TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 614/2019

Fecha: 25 de junio de 2019

Expediente: SC-16-19-S.

Partes: Lucy Callau Montero c/ Aida Ortiz Burgos, René Gutiérrez Soliz, Enrique Clever Meneses Peña y Abraham Raúl Cairo Barba.

Proceso: Nulidad de contrato de transferencia y cancelación de registro.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1048 a 1057 vta., interpuesto por Lucy Callau Montero mediante su representante legal Bella Carrillo Gutiérrez contra el Auto de Vista Nº 278/18 de 6 de septiembre, cursante de fs. 1031 a 1033, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato de transferencia y cancelación de registro, interpuesto por la recurrente contra Aida Ortiz Burgos, René Gutiérrez Soliz, Enrique Clever Meneses Peña y Abraham Raúl Cairo Barba; el memorial de contestación a dicho recurso que cursa de fs. 1060 a 1062; el Auto de concesión del recurso de 06 de diciembre de 2018 cursante a fs. 1063; Auto Supremo de Admisión Nº 171/2019-RA de 27 de febrero de fs. 1069 a 1070 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Lucy Callau Montero mediante su representante legal Bella Carrillo Gutiérrez interpuso demanda de nulidad de contrato de transferencia, derecho propietario de un bien inmueble y cancelación de registro propietario de Escrituras Públicas Nº 276/2014, 373/2015 y 569/2015, en relación a un inmueble ubicado en la calle México Nº 95, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Nº 7.01.199.0086199 de fs. 145 a 152 vta., subsanada y ampliada por memoriales cursantes de fs. 160 a 162 vta., a fs. 166 y vta., y de fs. 169 a 170; acción que fue dirigida contra Aida Ortiz Burgos, René Gutiérrez Soliz, Enrique Clever Meneses Peña y Abraham Raúl Cairo Barba, quienes una vez citados, René Gutiérrez Soliz y Aida Ortiz Burgos por memorial cursante de fs. 271 a 280 vta., contestaron la demanda e interpusieron excepciones; por otro lado Enrique Clever Meneses Peña por memorial de fs. 282 a 288 vta., contestó la demanda en forma negativa e interpuso demanda reconvencional de reconocimiento judicial de legalidad y validez de documentos; finalmente, Abraham Raúl Cairo Barba se apersonó al proceso y contestó la demanda cursante a fs. 481 y vta.

2. Desarrollándose de esta manera el proceso, hasta dictarse Sentencia Nº 67/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 967 a 977, donde el Juez Público Civil y Comercial Octavo de la ciudad de Santa Cruz, declaró IMPROBADA la demanda principal y PROBADA la demanda reconvencional interpuesta por Enrique Clever Meneses Peña; sin costas por ser juicio doble.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Lucy Callau Montero mediante su representante legal Bella Carrillo Gutiérrez a través del memorial de fs. 979 a 988 vta., la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 278/18 de 06 de septiembre cursante de fs. 1031 a 1033, ANULANDO obrados hasta fs. 748 inclusive, ordenando al juez de la causa que continúe con el trámite de ejecución sobre lo acordado de manera voluntaria por las partes en el acta de audiencia complementaria de 30 de marzo de 2017 que cursa a fs. 747. Bajo la siguiente fundamentación:

Debido a la existencia del acta de audiencia complementaria donde se acredita la conciliación de las partes en el proceso, llegando a un acuerdo de cancelar a la parte demandante la suma $us.100.000, correspondiente a los gastos, honorarios y reintegro en el plazo de 5 meses, a partir de la suscripción del acuerdo final entre partes, suponiendo dar por concluida la litis, quedando únicamente pendiente el cumplimiento de los acordado en dicha acta de conciliación, por lo que no se invalidaría tal compromiso, advirtiendo que la juez y sus predecesores en suplencia legal al haber continuado la tramitación del proceso han obrado desconociendo los efectos que conlleva la conciliación de las partes. Por otra parte se debe tener en cuenta que al dictar sentencia han obrado sin tener competencia, conforme a lo determinado en el art. 16 num. 4) de CPC, al haber concluido el proceso ordinario en conciliación.

4. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Lucy Callau Montero mediante su representante legal Bella Carrillo Gutiérrez por memorial de fs. 1048 a 1057 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se observa que Lucy Callau Montero mediante su representante legal Bella Carrillo Gutiérrez, en lo transcendental de dicho medio impugnatorio acusa:

1. Que el Auto de Vista ignoró la sentencia que estableció el objeto del proceso de la demanda, concluyendo en anular obrados por falta de motivación y fundamentación, atentando el debido proceso.

2. Alegó que el A quo certificó legalidad de la firma de la demandante en los documentos de transferencia, poder y préstamo, así como la capacidad de la actora para apersonarse al Banco y realizar cobros, sin embargo, el Ad quem no fundamentó la decisión y anuló obrados.

3. Reclamó que la juez de la causa manifestó en su resolución, el cumplimiento del co-demandado Enrique Clever Meneses Peña por haber remitido toda documentación y antecedentes, efectuando a la cabalidad su ética, transparencia, responsabilidad y eficacia, por el asesoramiento de los actos notariados (documentación adjuntada dentro del proceso), empero los de segunda instancia omiten todas las literales existiendo falta de motivación y fundamentación.

4. Aduce que el informe pericial de fs. 484 a 503, elaborado por el perito Kiko Nikitta Bernal V., sobre las firmas de la minuta, el reconocimiento de firma, acta de Protocolo Nº 276/2014, relativo al Poder Nº 373/2015, concluyó que las firmas no habrían sido pulsadas por la actora, sin embargo, el Tribunal de alzada no fundamentó nada al respecto.

5. Acusó la falta de motivación y fundamentación de la sentencia sobre las pruebas de cargo y descargo producidas en la tramitación del proceso que son: inspección judicial, confesión provocada, testificales, prueba pericial complementaria, violando el debido proceso y el derecho a la defensa.

6. Denunció a la juez de primera instancia por la omisión valorativa de las pruebas, fundamentación positiva o negativa y motivación, atentando al debido proceso, sin embargo, los jueces de grado no realizan mención alguna sobre los puntos de la resolución de primera instancia, resolviendo anular obrados y perjudicando a las partes.

Petitorio.

Solicita se dicte Auto Supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta la sentencia, o case el Auto de Vista.

Contestación del recurso de casación cursante de fs. 1060 a 1062.

Los demandados alegan que no es cierto que el Auto de Vista no fundamenta su resolución, cuando de forma amplia y clara argumentó jurídicamente el haber existido una conciliación intra procesal, la misma tiene calidad de sentencia ejecutoriada, siendo una forma de concluir el proceso, estando en error la recurrente aduciendo que el Auto de Vista ingrese a considerar agravios del recurso de apelación, además que el recurso de casación no cumple con la normativa establecida en los arts. 274 y 276 de CPC, por lo que no expresa con precisión que normas serian infringidas y violadas, ya se trate de un recurso en el fondo o la forma, ya que solo hace mención que el Auto de Vista anuló y les perjudicó. Los demandados solicitan que se declare improcedente el recurso de casación de la parte demandante con imposición de costos y costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL PRESENTE CASO

III.1. De la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC Nº 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. 

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”. 

El art. 213.II del Código Procesal Civil, dispone que “la sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda”; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional, se aplica también a la resolución de segunda instancia.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la resolución de alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues al Tribunal de alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco le es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa de indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente.

III.2. De la correcta técnica recursiva contra el Auto de Vista anulatorio.

En relación sobre el tema el Auto Supremo Nº 55/2015, de fecha 29 de enero de 2015, ha razonado en sentido de que: “… si bien existe la posibilidad de plantear recurso de casación tanto en el fondo como en la forma, empero debe comprenderse cabalmente que cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por errores en la resolución de fondo o en la resolución de la controversia misma, en este caso los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia… siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que en base a una correcta interpretación o aplicación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, resuelva el fondo del litigio. En tanto que si se plantea el recurso de casación en la forma, se lo hace por errores de procedimiento… siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, lo primero sucede cuando la resolución recurrida contiene infracciones formales y, lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del mismo y que se encuentren sancionadas con nulidad por la ley. Finalmente, en cuanto al petitorio en uno u otro tipo de recurso también difiere, pero en caso de interponerse al mismo tiempo ambos recursos (forma y fondo), no es correcto solicitar simplemente que se case la resolución recurrida o se anule la misma, la petición tendrá que ser de manera alternativa porque la finalidad de ambos recursos son diferentes, cuyos fundamentos deben ser desarrollados diferenciándose claramente el uno del otro… es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente… Por otro lado se debe considerar que este Tribunal Supremo ha establecido que contra una Resolución anulatoria de obrados, no corresponde plantear sino el recurso de casación en la forma, en el entendido que al ser anulatoria el Tribunal inferior no ingresa a analizar el fondo de la problemática, es decir no emite Sentencia de segundo grado, por lo que se hace imposible que el Tribunal de Casación habilite su competencia. En ese sentido cuando se plantea recurso de casación en el fondo contra una Resolución sea anulatoria, éste indudablemente será declarado improcedente.”.

CONSIREDANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta la doctrina aplicable al caso, corresponde manifestar que de una prolija revisión del contenido ampuloso del recurso de casación, se advierte que la recurrente, con una notoria falta de técnica recursiva realizó observaciones generales a varios puntos que no condicen con la argumentación expresada en el Auto de Vista, pues no se precisa ni se determina cual resulta el reclamo en sí, empero tomando en cuenta que el nuevo diseño constitucional garantiza el principio de impugnación, se ha procedido a analizar todo el contexto del referido recurso, del cual se ha rescatado los argumentos que en criterio de este Tribunal constituyen los reclamos formulados por la recurrente, respecto a los cuales se emitirán las debidas consideraciones con su respectiva conclusión de la presente causa, en principio los de forma.

Del recurso de casación se extrae los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, guardando similitud respecto a la valoración de la prueba realizada por el A quo al certificar la legalidad de la firma de la demandante en los documentos de transferencia e informe pericial de fs. 484 a 503, elaborado por el perito Kiko Nikitta Bernal V., concluyendo que la firma de la minuta, el reconocimiento de firma, acta de Protocolo Nº 276/2014, relativo al Poder Nº 373/2015 (que no habrían sido pulsadas por la parte actora), además de las pruebas de cargo y descargo producidas en la tramitación del proceso que son: inspección judicial, confesión provocada, testificales, prueba pericial complementaria, violando el debido proceso y derecho a la defensa, sin embargo el Ad quem con total falta de fundamentación y motivación anuló obrados.

Del contexto del recurso se infiere que gira en entorno a la falta de motivación  como fundamentación en la que el Auto de Vista anuló obrados a efectos de generar una argumentación jurídica clara, es sustancial precisar los antecedentes del proceso, por memorial de fs. 145 a 152 vta., fs. 160 a 162 vta., a fs. 166 y vta., y de fs. 169 a 170, interpuso demanda de nulidad de contratos de transferencia y cancelación de registro de los documentos públicos, como la minuta de transferencia de 4 de marzo de 2015, con reconocimiento de firmas y rúbricas, protocolo de transferencia del inmueble por Testimonio Nº 569/2015 de 9 de septiembre, poder especial, amplio y suficiente Nº 373/2015 de 4 de marzo, otorgado a Aida Ortiz Burgos (demandada) y documento de préstamo con garantía hipotecaria Nº 276/2014 de 7 de mayo, alegando que dichos documentos son fraudulentos, debido a que no suscribió ningún tipo de transferencia por la actora y que se hubieran aprovechado los demandados por el mal estado de salud en que se encuentra la demandante.

En el transcurso del proceso se produjeron pruebas de cargo y descargo, inspección judicial, testificales, confesión provocada, documentación adjunta por memoriales de demanda, contestación y reconvención, también el examen del perito de los documentos de la firma y huellas pulsadas en los documentos, prueba pericial con sus respectivos informes que son: documentológico, dictamen pericial y dactiloscopia, por lo que la juez de primera instancia llega a la convicción de que los documentos suscritos y cuestionados son auténticos, declarando improbada la demanda de nulidad de transferencia de los contratos.

Sin embargo el Ad quem en su Auto de Vista anuló obrados hasta fs. 748, señalando “…si bien es cierto en su texto inserta la frase "el plazo para el pago total del acuerdo es de 5 meses a partir de la suscripción del acuerdo final entre las partes…", empero, no es menos cierto que dicho párrafo no invalida el acuerdo voluntario de partes asumidos en un Acto intra procesal de la Conciliación sobre el pago de $us. 100.000. (cien mil 00/100 dólares americanos) que se comprometieron a realizar los Sres. RENE GUTIERREZ SOLIZ Y AIDA ORTIS BURGOS a favor de la Sra. LUCY CALLAU MONTERO.… Por otra parte se debe tener en cuenta que la jueza a quo al dictar la SENTENCIA de fecha 06 de abril del año 2018 cursante de Fs. 967 a 977 ha obrado sin tener competencia conforme  a lo determinado por el artículo 16-4) del Código Procesal Civil, pues al haber concluido el presente proceso judicial vía conciliación de las partes…” de ese contexto se extrae que los de segunda instancia anularon obrados, debido a que el acuerdo entre las partes, suscrito en la acta de audiencia complementaria de 30 de marzo de 2017 de fs. 747 y vta., da por concluido la presente litis, quedando simplemente pendiente el cumplimiento acordado en dicha acta de conciliación para poner fin a la presente controversia, llegando a conciliar con el pago de la suma $us.100.000 a favor de la parte demandante por costos, honorarios y reintegro, por lo que se evidencia que la resolución de alzada se encuentra motivada y fundamentada, ahora que las partes están de acuerdo con esos fundamentos es un tema que no está vinculado a la motivación.

Por otro lado cabe resaltar que el recurso de casación de la recurrente engloba todos los reclamos dirigidos contra la argumentación expuesta por la Juez de primera instancia en su Sentencia, respecto a la valoración probatoria adjuntada y producida en el cuaderno jurisdiccional, sin embargo tal impugnación se aleja o se encamina por otro lado, ya que por antecedentes expuestos el Auto de Vista que anuló obrados hasta fs. 748, en cuyo mérito contra esta determinación no es viable el recurso de casación en el fondo, toda vez que al haber anulado obrados el Tribunal de segunda instancia, no se ha pronunciado sobre el fondo de la pretensión o del recurso de apelación, no resultando lógico interponer recurso de casación contra cuestiones de fondo que nunca fueron objeto de pronunciamiento por el Ad quem, resultando viable únicamente el recurso de casación en la forma para impugnar los motivos que han dado origen a la nulidad de obrados dispuesta, para que este máximo Tribunal analice si los motivos por los cuales se ha dispuesto la nulidad asumida son correctos, y en el caso de Autos, la recurrente expresó sus reclamos sobre el recurso de casación en el fondo, acusando que la Juez se limitó a resolver la causa en base a las pruebas adjuntas al proceso y su valoración que la recurrente solo argumenta contra la sentencia y cita en todos los reclamos “Agravio.- sobre este aspecto, el Auto de Vista no hace mención, solo anula y me perjudica, NO hace ninguna fundamentación ni motivación, solo hace labor de cita de antecedentes, atentando contra ellos el debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, además de derecho a la defensa porque si no motiva su decisión no sabré qué reclamar”, por lo que se puede establecer que la demandante manifiesta como agravio la existencia de denuncias que atacan al fondo de la Litis, orientando su reclamo, a que este Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y emita un Auto Supremo que case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley, empero como ya se dijo contra una resolución anulatoria procede únicamente el recurso de casación en la forma, siendo que si la parte recurrente no estaba de acuerdo con la resolución anulatoria emitida por el Ad quem, debió recurrir esta resolución a través del recurso de casación en la forma, pues dada la naturaleza anulatoria de Auto de Vista recurrido, no es posible plantear recurso de casación en el fondo, por lo fundamentado supra y conforme al punto III.2 de la doctrina aplicable, deviene por infundado el recurso de casación en su totalidad.

Por los razonamientos expuestos, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1048 a 1057 vta., interpuesto por Lucy Callau Montero mediante su representante legal Bella Carrillo Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 278/18 de 6 de septiembre, cursante de fs. 1031 a 1033, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000, para el abogado que respondió al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.