TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                           S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 595/2019

Fecha: 24 de junio de 2019

Expediente:        CB-15-19-S.

Partes: Teresa López de Velarde y Ramón Cirilo Velarde Angles c/ Pedro José

            Licidio Rojas y Rutsela Guzmán Mamani.

Proceso: Ordinario de reivindicación de inmueble y mejor derecho propietario.

Distrito: Cochabamba   

VISTOS: El recurso de casación planteado por Pedro José Licidio Rojas y Rutsela Guzmán Mamani a fs. 119 y vta., impugnando el Auto de Vista de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 114 a 116 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso ordinario de reivindicación y mejor derecho propietario seguido por Teresa López de Velarde y Ramón Cirilo Velarde Angles contra los recurrentes, el memorial de contestación al recurso de fs. 123 a 125, auto de concesión a fs. 126, Auto Supremo Nº 191/2019-RA de 6 de marzo que admite el recurso, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Planteada la demanda de fs. 24 a 26, subsanada a fs. 31 y vta., en la que  Teresa López de Velarde y Ramón Cirilo Velarde Angles, a través de su representante legal Jorge Muñóz Hinojosa, manifiestan ser propietarios del inmueble con carácter ganancialicio de la  extensión superficial de 300 M2, signado como Lote N° 20, pasaje N° 10, emplazado en manzana anterior “0”, manzana actual N° 282, del distrito N° 6, sub distrito N° 16 de la Urbanización Junta Vecinal Huayra Kassa de la ciudad de Cochabamba, inmueble que es ocupado por  Pedro José Licidio Rojas y Rutsela Guzmán Mamani en calidad de inquilinos, contra quienes dirigen su acción de reivindicación de bien inmueble y mejor derecho propietario, con el fin de recobrar su inmueble,  una vez citados los demandados con la acción incoada en su contra, plantearon excepciones previas (fs. 30 a 39) de incapacidad e impersonería en el demandante, falta de legitimación o interés legítimo y demanda defectuosamente propuesta, mismas que, previo el trámite correspondiente merecieron el Auto de rechazo pronunciado en audiencia preliminar que fue apelado por los demandados en el efecto devolutivo (fs. 57 vta., a 58 vta.), respondiendo negativamente y dedujeron acción reconvencional de usucapión  decenal (fs. 43 a 44 vta.), aduciendo que hace más de 18 años se encuentran en posesión pacífica e ininterrumpida del inmueble objeto de la litis, pretensión que fue observada por el juez de la causa (fs. 45 vta.) y ante el incumplimiento a la providencia del juzgador, se pronunció el Auto de 7 de noviembre de 2017 a fs. 52 que determino tener por “no presentada” la acción reconvencional.

2. El 23 de febrero de 2018, el Juez Público Civil y Comercial N° 17 de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia de 23 de febrero de 2018 (fs. 64 a 68), declarando Probada la demanda de fs. 24 a 26 sólo en cuanto a la acción de reivindicación, por lo que, dispuso la reivindicación del inmueble materia de autos, por parte de los demandados, Pedro José Licidio Guzmán  Rojas y Rutsela Guzmán Mamani, inmueble que deberá ser entregado a favor de Jorge Muñóz Hinojosa en representación  legal de Teresa López de Velarde y Ramón Cirilo Velarde Angles a tercero día de ejecutoriado el fallo.

3. Apelada la sentencia por los demandados (fs. 70 a 71 vta.), la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 30 de noviembre de 2018 (fs. 114 a 116) CONFIRMANDO la sentencia con costos y costas a los recurrentes, con base en la siguiente fundamentación: a) Respecto a la incapacidad e impersonería del demandante, se establece que este de manera expresa faculta a su mandatario interponer la acción ordinaria de reivindicación de inmueble, por lo que tal excepción no tiene mérito alguno; b) La demanda resulta clara permitiendo la actividad de sentenciar la causa conforme al derecho invocado y permite a los demandados oponerse a él; c) No constituye un defecto de la demanda la ausencia de concordancia en los datos técnicos de identificación del inmueble, que pueden ser subsanados hasta en vía administrativa, lo que es importante en la acción reivindicatoria es establecer y evidenciar la existencia de un derecho propietario cuya tutela se invoca, d) La supuesta posesión del inmueble por 18 años no es una cuestión que resulte trascendente en el proceso,   considerando que la acción reconvencional se tuvo por no presentada y el objeto de la demanda constituye la acción de reivindicación del bien inmueble.

4. Notificados con la resolución de alzada, los demandados, Rutsela Guzmán Mamani y Pedro José Licidio Rojas, con memorial de fs. 119 y vta., plantearon recurso de casación, concedido por Auto de 12 de febrero de 2019 (fs. 126) y admitido por esta Sala Civil con Auto Supremo Nº 191/2019-RA de 06 de marzo, correspondiendo en consecuencia su resolución.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

Los demandados formularon recurso de casación en el fondo y en la forma, arguyendo infracción de los arts. 106, 108, 130, 131 y 128 inc. 2), 3), 4) del Código Procesal Civil, 809 del Código Civil, y 117 de la Constitución Política del Estado, bajo el siguiente argumento.

  1. Que, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal de Alzada, demostraron que el proceso contiene irregularidades procesales, como la insuficiencia de poder con la que actuó el apoderado de los demandantes.
  2. Acusaron parcialización del juez de la causa con los demandantes, argumentando como prueba de tal afirmación que, cuando formularon demanda reconvencional de usucapión, el juzgador les concedió solo dos días de plazo para presentar prueba, transgrediendo su derecho a la defensa, hecho que no fue advertido por el Tribunal de Apelación.
  3. Acusaron incorrecta revisión de todo lo obrado por parte del Tribunal de Alzada, no habiendo advertido las irregularidades procesales insubsanables.

Petitorio.

Solicitaron se pronuncie resolución CASANDO el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare “Improbada la sentencia de fecha 23 de febrero de 2018” (sic).

DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO

Notificado el representante legal de los demandantes con el traslado corrido conforme consta en la providencia a fs. 121 y diligencia a fs. 122, Jorge Muñoz Hinojosa con memorial que discurre de fs. 123 a 125, respondió al recurso, señalando en lo principal que los perdidosos en su afán de continuar usufructuando el  inmueble de propiedad de sus mandantes manifiestan que se encuentran en el inmueble en calidad de cuidadores por más de 18 años sin retribución alguna, cuando la realidad es que ingresaron a ocupar aquel bien como inquilinos.

Que, no es evidente que exista algún lazo entre los familiares de sus mandantes y la juzgadora, pues por la zona donde se encuentra situado el inmueble no tienen familiares.

Que la juez a quo aplicó correctamente los arts. 130 y 131 del Código Procesal Civil, en virtud a que cuando los demandados presentaron acción reconvencional de usucapión, ésta fue observada por la juez de la causa, observaciones que al no haber sido subsanadas por los reconvecionistas, hicieron que su acción sea rechazada.

Finalmente, el apoderado de los demandantes refirió que no existió transgresión del art. 128 inc. 2), 3) y 4) del Código Procesal Civil, por cuanto se demostró que el poder conferido en su favor cumplida con todas las condiciones requeridas para interponer la presente demanda, y que los jueces de instancia fallaron conforme a derecho,  remarcó expresamente que el recurso de casación carece de fundamentación legal en cuanto respecta a los formalismos de fondo y de forma, que el reclamo de contrario básicamente se centra en el rechazo de su acción reconvencional, aduciendo escaso tiempo para el cumplimiento de las observaciones, sin embargo, -indicó-, los demandados no solicitaron plazo adicional, extremo que pide sea considerado por este Tribunal.

Petitorio.

Solicitó se declare “Improbado” el recurso de casación con imposición de costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

De la acción de reivindicación.

En el Auto Supremo Nº 207/2016 de fecha 11 de marzo de 2016 se orientó en cuanto al tema expresando: “Corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación es: aquella que tiene por objeto el ejercicio por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales a efectos obtener su devolución por un tercero que la detenta, de esta definición se puede extraer un punto esencial para su procedencia: -Ser propietario y a efectos  de seguir desmembrando este punto es primordial señalar que  significa propiedad, según el Diccionario de derecho Omega Tomo II el termino propiedad significa: “ Facultad ilegítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro” y en el mismo sentido , podemos expresar la doctrina expresada por Capitant, el cual sobre el tema expresa que es el “ Derecho de usar, gozar y disponer de un cosa en forma exclusiva y absoluta”. En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de  manos de un tercero, es decir el IUS IN RE, a efectos de ejercitar todos los derechos  como se dijo: IUS UTENDI FUENDI ETE ABUNDE, y de los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determino en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: propietario que ha perdido la posesión de una cosa y que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la posesión civil”, que está integrada en sus elementos “ corpus y animus” quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y pude ser aplicada en cualquier momento por el propietario”.

Asimismo corresponde enfatizar algunos supuestos a presentarse dentro de la acción, puesto que cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción de reivindicación adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no debe ser de mera condena, sino que previamente tendrá el juez que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras tendrá que hacer un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En cambio, si la resistencia del demandado de reivindicación se reduce a la situación de hecho sin alegación por tanto sin controversia sobre el derecho, el resultado será una Sentencia de simple condena en la faz petitoria”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con el fin de resolver el recurso de casación deducido por los demandados, dentro del marco establecido por la resolución recurrida, los fundamentos del recurso resumidos supra, más la doctrina legal establecida para el caso de autos, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Considerado que la pretensión de la causa consiste en “reivindicar” el derecho propietario de los demandantes, se hace necesaria la consideración  y estudio de la previsión legal contenida en el art. 1453 del Código Civil que señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”;  (negrillas se añadieron), precepto legal que implica dos supuestos: a) que exista un propietario que hubiere dejado de poseer el bien, b) la presencia de una tercera persona que se encuentre en posesión del mismo bien, motivo por el cual, el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee.

La reivindicación entonces, es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, que se encuentra en manos de terceros sin el consentimiento del titular, sobre el que se tiene derecho de propiedad.

El autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”

En concordancia con el concepto otorgado por el doctrinario citado precedentemente y de acuerdo a la previsión del art. 1453 del Código Civil, también glosado párrafos precedentes, la acción de reivindicación o reivindicatoria solo puede ser ejercitada por el “propietario del bien que pretende reivindicar, debido a haber perdido la posesión”, por tanto, resulta inexcusable que quién pretenda la reivindicación deba acreditar su derecho propietario, en virtud del cual pueda usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo Civil y que le confiere la posesión civil o jus possidendi y la posesión natural o corporal o jus possesionem, pudiendo esta última ser ejercida o no por el propietario. El entendimiento anterior fue asumido en diversos fallos de la Ex Corte Suprema de Justicia, criterio que es compartido por este Tribunal Supremo de Justicia, que en repetidos fallos advirtió que “…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la "posesión civil" que está integrada por sus elementos corpus y ánimus" (Auto Supremo Nº 98/2012).

En autos, los demandantes mediante la documental de fs. 8 a 11, acreditan su derecho propietario sobre el inmueble objeto de la Litis, trasuntado en la Escritura Pública N° 201/91 de 18 de diciembre de 1991, debidamente inscrita en Derechos Reales de Cochabamba bajo la Matrícula Computarizada N° 3.01.1.01.0065190, Asiento A-1 de 18 de diciembre de 1991, existiendo también el registro catastral a nombre de la demandante Teresa López de Velarde, por lo que, los jueces de instancia previo estudio de la documentación probatoria del derecho propietario en virtud del cual accionan los demandantes a través de su represente legal, fallaron conforme a derecho, declarando probada la acción reivindicatoria, al evidenciarse el legítimo derecho propietario de los demandantes y la posesión ejercida sobre el inmueble por terceros, en este caso los demandados.

Ahora bien, ingresando al análisis de los motivos del recurso de casación, estos se concentran en dos aspectos puntuales, como son el rechazo a las excepciones previas deducidas por los demandados y al rechazo de la demanda reconvencional de usucapión decenal.

En relación al rechazo a las excepciones, de la revisión de obrados se tiene que los demandantes, instituyen poder a favor de Jorge Muñoz Hinojosa (fs. 1 a 3; 4 a 7), Testimoniados bajo los Nros. 103/2017 y 1360/2017 de fechas 30 de enero y 28 de julio respectivamente, instrumento que cumple con los requisitos de especificidad previstos para el mandato judicial, así se concluye cuando en el cuerpo del Testimonio de Poder Nº 1360 reza: “(…) Teresa López de Velarde y Ramón Cirilo Velarde Angles, otorgan poder a favor de Jorge Muñoz Hinojos, para que se apersone ante el Juzgado Púbico Civil y Comercial N° 17 de la ciudad de Cochabamba, para interponer en la vía ordinaria proceso de Reivindicación (…)”, detallándose a continuación las características del inmueble materia de autos, extremo que desvirtúa la excepción opuesta por los demandados, aduciendo insuficiencia de poder y como consecuencia de ello, impersonería e incapacidad en el demandante, por lo que los jueces de grado en una correcta apreciación de los datos del proceso y de la documental aparejada a la demanda, declararon improbadas las excepciones opuestas.

Por lo manifestado precedentemente, no resultan ciertas las infracciones acusadas en sentido que el Tribunal de Alzada hubiere transgredido el art. 809 del Código Civil, que en la especie resulta inaplicable en vista que la disposición acusada de infringida norma el “Mandato general y especial”, diferente del “Mandato Judicial” que es el que se instituye para los procesos que se ventilan en la justicia ordinaria.  Asimismo, no es evidente que se hubieren transgredido los arts. 106 y 108 del Código Procesal Civil al no haberse determinado la nulidad de obrados tanto en primera instancia cuanto en la fase recursiva de la apelación, pues no existía motivo alguno para asumir tal determinación.

La fundamentación precedente, resulta útil también para dar respuesta al recurrente en el punto en el que acusa que en Alzada se hubiere incurrido en una incorrecta revisión de todo lo obrado, no habiendo advertido las irregularidades procesales insubsanables.

En relación a la excepción de demanda defectuosamente propuesta, el Tribunal de Alzada, razonó: “Es evidente que la demanda resulta clara, puesto que su tenor permite no sólo la actividad jurisdiccional de sentenciar respecto al derecho invocado en ella, sino que también permite a la parte demandada la objeción y oposición al derecho invocado por las partes…”. En efecto, la demanda de fs. 24 a 26 de obrados resulta por demás clara y comprensible en la exposición de los hechos fácticos, la invocación del derecho en la que se funda y la pretensión, en suma, cumple con la previsión del art. 110 del Código Procesal Civil, por lo que, se desvirtúa la acusación de los demandados, cuando expresan que se prosiguió el juicio con una demanda totalmente defectuosa.

Finalmente, en cuanto al reclamo relacionado con el rechazo de la demanda reconvencional de usucapión decenal, acto con el que se hubiere transgredido el derecho a la defensa de los recurrentes, se tiene que, efectivamente, los demandados a momento de responder la acción incoada en su contra, dedujeron acción reconvencional de usucapión decenal, sin embargo, esta acción mereció la providencia de fs. 45 vta., en la que el juzgador observó la falta de requisitos para ser admitida, concediendo el plazo de tres días para ser subsanados, bajo conminatoria de tenérsela por no presentada, determinación judicial que no obedecía a una decisión discrecional del A quo, sino estuvo enmarcada en la previsión del art. 113.I del adjetivo civil, que establece para casos de observación el plazo de tres días, plazo que no fue objeto de reclamo alguno por los demandados-reconvencionistas y en el cual no subsanaron la observación del juzgador, por lo que se pronunció el Auto de 7 de noviembre de 2017 (fs. 52) teniendo la demanda reconvencional como no presentada.

Aquella determinación fue legalmente notificada a los demandados (52 vta.), quienes, consintiendo en ella, no opusieron ningún recurso tendiente a impugnarla, por lo que, resulta totalmente inentendible este reclamo en casación, debiendo entender los recurrentes que en virtud al “principio de preclusión” que  es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, no puede efectuarse el reclamo analizado por que, precisamente en mérito al principio invocado se operó la caducidad de su derecho.

En consecuencia, los recurrentes no pueden alegar violación al art. 117 de la Constitución Política del Estado, al no existir transgresión a su derecho a la defensa, conforme alegaron en el recurso en estudio, no encontrándose en el devenir del proceso ordinario ninguna irregularidad procesal.

EN RELACIÓN A LA RESPUESTA AL RECURSO

La fundamentación de la presente resolución, concede total razón a los argumentos de la respuesta al recurso presentado por el representante de los demandantes.

Por lo expuesto corresponde a este Tribunal emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 41 y 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo planteado por Pedro José Licidio Rojas y Rutsela Guzmán Mamani de fs. 119 y vta., impugnando el Auto de Vista de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 114 a 116 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con costas y costos.

Se regula el honorario profesional del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.