TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 647/2019

Fecha: 05 de julio de 2019

Expediente: LP-29-19-S.

Partes: Celestino Ticona Mancilla c/ Santos José Paucara Mamani y otros.

Proceso: Acción reivindicatoria y negatoria.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 261 a 264 vta., interpuesto por Celestino Ticona Mancilla contra el Auto de Vista Nº S-221/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 253 a 255, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de acción reivindicatoria y negatoria, seguido por el recurrente contra Santos José Paucara Mamani, Simón Francisco Paucara Mamani, Arturo Paucara Mamani y Tomasa Mamani Tallacahua, el Auto de concesión de 31 de enero de 2019 cursante a fs. 270, el Auto Supremo de admisión Nº 153/2019-RA de fs. 276 a 277, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Planteada la acción reivindicatoria y negatoria de fs. 26 a 28, interpuesta por Celestino Ticona Mancilla contra Tomasa Mamani de Paucara y Simón Francisco Paucara Mamani, quienes una vez citados contestaron negativamente de fs. 44 a 46; y contra Santos José y Arturo ambos Paucara Mamani, quienes fueron declarados rebeldes a fs. 48 vta.

2. Tramitado el proceso, el Juez Público N° 2 en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, pronunció la Sentencia Nº 619/2016 de 31 de agosto cursante de fs. 151 a 152 vta., donde dictó PROBADA la demanda interpuesta por Celestino Ticona Mancilla, en consecuencia se declaró inexistente cualquier derecho de propiedad de los demandados sobre el lote de terreno ubicado en Pomamaya, Cantón Achocalla, Provincia Murillo, con una superficie de 3036 m2 y dispuso que en el plazo de 10 días de ejecutoriada la resolución judicial se restituya el bien a su propietario, bajo alternativa de ley.

3. Resolución de primera instancia que fue apelada por Santos José Paucara Mamani a través del memorial de fs. 159 a 171; por Tomasa Mamani Vda. de Paucara y Simón Francisco Paucara Mamani de fs. 185 a 193 y adhesión a los recursos de apelación por Arturo Paucara Mamani de fs. 201 a 204; mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista Nº S-221/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 253 a 255, que ANULÓ obrados hasta fs. 150 vta., argumentando que:

Consideró que las certificaciones de fs. 15, 16 y el plano aprobado por el Instituto Geográfico Militar a fs. 18, no reflejan los 3036 m2 pretendidos por el demandante y menos los 300 m2 que pretende reivindicar.

Razonó que el actor no aportó, ni gestionó las pruebas suficientes para demostrar la identificación o singularización de la cosa que pretende reivindicar, asimismo la sentencia del juez de grado no fundamenta los motivos por los que declaró probada la pretensión.

Consideró que el Juez de grado no citó las normas respecto a la valoración de la prueba, por lo que no estableció el alcance de las certificaciones emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, asimismo resolvió que debido a la falta de motivación del juez de grado se dejó sin efecto la sentencia emitida y a tiempo que el Juez A quo produzca los medios probatorios necesarios para formar su convicción.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Indicó que los cuatro demandados no increparon en su primera oportunidad hábil la nulidad por falta de identificación del inmueble demandado, por lo que quedarían convalidados los actos de acuerdo al art. 107 del Código Procesal Civil y 16 de la Ley del Órgano Judicial.

2. Señaló que su bien inmueble se encuentra identificado, conforme al plano del Instituto Geográfico Militar y el folio real adjuntado, donde constaría que la superficie total es de 3036 m2, misma que se encontraría divida en dos porciones de 1456 m2 y 1580 m2, donde los demandados estarían en posesión de 300 m2 al interior de la fracción de 1456 m2.

3. Expresó que la nulidad de obrados resuelta por el Tribunal Ad quem va en contra de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vulnerando de esa manera el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

Por lo que solicitó que este Tribunal case el Auto de Vista impugnado.

Respuesta al recurso por Santos José Paucara Mamani a fs. 267 vta.

Señaló que el recurrente no indica la falta de motivación de la sentencia ni alude si planteó su recurso de casación en la forma o en el fondo, de modo que incumplió con lo normado en el art. 274 num. 3) del Código Procesal Civil.

Concluyó pidiendo que este Tribunal declare la improcedencia del recurso de casación planteado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto a la nulidad procesal.

El Auto Supremo Nº 767/2016 de 28 de junio señaló “La uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.”

III.2. Facultad de mejor proveer en segunda instancia y el principio de verdad material.

El art. 264.I del Código de Procesal Civil dispone: “(…) en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer (…)”, aspecto concordante con el art. 207.II en la que indica: “La autoridad judicial, concluida la audiencia, en forma excepcional podrá disponer la prueba que considere necesaria para mejor proveer y que fuere importante para la formación de su criterio”, preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto los jueces y Tribunales de instancia están capacitados de hacer uso de su facultad de mejor proveer en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, toda vez que bajo nuestro enfoque Constitucional, éste entre otros principios procura el restablecimiento del orden jurídico, es así que se busca materializar el principio de verdad material en cumplimiento de los principios reconocido por la Constitución Política del Estado.

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En consideración a los principios y valores establecidos en nuestra constitución debemos establecer el alcance efectivo de las nulidades procesales, entre las razones que vinculan esta materia citamos la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que indicó: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”, de tal manera que el juzgador al momento de emitir una resolución debe proseguir con el desarrollo del proceso, este aspecto orienta que la nulidad procesal es una medida excepcional, una medida de última necesidad al litigio, dado que la finalidad del proceso es brindar materialmente a las partes una tutela judicial efectiva e inmediata, sin una dilación innecesaria de los actos, por lo tanto las autoridades judiciales a tiempo de acoger esta medida de última ratio deben considerar la incidencia directa de la decisión sobre el litigio y tomando en cuenta que el Tribunal Ad quem tiene plenas facultades para proseguir con el desarrollo del proceso, en virtud a los arts. 218.III, 264.I, 265.I y III del Código Procesal Civil.

Puesto que el Auto de Vista Nº S-221/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 253 a 255, es anulatorio, entonces es necesario por metodología estructural que este Tribunal se pronuncie exclusivamente sobre los reclamos de forma circunscritos en la resolución aludida y pugnada por el recurrente.

a) En el caso de autos, respecto a la acusación que figura en los puntos 1 y 3 del recurrente, indica que los demandados no reclamaron en tiempo oportuno sobre la falta de lo demandado por lo que se habrían convalidado los actos procesales, siendo la nulidad de obrados dispuesta por el Tribunal Ad quem es una medida que va en contra del art. 115 de la Constitución Política del Estado.

b) Al respecto, del análisis del Auto de Vista Nº S-221/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 253 a 255, se tiene que las razones por las que anuló obrados hasta fs. 150 vta., fue debido a la falta de certeza sobre la ubicación exacta del lote terreno, así como la falta de citas legales en la sentencia respecto a la documentación adjuntada por el demandante, en tal sentido tales omisiones no pueden derivar en nulidad de obrados, ya que las facultades otorgadas al Tribunal de segunda instancia en los art. 218.III, 264.I, 265.I y III del Código Procesal Civil, han sido establecidas a efecto de brindar una tutela judicial efectiva a las partes, puesto que permite al Tribunal Ad quem generar prueba para mejor proveer y otorgar una solución sobre los puntos omitidos en sentencia pese a no haberse pedido en aclaración, complementación o enmienda, un entendimiento contrario significa retrotraer injustificadamente las etapas concluidas, lo cual no está permitido conforme al art. 16.I de la Ley del Órgano Judicial, por lo tanto corresponde enmendar lo acusado, debiendo el Tribunal de segunda instancia fallar en el fondo de acuerdo a las pretensiones formuladas por las partes.

Por lo mencionado, si el Tribunal de segunda instancia consideraba insuficientes las pruebas sustanciadas dentro del presente proceso, cabe reiterar que tiene plenas facultades para diligenciar los medios probatorios necesarios a efecto de lograr mayor certeza para determinar singularización exacta del bien demandado y en su resultado resolver en el fondo, en tal sentido, el Tribunal de segundo grado, constituye un órgano judicial de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, cual tiene la facultad y la obligación para analizar y resolver todos los fundamentos del recurso de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse a la resolución de la causa, por tal motivo el Tribunal de alzada al considerar en su resolución a fs. 255 que “corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, a efectos de que la autoridad judicial de primera instancia tenga la oportunidad de producir los medios probatorios necesarios por los cuales pueda arribar a una cabal convicción…”, se apartó injustificadamente de resolver lo sustancial de la controversia sin considerar que tiene la facultad no solo de revisar sino también de resolver el mérito de la controversia, es decir el deber de fallar en el fondo (art. 218.III CPC), así como la de reevaluar y subsanar las omisiones la valoración probatoria de la prueba, ello sin perjuicio de generar prueba para mejor proveer conforme a la doctrina aplicable III.2 y en su resultado emitir nuevo fallo en el fondo con el criterio que corresponda, pero en ningún caso y sin sustento legal concluir por anular obrados.

En conclusión, se advierte que el Tribunal de Alzada, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 218.III, 264.I, 265.I y III del Código Procesal Civil, normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

De la respuesta al recurso de casación.

Con relación a la respuesta al recurso de casación y el argumento que debiera declararse por su improcedencia, debe tenerse presente que aun de las deficiencias con las que se interpuso sin cumplir de manera estricta lo previsto por el art. 274 num. 3) del Código Procesal Civil, no debe dejarse de lado que se halla vigente lo previsto por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, en la orientación de la S.C.P. Nº 2210/2012 de 8 de noviembre, consecuentemente el demandado debe estar a los fundamentos con los que se dio respuesta al recurso de casación.

Por lo expuesto, en aplicación del art. 106.I del Código Procesal Civil, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el art. 220.III del mismo adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.III num.1) inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S-221/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 253 a 255 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo, emita nueva resolución en el marco de la presente decisión, salvando la facultad del Ad quem de generar prueba para mejor proveer conferido por el art. 264.I. del Código Procesal Civil. Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.