TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 565/2019

Fecha: 6 de junio de 2019

Expediente: SC-3-19-S

Partes: Blanca Elena Mercado Bazán c/ Inmobiliaria Zuriel S.R.L.

Proceso: Resolución de contrato.

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 238 a 242, interpuesto por la inmobiliaria Zuriel S.R.L. representada legalmente por Miriam Roxana Forteza de Ribera contra el Auto de Vista N° 290/2018 de 23 de agosto, cursante de fs. 223 a 224, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa  Cruz, dentro el proceso ordinario de resolución de contrato, seguido por Blanca Elena Mercado Bazán contra la sociedad recurrente, el Auto de concesión de 22 de noviembre de 2018 cursante a fs. 247, el Auto Supremo de Admisión Nº 17/2019-RA  de 23 de enero fs. 253 a 254 vta., los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la demanda de resolución de contrato de fs. 80 a 83 interpuesta por Blanca Elena Mercado Bazán contra la inmobiliaria Zuriel S.R.L., que previa a su citación, contestó a la demanda opuso excepción de demanda defectuosa y reconvino por determinación de compensación equitativa, daños y perjuicios cursante de fs. 128 a 138 vta.

Tramitado el proceso el Juez Público en materia Civil y Comercial  Nº 07 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció la Sentencia Nº 16/2018 de 11 de abril cursante de fs. 177 a 181, en la que declaró PROBADA la demanda reconvencional de compensación equitativa, y dispuso que: la cuota inicial quede en poder de la demandada como pago de daños y perjuicios, y ordenó a restituir las cuotas recibidas de Sus 12.342 (doce mil trescientos cuarenta y dos dólares estadounidenses) a favor de la demandante; sea en el plazo de cinco días de ejecutoriada la sentencia, bajo apercibimiento de seguirse la acción ejecutiva.

Resolución de primera instancia que fue apelada por la inmobiliaria a través del memorial cursante de fs. 200 a 203 vta., mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista N° 290/2018 de 23 de agosto, cursante de fs. 223 a 224, que CONFIRMÓ totalmente la sentencia, sin costas ni costos, argumentando lo siguiente:

Consideró que, en el memorial de contestación, se aprecia una reconvención en la que solicitó la realización de una pericia, a objeto de determinar la plusvalía del lote de terreno desde el momento de compromiso de la venta.

Detalló que en la etapa de producción de la prueba el juez A quo rechazó la prueba pericial, que en ese instante fue aceptada por la empresa demandada, pero a tiempo de realizar los alegatos la inmobiliaria habría solicitado prórroga de la audiencia para la producción del peritaje, y no fue admitida por el juez de grado.

Enfatizó que la inmobiliaria Zuriel S.R.L. estuvo de acuerdo con el rechazo de la prueba pericial, además que no hizo uso de la facultad contenida del el art. 146 del Código Procesal Civil, por lo que al plantear en la fase de alegatos tal reclamo, ello derivó en su rechazo y a su vez la deducción de un recurso de reposición sin alternativa de apelación, aspecto que no habilitó la competencia del Tribunal Ad quem.

Resolución que fue impugnada vía recurso de casación interpuesto por la inmobiliaria Zuriel S.R.L. representada legalmente por Miriam Roxana Forteza de Ribera, recurso que se analiza.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Indicó que la inmobiliaria recurrente no fue notificada con el acta de audiencia preliminar, por lo que no tuvo la posibilidad de impugnar la misma, asimismo se planteó el recurso conforme a la norma, y fue concedida en el efecto diferido.

2. Señaló que la falta de notificación con el acta de audiencia conforme a los arts. 82 y 83 del Código Procesal Civil, vulneró el derecho al debido proceso y a la igualdad de partes acorde al art. 180 de la Constitución Política del Estado.

3. Expresó que el acta de audiencia preliminar se adjuntó al proceso de manera inadecuada, ya que fue anexada después de la emisión de la sentencia, extremo que habría dejado en indefensión a la inmobiliaria recurrente.

4. Manifestó que la prueba pericial ofrecida para que determine la plusvalía del lote de terreno, fue solicitada mediante memorial de fs. 136 a 137, que siguió su curso legal sin oposición de la parte contraria, sin embargo al momento de solicitar la prórroga de la audiencia, esta fue rechazada con el argumento de que la pericia no fue ofrecida conforme a la norma, elemento que haría incongruente el fallo.

5. Arguyó que la prueba pericial fue ofrecida conforme art. 195.I del Código Procesal Civil, ya que con ella se determinaría la cuantificación de los daños y perjuicios desde el momento de compromiso de venta con la demandante.

6. Señaló que se le habría vulnerado su derecho al debido proceso, derecho a la defensa, a la valoración de la prueba, al juez imparcial y a la igualdad de las partes, toda vez que se rechazó su prueba pericial.

Por lo que solicitó se imprima el trámite de ley correspondiente para que este Tribunal case el Auto de Vista impugnado.

Sin respuesta al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto a la nulidad procesal.

El Auto Supremo Nº 767/2016 de 28 de junio señaló “La uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.”

III.2. Acta de audiencia.

En este contexto se debe considerar el art. 98 del Código Procesal Civil, por cuanto indica: “Lo obrado en audiencia se documentará en acta resumida que la o el secretario labrará durante su transcurso o en plazo máximo de cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad. II. Para asegurar la fidelidad del acta, las partes podrán pedir aclaraciones o complementaciones y formular observaciones, las cuales se resolverán de inmediato…”

En ese sentido el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil aprobado por el acuerdo de Sala Plena Nº 189/2017 de 13 de noviembre se orientó en base al art. 53:

“I. El acta debe labrarse de forma resumida y sucinta, debe contener la relación circunstancia de lo obrado, las peticiones de las partes, las resoluciones de autoridad judicial sobre la admisión o rechazo de prueba controvertida, así como la deducción de recursos. El acta debe labrarse en el transcurso de cada audiencia, a efectos de que sea arrimada al expediente a su conclusión.

II. Si el juzgado cuenta con medios técnicos audiovisuales o solo de audio, la audiencia debe ser registrada y cursará en el expediente un ejemplar en disco compacto y otra copia digital en la secretaría del juzgado, bajo responsabilidad de la secretaria o el secretario del juzgado, debiendo acompañarse al disco un índice indicando la realización de la audiencia y objeto de la misma, que formará parte del expediente. En este caso no será necesaria un acta de audiencia impresa, salvo las excepciones señaladas en la ley. La secretaría del juzgado a solicitud verbal de las partes o sus abogados podrá emitir copias de la grabación de la audiencia.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

a. En vista que las acusaciones empleadas en los puntos 1, 2 y 3 van enfocadas a vulneraciones referidas a la sustanciación de la audiencia preliminar del presente proceso, tales como la falta de notificación con el acta de audiencia cursante de fs. 183 a 188 vta., aspecto que conllevaría en una imposibilidad de impugnar la referida acta y a su vez derivaría en la indefensión de la inmobiliaria recurrente.

En ese contexto, si bien la inmobiliaria recurrente realiza acusaciones de errores en el procedimiento, pero de manera inadecuada pide que este Tribunal case la resolución impugnada, no obstante siendo de orden constitucional el derecho a la impugnación conforme al art. 180 de la CPE corresponde resolver las mismas, así cabe aclarar que ante la infracción de errores en el procedimiento la finalidad que persigue es la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, en ese sentido se debe precisar que el acta de audiencia es una reproducción de lo obrado en audiencia, asimismo hace constancia a las resoluciones de la autoridad judicial sobre la admisión o rechazo de alguna prueba y también sobre la interposición de algún recurso acorde al art. 368.V del Código Procesal Civil, en ese entendido la falta de notificación con el acta de audiencia preliminar no conlleva la nulidad de obrados porque la misma solo deriva en una responsabilidad funcionaria conforme al art. 98 de la ley adjetiva, a su vez cabe advertir que los actos desarrollados en audiencia tienen su propio mecanismo de impugnación y en el caso específico si bien existe un descuido en la formación del expediente por haberse arrimado después de la sentencia el acta de audiencia preliminar de fs. 183 a 188, ello no obstaba a la inmobiliaria recurrente manifestar tal omisión en su recurso de apelación conforme memorial de fs. 200 a 203 vta., el no haber realizado en el momento oportuno dio lugar a la convalidación de los actos, siendo impertinente este reclamo en sede de casación.

b. Por otra parte, respecto a las acusaciones figuradas en los puntos 4, 5 y 6, las cuales versan sobre el rechazo indebido de una prueba pericial, con la que habría permitido a la inmobiliaria recurrente determinar la cuantificación de los daños y perjuicios.

En este contexto, se debe tener presente que la audiencia preliminar concentra una serie de actividades procesales, entre las que se destaca la fijación definitiva del objeto del proceso, que permite establecer el centro del debate y por consiguiente la determinación y diligenciamiento de la prueba, por tal motivo si el rechazo del diligenciamiento de alguna prueba se suscitase en audiencia, se debe observar lo establecido en el art. 146 del Código Adjetivo Civil, ya que esta norma delimita la forma de recurribilidad ante un eventual rechazo a un medio probatorio, por otra parte es una facultad del juez de instancia rechazar el diligenciamiento de algún medio probatorio que sea inconducente, en tal sentido y conforme al acta de audiencia preliminar se tiene a fs. 187 vta. ut supra que la inmobiliaria recurrente a través de su abogado indicó: “Se acepta lo ordenado por su autoridad” ante el rechazo de la prueba pericial, lo cual permitió al juzgador dar por concluida la etapa para la producción y diligenciamiento de prueba, por lo que dotó a dicho acto plena eficacia jurídica y en consecuencia se ingresó a la etapa de alegatos, a efecto de que las partes expongan sus conclusiones en pro de su causa, por lo tanto no es preciso manifestar en etapa de alegatos la falta de diligenciamiento de algún medio probatorio, más cuando en el caso de autos el rechazo a la prueba pericial fue aceptada por la inmobiliaria tal como consta ut supra a fs. 187 vta., un razonamiento contrario equivaldría a retrotraer etapas procesales, lo cual no está permitido por nuestro ordenamiento jurídico tal como consta en el art. 17 de la Ley Nº 025, por lo tanto no es evidente la indefensión cuestionada.

Por lo tanto, el rechazo de la prueba pericial pronunciado en audiencia preliminar a fs. 187 vta. fijó la conclusión del diligenciamiento de prueba admisible, mismo que no fue objeto de reclamo, ni recurso por las partes, por lo que la impugnación del recurrente carece de sustento.

Asimismo, el rechazo de la prueba pericial no incide en la decisión asumida por el juez de grado, ya que de manera mecánica la inmobiliaria recurrente atribuye que de haber diligenciado la prueba pericial se habría determinado la cuantificación de daños y perjuicios, aspecto que no tiene certeza, ya que el juez de grado sustentó en sentencia que la cuota inicial fue de USD 2.357 que iría sustituir los daños y perjuicios en función a un acto de equidad, entonces deviene en intrascendente el reclamo ante la falta de relevancia de la prueba pericial argüida.

Por lo que corresponde resolver el recurso de casación en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 238 a 242, interpuesto por la inmobiliaria Zuriel S.R.L. representada por Miriam Roxana Forteza de Ribera contra el Auto de Vista N° 290/2018 de 23 de agosto, cursante de fs. 223 a 224, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa  Cruz.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.