TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 596/2019

Fecha: 24 de junio de 2019

Expediente: SC 23 19

Partes: María Gaby Cortez Villena y otras. c/ Roxana Farel Severiche de Cortez y

             otro.

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 172 a 182 vta., interpuesto por Amparito Cintia Cortez de Miranda y Sandra del Rosario Cortez de Soto contra el Auto de Vista Nº 204/2018 de 3 de diciembre, que cursa a fs. 168 a 170, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso civil de cumplimiento de contrato, seguido por María Gaby Cortez Villena y otras contra Roxana Farel Severiche de Cortez y otro, la concesión de fs. 191, admitida por el Auto Supremo Nº 262/2019 RA de 14 de marzo fs. 198 a 199, y todo lo inherente.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Gaby Cortez Villena, Amparito Cintia Cortez de Miranda y Sandra del Rosario Cortez de Soto, mediante su apoderado Mario Sandoval Pérez, por memorial de fs. 24 a 25 vta., interpusieron demanda de cumplimiento de contrato transaccional, en contra de Roxana Farel Severiche de Cortez y Adhemar Justiniano Farel, indicando que al fallecimiento de su padre en acuerdo libre y voluntario entre las partes suscribieron un contrato transaccional el 20 de mayo de 2017, haciendo constar que el inmueble ubicado en la calle Sauce de la ciudad de Vallegrande forme parte del patrimonio de su padre fallecido, conviniendo que Adhemar Justiniano Farel efectúe la transferencia de bien inmueble motivo de la litis a favor de las actoras sin pago alguno y en el plazo de tres meses, además que Roxana Farel Severiche de Cortez se quedaría como cuidante de todo el inmueble pudiendo usar las construcciones de fondo y el reconocimiento de otros bienes y derechos en su calidad de viuda. Vencido los tres meses se han negado a dar cumplimiento al contrato referido.

Citados los demandados, Roxana Farel Severiche de Cortez y Adhemar Justiniano Farel contestaron a la demanda negando en todas sus partes e interpusieron demanda reconvencional de nulidad del contrato de 20 de mayo de 2017, mediante memorial cursante de fs. 41 a 43 vta.

2. El Juez Público Civil y Comercial Primero de la ciudad de Vallegrande, pronunció Sentencia N° 117/2018 de 23 de agosto, cursante de fs. 134 a 142, declarando IMPROBADA la demanda de cumplimiento del contrato transaccional con firmas reconocidas el 20 de mayo de 2017 y PROBADA la demanda reconvencional nulidad por ilicitud de la causa y motivo, formulada por los demandados.

3. Resolución de primera instancia que al ser apelada por las demandantes, mereció el Auto de Vista Nº 204/2018 de 3 de diciembre cursante de fs. 168 a 170, que CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia de 23 de agosto de 2018, con costas y costos a las apelantes.

El Tribunal de alzada arguyó que el juez A quo ha obrado de manera correcta, toda vez que del análisis de la sentencia impugnada y del certificado alodial expedido por Derechos Reales se evidencia que en el registro del inmueble objeto de la presente litis figura como último propietario Adhemar Justiniano Farel acreditado mediante el instrumento de transferencia N° 244/2015 (fs. 3 a 5), y con relación al contrato transaccional de 20 de mayo de 2017 (fs. 1 y vta.), el mismo tiene la calidad de contrato de donación toda vez que del formato se evidencia que no cuenta con las características requeridas por el art. 491 num. 1) del Código Civil relacionado con el art. 667 num. 1) del mismo cuerpo civil, exponiendo que el contrato base debió ser celebrado mediante documento público. Asimismo, del documento transaccional se evidencia que Adhemar Justiniano Farel se comprometió transferir el bien inmueble a título gratuito, al estar en esa calidad la transferencia, el mismo no queda obligado a cumplirla por no existir la contraprestación de la parte demandante por consiguiente sin facultad de exigir dicho cumplimiento.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA.

De los reclamos expuestos por Amparito Cintia Cortez de Miranda y Sandra del Rosario Cortez de Soto se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, los siguientes:

En la forma:

1. Alegaron que el juez A quo y el Tribunal Ad quem expusieron otro tipo de versión al momento de dictar sentencia y el Auto de Vista respectivamente, apartándose del marco de la razonabilidad y de los puntos de hecho fijados a probar, debido a que no se analizó la hipótesis de la causa ilícita del contrato como fue contrademandado, por lo que los juzgadores no han considerado los principios de motivación, congruencia y pertinencia al momento de resolver la litis, fundamentando la decisión judicial en cuanto a hechos, prueba y derecho, vulnerando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Además de haber cambiado el criterio incurriendo en un actuar extra petita, en desmedro de la economía procesal, de la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

2. Denunciaron que la demanda reconvencional peticiona la nulidad del contrato por causa ilícita empero no existe proposición de prueba en su memorial de fs. 41 a 43, no obstante en audiencia preliminar del 28 de marzo de 2018 (fs. 68 vta.), el Juez admitió una prueba no propuesta al momento de contestar a la demanda, desoyendo lo señalado en los arts. 111.II, 125 num. 4) y 366 num. 6) de la Ley Nº 439, asimismo la referida a la recepción de prueba de confesión provocada, evidenciándose la mala praxis.

En el fondo:

1. Acusaron que la nulidad de contrato por causa y motivo ilícito tiene como fundamento los presuntos engaños, dolo y presión física y psicológica que habrían ejercido sobre Adhemar Justiniano Farel no se subsume a lo que es la causa ilícita y motivo ilícito, confundieron los hechos, siendo evidente la errónea interpretación y aplicación indebida del art. 549 num. 3) del Código Civil.  Además, el informe psicológico no puede ser determinante para que exista causa y motivo ilícito en la suscripción del contrato de transacción vulnerándose los principios de legalidad, seguridad jurídica, verdad material y justicia material; asimismo existiendo una errónea apreciación de los hechos y la aplicación del derecho y citan los Autos Supremos Nros. 252/2013 de 17 de mayo y 311/2013 de 17 de junio y 059/2012 de 26 de marzo. 

2. Alegaron que la sentencia en la parte considerativa IX, señaló: “En definitiva el documento de la Litis por las características del mismo debió ser contrato de donación y conforme a ley debió celebrarse por documento público”. Empero la demanda reconvencional de nulidad de contrato por causa ilícita refiere a un aspecto no debatido por las partes, es decir que ingresa a una esfera distinta a la controversia al referirse a la forma de contrato base, sin que ninguna de las partes se hubiere referido al mismo, hecho anómalo; contraviniendo la lógica jurídica de las pretensiones de las partes, en perjuicio del debido proceso.

3. Manifestaron que el Auto de Vista recurrido en la página 169 vta., líneas 26 a 30 efectúa único pronunciamiento, debido a que ninguna de las partes se ha referido a la nulidad del contrato transaccional por falta de forma, más cuando si el mismo no constituye un convenio de donación.

4. Arguyeron que el Tribunal Ad quem no hizo la compulsa y valoración de la hipótesis concerniente a los puntos objeto de la apelación y que fueron motivo de la controversia, en el entendido de que no se ha llegado a una conclusión sobre la causa y motivo ilícito en relación al contrato motivo de la litis y la probanza aportada, debido a que no se diferencia entre uno y otro instituto jurídico, asimismo no existen conclusiones válidas, por lo que se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la tutela judicial, al no haber compulsado de manera trascendental el contrato en cuanto a su cumplimiento y respecto a la causa y motivo ilícito en virtud a las pruebas existentes, con lo que se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la tutela judicial y la justicia pronta y efectiva.

Petitorio:

Solicitó anular obrados o alternativamente casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo declarar probada la demanda principal en virtud a lo establecido en el contrato de 20 de mayo de 2017.

Contestación al recurso por Roxana Farel Severiche y Adhemar Justiniano Farel.

El recurso de casación pretende sustentarse en el art. 254 del CPC, no fundamenta ningún agravio. Las reconventoras no hacen referencia a la causa ilícita y motivo ilícito en la contrademanda toda vez que las dos pericias psicológicas practicadas bajo oficio judicial apoyan la decisión. En el contrato no había nada que dirimir en cuestión de herencia, pues el inmueble no es hereditario sino transferido onerosamente a favor de Adhemar Justiniano Farel que no tenía causa ni motivo lícito para transferirles a título gratuito. En la cláusula primera del contrato solo suscriben Roxana Farel Severiche y las demandantes. Asismimo, Adhemar Justiniano Farel, solo está obligado a firmar la anuencia por un bien inmueble que no es acervo hereditario y desde 5 años no le pertenece al extinto Jorge Cortez Quiroga. En la suscripción del contrato motivo de la litis hubo amenazas de muerte vertidas por las demandantes contra los demandados constando en los informes psicológicos. Además de las confesiones provocadas que no han sido desvirtuadas. Esta conducta demostrada por las demandantes sería contraria a la misma ley, al orden público y a las buenas costumbres.

Petitorio:

Solicitaron confirmar el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE.

III.1. Respecto a la nulidad establecida en el art. 549 del Código Civil

Respecto al tema, el Auto Supremo Nº 873/2017 de 21 de agosto, ha orientado en sentido que:  “La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del CC., nulidad que procede cuando el contrato u acto Jurídico del cual deberían emerger obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, que impide que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica, nulidad o invalidez que es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la resolución.

En este antecedente, se debe precisar que del análisis del art. 549 del CC., se tiene que dicho precepto legal establece cinco causales por los cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico, causales que resulta necesario analizar; en este entendido diremos que la nulidad procede en cuanto al inc. 1) “Por faltar en el contrato, objeto o la forma prevista por ley como requisitos de validez.”, inciso aplicable a los contratos donde se observa la falta de objeto, debiendo entender que el objeto se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), es decir el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer en este entendido no se podría pensar la existencia de un contrato u obligación sin objeto. En cuanto a la falta de la forma, se aplica a los contratos en los que se observa la falta de los requisitos establecidos en el art. 452 del CC., o en los que la forma es un requisito para su validez como los señalados en el art. 491 del CC. Respecto al inc. 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley”, diremos que esta causal hace referencia a los requisitos establecidos por el art. 485 del CC., que textualmente señala: “Todo contrato debe tener un objeto posible, licito y determinado o determinable.”, sobre el que el Auto Supremo Nº 504/2014 de 08 de septiembre del 2014, orientó que: “el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien”.

En relación al inc. 3) “Por ilicitud de la causa  y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato.”, precepto que debe entenderse en sus dos elementos como ser la causa ilícita y el motivo ilícito, en el primer caso diremos que la causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; por otra parte en un contrato con causa ilícita las partes persiguen una finalidad económico- práctica, contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral). En el segundo caso el motivo ilícito se encuentra regulado en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres.”, motivo que se encuentra en la voluntad de las partes de dar vida al contrato (elemento subjetivo), bajo estos términos se debe tener presente que la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo.

Al respecto, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo, que: “Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo -como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita. Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil”.

En cuanto al motivo ilícito el Auto Supremo Nº 311/2013 de 17 de junio, orientó que: “…el mismo se encuentra comprendido en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir.

Asimismo diremos que el objeto del contrato, se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), consiguientemente corresponde señalar que el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer”.

III.2. Respecto a los alcances del contrato de transacción.

El art. 945 del Código Civil señala lo siguiente: “(Noción). I. La transacción es un contrato por el cual mediante concesiones recíprocas se dirimen derechos de cualquier clase ya para que se cumplan o reconozcan, ya para poner término a litigios comenzados o por comenzar, siempre que no esté prohibido por ley. II. Se sobreentiende que la transacción está restringida a la cosa u objeto materia de ella, por generales que sean sus términos”.

Asimismo, el art. 949 del mismo sustantivo civil refiere: “(Efectos de cosa juzgada). Las transacciones, siempre que sean válidas, tienen entre las partes y sus sucesores los efectos de la cosa juzgada”.

En el Auto Supremo Nº 464/2016 de 11 de mayo, se ha razonado lo siguiente: “…los efectos del acuerdo transaccional únicamente alcanzan sobre temas o conflictos específicos, generados de aquella, esto con la finalidad de evitar su errada utilización o negación de derechos o acceso a la justicia, bajo una dudosa interpretación de transacciones genéricas, es por dicho motivo que dentro de las reglas de su interpretación o sus alcances avocan simplemente a los temas inherentes a la misma y no a otros no relacionados…”, criterio que se encuentra sustentado en el Principio General de Derecho: “Transactio quaecunque fit, de his tantum, de quibus inter convenientes placuit, interposita creditur”, que significa: La transacción, de cualquiera manera que sea, se ha de considerar realizada solamente sobre aquellas cosas que acordaron los contrayentes (Digesto, ley 9, tít. 15 lib. 2 Cit. Scaevola).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

A continuación, se procede a resolver los agravios planteados por las recurrentes del siguiente modo:

En la forma:

1. Con relación a que el Juez A quo y el Tribunal Ad quem exponen otra versión al momento de dictar sentencia y Auto de Vista respectivamente, apartándose de los puntos de hecho fijados a probar, debido a que no se analiza la hipótesis de la causa ilícita del contrato como se contrademanda, por lo que los juzgadores consideran los principios de motivación, congruencia y pertinencia al momento de resolver la litis, fundamentando la decisión judicial en cuanto a hechos, prueba y derecho, vulnerando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Además, de cambiar el criterio incurriendo en un actuar extra petita, en desmedro de la economía procesal, de la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

El reclamo planteado se refiere a la demanda reconvencional sobre la nulidad de contrato transaccional incidiendo el reclamo en la falta de análisis de la pretensión de nulidad por causa ilícita cursante en el memorial de fs. 41 a 43 vta. En otro apartado detallan los puntos de hecho a probar de la parte demandada y los hechos probados descritos en la sentencia. También hacen referencia a la incongruencia de las afirmaciones del juez A quo y del Tribunal Ad quem en la interpretación efectuada del contrato transaccional entendida como contrato de donación. En este contexto, el agravio está enfocado a resolver cuestiones de fondo sobre la reconvención de nulidad por ilicitud de la causa, que se considerará en el punto referido a los agravios de fondo planteadas por las recurrentes.

Del análisis de los antecedentes no se detecta que se comete una arbitrariedad durante el desarrollo del proceso donde se afecte el derecho a la defensa de las demandantes en el aspecto formal no habiéndose producido los supuestos establecidos en el art. 16.I de la Ley Nº 025, por lo que no es posible anular obrados.

Al margen de esta situación, los recurrentes señalan como vulnerado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, siendo que dicha norma corresponde a una ley abrogada no es aplicable, debido a que la presente causa se inicia el 10 de noviembre de 2017 en plena vigencia del Código Procesal Civil.

2. En cuanto a que la demanda reconvencional peticiona la nulidad del contrato por causa ilícita empero no existe proposición de prueba en su memorial de fs. 41 a 43, no obstante en audiencia preliminar del 28 de marzo de 2018 (fs. 68 vta.), el Juez admite pruebas no propuestas al momento de contestar a la demanda, desoyendo imperativamente lo señalado en los arts. 111.II, 125 num. 4) y 366 num. 6) de la Ley Nº 439, asimismo, en la recepción de prueba de confesión provocada, se evidencia mala praxis.

La confesión provocada se admite durante el desarrollo de la audiencia preliminar de 28 de marzo de 2018, donde el Juez determina producirla conforme señala el procedimiento y en ese cometido se desarrolla el interrogatorio conforme a las preguntas cursantes a fs. 63 a 64, propuestas por las actoras y que son contestadas por Roxana Farel Severiche y Adhemar Justiniano Farel cursante a fs. 65 a 68, dicho acto se lleva a cabo sin la objeción de la parte demandante no existiendo ninguna irregularidad en dicho proceder.

En cuanto a la prueba psicológica, el abogado de la parte demandada en audiencia preliminar de 28 de marzo de 2018 propone como medio de prueba el informe psicológico efectuado en la persona del demandado Adhemar Justiniano Farel, para establecer su situación psicológica o emocional al momento de suscribir el documento transaccional de 20 de mayo de 2017, respecto a la misma solo se tiene una oposición que no es concretada con el planteamiento de algún recurso que la ley permite, por otra parte el juez A quo justifica en ese momento su decisión apoyándose en la iniciativa probatoria conforme a los arts. 207.II y 135 del Código Procesal Civil. Por lo que, las recurrentes consienten con su pasividad al no haber interpuesto los recursos correspondientes en la etapa de la audiencia preliminar operándose la preclusión conforme señala el art. 16.II de la Ley del Órgano Judicial.

En el fondo:

Para resolver los reclamos en el fondo se examinan de manera conjunta los agravios planteados por ser conexos cada uno de ellos, en lo esencial en cuanto a la errónea interpretación y aplicación indebida del art. 549 num. 3) del Código Civil, respecto a la pretensión de la nulidad de contrato por causa y motivo ilícito teniendo como fundamento el engaño, la presión física y psicológica ejercida contra Adhemar Justiniano Farel para suscribir el documento de transacción aprovechando su estado emocional, por lo que acusan que el Tribunal Ad quem vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica, verdad material y justicia material. Además de la errónea apreciación de los hechos y la aplicación del derecho. Asimismo, arguyen que no es posible asentir una decisión del auto de vista recurrido sin antes establecer la compulsa del contrato de transacción con relación a la causa y motivo ilícito.

En este contexto corresponde efectuar una revisión de los antecedentes procesales suscitados en la presente causa para poder establecer las pretensiones y las decisiones asumidas por los de grado. En ese cometido se cuenta con la demanda principal que cursa de fs. 24 a 25 vta., basada en el contrato transaccional privado de fs. 1 y vta., donde se suscribe la transferencia del bien inmueble por parte de Adhemar Justiniano Farel, hijo de Roxana Farel, en favor de María Gaby Cortez Villena, Amparito Cintia Cortez de Miranda y Sandra del Rosario Cortez de Soto, ante la negativa del cumplimiento del traspaso del bien inmueble en el plazo de 3 meses acordados las actoras demandan el cumplimiento del contrato de transacción en conformidad a los arts. 568, 519, 520, 1297, 945 y 510 todos del Código Civil.

Por su parte, los demandados reconvienen por nulidad de contrato transaccional privado de 20 de mayo de 2017 por causa y motivo ilícito, tomando como fundamento legal los arts. 549 num. 3) y 5), 489, 490, 984 y 463.I todos del Código Civil sobre la base del ejercicio de presión psicológica de parte de las hijas del de cujus sobre Roxana Farel Severiche y Adhemar Justiniano Farel (madre e hijo) que bajo dicha presión suscriben el contrato motivo de la litis, por lo que el contrato es ilegal, constituyéndose en causa ilícita en base al engaño contrario al orden público y a las buenas costumbres, que limitan la autonomía de la voluntad obligando a los ciudadanos a actuar dentro del marco de una convivencia adecuada y racional, haciendo lo bueno y no lo malo. Tampoco consiente en la donación del bien inmueble para que cumpla el contrato sin costo alguno. Dicha reconvención es admitida por el Juez mediante providencia de 5 de febrero de 2018, cursante a fs. 44.

Desarrollados los actos procesales, se emite finalmente la sentencia que declara improbada la demanda de cumplimiento del contrato transaccional y probada la demanda reconvencional de los demandados.

Posterior a la apelación, el Tribunal Ad quem, resuelve confirmar la sentencia de 23 de agosto de 2018, sosteniendo que el contrato transaccional de 20 de mayo de 2017, tiene la calidad de contrato de donación debiendo celebrarse mediante documento público, asimismo no está obligado a transferir el bien inmueble a título gratuito, ante la falta de contraprestación de la parte demandante.

Tomando en cuenta los antecedentes detallados de las piezas principales de la presente causa, es necesario efectuar el análisis correspondiente dando respuesta a los agravios planteados en el recurso de casación. En ese cometido se ingresa al examen de la errónea interpretación y aplicación indebida del art. 549 num. 3) del Código Civil y de la errónea apreciación de los hechos y la aplicación del derecho.

De la interpretación que se realiza conforme a la jurisprudencia y la doctrina desarrollada en el punto III.1 sobre la interpretación del art. 549 num. 3) del Código Civil, se establece que la causa es lícita cuando no altera el orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa, en cambio, en un contrato con causa ilícita, las partes de manera conjunta persiguen una finalidad económica, contraria a las normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

También se toma en cuenta el entendimiento del Auto Supremo Nº 873/2017 de 21 de agosto, donde se determina sobre la ilicitud de la causa y del motivo que impulsa a las partes a celebrar el contrato, tipificado en el art. 549 num. 3) del Código Civil, que: “…la causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; (…) en un contrato con causa ilícita las partes persiguen una finalidad económico- práctica, contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

La descripción del texto citado se refiere a la interpretación del art. 549 num. 3) del Código Civil, del cual se destaca que el factor de violencia psicológica no es componente de la figura civil de la nulidad sino que es un vicio de consentimiento que se encuentra comprendido en el art. 554 num. 4) del Código Civil, precepto legal que hace referencia a las circunstancias de violencia, dolo o error sustancial sobre la materia, por lo que, en ese entendimiento, los demandados confunden la tipificación al demandar por nulidad cuando debieron plantear su demanda por anulabilidad. Tanto la nulidad y la anulabilidad son dos figuras jurídicas distintas en cuanto a su naturaleza, si bien ambas conllevan la finalidad de dejar sin efecto los contratos, empero, la anulabilidad posee supuestos de extinción mediante prescripción y de convalidación del acto viciado que no condice con la nulidad. 

El juez indica dentro de su fundamentación en el Considerando VIII de la sentencia de la presente causa, lo siguiente: “…mucho más si se tiene demostrado que factores internos que rodeaban a la persona del demandado Adhemar Justiniano Farel sobre su persona y entorno familiar donde existía la presión mediática de las demandantes para que el demandado firme el documento de la controversia, por lo que en definitiva se puede colegir que el mismo no tenía noción de lo que firmaba”. Bajo dicho argumento el juez de primera instancia incurre en error, ya que el hecho descrito se refiere a la presión mediática que no se subsume en la nulidad por la ilicitud de causa y motivo.

Al margen de ello, en el Considerando IX, de la sentencia agrega sus argumentos señalando: “…el contrato en cuestión tiene las características legales de contrato de donación con relación al contrato de donación, excepto el manual, que debe celebrarse por documento público conforme el art. 491 num. 1) del Código Civil”. Cabe destacar en cuanto a la valoración del documento de transacción, el juez A quo se equivoca y confunde al afirmar que se trata de un contrato de donación debido a que la transferencia es a título gratuito y faltando los requisitos formales conforme al art. 667.I del Código Civil. Sin embargo, del análisis del contrato de la litis se establece que es una transacción y no un contrato de donación.

Al respecto, establecidas las pretensiones de las partes, siendo que la demanda principal es por cumplimiento de contrato y la reconvención por nulidad del contrato por causa ilícita y motivo ilícito, más no mencionan los reconventores sobre alguna demanda de nulidad por incumplimiento de las formalidades en cuanto a la formación del contrato de transacción de la litis. Más bien surge de la misma, un reconocimiento de derecho patrimonial de un bien inmueble de parte de los demandados que aceptan las condiciones establecidas en las cláusulas. En ese sentido, la naturaleza del contrato de donación no es motivo del debate y tampoco cuenta como objeto del proceso.

En ese sentido, se verifica que el auto de vista recurrido no toma en cuenta en sus fundamentos sobre la nulidad del contrato por ilicitud de la causa y motivo ilícito, sino que se avoca erradamente al análisis del contrato de donación y llega a confirmar la sentencia argumentando que Adhemar Justiniano Farel es propietario del bien inmueble registrado en Derechos Reales y que el contrato objeto de la litis se asemeja al de donación por la inexistencia de contraprestación con cargo a la parte demandante.

De la fundamentación mencionada supra, se infiere que el Tribunal Ad quem incurre en la misma equivocación que el juez A quo ya que no realiza el análisis conforme a las pretensiones de las partes dentro del marco del principio dispositivo limita sus argumentos a la forma del contrato de donación y a la falta de contraprestación de la parte demandante, sin dar mayor explicación sobre la violencia que se ejerce en la suscripción del contrato de transacción que es la base fáctica de la reconvención. Por lo que la apreciación del Tribunal de alzada es incompleta y lacónica en sus fundamentos sin tomar en cuenta los agravios expresados en la apelación que resulta errónea interpretación y aplicación indebida del art. 549 num. 3) del Código Civil.

Otro aspecto dentro de los reclamos de las recurrentes en su recurso se refiere a la violencia que se ejerce sobre los demandados en el momento de la suscripción del contrato de transacción, dicha situación según postura de las actoras es valorada erradamente por el Tribunal Ad quem para determinar la nulidad por causa ilícita y motivo ilícito. Al respecto se cuenta con dos informes psicológicos contradictorios efectuados en la persona de Adhemar Justiniano Farel; el primero, del 13 de abril de 2018 cursante de fs. 76 a 79 vta., en cuya parte conclusiva indica que en la firma del contrato de transacción se verifica intimidación y amenazas, y en el segundo peritaje, de 6 de julio de 2018 cursante a fs. 103 a 114, en su parte conclusiva afirma lo siguiente: “que es poco probable que hubiera firmado el documento sin antes tener información precisa no habiendo alteración de la conciencia durante los hechos acontecidos, se observa una coherencia en el discurso y relación de los hechos”.

En ese contexto, el segundo peritaje psicológico desvirtúa y pone en duda la apreciación del primer informe psicológico que contradice sobre el estado psicológico de Adhemar Justiniano Farel en el momento de la suscripción del documento de transacción. Además, no existe una explicación lógica y coherente para declarar probada la demanda reconvencional de nulidad por causa y motivo ilícito dentro de la previsión establecida por el art. 549 num. 3) del Código Civil y mucho más cuando no existe prueba fehaciente y contundente sobre la violencia ejercida.

En cuanto a la pretensión de la parte actora sobre la demanda de cumplimiento de contrato de transacción cursante de fs. 1 a 3, se establece de la revisión de sus cláusulas está claramente determinado el reconocimiento del derecho sucesorio de las hijas de Jorge Cortez Quiroga ante su fallecimiento con relación a diferentes bienes y de manera particular sobre el bien inmueble ubicado en la calle “El Sauce”, Barrio Los Zorros de la ciudad de Vallegrande. Asimismo, el demandado Adhemar Justiniano Farel acepta en el mismo contrato a suscribir la transferencia del bien inmueble mencionado en favor de las herederas dentro el término de tres meses.

El contrato objeto de la litis contiene concesiones recíprocas y dirime derechos generando obligaciones de su cumplimiento entre las partes suscribientes, dejando establecidos la pertenencia de los bienes que son de propiedad del fallecido y asimismo de la revisión del contenido no solo en cuanto respecta a la literalidad sino a los alcances que han motivado el acuerdo transaccional, se concluye que el contrato de transacción de 20 de mayo de 2017 cumple con los requisitos de los arts. 945.I y 949 del Código Civil.

En ese entendimiento, la parte actora formula su pretensión de cumplimiento de contrato transaccional que reclama el incumplimiento del contrato de parte de los demandados y al mismo tiempo ofrece su prueba esencial y decisiva basada en el contrato transaccional del bien inmueble del 20 de mayo de 2017. En el desarrollo del proceso se llega a evidenciar que Adhemar Justiniano Farel no cumple con la transferencia del bien inmueble en favor de las hijas de Jorge Cortez Quiroga comprobada a través de la contestación a la demanda cursante a fs. 41 y vta., donde expresa su negativa a cumplir con el contrato; y por su parte, la codemandada Roxana Farel Severiche de Cortez declara cerrar la reja principal con cadena y cambia candados que impide el ingreso de las demandadas al inmueble objeto de la litis, conforme a la confesión provocada cursante de fs. 65 vta. Por estas razones corresponde acoger la pretensión de la parte demandante.

Por todo lo desarrollado supra, dada la verificación de la aplicación indebida, la errónea apreciación de los hechos en la presente causa, conforme a los lineamientos doctrinales establecidos en los puntos III.1 y III.2 y en resguardo de los principios de la verdad material, la seguridad jurídica, legalidad, corresponde corregir las determinaciones asumidas tanto por el juez A quo como el Tribunal Ad quem.

Consiguientemente, en virtud a los fundamentos expuestos, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

Sobre la contestación al recurso de casación por los demandados.

De acuerdo a la revisión del recurso de casación se establece la existencia de agravios fundamentados conforme señala el art. 271.I y II de la Ley N° 439 en la forma y en el fondo. Por otro lado, resulta intrascendente haber enunciado el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, en una parte de su recurso.

En cuanto a las dos pericias psicológicas, la primera efectuada por el Lic. Julio César Rojas Saenz dependiente del municipio de Vallegrande de 13 de abril de 2018 y la segunda, realizada por la Lic. Patricia Roxana Bruno Esquivel de 6 de julio de 2018, se tiene como resultado dos conclusiones distintas que provoca duda respecto a la situación psicológica a momento de la suscripción del contrato, en consecuencia, ante la duda es menester conservar el contrato de transacción. Además, que los dos informes psicológicos datan aproximadamente después de un año del hecho, que disminuye su credibilidad para tomar en cuenta como prueba fehaciente para tener establecida la violencia psicológica. 

Tal como se manifiesta en los fundamentos de la presente resolución con relación al contrato de transacción se verifica que contiene los requisitos establecidos en el art. 945 del Código Civil, como efecto de dicho contrato, Adhemar Justiniano Farel hijo de Roxana Farel Severiche debe cumplir con la obligación de transferir el bien inmueble en favor de las recurrentes.

No es trascendental que no se mencione el nombre de Adhemar Justiniano Farel en la cláusula primera de contrato de transacción debido a que en la cláusula tercera bajo el rótulo de aceptación de actual propietario del inmueble, del demandado admite suscribir la transferencia a favor de las hijas de Jorge Cortez Quiroga, conforme a las reglas de interpretación establecidas en el art. 514 del Código Civil.

En consecuencia, la parte demandada debe sujetarse a los términos de los fundamentos esgrimidos al resolver los agravios planteados en la presente causa.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV del Código de Procesal Civil, CASA el Auto de Vista Nº 204/2018 de 3 de diciembre, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 168 a 170, y deliberando en el fondo declara PROBADA la demanda principal de cumplimiento de contrato de transacción de 20 de mayo de 2017 cursante a fs. 1 a 3, e IMPROBADA la demanda reconvencional de nulidad de contrato por ilicitud de causa y motivo; por lo que se dispone que Adhemar Justiniano Farel firme la documentación de transferencia definitiva del bien inmueble en favor de las actoras respecto del inmueble objeto de la litis dentro el plazo de 10 días y se ordena a Roxana Farel Severiche de Cortez permitir el uso irrestricto de la construcción principal del inmueble en el término de un mes; para ambos codemandados el tiempo del cumplimiento de las obligaciones mencionadas se computa a partir de la notificación con la presente resolución. Con costas y costos en favor de las actoras.

Sin responsabilidad por ser excusable el error. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.