TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 628/2019

Fecha: 01 de julio de 2019

Expediente: CB-8-19-S.

Partes: Guillermo Terrazas Ortiz y otra c/Celso Zambrana Vidal y otros.

Proceso: Nulidad de documento, cancelación de partidas más pago de daños y perjuicios.  

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 985 a 992 vta. interpuesto por Guillermo Terrazas Ortiz y Modesta Terrazas Ortiz contra el Auto de Vista de fecha 22 de octubre de 2018 cursante de fs. 972 a 982 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de nulidad de documento, cancelación de partidas más pago de daños y perjuicios seguido por los recurrentes contra Celso Zambrana Vidal, Flora Ríos de Zambrana, Jesús Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi, Auto de concesión a fs. 1008, Auto Supremo de Admisión Nº 109/2019-RA de 12 de febrero cursante de fs.1014 a 1015 vta. y lo concerniente al proceso.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial Décimo Noveno de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 21 de febrero de 2018 cursante de fs. 891 a 897 vta., declarando IMPROBADA la demanda de fs. 102 a 111 vta., subsanada de fs. 117 a 119 y fs. 131 sobre nulidad de documento, cancelación de partidas más pago de daños y perjuicios, y probada la acción reconvencional de fs. 188 a 196 interpuesto por los co demandados Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana sobre acción negatoria.  Contra la sentencia, Guillermo Terrazas Ortiz y Modesta Terrazas Ortiz interpusieron recurso de apelación saliente de fs. 904 a 917, impugnación que fue resuelta por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que dictó el Auto de Vista de fecha 22 de octubre de 2018 cursante de fs. 972 a 982 CONFIRMANDO la sentencia bajo los siguientes fundamentos:

Refiriendo al Auto Supremo Nº 526/2015 de 10 de julio, especificó, que la Escritura Pública Nº 252 de 29 de mayo de 1996 otorgado ante el Notario de Fe Pública Dr. Humberto Angulo Hidalgo, precisa la comparecencia de Remigia Ortiz.

Valencia con el objeto de transferir una fracción de terreno ubicado en el ex fundo Molle Molle, cantón San Joaquín de Itocta de superficie 8.559,02 m2 a favor de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi, firmando Aracely Rocha como testigo a ruego de la vendedora analfabeta junto con los testigos instrumentales debidamente identificados, el hecho de que estos testigos sean diferentes a los de la minuta no puede ser causal de nulidad, por tener un trámite diferente al documento privado reconocido, cuyo original queda inserto en el protocolo notarial.  Aclara que la Escritura Pública Nº 1963 de 03 de septiembre de 1997 otorgada ante el Notario de Fe Pública Dr. Julio Márquez Balderrama, ratifica la compra venta del terreno por parte de Remigia Ortiz Valencia a favor de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi.

Manifiesta que se procedió de manera similar con la minuta otorgada por Remigia Ortiz Valencia a favor de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana respecto al lote de terreno de 6.175,29 m2, donde aparecen dos huellas digitales que corresponden a la vendedora, constando la firma de los compradores, en la parte inferior existen dos firmas ilegibles que se encuentran debidamente identificadas en el formulario de reconocimiento, dicha minuta con su reconocimiento fue convertida a la Escritura Pública Nº 299 de 29 de junio de 1996 otorgado ante el Notario de Fe Pública Dr. Humberto Angulo Hidalgo, firmando los contratantes junto con los testigos instrumentales Jorge Flores y Humberto Delgadillo, estampa su impresión dactilar Remigia Ortiz Valencia, si bien no consigna la intervención de testigo a ruego, no puede declararse su ineficacia, por haber sido reconocido previamente ante el juez Cuarto de Instrucción en lo Civil conforme el art. 1299 del Código Civil, asimismo, la venta se encuentra ratificada por Escritura Pública Nº 1964 de 03 de septiembre de 1979.

Puntualizó, no corresponde la nulidad por inobservancia de los arts. 22 y 24 de la Ley del Notariado de 05 de marzo de 1858, el incumplimiento conlleva una sanción pecuniaria para el Notario de Fe Pública donde se otorgaron las escrituras públicas.  Las minutas de transferencia de 20 de mayo de 1996, protocolos, escrituras públicas y documentos ratificatorios, en los cuales los demandantes indican que no correspondería las huellas digitales de Remigia Ortiz Valencia otorgados a los demandados, cumplen con las formalidades necesarias para su validez. Determinó que si bien el perito de oficio Cristian Mercado Carrasco concluye que las impresiones dactilares de Remigia Ortiz Valencia incriminadas de falsas, en el documento de compra venta a favor de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi de 20 de mayo de 1996 y el de la misma fecha otorgado a favor de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana, no se puede determinar la autenticidad por una mala praxis al momento de estampar las huellas, no permite su legibilidad o lectura no siendo aptas para el estudio dactiloscópico, sin embargo la valoración conjunta y armónica de la prueba según prevé el art. 1286 del Código Civil, se concluye que los documentos de reconocimiento de venta de las fracciones de terreno, efectuadas por Remigia Ortiz Valencia no son falsos, ni nulos.

Expone que en el dictamen complementario, el perito de oficio concluyó que las impresiones dactilares de Remigia Ortiz Valencia estampadas en los protocolos identificados como Nros. 1963/97 y 1964/97 que corresponden a minutas ratificatorias de venta a favor de los demandados, pertenecen a la impresión digital de Remigia Ortiz Valencia; las impresiones digitales contenidas en las minutas de ratificación de venta no pudieron ser contrastadas por no ser aptas para el estudio dactiloscópico, sin embargo, el Auto de Vista menciona que los demandantes no probaron que las impresiones dactilares en los documentos referidos fueron suplantados o que no pertenezcan a Remigia Ortiz Valencia.

En cuanto a la vulneración del art. 1299 del Código Civil, el Tribunal Ad quem manifestó, que analizadas las minutas de 20 de mayo de 1996, contienen los requisitos exigidos por el art. 1295 del Código Civil concordante con el art. 25 de la Ley del Notariado de 05 de marzo de 1858, toda vez, que se observa las impresiones dactilares de la vendedora, la firma del testigo a ruego, de los testigos instrumentales y de los compradores, según el dictamen pericial se observó que las impresiones digitales de Remigia Ortiz Valencia son ilegibles y no falsas, en ese sentido, fue fundamental que uno de los documentos fuera reconocido ante la autoridad judicial, como también la misma vendedora otorgó documentos ratificatorios de venta a los demandados, desvirtuándose por ello la pretensión de nulidad interpuesta por las demandantes.

Respecto a las minutas de ratificación de venta de los terrenos en cuestión, el Tribunal Ad quem consideró que de haberse presentado alguna irregularidad en los contratos primigenios de venta, estos fueron convalidados por los documentos de ratificación de venta, el argumento de los apelantes al indicar que los documentos nulos no pueden ser confirmados, reitera que no se demostró la nulidad de dichos documentos. Del visado de las minutas alegadas de nulas sobre los fundamentos de la certificación del Instituto Geográfico Militar, no conlleva la nulidad de los documentos, las eventuales irregularidades en los trámites administrativos no pueden generar nulidad de los contratos. Sobre la nulidad de los documentos ratificatorios de venta, se tiene que los demandantes no demostraron, que no fueron otorgados por Remigia Ortiz Valencia, estos documentos según el Auto de Vista llevan la firma del testigo a ruego Rosa Mendoza, y de los testigos presenciales Salma Velásquez Callau y Severino Orellana Acha, documentos que cumplen las formalidades de ley.

Finalmente a la incorrecta valoración de la prueba pericial, el Tribunal Ad quem, observó que el perito Cristian Mercado Carrasco remitió un primer informe indicando que no se puede constatar las impresiones digitales de Remigia Ortiz Valencia en los documentos de transferencia por no ser aptas para el estudio dactiloscópico, razón por la que se pidió un informe complementario sobre los documentos de ratificación de venta, determinando que las huellas digitales corresponden a Remigia Ortiz Valencia, posteriormente se solicitó informe complementario sobre las minutas de ratificación de venta, concluyendo el peritaje que no son aptas para el estudio dactiloscópico. Explica que si bien no se determinó la autoría de las impresiones digitales en los documentos alegados de nulos, el examen pericial sobre los protocolos de las escrituras públicas ratificatorias, determina que corresponden a Remigia Ortiz Valencia, del análisis integral y conjunto de los medios probatorios, se concluye que las minutas y escrituras públicas de transferencia de 20 de mayo de 1996 además de las escrituras de ratificación de venta a favor de Celso Zambrana Vidal, Flora Ríos de Zambrana, Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi, fueron suscritos para concretar la venta de los inmuebles en cuestión, Remigia Ortiz Valencia ha expresado válidamente su voluntad en los documentos de transferencia.  Razón por la que confirmó la sentencia.

Contra el Auto de Vista los demandantes Guillermo Terrazas Ortiz y Modesta Terrazas Ortiz, interpusieron recurso de casación cursante de fs. 985 a 992 vta., mismo que tiene el siguiente análisis:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la impugnación deducida por los recurrentes, se extrae lo siguiente:

1. Reclaman que en las escrituras públicas de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi; de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana, no existe la transcripción de los reconocimientos de firmas realizadas sobre las minutas, que no se cumplió con el art. 1299 del Código Civil, resultando errónea interpretación de los documentos base de la demanda, mismos que no cuentan con los testigos debidamente identificados que sepan leer y escribir, además del testigo instrumental. Aclaran que la ley regula los documentos privados otorgados por analfabetos indicando que llevarán siempre las impresiones digitales del analfabeto en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir además de la persona que firme a ruego, en las minutas no constan los tres testigos que la ley exige por tanto son susceptibles de nulidad y al ser nulos estos documentos según los demandantes- conllevaría la nulidad de los protocolos y escrituras públicas.

2. Exponen que la minuta de 20 de mayo de 1996 correspondiente a la trasferencia realizada a favor de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana, se observa que lleva la firma del abogado Lucio Orellana Rosas, las impresiones digitales de Remigia Ortiz Valencia, a su lado firma Celso Zambrana Vidal supuestamente como testigo a ruego, posterior una firma ilegible sin identificación del firmante como testigo a ruego, dos firmas sin identificación de los firmantes que participan como testigos, abajo a la izquierda la firma de Celso Zambrana Vidal esta vez como comprador y abajo a la derecha la firma de Flora Ríos de Zambrana, por disposición de la cláusula quinta mientras no se eleve a la categoría de instrumento público constituye un documento privado; convertido en la Escritura Pública Nº 299 de 29 de junio de 1996 otorgado ante el Notario de Fe Pública Dr. Humberto Angulo Hidalgo se observa, que no es un copia exacta del documento original, lleva la transcripción de firmado a ruego testigo ilegible, incumpliendo de esa manera con el art. 14 de la Ley del Notariado de 05 de marzo de 1858, a entender de los demandantes- la infracción de esta norma conlleva la nulidad de la minuta, documento privado y posterior escritura pública.  Señala que el Auto de Vista reconoce que los documentos de fecha 20 de mayo de 1996 no cumplen con el art. 14 de la abrogada Ley del Notariado y el art. 1299 del Código Civil, encontrándose dentro de las causales de nulidad establecidas por el art. 549 num. 1) y 3) del Código Civil, observan que en la Escritura Pública Nº 299/96 participan otros testigos que no son los mismos que intervienen en la minuta, los cuales no se encuentran plenamente identificados, contraviniendo el art. 25 de la Ley del Notariado.

3. En cuanto a la minuta de 20 de mayo de 1996 correspondiente a la transferencia a favor de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi, los recurrentes indican que también existe indebida aplicación del art. 1299 del Código Civil, por las siguientes razones: corre la firma del abogado Lucio Orellana Rosas, al lado las impresiones digitales estampadas supuestamente por Remigia Ortiz Valencia, en la parte inferior izquierda la firma de un testigo (Meneses), la firma de los compradores y las firmas que presuntamente serian de los testigos sin identificar sus datos personales, en la escritura pública no se observa la existencia de otro testigo aparte del Sr. Meneses, quien no está identificado como testigo instrumental o testigo a ruego. Explican que el Auto de Vista indicó, que si bien los testigos no se encuentran debidamente acreditados en el documento de 20 de mayo de 1996, sí estarían en el formulario de reconocimiento, sin embargo no se encuentra transcrito, ni es parte del protocolo y la escritura pública, la minuta de fecha 20 de mayo de 1996 en la cláusula quinta indica que es un documento privado que a criterio de los demandantes- no nació a la vida por no cumplir con las disposiciones referidas, reclaman que no se puede otorgar escritura pública en base a un documento privado nulo.

4. Alegan que el Tribunal Ad quem al considerar que no corresponde la nulidad por falta del trámite de visado de las minutas ante el Instituto Geográfico Militar es incorrecto, pues esta falta de autorización configuraría una causa ilícita y un motivo ilícito según los arts. 489 y 490 del Código Civil. Insisten que las minutas de 20 de mayo de 1996 llevan sellos falsos y que dicho acto constituye objeto y causa ilícita.

5. Transcriben parte del Auto Supremo Nº 73 de 26 de marzo, argumentando que las minutas de fecha 20 de mayo de 1996 no cumplen con los requisitos establecidos por la ley y siendo objeto de nulidad por disposición del art. 549 núm. 1 del Código Civil, el Tribunal Ad quem valoró incorrectamente, que las minutas como documentos privados y las escrituras públicas son independientes, y que la nulidad de unas no acarrea la nulidad de las otras, contraviniendo lo expresado por el Tribunal Supremo de Justicia.

6. Que el Tribunal Ad quem considera erróneamente que las Escrituras Públicas Nros. 1963/97 y 1964/97 correspondiente a la ratificación de venta efectuadas a favor de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi y de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana, otorgarían validez a las minutas de fecha 20 de mayo de 1996, significando ello una errónea interpretación de la ley y error de derecho, pues, de determinarse la nulidad de las minutas, hace extensible a cualquier acto posterior, operando la nulidad con carácter retroactivo según manda el art. 547 del Código Civil. Indican que no se puede convalidar actos nulos.

7. Reclaman que se incurrió en error de hecho y derecho al apreciar la prueba pericial, alejándose de los principios técnicos y científicos, prueba concluyente en el proceso, donde el perito respecto a las huellas dactilares de Remigia Ortiz Valencia que aparecen en las minutas de fecha 20 de mayo de 1996 son imposibles de verificar, infieren que de ninguna manera se puede aceptar un documento en el que aparezcan estas huellas que no cumplen con el voto de la ley, no sabiendo si su correspondencia o no pertenecen a Remigia Ortiz Valencia.

8. La valoración de la inspección ocular realizada en las oficinas del Notario de Fe Pública, -según los demandantes- constituyen un error de hecho y de derecho, por demostrarse que las huellas dactilares de Remigia Ortiz Valencia son ilegibles en las minutas de 20 de mayo de 1996, reclaman que el juez no dispuso la concurrencia del perito Cristian Mercado Carrasco que fue designado por la propia autoridad de oficio.

Solicitan se case el Auto de Vista impugnado, con determinación de responsabilidad para las autoridades judiciales.

Respuesta de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi.

Responden que la Sentencia y el Auto de Vista se encuentran sustentados en la prueba documental y dactiloscópica, que demuestra la autenticidad del consentimiento otorgado por Remigia Ortiz Valencia. Solicitan se condene en costas procesales y honorarios del abogado por el recurso planteado.

Respuesta de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana.

1. Expresan que los demandantes solo pueden accionar sobre los bienes relictos o existentes de Remigia Ortiz Valencia dentro de su patrimonio al momento de su fallecimiento, los herederos desde ningún punto de vista pueden cuestionar los actos onerosos efectuados por su causante en vida, solo tienen facultad legal para reclamar aspectos relativos a la legítima de los bienes existentes.

2. Explican que los demandantes ya plantearon acciones de nulidad, donde constantemente obtuvieron fallos adversos a sus pretensiones, al ser la cosa juzgada inmutable no debería admitirse le demanda repetitiva y dilatoria.

3. Alegan que la demanda de nulidad debe ser precisa respecto al documento que se cuestiona como nulo, el Auto de Vista hace diferencia coherente, correcta y justa estableciendo las diferencias entre los tipos de documento, confirma la sentencia basado en un criterio justo y legal. Manifiestan que no es necesario que se transcriba el reconocimiento de firmas y rúbricas en la escritura pública porque no hay norma que exija ello.

4. Los hechos están relacionados con las pruebas documentales, representan transferencias absolutamente legales, legítimas y onerosas efectuadas entre la vendedora Remigia Ortiz Valencia a favor de los co demandados Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana, ventas que fueron ratificadas para los fines de aplicación del principio de verdad material, eficiencia y eficacia establecidos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, precisamente para evitar el cuestionamiento de la transferencia.  La observación a las minutas de fecha 20 de mayo de 1996 por no cumplir formalismos y ritualismos, resulta retórico por contravenir al principio de verdad material.

5. Aducen que la ley sustantiva tiene como finalidad proteger los intereses de la persona que no sabe firmar, lo hace para evitar que el analfabeto no sea engañado o inducido a incurrir en error, por lo que no puede cuestionarse algo que se efectuó contractualmente dos veces, lo otro a decir de los demandados- es buscar una fisura legal, que no cabe dentro de los principios constitucionales en su dimensión de valor normativo.

6. Aportan que no puede obligarse a los testigos intervinientes en una escritura pública, ser los mismos que eventualmente reconocieron la minuta, este extremo no está dispuesto en ninguna norma sustantiva, ni adjetiva civil.

7. Responden que los visados municipales son aspectos meramente formales y técnicos, cuya inexistencia no invalida el documento, porque el contrato se forma con el consentimiento de las partes, el visado administrativo no tiene nada que ver con la causa de los contratos, porque son solo elementos de formalidad para el registro. 

8. Indican que los recurrentes pretenden sesgar el contenido del examen pericial, referente a la imposibilidad de efectuar la pericia, el argumento no es razonable pues se tratan de documentos elaborados ante funcionario público, por tanto, se presume la legalidad y buena fe, exigen que los demandantes deberían demostrar que las impresiones de Remigia Ortiz Valencia son falsas en base a prueba y no con supuestos. No habiendo demostrado que las huellas dactilares contenidas en el documento son falsas o que no pertenecen a la vendedora, el documento es válido.

Solicitan se declare improcedente o infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha glosado amplia jurisprudencia en torno a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, entre ellas tenemos la Sentencia Constitucional Nº 673/2018-S3 de 27 de diciembre que indica: “Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”.  Es pertinente señalar que toda persona que acude ante la jurisdicción ordinaria para demandar según los derechos e intereses que le corresponde, debe recibir por parte de los administradores de justicia respuesta pronta y oportuna, pero más importante aún, tiene la garantía de que la autoridad judicial responda sus pretensiones de forma ordenada, coherente y puntual respecto a los hechos puestos en conocimiento del juzgador, con el fin de generar en las partes pleno convencimiento sobre las decisiones judiciales, siempre velando por el cumplimiento de las normas sustantivas y adjetivas aplicables a cada caso concreto.

Solo así los sujetos procesales que recurren ante la autoridad judicial tendrán plena convicción de que sus pretensiones y solicitudes fueron debida y responsablemente atendidas, la administración de justicia no solo debe determinar la situación jurídica de las partes, sino que debe crear pleno convencimiento que la norma legal ha sido correctamente aplicada para la consecución de la justicia, lo contrario sería generar incertidumbre.  

III.2. Del principio de verdad material.

Sobre el principio de verdad material el Auto Supremo Nº 131/2016 de 05 de febrero indicó que: “(…) en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social”.

Así también el Auto supremo Nº 225/2015 de 10 de abril de 2015 orientó: “Para resolver el fondo del asunto es preciso referir lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha razonado respecto a la verdad material y la irretroactividad de la norma, a raíz de que el Tribunal de Garantías dispuso resolver el caso en sujeción a lo previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado; en ese entendido, diremos que respecto a la verdad material en Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que “II.3. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Nº 0713/2010-R de 26 de julio al respecto estableció: “El art. 180. I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales. El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado únicamente a la violación de derechos o garantías constitucionales; y en consecuencia, la inobservancia de las formalidades que no vulnere derechos o garantías constitucionales, tendrá menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad a momento de realizar el trabajo de valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal. El principio consagrado por la Constitución Política del Estado, exige además a los litigantes y a los abogados que los patrocinan, lealtad procesal e idoneidad profesional, debida precisamente a que sus actuaciones y pretensiones deben encontrar pleno respaldo en la realidad fáctica”.

III.3. Del contrato de compra venta como contrato consensual.

El Auto Supremo Nº 1049/2017 de 05 de octubre claramente indica Sobre la clasificación del contrato de venta, respecto a su perfeccionamiento en el Auto Supremo N° 456/2015 de 19 de junio se ha señalado que el mismo es consensual y no formal, en el mismo se ha expresado lo siguiente: “Siendo este el antecedente trascendental corresponde en principio realizar el análisis de este tipo de contratos, para lo cual podemos señalar el art. 584 del CC que de manera textual señala: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero” asimismo acudiendo a la doctrina sobre este tipo de contratos típicos podemos citar a R. Badenes Gasset quien en su libro el Contrato de Compra Venta Tomo I, pág. 46, citando a Luzzatto señala: “la venta es un contrato, en virtud del cual, una parte (vendedor) transfiere o se obliga a transferir la posesión de ella, mientras la otra (comprador), paga o se obliga a pagar el precio”, en cuanto a la característica de este tipo de contratos Guillermo A. Borda en su obra Manual de Contratos refiere: “no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública…es un requisito de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente”, citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro Contratos Civiles y Comerciales Tomo II, que también sobre el tema de las características de este tipo de contratos, expone que, es un contrato: “consensual, porque según de la definición del codificador, una de las parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual; es por tanto un contrato consensual…”, asimismo el Auto Supremo Nº 153/2014 de fecha 16 de abril 2014 refiere: “Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala el Tratadista Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia…debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro de Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice “Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrarse incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato…”

Respecto a lo anterior, en el Auto Supremo Nº 98/2016 de 04 de febrero, se razonó lo siguiente: “…que el recurrente hace referencia a que no se habrían cumplido las formalidades de ley que corresponde a un contrato de venta, sin tomar en cuenta que el art. 521 del CC, dispone “En los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real, o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento; salvo el requisito de forma en los casos exigibles.”, precepto normativo que establece en forma clara que el contrato de venta opera por el solo consentimiento de las partes, es decir, que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, pues no existe formalidad alguna establecida en la ley que condicione su existencia; en tal entendido mal puede el recurrente señalar que no se habrían cumplido con las formalidades exigidas para la venta”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, corresponde considerar la impugnación en el fondo acusada en el recurso de casación.

Del estudio del recurso de casación interpuesto por Guillermo Terrazas Ortiz y Modesta Terrazas Ortiz, se tiene que los reclamos contenidos en los puntos 1, 2, 3, 5 y 7 desglosados en el Considerando II contienen exposición coincidente, en atención al principio de concentración procesal que en materia argumentativa permite en un solo fundamento absolver los reclamos indicados y así evitar un dispendio de argumentación jurídica reiterativa, se desprende, que la impugnación deducida converge a objetar la errónea interpretación y aplicación indebida de los arts. 549 num. 1) y 3), 1299 del Código Civil, y 14 de la Ley del Notariado de 05 de marzo de 1858, exponiendo los recurrentes, que las minutas de fecha 20 de mayo de 1996 correspondientes a la transferencia a favor de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi ; de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana, no cumplen con los requisitos dispuestos por los artículos antes indicados, observan que los documentos no cuentan con los testigos debidamente identificados que sepan leer y escribir además del testigo a ruego, y que las escrituras públicas nacientes de las minutas no guardan relación, por no haberse transcrito el formulario de reconocimiento de firmas y por ser suscritos por testigos diferentes a los que firmaron las minutas.  Manifiestan que las huellas dactilares contenidas en las minutas y protocolos no corresponden a su madre Remigia Ortiz Valencia y que la prueba pericial no fue correctamente valorada.

Para tener un panorama claro en cuanto a la argumentación jurídica a desplegarse y que esta sea coherente para su entendimiento, corresponde con carácter previo revisar los antecedentes que hacen al proceso, tenemos, que Guillermo Terrazas Ortiz y Modesta Terrazas Ortiz plantean demanda civil sobre nulidad de documento, cancelación de partidas más pago de daños y perjuicios, alegando que su madre Remigia Ortiz Valencia era una persona analfabeta que no contaba con firma identificada, en vida Remigia Ortiz Valencia fue propietaria de un terreno de 15.000 m2 ubicado en el ex fundo Molle Molle, cantón San Joaquín de Itocta, del departamento de Cochabamba, argumentan que su fallecida madre, supuestamente habría transferido la superficie de 8.559,02 m2 por la suma de Bs. 4.000 a Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi mediante minuta de 20 de mayo de 1996, protocolizada por Escritura Pública Nº 252 de 29 de mayo de1996 ante el Notario de Fe Publica Dr. Humberto Angulo Hidalgo y registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 3011010009659; asimismo habría transferido a favor de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana la superficie de 6.175,29 mt2. por el precio de Bs. 3.000 mediante Minuta de 20 de mayo de 1996, protocolizada a la Escritura Pública Nº 299 de 29 de junio de 1996, otorgada ante el Notario de Fe Publica Dr. Humberto Angulo Hidalgo y registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 3011010028877.

Denuncian que las impresiones digitales de su madre Remigia Ortiz Valencia contenidas en los documentos indicados son falsas, además de los sellos de visado del Instituto Geográfico Militar constituyendo dichos actos causales de nulidad por ilicitud de la causa y motivo. Complementan su pretensión indicando que por ser Remigia Ortiz Valencia una persona analfabeta la ley dispone un trato especial al momento de perfeccionar actos jurídicos, tomando el art. 1299 del Código Civil, y 14 de la Ley del Notariado de 05 de marzo de 1858 refieren que las minutas no cumplen con la identificación de los testigos presenciales y del testigo a ruego, además que al momento de protocolizar las minutas intervienen testigos diferentes a los que suscribieron la minuta, entendiendo que las minutas son nulas y por ende todos los documentos devinientes como los protocolos, las escrituras públicas y los testimonios. Finalmente hacen referencia a las escrituras públicas de ratificación de venta realizada por su madre Remigia Ortiz Valencia a favor de los demandados indicando que las Escrituras Públicas Nros. 1963 y 1964 ambas de 03 de septiembre de 1997 otorgadas ante el Notario de Fe Pública Dr. Julio Márquez Balderrama, son documentos nulos de pleno derecho, no pudiendo estas escrituras públicas ratificar documentos nulos. Razón por la que demandan por nulidad de documentos, cancelación de inscripción en Derechos Reales más el pago de daños y perjuicios, corrida en traslado la demanda, Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana reconvienen por mejor derecho propietario.

Producida la prueba por ambas partes, el juez A quo dictó sentencia declarando improbada la demanda, y probada la acción reconvencional, recurrida la misma por los demandantes, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció Auto de Vista confirmando totalmente la sentencia, fundamentando, que la Escritura Pública Nº 252 de 29 de mayo de 1996 otorgado ante el Notario de Fe Pública Dr. Humberto Angulo Hidalgo, precisa la comparecencia de Remigia Ortiz Valencia con el objeto de transferir una fracción de terreno ubicado en el ex fundo Molle Molle, cantón San Joaquín de Itocta de superficie 8.559,02 m2 a favor de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi, firmando Aracely Rocha como testigo a ruego de la vendedora analfabeta junto con los testigos instrumentales debidamente identificados, que la Escritura Pública Nº 1963 de 03 de septiembre de 1997 otorgada ante el Notario de Fe Pública Dr. Julio Márquez Balderrama corresponde a la ratificación de compra venta del terreno por parte de Remigia Ortiz Valencia a favor de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi.

Manifiesta que se procedió de manera similar con la minuta otorgada por Remigia Ortiz Valencia a favor de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana respecto al lote de terreno de 6.175,29 m2, donde aparecen dos huellas digitales que corresponde a la vendedora, la firma de los compradores, en la parte inferior si bien cursan dos firmas ilegibles, estas se encuentran debidamente identificadas en el formulario de reconocimiento, dicha minuta con su reconocimiento fue convertida a la Escritura Pública Nº 299 de 29 de junio de 1996 otorgado ante el Notario de Fe Pública Dr. Humberto Angulo Hidalgo, firmando los contratantes junto con los testigos instrumentales Jorge Flores y Humberto Delgadillo, estampa su impresión dactilar Remigia Ortiz Valencia, si bien no consigna la intervención de testigo a ruego, no puede declararse su ineficacia, por haber sido reconocido previamente ante el juez Cuarto de Instrucción en lo Civil conforme el art. 1299 del Código Civil, asimismo, la venta se encuentra ratificada por Escritura Pública Nº 1964 de 03 de septiembre de 1979.

El Auto de Vista determinó, que el perito de oficio Cristian Mercado Carrasco concluyó que las impresiones dactilares de Remigia Ortiz Valencia incriminadas de falsas en el documento de compra venta a favor de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi de 20 de mayo de 1996 y el de la misma fecha otorgado a favor de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana, no se pudo determinar la autenticidad de las impresiones por una mala praxis al momento de estampar las huellas, y que por ende no son aptas para el estudio dactiloscópico, sin embargo la valoración conjunta y armónica de la prueba según prevé el art. 1286 del Código Civil, concluye que los documentos de reconocimiento de venta de las fracciones de terreno, efectuadas por Remigia Ortiz Valencia no son falsos, ni nulos. El dictamen complementario del perito de oficio concluyó, que las impresiones dactilares identificadas de Remigia Ortiz Valencia estampadas en los protocolos Nros. 1963/97 y 1964/97 que corresponden a minutas ratificatorias de venta a favor de los demandados, llevan la impresión digital de Remigia Ortiz Valencia.

Respecto a las minutas de ratificación de venta de los terrenos en cuestión, el Tribunal Ad quem consideró que de haber presentado alguna irregularidad los contratos primigenios de venta, estos fueron convalidados por los documentos de ratificación de venta, reitera que no se demostró la nulidad de dichos documentos. Del visado de las minutas alegadas por nulas, sobre los fundamentos de la certificación del Instituto Geográfico Militar, no conlleva la nulidad de los documentos, las eventuales irregularidades en los trámites administrativos no pueden generar nulidad de los contratos. Finalmente a la incorrecta valoración de la prueba pericial, el Tribunal Ad quem, observó que el perito Cristian Mercado Carrasco remitió un primer informe indicando que no se puede constatar las impresiones digitales de Remigia Ortiz Valencia en los documentos de transferencia por no ser aptas para el estudio dactiloscópico, razón por la que se pidió un informe complementario sobre los documentos de ratificación de venta, determinando que las huellas digitales corresponden a Remigia Ortiz Valencia, del análisis integral y conjunto de los medios probatorios, se concluye que las minutas y escrituras públicas de transferencia de 20 de mayo de 1996 además de las escrituras de ratificación de venta a favor de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana, Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi, fueron suscritos para concretar la venta de los inmuebles en cuestión, Remigia Ortiz Valencia ha expresado válidamente su voluntad en los documentos de transferencia.

Según la norma jurídica, doctrina y jurisprudencia aplicada al caso razonamos, que los contratos de compra-venta corresponden a la categoría de contratos consensuales, para su creación o concreción debe verificarse la manifestación de la voluntad de los contratantes, sin importar la forma del contrato, que puede ser constituido mediante documento público o privado, o en su defecto de manera verbal, lo trascendente es comprobar que las partes expresaron su consentimiento de forma libre, consciente y voluntaria, es en ese momento que se crea el contrato de compra-venta. La verdad material es un principio consagrado en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, que impone al juzgador averiguar la verdad de los hechos en la forma que acontecieron, es por ello que ante dos posiciones disímiles expuestas ante el órgano judicial en busca de justicia, la misma debe ser obtenida en base a la realidad de los hechos, llegando a ella por intermedio de todos los medios de prueba que la ley franquea a las partes, buscar la verdad material tiene como resultado generar en el juzgador plena convicción sobre las decisiones jurídicas que tome en cuanto a las pretensiones expuestas en la litis. El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas.

Con el fin de generar en el justiciable plena convicción, tenemos que los documentos de transferencia de Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas de Choquechambi cumplen con las formalidades legales dispuestas en los arts. 1295 y 1299 del Código Civil, cabe aclarar que la falta de forma en el contrato consensual no es una causal de nulidad o anulabilidad del documento, si bien el peritaje de fs. 666 a 673 señala que las impresiones digitales contenidas en la minuta de fecha 20 de mayo de 1996, el protocolo y documentación respaldatoria no son aptas para el estudio dactiloscópico, el reconocimiento voluntario de documento privado cursante a fs. 49 y 199 demuestra, que Remigia Ortiz Valencia se apersonó voluntariamente al Juzgado Cuarto de Instrucción de Cochabamba a efecto de reconocer sus huellas dactilares, desprendiéndose que corresponden sus impresiones digitales en el documento pretendido en nulidad, finalmente dicha transferencia se encuentra ratificada por la Escritura Pública Nº 1963 de 03 de septiembre de 1997 otorgado ante el Notario de Fe Pública Dr. Julio Márquez Balderrama de fs. 217 a 218 cuyo protocolo fue objeto de pericia dactiloscópica de fs. 783 a 790 teniendo como resultado que las huellas dactilares son del pulgar derecho de Remigia Ortiz Valencia, en conclusión no corresponde la nulidad pretendida por la parte demandante.

El análisis de los documentos pertenecientes a Celso Zambrana Vidal y  Flora Ríos de Zambrana merecen un análisis más profundo, es evidente que tanto el documento público como el privado no cuentan con la firma de un testigo, sin embargo la ausencia de los testigos no invalidan el acto por tener carácter de contrato consensual y no formal conforme se justificó en la doctrina del punto 3 Considerando III; asimismo, el examen grafológico de fs. 666 a 673 señala que las impresiones digitales contenidas en la minuta de fecha 20 de mayo de 1996,  protocolo y documentación respaldatoria no son aptas para el estudio dactiloscópico, pese a ello, la pericia dactiloscópica de fs. 783 a 790 concluye que  las huellas dactilares contenidas en la Escritura Pública Nº 1964 de 03 de septiembre de 1997 otorgado ante el Notario de Fe Pública Dr. Julio Márquez Balderrama de fs. 163 a fs. 164 pertenecen al pulgar derecho de Remigia Ortiz Valencia.

Los documentos de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana carecen de las formalidades previstas en los arts. 1295 y 1299 del Código Civil y 14 de la Ley del Notariado de 05 de marzo de 1858, dichas infracciones no invalidan el consentimiento prestado por las partes, por ende, no son causales de nulidad del contrato suscrito. Para verificar si evidentemente Remigia Ortiz Valencia presto su consentimiento de forma voluntaria, en la transferencia de 6.175,29 m2 a los indicados, corresponde valorar la verdad de los hechos en la forma que acontecieron, para ello este Tribunal verificó, que las minutas de los demandados cursantes a fs. 22 y 50, fueron otorgados el mismo día 20 de mayo de 1996, fueron redactados y rubricados por el mismo abogado Lucio Orellana Rosas, conteniendo un tenor parecido en cuanto a la redacción, las Escrituras Públicas Nros. 252 de 29 de mayo de 1996 de fs. 207 a 210 y 299 de 29 de junio de 1996 de fs. 159 a 162 ambas de transferencia de bien inmueble a favor de los demandados, son documentos públicos suscritos ante el mismo Notario de Fe Pública Dr. Humberto Angulo Hidalgo, llevan la firma de los mismos testigos instrumentales Jorge Flores y Humberto Delgadillo, coinciden también las Escrituras Públicas de ratificación de venta, ambas otorgadas el mismo día 03 de septiembre de 1997, ante el mismo Notario de Fe Publica Dr. Julio Márquez Balderrama, contienen el tenor similar con diferencias en cuanto a los compradores y el inmueble del cual se ratifica la venta, las Escrituras Públicas Nros. 1964 y 1963 de referencia, cursan de fs. 163 a 164 y fs. 217 a 218 respectivamente, estas escrituras públicas llevan la firma de la misma testigo a ruego Rosa Mendoza Vda. de Ortiz, y de los mismos testigos instrumentales Salma Velásquez Callau y Severino Orellana Acha, finalmente, no es menos importante la pericia dactiloscópica realizada sobre los protocolos de las Escrituras Públicas Nros. 1964 y 1963, cuyo peritaje de fs. 783 a 790 demuestra que las impresiones digitales del documento público de ratificación de venta a favor de los demandados corresponden al dígito pulgar derecho de Remigia Ortiz Valencia.  Debe considerarse que la falta de alguna formalidad contenida en los contratos, no puede resistir la verdad material de los hechos.

El principio constitucional de verdad material desarrollado en el punto 2 del
Considerando III orienta a la autoridad judicial conducir sus decisiones buscando la verdad de los hechos en la forma que acontecieron, bajo dicho criterio, se concluye que Remigia Ortiz Valencia consintió la venta a favor de Celso Zambrana Vidal y Flora Ríos de Zambrana de la superficie de terreno 6.175,29 m2 En atención a lo fundamentado, resulta que el Tribunal Ad quem no interpreto erróneamente la ley ni aplicó indebidamente los arts. 549 num. 1) y 3),  1299 del Código Civil y 14 de la Ley del Notariado de 05 de marzo de 1858.

El punto cuatro del recurso de casación, reclama que la falta de visado por parte del Instituto Geográfico Militar configuraría la nulidad por causa y motivo ilícito según los arts. 489 y 490 del Código Civil, el pronunciamiento del Tribunal Ad quem en cuanto a este punto es correcto, pues la inobservancia de trámites administrativos no corresponde como causal de nulidad según la legislación civil, no hay norma nacional, departamental o municipal que imponga la nulidad por razones puramente administrativas.

Respecto al punto seis, los demandantes objetan que las Escrituras Públicas Nros. 1963/97 y 1964/97 de ratificación de venta, no pueden otorgar validez a las minutas de 20 de mayo de 1996, por cuanto opera la nulidad con carácter retroactivo conforme el art. 547 del Código Civil, en el proceso no se demostró con ningún medio probatorio que las huellas digitales contenidas en todos los documentos objeto de nulidad, no pertenezcan a Remigia Ortiz Valencia, asimismo, ampliamente se explicó que no es viable la nulidad alegada por los demandantes, en ese sentido, las escrituras públicas objetadas en este punto tienen valor legal para la ratificación de venta a favor de los demandados, además que demuestra la verdad material de los hechos según se argumentó.

Finalmente en el punto ocho, observan la errónea valoración de la prueba de inspección judicial a las oficinas notariales donde se encuentran los documentos objeto de nulidad, en donde se verificó que las huellas dactilares de Remigia Ortiz Valencia son ilegibles en las minutas de 20 de mayo de 1996, objetando que el juez no dispuso la presencia del perito Cristian Mercado Carrasco, el art. 187.II del Código Procesal Civil, señala: “al decretar la inspección, individualizara su objeto y determinara el lugar, fecha y hora de su realización dentro de los diez días siguientes, pudiendo disponer la concurrencia de peritos o testigos.”. El artículo transcrito, faculta al juez disponer o no la concurrencia de peritos en el acto de inspección judicial, por cuanto la inconcurrencia del perito en la audiencia de inspección ocular no fue determinante para la resolución del proceso, considerando además que el peritaje al igual que la inspección ocular precisan que las huellas dactilares de Remigia Ortiz Valencia son ilegibles.

En atención a lo argumentado corresponde fallar conforme el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 985 a 992 vta.  interpuesto por Guillermo Terrazas Ortiz y Modesta Terrazas Ortiz, contra el Auto de Vista de fecha 22 de octubre de 2018 cursante de fs. 972 a 982 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con costas y costos.

Se regula el honorario del abogado que respondió el recurso de casación, en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.