TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 612/2019

Fecha: 25 de junio de 2019

Expediente: SC 121 13 S

Partes: Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez c/

            Ninhoska Saldías Pérez.

Proceso: Acción reivindicatoria y negatoria, mejor derecho propietario y otros.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: Los recursos de casación cursantes de fs. 1073 a 1084 y vta., y de fs. 1101 a 1102 vta., interpuesto por Ninhoska Saldías Pérez y Luis Reynaldo Rojas Calvi en representación de Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez respectivamente, contra el Auto de Vista N° 307/2013 de 4 de septiembre, cursante de fs. 1069 a 1071, pronunciado por la Sala Civil  del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre reivindicación, acción negatoria, mejor derecho de propiedad y otros, seguido por Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez contra Ninhoska Saldías Pérez, Autos de concesión a los recursos de casación de fs. 1100 y de fs. 1110, contestaciones cursantes de fs. 1091 a 1094, de fs. 1096 a 1098 vta., de fs. 1105  a 1107, a fs. 1109 vta., y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez plantearon demanda por acción reivindicatoria y negatoria, mejor derecho propietario y otros, cursante de fs. 80 a 84 vta., contra Ninhoska Saldías Pérez; por su parte la demandada purgando rebeldía se apersonó al proceso mediante memorial de fs. 116 a 117, desarrollándose el proceso hasta el pronunciamiento de la sentencia.

2. El titular del Juzgado Nº 13 de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia de 29 de junio de 2012, cursante de fs. 793 a 797, declaró IMPROBADA la demanda interpuesta por Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz Martínez, bajo el fundamento que ambos derechos pretendidos se encuentran en la misma zona, pero que ambos derechos recaen sobre inmuebles distintos.

Resolución de primera instancia que generó las apelaciones de la parte demandante y coadyuvante, cursantes de fs. 807 a 812 vta., y de fs. 831 a 835.

3.- El 4 de septiembre de 2013, la Sala Civil Primera Comercial del Tribunal Departamental de justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 307/2013, cursante de fs. 1069 a 1071, REVOCÓ totalmente la Sentencia de 29 de junio de 2012, bajo la fundamentación que, analizando las cadenas de transmisión respecto a la demandada, cuyo derecho propietario de acuerdo al registro en Derechos Reales se fundó en la dotación agraria del fundo denominado “La Pampa” inscrito en DDRR, el cual originó las posteriores transferencias hasta llegar a Ninhoska Saldías Pérez, quien durante el proceso no demostró la existencia del título ejecutorial y el número del proceso agrario, por ende la fuente de la cadena de transmisión de dominio hasta la demandada no existe.

Por el contrario, la cadena de transmisión dominial del derecho de los demandantes tiene base sólida acreditada con documentación idónea, acreditando a simple vista.

4. Con base a esos antecedentes, la referida resolución de alzada fue recurrida en casación por Ninhoska Saldías Pérez en su calidad de demandada y Luis Reynaldo Rojas Calvi en representación de la parte demandante, por memoriales de fs. 1073 a 1084 vta. y de fs. 1101 a 1102 vta., que mereció el Auto Supremo Nº 32/2014 de 17 de febrero, que declaró infundado el recurso de casación en la forma y fondo formulado por Ninhoska Saldías Pérez e improcedente el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante a través de su apoderado Luis Reynaldo Rojas Calvi, resolución que fue impugnada con una acción de amparo constitucional por la demandada, la cual fue resuelta mediante la Sentencia Constitucional Nº 0222/2014-S2 de 5 de diciembre que resolvió conceder la tutela incoada dejando sin efecto el Auto Supremo Nº 32/2014, resolviéndose los recursos por Auto Supremo Nº 1094/2015 y posteriormente por Auto Supremo Nº 36/2017.

Resoluciones posteriores que generaron la denuncia de la demandada por incumplimiento de la mencionada sentencia constitucional, por lo cual, la Sala Social, Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en su calidad de Tribunal de garantías Constitucionales determinó haber lugar a la queja, dejando sin efecto actuados y resoluciones posteriores a la dictación de la Sentencia Constitucional Nº 0222/2014-S2, tales como los Autos Supremos Nº 1094/2015 y 36/2017.

Por lo que, en atención a ello, corresponde cumplir las determinaciones asumidas por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0222/2014-S2 de 5 de diciembre, en relación al resguardo del debido proceso en sus vertientes de congruencia, motivación y fundamentación.

Al efecto se tienen los recursos de casación interpuestos tanto por la parte demandada como por la demandante, por memoriales de fs. 1073 a 1084 vta. y de fs. 1101 a 1102 vta., respectivamente, correspondiendo su análisis y resolución. 

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

Las partes recurrentes expusieron sus recursos de casación, de los cuales se extractan en primer término los de forma ante una eventual nulidad y posteriormente los de fondo, extractándose los siguientes agravios:

Recurso de casación de Ninhoska Saldías Pérez.

En la forma.

1. Acusó al auto de vista recurrido de contener un pronunciamiento extra petita; porque dispuso la desocupación y entrega del inmueble objeto del litigio a favor de los demandantes, así como la cancelación de la matrícula 7011060040427, asiento A-4 de 10 de julio de 2004, aspectos que en ninguna de las apelaciones fueron solicitados.

En el fondo.

1. Refirió que el auto de vista realizó una mala valoración de las pruebas aportadas al proceso, toda vez que existe contradicción y diferente ubicación real del terreno de los demandantes, en el sentido de que las pruebas aportadas por ellos señalan como ubicación del terreno de su propiedad el Km 8 y ½ de la carretera Santa Cruz Montero, y no así el Km 8 que es de la demandada, puesto que la documentación de fs. 69, que no fue valorada por el Tribunal de alzada, referida a un testimonio original de transferencia que acredita la propiedad de la demandada refiere la ubicación del terreno en el Km. 8. En relación a ello el auto de vista habría vulnerado y aplicado erradamente los arts. 1283 y 1286 del Código Civil y 397, 399, 400 y 476 del Código de Procedimiento Civil con relación a la no valoración de las pruebas testificales aportadas por la demandada y en contraposición otorgaron valor legal a simples fotocopias presentadas por los demandantes.

Recurso de casación de Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez.

Reclamó que el auto de vista recurrido en su parte considerativa estableció que el inmueble del litigio se encuentra ubicado en el Km. 8 y ½ de la carretera al Norte; sin embargo, el mismo auto de vista en su parte resolutiva de forma inesperada e incongruente estableció que se reconoce el mejor derecho propietario a Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz sobre el inmueble ubicado en el Km 8 de la carretera al Norte.

En ese entendido solicitó casar en cuanto a señalar expresamente la ubicación del inmueble en el Km 8 y ½ de la carretera Santa Cruz Montero.

De la respuesta al recurso de Casación.

Respuesta de Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez.

Refirieron que las fotocopias tantas veces mencionadas en el recurso de la demandada no fueron tomadas en cuenta para el pronunciamiento del correcto auto de vista.

Respuesta del Banco de Crédito de Bolivia S.A. (tercerista coadyuvante).

Expresó que, el auto de vista recurrido valoró las pruebas pre constituidas y las acompañadas en el plazo probatorio, en su opinión dicha resolución no vulneró ni infringió las disposiciones enunciadas en los arts. 1283 y 1286 del Código Civil y de la misma forma los arts.  397, 399, 400 y 476 del Código de Procedimiento Civil, debido a que la demandada no demostró su dotación agraria ni menos su título ejecutorial, puesto que la certificación acompañada por la demandada carece de legalidad y respaldo jurídico; porque el INRA señaló la inexistencia de proceso o saneamiento agrario a nombre de Pura Sánchez Roca, y tampoco acreditó prueba alguna dentro del término probatorio; por lo tanto no existe vulneración ni aplicación indebida de las disposiciones enunciadas por la demandada recurrente.

En lo que respecta al recurso de forma planteado por la demandada, expresó que dicha fundamentación no tiene asidero legal, porque no basta la voluntad de impugnar, sino que la misma debe fundamentarse y la demandada no acreditó ni acompañó su relación histórica de su supuesta propiedad, siendo que la disputa es por mejor derecho propietario, el demandante tiene cadenas de transmisión debidamente respaldadas por documentos públicos y certificaciones que acreditan tal afirmación en Derechos Reales y en relación a la demandada tiene dudosa cadena de transmisión de dominio por no existir título ejecutorial, ni el número del proceso agrario, por lo que el auto de vista definió esos derechos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto al mejor derecho propietario:

Al respecto, corresponde señalar que el art. 1545 del Código Civil dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”.

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremo Nº 588/2014 de 17 de octubre que: …para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad (Las negrillas pertenecen a la presente resolución). Asimismo en el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre se razonó que: “…sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”, la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquirido de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. (Las negrillas pertenecen a esta resolución). Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

En este entendido se puede concluir que actualmente no se puede negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no devienen de un vendedor común, manteniendo un análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto de partes, que es fin esencial del Estado; por lo que en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no basta resolver siguiendo el principio de prelación del registro, sin antes hacer un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de esta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario.

III.2. Respecto a la acción reivindicatoria

El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta. II. Si el demandado, después de la citación, por hecho propio cesa de poseer o de detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor y resarcirle el daño. III. El propietario que obtiene del nuevo propietario o detentador la restitución de la cosa, debe reembolsar al anterior poseedor o detentador la suma recibida como valor por ella”.

Por su parte el autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”

En el Auto Supremo Nº 60/2014, de 11 de marzo de 2014 se sostuvo que: “El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee. La reivindicación es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular.

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titularla posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia  que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros, que señala: “En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…"; criterio jurisprudencial compartido por éste Tribunal Supremo de Justicia que en repetidos fallos advirtió que “…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la "posesión civil" que está integrada por sus elementos corpus y ánimus" (Auto Supremo Nº 98/2012).

III.3. Respecto al entendimiento de verdad material

El Tribunal Constitucional de Bolivia en la SSCC Nº 1888/2011-R de 7 de noviembre de 2011, ha señalado que: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor supremo justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de “verdad material”, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional.

De este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos.

III.4. De la valoración de la prueba

La  doctrina y la jurisprudencia, han establecido que la valoración de la prueba en general es una prerrogativa inherente a los jueces de grado, conferida por la ley,  asumiendo prudente criterio o sana critica, tal se encuentra plasmado en el Art. 1286 del Código Civil que refiere “ las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no determina otra cosa podrá hacerlo conforme a su prudente criterio, el mismo que contiene como principio la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, cual fue desarrollada en varios Autos Supremos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Auto Supremo Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo,  que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil y el Código Procesal Civil  y en su Art. 145 par. II”.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En correspondencia a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0222/2014-S2, se resuelven los recursos interpuestos.

Recurso de casación de Ninhoska Saldías Pérez.

En la forma.

1. Acusó al Auto de Vista recurrido de contener un pronunciamiento extra petita; porque dispuso la desocupación y entrega del inmueble objeto del litigio a favor de los demandantes, así como la cancelación de la matrícula Nº 7011060040427, asiento A-4 de 10 de julio de 2004, aspectos que en ninguna de las apelaciones fueron solicitados.

Al respecto corresponde precisar que la demanda versa sobre mejor derecho propietario y también por reivindicación, en el entendido que la resolución de segunda instancia concedió el mejor derecho propietario a la parte demandante y que acogió por ende la reivindicación, así entendida en el punto 6) de dicha resolución donde manifestó que: “…En coherencia con el razonamiento descrito en el punto Nº 2, se concluye que el inmueble objeto de la demanda de reivindicación, es el mismo que a su turno fue objeto de inspecciones judiciales y que fue invadido arbitrariamente por NINHOSKA SALDIAS el 1º de noviembre de 2005 (fs. 702 a 715) quien puso caseros que utilizaron como techo para su cocina, la plancha metálica del letrero del terreno en venta con el logotipo del Banco de Crédito S.A.; circunstancias que sin lugar a dudas habilitan a los demandantes para reivindicar dicho terreno, máxime si anteriormente fueron posesionados judicialmente sobre el mismo el 11 de marzo de 2005…”.

De esa relación y como efecto de dicha acción reivindicatoria es que el referido Auto de Vista Nº 307/2013 cursante de fs. 1069 a 1071, es que ordena la desocupación y entrega del referido inmueble a los demandantes, por lo cual existe la correspondiente congruencia entre lo demandado, probado y resuelto, sin que por motivo alguno pueda acogerse que el fallo fuera extra petita, por lo que tal reclamo carece de sustento relevante.

En el fondo.

1. Refirió que el auto de vista realizó una mala valoración de las pruebas aportadas al proceso, toda vez que existe contradicción y diferente ubicación real del terreno de los demandantes, en el sentido de que las pruebas aportadas por ellos señalan como ubicación del terreno de su propiedad el Km 8 y ½ de la carretera Santa Cruz Montero, y no así el Km 8 que es de la demandada, puesto que la documentación de fs. 69, que no fue valorada por el Tribunal de alzada, referida a un testimonio original de transferencia que acredita la propiedad de la demandada refiere la ubicación del terreno en el Km. 8. En relación a ello el auto de vista habría vulnerado y aplicado erróneamente los arts. 1283 y 1286 del Código Civil y 397, 399, 400 y 476 del Código de Procedimiento Civil con relación a la no valoración de las pruebas testificales aportadas por la demandada y en contraposición otorgaron valor legal a simples fotocopias presentadas por los demandantes.

En principio, y de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina aplicable por este Tribunal, corresponde señalar que el art. 1545 del Código Civil dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”. El presupuesto esencial para el reconocimiento del mejor derecho propietario radica en la identidad o singularidad del bien que se reclama, es decir que la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

En el caso de autos la recurrente expresa que el auto de vista habría realizado una mala valoración de la prueba en cuanto a la ubicación del terreno puesto que las pruebas de cargo señalan que el mismo estaría situado en el Km. 8 y medio carretera a Montero y la de la demandada refiere estar situado en el Km 8, infiriendo que se trataría de dos terrenos distintos y que la documentación de fs. 69 no habría sido valorada.

Al efecto corresponde realizar una revisión del proceso a efecto de verificar si lo reclamado es cierto, al efecto y en relación a que no se habría valorado la prueba cursante de fs. 69, misma que refiere ser el testimonio de inscripción de un terreno rústico de 20 000 m2 ubicado en la zona norte, cuyas medidas y colindancias son al Norte mide 200,00 metros y limita con la propiedad de la consultora Alfa Ltda., al Sur con la propiedad de la Empresa Cibo y mide 200,00 metros, Este con la carretera al Norte y mide 100 metros y al Oeste con la propiedad de Eiji Kuwamoto y mide 100,00 metros, haciendo una superficie total de 20 000 m2, estableciendo como antecedente dominial a Pura Sánchez Roca, registrado en Derechos Reales el 21 de abril de 2004 bajo la matrícula Nº 7011060040427 Asiento 2-A.

Asimismo, cursa a fs. 75 formulario de información rápida de Derechos Reales donde se establece el registro del mismo inmueble bajo la misma matrícula a nombre de Ninhoska Saldías Pérez.

Por otra parte, cursante a fs. 56 cursa folio real que acredita el derecho propietario del demandante Félix Martínez Salgueiro, que establece la ubicación del inmueble, situado a la altura del Km 8 y medio de la carretera Santa Cruz Warnes, con una superficie de 20 000 metros.

Así se puede determinar que de la documental de fs. 69 y 75 correspondiente a la demandada, la misma omite establecer a que altura de la carretera al norte se ubicaría el terreno en cuestión, sin embargo del folio real  y testimonios de derechos reales cursantes de fs. 67 a 72, correspondiente a la misma parte, se puede extractar que las extensiones de las colindancias son exactamente las mismas que las consignadas en el plano aprobado de la parte demandante, cursante a fs. 501; por todo ello y  de la documental de la parte demandante se concluye que el terreno en disputa de acuerdo al registro en Derechos Reales es el que se encuentra situado en el Km 8 y ½ de la carretera al norte, porque así determina la documentación acreditada en el folio real de la parte demandante cursante fs. 56 y  210 del expediente.

De la documental cursante de fs. 554, 501 y 502, correspondiente al plano de ubicación del lote de los demandantes en relación al plano de ubicación de fs. 503 y por la prueba de fs. 504, referentes a la demandada y en relación a la certificación emitida por el Instituto Geográfico Militar, se puede establecer que el inmueble en disputa es el mismo, por estar situado y ubicado en el mismo lugar de acuerdo a la documental citada. Así de esa documental de fs. 501 a 505, concerniente a planos y certificaciones emitidas por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra para ambas partes, las cuales establecen que el terreno estaría ubicado en el Km 8 de la ruta al norte.

En lo que respecta a la documental de fs. 505 de descargo, la cual refiere claramente que la demandada no presentó a la dirección de ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, plano aprobado, sino únicamente una fotocopia simple del mismo y sin aprobación, por ello dicha certificación establece en lo fundamental que “… plano presentado en fotocopia simple el cual no está aprobado…” de tal forma que al no existir un plano original aprobado por la Dirección de Ordenamiento Territorial y siendo que las coordenadas UTM XY consignarían puntos antiguos del plan regulador aprobado en 1993, se puede concluir que la demandada en este punto no presentó prueba idónea ni actualizada sobre el referido terreno, siendo por lo tanto la documental de fs. 505 incompleta e irrelevante y fue en la que se basó inapropiada y erróneamente la sentencia. (Las negrillas son nuestras)

Con base a lo expresado, dicho documento no puede ser considerado como prueba válida para respaldar la ubicación del referido inmueble, menos ser tomado en cuenta porque carece del plano aprobado y simplemente dicha instancia municipal emitió un informe sobre la base de un “supuesto inmueble” cuyo plano era “una simple fotocopia sin aprobación”, por tanto los reclamos vertidos sobre dicha prueba no tienen fundamento puesto que como ya se explicó, la misma se basó en una simple fotocopia y no contiene los requisitos idóneos para ser considerada como prueba útil.

Lo propio ocurre con el certificado a fs. 871 y el plano a fs. 873, labrados con base en la solicitud de fs. 870, cuyas coordenadas fueron establecidas a criterio individual del abogado Luis Reynaldo Rojas que no puede merecer convicción en sentido que las coordenadas en el citado certificado fueron planteadas sin respaldo técnico.

En cuanto al reclamo referido a la no valoración de la prueba testifical de descargo, corresponde referir que la misma no puede sobreponerse a la prueba documental que exige un mejor derecho de propiedad, por lo cual la parte demandada no puede pretender suplir documentos con declaraciones testificales, porque las testificales por sí mismas carecen de suficiencia y eficacia, siendo necesariamente supeditado su valor a la existencia de prueba documental válida e idónea, lo cual no aconteció en el presente caso.

Continuando con el análisis, se tiene que ambas partes disputan el inmueble en el que la parte demandante estuvo inicialmente en posesión, cuyo terreno lo posee actualmente la demandada, por ello es que a groso modo aunque en una documental la referencia de ubicación del inmueble es el Km 8 y en otra expresa que se encuentra en el Km 8 y ½,  se tiene que dicho terreno en disputa ambas partes identificaron como suyo y siendo que ambas partes también cuentan con un registro en Derechos Reales, con respaldo en dos planos a fs. 554 del actor y a fs. 503 del predecesor de la demandada conforme al folio de fs. 597 corresponde efectuar un análisis del origen del derecho propietario de ambos títulos de propiedad, puesto que en el mejor derecho propietario deben cotejarse los títulos de propiedad de las partes. 

Así de la revisión de fs. 56 y vta., y de fs. 879 a 880 vta., de la matrÍcula Nº 7011060026021 correspondiente al inmueble de los demandantes, se establece como antecedente dominial la propiedad de Francisco, Emilia y María Asbún, quienes transfirieron 48 Has mediante documento privado de 5 de julio de 1986 a Beatriz Celina Paz de Ortiz, registrado en Derecho Reales el 22 de julio de 1986, quien posteriormente y mediante E. P. de 22 de enero de 1993 transfirió 20.000 m2 a la Compañía Industrial Boliviana CIBO S.A. y registrada el 15 de abril de 1993 en Derechos Reales, empresa que el 24 de agosto de 2001 mediante E. P. Nº 2077/2001 otorgó en calidad de dación de pago al Banco de Crédito de Bolivia S.A. y fue registrada en Derechos Reales el 24 de octubre de 2001.

Con base en ese antecedente, el Banco de Crédito de Bolivia sucursal Cochabamba transfirió a favor de los actuales demandantes Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez el lote de 20.000 m2 ubicado a la altura del Km 8 y ½ de la carretera a Warnes, mediante E.P. 185/2003 otorgada por Notario de fe Pública de la ciudad de Cochabamba Blanca Velásquez Urey registrado en Derechos Reales en fecha 10 de septiembre de 2003.

Por otra parte, del análisis de la matrícula Nº 7011060040427 correspondiente a la demandada, cursante de fs. 67 a 76 vta.,  que tiene como antecedente dominial el fundo denominado “La Pampa” de 8 Has, titularidad adquirida por supuesto procedimiento agrario de dotación a Pura Sánchez Roca el 24 de julio de 1989, quien habría transferido el 28 de enero de 2002 a Francisco Ibáñez Paz y registrado en Derechos Reales el 16 de abril de 2003, luego este transfirió mediante documento privado con reconocimiento de firmas de 24 de marzo de 2004 a Víctor Hugo Eguez Carreño y registrado en Derechos Reales el 21 de abril de 2004, quien a su vez transfirió a Walter Diederich Oliva mediante documento privado con reconocimiento de firmas de 6 de mayo de 2004, registrándolo en Derechos Reales el 22 de mayo de 2004, el cual transfirió a la actual demandada Ninhoska Saldías Pérez registrándolo en Derechos Reales el 10 de julio de 2004.

En la presente causa, demandante y demandado cuentan con títulos inscritos en la Oficina de Derechos Reales, empero para tener mayor certeza se ha tomado en cuenta el tracto dominial y el análisis de los títulos como factor preponderante en la decisión asumida para conceder el mejor derecho que solicitó la parte demandante, por ello y del análisis realizado en párrafos precedentes se pudo establecer que cotejando ambos títulos, el título de la parte demandante conlleva los requisitos de validez, en tanto que, el título de la parte demandada no contaría con medios de prueba que lo respalden.

Lo que determina en sí el mejor derecho propietario, es la validez del título, lo cual en este caso corresponde a la parte demandante cuya cadena de dominio tiene un antecedente dominial certero e idóneo que dicha parte pudo probar, lo cual no ocurrió con la parte demandada que no realizó esfuerzo alguno para poder obtener certificación del INRA que desvirtúe los informes elaborados por esa misma repartición, cursantes de fs. 700 a 701 del proceso, ratificada por la declaración voluntaria notarial realizada por Pura Sánchez Roca titular del antecedente dominial de la parte demandada que, a fs. 1258 declara que jamás fue propietaria de ningún inmueble ni beneficiaria por dotación agraria del INRA refiriendo que los documentos de transferencia en favor de José Francisco Ibáñez de 28 de enero de 2002 reconocidos supuestamente en la Notaria de Fe Pública Nº 32, serían inexistentes en los archivos de la mencionada Notaria, lo que haría presumir su falsedad.

En aplicación del art. 1545 del Código Civil, el auto de vista recurrido entendió de manera estricta, sin tomar en cuenta que los títulos de los contendientes no se originan de un vendedor común, sino de distintos, el de la parte demandada por transferencias sucesivas a partir de una supuesta dotación agraria que no fue respaldada como antecedente dominial, en relación a la de la parte actora que fue transferida por el Banco de Crédito Sucursal Cochabamba.

Con los antecedentes descritos supra, este Tribunal concluye que conforme determina el art. 1538 del Código Civil, el título primigenio corresponde a la parte demandante porque fue el primero en haber sido registrado, toda vez que adquirió publicidad frente a terceros en el año 2003 (10 de septiembre) en relación al registro de la demandada que adquirió publicidad recién el año 2004 (10 de julio). correspondiendo ratificar el decisorio de alzada, pues el Tribunal de apelación otorgó el mejor derecho de propiedad en favor del actor, basado en el fundamento de que el inmueble objeto de la demanda por reivindicación es el mismo porque fue objeto de inspecciones judiciales y que el tracto dominial correspondiente a la demandada Ninhoska Saldías sobre el predio denominado “La Pampa” supuestamente dotado a Pura Sánchez Roca no poseería título ejecutorial que lo avale, no existiendo tal documentación en archivo de derechos Reales, así  estableció la certificación de Derechos Reales cursante a fs. 735, situación que la demandada no pudo acreditar ni probar a lo largo del proceso, por lo que el criterio del Tribunal Ad quem resultó ser correcto.

En atención a la doctrina referida en el punto III.1. de la presente resolución, es necesario referir que, para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad, el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

En este entendido se puede concluir que actualmente no se puede negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no devienen de un vendedor común, manteniendo un análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto de partes, que es fin esencial del Estado;

De lo cual se puede establecer que los argumentos vertidos por la recurrente son infundados puesto que no existe interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, no existiendo por tanto vulneración de los arts. 1283 y 1286 del Código Civil y 397, 399, 400 y 476 del Código de Procedimiento Civil, deviniendo los reclamos de la parte demandada en infundados.


Recurso de casación de Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez.

Reclamó que el auto de vista recurrido en su parte considerativa estableció que el inmueble del litigio se encuentra ubicado en el Km. 8 y ½ de la carretera al norte; sin embargo, el mismo auto de vista en su parte resolutiva de forma inesperada e incongruente estableció que se reconoce el mejor derecho propietario a Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz sobre el inmueble ubicado en el Km 8 de la carretera al Norte. En ese entendido solicitaron casar en cuanto a señalar expresamente la ubicación del inmueble en el Km 8 y ½ de la carretera Santa Cruz Montero.

Al respecto corresponde establecer que dicho error es susceptible a ser enmendado en ejecución de sentencia, por lo que no amerita mayor abundamiento.

De la respuesta al recurso de casación.

Al respecto las respuestas están encaminadas a declarar infundado el recurso de la parte demandada, acogiéndose tal pretensión en la presente resolución, no amerita mayor explicación.

Por lo manifestado, corresponde dictar resolución conforme determina el art. 220.II del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación planteados  de fs. 1073 a 1084 vta., y de fs. 1101 a 1102 vta.,  por Ninhoska Saldías Pérez y Luis Reynaldo Rojas Calvi en representación de Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 307/2013 de 4 de septiembre, cursante de fs. 1069 a 1071, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrado Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.