TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L 

       

Auto Supremo: 600/2019

Fecha: 24 de junio de 2019

Expediente: LP-28-19-S

Partes: Edgar Orlando Borda Zapata c/ Cristóbal Aliaga Laura.

Proceso: Resolución de contrato y pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 173 a 180 vta., interpuesto por Edgar Orlando Borda Zapata, contra el Auto de Vista Nº S-256/2018 de 10 de agosto, cursante a fs. 170 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato más pago de daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra Cristóbal Aliaga Laura; el Auto interlocutorio de concesión del recurso de fecha 29 de noviembre de 2018 que cursa a fs. 184; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 149/2019-RA de 25 de febrero que cursa de fs. 189 a 190; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Edgar Orlando Borda Zapata, por memorial de demanda que cursa de fs. 31 a 33, que fue subsanado por memoriales de fs. 85 a 87, fs. 89 vta. y fs. 93 a 94 vta., inició proceso ordinario de resolución de contrato más pago de daños y perjuicios; acción que fue interpuesta contra Cristóbal Aliaga Laura, quien una vez citado, por memorial que cursa de fs. 99 a 100 respondió en forma negativa.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, la Juez Público Civil y Comercial Nº 20 de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 31/2017 de 16 de enero, cursante de fs. 143 a 147, declaró IMPROBADA la demanda principal, con costas.

  1. Resolución que, una vez que fue puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Edgar Orlando Borda Zapata, mediante memorial de fs. 151 a 157, interpusiera recurso de apelación.
  2. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº S-256/2018 de 10 de agosto que cursa a fs.170 vta., donde los Jueces de Alzada en lo más sobresaliente de dicha resolución señalaron lo siguiente:

Por lo expuesto, y toda vez que las causales invocadas en apelación no habrían sido evidenciadas, el citado Tribunal decidió CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas y costos.  

  1. Fallo de segunda instancia que, puesto en conocimiento de ambos sujetos procesales, ameritó que el demandante Edgar Orlando Borda Zapata, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurrente después de realizar una relación de los hechos acontecidos en el presente proceso, expuso los siguientes reclamos:

  1. Refiere que el auto de vista apelado sería una réplica de la sentencia de primera instancia, empero obviando la fundamentación legal y la congruencia con los antecedentes y los hechos, toda vez que en el numeral uno, solo se habría realizado una simple relación de actuados sin analizar la validez o no de los mismos; en el numeral dos se habrían expresado los agravios acusados en apelación, empero estos no se ajustarían a los actuados del proceso ni a la fundamentación de agravios presentado en el recurso de apelación, más aun cuando se habría puesto de manifiesto que la juez A quo habría omitido la debida fundamentación. Vulnerando en ese sentido los principios de legalidad, dispositivo, igualdad procesal y verdad material.
  2. Aduce que los jueces de Alzada no habrían realizado una atenta revisión del proceso, ya que no habrían analizado ninguno de los hechos denunciados ante dicha instancia, omisión que derivaría en una inobservancia de las normas procesales, que dan lugar a la vulneración de la garantía del debido proceso.

En virtud a dichos reclamos, el demandante solicita se case el auto de vista recurrido y se determine la nulidad de la sentencia, toda vez que los actuados procesales se encontrarían viciados de nulidad.

De la respuesta a los recursos de casación.

De la revisión de obrados se advierte que pese a haber sido debidamente notificado el demandado Cristóbal Aliaga Laura con el recurso de casación de la parte actora, tal como se tiene de la papeleta de notificación de fs. 182, este no presentó memorial alguno contestando a dicha impugnación, por lo que sobre el particular no corresponde realizar mayor consideración.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. Del régimen de nulidades procesales.

En el tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la Ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; sólo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.  

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios que rigen la nulidad procesal como ser: el principio de especificidad, legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que sólo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia”.(Las negrillas nos pertenecen).

Así también la jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012 que “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.”

III.2. Del principio de congruencia.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala:Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

III.3. De la motivación de las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. 

En la Sentencia Constitucional Plurinacional 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”. 

III.4. De la falta de fundamentación en las resoluciones judiciales.

El art. 213 II del Código Procesal Civil dispone que la Sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la Sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional, se aplica también a la resolución de segunda instancia, tal como lo establece el art. 218.I. del Código Procesal Civil.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la Resolución de Alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues al Tribunal de Alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco le es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa de indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente.

III.5. De la necesidad de agotar la complementación y enmienda ante la omisión de una pretensión.

Previamente se debe tener presente que si bien el art. 270-I del Código Procesal Civil expresa: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley.”.; sin embargo,  cuando se trata de subsanar cuestiones formales de las resoluciones, como errores en la estructura u omisiones que pudieren existir en la misma, es que entendiendo que estos reclamos se constituyen en cuestiones de forma que tienen por finalidad anular obrados, el art. 17-III de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial, que rige el instituto procesal de la nulidad, ha establecido lo siguiente: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”; en ese entendido, cuando se alegue incongruencia omisiva en la resolución impugnada, por la falta de pronunciamiento de algún reclamo, corresponde al afectado previamente a utilizar el recurso de casación, hacer uso de la facultad establecida en el art.  226 del Código Procesal Civil, precepto normativo procesal que en su parágrafo III de manera clara señala que: “…las partes podrán solicitar la aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se habría incurrido en sentencia, auto de vista o auto supremo”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los Tribunales o jueces de instancia, caso contrario, en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad, conforme determinan las normas citadas supra.

Entendimiento orientado por este Supremo Tribunal en diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015 donde se señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.

Ahora si dicha respuesta, no satisfacía las expectativas deducidas por los recurrentes debieron formular la petición de complementación y aclaración en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que los recurrentes no agotaron el mecanismo de protección oportuno para la satisfacción del reclamo que ahora se traen en casación, consiguientemente se advierte no haberse dado cumplimiento a la premisa establecida en el art. 17 parágrafo III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En virtud a los fundamentos doctrinarios que sustentarán la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos denunciados en el recurso de casación interpuesto por el demandante Edgar Orlando Borda Zapata.

1. Del análisis de los extremos acusados en este primer apartado, se observa que el mismo está orientado a cuestionar la falta de fundamentación legal y de congruencia en el auto de vista, toda vez que la citada resolución no se habría adecuado a los datos del proceso ni a la fundamentación de agravios, situación que, a criterio del recurrente, habría ocasionado una transgresión de los principios de legalidad, dispositivo, igualdad procesal y verdad material.

De lo acusado, se infiere que el presente reclamo se encuentra orientado a acusar un vicio de forma como es la falta de fundamentación y de congruencia; en ese entendido, y toda vez que dicho extremo tiene que ver exclusivamente con la estructura formal del auto de vista, es que este Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo estipulado en la SCP Nº 1083/2014 de 10 de junio, se encuentra limitado a constatar si en el contenido de la resolución recurrida se suscitó o no la citada omisión procesal.

En ese contexto, de la revisión de los actuados procesales, se advierten los siguientes extremos:

Consiguientemente, en virtud a las consideraciones expuestas, se concluye que la falta de congruencia en el Auto de Vista Nº S-256/2018 de 10 de agosto, no resulta evidente, pues el Tribunal de alzada, conforme a lo expuesto en los considerandos segundo y tercero del auto de vista, a los cuales nos remitimos, procedió a dar respuesta a todos los reclamos acusados en apelación, sin omitir ningún extremo; por lo tanto, y toda vez que el  principio de congruencia en segunda instancia amerita que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación, el presente reclamo de vulneración a dicho principio deviene en infundado, pues este Tribunal Supremo, al estar limitada su competencia para establecer únicamente si hubo o no respuesta a todos los reclamos del apelante, no advierte omisión alguna de consideración.

Ahora bien, con relación a la falta de fundamentación acusada, es pertinente señalar, conforme ya se desarrolló en la doctrina aplicable al caso de autos, si bien es evidente que los justiciables tienen derecho a conocer las razones en las cuales se funda la decisión de las autoridades judiciales, sin embargo, conforme a la amplia jurisprudencia ordinaria y constitucional pronunciada sobre el tema, el cumplimiento de dicha exigencia (debida fundamentación), no implica que la resolución deba contener una exposición extensa de consideraciones o citas legales, al contrario, para que este requerimiento sea considerado como cumplido, la exposición de razones así sea breve, pero mientras esta sea clara y satisfaga todos los puntos advertidos, se tendrá por cumplida.

Bajo esa premisa, del análisis de los fundamentos inmersos en el considerando tercero del auto de vista recurrido, se advierte que los Vocales suscriptores de dicha resolución, contrariamente a lo advertido por el recurrente, si expusieron de manera por demás clara y puntual, las razones y/o motivos por los cuales no dieron curso a los agravios denunciados en apelación y la razón por la cual compartían el criterio asumido por el juez de la causa, siendo entre otros fundamentos los siguientes: “De lo expuesto se tiene que tanto la parte actora como la parte demandada o en su caso excepcionista, tienen la carga de la prueba de demostrar los enunciados fácticos vertidos o introducidos al proceso conforme al principio dispositivo, es decir la parte recurrente al señalar que la parte demandada no hubiera cumplido con el contrato de fs. 2-3 por lo que consecuentemente hubiera incumplimiento de obligaciones emergentes de un acuerdo de voluntades vulnerando el principio de libertad contractual y la ejecución de dicho negocio jurídico conforme lo establece la buena fe probidad, la parte recurrente debe demostrar o explicar de qué forma la parte contraría transgredió el negocio jurídico de fs. 2-3 de obrados, extremos que debieron ser probados conforme a las reglas del onus probando.”, de igual forma el Tribunal de alzada señaló: “… no se debe perder de vista que todo aquel justiciable que quisiere materializar la consecuencia jurídica de una determinada norma legal tiene la carga de probar los supuestos fácticos de la misma, porque como refiere la doctrina procesal civil la carga de la prueba es aquella actividad desplegada en beneficio propio del justiciable para demostrar el tema de prueba que son los enunciados fácticos de su pretensión o excepción, los cuales están destinados a formas convicción en el Juez A quo; sin embargo en la especie se tiene que la parte recurrente no respalda conforme a las reglas de la carga de la prueba establecidas en el art. 135 par. I y 136 par. I del Código Procesal Civil y Art. 1283 del Código Civil las afirmaciones vertidas tanto en el desarrollo del proceso como en su recurso de apelación de fs. 151-157 de obrados.” (Las negrillas nos pertenecen); finalmente como otro fundamento que sustenta la decisión asumida en segunda instancia se encuentra el siguiente razonamiento: “… analizado el caso de autos, se tiene que la Juez A-quo al emitir la resolución recurrida ha efectuado una adecuada compulsa de los datos del proceso, correspondiendo en esta instancia confirma la decisión ya asumida por el juzgador … este Tribunal de Alzada no advierte que las causales de apelación invocadas por la pare apelante hayan sido evidenciadas para su procedencia.”. De esta extracción de fundamentos y motivos, se tiene plena certeza, que contrariamente a lo acusado en esta etapa de casación, el Tribunal de Alzada no incurrió en omisión de motivación y/o fundamentación, pues las razones que impulsaron a confirmar la resolución de primera instancia fueron claramente expuestas, por lo tanto, el presente reclamo deviene en infundado.

Empero, al margen de lo ya expuesto, es menester aclarar que si el demandante consideró que el auto de vista contenía omisiones de consideración y fundamentación que trasgredían la estructura formal de la resolución, debió hacer uso de la facultad conferida en el art. 226.III del Código Procesal Civil, es decir que dentro del plazo oportuno debió solicitar la complementación, explicación y/o enmienda, ya que conforme a los principios que rigen las nulidades procesales, estas operan cuando el vicio o irregularidad procesales es reclamada en la etapa procesal oportuna y no en etapas posteriores, pues el vicio queda convalidado y el derecho a reclamar precluído.

2. Como otro reclamo refieren que el Tribunal de alzada no habría analizado ninguno de los hechos denunciados ante dicha instancia, omisión que derivaría en la vulneración de normas procesales y de principios que consagran el debido proceso.

En vista de que el presente reclamo, es reiterativo en cuanto a la trasgresión del principio de congruencia, con la finalidad de evitar reiteraciones innecesarias, corresponde remitirnos a los fundamentos ampliamente expuestos en el anterior numeral, donde se explicó de manera clara que el Tribunal de alzada no vulneró dicho principio, pues no incurrió en omisión alguna toda vez que los reclamos advertidos en apelación fueron debidamente considerados y resueltos, y como este Tribunal Supremo de Justicia ante la denuncia de presunta comisión de omisiones, se ve limitado a verificar si dicho extremo resulta o no evidente, es que en el caso de autos no corresponde ingresar al fondo del proceso. 

Por lo expuesto, y toda vez que no son evidentes los reclamos acusados en esta etapa procesal, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 173 a 180 vta., interpuesto por Edgar Orlando Borda Zapata, contra el Auto de Vista Nº S-256/2018 de 10 de agosto, cursante a fs. 170 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas ni costos por no existir respuesta a recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu