TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 597/2019

Fecha: 18 de junio de 2019

Expediente: SC 20 19 A

Partes: Ponciano Zamora Cano c/ Asociación de Comerciantes Minoristas del

            Exterior de la Feria de Barrio Lindo “6 de Diciembre”.

Proceso: Firma de minutas de adjudicación de locales comerciales.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 416 a 421, interpuesto por la Asociación de Comerciantes Minoristas del Exterior de la Feria de Barrio Lindo “6 de Diciembre” representada por Eduardo Villalpando Tirado, Hortencia Condori Nava y Ana Salguero Vallejos contra el Auto de Vista Nº 534/2018 de 6 de diciembre, cursante de fs. 408 a 409 vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de firma de minutas de adjudicación de locales comerciales, seguido por Ponciano Zamora Cano contra la Asociación recurrente, el Auto de Concesión de 7 de febrero de 2019, cursante a fs. 451, Auto Supremo de Admisión Nº 174/2019 - RA de fs. 460 a 462; todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1. Ponciano Zamora Cano inició demanda de firma de minutas de adjudicación de locales comerciales, mediante memorial cursante de fs. 207 a 212 vta., acción dirigida contra la Asociación de Comerciantes Minoristas del Exterior de la Feria de Barrio Lindo “6 de Diciembre” representada por Eduardo Villalpando Tirado, Hortencia Condori Nava y Ana Salguero Vallejos y los presuntos herederos de Rosa Cano Vda. de Zamora, arguyendo que de acuerdo al sorteo de puestos llevado a cabo el 13 de abril de 1999, por la Asociación “6 de Diciembre”, le correspondió los locales comerciales Nros. 1 y 37, el local comercial N° 197, pasillo Leo, adquirido también por el actor con pagos realizados a nombre de Silvia Zamora Cuiza y el local comercial N° 231 pasillo Leo, adquirido por la madre del demandante Rosa Cano Vda. de Zamora, acreditando plenamente su calidad de adjudicatario y consiguiente poseedor a título de propietario de los locales comerciales mencionados a fin de que la Asociación gremial cumpla con la obligación de firmar las minutas.

Citada la Asociación de Comerciantes Minoristas del Exterior de la Feria de Barrio Lindo “6 de Diciembre”, se apersonó a través de su representante Eduardo Villalpando Tirado planteando excepciones de impersonería, cosa juzgada, prescripción y caducidad, asimismo, contestó a la demanda negando toda acción y derecho mediante escrito cursante de fs. 262 a 265. Por otro lado, fueron citados por edictos los presuntos herederos de Rosa Cano Vda. de Zamora de fs. 283 a 284, como resultado se apersonaron Modesta Martha Zamora Cano y Nicolás Zamora Cano quienes contestaron a la demanda allanándose a la misma y dando por bien hecho lo actuado por su hermano, indicando que ser legítimos propietarios de local comercial N° 231 en su condición de herederos.

2. La Juez Público Civil y Comercial Tercero de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció Auto el 6 de junio de 2018, cursante de fs. 329 a 331, declarando PROBADA EN PARTE las excepciones presentadas por la Asociación de Comerciantes Minoristas del Exterior de la Feria de Barrio Lindo “6 de Diciembre”, IMPROBADAS las excepciones de impersonería en el demandante y de cosa juzgada; y PROBADA la excepción de prescripción y caducidad de fs. 262 a 265. En consecuencia, al haberse declarado probada la excepción de prescripción, se declaró IMPROBADA la demanda principal sobre solicitud de firma de minutas de adjudicación de locales comerciales. Disponiéndose que en ejecución de sentencia se levanten todas las medidas cautelares dispuestas con imposición de costas.

3. Resolución de primera instancia que fue apelada por el actor Ponciano Zamora Cano y también por Nicolás Zamora Cano y Modesta Martha Zamora Cano, mereciendo el Auto de Vista N° 534/2018 de 6 de diciembre cursante de fs. 408 a 409 vta., que REVOCÓ parcialmente el Auto Definitivo de 6 de junio de 2018, y deliberando en el fondo declaró IMPROBADA la excepción de prescripción y caducidad, debiendo proseguirse el procedimiento hasta sentencia. Sin costas ni costos.

El Tribunal Ad quem arguyó en el presente caso que la demanda no tuvo como pretensión la exigencia de un derecho patrimonial contra la demandada obligación económica- por cuanto Ponciano Zamora Cano y los herederos Rosa Cano Zamora, no fueron acreedores de una obligación estrictamente patrimonial pecuniaria, sino respecto de estos existe el ejercicio de un derecho real con la posesión de más de 20 años en los locales comerciales que deviene de la gestión de 1993, al haber sido ministrada posesión por la Asociación de Comerciantes Minoristas “6 de Diciembre” Exterior, que al constituirse en derecho han demandado el otorgamiento de las minutas, en este entendido, se ha establecido que su reclamo está dentro de los alcances del art. 1505 del Código Civil, por cuanto la posesión ejercida del actor y sus hermanos sobre los locales comerciales objeto de litis, constituye un reconocimiento del derecho, de donde se concluyó que no resultan procedentes las excepciones de prescripción y caducidad. Por otro lado, el ejercicio de derechos del actor extendió en su calidad de heredero de Rosa Cano Vda. de Zamora respecto al local comercial Nº 231 ubicado en el Pasillo Leo y salvando los derechos de los coherederos Modesta Martha Zamora Cano, Flora Zamora Cano y Nicolás Zamora Cano, ejerciendo la posesión de los locales comerciales mencionados, que imposibilita la prescripción extintiva en conformidad de los arts. 87.I y 92 del Código Civil.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA.

De los agravios expuestos por la Asociación de Comerciantes Minoristas del Exterior de la Feria Barrio Lindo “6 de Diciembre”, se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, los siguientes:

En la forma.

1. Acusaron que el Auto Definitivo de fs. 329 a 331, data del 6 de junio de 2018 y el demandante Ponciano Zamora Cano mediante memorial de fs. 364 a 369 interpuso recurso de apelación contra el Auto de 6 de mayo de 2018 y de 5 de mayo de 2018; de la misma manera los apelantes Nicolás Zamora Cano y Modesta Martha Zamora Cano de fs. 382 a 387 vta., plantearon recurso de apelación contra el Auto de 5 de mayo de 2018, que después intentaron subsanar su error, resulta ilegal y extemporáneo porque ha sido vulnerado el plazo fatal e improrrogable previsto en el art. 261.I del Código Procesal Civil, además de los arts. 256, 257 y 263 del mismo adjetivo civil, al haber sido infringidas las formas esenciales del proceso en la concesión de los dos recursos de apelación, por lo que solicitaron anular obrados hasta la admisión de los recursos de fs. 395, declarando ejecutoriado el Auto Definitivo de 6 de junio de 2018.

En el fondo.

1. Denunciaron la interpretación errónea del art. 1492.I del Código Civil, por cuanto la norma señalada no refiere a una obligación pecuniaria como interpreta erróneamente el Auto de Vista impugnado, tampoco se desnaturaliza la norma por el ejercicio de un derecho real como se interpreta erróneamente. En el caso de autos, los demandantes desde que adquirieron los locales comerciales en su calidad de asociados hasta el día de la citación con la demanda del caso no reclamaron la extensión y firma de minutas. Además, no podían hacerlo toda vez que mediante resolución de Asamblea, fueron expulsados conforme Acta de fs. 204 a 206 vta., determinando no extenderles ninguna minuta. Por su parte los demandantes no impugnaron dicha resolución ni mediante recursos administrativos ni por acciones judiciales.

2. Manifestaron que el Auto de Vista recurrido vulneró el art. 1505 del Código Civil, interpretado erróneamente y aplicado indebidamente. En el caso de autos, no existió el reconocimiento del derecho que pretenden los demandantes ni expresó ni tácitamente, por el contrario, persistió el desconocimiento de los derechos de los demandantes mediante Acta de Asamblea de fs. 204 a 206, donde se los expulsó con pérdida de sus derechos y aportes, sin que hayan impugnado, no siendo esta demanda la vía porque tampoco han demandado la nulidad o revisión de las determinaciones de la Asamblea.

3. Alegaron la vulneración de los arts. 87.I y 92 del Código Civil, respecto a la posesión como derecho real y derecho de sucesión, ya que en el caso de autos fueron interpretados erróneamente y aplicados indebidamente, por cuanto estando en discusión que los demandantes cuentan con el derecho a demandar por la vía ordinaria la extensión de las minutas de transferencia de los locales comerciales que les fueron adjudicadas. Derecho que se perdió al ser expulsados por la Asamblea Extraordinaria no habiendo planteado ninguna impugnación.

4. Arguyeron que el Tribunal Ad quem ha violado el art. 145 del Código Procesal Civil al no considerar ni tomar en cuenta la prueba documental contenida en fs. 204 a 206, consistente en el Acta de Asamblea Extraordinaria de 7 de marzo de 2016, en el cual se decidió la expulsión de los demandantes con pérdida de sus aportes y la no extensión de las minutas de transferencia. De haber valorado la prueba extrañada por su contenido, otra forma de resolución tendría el Auto de Vista impugnado negando el derecho reclamado por los actores, por el hecho de demandar la extensión y firma de minutas de transferencia.

Petitorio.

Solicitaron anular obrados hasta el Auto de admisión de los recursos de apelación de fs. 395 y declarando ejecutoriado el Auto definitivo de 6 de junio de 2018 de fs. 329 a 331, o en su defecto casar el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo mantener firme y subsistente el Auto definitivo con las responsabilidades de ley.

Contestación al recurso de casación de Ponciano Zamora Cano.

Señaló que el reclamo de la entidad recurrente se enfocó en cuestionar un error de fecha y mes de la resolución apelada, el cual no resultó esencial para la garantía del debido proceso de la Asociación demandada, con base en ese error reclamó en casación de forma tardía y sin transcendencia.

Indicó también que no se hicieron abandono de las casetas desde su adquisición por lo que no se ha cumplido con los requisitos de la prescripción de 5 años. Por otro lado, mencionó que mediante Auto Supremo N° 224/2012 de 17 de agosto, se constata que su familia no cometió los delitos de estafa y estelionato por la venta de las casetas. Asimismo, manifestó que cuenta con el arrendamiento de la caseta N° 37, del pasillo Leo y las cartas que demuestran la inexistencia de la prescripción a exigir la regulación de su derecho.

Además, hizo mención a la demanda de desalojo y existiendo prueba que demuestra la interrupción de la prescripción no se completa los cinco años que la norma exige conforme señalan los arts. 1505 y 1507 del Código Civil.

Con relación a la aplicación indebida de los arts. 87.I y 92 del Código Civil, llegando a ser un simple reclamo y sobre el art. 145 del Código Procesal Civil, la valoración de la prueba de fs. 204 a 206, fue integral y no aislada. Citó el Auto Supremo N° 930/2017 de 29 de agosto, y solicitó declarar infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la legitimación ad causam.

Sobre esta temática, el autor Lino E. Palacio, en su obra "DERECHO PROCESAL CIVIL" Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406, al analizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión, señala: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación (…) Cabe, pues, definir a la legitimación, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa (...), por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación".

En ese orden de ideas, es pertinente citar el criterio del autor Hernando Devis Echandía, quien en su obra “TEORÍA GENERAL DEL PROCESO”, 2da Edición, Buenos Aires, Edit. Universidad 1997, página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda … por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida … que deben ser objeto de la decisión del Juez…”, es decir, que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, lo que implica, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular la función jurisdiccional, así como que esta sea promovida contra quien tiene la calidad de contraponerse a ese derecho.

Finalmente, sobre este tema la Sentencia Constitucional Nº 1587/2011-R de 11 de octubre, señala: “La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal - legitimación activa -, o de resistirse a ella eficazmente - legitimación pasiva…”.

III.2. La obligación de escrituración no prescribe por la posesión.

Por el carácter consensual del contrato de venta, no figura en el catálogo de obligaciones con cargo al vendedor, la escrituración a efectos de generar publicidad en el registro correspondiente, esa obligación se traduce en un deber de cooperar al comprador para que titularice el bien, lo cual no conlleva una carga económica en caso de que transcurra el tiempo sin que se haya escriturado la venta, esta particularidad hace que dicha obligación no se encuentre sujeta a prescripción. Criterio que se adopta conforme a la finalidad que conlleva la prescripción de liberar de una carga patrimonial al obligado. Postura que tiene soporte en la jurisprudencia argentina que condiciona a que el propietario haya estado en posesión del bien.  

Al respecto a la obligación de escrituración la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala II de Azul, Provincia de Buenos Aires, dentro del proceso caratulado “Ramil María Alejandra y otro/a c/ Club Deportivo La Movediza s/ Escrituración” (Causa N° 62.038), 21 de septiembre de 2017, determina lo siguiente:

“De este modo, ahora corresponde abordar el planteo de prescripción de las acciones emergentes de la cuestionada asamblea, que en atención al extenso lapso de tiempo transcurrido, formuló la accionada en su escrito de responde (fs.237). Sobre este punto sostuvo la a quo aunque en referencia a la compraventa- que la prescripción decenal de la acción de escrituración (art.4023 del Código Civil), es interrumpida por la posesión pacífica y continuada que ejerza el comprador y que resulte de la tradición del inmueble que oportunamente le haya hecho el vendedor, ya que ésta importa un reconocimiento tácito y permanente de respetar el derecho del adquirente (art.3989 del Código Civil) (fs.440vta./441). En un reciente pronunciamiento sobre esta temática, ha señalado este tribunal que en lo que toca a la configuración de la aludida causal de interrupción de la prescripción consagrada en el art.3989 del Código Civil, en los supuestos de la acción de escrituración planteada por un comprador por boleto de compraventa, la Suprema Corte dijo que: “la posesión permanente del bien prometido en venta, tolerada por el vendedor, constituye un factor interruptivo de la prescripción en los términos del art.3989 del Código Civil” (SCBA, Ac. 43971, “Zubillaga, Héctor Raúl y otros…”, del 17/03/92, pub. A y S 1992 I, pág.363; esta Sala, causa n° 60.987, “San Juan”, sentencia del 27-6-17, voto del Dr. Galdós).

Los conceptos expuestos en el párrafo precedente son aplicables por analogía al supuesto de autos, pese a que no nos hallamos ante una compraventa sino que -como ya se dejó sentado- la causa fuente de la obligación de escriturar está dada por la decisión asamblearia que contiene el reconocimiento de la deuda y la dación en pago de la fracción del inmueble. Incursionando entonces en el examen de esta temática, en la sentencia apelada se tuvo por acreditado que Oscar José Ramil detentó la posesión de la fracción adjudicada, desde la aludida asamblea y hasta la fecha, en forma continua y sin ningún tipo de restricción. Para llegar a esta conclusión se basó la juzgadora en el propio reconocimiento de la demandada en su conteste (fs.230), y en los dichos de los testigos Rubén Omar Valin (fs.375/376), Domingo Santos Gianarelli (fs.377/378) y Osvaldo Ricardo Zarini (fs.393/395). Y así señaló la magistrada de la anterior instancia que no habiendo la demandada producido prueba alguna tendiente a desvirtuar lo así justificado, corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta (fs.441, segundo párrafo). (…)

En efecto, si se observa el escrito recursivo puede repararse en que la apelante sólo se detiene en explicar su escrito de contestación de demanda, procurando darle a este responde una interpretación distinta a la otorgada en el pronunciamiento de grado (fs.475vta./476), pero sin ocuparse de los demás elementos probatorios ponderados por la juzgadora, que son esenciales para esclarecer este aspecto del litigio (art.260 del Cód. Proc.). Seguidamente, la apelante alude al art.2545 del Código Civil y Comercial, que no resulta aplicable al sub caso conforme se dejó aclarado en el apartado V (art.7 del C.C. y C.). Y posteriormente refiere a la falta de tradición y a la supuesta ocupación ilegítima de las tierras que ejercería Ramil (fs.376/377), siendo que la posesión ejercida por éste fue la consecuencia de la decisión asamblearia donde -por unanimidad- se decidió transferirle el inmueble, lo que le confiere suficiente legitimidad a esa posesión que reúne tanto el corpus como el animus (arts.2351, 2355, 2356, 2362, 2379, 2384 y ccs. del Cód. Civil). De esta manera, al ostentar la parte actora la posesión del inmueble, se produce la interrupción de la prescripción de la acción de escrituración, de conformidad con la doctrina citada precedentemente (art.3989 del Código Civil). Por ende, propicio la confirmación de la sentencia apelada en cuanto desestimó la excepción de prescripción”. (Fuente: https://www.pensamientocivil.com.ar/fallos/3423-obligacion-escriturar)

Por todo lo señalado se concluye en caso de haberse entregado el bien inmueble por el vendedor y ejercido la posesión por parte del comprador no corresponde la prescripción de la acción de escrituración.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

1. Con relación a que el Auto Definitivo de fs. 329 a 331, data del 6 de junio de 2018 que el demandante Ponciano Zamora Cano mediante memorial de fs. 364 a 369, interpone recurso de apelación contra el Auto de 6 de mayo de 2018 y 5 de mayo de 2018; de la misma manera Nicolás Zamora Cano y Modesta Martha Zamora Cano de fs. 382 a 387 vta., plantean recurso de apelación contra el Auto de 5 de mayo de 2018, que después intentan subsanar su error, resultando ilegal y extemporáneo porque vulnera el plazo fatal e improrrogable previsto en el art. 261.I del Código Procesal Civil, además de los arts. 256, 257 y 263 del mismo adjetivo civil se infringen cuando se conceden los recursos de apelación, por lo que solicita anular obrados hasta la admisión de los recursos de fs. 395, declarando ejecutoriado el Auto Definitivo recurrido.

Corresponde señalar que Ponciano Zamora Cano, plantea el recurso de apelación de fs. 364 a 369, contra el Auto dictado el 6 de mayo de 2018, y señala una segunda fecha de 5 de mayo de 2018 en su memorial de impugnación, empero, del contenido de la apelación se entiende que sería contra el Auto emitido el 6 de junio de 2018 haciendo énfasis en la prescripción y la caducidad. Por su parte, Nicolás Zamora Cano y Modesta Martha Zamora Cano, plantean su recurso de apelación cursante de fs. 382 a 387 vta., donde hacen referencia el Auto de 6 de mayo de 2018 y 5 de mayo de 2018, empero, en su primera plana señalan concretamente al Auto de 6 de junio de 2018, formalizando la apelación, en ese entendido, tomando en cuenta los argumentos explanados en ambas impugnaciones se infiere que estas van dirigidas en contra de la resolución dictada por el A quo, el 6 de junio de 2018, que resuelve las excepciones de prescripción y caducidad.

Por memoriales cursantes de fs. 391 y vta. y 392 y vta., los impugnantes rectifican la fecha del Auto apelado por el correcto de 6 de junio de 2018, teniendo por respuesta cada una por parte del juez A quo, darse por ratificadas.

Por su lado, la Asociación de Comerciantes Minoristas “6 de Diciembre” representada por Eduardo Villalpando Tirado, contesta a las dos apelaciones mediante memoriales cursantes de fs. 379 a 380 vta. y 393 a 394 vta., indicando como inexistente la resolución de 6 de mayo de 2018, aclarando que el Auto impugnado se dicta el 6 de junio de 2018, más adelante en sus memoriales también hacen referencia a la resolución definitiva de 6 de junio de 2018 y solicitan finalmente confirmar la resolución. En este entendido, de la revisión de los memoriales de contestación presentada por la institución gremial denotan sin lugar a equívoco que las apelaciones son contra el Auto de 6 de junio de 2018.

En consecuencia, se advierte la intrascendencia de dicho reclamo debido a que las apelaciones se plantean dentro el plazo que regula el art. 261.I del Código Procesal Civil y de la revisión del contenido de las apelaciones cumplen con la formulación de agravios y cuenta con la concesión efectuada por el juez A quo, estando dentro de los parámetros establecidos en los arts. 256, 257 y 263 del Código Procesal Civil.

En el fondo.

1.- De manera conjunta se absuelven a continuación los agravios de fondo 1, 2 y 3 enunciados por la parte recurrente al existir similitud, en particular referencia a la expulsión del actor y sus hermanos mediante Resolución de Asamblea de la Asociación de Comerciantes Minoristas Barrio Lindo “6 de Diciembre”, conforme Acta de fs. 204 a 206, en el cual se determina que no extiendan minutas de los locales comerciales, resolución que no es impugnada por la parte demandante mediante recursos administrativos.

De los antecedentes se establece que Ponciano Zamora Cano participa en su calidad de socio del sorteo de locales efectuada por la Asociación de Comerciantes Minoristas “6 de Diciembre”, actividad llevada a cabo el 13 de abril de 1999, con la presencia de la Notaria de Fe Pública de Primera Clase Nº 60 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra cursante de fs. 255 a 258 vta., en la evidencia señalada se aprecia el nombre del actor y asimismo se corrobora el hecho en la contestación a la demanda de fs. 264, donde se indica: “…se llevó a cabo un sorteo de casetas entre todos los socios, misma que funciona como un contrato entre partes y correspondiéndole al [demandante] la caseta N° 37 y a sus familiares otras”.

A partir del sorteo el demandante y sus familiares en su calidad de socios tomaron posesión de los locales comerciales reclamados para su escrituración y desde esa fecha no existe dejadez en el ejercicio de su derecho desde la gestión de 1999. Además, se tiene que tomar en cuenta que el 18 de noviembre de 2008 se efectúa la inscripción en Derechos Reales de la división y partición de los locales comerciales conforme al folio real cursante de fs. 193 y el Testimonio Nº 650/2008 de 14 de noviembre de 2008, por lo que, a partir de esta fecha los socios tienen la posibilidad cierta y real de reclamar sus minutas para la inscripción individual de su derecho de propiedad.

Con relación a la excepción de prescripción se toma en cuenta que obligación de la firma de las minutas de los locales comerciales reclamada por la parte actora no tiene consecuencia económica ya que no se concreta un efecto patrimonial debido a que su finalidad es el registro en la oficina de Derechos Reales, siendo un deber de colaborar para el vendedor.

Además, se establece que la obligación de escrituración en la presente causa no prescribe debido a que se produjo el sorteo de locales en la gestión de 1999 desde la misma el demandante ejerce la posesión de los locales comerciales objeto de la litis, que importa un reconocimiento tácito y permanente de respetar el derecho del adquirente por el obligado, conforme al art. 1505 del Código Civil.

El Auto de Vista impugnado al considerar el ejercicio de la posesión del demandante con relación a los locales comerciales para determinar la improcedencia de prescripción realiza una correcta apreciación de los argumentos planteados. En lo demás de las apreciaciones efectuadas por el Tribunal Ad quem son pertinentes apoyados en los arts. 87.1 y 92 del Código Civil, que refiere a la posesión y la sucesión hereditaria respecto al local comercial Nº 231, no con relación al reconocimiento del derecho estipulado en el art. 1505 del Código Civil, pese a dicha apreciación no cambia la decisión de fondo en cuanto se ha verificado que no se opera la prescripción por la posesión ejercida del demandante y sus familiares con relación a los locales comerciales por la entrega de parte de la Asociación de Comerciantes Minoristas Barrio Lindo “6 de Diciembre”, en ese entendido, se modula el criterio por la aplicación del art. 1505 del Código Civil conforme a los fundamentos esgrimidos en esta resolución y la doctrina aplicable en sentido que el deber de escrituración no prescribe conforme al derecho comparado, aplicable a la materia de autos por su situación de analogía.

Por otra parte, se hace referencia a la expulsión de los socios Nicolás Zamora Cano, Ponciano Zamora Cano, Silvia Cinthia Zamora de Núñez y Rosa Vda. de Cano de la Asociación de Comerciantes Minoristas “6 de Diciembre” mediante resolución de Asamblea de 7 de marzo de 2016, con la pérdida de todos sus beneficios, derechos y aportes. Esta circunstancia es descrita en la copia certificada del Libro de Actas cursante a fs. 204 a 206 vta. Dicha situación no es aplicable a efectos de determinar la prescripción de la escrituración de minutas conforme a la pretensión de la parte demandante pues la prescripción es la forma de extinguir derechos en el transcurso del tiempo.

Al margen de ello, del análisis sobre el planteamiento de las excepciones tramitadas por la parte demandada tanto de prescripción como de caducidad cursante a fs. 263 y vta., se formulan de manera conjunta advirtiéndose la falta de precisión en cuanto a sus fundamentos ya que no hace una diferenciación entre ambas excepciones y sin distinguir las pretensiones, por lo que, en su formulación de la excepción de prescripción y caducidad no están discernidas convenientemente y además que en los agravios se incide solamente a la excepción de prescripción.

La excepción de incapacidad e impersonería del actor cursante en el escrito de fs. 262 a 265, se tramita conforme a ley y es resuelta en audiencia preliminar mediante Auto de 6 de junio de 2018 cursante de fs. 329 a 331, que declara improbada la excepción deducida, la misma no es apelada por la Asociación de Comerciantes Minoristas “6 de Diciembre”, en consecuencia, este agravio no requiere mayor consideración puesto que en su oportunidad no se impugna la decisión del juez A quo, por lo que se consiente en la participación del actor en la presente causa. En ese sentido, se consuma la preclusión en cuanto al reclamo de la parte demandada sobre la legitimidad del actor en esta instancia, en conformidad del art. 16.I de la Ley N° 025.

En consecuencia, revisado el Auto de Vista recurrido en su Considerando III, numeral segundo no se advierte errónea interpretación ni aplicación indebida de los arts. 1492.I y 1505 del Código Civil.

2.- Respecto al agravio 4 de la parte recurrente, se procede a resolver en el presente apartado, referente a que el Tribunal Ad quem vulnera el art. 145 del Código Procesal Civil en la valoración de prueba al no considerar ni tomar en cuenta la prueba documental contenida de fs. 204 a 206, consistente en el Acta de Asamblea Extraordinaria del 7 de marzo de 2016, en el cual se decide la expulsión de los demandantes con la pérdida de sus aportes y la no extensión de las minutas de transferencia. Asimismo, indica que de haberse valorado de prueba extrañada otra forma de resolución tendría el Auto de Vista impugnado. 

En relación a ese reclamo corresponde señalar que en obrados de fs. 204 a 206, cursa el Acta de la Asamblea Extraordinaria de 7 de marzo de 2016, donde se resuelve la expulsión de Nicolás Zamora Cano, Ponciano Zamora Cano, Silvia Cinthia Zamora de Núñez y Rosa Vda. de Cano, con la pérdida de todos sus derechos y aportes, asimismo líneas abajo indica el Acta mencionada que: “también se determinó no se les extienda ninguna minuta…”.

Por la excepción de prescripción los derechos se extinguen por el transcurso del tiempo conforme señala el art. 1492 del Código Civil, situación muy distinta a la expulsión de los socios ahora demandantes.

En la presente causa el actor principal Ponciano Zamora Cano presenta su demanda y posteriormente, la parte demandada formula excepción de incapacidad e impersonería del demandante (legitimación) fundados en la expulsión de los asociados por la Asamblea que fue resuelto mediante el Auto de 6 de junio de 2018, decisión que no fue apelada por la parte demandada dejando precluir su derecho conforme dispone el art. 16.I de la Ley Nº 025, manteniendo la legitimación del actor en la presente litis.

En cuanto a la legitimidad y la prescripción se establece que son instituciones diferentes ya que primeramente el Juez define la legitimación activa del actor verificando las prerrogativas de cumplimiento del art. 110 del Código Procesal Civil y a continuación decide respecto a la excepción de prescripción, en ese orden, rechaza la excepción de incapacidad e impersonería (falta de legitimación), y acoge la excepción de prescripción respecto a las cuales, no se plantea impugnación respecto a la legitimación por lo que, no se vulnera el art. 145 del Código Procesal Civil, máxime que los agravios tienen que estar referidos en los términos resueltos por el Tribunal Ad quem y no retrotraer situaciones que bien pudo la parte demandada impugnar en su momento con relación a la legitimación del actor.

En consecuencia, al no ser evidentes ni fundados los reclamos acusados por la parte recurrente y tomando en cuenta la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.2, corresponde emitir resolución conforme dispone el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código de Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 416 a 421, interpuesto por la Asociación de Comerciantes Minoristas del Exterior de Feria Barrio Lindo “6 de Diciembre” representada por Eduardo Villalpando Tirado, Hortencia Condori Nava y Ana Salguero Vallejos contra el Auto de Vista N° 534/2018 de 6 de diciembre, cursante de fs. 408 a 409 vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado del demandante en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.