vehículo objeto de pretensión.

No existe una apreciación errada de documentos inexistentes o ilegalmente introducidos al proceso por parte del Tribunal Ad quem, tal como afirma la demandada en su recurso de casación, debido a que en el Auto de Vista se efectuó la apreciación de las pruebas de manera individual y conjunta tanto en primera instancia como en segunda instancia conforme a la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.1 de la presente resolución.

Por otro lado, los hechos señalados en la contestación de la demanda de fs. 120 a 123 indican que la adquisición del vehículo objeto de la pretensión se hizo con préstamos bancarios de parte de la demandada y sus hijos. Empero, durante el desarrollo de la fase probatoria no se demuestra dicha afirmación debido a que se descarta la apreciación del documento privado a fs. 119 al no considerarse documento auténtico en conformidad con el art. 335.II inc. c) de la Ley Nº 603 asimismo se establece que los pagos efectuados por la demandante de los préstamos bancarios son insuficientes y no son idóneos para llegar a la convicción de que el vehículo no sea ganancial, al existir respaldo documental cursante de fs. 131 a 132 y 140 que avalan la titularidad, cuya compra venta se efectúa el 23 de agosto de 2008 a nombre de Felipa Tancara Beltrán dentro de la vigencia del matrimonio.

Finalmente, se establece que el Tribunal Ad quem no incurrió en vulneración de la valoración de la prueba, verdad material y procesal establecidas en los arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado estando la decisión con relación a la valoración de pruebas producidas en el desarrollo del proceso conforme a lo dispuesto por el art. 332 de la Ley Nº 603, por lo que no corresponde acoger el reclamo que realiza la parte demandante.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 401.I inc. b) de la Ley Nº 603.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 401.I inc. b)  del Código de las Familias y del Proceso Familiar, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 205 a 211 vta., interpuesto por Felipa Tancara Beltrán contra el Auto de Vista Nº 155/2019 de 28 de febrero, cursante de fs. 186 a 189, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas por no haber contestado al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.