TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 650/2019

Fecha: 05 de julio de 2019

Expediente: CH-11-19-S

Partes: José Luis Pérez Sánchez y otras c/ Julia Valencia Lanza y otra

Proceso: Nulidad y otros

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1010 a 1012, interpuesto por José Luis Sánchez Pérez contra el Auto de Vista Nº SCCII 010/2019 de 17 de enero, cursante de fs. 1005 a 1008, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de nulidad y otros, seguido por José Luis Pérez Sánchez, Tomasa Pérez Sánchez de Bejarano y Elvira Pérez Sánchez de Espada contra Julia Valencia Lanza y Maura Rivera Barriga, las respuestas al recurso de fs. 1015 a 1017 vta. y a fs. 1020 y vta.; el Auto de Concesión de 20 de febrero de 2019 cursante a fs. 1021; Auto Supremo de Admisión Nº 175/2019-RA de fs. 1025 a 1026 vta.; los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la acción de nulidad de transferencias y declaratoria de herederos de fs. 631 a 633 vta., subsanada a fs. 642 y vta., interpuesta por José Luis Pérez Sánchez, Tomasa Pérez Sánchez de Bejarano y Elvira Pérez Sánchez de Espada contra Julia Valencia Lanza, quien fue citada mediante edictos apersonándose el defensor de oficio mediante escrito de fs. 767; por otro lado Maura Rivera Barriga, quien una vez citada respondió por memorial de fs. 677 a 679, en la que opuso excepciones de demanda defectuosa y falta de acción y derecho, asimismo, contestó negativamente; así también mediante Auto de Vista N° SCFI 032/2016 de 22 de febrero, se dispuso la integrar como litisconsortes necesarios a los esposos Filemón Copa Patxi y Elvira Quecaño Pacara, quienes se apersonaron a fs. 849 de obrados.

Tramitada la causa, el Juez Público N° 4 en lo Civil y Comercial de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 44/17 de 29 de marzo, cursante de fs. 894 a 900, declarando PROBADA en parte la demanda de nulidad de declaratoria de herederos efectuada por Julia Valencia Lanza como sucesora de Luis Pérez Vedia por existir sentencia judicial ejecutoriada que dispone la anulabilidad del matrimonio entre Luis Pérez Vedia y Julia Valencia Lanza; e IMPROBADA la nulidad de los Testimonios N° 17/1997, N° 432/2014, Nº 1086/2014 y N° 266/2001, con costas, surtiendo efectos de derecho los actos jurídicos que las partes han suscrito voluntariamente.

Resolución de primera instancia que fue apelada por José Luis Pérez Sánchez, Tomasa Pérez Sánchez de Bejarano y Elvira Pérez Sánchez de Espada a través del memorial de fs. 903 a 906 vta., mereciendo el Auto de Vista Nº SCCII 010/2019 de 17 de enero, cursante de fs. 1005 a 1008, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que CONFIRMÓ la Sentencia, con costas y costos, argumentando lo siguiente:

Consideró que al ser declarada judicialmente la nulidad del matrimonio entre Luis Pérez Vedia y Julia Valencia Lanza, es que se excluye de la sucesión hereditaria a Julia Valencia Lanza al fallecimiento de José Luis Pérez Vedia pero en contraste hay la acción directa de adquisición de bienes dentro del margen de legalidad.

Razonó que el Testimonio Nº 17/1997, fue posterior al matrimonio, y al declararse la anulabilidad del matrimonio la condición de esposos desaparece.

Indicó que Julia Valencia Lanza habría cometido un acto ilícito ya que no contaba con la libertad de estado, por lo que tampoco existiría la unión conyugal libre.

Detalló que no se debe desconocer el derecho del 50 % del inmueble adquirido a favor de Julia Valencia Lanza, debido a que lo adquirió juntamente con Luis Pérez Vedia.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Indicó que corresponde la nulidad porque la conducta de Julia Valencia Lanza va contra el Estado, ya que habría cometido el ilícito de bigamia, por lo tanto no existe buena fe en los actos posteriores al Testimonio N° 17/1997, por efecto de los contratos.

2. Acusó la errónea interpretación del art. 549 del Código Civil, dado que la compra venta figurada en el Testimonio N° 17/1997 fue realizada de mala fé por Julia Valencia Lanza, en virtud al doble enlace matrimonial que contrajo, en tal sentido el objeto sería imposible e ilícito, conforme al art 549 núm. 2 del CC.

3. Manifestó la indebida aplicación del art. 213.II núm. 4 del Código Procesal Civil, puesto que en el Auto de Vista se reconoce la mala fe de Julia Valencia Lanza, pero no se quiso sancionar con la nulidad los negocios cometidos de mala fe.

Por lo que solicitó que este Tribunal case en forma parcial el Auto de Vista Nº SCCII 010/2019 y declare probada la demanda en su integridad.

Respuesta por Filemón Copa Patxi y Elvira Quecaño Pacara.

Señaló que el delito de bigamia no afecta la validez del contrato de compra venta objeto del litigio ya que al momento de la transferencia las partes contratantes tenían capacidad para obrar y además dicho contrato, cumple con las exigencias del Código Civil.

Aludió que el contrato reúne los componentes de un contrato válido, surtiendo sus efectos conforme al art. 519 del Código Civil, por lo que no se podría pedir la nulidad del Testimonio N° 17/1997, ni de los posteriores actos de disposición.

Manifestó que el Auto de Vista confutado reúne los requisitos del art. 213.II núm. 4 del Código Procesal Civil.

Por lo que solicitó se confirme el Auto de Vista impugnado.

Respuesta por Maura Rivera Barrigas.

Manifestó que el recurso de casación no señala de forma precisa la interpretación o infracción a la ley.

Concluyó pidiendo que este Tribunal declare inadmisible el recurso de casación, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto a la disposición de acciones y derechos por el copropietario.

El art. 161 del Código Civil señala: “Cada propietario puede disponer su cuota que fue interpretado en el Auto supremo Nº 73/2014 de 14 de marzo, se tiene el siguiente razonamiento sobre el tema: “A efectos de una mayor comprensión de esta norma, nos remitiremos al comentario que hace el Dr. Gonzalo Castellanos al respecto: “El copropietario tiene el derecho de disposición  de la cosa como  atributo fundamental de su derecho; por consiguiente, en cualquier momento puede (salvo pacto en contrario) disponer de su cuota; por lo tanto, cada copropietario puede disponer libremente de su cuota como mejor le parezca a sus derechos.

La primera parte de la norma en análisis expresamente reconoce a cada copropietario el derecho a la plena propiedad de su parte, pudiendo por lo tanto, enajenarla, cederla o hipotecarla.

La enajenación de su cuota es una facultad que cada copropietario puede ejercer por cualquier título (oneroso o gratuito), sin requerir el consentimiento de los otros, aún en  desconocimiento de éstos y sin otorgarles ningún derecho de preferencia, salvo acuerdo contrario entre las partes.

Por su parte el profesor Zeballos La Fuente  sobre el mismo tema señala: “todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte, y la de los frutos y utilidades que le corresponda, pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su  aprovechamiento, salvo si se trata de derechos personales. Pero el efecto  de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños estará limitado a la porción que  se le adjudique en la división.”.

Bajo el entendimiento anterior, el copropietario puede enajenar las acciones y derechos que tenga en un bien inmueble sin que sea necesario la concurrencia de los demás u otros copropietarios, en razón a que no se está enajenando la totalidad el bien inmueble ni se afecta los derechos de los mismos, al ser cuotas ideales.

III.2. Buena fé.

Respecto a este principio en las relaciones jurídicas cabe resaltar el Auto Supremo N° 449/2013 de 30 de agosto, en el que indica: “…es principio general del derecho que “la buena fe se presume y la mala fe se comprueba”; en tal circunstancia traemos a colación doctrina jurisprudencial para sustentar el criterio esbozado, es así que la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia Constitucional C-544 de 1994 señaló: "La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionada por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe."          

El principio de buena fe está inserto en el art. 520 del Código Civil, haciendo referencia a los efectos que derivan de los contratos donde preceptúa que: “El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los uso y la equidad.”.

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Las acusaciones en los puntos 1, 2 y 3 del recurso de casación, se circunscriben en acusar que la demandada al cometer el ilícito de bigamia, todos los actos realizados en su segundo matrimonio con Luis Pérez Vedia serían nulos y en el caso concreto, sería nulo el Testimonio Nº 17/1997, por no tener un objeto posible y lícito conforme al art. 549 núm. 2 del Código Civil y a su vez las posteriores ventas realizadas.

Al respecto, el Código de Familia abrogado de 23 de agosto de 1972 establecía, en relación a los efectos de la nulidad del matrimonio en el art. 92, que: “…Existiendo buena fe sólo por parte de uno de los esposos, el matrimonio produce sus efectos únicamente a favor de éste…”, norma que preveía los efectos generados del matrimonio son extensibles al cónyuge que actuó de buena fe, en el acto matrimonial, en tanto no favorece al cónyuge culpable de la invalidez del acto;  y en su consecuencia, en el caso de autos se distingue a fs. 387 vta., específicamente, que mediante Auto de Vista SCII N° 14/2014, se declaró la anulabilidad absoluta del matrimonio contraído entre Luis Pérez Vedia (causante de los demandantes) y Julia Valencia Lanza, además, se concluyó que Julia Valencia Lanza no obró de buena fe, sin embargo, la calificación de mala fe de Julia Valencia Lanza, per se, no afecta la validez de los actos jurídicos ejecutados, en tal sentido al declararse la anulabilidad del matrimonio era carga de los actores probar que el acto jurídico contenido en la Escritura Pública Nº 17/1997, era por favorecimiento de la ganancialidad y no por derecho propio y al no hacerlo ese acto adquirió significación dentro el campo contractual común y tratándose de un contrato de compra venta de lote de terreno a favor de dos personas, se entiende que existe un bien inmueble en copropiedad, por lo tanto se presume que las cuotas son iguales en razón del art. 159.I del Código Civil.

Por lo anterior, se debe tener presente que el Testimonio N° 17/1997, correspondiente a una compra venta de un lote de terreno de 400 m2, ubicado en la zona de Ckara Punku fue otorgada a favor de Luis Pérez Vedia y Julia Valencia Lanza en razón de una copropiedad, la cual fue registrada en oficinas de Derechos Reales bajo la matrícula N° 1.01.1.99.0064966, quienes por acto de disposición fue transferida en la porción de 225 m2 a favor de Filemón Copa Patxi y Elvira Quecaño Pacara de Copa, tal como figura a fs. 845 a 848, en el Testimonio N° 266/2001; en tal sentido quedó un remanente de 175 m2, del cual se transfirió la alícuota parte de Julia Valencia Lanza, es decir, se transfirió la superficie de 87.50 m2, a favor de Maura Rivera Barrigas, tal como consta de fs. 673 a 676 vta. Por lo esquematizado las ventas realizadas por Julia Valencia Lanza fue en atención a su derecho copropietario del bien inmueble demandado, en el marco del art. 105 del Código Civil, en consecuencia, el reclamo deviene en infundado.                                                                    

Por otra parte, los actos de disposición posteriores al Testimonio 17/1997, fueron realizados por terceros adquirentes de buena fe y ejecutados conforme a lo establecido en el art. 520 del Código Civil, de ahí que el principio de buena fe cobra importancia en las relaciones jurídicas entre las partes contratantes, por lo que sus efectos alcanzan las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en los contratos, en ese sentido las transferencias realizadas por los esposos Pérez - Valencia a favor de Filemón Copa Patxi y Elvira Quecaño Pacara de Copa en una superficie de 225 m2 y la alícuota parte de Julia Valencia Lanza en favor de Maura Rivera Barrigas, del bien con matrícula N° 1.01.1.99.0064966, son eficaces ya que se constituyeron en terceros de buena fe conforme al art. 559 del Código Civil.

Bajo esa circunstancia, el art. 559 del Código Civil, señala que “La anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso, salvo los efectos de la inscripción de la demanda”, por lo que tal norma da la salvedad de inscribir en el registro público la demanda para que sea oponible a terceros, ello en relación con los arts. 1538, 1552.I núm. 1 y 1553.II del CC., aspecto que en el presente caso no aconteció, conforme consta en la matrícula N° 1.01.1.99.0064966 de fs. 675, en tal razón no es posible afectar los derechos de los terceros de buena fe, esencia que al presente contiene el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en el art. 172, que indica: “El matrimonio o la unión libre declarados nulos no surten efectos, excepto con relación a: … c) Los derechos de terceros que hayan contratado de buena fe con los cónyuges.”, deviniendo lo acusado en infundado.

Por lo que corresponde resolver el recurso de casación en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1010 a 1012, interpuesto por José Luis Sánchez Pérez contra el Auto de Vista Nº SCCII 010/2019 de 17 de enero, cursante de fs. 1005 a 1008, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.