TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                      S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 613/2019

Fecha: 25 de junio de 2019

Expediente:         LP 34 19 S

Partes: Adelaida Prada Echalar c/ Notaria de Gobierno, Gobierno Departamental de La Paz y Ministerio de Defensa.

Proceso: Reposición y complementación de escritura pública.  

Distrito: La Paz.        

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Defensa de fs. 251 a 255, contra el Auto de Vista Nº 325/2018 de 05 de noviembre, cursante de Fs. 236 a 237, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de reposición y complementación de escritura pública, seguido por Adelaida Prada Echalar contra el recurrente, la Notaria de Gobierno y el Gobierno Departamental de La Paz; la respuesta de fs. 257; el Auto de Concesión de 06 de febrero de 2019, cursante de fs. 258; Auto Supremo de Admisión Nº 172/2019-RA de 27 de febrero, cursante de fs. 264 a 265 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

La Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 117/2016 de 03 de marzo, declarando PROBADA la demanda de reposición y complementación de actos públicos.

Resolución de primera instancia que fue apelada por el Ministerio de Defensa, mereciendo que la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista Nº 325/2018 de 05 de noviembre, cursante de fs. 236 a 237 vta., que CONFIRMO la Sentencia Nº 117/2016 de 03 de marzo, bajo los siguientes fundamentos:

En cuanto a la falta personería para ser parte dentro el proceso por existir un error numérico en la designación del lote en la Escritura de Poder, de la revisión y compulsa de obrados, no cursa medio de impugnación contra el apersonamiento del apoderado legal de la actora, razón por la cual se convalidó el acto.

Con relación al periodo de prueba que no fue de 40 días sino de 30, el recurrente tenía la carga de señalar cual es el error ya sea interpretativo o considerativo de la autoridad judicial o el perjuicio ocasionado.

Concluyo citando el art. 226.II del CPC, señalando que dicho error numérico puede ser subsanado aun de oficio por la Autoridad judicial, de igual forma que la argumentación del recurrente sería escaso pues no señala de que forma dicho error, le hubiera ocasionado algún perjuicio, razón por la cual el Tribunal no advirtió agravio alguno.  

CONSIDERANDO II:         

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Ministerio de Defensa representado por Cristóbal Torrico Camacho y Jorge Edwin Ayala Patón, recurriendo en casación el Auto de Vista Nº 325/2018 de 05 de noviembre, acusan como agravios los siguientes:

EN LA FORMA.

Refiere que el Poder N° 150/2014 no cumple a cabalidad con el auto de calificación del proceso, dado que señala el Lote de terreno N° 16 y no así N° 116, constituyendo una gran diferencia de genero a especie, actuando el Juez de forma ultra petita al convalidar estos hechos cuando en la esencia correspondía viciar estos actuados.

Que la Escritura Pública N° 768/1982 se hallaría rubricada por el entonces Notario de Gobierno Hugo Alba Rodrigo lo que coincide con la demanda; empero, la certificación N° GADLP/SDAJ/DNG/MARHW/1171/11, señala como Ex Notario de Gobierno a Waldo Oblitas Fernández, valorando lo concerniente a otra persona.

Invocando los arts. 804, 805 y 809 del CC, señalo que el A quo, soslayo el apersonamiento contendido en el Poder N° 252/2017 de fs. 203 y 204, cuando cita: “Apersonados ante el Órgano Jurisdiccional Boliviano en todo el país en especial el distrito judicial de Cochabamba”.

Citando doctrina y los arts. 24, 115, 180 de la CPE; arts. 8, 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH); arts. 14.1) 21.1), 24 y 25 de la Convención Americana de San José de Costa Rica; art. 17 de la Ley del Órgano Judicial; arts. 105, 106, 109 y 270 del CPC; el razonamiento contendido en la Sentencia Constitucional N° 1644/2004-R de 11 de octubre y 731/2010-R de 26 de Julio, concluye este punto, señalando que la nulidad controla la regularidad de la actuación procesal y asegura el derecho al debido proceso de las partes, por lo que en el presente caso se estaría vulnerando el derecho propietario del Ministerio de Defensa, al convalidar actuaciones procesales carentes de acción y derecho.

Por lo que pide case el Auto de Vista en el fondo, y en la forma se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

En un otrosí, señalo que las Constituciones de 1947 y 1965, establecen que para la enajenación de los bienes del Estado se requiere de la autorización de Congreso Nacional y en el caso de autos no se cumplió con este requisito.

EN EL FONDO.

Señalo que la Caratula Notarial N° 8735926 del Testimonio N° 808/2011, no coincide con la foja 59 hoja 008556505, en lo referente al número de Testimonio, dado que reza 1151/2011; asimismo, el Poder N° 0150/2014 designa el Lote de Terreno con el N° 16 cuando en la demanda y la calificación del proceso se estableció el Lote N° 116; ambos aspectos vulnerarían lo establecido por el art. 804, 805 y 809 del CC y los arts. 5, 38, 42 y siguientes de la Ley N° 439.

Añadiendo dentro de sus conclusiones que el Auto de calificación del proceso, cita al ex funcionario público Dr. Waldo Oblitas Fernández, cuando la demandante hizo referencia al Dr. Hugo Alba Rodrigo, aspecto que también se reflejaría en la Certificación N° GADLP/SDAJ/DNG/MARHW/1171/11.  

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

Notificados con el recurso de casación, Justo Rene Fernando Olivares Golpes en representación de Adelaida Prada Echalar, señalo que el recurso de casación en el fondo y la forma hace reminiscencia a los actos precluidos en primera instancia, ignorando manifestar el agravio que el Auto de Vista le hubiera inferido; por lo que solicito sea la autoridad llamada por ley quien dirima la controversia ratificando lo actuado en lo que respecta al reconocimiento del derecho a la petición de fs. 257. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. Sobre la nulidad procesal.

El Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, estableció el siguiente razonamiento: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

Asimismo, corresponde señalar que la uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros”.

2. De los principios que rigen las nulidades procesales.

La SC 731/2010-R de 26 de julio, estableció que: “Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos «No hay nulidad, sin ley específica que la establezca» (Eduardo Cuoture, 'Fundamentos de Derecho Procesal Civil', p. 386); b) Principio de finalidad del acto, «la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto» (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Coutureop. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, «Nulidades Procesales»)”.

En ese sentido se deberá tener presente lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 78/2014 de 17 de marzo, que indica: “En tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectiva, real y materialmente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; ese es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.   

En definitiva, la Ley Nº 025 con el fin de dar continuidad al proceso incorpora un nuevo régimen de nulidades procesales, mismo que debido a la importancia que representa para el caso presente, se pasa a transcribir a continuación las partes pertinentes de dicha norma legal; así en su art. 16 establece lo siguiente:

I. “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley”.

II. “La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece:

II. “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.

III. “La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el nuevo Código Procesal Civil Ley Nº 439 estable las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109 y vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4), previsiones legales que en lo posterior deben ser tomadas en cuenta por los jueces y tribunales de instancia a la hora de decretar la nulidad de obrados.

Las citadas disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los jueces y magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad procesal una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidaciónpreclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos; frente a esa situación, se debe procurar siempre en resolver de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Antes de ingresar al análisis del presente recurso, es menester establecer que los argumentos traídos a casación en la forma como en el fondo, son similares; pues en ambos casos, el recurrente observa las Escrituras de Poder presentadas por los representantes de la demandante; asimismo, si bien pide en el fondo que se case, en la forma pide la nulidad hasta el vicio más antiguo, de acuerdo a los  argumentos vertidos en ambos, el recurrente busca la nulidad de obrados.

EN LA FORMA.

Con relación a la observación al Poder N° 252/2017 de 06 de abril, cursante de fs. 203 y 204, donde se citó: “Apersonados ante el Órgano Jurisdiccional Boliviano en todo el país en especial el distrito judicial de Cochabamba”; empero, además de no haberse realizado oportunamente la misma, que ahora trae a colacion, el recurrente no identifica ni fundamenta cual es el agravio que le ocasiona la cita señalada, incumpliendo el art. 274.I núm.3 del Código Procesal Civil.

Respecto al agravio citado en el otrosí, donde las Constituciones de 1947 y 1965 establecen que para la enajenación de los bienes del Estado se requiere de la autorización de Congreso nacional y en el caso de autos no se cumplió con este requisito es necesario dejar claro que según el Acta de Audiencia de Inspección Judicial de 5 de junio de 2015, celebrada en oficinas de la Notaria de Gobierno de fs. 107 a 109, el Notario de Gobierno, refirió que “…hemos solicitado que se haga una revisión de los archivos de esta Notaria, por el cual hemos encontrado este libro de protocolo, Tomo Nro. 30, que va desde el protocolo 751 al 769, sin embargo de la revisión no hemos encontrado la escritura solicitada añadida a este Tomo Nro. 30, sino simplemente como una actuación suelta, las características que nosotros podemos encontrar es que, esta acta de protocolización no lleva la transcripción de toda la documentación que acompaña a la misma y además no lleva la suscripción de la firma del Notario, que en ese entonces era el abogado Waldo Oblitas Fernández, por lo cual exhibido”, argumento que coincide con la certificación presentada a fs. 5, por la demandante, aspecto que de acuerdo al principio de verdad material, no puede desconocerse el derecho propietario de la demandante por la falencia en la transcripción del  documento que motivo la presente causa; considerando además que el Testimonio N° 768/1982, hace referencia a que el documento fue suscrito por el Ministro de Defensa Nacional, el Fiscal de Gobierno, el Contralor de la República, la Directora Jurídica de la Contraloría y Sub Contralor de la República.

EN EL FONDO.

En cuanto a la denuncia por la que el recurrente, señala que entre la Caratula Notarial N° 8735926 y la Hoja Notarial N° 008556505, no existiría congruencia, pues no coincide el número de testimonio ya que uno de ellos cita N° 808/2011 y el otro N° 1151/2011; por otra parte, el Poder N° 0150/2014 designa el Lote de Terreno con el N° 16 y la demanda y calificación del proceso, establecen el Lote N° 116; aspectos que vulnerarían lo establecido por el art. 804, 805 y 809 del CC y los arts. 5, 38, 42 y siguientes del CPC.

El Ad quem, en el primer caso, estableció que “…de la revisión y compulsa de todos los actuados procesales, no se advierte tal acusación, ni mucho menos que el ahora recurrente haya interpuesto algún medio de impugnación contra el apersonamiento del apoderado legal de la actora, razón por la cual, es evidente la convalidación del acto, y su consiguiente preclusión…”; en el segundo caso, precisó que “…es intrascendente a la parte dispositiva de la sentencia, ya que el postulado de la demanda respecto al objeto del proceso coincide plenamente con lo dispuesto y lo resuelto en el desarrollo del proceso, (…), máxime si tomamos en cuenta que lo que está en controversia no es el bien inmueble y su individualización, sino la complementación de un acto público…”; concluyendo la citada autoridad que no existe agravio alguno.  

Ahora bien, presentado el Testimonio de Poder N° 1151/2011 por el representante de la demandante de fs. 59 a 60, evidentemente la Caratula Notarial consigna otro número de Poder, el “N° 808”, empero, los contenidos necesarios que hacen a la representación se encuentran consignados en el documento de fojas 59 y no así en los datos de la caratula, lo cual no es una causal que amerite su nulidad.

Sobre el número del “Lote de Terreno N° 16” consignado en el Poder N° 150/2014 y su contradicción con la demanda y el Auto de calificación del proceso, donde se señaló “Lote de terreno N° 116”, es menester poner en claro al recurrente que una vez notificado con la Resolución N° 292/2014 de 22 de diciembre, que resuelve el incidente de nulidad planteado por la demandante a fs. 66, se realiza una nueva calificación del proceso de fs. 74 a 75), el Ministerio de Defensa con los escritos posteriores, cursante de fs. 81, 93, y siguientes, no realiza observación alguna, y lo mismo sucede en el Acta de Audiencia de Inspección Judicial de fs. 107 a 109, limitándose a observar en el Acta de protocolización, la ausencia de una Ley que autorice la transferencia así como la existencia de una contradicción con los nombres de los ex Notarios de Gobierno, y no así con el punto traído a casación, por lo que al no haber hecho ejercicio de su derecho, opero la preclusión de los  actos procesales, por cuanto ha convalidado estos aspectos al no ser observados en su oportunidad, careciendo de trascendencia el análisis de los mismos.  

En cuanto a la rúbrica del Notario de Gobierno, pues en la Escritura N° 768/1982 de fs. 2 a 4, donde se halla firmada por el Notario de Gobierno Hugo Alba Rodrigo que coincide con lo demandado y, la certificación N° GADLP/SDAJ/DNG/MARHW/1171/11 de fs. 5, donde se informa que quien suscribe el documento es el Ex Notario de Gobierno Waldo Oblitas Fernández; aspectos que se contraponen pues se estaría demandando a otra persona, cabe aclarar que Adelaida Prada Echalar demanda a la Juez de la causa, la transcripción al Protocolo N° 768/1982 de la Minuta de transferencia del inmueble, la Resolución Ministerial N° 362 y los comprobantes de pago Nros. 229257 y 127991, dirigiendo la demanda contra la Notaria de Gobierno a cargo de Eugenia Beatriz Yuque, el Ministerio de Defensa a cargo de Aldo Ruben Saavedra Soto y el Gobierno Departamental de La Paz, a cargo del Cesar Hugo Cocarico Yana, y no así contra alguno de los Ex Notarios de Gobierno Waldo Oblitas Fernández o Hugo Alba Rodrigo, por lo que este agravio corresponde ser declarado infundado.

Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista responde congruentemente a los puntos objeto de apelación, de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado norma, ni derecho alguno que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Defensa, cursante de fs. 251 a 255, contra el Auto de Vista Nº 325/2018 de 05 de noviembre, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Sin costas ni costos por ser entidad estatal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.