TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 610/2019        

Fecha: 25 de junio de 2019   

Expediente: LP-24-19-S.

Partes: Garland Villarreal Filipovich c/Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.   

Proceso: Acción negatoria más pago de daños y perjuicios.                                       

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación que cursa de fs. 574 a 577 presentado por el Gobierno Autónomo Municipal mediante su representante Juan Roberto del Granado Mena, contra el Auto de Vista Nº 571/2018 de 15 de octubre, pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz cursante de fs. 570 a 571 vta., en el proceso ordinario doble de acción negatoria más pago de daños y perjuicios, a instancia de Garland Villarreal Filipovich contra el recurrente, la concesión a fs. 581, Auto Supremo de Admisión Nº 130/2019-RA de fs. 586 a 587 vta., y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Fátima Villarreal Filipovich en representación de Garland Villarreal Filipovich, interpuso demanda de acción negatoria más pago de daños y perjuicios, cursante de fs. 127 a 136, subsanada de fs. 180 a 183 vta., contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien repelió y reconvino la negatoria de propiedad y reivindicación, trámite que concluyó con la Sentencia Nº 267/2015 de 7 de diciembre emitida por el Juzgado Segundo de Partido Civil y Comercial cursante a fs. 518 a 528 que declaró PROBADA en parte la demanda de fs. 127 a 136, subsanada de fs. 180 a 183 vta., e IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 209 a 212. 

2. Ante la insatisfacción con dicho fallo, la parte demandada apeló, motivando la emisión del Auto de Vista Nº 571/2018 de 15 de octubre, por el que CONFIRMÓ la sentencia, con el fundamento principal de que el demandante                                      acreditó su derecho propietario con la documentación aparejada y que los comunarios cedieron al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, simplemente 180 has., con destino al Parque Nacional Mallasa y no 213 has., como sostiene el municipio de La Paz, y que la documentación respaldatoria de su derecho propietario tiene el valor legal otorgada por el art. 150  del Código Procesal Civil.      

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación:   

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y CONTESTACIÓN

1. Del recurso de casación en el fondo.

1. Denunció que se vulneraron los arts. 150 del Código Procesal Civil,  1286, 1296 y 1311 del Código Civil y 30, 31 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales concordante con el art. 339.II de la Constitución Política del Estado, por cuanto, fueron preteridas las literales de fs. 189 a 192, especialmente las que cursan de fs. 195 a 198, mismas que fueron expedidas producto de un levantamiento topográfico efectuado en el área perimetral del Parque Nacional de Mallasa, con las cuales consideró haber demostrado que el área perimetral en el que se encuentra comprendido el registro de derecho propietario respecto a la superficie de 213.1317 has, correspondiente al Parque Nacional Mallasa, el cual estaría registrada en el Registro Público en favor del Gobierno Municipal de La Paz, con el Folio Nº 2.01.0.99.0017688 cuya inscripción data de 1 de abril de 1974, siendo anterior al de la contraparte.          

2. Contestación al recurso de casación. 

María Fátima Villareal en representación de Garland Villareal Filipovich respondió al recurso de casación manifestando en lo principal que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no aportó prueba que demuestre que el bien inmueble objeto del litigio se encuentre dentro los límites de su propiedad y tampoco comprobó ser propietario de 213.1327 has, toda vez que los comunarios solo cedieron 180 has, misma que no fue registrada en Derechos Reales.   

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1. La acción negatoria y la reivindicación.

III.1.1. La acción negatoria.

En el Auto Supremo Nº 65/2017 de 1 de febrero entre otros citando a su precedente Auto Supremo Nº 42/2012 de 7 de marzo, sobre la acción negatoria apuntó: “El artículo 1445 del Código Civil, bajo el nomen juris de "acción negatoria" establece que: "I. El propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. II. Si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño."

¨Al respecto, la doctrina nos enseña que el artículo 1455 del sustantivo civil, proporciona al propietario la acción negatoria servitutis, mediante la cual, éste desconoce un derecho real que sobre la cosa de su propiedad alegare alguien. Su objeto, es obtener una sentencia declarativa que establezca que la cosa está libre y franca de determinada carga, o que la carga es inexistente, puede tratarse de servidumbre, usufructo, uso inmobiliario, habitación. Al propietario le basta demostrar su derecho, mientras que al demandado le corresponde probar la existencia del derecho real que alega sobre la cosa ajena. ¨

¨En ese contexto, establecida la naturaleza jurídica del instituto objeto de litis se establece que la interpretación desarrollada por el tribunal a quo, confirmada por el ad quem es acertada, porque estableció que al haber acreditado los demandados tener título de propiedad, no le correspondía declarar la inexistencia de ese derecho de propiedad, en otras palabras estableció que la acción negatoria no es la vía idónea para dilucidar y determinar a quién le asiste mejor derecho de propiedad, por cuanto la acción negatoria permite al propietario demandar a quien afirme tener algún derecho real sobre la cosa de su propiedad y pedir se reconozca la inexistencia de tal derecho, aspecto que opera siempre y cuando el demandado no demuestre la existencia del pretendido derecho, empero cuando el demandado prueba ser titular del derecho real -principal o accesorio- que alega, la acción debe ser declarada improbada, toda vez que, como es lógico, no podría declararse la inexistencia del derecho real acreditado por el demandado, en cuyo caso la dilucidación de la validez del derecho real principal o accesorio acreditado por la parte demandada, o en su caso la dilucidación del mejor derecho de propiedad deberá hacerse por otra vía.”

III.1.2. La reivindicación.

En el Auto Supremo Nº 332/2018 de 2 de mayo, haciendo referencia al Auto Supremo 193/2012 de 6 de septiembre, respecto a la reivindicación  razonó: ¨Respecto a los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria corresponde citar el contenido del Auto Supremo 193/12 de 6 de septiembre de Sala Liquidadora en ella se señaló lo siguiente: “Luego de la sustanciación de la causa, el A-quo declaró improbada la demanda fundamentando su determinación esencialmente en el hecho de no haberse probado que el lote de terreno que los actores pretenden reivindicar estuviera dentro del lote de terreno amurallado de propiedad de los demandados. Apreciación que fue confirmada por el tribunal de alzada.¨

¨En ese marco corresponde precisar que, la acción reivindicatoria, prevista en el artículo 1453 del Código Civil, es una acción de defensa de la propiedad. Al respecto Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que: "la reivindicación es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión". En otras palabras la acción de reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario.¨

¨La acción reivindicatoria es una acción real, pues nace del derecho de propiedad que tiene este carácter; y está dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho y la restitución de la cosa a su dueño. La acción real de reivindicación, es la que la ley le otorga al propietario de una cosa singular de la que no está en posesión, para que la ejerza contra la persona que está poseyéndola.¨

¨Para la procedencia de la referida acción son tres los presupuestos esenciales: 1) el derecho de propiedad de la cosa por parte del actor; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación o singularización de la cosa reivindicada. Consiguientemente la prueba de la acción reivindicatoria debe estar dirigida a demostrar esos tres presupuestos o requisitos, es decir quien demanda la reivindicación de un bien debe demostrar: 1) el derecho de propiedad de quien se pretende dueño; 2) la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3) la posesión de la cosa por el demandado.¨

¨Al respecto el autor "Arturo Alessandri" señala que corresponde al reivindicador demostrar los supuestos de la acción reivindicatoria, precisando seguidamente cuáles son los principales puntos que deben ser probados, a saber: a) el dominio.- El reivindicador debe probar, dice, su derecho de dominio sobre la cosa que pide le sea restituida (...); b) la posesión de la cosa por el demandado.- el reivindicador está en la necesidad de probar que el demandado es el actual poseedor de la cosa que pretende reivindicar (...); c) la identificación de la cosa reivindicada.- el actor debe determinar e identificar la cosa que pretende reivindicar, es decir, demostrar que ella es la misma que el demandado posee.¨

¨En ese sentido, resulta impertinente pretender se declare probada una acción reivindicatoria cuando únicamente se ha probado dos de los tres elementos que se exigen, en virtud a que los tribunales de instancia, correctamente establecieron como hechos probados únicamente el derecho de propiedad que tiene el actor sobre un lote de terreno (…), debidamente registrado en Derechos Reales, así como el derecho de propiedad que tienen los demandados sobre un lote de terreno (…), también ubicado en la zona (…) registrado igualmente en derechos Reales; la posesión de la cosa por la parte demandada y; no así la determinación o identidad de la porción del inmueble en litigio, o lo que es lo mismo la identificación de la cosa que se pretende reivindicar, pues, es evidente que en obrados no cursa ninguna prueba que acredite que el lote de terreno que reclama el actor se encuentre efectivamente sobrepuesto en el terreno de los demandados. Asimismo, la certificación a la que alude el recurrente cursante (…), no demuestra ese aspecto, pues únicamente refiere que de la revisión de archivos de la Unidad de Catastro (…), se constató que el predio se encuentra en el radio urbano, conclusión que resulta insuficiente para establecer la ubicación exacta del inmueble de titularidad del actor y cuya reivindicación pretende…”

¨De acuerdo a una interpretación sistemática del art. 1453 del Código Civil debe tomarse en cuenta lo descrito en los arts. 6 y 72 del Decreto Supremo 27957 de 24 de diciembre de 2004, las que describen los requisitos de fondo del título a ser inscrito y de folio real; el primero de los artículos descritos describe lo siguiente: “De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 6º de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, concordante con los Artículos 1548 y 1556 del Código Civil, todo título cuya inscripción se solicite deberá designar con absoluta claridad el nombre, apellido, estado, nacionalidad, profesión, cédula de identidad y domicilio de las partes; los bienes sujetos a inscripción con especificación de su naturaleza, situación, ubicación, limites, superficie, planos aprobados legalmente y otras circunstancias que sirvan para identificarlos clara y distintamente; además de respetar las formalidades legales establecidas por los artículos 491 y 1421 del Código Civil”. También corresponde citar el contenido del art. 72 de la misma disposición, que refiere: “el folio real comprende los siguientes elementos: en la parte superior: datos del dominio sobre el inmueble, tales como número de la Matricula, fecha de emisión, código catastral, ubicación, designación según el titulo (lote, casa, urbanización, etc.), superficie, medidas y linderos o colindancias, con relación a los puntos cardinales (este, oeste, norte y sur). También consignara los antecedentes dominiales de Libros o Matriculas, que identifiquen el derecho propietario…”

¨De acuerdo a la cita de las normas descritas, se tiene que el derecho de propiedad, para surtir efecto con relación a terceros, debe identificar los límites, colindancias, superficie del derecho de propiedad, estos requisitos identifican el derecho de propiedad en base al cual el titular del mismo puede ejercer su derecho en los términos que describe el art. 105 del Código Civil, previsiones que describen la singularidad del derecho de propiedad.¨ Subrayado nos corresponde.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

En el fondo.

1. Con relación a la denuncia respecto a la vulneración de los arts. 150 del Código Procesal Civil,  1286, 1296 y 1311 del Código Civil, 30, 31 de la Ley de Gobiernos Autónomos  Municipales concordante con el art. 339.II de la Constitución Política del Estado, por cuanto, fueron preteridas las literales de fs. 189 a 192, especialmente las que cursan de fs. 195 a 198, mismas que fueron expedidas producto de un levantamiento topográfico efectuada  en el área perimetral del Parque Nacional de Mallasa, con las cuales consideró haber demostrado que el área perimetral en el que se encuentra comprendido el registro de derecho propietario respecto a la superficie de 213.1317 has, correspondiente al Parque Nacional Mallasa, el cual estaría registrada en el Registro Público en favor del Gobierno Municipal de La Paz, con el Folio Nº 2.01.0.99.0017688 cuya inscripción data de 1 de abril de 1974, siendo anterior al de la contraparte.

De fs. 195 a 198 se tiene el levantamiento Topográfico del Parque Nacional de Mallasa y fotografías satelitales, en el cual indica que la superficie alcanza a 216.09 has.  

Asimismo, de fs. 189 a 192 de obrados cursa el Decreto Supremo Nº 04309 de 6 de febrero de 1956, mismo que hace referencia a la cesión de terreno efectuada por el Sindicato Agrario de Campesinos de la región de Mallasa, las aguas del rio Choqueyapu y el riachuelo más los espacios de terreno libre y la declaratoria de necesidad y utilidad pública el establecimiento del Parque Nacional de Mallasa en la ciudad de La Paz.

Posteriormente mediante el Decreto Supremo Nº 10125 de 18 de febrero de 1972, el Estado transfiere al municipio paceño el prenombrado Parque Nacional de Mallasa.

Según la Matricula Computarizada Nº 2.01.0.99.0017688 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tiene registrado en su favor 213.1317 has., ubicado en el Parque Nacional de Mallasa (fs. 200).

De acuerdo al Testimonio Nº 162/1957 de 9 de diciembre (fs. 202 a 208), se establece que Juan Mamani Quispe en representación de 71 Campesinos de la hacienda de Mallasa, cedió aproximadamente ciento ochenta hectáreas de la parte plana de Mallasa para la instalación del Parque Nacional de Mallasa, en favor del Estado, información corroborada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (fs. 392). 

De lo anotado se establece: a) Que la documentación en cuanto a la extensión o superficie es contradictoria ya que el levantamiento topográfico establece que la superficie alcanza a 216.09 has, en cambio la matrícula computarizada solo hace referencia a 213.1317 has. b) El Decreto Supremo Nº 04309 de 6 de febrero de 1956, describe la cesión de terrenos efectuada por el Sindicato Agrario de Campesinos, que alcanza simplemente a 180 hectáreas según el Testimonio Nº 162/1957 de 9 de diciembre, y a los espacios de terreno libre de los cuales no se tiene la extensión concreta. A todo ello se debe adicionar que las literales reclamadas de valoración no establecen con precisión y claridad los límites de la propiedad del municipio, por ende, tampoco comprueban que el inmueble objeto de litigio se encuentre dentro la propiedad del municipio, aspecto necesario para tutelar y no proceder arbitrariamente como se explicó en el punto de la doctrina aplicable.

Finalmente, respecto a la prioridad de registro, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, inscribió su derecho propietario en el registro público el 1 de abril de 1974, asignándole la Matrícula Computarizada Nº 01096372, no obstante, como se dijo antes, el Municipio no demostró que el terreno en debate esté dentro la propiedad del mismo, es decir, dentro el Parque Nacional de Mallasa, siendo así, resulta irrelevante el aspecto prioritario de la inscripción porque se trata de un bien distinto a la entidad autónoma. El reclamo es írrito.                

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el  recurso de casación que cursa  de fs. 574 a  577, contra el Auto de Vista Nº 571/2018 de 15 de octubre, pronunciado por la Sala Civil  Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos

Se regula honorario profesional del abogado que respondió el recurso en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.                                                               


OBG