TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                         S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 651/2019

Fecha: 05 de julio de 2019

Expediente: SC-19-19-S

Partes: Erasmo Flores Ramos y Lucía Telera Rosario c/ Teresa Ramos Choque.

Proceso: Anulabilidad de letra de cambio y resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 919 a 921, interpuesto por Teresa Ramos Choque, contra el Auto de Vista Nº 190/2018 de 6 de noviembre, cursante de fs. 915 a 917, pronunciada por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Familiar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de anulabilidad de letra de cambio y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Erasmo Flores Ramos y Lucía Telera Rosario contra la recurrente; respuesta al recurso de casación de fs. 924 a 934 vta.; el Auto de  Concesión de 5 de febrero de 2019, cursante de fs. 935; Auto Supremo de Admisión N° 162/2019-RA de 27 de febrero, que cursa de fs. 942 a 943 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Erasmo Flores Ramos y Lucía Telera Rosario, interpusieron demanda de  anulabilidad de letra de cambio y resarcimiento de daños y perjuicios, argumentando que suscribieron 3 contratos de préstamos de dinero, ascendiendo en una suma de Bs. 360.000, sin embargo, por un acto de falsedad, dolo y falta de consentimiento de Teresa Ramos Choque, inserta en la Letra de Cambio N° 086087 serie “A” de 2009, una suma imaginaria de Bs. 650.000, mediante memorial de fs. 216 a 221; acción dirigida contra Teresa Ramos Choque, que respondió a la demanda de manera negativa e interpuso demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios ocasionados por la retención de sus cuentas bancarias de dinero de fs. 730 a 731 vta.

2. Desarrollándose el proceso en el Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hasta dictarse la Sentencia Nº 15/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 891 a 896 vta., que declaró PROBADA la demanda principal e IMPROBADA la reconvencional, declarando la anulabilidad de la letra de cambio Nº 086087, serie “A” 2009, en la suma imaginaria de Bs. 650.000 (Seiscientos Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos).

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Teresa Ramos Choque mediante escrito de fs. 899 a 901; mereció que la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Familiar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dicte Auto de Vista Nº 190/2018 de 6 de noviembre, cursante de fs. 915 a 917, CONFIRMANDO en todas sus partes la Sentencia Nº 15/2018 de 8 de mayo. Bajo la siguiente fundamentación:

Que el presente caso se tiene que el documento base es la Letra de Cambio, contra la misma se plantea acción de anulabilidad, siendo que tal documento mercantil es una especie de acto jurídico contractual y por ende susceptible a ser demandado por vicios contraídos con referencia a la voluntad de las partes, asimismo, es señalado por el Código de Comercio en su art. 822 “en los casos de nulidad y anulabilidad no previstos expresamente en este código se aplicaran las disposiciones pertinentes del Código Civil”, por lo que la Juez de primera instancia no causo agravio alguno a los recurrentes ni vulneración a los derechos y garantías constitucionales, aplicando en la Sentencia el respectivo principio de legalidad.

4. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Teresa Ramos Choque, mediante memorial de fs. 919 a 921, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación se observa que Teresa Ramos Choque, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa:

1. Que el Auto de Vista no realizó una adecuada fundamentación, conforme exige el art. 213.II núm. 3 del Código Procesal Civil.

2. Reclamó al Ad quem por convalidar la Sentencia, debido a la errónea aplicación del art. 554 inc. 2 del Código Civil, referidos a la anulabilidad de los contratos civiles, equiparando al título valor con los contratos civiles.

3. Alega errónea aplicación del art. 452 del Código Civil, al exigir que para la existencia válida de una letra de cambio, está debe cumplir con dicha norma, es decir, sujeta a bilateralidad, una prestación por una contraprestación, aplicando inadecuadamente los arts. 498 y 490 del Código de Comercio.

4. Aduce que para fundar la anulabilidad de la letra de cambio, según el art. 822 del Código de Comercio solo establece a los contratos y obligaciones mercantiles, contrariamente los títulos valores entre otros la letra de cambio, que no son contratos comerciales, peor civiles y se encuentran regulados por los arts. 491 al 738, a los que no se puede aplicar las reglas del art. 802 del Código de Comercio.

5. Denota que se tome en cuenta que el presente proceso ordinario fue interpuesto después de 10 meses de haberse ejecutoriado la Sentencia ejecutiva, por lo que los demandantes no solicitaron la modificación de la Sentencia ejecutiva, únicamente demandan la anulabilidad de la Letra de Cambio.

Petitorio.

Solicito dictar Auto Supremo casando el Auto de Vista impugnado, declarando en el fondo improbada la demanda, con expresa condenación de costas.

Contestación al recurso de casación de fs. 924 a 934 vta.

Alegaron que el recurso de casación, incumple con los arts. 271.I,II y 274 del CPC,  que determina las causales de procedencia de ambos recurso de casación, que jamás pueden ser las mismas, ni darse por los mismos supuestos de hecho, además la parte recurrente de manera imprecisa no diferencia sus reclamos y solo plantea de forma y de fondo buscando casar el Auto de Vista, por otro lado, no podría invalidarse la letra de cambio al no ser un contrato de naturaleza civil siendo un criterio incorrecto ya que al asumir la tesis de la parte demandada no sería un acto jurídico como determina la doctrina civil, sin embargo, el A quo determinó expresamente que este hecho se ha dado al momento de motivar el fallo, conforme a la verdad material establecida en el art. 180.I de la CPE y el art. 1 núm. 16 del Código Procesal Civil.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la prueba pericial.

Al respecto corresponde referir que el art. 1333 del Código Civil, señala que el Juez no está obligado a seguir las conclusiones de los peritos, pero debe fundar las propias. Concordante con ello el art. 202 del Código Procesal Civil, previene que la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración, entre otros, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere.

Según el Auto Supremo Nº 1020/2015-L de 16 de noviembre, señala que conforme a la normativa legal, dispuesta en el art. 378 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “(FACULTAD DEL JUEZ) El Juez, dentro del periodo probatorio o hasta antes de la sentencia, podrá ordenar de oficio declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare necesaria y pertinente.”, por otro lado, el Código Procesal Civil en su artículo 24 núm. 4, señala “Disponer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la sentencia, la presencia de las partes, testigos o peritos, a objeto de formular aclaraciones o complementaciones que fueren necesarias para fundar la resolución”, de lo que se entiende que el juez A quo tiene la facultad para exigir la prueba que considere necesaria y pertinente,

Al respecto, el art. 441 del Código de Procedimiento Civil, establece: “(FUERZA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL) La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere.”, asimismo se encamina el art. 202 del Código Procesal Civil, señala “La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por la autoridad judicial en consideración a la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere. La autoridad judicial no está obligada u obligado a seguir el criterio del perito y podrá apartarse del dictamen mediante resolución fundada.”.

Del contexto, parafraseando al consagrado autor Carlos Morales Guillen, en su obra Código de Procedimiento Civil Concordado y Comentado, se tiene que en lo referente a la aplicación del art. 441 del citado Código, establece: “Según Alsina, las condiciones establecidas por este precepto, acerca de la apreciación del dictamen pericial, quitan al juez la facultad de determinarse según su libre convicción, toda vez que el pronunciamiento debe ser resuelto de un análisis crítico de sus fundamentos y los demás elementos de prueba suministrados por las partes.

Para apartarse el Juez del dictamen de los peritos, tiene que fundamentar sus razones propias, si las tiene, o, por el contrario, si el informe pericial está suficientemente fundado, sus conclusiones son uniformes y el juez no expresa razones para discrepar, el valor probatorio del dictamen es legalmente obligatorio para el juez.”. La admisibilidad de este medio de prueba por lo regular, está librada a la facultad potestativa del Juez que puede disponerla de oficio, art. 1332 del Código Civil o de las partes cuando concurren las circunstancias de conocimientos especializados necesarios para la debida apreciación de los hechos, como indica el art. 193 del Código de Procesal Civil.

También es necesario dejar establecido, que: “Respecto a la naturaleza jurídica de la prueba de peritos, la doctrina se divide en dos teorías principales: la de quienes la reputan un medio de auxilio al Juez, y la de quienes defienden su carácter de simple medio de prueba.  Para los primeros, el perito introduce en el proceso conocimientos para que el Juez aproveche de los mismos al formular en Sentencia el “juicio fáctico”.  Para los segundos, la pericia constituye un simple medio de prueba cuya iniciativa corresponde exclusivamente a las partes y tiene como única finalidad contribuir a formar la convicción del Juez respecto a la certeza de las afirmaciones de los litigantes referidas a los hechos en los que funden sus pretensiones”. (David Jurado Beltrán  La prueba Pericial, Cap.1 Editorial Bosch 2010).

En nuestra legislación la pericia, conforme prevé el art. 202 del Código de Procesal Civil, tiene fuerza probatoria, teniendo el juzgador la obligación de valorarla como toda prueba aportada conforme la sana crítica, en ese mismo sentido Gonzalo Castellanos Trigo en su libro Manual de Derecho Procesal Civil tomo II comenta respecto al dictamen pericial que: “Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtué, la sana critica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél.”, de ese contexto no basta que el perito adquiera convicción sobre lo que es materia  de su dictamen, sino que debe suministrar los antecedentes y explicaciones que la justifiquen, porque su función es la de asesorar a la sana critica del Juez de la causa permitiendo apreciar las realidades ocultas o alejadas de su conocimiento, como también colabora con la verificación de hechos aplicando su conocimiento especializado, aspectos que en su momento, en la litis, el juez A quo toma muy en cuenta a tiempo de emitir la Sentencia.

III.2. De la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones, ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterado por la SC Nº 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. 

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre la fundamentación y motivación de una resolución, se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”. 

El art. 213.II del Código Procesal Civil, dispone que la Sentencia, contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia porque se refiere en forma expresa al contenido de la Sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional, se aplica también a la resolución de segunda instancia.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la resolución de alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación pues al Tribunal de alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa como indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente.

III.3. Actos nulos e ineficaces de la letra de cambio.

Dentro de las distintas especies de títulos valores reconocidos en el Código de Comercio, se encuentra la letra de cambio regulada a partir de los arts. 541 al 591 de la citada norma, la cual es considerada como un título valor de carácter crediticio, formal, literal, completo, autónomo y abstracto que contiene una obligación de pagar o hacer pagar incondicionalmente una suma determinada, al vencimiento y en el lugar mencionado en dicho título.

En virtud a dicho razonamiento, se aprecia que la letra de cambio como título valor está dotada de ciertos caracteres que le son propios, entre ellos: a) Literalidad: por cuanto quien emite la letra se halla obligado únicamente por lo que está expresado en el documento; contenido que señala además, el alcance de los derechos del beneficiario o tenedor de la letra y el límite de las obligaciones de los firmantes del título; b) Autonomía: por cuando cada uno de los que recibe ese documento como acreedor (poseedor) adquiere un derecho originario, independiente del derecho de los poseedores anteriores; c) Abstracto: por cuanto no contiene expresada la causa que le da origen, esto es, el negocio, contrato u operación en virtud de la cual se ha emitido, de modo que está totalmente desvinculado de tal causa; d) Es un título a la orden: puesto que su tráfico opera por endoso; e) Es formal: porque la Ley exige que en el documento conste ciertos elementos, considerados requisitos esenciales de validez; y su ausencia determina la inutilidad del título como tal. En materia cambiaria la regulación es formalista, exige que para la eficacia del título se observe los requisitos considerados esenciales, sin los cuales, el título resultaría inhábil.

De los actos ineficaces, nulidad, anulabilidad e inoponibilidad en la normativa boliviana, según el Código de Comercio en sus tres preceptos legales, señalan el art. 821, que: “Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entiende que el mismo es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.”, el art. 822 “En los casos de nulidad y anulabilidad no previstos expresamente en este Código se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Civil.”, y el art. 823 “El negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de inscripción y publicidad que la ley exige, será inoponible a terceros.”.

Sobre la letra de cambio, corresponde precisar que la formalidad de la letra de cambio está prevista en el art. 541 del Código de Comercio, donde cita “La letra de cambio debe contener: (Arts. 544, 443, 546 a 549 Código de Comercio). 1) La mención de ser letra de cambio inserta en su texto; 2) El lugar, el día, mes y año en que se expida; 3) La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero; 4) El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago; 5) El nombre del girado, dirección y lugar de pago; 6) Fecha de pago o forma de vencimiento, y 7) La firma del girador, seguida de su propio nombre y domicilio. (Arts. 544, 551, 572 Código de Comercio). La letra que omita alguno de los requisitos enumerados en este artículo no produce efectos de letra de cambio, salvo en los casos señalados en este Capítulo.”, sin embargo, pese a la exigencia de dichas formas, el mismo artículo en su segunda parte hace mención a excepciones a dicho cumplimiento que según Messineo de la “Letra de Cambio”, es un documento que contiene la orden del liberador que lo suscribe, dirigida al librado o girado, de pagar una determinada suma de dinero a un tercero (tomador o beneficiario), o bien a un ulterior sujeto en virtud de orden del tomador (endoso), y así sucesivamente, además el autor Carlos Morales Guillen en su obra “Código de Comercio Concordado y Anotado”, nos señala los caracteres de la letra en la normativa mencionada de: a) es un título formal, con un contenido escrito determinado por ley, a cuya observancia está condicionada su existencia y validez; b) es un título completo, por sí mismo, esto es que se basta por sí solo, pues si contuviera alguna relación con otro documento, sea para completar, para modificar el derecho que de él perdería su carácter de letra de cambio, la ambigüedad de sus requisitos esenciales escritos sobre el título, le quita su carácter de título valor; c) Es abstracto el derecho que atribuye al que le adquiere en el proceso de su circulación, independiente del negocio jurídico que genero su emisión, de ese contexto el carácter del documento debe contener los requisitos fijados en el artículo para tener eficacia propia de la cambial, es constitutivo, no meramente probatorio porque su redacción en la forma prevista por la ley es esencial para la existencia del derecho, cuya suerte está vinculada a la del documento.

Dentro del artículo mencionado surge la cuestión en su inciso 4, si se puede girarse en blanco una letra de cambio (instituto de origen italiano según Messineo), es decir, sin indicar el nombre del tomador o beneficiario, esto es, la persona a quien debe hacerse el pago el supuesto equivalente a autorizar que la letra prácticamente pueda circular como si fuera redactada al portador, ya que se transmite con la simple entrega. La posibilidad tiene asidero en la previsión del art. 495, mientras la prohibición del art. 543 ambos del Código de Comercio, que refiere al giro de letras al portador, no pueden girarse en blanco respecto del tomador, que en el momento de cobrarlas necesariamente debe ser llenada.

Por otro lado según Carlos Morales Guillen, indicó que la primera consecuencia resulta de las disposiciones en los tres arts. 821, 822 y 823 del Código de Comercio, es para la esfera de aplicación de la legislación especial mercantil, además de la nulidad y anulabilidad de contrato se distingue la ineficacia de los actos, el negocio o acto jurídico es eficaz dice Messineo, cuando además de ser válido, es idóneo, para producir sin más, sus efectos normales. Por regla general, los efectos normales tiene lugar para las partes o entre partes y no aprovechan y perjudican a terceros o extraños al negocio en los casos previstos por ley, señala (Código de Comercio Concordado y Anotado) “La nulidad y anulabilidad, si relacionan con la validez del negocio, acto o contrato. Hay nulidad cuando falta uno o más elementos esenciales o constitutivos del negocio, que hace más cuestionable el negocio en sí, que deviene no-valido y, a fortiori, ineficaz (Messineo). Las causas de nulidad en los contratos están determinadas en el art. 549 del c.c. y el 550 de la misma señala que la nulidad parcial solo afecta a la cláusula nula a menos que ella exprese el motivo determinante del contrato, caso en el cual la nulidad afecta a todo el contrato; es total. La anulabilidad supone que el negocio esta invalido por vicios de voluntad (error, violencia, dolo v. gr. Art. 138) o negocio (ejemplo, casos 4, 5 y 6 del art. 592 del c.c.) y el contrato o negocio jurídico, aunque expuesto a ser impugnado, surte sus efectos mientras no se le impugne o se demande su anulabilidad.”, de lo fundamentado se tiene que poner en claro los requisitos formales que debe cumplir la Letra de Cambio para que existe la eficacia respectiva entre las partes sobre el documento mercantil, por lo contrario de no tener los requisitos exigidos por el art. 541 del Código de Comercio, carecería de ineficacia jurídica el recibo que no se halle debidamente autenticado por el suscribiente.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina aplicable al caso, corresponde manifestar que de una prolija revisión sobre el contenido del recurso de casación, se advierte que la parte recurrente, con una notoria falta de técnica recursiva realizó observaciones generales a varios puntos que no condicen con la argumentación expresada en el Auto de Vista, pues, no se precisa ni se determina cual resulta el reclamo en sí, empero tomando en cuenta que el nuevo diseño constitucional garantiza el principio de impugnación, se ha procedido a analizar todo el contexto del referido recurso, del cual se ha rescatado los argumentos que en criterio de este Tribunal constituyen los reclamos formulados por la recurrente, respecto a los cuales se emitirán las debidas consideraciones con su respectiva conclusión de la presente causa.

Del punto 1 del recurso de casación, acusa que el Auto de Vista no realizó una adecuada fundamentación, conforme exige el art. 213.II núm. 3 del Código Procesal Civil.

Con base doctrinal sostenida en el punto III.2, se puede establecer que, la motivación es el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, misma que es expuesta en la cuestionada resolución de segunda instancia, donde señala “…siendo el referido un documento mercantil el cual es especie de un acto jurídico contractual y por ende susceptible de ser demandado por vicios contraídos con referencia a voluntad de las partes, y siendo que el Título mercantil referido con anterioridad se encuentra regulado por el Código de Comercio misma normativa que en su Artículo 822 estable de manera clara y expresa que; "En los casos de nulidad y anulabilidad no previstos expresamente en este código se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Civil",… Y si bien los demandantes hoy recurren como agravio hacen referencia a que "La Juez a quo al disponer la anulabilidad de una letra de cambio mediante la legislación civil prevé la anulabilidad de los contratos civiles, por falta de consentimiento en su formación no obstante en ningún libro del Código Civil se encuentra legislada la letra de cambio, realizando una pésima interpretación del Art. 820 del Código de Comercio, que refiere a la nulidad y anulabilidad solo para los contratos mercantiles no así para los títulos valores", sin embargo analizada la normativa legal citada en el agravio descrito con anterioridad se puede evidenciar que la misma no se adecua al caso de autos toda vez que no establece nada acerca de lo mencionado en dicho agravio en lo referente a la nulidad y anulabilidad…”, del fundamento extractado se advierte una respuesta clara y coherente por parte del Tribunal de apelación quienes concluyen que lo reclamado en el recurso de apelación no se adecuaría en la presente litis, determinando que la Sentencia no causa ninguna anomalía ni vulneración a los derechos y garantías, por lo que su reclamo deviene por infundado.

Del memorial del recurso de casación se extracta el punto 5, denota que se tome en cuenta que el proceso ordinario fue interpuesto después de 10 meses de haberse ejecutoriado la Sentencia ejecutiva, por lo que los demandantes no solicitaron la modificación de Sentencia ejecutiva, únicamente demandan anulabilidad de la Letra de Cambio.

De la observación sobre la pretensión de la parte demandante, la recurrente alegá que en el proceso de anulabilidad de la letra de cambio, resarcimiento de daños y perjuicios fue interpuesto el 10 de enero de 2014, según caratula de ingreso de causas de fs. 222, por otro lado, el transcurso de la ejecución de Sentencia del proceso ejecutivo (Teresa Ramos Choque contra Erasmo Flores Ramos y Lucia Telera Rosario), tramitado en el Juzgado Octavo de Partido en lo Civil y Comercial, cursante de fs. 1 a 169 (fotocopias legalizadas), demuestra que la parte ejecutada fue notificada el 12 de noviembre de 2012 con el Auto de Vista Nº 243/2012 de 12 de octubre, sin embargo, por lo expuesto en la demanda principal, su pretensión es la anulabilidad de la Letra de Cambio y no así un proceso de ordinarización del proceso ejecutivo como para tener en cuenta el plazo de los 6 meses, así también de la revisión de obrados no presenta la parte demandada ninguna excepción de caducidad respecto a su argumento sobre la prescripción al caso de autos como resultado se observa que la recurrente no adecua su reclamo a la presente litis, no mereciendo mayor análisis dentro la presente causa .

Los puntos 2, 3 y 4 del recurso de casación, que tienen un punto neurálgico observa el documento de la Letra de Cambio, debido a una errónea aplicación del art. 554 núm. 2 del Código Civil, referidos a la anulabilidad de los contratos civiles, equiparando al título valor con los contratos civiles, además de aplicar el art. 452 del Código Civil, al exigir que para la existencia válida de una letra de cambio, está deba cumplir con dicha norma, es decir, sujeta a bilateralidad, una prestación por una contraprestación, aplicando inadecuadamente los arts. 498, 490 del Código de Comercio y aduciendo que para fundar la anulabilidad de la letra de cambio en el art. 822 del Código de Comercio, establece solo contratos y obligaciones mercantiles, contrariamente a los títulos valores entre otros la letra de cambio que no son contratos comerciales peor civiles, se encuentran regulados por los arts. 491 al 738, a los que no se puede aplicar las reglas del art. 802 del Código de Comercio.

Antes de ingresar a lo debatido es menester mencionar lo expuesto en el punto III.1 de la doctrina aplicable, sobre la apreciación del dictamen pericial, siendo que es un apoyo al Juez, y la de quienes defienden su carácter de simple medio de prueba ya que el perito introduce en el proceso conocimientos para que el A quo aproveche de los mismos, formulando en la Sentencia el “juicio fáctico”, además la pericia constituye un simple medio de prueba cuya iniciativa corresponde exclusivamente a las partes y que tiene como finalidad contribuir a formar la convicción del Juez respecto a la certeza de las afirmaciones de los litigantes referidas a los hechos en los que funden sus pretensiones, es así que el perito permite al Juez apreciar las realidades ocultas o alejadas de su conocimiento, también colabora con la verificación de hechos aplicando su conocimiento especializado para poder emitir la Sentencia. Asimismo, se tiene necesidad de reiterar lo expresado en el punto III.3, sobre los actos ineficaces de la letra de cambio, es así para que exista la eficacia entre las partes en el respectivo documento mercantil, debe estar presente los requisitos exigidos por el art. 541, vinculado con el art. 821 ambos del Código de Comercio, caso contrario carecería de ineficacia jurídica el recibo que no se halle debidamente autenticado por el suscribiente.

Bajo esos parámetros con la respectiva revisión del proceso y lo reclamado en el recurso de casación, es preciso indicar la tramitación de la demanda interpuesta por Erasmo Flores Ramos y Lucía Telera Rosario sobre anulabilidad de la Letra de Cambio por existir actos de falsedad, falta de consentimiento y dolo, debido a que se suscribió tres contratos (por ambas partes en controversia) por préstamo de dinero según las Escrituras Públicas Nº 287/2009 de 5 de junio, Nº 476/2009 de 7 de diciembre y documento privado con reconocimiento de firma y rúbricas de 10 de febrero de 2010, por montos de dinero $us.20.000, Bs.120.000 y Bs.100.000, sumando una deuda Bs.360.000 a favor de Teresa Ramos Choque, contratos que fueron suscritos con anterioridad al documento mercantil en litis, no obstante la acreedora generó una Letra de Cambio por una deuda que asciende en un monto de Bs.650.000, firmado por los actuales demandantes, debido a ese acto, realizan la acción de anulabilidad del título o valor, alegando falsedad del monto de dinero suscrito en la Letra de Cambio, por otro lado, la demandada actual instauro un proceso ejecutivo del pago de deuda, suscrita en la Letra de Cambio por el monto de Bs.650.000, contra los deudores o actuales demandantes, estos a su vez plantearon excepción por falsificación de documento dentro del mismo proceso ejecutivo, evidenciándose en obrados como prueba pre constituida (fotocopias legalizadas del proceso ejecutivo) de fs. 1 a 169.

De lo expuesto supra, cabe señalar que el recurso de casación es dirigida a la Letra de Cambio en litis, debido a la errónea aplicación del art. 554 núm. 2 del Código Civil y la inadecuada interpretación del Código de Comercio, al margen del reclamo es necesario hacer notar el principio de supletoriedad, señala que ante la ausencia de la ley o vacíos de la ley puede ser aplicable el principio de subsidiariedad, según cita el Tribunal Constitucional “…Con relación al vacío normativo, cabe señalar que se produce en aquellos supuestos en los que el legislador, al elaborar la Ley, crea una determinada institución jurídica, pero omite regular un determinado elemento o detalle referido a la institución creada, con lo que se origina un vacío normativo en la Ley. Según enseña la doctrina, el vacío normativo se resuelve por medio de procedimientos de integración normativa, lo que supone una aplicación supletoria de normas contenidas en otras leyes análogas o, en su caso, aplicando los principios generales del Derecho. Ahora bien, para la aplicación supletoria de una norma legal a situaciones no contempladas expresamente en una Ley, requiere de la con currencia de las siguientes condiciones: 1) la previsión expresa contenida en la Ley que presenta el vacío normativo de la aplicación supletoria de determinadas leyes para las situaciones no previstas expresamente; 2) la analogía legis, es decir, que la situación no contemplada expresamente en la Ley que presenta el vacío normativo sea igual a la situación regulada por la otra Ley, cuya norma se aplicará por supletoriedad.”1, de ese fundamento se entiende, que toda vez que la anomia se soluciona acudiendo a normas de otro ordenamiento diferente para librar su respectiva solución de conflictos, tal como se evidencia en la presente litis el art. 822 del Código de Comercio faculta al Código Civil, de manera que dicha normativa es aplicable al principio de supletoriedad.

De la fundamentación supra, en la tramitación del proceso se demostró la existencia de un proceso ejecutivo anterior a la presente controversia,  a fin de que se acate el cumplimiento de la obligación por el monto de dinero Bs.650.000, empero, la actual pretensión está encaminada a la anulabilidad de dicha Letra de Cambio, ya que el documento es un título valor, además de la producción del dictamen pericial de fs. 803 a 817, señala en su parte conclusiva: “…8.1 Los llenos manuscritos, caracteres y guarismos, obrantes en el documentos valor de cambio Nro. 86087 serie A-2009 no corresponden a la autoriza de ERASMO FLORES RAMOS. 8.2 Los llenos manuscritos, caracteres y guarismos, obrantes en el documento valor letra de cambio Nro. 86087 serie A-2009 no corresponden a la autoría de LUCIA TELERA ROSARIO…”, de lo citado se llegó a reconocer la pretensión de anulabilidad por la existencia de falsificación y en conformidad a lo expuesto líneas arriba de la apreciación de dictamen pericial donde el Juez de primera instancia valoró la letra de cambio, demostrando así que no existió consentimiento del monto Bs.650.000, suscrito en dicho título ya que por la parte demandante aceptan tener una deuda de dinero por los contratos de préstamo de dinero de Bs.360.000, en consecuencia, a ese fundamento de manera análoga se cumple lo estipulado por el art. 821 del Código de Comercio, por lo que dicha letra de cambio no cumpliría la formalidad exigida del art. 541 núm. 3) de la misma normativa, además, siendo reiterativo lo debatido, se adecua al art. 822 del Código de Comercio, que claramente señala que en los casos de nulidad, anulabilidad de manera supletoria se manejara el Código Civil, cumpliendo el principio de subsidiariedad, llegando a establecer por este Tribunal Supremo, que los de primera y segunda instancia están en correcta disposición al declarar probada y confirmar la pretensión principal dando estricto cumplimiento al art. 554 del Código Civil, estableciendo que la Letra de Cambio no cumple con la formalidad de la orden incondicional al girado de pagar la suma determinada de dinero, entonces resulta un elemento válido para ese fin, resaltando correcto el análisis de los Jueces de instancia.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 919 a 921, interpuesto por Teresa Ramos Choque contra el Auto de Vista Nº 190/2018 de 6 de noviembre, cursante de fs. 915 a 917, pronunciada por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Familiar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula en honorario profesional en la suma de Bs.1.000, para el abogado que respondió al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.



1 Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 117/2013 de 1 de febrero.