TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 642/2019

Fecha: 04 de julio de 2019

Expediente: SC-14-19-S.

Partes: Oscar Candía Cabrera c/ Gladys Garnica Flores.  

Proceso: Acción de repetición y otro.                                     

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación que cursa de fs. 210 a 211 vta., interpuesto por Oscar Candía Cabrera contra el Auto de Vista N° 353/2018 de 2 de octubre de fs. 206 a 207 vta., pronunciado por Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de repetición y otro seguido por el recurrente contra Glady s Garnica Flores, la concesión a fs. 215, el Auto Supremo de Admisión N°145/2019-RA de 25 de febrero de fs. 221 a 222;  todo lo inherente; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Oscar Candía Cabrera interpuso demanda de repetición más pago de daños y perjuicios de fs. 81 a 83 subsanada a fs. 86 vta. y ampliada a fs. 91, contra Gladys Garnica Flores, quien contestó a la demanda de forma negativa y reconvino, trámite que concluyó con la Sentencia N° 94/2018 de 13 de junio, (fs. 181 a 184 vta.), dictada por la Juez Público Civil y Comercial Nº 21 de Santa Cruz que declaró IMPROBADA la demanda.

2. Resolución que fue objeto de recurso de apelación, por la parte demandante mediante memorial de fs. 192 a 194 mereciendo el Auto de Vista N° 353/2018 de 2 de octubre, por el que CONFIRMÓ la sentencia, decisión asumida en función al siguiente argumento:

Que entre la demandante y la demandada no ha concurrido ninguna relación que permita dar lugar a la repetición del pago, porque inicialmente la relación contractual se originó entre Santigo Quispe Mamani conforme al documento a fs. 98, quien otorgó en calidad de anticresis su parte del bien a Carlota Montaño Pinto, posteriormente por contrato a fs. 100 Santiago Quispe transfiere el 50% de sus acciones y derechos a favor de Oscar Candía Cabrera ahora demandante, actos jurídicos donde nunca participo la demandada, no existiendo vínculo contractual alguno, y el hecho de que posteriormente hubiera acaecido un proceso de división y partición entre Oscar Candía Cabrera y Gladys Garnica no modifica el hecho que con la demandada no exista vinculo jurídico alguno. Y en cuanto a lo determinado en el art. 589 del sustantivo de la materia, afirmó que la sentencia aplicó correctamente dicha norma, porque los gatos accesorios deben ser asumidos por el comprador y de acuerdo a lo determinado por las literales de fs. 138 a 141 se aprecia que Gladys Garnica también cumplió con el pago de impuestos.

3. Determinación recurrida en casación por el demandante y que es motivo de análisis de la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Acusa errónea aplicación del art. 295 del CC, porque para cumplir una obligación no es necesario que exista una relación contractual entre el demandado y el actor, como en el caso presente, sino que puede satisfacerse por toda persona tenga o no interés en el pago. Y en el caso se ha restituido la suma de $ 2.000 para evitar el remate del bien y con dicho pago la única que se ha visto beneficiada la demandada porque en la división y partición las habitaciones otorgadas en anticresis han quedado en el lote A.
  2. Aduce indebida aplicación del art. 589 del CC, ya que en el presente caso su persona en resguardo a su derecho propietario de acciones y derechos para salvar el remate tuvo que pagar los impuestos incluido el 50% que le corresponde a la demandada.

Contestación al recurso de casación.

Que, sustanciado el recurso de casación, la parte contraria no contestó al recurso de casación, por lo que este tópico no merece mayor análisis.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental -Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil. 

Por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia el Auto Supremo N° 240/2015 orienta que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Esta Tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.2 Verdad material.

Sobre dicho principio este Supremo Tribunal de Justicia ha orientado en sus diversos fallos como el Auto Supremo Nº 131/2016 en sentido que: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como única garantía de la armonía social.”.

Así también el Auto supremo Nº 225/2015 al respecto ha orientado que: “Para resolver el fondo del asunto es preciso referir lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha razonado respecto a la verdad material y la irretroactividad de la norma, a raíz de que el Tribunal de Garantías dispuso resolver el caso en sujeción a lo previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado; en ese entendido, diremos que respecto a la verdad material en Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que “II.3. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Nº 0713/2010-R de 26 de julio al respecto ha establecido que: “El art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales.

El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Si bien el recurso de casación carece de una adecuada técnica, sin embargo, este Tribunal en apego a los lineamientos constitucionales actuales que cimientan la actual forma de administrar justicia, es decir desechando cualquier formalismo excesivo pudo inferir los siguientes temas de controversia:

Como primer tópico acusa errónea aplicación del art. 295 del CC, expresando que para cumplir una obligación no es necesario la existencia de una relación contractual entre los suscribientes del acuerdo jurídico primigenio, pues como en el caso presente, esta obligación puede satisfacerse por toda persona tenga o no interés en el pago o cumplimiento inclusive a sabiendas del deudor o no. Y dentro del proceso ejecutivo ha pagado la suma de $ 2.000 para evitar el remate de su bien y quien se ha visto beneficiada con ese pago es la demandada, porque la división y partición de las habitaciones otorgadas en anticresis han quedado en el lote A.

Antes de ingresar al estudio de su ponencia y para tener un panorama claro, es necesario visualizar lo expresado por los Jueces de instancia, al respecto la sentencia de fs. 181 a 184 vta., refirió: “el hecho de que la parte del inmueble que ha quedado a favor de la demanda dentro del proceso de división y partición de bien inmueble (fs. 10 a 39), no le genera la obligación de devolver suma de dinero alguno a favor del demandante, en consideración a que al momento de adquirir el inmueble el demandado lo ha realizado en lo PROINDIVISO, sin establecer cuál era la parte que correspondía al vendedor, por lo tanto el demandante no puede atribuirle una obligación a la copropietaria, sobre algo que no estaba determinado al momento de la compra del inmueble” asimismo el Auto de Vista en cuanto a esta controversia expuso: “el hecho que posteriormente hubiera acaecido un proceso de división y partición entre OSCAR CANDIA CABRERA Y GLADYS GARNICA FLORES (FS. 10 a 39) no modifica el hecho de que anteriormente  a dicho proceso entre ambas partes no hubiera existido vinculo algún como se expuso precedentemente, debiendo en todo caso el demandante haber seguido la acción contra SANTIAGO QUISPE  MAMANI o sus herederos”, de lo que rescatamos que ambas instancias han confluido en señalar que la compra realizada por el demandante ha sido en lo proindiviso, o sea que no existe perjuicio directo, más aun si entre la demandada y el demandante no acreditaron vinculo jurídico contractual alguno, argumentos que desde la óptica de este Tribunal no se encuentran alejados de la realidad, no resultando determinante la referida división y partición para modificar las resoluciones de grado, pues para establecer la viabilidad de la acción de repetición, era necesario demostrarse que la demandada se ha visto beneficiada con la anticresis suscrita y no con el pago realizado, pues es ahí donde radica el tema en debate, antecedente que ha sido correctamente analizado, debido que en obrados no se llega a establecer la existencia de ese vínculo jurídico obligacional o que dicha obligación emergente del anticrético le hubiese sido beneficiosa a la demandada, resultando como se dijo insustancial observar la división y partición realizada.

Sin embargo, de lo señalado y afirmado por los de instancia, lo expresado por el recurrente entra en dicotomía con los fundamentos plasmados de su demanda, pues en su recurso señala que el bien que estaba siendo objeto de debate, por efecto de la división y partición pertenece a la demandada, empero en su demanda de fs. 67 a 69, con argumentos totalmente disimiles expresa: “conforme al testimonio otorgado por el Juzgado Publico Civil Comercial 7° de la Capital relativo a un proceso ordinario de división y partición de bien inmueble, acreditado por sentencia de 18 de abril de 2016, debidamente ejecutoriado, el lote denominado lado A, por decisión judicial  como propietaria Gladys Garnica Flores, con las colindancias y dimensiones siguientes (…) con el Lote B que es de mi propiedad y mide (…). Y precisamente este predio cuenta con construcción que se halla ocupada por Carlota Montaño de Coro.”  expresiones vertidas por el demandante que dan a entender que el bien donde habitó la anticresista y del cual se pidió el remate le pertenecen, argumentos que entran en total contradicción con su reclamo. Sin embargo, de ello cabe resaltar que el Juez de la causa y el Tribunal de Segunda instancia han generado la posibilidad de iniciar la demanda en contra de los herederos de Santiago Quispe en resguardo de sus derechos. No advirtiéndose vulneración alguna.

Como último punto arguye indebida aplicación del art. 589 del CC, ya que en el presente caso su persona en resguardo a su derecho propietario de acciones y derechos para salvar el remate tuvo que pagar los impuestos incluido el 50% que le corresponde a la demandada.

Para este último punto de estudio del proceso, se evidencia que el Tribunal de alzada ha obrado y resuelto la causa conforme al principio de verdad material que evidencian los medios probatorios adjuntos en obrados; como ser los visibles de fs. 138 a 141, ya que el contenido de las citadas literales reflejan que Gladys Garnica Flores por cuerda separada, o sea de forma totalmente independiente procedió al pago de impuestos por el predio, no resultando lógico, ni razonable pretender repetir el cumplimiento de dicho pago, cuando el mismo ya ha sido abonado por la propietaria, deviniendo en inviable su reclamo.

En tal razón, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación que cursa de fs. 210 a 211 vta., interpuesto por Oscar Candía Cabrera contra el Auto de Vista N° 353/2018 de 2 de octubre de fs. 206 a 207 vta., pronunciado por Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Sin costas ni costos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.        

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.