TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 652/2019

Fecha: 05 de julio de 2019

Expediente: CH-12-19-S

Partes: Estefanía Tolaba Erazo y Andrés Tolaba Erazo c/ Leónida Cruz Leytón Vda. de Tolaba y herederos de Inocencio, Cristóbal, Silverio y Pablo Tolaba Erazo.

Proceso: División y partición de bien común.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 382 a 386, interpuesto por Leónida Cruz Leytón Vda. de Tolaba, impugnando el Auto de Vista Nº 11/2019 de 23 de enero, cursante de fs. 370 a 372, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de división y partición de bienes, seguido por Estefanía Tolaba Erazo y Andrés Tolaba Erazo contra Leónida Cruz Leytón Vda. de Tolaba y herederos de Inocencio, Cristóbal, Silverio y Pablo Tolaba Erazo; el Auto de Concesión de 21 de febrero de 2019, cursante de fs. 395; Auto Supremo de Admisión Nº 177/2019-RA de 27 de febrero, cursante de fs. 401 a 403; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Estefanía Tolaba Erazo y Andrés Tolaba Erazo, interpusieron demanda de división y partición de bienes de fs. 13 a 14, ampliada por memorial de fs. 17 y vta., y subsanada por escrito de fs. 30 y vta., contra Leónida Cruz Leytón y herederos de Inocencio, Cristóbal, Silverio y Pablo todos  de apellidos  Tolaba Erazo, quienes se apersonaron al proceso por memorial de fs. 57 y vta., fs. 61 y fs. 107 (Defensor de Oficio); desarrollándose de esta manera la causa hasta la  emisión de la Sentencia Nº 009/2017 de 7 de septiembre, cursante de fs. 244 a 247, pronunciada por el Juez Público Mixto, Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Sentencia Penal 1, del Trabajo y Seguridad Social con asiento en la localidad de Incahuasi del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró PROBADA la demanda de división y partición, disponiendo lo siguiente:

1. La división y partición física e individualización de las alícuotas partes respecto del bien inmueble de 297.000 m2, ubicado dentro el radio urbano del Municipio de Villa Charcas, provincia Nor Cinti del departamento de Chuquisaca, registrado en las oficinas de Derechos Reales en el folio real con matrícula Nº 1073010000203, divididos y repartidos en seis alícuotas iguales enumeradas de la siguiente manera:

a) Para la actora Estefanía Tolaba Erazo se asignó un lote de 49.500 m2.

b) Al actor Andrés Tolaba Erazo se le asignó un lote de 49.500 m2.

c) Para la familia Tolaba-Cruz, al fallecimiento de Inocencio Tolaba Erazo, representada por Leónida Cruz L. Vda. de Tolaba y Elvin Tolaba Cruz, le correspondió una extensión de 49.500 m2.

d) Asimismo, para la familia Tolaba-Cardozo, al fallecimiento de Cristóbal Erazo, representada por Mariela Tolaba Cardozo, se asignó una superficie de 49.500 m2 de superficie.

e) Del mismo modo, al fallecimiento de Silverio Tolaba Erazo se asignó a la familia Tolaba-Rengifo, representada por Facunda Rengifo Jiménez Vda. de Tolaba y Arnoldo Tolaba Rengifo, una extensión superficial de 49.500 m2.

f) Finalmente a la familia Tolaba-Castro, al fallecimiento de Pablo Tolaba Erazo, representado por Pastor Tolaba Castro, una superficie de 49.500 m2.

2. Que en ejecución de sentencia se proceda al estacado de los lotes.

Resolución de primera instancia que al haber sido recurrido en apelación por Leónida Cruz Leytón Vda. de Tolaba de fs. 252 a 254 vta.; la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista SCC II Nº 11/2019 de 23 de enero, cursante de fs. 370 a 372, CONFIRMANDO totalmente la Sentencia Nº 009/2017, argumentando en lo principal que la prueba pericial no fue cuestionada por las partes, misma que determinó que la extensión original del inmueble es de 29.700 Ha, habiendo los herederos procedido a la división en seis partes iguales; es decir, a 49.500 m2, y que las ventas efectuadas por los herederos deben ser colacionadas a la cuota parte asignada, y el heredero que haya sufrido evicción debe ser indemnizado por el heredero vendedor que corresponda.  

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

II.1. Del recurso de casación en la forma.

1. Refirió que la demanda debió dirigirse contra los 27 herederos directos o herederos por representación de sus padres, al no haberse obrado así, considera que se generó inseguridad e incertidumbre, vulnerando los arts. 115 de la Constitución Política del Estado y 48 del Código Procesal Civil.

2. Acusó que la conciliación previa es un actuado imperativo y al no haberse llevado a cabo dicha diligencia, entiende que se infringió el debido proceso y los arts. 115 de la Constitución Política del Estado, y 5, 292 y 362 del Código Procesal Civil.

II.2. Del recurso de casación en el fondo. 

1. Refirió que el municipio de Villa Charcas no tiene homologado legalmente su área urbana ante el Ministerio de Autonomías, siendo así no existiría área definida por ley; consecuentemente, el título de la reforma agraria continuaría vigente por ende el terreno sería rural, máxime si no existe el trámite de cambio de uso de suelo ante el INRA.

2. Denunció que para la procedencia de la división del inmueble es requisito imprescindible el informe técnico del Municipio, además, los planos de propiedad deben estar aprobados por la entidad edil, de modo que al no haberse satisfecho con dicho presupuesto corresponde la anulación de obrados, porque se habría infringido el art. 115 de la Constitución Política del Estado y los arts. 170, 1242 y 1274 del Código Civil.

3. Reclamó que para la división de la herencia es requisito indispensable la acreditación de la condición de heredero, con el trámite de la declaratoria de herederos, sea en la vía notarial o judicial, y que la misma esté inscrita en Derechos Reales, más el pago del impuesto sucesorio y demás formalidades. En el caso de autos dicho trámite no fue realizado por todos los herederos.

4. Apuntó que si bien de acuerdo al folio real de fs. 1, 9 y 17, el inmueble tuvo la superficie total de 29.2000 ha, no es menos cierto que debido a las transferencias ilícitas solo quedó la superficie total de 276.752,25 m2, correspondiendo la división de la extensión de terreno sobrante. De modo que al haberse dividido la masa hereditaria en 6 partes a 49.5000 m2 para cada heredero, se dispuso más allá de lo que realmente queda siendo así la ejecución de la sentencia es una utopía ya que en Derechos Reales sería rechazada. Añadió que uno de los propósitos de la demanda fue identificar las transferencias y las superficies dispuestas, al no haberse logrado dicho cometido queda adivinar provocando incertidumbre, con cuyo proceder conculcaron los arts. 62 de la Constitución Política del Estado, 213 del Código Procesal Civil, 31 del Código de las Familias y del Proceso Familiar y 1084 del Sustantivo Civil.

En apoyo de las normas antedichas y los arts. 5, 106 del Código Procesal Civil y 17 de la Ley del Órgano Judicial, pidió la nulidad de obrados, ¨hasta que se subsanen todas las anormalidades¨.

II.3. Contestación.

Estefanía Tolaba Erazo, respondió al recurso manifestando entre otras razones que el recurso contiene simplemente un relato genérico de los antecedentes omitiendo especificar los hechos que afectan sus derechos y que no se indicó como fueron suprimidos sus derechos.

Señalo que las supuestas irregularidades procesales ya fueron motivo de fiscalización por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mismas que no fueron acogidas por lo que no es viable nuevo pronunciamiento.

Y que la división se efectuó en partes iguales (49.500 m2) entre los seis herederos de Anacleto Tolaba, en el cual se encuentra comprendida la recurrente, y las ventas efectuadas por los herederos pueden ser disminuidas de la cuota parte correspondiente a cada heredero inclusive en ejecución de sentencia.     

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO.

III.1. La nulidad de obrados no es la primera razón. La trascendencia como  presupuesto para la nulidad de obrados.

Sobre la nulidad de obrados en el Auto Supremo Nª 06/2015 de 8 de enero, se razonó lo siguiente:  ¨La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando a un lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias que solo ocasionó retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.¨.

Respecto al principio de trascendencia el Auto Supremo Nº 223/2013 de 6 de mayo  señaló: ¨Es asimismo importante señalar, que existen principios que rigen las nulidades procesales, así tenemos por ejemplo, el principio de trascendencia, respecto del cual, para que resulte procedente la declaratoria de nulidad, deben mediar requisitos que demuestren que el vicio que se acusa ha producido perjuicio en la parte que se siente afectada, además la afectación que el mismo produjo en la defensa que a su favor pudo realizar de no haber mediado la circunstancia o el acto cuestionado, resultando el daño producido, cierto e insubsanable. Otro principio que rige específicamente la nulidad, es el de conservación o instrumentalidad de las formas, a través del cual debe observarse si el acto, que se acusa de irregular, cumple o no con la finalidad para el que ha sido dispuesto, en resguardo de la seguridad y firmeza de las Resoluciones judiciales y de los actos del proceso, sostiene este principio que las nulidades no tienen como meta comprobar y declarar el incumplimiento de las formas procesales, sino que sustenta que los actos procesales son válidos si han cumplido sus fines, aunque exista un defecto formal¨. 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

1. En cuanto a que la demanda debió dirigirse contra los 27 herederos directos o herederos por representación de sus padres, al no haberse obrado así consideró que se generó inseguridad e incertidumbre, vulnerando los arts. 115 de la Constitución y 48 del Código Procesal Civil.

Por una parte, según el art. 1 núm. 17 del Código Procesal Civil, el recurrente tiene la obligación de actuar durante el desarrollo del proceso con buena fe, lealtad procesal  y veracidad para evitar fraude o dilaciones indebidas.

En el caso de autos Leónida Cruz Leyton junto a otros codemandados, en el escrito de contestación a la demanda, cursante de fs. 57 vta., señalo lo siguiente: ¨ESTEFANIA TOLABA ERAZO Y ANDRES TOLABA ERAZO, están demandando con una división y partición de bienes de un terreno correspondiente por estirpe ya que todos somos herederos forzosos  a la muerte de nuestros finados padres…¨ ¨Cabe indicar señor juez que también existen otros herederos de nuestro finado tío, Pablo Tolaba Erazo, quienes son: Pastor Hilda y Karina…¨

De cuya cita se aprecia que la recurrente a tiempo de apersonarse y responder, sólo hizo notar la existencia de los herederos de Pablo Tolaba Erazo, a quienes en la decisión final de primer grado se las tuvo en cuenta en la distribución de la masa sucesoria.

Posteriormente en la audiencia preliminar de fs. 197 a 198, la recurrente al amparo del art. 366.I núm. 4 de la norma procesal civil, tuvo una segunda oportunidad para solicitar la incorporación de los 27 herederos, sin embargo, optó por el silencio, para recién reclamar dicho extremo en sede casacional, privando de un pronunciamiento sobre la mencionada cuestión a las autoridades de segunda instancia, habiendo operado la regla del per saltum, circunstancia que impide al máximo Tribunal de Justicia atender el mismo en observancia del art. 270 del Código Procesal Civil.

Concluyendo este punto, la supuesta existencia de los herederos excluidos de la causa no está debidamente probada y la sola enunciación no es suficiente para la anulación de obrados, además, de ser cierta la existencia de otros herederos tienen la vía correspondiente para reclamar su legítima.

De donde se advierte deslealtad procesal y por ende el reclamo es falaz.  

2. Respecto de que la conciliación previa es un actuado imperativo y al no haberse llevado a cabo dicha diligencia, entiende que se infringió el debido proceso y los arts. 115 de la Constitución Política del Estado, y 5, 362, 292 del Código Procesal Civil.

De acuerdo a los artículos 105 y 106 del Código Procesal Civil, la nulidad de actuaciones procede cuando la imperfección está expresamente sancionada con la nulidad y se haya provocado indefensión.

Ciertamente se omitió la realización de la conciliación previa prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil, no obstante, dicha  irregularidad, no está sancionada con la nulidad y tampoco se produjo indefensión, por cuanto, no se practicó dicha audiencia, además el director del proceso en la audiencia preliminar intento la conciliación en el que participó la parte recurrente misma que fracasó, al margen de ello, también es atribuible a cualquiera de las partes solicitar la conciliación cuando así lo requieran. Desde dicha perspectiva el reclamo es irrito.      

En el fondo.

1. Acerca de que el Municipio de Villa Charcas no tiene homologado legalmente su área urbana por ante el Ministerio de Autonomías, siendo así no existiría área urbana definida por ley; consecuentemente, el título de la reforma agraria continuaría vigente por ende el terreno sería rural, máxime si no existe el trámite de cambio de uso de suelo ante el INRA.

De acuerdo a la literal cursante a fs. 236 del expediente, la Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas, certificó que el inmueble de Estefanía Tolaba Erazo se encuentra ubicado dentro del radio urbano  de la localidad de Villa Charcas, en el barrio 21 de septiembre. Cabe destacar que dicho inmueble forma parte del bien objeto del litigio, estableciéndose que el inmueble motivo de división y partición se encuentra dentro del área urbana.

También de los planos aprobados por el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas, cursantes de fs. 153 a 158, mismos que son parte del inmueble en litigio, se establece que la propiedad litigada se encuentra dentro el radio urbano del municipio.  

Referente a lo añadido sobre la falta de homologación del área urbana ante el Ministerio de Autonomías, en el cuaderno procesal no existe prueba alguna que demuestre dicho extremo. Por lo que dicho reclamo resultaría una falacia.    

2. Sobre la denuncia de que para la procedencia de la división del inmueble es requisito imprescindible el informe técnico del municipio, además los planos de la propiedad deben estar aprobados por la entidad edil, de modo que al no haberse satisfecho con dicho presupuesto corresponde la anulación de obrados porque se habría infringido el art. 115 de la Constitución Política del Estado y los arts. 170, 1242 y 1274 del Código Civil.

Ciertamente no figura en obrados el informe técnico ni el plano aprobado del inmueble por el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas, no obstante, de fs. 9 a 10, cursa la matrícula computarizada 1.07.3.01.0000203, perteneciente al inmueble objeto de litigio, misma que acredita la extensión de 297.000 m2, extensión que fue ratificada por la recurrente a tiempo de apersonarse a fs.57, al indicar:¨ NOS APERSONAMOS AL PROCESO DE DIVISION Y PARTICION DE BIENES, EXCLUSIVAMENTE DEL TERRENO CULTIVABLE  DE 27.900 Hts. …registrado en Derechos Reales bajo la matricula Computarizada 1.07.3.01.0000203.     

Desde dicha perspectiva, la ausencia de las literales citadas no constituye argumento válido para anular el proceso, ya que dicha medida extrema solo es viable cuando se haya provocado indefensión según lo previene el art. 105 .II  del Código Procesal Civil, circunstancia que no aconteció dado que la recurrente asumió defensa ampliamente, correspondiendo en consecuencia tramitar dichas literales en ejecución de sentencia.

3. En cuanto a que para la división de la herencia es requisito indispensable la acreditación de la condición de heredero, con el trámite de la declaratoria de herederos, sea en la vía notarial o judicial y que la misma esté inscrita en la oficina de Derechos Reales, más el pago del impuesto sucesorio y demás formalidades. En el caso de autos dicho trámite no fue realizado por todos los herederos.

Por una parte a fs. 57, la recurrente de manera textual reconoció que todos los intervinientes en la causa son herederos al manifestar lo siguiente: ¨ …están demandando con una división y partición de bienes de un terreno  cultivables  de 27.900 has., …derecho que también nos corresponde por estirpe ya que todos somos herederos forzosos a la muerte de nuestros  finados padres,¨.

Por otra, no es evidente que para suceder sea imprescindible la declaratoria de herederos ante la notaría de fe pública o el juzgador, por cuanto, de acuerdo al art. 1025 núm. III del Código Civil, la herencia puede aceptarse tácitamente, a partir de ciertos actos inequívocos, así por ejemplo la venta de terreno sucesorio  efectuada por los herederos de fs. 241, máxime si existe de por medio un reconocimiento expreso de la recurrente de la calidad de herederos.   

4. En relación a que si bien de acuerdo al folio real de fs. 1, 9 y 17 el inmueble tuvo la superficie total de 29.2000 ha, no es menos cierto que debido a las transferencias ilícitas solo quedó la superficie total de 276.752,25 m2., correspondiendo la división de la extensión del terreno sobrante. De modo que al haberse dividido la masa hereditaria en seis partes a 49.500 m2 para cada heredero, se dispuso más allá de lo que realmente queda siendo la ejecución de la sentencia una utopía porque el registrador de derechos reales lo rechazaría. Añadió que uno de los propósitos de la demanda fue identificar las transferencias y las superficies dispuestas, al no haberse logrado dicho cometido queda adivinar provocando incertidumbre, con cuyo proceder conculcaron los arts. 62 de la Constitución Política del Estado, 213 del Código Procesal Civil, 31 del Código de las Familias y del Proceso Familiar y 1084 del Sustantivo Civil.

Primero, la recurrente y otros a tiempo de apersonarse y contestar la demanda  de fs. 57, de manera textual señalaron: ¨NOS APERSONAMOS AL PROCESO DE DIVISION Y PARTICION DE BIENES, EXCLUSIVAMENTE DEL TERRENO CULTIVABLE  DE 27.900 Hts. …registrado en Derechos Reales, bajo la matricula Computarizada 1.07.3.01.0000203”. De cuya cita queda claro que se reconoció que el terreno a dividirse alcanzaba a 27.900 ha, dato corroborado con la prueba cursante a fs. 152 del expediente.       

Según la prueba pericial de fs. 240 a 241, el perito informó que los herederos de forma particular procedieron a la división del lote de terreno hace mucho tiempo y lo que se hizo fue la partición en porciones iguales a todos los interesados conforme a plano adjunto, inclusive efectuaron venta de terrenos, mismos que lo dieron por bien hecho a fin de evitar conflictos.

De cuya cita e informe queda claro que la propia recurrente así como el resto de los sujetos procesales, afirmaron que el bien objeto de división tiene la superficie de 27.9000 ha, posteriormente se opusieron a la medición del terreno transferido y a su establecimiento de la superficie de terreno sobrante, advirtiéndose que fueron los propios justiciables los que evitaron establecer con precisión el terreno sobrante, con cuyo proceder desleal pretenden anular el proceso.

También queda claro que los herederos, fruto de la división particular efectuada,  realizaron venta de terrenos, y ante el hipotético de que la venta efectuada se encuentre en la porción asignada a otro heredero, los Vocales correctamente dispusieron la indemnización, misma que puede cubrirse con un precio u otro terreno equivalente.

Finalmente no es cierto que no pueda perfeccionarse la inscripción del derecho sucesorio en la forma dispuesta por los jueces de instancia, porque, en principio deben registrar en la oficina pública la forma de la división y partición de la masa  hereditaria, acompañando el plano demostrativo general, los planos individuales, plano de fraccionamiento para que posteriormente los compradores también puedan registrar su derecho propietario; medidas que pueden ser materializadas en ejecución de sentencia en virtud a los principios de eficacia y eficiencia previstas en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, sin la necesidad de recurrir a la fácil, odiosa e inútil decisión anulatoria de obrados. Por lo que el reclamo es falaz.      

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y fondo que cursa de fs. 382 a 386, interpuesto por Leónida Cruz Leytón Vda. de Tolaba contra el Auto de Vista Nº 11/2019 de 23 de enero, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional para el abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.