TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 616 /2019

Fecha: 25 de junio de 2019

Expediente: B-4-19-S.

Partes: Humberto Sosa Pérez. c/ Antonio Parada Suárez y Florinda Sosa Pérez.

Proceso: Acción reivindicación y acción negatoria.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 95 a 97 vta., interpuesto por Antonio Parada Suárez y Florinda Sosa Pérez, contra el Auto de Vista Nº 209/2018 de 8 de noviembre, cursante de fs. 92 a 93, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso sobre Acción reivindicación y acción negatoria, seguido por Humberto Sosa Pérez contra los recurrentes; la contestación de fs. 101 a 102 vta.; Auto de concesión de fs. 104; Auto Supremo de admisión Nº 148/2019-RA de 25 febrero, cursante de fs. 109 a 110 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Humberto Sosa Pérez, interpuso demanda de acción negatoria y reivindicación de un inmueble ubicado en la urbanización “El Mangalito”, manzano “D”, lote Nº 3 , de una superficie de 374,80 m2, registrado en Derechos Reales bajo la matrícula Nº 8.01.1.01.0005620 de fs. 33 a 35; acción dirigida contra Antonio Parada Suárez y Florinda Sosa Pérez, quienes una vez citados con la demanda responden de forma negativa y reconvienen Nulidad de inscripción de partida a través de memorial de fs. 52 a 57.

2. Desarrollándose el proceso en el Juzgado Público y Comercial Nº 3 de la ciudad de Trinidad, hasta dictarse Sentencia Nº 144/2017 de 29 de junio, cursante de fs. 69 a 71, declarando PROBADA la demanda de acción negatoria y reivindicación e IMPROBADA la acción reconvencional sobre nulidad, disponiendo la restitución del lote de terreno que detenta.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrido de apelación por Antonio Parada Suárez y Florinda Sosa Pérez, mediante memorial de fs. 74 a 75 vta.; la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, emitió  Auto de Vista Nº 209/2018 de 8 de noviembre, cursante de fs. 92 a 93, CONFIRMANDO la sentencia. Bajo la siguientes fundamentación:

Refiere que el A quo fija el objeto de la prueba y puntos de hecho a demostrar sobre la reconvención señalando lo argumentado en sentencia “…sobre la reconvención que es la nulidad de registro y escrituras públicas de compra-venta (…) en este caso el reconvencionista no funda su demanda en alguna de las causales, sin embargo en el transcurso del proceso y, a insistencia de la parte demandante en audiencia trata de vincular su causal de nulidad a la previsión contenida en el art. 549-2 del CC, es decir que en el contrato no existe objeto (…) la parte demandante, ha demostrado su derecho propietario que no ha sido enervado por la parte demandante en la causal alegada, no existe falta de objeto del contrato, por una supuesta falta de traditio. El formulario de DDRR es simplemente enunciativo, implica que debajo de las anotaciones del folio existe una carga documental sobre la que el reconvencionista no ha demostrado nada”, de ese contexto concluyeron que no percibieron ninguna incongruencia porque los términos planteados en audiencia preliminar fueron resueltas en su integridad, además que no se observa ninguna impugnación de las partes respecto de la determinación de la pretensión reconvenida, el objeto del proceso y los hechos que emana la pretensión.

4. Fallo de segunda instancia que fue recurrida en casación por Antonio Parada Suárez y Florinda Sosa Pérez mediante el memorial de fs. 95 a 97 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se observa que Antonio Parada Suárez y Florinda Sosa Pérez, en lo transcendental de dicho medio de impugnación acusa:

Que el juez de la causa no puede modificar la pretensión jurídica, es decir que no puede imponer al demandante el deber de probar hechos que no han sido objeto de controversia, como ocurrió en la presente causa, donde el A quo fijó como punto de hecho probar la existencia de causales de nulidad del contrato del art. 549 num. 2) del CC, aspecto que fue confirmado por el auto de vista, sin embargo el objeto de la demanda era la nulidad del registro del documento de transferencia en Derechos Reales y la cancelación de la partida, por la falta de objeto en el contrato, la forma prevista como requisito de validez e ilicitud de la causa o lo que motivo a celebrar dicho contrato, vulnerándose los arts. 116 num. 3) y 213.I del Código Procesal Civil. 

Petitorio.

Solicita emisión del auto supremo declarando anular obrados hasta fs. 63, o el reinicio del juicio en base a las pretensiones deducidas por las partes.

Contestación del recurso de casación de fs. 101 a 102 vta.

El recurso de casación de la parte demandada claramente evidencia que la fundamentación es ambigua, haciendo referencia a la forma, cuando sus expresiones debieron hacerlo en fondo, adecuando con irregularidad a lo que establece el art. 274 num. 3) de la Ley Nº 439, tampoco se menciona exactamente las causales del recurso de casación en el fondo, solo hace mención de manera general a la posibilidad de platear casación en la forma y el fondo, sin embargo las causales para ambas son las mismas, además de manera indiscriminada y desordenada se hace referencia a las actuaciones que considera violatoria tanto del A quo como del Tribunal Ad quem, por lo que no indica cuales normas hubieran sido violadas o aplicadas indebidamente en lo que consiste la infracción, la violación, falsedad o error, omitiéndose describir de manera individualizada  la actuación y vulneración de las normas de cada instancia. Solicitando se declare improcedente o infundado el recurso más la condenación de costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la legitimación.

El art. 115.I de la Constitución Política del Estado, señala lo siguiente: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, precepto constitucional que establece que la defensa de los derechos y los intereses legítimos de las personas, debe ser protegida por los operadores judiciales, es decir que la función jurisdiccional, se active siempre y cuando se trate de los intereses legítimos, tanto de la parte demandante quien debe tener legitimación activa para interponer una acción, como de la parte demandada que debe tener legitimación pasiva para oponerse a la acción demandada o reconvenir si así lo considera necesario.

En este entendido, diremos que la legitimación define la posibilidad de acceder ante el órgano jurisdiccional en función de la relación que tienen las partes con el objeto del proceso, -objeto- que vincula a las partes con la relación jurídico material que se discute y se pretende resolver en proceso, por lo que puede decirse que es la facultad de promover e intervenir en un proceso concreto como parte activa o pasiva; en el caso concreto de la legitimación pasiva diremos que esta implica la idoneidad de la parte demandada para comparecer a la demanda; es decir, que a quien se demanda tenga o sea titular de los derechos u obligaciones, que el demandante a través de su acción pretende que se aclaren en el proceso. 

En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en sus diversos fallos entre ellos el Auto Supremo Nº 140/2013 de 02 de abril, ha orientado que: “Dada la problemática planteada, es necesario establecer que para la existencia de un proceso, concurran a la vez dos posiciones, una activa y otra pasiva, con capacidad para ser y actuar como parte en un proceso, frente a un tercero imparcial -Juez-, con el fin de sustanciar una pretensión; sin embargo eso no es suficiente para la integración jurídico procesal, tanto desde el lado activo -demandante-, como pasivo (demandado), ya que es preciso que tengan una relación causal con el objeto litigioso que les confiera el derecho a ejercitar una concreta pretensión con relación al mismo o a oponerse a ella, es decir la relación jurídico-material.

En el caso en cuestión bajo los parámetros señalados de principio referidos a la pretensión de la demanda y los argumentos esgrimidos por el opositor para solicitar se le considere como legitimado pasivo para ser demandado, no cabe la posibilidad de discutir aquello y pueda ser integrado a la litis, pues no existe esa necesaria relación causal con el objeto litigioso que le pudiera conferir el derecho a ejercitar oposición con relación a la pretensión concreta… Estableciéndose que el recurrente no puede arrogarse titularía de ese derecho de oposición…”.

Así también a través del Auto Supremo Nº 198/2015  L de 20 de marzo, se  señaló que: “Previamente es necesario recurrir a la doctrina, al efecto corresponde citar a Lino E. Palacio quien en su obra "Derecho Procesal Civil", Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal”.

“Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa".

Por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación". De lo que queda claro que no debe confundirse aquella con la capacidad procesal, puesto que una persona puede ser perfectamente capaz y carecer de legitimación.

Sobre la legitimación para instaurar una nulidad por un tercero, en conformidad a lo dispuesto por el art. 551 del Código Civil este Tribunal ha emitido el Auto Supremo Nº 664 de 6 de noviembre de 2014 en la que se ha señalado lo siguiente: “De manera general se tiene que la nulidad de un contrato puede ser pretendida por las partes del contrato o finalmente por sus causahabientes o herederos, toda vez que se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes conforme manda el art. 524 del Código Civil, quienes tienen la legitimación activa para pretender la nulidad del mismo. Por otro lado, también es posible que la nulidad de un contrato pueda ser instada por un tercero  que no fue parte de la relación contractual que se pretende invalidar, en este caso, cuando la nulidad es pretendida por un tercero el art. 551 del Código Civil indica: “la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo”, entendiéndose que el interés legítimo configura la legitimación activa para poder demandar, configurándose esa legitimación en un presupuesto de admisibilidad de la demanda que debe ser analizada por los Jueces al momento de admitir la demanda; por lo tanto el interés legítimo debe ser demostrado ab initio al momento de la presentación de la demanda y los Jueces tiene el deber de exigir dicha prueba a tiempo de admitirla porque de ella depende la acreditación de la legitimación activa del actor, que constituye presupuesto de admisibilidad como se señaló.

En ese entendido, también corresponde establecer qué es lo que se entiende por el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad, configura el llamado interés legítimo, en otras palabras los efectos generados por el contrato o acto jurídico cuya invalidez se pretende que entren en pugna con el derecho subjetivo del cual es titular la persona que demanda.

La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos.

Convengamos entonces que la norma permite accionar la nulidad cuando el interesado ostenta un derecho subjetivo no hipotético que dependa actual e inmediatamente de la invalidez del acto jurídico, siendo ese el interés legítimo que debe demostrar para acreditar la legitimación activa, es decir el interés legítimo está limitado al interés personal que emerge del derecho subjetivo en función inmediata de la nulidad del contrato.

En el caso presente, Esperanza Tapia Castellón demanda la nulidad de la escritura de transferencia privada de fecha 13 de julio de 1979, suscrita entre Hugo Antelo Zankys y Felipe Canaviri Soliz, la nulidad de las escrituras públicas Nº 1358 de fecha 30 de abril de 1998, suscrita entre Felipe Canaviri Soliz y Carlos Nina Sacari y Nº 2378 de fecha 20 de julio de 1998, suscrita entre Carlos Nina Sacari y Andrés Zurita Ayala; acción que la dirigió en contra del ultimo propietario (Andrés Zurita Ayala) del lote de terreno Nº 38 de una superficie de 583 m2, situado en la U.V. 99 manzana Nº 4, zona este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La parte actora en la demanda de fs. 5 a 7 argumentó que cuenta con “legítimo derecho propietario sobre el inmueble urbano descrito”, también señalo que es “titular y propietaria del inmueble urbano”, por otro lado señaló que se encuentra en posesión del mismo por más de 14 años, argumentos de la parte actora para tratar de avalar su interés legítimo que en el caso de autos fue aceptado por los Tribunales de instancia, sin mayor análisis ni acreditación.

De lo descrito de manera general se debe entender que la presente causa de nulidad fue instaurada por un tercero ajeno a los contratos descritos en la litis, la parte demandante, a más de alegar interés en la causa, debió demostrar ab initio el derecho subjetivo cuya titularidad alegaba y que entre en pugna con los efectos generados por los contratos cuya invalidez pretende, en concreto debió acreditar el pretendido derecho de propiedad que alegaba sobre el inmueble, porque dicha titularidad constituye en la presente causa el derecho subjetivo que entraría en pugna con el derecho del demandado lo que en definitiva constituiría el interés legítimo alegado por la parte actora, aspecto que debió ser exigido a tiempo de admitir la demanda, porque como se indicó, el interés legítimo se constituye en presupuesto de admisibilidad referido precisamente a la legitimación activa que tendría la parte actora; derecho subjetivo que debe ser real y no hipotético y cuya validez y eficacia dependa inmediatamente de la invalidez del acto jurídico que se pretende anular, siendo ese el interés legítimo que debió ser analizado por el juez A quo a tiempo de admitir la demanda. Por lo dicho, en el caso presente con la nulidad pretendida la situación jurídica de la parte actora no cambia porque no es titular de ningún derecho subjetivo cuya validez o eficacia dependa de la nulidad pretendida, toda vez que la actora se constituye en detentadora del bien inmueble, del cual no tiene ningún derecho real que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo, no cursa en obrados prueba alguna que haga presumir que la actora cuenta con interés legítimo en la presente demanda de nulidad de contratos suscritos por terceros que no tienen ninguna relación con la actora, por lo que se hace evidente que la pretensión deducida por la misma se subsume a lo que en doctrina se conoce como improponibilidad subjetiva la cual fue desarrollada por este Tribunal en los A.S. Nº 153/2013 de 8 de abril 2013, Nº 346/2013 de 15 de julio 2013, entre otros, los cuales de manera general orientan sobre las condiciones subjetivas, necesarias para interponer una demanda o pretensión, las cuales decantan sobre el interés sustancial (legitimación sustancial) en el actor para proponer la pretensión. La posesión en la que dice encontrarse respecto al inmueble de propiedad del demandado no configura interés legítimo para pretender la nulidad demandada, toda vez que son otras las pretensiones que puede originarse en la posesión argüida…”.



CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De la revisión del recurso de casación se advierte que los recurrentes con una notoria falta de técnica recursiva observó un punto de la sentencia de primer grado, así como del auto de vista recurrido, sin precisar o determinar cual resulta el reclamo en sí, para luego de manera incongruente solicitar la nulidad de lo obrado, empero, del análisis de todo su contexto se ha rescatado un argumento, que en criterio de este Tribunal constituiría como un agravio formulado por los recurrentes.  

Del recurso de casación se extrae un reclamo donde acusa que el juez de la causa no puede modificar la pretensión jurídica, es decir que no puede imponer al demandante el deber de probar hechos que no han sido objeto de controversia, como ocurrió en la presente causa, donde el A quo fijó como punto de hecho probar la existencia de causales de nulidad del contrato del art. 549 num. 2) del CC, aspecto que fue confirmado por el auto de vista, sin embargo el objeto de la demanda era la nulidad del registro del documento de transferencia en Derechos Reales y la cancelación de la partida, por la falta de objeto en el contrato, la forma prevista como requisito de validez e ilicitud de la causa o lo que motivo a celebrar dicho contrato, vulnerándose los arts. 116 num. 3) y 213.I del Código Procesal Civil. 

De la revisión de obrados dentro de la controversia los demandados, plantearon demanda reconvencional de nulidad del registro del documento de transferencia en Derechos Reales, argumentando sobre el terreno en litis (reivindicación), donde se encuentra viviendo aproximadamente más de 15 años, alegando que el demandante adquirió dicha propiedad mediante compraventa de la Junta de Vecinos “El Mangalito”, inmueble que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la matricula Nº 8.01.1.01.0005620, sin embargo por certificación de Derechos Reales emitido por la sub registradora señaló “que la junta de Vecinos el Mangalito no posee ningún bien inmueble urbano ni rustico inscrito a su nombre en esta oficina de Derechos Reales”, de lo citado los recurrentes cuestionan como el demandante Humberto Sosa Pérez, realizó el registro dicho terreno, si la Junta de Vecinos “El Mangalito”, no poseía ningún inmueble según Derechos Reales.

Con respecto al recurso de casación, que reclama sobre la pretensión de la nulidad de inscripción en Derechos Reales y que ambas instancias declararon improbada la demanda reconvencional señalando “…sobre la reconvención que es la nulidad de registro y escrituras públicas de compra-venta (…) en este caso el reconvencionista no funda su demanda en alguna de las causales, sin embargo en el transcurso del proceso y, a insistencia de la parte demandante en audiencia trata de vincular su causal de nulidad al previsión contenida en el art. 549-2 del CC, es decir que en el contrato no existe objeto (…) la parte demandante, ha demostrado su derecho propietario que no ha sido enervado por la parte demandante en la causal alegada, no existe falta de objeto del contrato , por una supuesta falta de traditio. El formulario de DDRR es simplemente enunciativo, implica que debajo de las anotaciones del folio existe una carga documental sobre la que el reconvencionista no ha demostrado nada…”, de ese contexto los de segunda instancia no observaron incongruencia en la Sentencia del A quo, además los demandados reconvencionistas de lo argumentado en su recurso de casación y de revisión del cuaderno procesal se evidencio por actas de la audiencia preliminar y complementaria de fs. 63 a 68 vta., donde la parte demandada o reconvencionista argumenta las causales del art. 549 num. 1) y 3) del CC, señalando “…el contrato el objeto la forma prevista por la ley como requisito de valides para acreditar el derecho propietario al faltar el tracto sucesivo de quien adquirió es totalmente falso, también por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulso a celebrar el contrato…”, bajo esos fundamentos es que el juez de primera instancia establece las causales de nulidad, determinando los puntos de debate en base a esas causales, los cuales no fueron observadas por los recurrentes, operando el principio de convalidación y preclusión, resultando ilógico pretender aspectos que fueron confirmados con su silencio.

Al margen de lo señalado cabe resaltar otro tema para lo cual debemos reiterar lo expuesto en el punto III.1, debido a que un requisito indispensable para la interposición de una pretensión es preciso que tengan una relación causal con el objeto litigioso que les confiera el derecho a ejercitar una concreta petición con relación al mismo o a oponerse a ella, es decir la relación jurídico-material, además que la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo, entendiéndose que el interés legítimo configura la legitimación activa para poder demandar, configurándose esa legitimación en un presupuesto de admisibilidad de la demanda que debe ser analizada por los jueces al momento de admitir la demanda; por lo tanto el interés legítimo debe ser demostrado Ab initio al momento de la presentación de la demanda y los jueces tiene el deber de exigir dicha prueba a tiempo de admitirla porque de ella depende la acreditación de la legitimación activa del actor, que constituye presupuesto de admisibilidad.

Empero, se observa en obrados que los reconvencionistas al plantear la acción de nulidad de registro del documento de transferencia en las oficinas de Derechos Reales, carece de legitimación para la demanda reconvencional, correspondiendo establecer el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, siendo por lo aparejado del cuaderno jurisdiccional los ahora recurrentes no demostraron en el transcurso del proceso con ningún medio de prueba, el interés legítimo sobre la nulidad de registro del documento de transferencia en Derechos Reales,  motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad conforme al punto III.1, careciendo del derecho a demandar la nulidad expuesta, por lo que su reclamo de forma no posee convicción para anular obrados, de manera que deviene por infundado el recurso.

Por los razonamientos expuestos, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 95 a 97 vta., interpuesto por Antonio Parada Suárez y Florinda Sosa Pérez, contra el Auto de Vista Nº 209/2018 de 8 de noviembre, cursante de fs. 92 a 93, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000, para el abogado que respondió al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.

GWAB