TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 681/2019        

Fecha: 16 de julio de 2019    

Expediente: LP-38-19-S

Partes: Bladimir Franz Quispe Aguilar y otros c/Posibles herederos de Wálter

             Saturnino Marañón Altamirano representante legal de la Empresa

            ¨Mariscal Santa Cruz S.R.L.¨.  

Proceso: Usucapión decenal.                                       

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 948 a 959 vta., planteado por Bladimir Franz Quispe Aguilar y otros, a través de su representante legal impugnando el Auto de Vista Nº 475/2018 de 25 de junio (fs. 945 a 946), emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso civil ordinario de usucapión decenal, seguido por Bladimir Franz Quispe Aguilar y otros contra los herederos de Wálter Saturnino Marañón Altamirano, Auto de concesión de fs. 971, Auto Supremo de admisión de fs. 979 a 980 vta., y todo lo inherente.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


I.1. Bladimir Franz Quispe Aguilar y otros, mediante memorial cursante de fs. 461 a 467 vta., subsanado a fs. 471 vta., fs. 474 vta., y fs. 480 vta.,  interpusieron demanda de usucapión decenal, en contra de los posibles herederos de Wálter Saturnino Marañón Altamirano representante legal de la Empresa ¨Mariscal Santa Cruz S.R.L.¨, a quienes se les asignó defensor de oficio, siendo este último quien repelió la demanda, trámite que culminó con la Sentencia Nº 166 ¨A¨/2016 de 31 de octubre,  declarando PROBADA la demanda (fs. 849-862).  

I.2. Ante la insatisfacción con dicho fallo, la demandada María Rosario Valda Vda., de Marañón recurrió en apelación, motivando la emisión del Auto de Vista Nº 475/2018 de 25 de junio, por el que ANULÓ obrados hasta fs. 877, con el fundamento principal de que  la demandada-apelante carece de legitimación pasiva para ser parte en la causa. 

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación:   

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y CONTESTACIÓN

II.1. Del recurso de casación en la forma.

1. Denunció que María del Rosario Valda Vda., de Marañón con el escrito de apersonamiento (fs. 876 vta.), la Cédula de Identidad, el Certificado de Matrimonio y el Certificado de Defunción, no solo habría demostrado interés  legítimo en el caso de autos, sino, inclusive tendría facultades para representar al difunto Wálter Marañón Altamirano, según lo previsto en el art. 46.I del Código Procesal Civil.

2. Que los edictos de ley estuvieron dirigidos  al público en general y en particular a los posibles herederos  de Wálter Marañón  Altamirano, así se habría cumplido con el principio de publicidad y la finalidad procesal, por cuya razón se hubo apersonado María del Rosario Valda Vda. de Marañón, acto seguido impugnó, advirtiéndose que no se generó indefensión que amerite la  nulidad de obrados. En todo caso los Vocales  en observancia del art. 263 del Código Procesal Civil, debieron corregir las observaciones o defectos, para alcanzar el fin máximo que es la solución del conflicto jurídico, correspondiendo ingresar al objeto del litigio,  habiendo incurrido en incongruencia  e inobservancia de los arts. 218.III, 264 y 265.III del Código Procesal Civil.

3. Objetó que los Vocales habrían efectuado una errónea y aplicación indebida de los arts. 250 y 251 del Código Procesal Civil, al no especificar la norma que exige la declaratoria de herederos como única prueba para acreditar la legitimación pasiva. 

Concluye reclamando que la anulación dispuesta le habría provocado daño colateral, por restringirle el acceso al derecho de propiedad proveniente del proceso de usucapión y el principio de celeridad debido a la retardación de justicia.    

Los fundamentos respecto al derecho de usucapir no son considerados porque el auto de vista no ingresó al objeto del litigio, sino resolvió a partir de la actividad procesal defectuosa.   

II.2. Contestación al recurso de casación.

La demandada respondió manifestando principalmente que en el incoherente proceso no fue identificada, mucho menos sus hijos Julio Augusto, María del Rosario, Olga Virginia  y Walter Francisco todos de apellidos Marañón Valda.

Tampoco se identificó a los verdaderos sujetos pasivos de la empresa ¨Mariscal de Santa Cruz SRL¨, para la citación en su domicilio y garantizar la defensa inviolable.

Finalmente afirmó que los demandantes ingresaron  a la Urbanización ¨Mariscal Santa Cruz¨ de manera violenta y sin el consentimiento del propietario, siendo inviolable la propiedad. Pidiendo que el máximo Tribunal de Justicia anule obrados hasta el decreto de admisión.    

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.  Los principios de eficacia y eficiencia en la práctica forense.

La jurisdicción ordinaria de acuerdo al art. 180 de la Constitución Política del Estado, ¨se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez¨. 

El precepto constitucional invocado fue desarrollado en la Ley del Órgano Judicial, concretamente en el art. 30 que prescribe: ¨7. EFICACIA. Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia¨ ¨8. EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respecto de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal.¨

A su turno el Código Procesal Civil en el art. 1. num.10 respecto a la Celeridad refiere: ¨La economía del tiempo procesal  esta edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados, y servidores judiciales. El Juez no podrá  aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por razones expresamente que autorice el presente Código. ¨

Por su parte el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial indica: ¨I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados  en los recursos  interpuestos¨. III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos…¨

Desde cuya perspectiva está claro que la nulidad de obrados no procede por cualquier razón o defecto irrelevante, sino, cuando se produjo indefensión y se haya reclamado oportunamente, debiendo inclinarse por resolver el objeto del litigio y solo recurrir a la fácil y odiosa decisión anulatoria cuando no haya otra opción.    

III.2. La nulidad procesal.

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, sobre el tópico de la nulidad procesal se razonó lo siguiente: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.  El subrayado nos corresponde.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

1. Respecto a la legitimación pasiva de María del Rosario Valda Vda. de Marañón en la causa y la infracción del art. 46.I del Código Procesal Civil.

Por una parte, del certificado de matrimonio de María Rosario Valda Aliaga y Wálter Saturnino Marañón Altamirano (fs. 874), se establece que contrajeron nupcias el 27 de marzo de 1969; consecuentemente, de acuerdo al art. 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, el bien objeto de usucapión al pertenecer en acciones al cujus (Wálter Saturnino Marañón Altamirano) constituye bien ganancial, en virtud al principio de presunción de ganancialidad previsto en el art. 190 del Código de las Familias,  de donde  emerge el interés directo de la demandada en el referido inmueble. Precisamente por dicha circunstancia a fs. 672 de obrados hace notar  dicho interés al interprete judicial. 

Por otra parte, María Rosario Valda Aliaga en el escrito de agravios (fs. 890 vta.) reconoció ser heredera del cujus al señalar de manera textual lo siguiente: ¨…a mas que los demandantes previo a la admisión debieron demostrar que esos terrenos de la Urbanización  Mariscal Santa Cruz, fraccionados  e individualizados estuvieren inscritos en Derechos Reales a mi nombre o al de mis hijos (herederos de Walter Marañón)…¨.

Ahora bien, la condición de heredera no solamente se acredita con la declaratoria de herederos sino también por actos inequívocos que denoten haber aceptado la herencia en forma tácita como lo prescribe el art. 1025.III del Código Civil, así  por ejemplo en la especie, la esposa supérstite asumió defensa en la presente causa no solo en su condición de esposa sino también como heredera, de donde se advierte la legitimación pasiva extrañada. El reclamo tiene sustento legal.                 

2. En relación a la eficacia de los edictos de ley y la finalidad alcanzada respecto a los posibles herederos de Wálter Marañón Altamirano y la supuesta  incongruencia e inobservancia de los arts. 218.III 264 y 265.III del Código Procesal Civil.

Al respecto ciertamente la convocatoria a los herederos de Walter Marañón  Altamirano a  la causa mediante los edictos de ley cumplió con su finalidad, precisamente por ello, la demandada María del Rosario Valda Vda. de Marañón al conocer la existencia del proceso de usucapión se apersonó al juzgado, solicitó copias legalizadas del expediente, apeló y contestó al recurso de casación; es decir, decidió asumir defensa en el estado en que se encontraba el proceso, habiendo procedido conforme lo determina el art. 107.III del Código Procesal Civil.

De obrados se advierte que la demandada asumió defensa después de haberse proferido sentencia, lo que importa que en primera instancia ya no podrá  producir prueba, no obstante, en segunda instancia puede ofrecer y producir prueba conforme lo prescribe el art. 261 num. 4) del Código Procesal Civil, aspecto que debe ser garantizado por los Vocales si es que concurre tal aspecto, en reguardo del principio de igualdad o contradicción previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado.   

3. Que la declaratoria de herederos no sería la única prueba para acreditar la legitimación pasiva, habiéndose incurrido en errónea y aplicación indebida de los arts. 250 y 251 del Código Procesal Civil. Con la medida adoptada le habría   restringido el acceso al derecho propietario y al principio de  celeridad debido a la retardación de justicia.   

En el punto primero se precisó que de acuerdo a lo estipulado en el art. 1025.III del Código Civil, la condición de heredero no solo se acredita con la declaratoria de herederos, sino también con actos inequívocos que denoten haber aceptado la herencia, como es el asumir defensa en juicio en resguardo de los intereses sucesorios, como aconteció en la especie.

La anulación dispuesta retrotrajo el proceso hasta fs. 877, lo cual evidentemente contradice el desarrollo normal de la causa y atenta al debido proceso en su componente plazo razonable de la duración del proceso, previsto en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, por cuanto el proceso se inició el 23 de septiembre de 2014 y a casi cinco años de trámite no es correcto que la causa continúe en debate, debiendo los Vocales ser dinámicos, creativos y tomar las medidas necesarias para concluir rápidamente el caso y evitar decisiones desafortunadas que solo tienden a dilatar el proceso y autogenerar carga procesal.     

En suma, no es evidente que la demandada María del Rosario Valda Vda. de Marañón, carezca de legitimación pasiva, por el contrario, al tener el estatus de esposa supérstite y heredera tiene interés directo en los bienes sucesorios por ende cuenta con la suficiente legitimación pasiva para asumir defensa en la litis.        

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1), art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.III num. 1) inc. c) del Código  Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 475/2018 de 25 de junio, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva la apelación con la pertinencia del art. 265.I de la norma adjetiva civil.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.