TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 643/2019

Fecha: 04 de julio de 2019

Expediente: LP-27-19-S.

Partes: Juan Callejas Quispe y otra c/ Ministerio de Defensa y otros.

Proceso: Mejor derecho propietario, acción reivindicatoria más pago de daños y perjuicios.  

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 448 a 457 interpuesto por Juan Callejas Quispe y Elsa Calle Quispe Vda. de Poma y el recurso de casación de fs. 461 a 464 interpuesto por el Ministerio de Defensa, ambos contra el Auto de Vista Nº 803/2018 de 27 de noviembre cursante de fs. 443 a 445 vta., pronunciado por la Sala Civil - Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria más pago de daños y perjuicios seguido por Juan Callejas Quispe y Elsa Calle Quispe Vda. de Poma contra el Ministerio de Defensa, Carlos Alejandro Arévalo Oblitas y Erlan Jesús Blanco Salgueiro, Auto de Concesión de fs. 471, Auto Supremo de Admisión Nº 161/2019-RA de 27 de febrero cursante de fs. 483 a 484 vta. y lo concerniente al proceso.    

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Público Mixto Civil, Comercial y de Familia Primero de Caranavi, pronunció la Sentencia Nº 38/2018 de 07 de mayo cursante de fs. 380 a 386 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 95 a 104 vta., respecto al mejor derecho propietario y acción reivindicatoria e improbada en cuanto al pago de daños y perjuicios.  Contra la Sentencia el Ministerio de Defensa interpuso recurso de apelación saliente de fs. 391 a 398, impugnación resuelta por la Sala Civil - Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dictó el Auto de Vista Nº 803/2018 de 27 de noviembre cursante de fs. 443 a 445 vta. anulando obrados hasta fs. 380, disponiendo que el juez A quo dicte nueva sentencia, bajo los siguientes fundamentos: 

Que existe manifiesta incongruencia en la sentencia, porque en principio el juez infiere que se demostró la ubicación exacta del terreno de los demandantes, posteriormente explica de manera contraria, que no tiene certeza que el inmueble de la parte actora este inmersa en el terreno del Ministerio de Defensa, no se comprende porque ante la falta de certeza, el juez declaró probado el mejor derecho propietario; fundamenta que es incongruente la sentencia por exponer que los demandantes, se encuentran en posesión de habitaciones situadas sobre el mismo terreno, extremo que es reiterado en la demanda, donde la parte actora indicó que se encuentran en posesión de una parte del terreno con habitaciones de adobe que utilizan como vivienda, pero posteriormente el juez declaró probado el mejor derecho propietario y la reivindicación del inmueble de superficie 8.734 m2., advirtiendo que el inmueble esta poseído en parte por los demandantes, argumenta que no se consideró lo dispuesto por el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre que autoriza otorgar el mejor derecho propietario sobre la totalidad de la superficie o sobre una fracción. El auto de vista fundamenta, que la sentencia aparte de ser incongruente omite exponer las razones jurídico fácticas que determinaron su decisión, si bien se enuncia las pruebas ofrecidas no se advierte la valoración conforme a ley, ni se advierte de manera clara cuál fue la prueba que llevó al juez a determinar e individualizar el bien demandado y la sobreposición alegada, existe ausencia de fundamentación en cuanto a la procedencia de la acción reivindicatoria demandada.  En cuanto a los daños y perjuicios observó, que se declaró improbada en base a argumentos subjetivos, indicando el juez en la sentencia, que el comandante y sub comandante del Batallón de Ingeniería San Román II de Caranavi, no permitieron a los demandantes realizar actividades agrícolas, considerando el juez que esa conducta está justificada en la errónea creencia de que el Ministerio de Defensa es propietario del terreno, por cuanto no proceden los daños y perjuicios, por el principio de verdad material el juez A quo al dictar sentencia y si la prueba aportada por las partes no formaron convicción, no podía fallar por simple subjetivismo. Finaliza indicando que revisada la sentencia y lo obrado se evidenció, que la demanda fue dirigida contra el Ministerio de Defensa, Cnel. Jorge Alejandro Arévalo Oblitas y My. Erlan Jesús Blanco Salgueiro, respecto a los dos últimos, la Sentencia no se pronunció sobre la situación jurídica de ellos, no explica si en relación a ellos se declaró probada la demanda, entendiendo que las respuestas a la demanda fueron presentadas como personas naturales y no en representación del Batallón de Ingeniería II San Román, la sentencia se limita a disponer que el Ministerio de Defensa y los co demandados Comandante y Sub Comandante restituyan el ejercicio del derecho propietario.                

Concluye que la exigencia de la fundamentación y motivación es un componente del debido proceso, es un deber ineludible exponer los motivos que sustentan la decisión, de manera que el justiciable al momento de conocer la disposición del juzgador lea y comprenda la misma dejando pleno convencimiento a las partes que se actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso. A razón de ello, el auto de vista anuló obrados hasta fs. 380 disponiendo se dicte nueva sentencia atendiendo lo fundamentado.

Contra el auto de vista los demandantes Juan Callejas Quispe y Elsa Calle Quispe Vda. de Poma, además el Ministerio de Defensa como co demandado, interpusieron recurso de casación cursantes de fs. 448 a 457 y fs. 461 a 464 respectivamente,  mismos que tienen el siguiente análisis:


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Recurso de casación interpuesto por Juan Callejas Quispe y Elsa Calle Quispe Vda. de Poma.

De la impugnación deducida por los demandantes, se extrae lo siguiente:

1. Indican que el co demandado en su recurso de apelación, no solicitó nulidad de la sentencia por falta de congruencia o por alguna omisión valorativa, los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz excediendo sus atribuciones y competencias, declararon la nulidad de obrados hasta la sentencia.

2. Exponen que los argumentos del Ministerio de Defensa no son congruentes, por una parte solicita se revoque la sentencia y por otra pide la nulidad hasta la admisión de la demanda, sin explicar las razones por las que el Tribunal Ad quem deba proceder de esa manera, al anular la sentencia según los demandantes- el Tribunal de instancia está obrando desigualmente, deniegan justicia generando incertidumbre en las partes y vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso.

3. Consideran que existe falta de fundamentación y motivación en el auto de vista, por no contener motivo racional que explique la anulación de la sentencia, -entienden- que al no existir reclamo de los demandados por incongruencia u omisión en la sentencia, el Ministerio de Defensa consiente el contenido y fundamentos de dicha resolución.  Concluyen que la nulidad no procede contra actos consentidos, por inactividad o negligencia de la parte demandada.

4. Manifiestan, se violó el art. 17 de la Ley Nº 025 porque los Vocales no dieron cumplimiento a esta norma en sus parágrafos II y III, ya que las partes no solicitaron la nulidad de sentencia por incongruencia u omisión, el Tribunal Ad quem como si fuera parte del proceso se dio a la tarea de observar aspectos no solicitados y consentidos por las partes; reclaman que el auto de vista debió resolver solo lo solicitado y fundamentado en apelación.

5. Alegan se transgredió el art. 265 del Código Procesal Civil, entendiendo que el auto de vista resolvió extremos que no fueron objeto de apelación ni fundamentación por las partes, actuando los Vocales de forma extra petita.

Solicitan se revoque el auto de vista impugnado y se dicte auto supremo casando totalmente la sentencia, confirmando la misma. 


Respuesta del Ministerio de Defensa.

1. Manifiesta que el recurso de casación interpuesto por los demandantes realiza una descripción subjetiva del proceso pretendiendo confundir a la autoridad judicial, la parte demandante pretende desconocer la vigencia del Decreto Supremo Nº 04918 de 16 de abril de 1958.

2. Expone que el interdicto de adquirir posesión tramitado por el Ministerio de Defensa, demostró que su posesión es anterior al de los demandados y que dicha Cartera de Estado desde el inicio del proceso, señaló la existencia de sobreposición del inmueble de los demandantes.

3. Alega, la Resolución Nº 03/2018 de fs. 271 vta., que resuelve las excepciones, sirvió de sustento al juez A quo para desnaturalizar el proceso y así fundamentar y sustentar la sentencia, haciendo creer a las partes que el objeto de litis es propiedad de personas particulares.

4. Indica se hizo presente al juez una eventual imposibilidad de ejecución de sentencia, refiriendo los alcances del art. 339.II de la Constitución Política del Estado conexo con los arts. 85 y 86 del Código Civil y 4 del Código Procesal Civil.

5. Expresa que la parte contraria reconoce implícitamente la falta de congruencia de la sentencia y que el auto de vista anuló dicha resolución en virtud, que el juez A quo vulneró los arts. 1 num. 13) y 5 del Código Procesal Civil; refiere el art. 164.II de la Constitución Política del Estado reiterando, que la contraparte pretende desconocer la vigencia del Decreto Supremo Nº 04918 y el art. 85 del Código Civil.

6. Aclara que la solicitud del recurso de casación de los demandantes, contraviene el espíritu de los arts. 220 y 271 del Código Procesal Civil que establecen las causales de casación, si se observa el art. 85 del Sustantivo Civil, -según su criterio- la propiedad del Ministerio de Defensa está fuera de los alcances de la normativa civil.

7. Precisa, no se puede concebir la idea de consentir y aceptar una sentencia en contra de los intereses del Estado Boliviano, más cuando el juez A quo en la Resolución Nº 03/2018 de fs. 271 vta., obvió deliberadamente el Decreto Supremo Nº 04918, desconociendo que la propiedad del predio “El Yara” es de todos los bolivianos.

Solicita se tenga por no presentado el recurso de casación de la parte demandante, por no cumplir con los arts. 220 y 270 del Código Procesal Civil.    

Recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Defensa.

Del recurso de casación deducido por la parte demandada se tiene lo siguiente:

1. Reclama que el auto de vista, en ninguna parte hace alusión al recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución Nº 03/2018 de fs. 271 vta. que resuelve la excepción de falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda e inviolabilidad de un predio del Estado, que fue concedido en el efecto diferido, insinúa que el Auto Interlocutorio de 07 de junio de 2018 cursante a fs. 405, pretende justificar la Sentencia Nº 38/2018 de fs. 380 a 386 vta. con la finalidad de forzar el procedimiento civil.

2. Trascribe parte del recurso de apelación deducido en contra de la sentencia, argumentando la pertinencia de la excepción interpuesta que fue rechazada, indica que junto con el recurso de apelación de la sentencia, fundamentó la apelación anunciada a fs. 272 en contra del Auto Interlocutorio que rechazó las excepciones.

3. Aclara que el auto de vista vulneró el derecho al debido proceso por falta de pertinencia o congruencia de dicha resolución. 

Solicita se case por la forma el auto de vista y se declare probada la excepción interpuesta.


Respuesta de Juan Callejas Quispe y Elsa Calle Quispe Vda. de Poma.

1. Mencionan que el Ministerio de Defensa presentó recurso de casación en la forma por falta de congruencia, sin explicar cómo se configura dicha falta.

2. Cuestionan la solicitud de la parte contraria, indicando que no existe la figura de casar en la forma, y que de conformidad al art. 220 del Código Procesal Civil, el auto supremo decretara improcedente, infundado, anulatorio o casando el auto de vista, el recurso de casación es una demanda de puro derecho donde debe fundamentarse la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley y que dichos extremos no fueron mencionados en la impugnación interpuesta por el Ministerio de Defensa.

3. Manifiestan, es importante hacer notar que la reserva de apelación de fs. 272 no fue fundamentado conjuntamente con el memorial de apelación de la sentencia, pretendiendo que las autoridades superiores interpreten sus memoriales y se entienda lo que quiere decir sin decirlo.

4. En cuanto a la incongruencia alegada en el recurso de casación del Ministerio de Defensa, indican, no se explicó ni fundamentó en que consiste dicha incongruencia, ni de qué manera los Vocales han incurrido en falta u omisión.

Solicitan se declare improcedente el recurso de casación de la persona jurídica co demandada.  



CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


1. El Tribunal Ad quem como instancia de conocimiento.

El Auto Supremo Nº 464/2018 de 07 de junio indica: Al respecto cabe señalar que, si bien el razonamiento para determinar la nulidad por parte del Tribunal de apelación pudiera tener alguna lógica, esta no responde a los principios procesales como son el de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, los cuales orientan en sentido que se deben evitar actos dilatorios, buscando la economía procesal para lograr una pronta Resolución, pues al estar vigente el Código Procesal Civil deberá aplicarse los principios y especialmente las previsiones del art. 105.II que establece que el acto será válido aunque sea irregular, salvo que se hubiera provocado indefensión, con relación a lo señalado en la doctrina aplicable III.2, en esa misma perspectiva se advierte que el Tribunal de apelación ha fallado de una manera ritualista y formalista como se hacía antes, pues, habrían determinado la nulidad de la Sentencia provocando un perjuicio irreparable a ambas partes, quienes están en búsqueda de la administración de justicia y más cuando el art. 218.III del Código Procesal Civil dispone que: “Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, según se indicó en la doctrina aplicable III.3.

Consiguientemente, corresponde referir que de acuerdo a lo delineado en el punto III.2 la nulidad procesal en segunda instancia procede exclusivamente cuando ha sido reclamada bajo un criterio de juridicidad y cuando se evidencia vulneración al debido proceso con incidencia al derecho a la defensa, partiendo de ese entendimiento la Resolución ahora dictada no evidencia que hubiese sido dictada en base a un reclamo efectuado en apelación, sino por el contrario se denota que ha sido de oficio la determinación asumida, toda vez que el Tribunal de alzada  ampara su pronunciamiento en aplicación  del art. 17  de la Ley del Órgano Judicial, al margen de ello no refiere, si la falta de  fundamentación que manifiesta o si esa incongruencia conlleva una trascendencia tal, que afecte o gravite de sobre manera en el proceso o genere indefensión a las partes, ausencia de fundamento que evidencia que la decisión asumida por el tribunal de alzada peca de ser formalista, asumiendo dicha postura en discrepancia por sobre todo de lo dispuesto por el art. 218.III del CPC.

Al margen de ello debe precisarse que de acuerdo a lo esbozado en el punto III.3, cuando se reclama la incongruencia en apelación es deber y obligación de los Tribunales de alzada fallar en el fondo de lo debatido, norma que no debe ser entendida en su sentido restringido sino, su sentido amplio, es decir que esa norma no solamente resulta aplicable a la incongruencia externa de la Sentencia, sino también a los casos de incongruencia interna, pues al tratarse de otra instancia los Tribunales de apelación se encuentran facultados a resolver esos defectos, sobre todo si existen reclamos en apelación que permiten aclararlos en el correspondiente Auto de Vista, analizando su trascendencia en el proceso, con la finalidad que el proceso alcance su fin máximo que es la solución del conflicto jurídico, lo cual correspondía ser aplicable en el sub lite, pues el Tribunal de alzada, tenía plenas facultades de aclarar el fundamento explicado en la Sentencia, pudiendo corregirlo en su caso, sí es que hubiese sido reclamado en apelación, por lo que se desprende que habría actuado en desmedro del fin de la administración de justicia el cual es la solución al conflicto jurídico. 

(…)

En consecuencia, y como ya se señaló supra, al constituirse el Tribunal de apelación en una instancia de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, se infiere que el mismo tiene la obligación y posibilidad de corregir todas aquellas omisiones en que hubiese incurrido el Juez de primera instancia y emitir un criterio de fondo sobre las mismas, las cuales obviamente de acuerdo al análisis de trascendencia que estas conlleven, dará lugar a que el Tribunal de alzada confirme la Sentencia de primera instancia o en su defecto revoque la misma.”


2. De la prueba de oficio en segunda instancia.

El Auto Supremo No. 470/2018 de 07 de junio manifiesta: Entonces al advertirse la existencia de dudas razonables este Tribunal se ve imposibilitado de ingresar al fondo de la decisión, caso contrario la resolución a emitirse resultará ineficaz en su ejecución, ante tal situación y siguiendo el entendimiento esbozado en el punto III.2 es menester producir prueba con la finalidad de generar certeza y eficiencia en que las decisiones a ser asumidas serán en apego al principio de verdad material, correspondiendo en consecuencia al Tribunal de apelación producir los siguientes elementos probatorios: a) prueba pericial que identifique la ubicación exacta del bien inmueble que los demandados están poseyendo y determine quién resulta el titular de esos predios en debate, y b) prueba documental que acredite que Marigen Severina Rojas es propietaria del bien inmueble que está registrado a nombre de Víctor Sossa Rubín de Celis (fs. 3) objeto de litis. Con la aclaración que este razonamiento no puede ser considerado como un favorecimiento ya sea al actor principal o a los demandados, pues la misma será solicitada en cumplimiento del principio de verdad material que fue desarrollado en la doctrina aplicable III.2 y con la finalidad que la resolución a dictarse sea eficaz.”

El art. 24 punto 3 del Código Procesal Civil coincidente con el criterio antes expuesto, indica: “La autoridad judicial tiene poder para: 3: Ejercitar las potestades y deberes que le concede este Código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes.”.  En el punto uno del presente considerando advertimos que el tribunal de alzada a diferencia del Tribunal Supremo de Justicia, es una instancia de conocimiento, donde puede incluso- diligenciarse prueba según dispone el art. 261 par. III, no estando exento el tribunal Ad quem de la responsabilidad de fallar conforme al principio de verdad material, entiéndase que en caso de no existir suficiente prueba para resolver el fondo del proceso, aún en esta instancia está permitido que el tribunal Ad quem diligencie prueba de oficio.


3. De la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha glosado amplia jurisprudencia en torno a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, entre ellas tenemos la Sentencia Constitucional No. 673/2018-S3 de 27 de diciembre que indica: “Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”.  Es pertinente señalar que toda persona que acude ante la jurisdicción ordinaria para demandar según los derechos e intereses que le corresponde, reciba de los administradores de justicia una respuesta pronta y oportuna, más importante aún, tiene la garantía que la autoridad judicial responderá sus pretensiones de forma ordenada, coherente y puntual respecto a los hechos puestos en conocimiento del juzgador, con el fin de generar en las partes pleno convencimiento sobre las decisiones judiciales, siempre velando por el cumplimiento de las normas sustantivas y adjetivas aplicables a cada caso concreto.

Solo así los sujetos procesales que recurren ante la autoridad judicial tendrán plena convicción, que sus pretensiones y solicitudes fueron debida y responsablemente atendidas, la administración de justicia no solo debe determinar la situación jurídica de las partes, sino debe crear en el justiciable, pleno convencimiento que la norma legal ha sido correctamente aplicada para la consecución de la justicia, lo contrario sería generar incertidumbre.   


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


Expuestos los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, corresponde considerar la impugnación en el fondo acusada en los recursos de casación deducidos por las partes.

Habiendo interpuesto recurso de casación ambas partes, por metodología juridica, en principio analizaremos el recurso de casación interpuesto por Juan Callejas Quispe y Elsa Calle Quispe Vda. de Poma. Se tiene que todos los reclamos de los demandantes contenidos en el Considerando II, son de exposición coincidente, en atención al principio de concentración procesal que en materia argumentativa permite en un solo fundamento absolver todos los agravios y así evitar un dispendio de argumentación jurídica reiterativa se desprende, que la impugnación deducida, reclama la transgresión de los arts. 17.II y III de la Ley del Órgano Judicial y 265 del Código Procesal Civil, argumentando que el auto de vista carece de fundamentación y motivación, por no exponer razón alguna que determine la nulidad de obrados hasta la sentencia, manifiestan que el Ministerio de Defensa en el recurso de apelación no solicitó nulidad de la sentencia por falta de congruencia o por alguna omisión valorativa, que el Tribunal Ad quem excedió sus atribuciones y competencias al declarar la nulidad, entendiendo que el auto de vista resolvió extremos que no fueron objeto de apelación por las partes, actuando de forma extra petita.    

La Sala Civil - Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció auto de vista anulando obrados hasta fs. 380 disponiendo que el juez A quo dicte nueva sentencia, fundando su decisión, en la manifiesta incongruencia de la sentencia, que en cuanto a la ubicación del terreno de los demandantes argumenta que se probó la ubicación exacta, pero contradictoriamente alega que no se tiene certeza si el inmueble de la parte actora está inmersa en el terreno del Ministerio de Defensa, indica que la sentencia es también incongruente por exponer que los demandantes se encuentran en posesión de parte del terreno, sin embargo el juez declara probado el mejor derecho propietario y la reivindicación sobre el total del inmueble de superficie 8.734 m2., sin considerar lo dispuesto por el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre que orienta a la autoridad judicial, otorgar el mejor derecho propietario sobre la totalidad de la superficie o sobre una fracción según corresponda.  El auto de vista fundamenta, que la sentencia aparte de ser incongruente omite exponer las razones jurídico fácticas que determinaron su decisión respecto a la procedencia de la acción reivindicatoria demandada; en cuanto a los daños y perjuicios observa, que se declaró su improcedencia en base a argumentos subjetivos, manifestando que el comandante y sub comandante del Batallón de Ingeniería San Román II de Caranavi, no permitieron a los demandantes realizar actividades agrícolas, considerando el juez que esa conducta está justificada, en la errónea creencia de que el propietario del terreno es el Ministerio de Defensa, por cuanto no proceden los daños y perjuicios. Finaliza indicando que revisada la sentencia y lo obrado se evidenció, que la demanda fue dirigida contra el Ministerio de Defensa, Cnel. Jorge Alejandro Arévalo Oblitas y  My. Erlan Jesús Blanco Salgueiro, respecto a los dos últimos, la sentencia no se pronunció sobre la situación jurídica de ellos.    

Según la norma jurídica, doctrina y jurisprudencia aplicada al caso, razonamos,  que bajo el actual sistema constitucional el Tribunal de apelación, por disposición del Código Procesal Civil, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, es un ente judicial de conocimiento pleno de causas al igual que los juzgados, y no una instancia de resolución de puro derecho; es decir, que el Tribunal Ad quem tiene amplias facultades para ingresar a revisar y definir el fondo del proceso sin límite alguno (si el reclamo lo permite) más que el respeto a los derechos fundamentales, específicamente tenemos, que cuando en la sentencia existe ausencia de argumentación jurídica, el tribunal de alzada puede enmendar y fundamentar dicha ausencia, cuando se valoran casos en donde el juez A quo falló con fundamentos incongruentes, contradictorios o extra, infra y supra petita, puede subsanar las faltas advertidas y aclarar los aspectos oscuros, incongruentes o contradictorios resolviendo el fondo del proceso, pudiendo confirmar el criterio de la sentencia o en su defecto revocar la misma.  La jurisprudencia emitida por este Tribunal es contundente al enfatizar que no es loable anular obrados en aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial por temas procedimentales, es decir, solo por aspectos de incongruencia, contradicción, falta de motivación o fundamentación de las resoluciones de primera instancia, contrario sensu, tiene amplias facultades para subsanar dichas infracciones según indicamos. La nulidad procesal al ser de ultima ratio merece un estudio responsable al momento de aplicarse el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, en caso de que el Tribunal Ad quem verifique infracciones al debido proceso y determine la nulidad de obrados, solo podrá hacerlo si la transgresión al debido proceso tiene incidencia en el derecho a la defensa.

El diligenciamiento de la prueba en segunda instancia según determinan los arts. 261 y 264 del Código Procesal Civil, no está reservado únicamente para las partes procesales, el tribunal Ad quem, en caso de verificar que la prueba es insuficiente para resolver el fondo del proceso o por existir duda razonable, tiene amplias facultades de producir para mejor proveer todos los medios probatorios necesarios de oficio, ello en atención a los principios de celeridad, eficiencia, eficacia y verdad material dispuestos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, comprendiendo que el nuevo orden constitucional en cuanto a la justicia, busca que las pretensiones y demandas llevadas por los ciudadanos ante el Órgano Judicial sean resueltos de forma inmediata y sin dilaciones, por lo que la autoridad judicial en las instancias que corresponda debe colaborar para que la justicia impartida sea rápida y con resultados.

En el sub lite, el auto de vista decretado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, anuló obrados hasta fs. 380 disponiendo que el juez A quo dicte nueva sentencia en base a los argumentos expuestos en dicha resolución, revisados los motivos que llevaron al Tribunal Ad quem a determinar la nulidad, se tiene que todas las observaciones van dirigidas a aspectos de incongruencia, contradicción falta de motivación y fundamentación contenidos en la sentencia, estas infracciones como se dijo supra- debieron ser subsanadas por el mismo Tribunal de apelación, para mejor entender, las incongruencias o contradicciones verificadas deben ser aclaradas, las omisiones en la motivación y fundamentación tienen que ser argumentados por el Tribunal de alzada, y en caso de valorar que la prueba es insuficiente o existe duda razonable para determinar la procedencia o improcedencia de la demanda, posee amplias facultades para producir los medios probatorios necesarios para la resolución del proceso.

La nulidad de obrados dispuesta por el Tribunal de alzada no tiene justificación, si bien indica que se transgredió el derecho al debido proceso, esa transgresión no incide en el derecho a la defensa de las partes procesales o de algún tercero con interés legal, por cuanto se establece que el Tribunal Ad quem no verificó la norma legal y se apartó del pronunciamiento jurisprudencial dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bajo dicho criterio corresponde al tribunal de alzada subsanar su decisión en base el presente pronunciamiento debiendo cubrir las omisiones y errores argumentativos contenidos en la sentencia en cuanto a la incongruencia, contradicción y falta de fundamentación o motivación, asimismo en caso de considerar insuficiente la prueba acumulada, mandara de oficio la producción de prueba conveniente.

Razón por la que corresponde fallar conforme al art. 220.III del Código Procesal Civil. Siendo evidente que la presente resolución dispondrá la nulidad del auto de vista, no corresponde analizar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Defensa.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 803/2018 de 27 de noviembre,  cursante de fs. 443 a 445 vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dispone que el tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo dicte nuevo auto de vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.III del Código Procesal Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento al art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.