TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 564/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fecha: 06 de junio de 2019

Expediente: CH-4-19-S

Partes: Mario Vargas Rodriguez c/Valentin Vargas Rodriguez y otros. 

Proceso: Usucapión decenal.  

Distrito: Chuquisaca. 


VISTOS: El recurso de casación de fs. 933 a 939, interpuesto por Mario Vargas Rodríguez contra el Auto de Vista Nº SCCI-0324/2018 de 19 de noviembre  cursante de fs. 927 a 931 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso sobre usucapión decenal, seguido por el recurrente contra Valentin Vargas Rodriguez, Daniela Vargas Saloma, Dayan Miguel Vargas Saloma y Sandra Melina Marquez, el Auto de concesión de fs. 954, el Auto Supremo de admisión N° 15/2019-RA de fs. 958 a 959 vta., los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Público Mixto, Civil y Comercial e Instrucción Penal Nº 1 de Camargo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 32/2018 de 7 de septiembre, cursante de fs. 857 a 870, declarando PROBADA EN PARTE la demanda planteada por Mario Vargas Rodriguez respecto al predio de propiedad de Valentin Vargas Rodriguez e IMPROBADA respecto  de a los predios de Dayan Miguel Vargas Saloma y Sandra Melina Marquez y Daniela Vargas Saloma, en consecuencia declaro propietario al demandante sobre el inmueble ubicado en calle Pucarita de la localidad de Camargo con una superficie de 76.95 m2.

Contra esta determinación, Valentin y Mario Vargas Rodriguez, interpusieron recurso de apelación por memoriales de fs. 875 a 893 y de fs. 894 a 900 respectivamente, resueltos por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quien pronunció el Auto de Vista SCCI-0324/2018 de 19 de noviembre, cursante de fs. 927 a 931 vta., por el cual REVOCO EN PARTE la sentencia impugnada; y, declaró IMPROBADA la demanda de usucapión interpuesta por Mario Vargas Rodriguez, manteniendo incólume el resto de la sentencia, bajo los siguientes argumentos:

Sobre la inconstitucionalidad del art. 138 del Código Civil, entretanto no sea expulsado del ordenamiento jurídico civil, sigue en vigencia de acuerdo al art. 4 de la Ley Nº 254 del Código Procesal Constitucional.

En cuanto a la aplicación del Código Civil actual y no el Código Civil Santa Cruz, al estar invocado una posesión del inmueble a partir de 1964, refiere que sus peticiones deben estar dentro del marco de la lealtad procesal prevista en el art. 3.II y 62 num. 1) de la Ley Nº 439, que al momento de subsanar la demanda el actor manifestó que la posesión la ejerció desde 1998 y transcurrieron más de los 10 años, por lo que al haberse admitido así la demanda sería inviable su petición de aplicación del Código Civil Santa Cruz.

En cuanto a la falta de fundamentación y motivación de la sentencia, señala que  el resultado negativo o parcial no es motivo de nulidad procesal.

Sobre la apelación formulada por Valentin Vargas Rodríguez respecto a la acusación de mala valoración de la prueba y además de no haberse cumplido  con la posesión pacifica para proceder a la usucapión, de la revisión de los  títulos  de propiedad señala que  Justino Vargas y Pascuala Rodriguez de Vargas, progenitores de Mario, Paulina, Juan, Valentín, Miguel y Flora, todos Vargas Rodriguez compraron el inmueble a nombre de los señalados, el 24 de agosto de 1959, protocolizado el 29 de diciembre de 1959 registrado en Derechos Reales el 15 de noviembre de 1983, migrado al folio real matricula Nº 1071010002421,  asiento A-1 de titularidad de dominio de 9 de marzo de 2009, es por ello que el  inicio del cómputo de la usucapión en contra de los titulares del derecho para ser demandados en su condición de últimos propietarios, por cuanto el demandante  no figuró como titular del inmueble y le nace el derecho de demandar la usucapión  extraordinaria  contra  los  últimos  titulares  es decir  Mario, Paulina, Juan;  Valentin, Miguel y Flora, todos Vargas Rodriguez, de acuerdo al art. 1538  del Código Civil, y si la demanda fue presentada el 18 de octubre de 2017 no  transcurrieron los 10 años, sólo 8 años, por lo que no existiría el tiempo exigido  por  el art. 138  del mismo cuerpo legal.

Asimismo el Tribunal Ad quem señala que los documentos de fs. 447 a 448  suscritos entre el actor y los demandados Paulina, Juan Valentin, Miguel y  Flora Vargas Rodriguez, efectúan una división y partición del inmueble de la litis en  octubre de 2009 donde refieren que adquirieron el año 1959 y a partir de esa fecha han mantenido el inmueble en forma indivisa al demandante se le asigna  el lote Nº 3 con una extensión de 66 m2., con reconocimiento expreso  desaparece cualesquier posesión  anterior en  virtud de los arts. 1505 y 1506 del Código Civil, y se inicia a partir de esa fecha un nuevo cómputo de la prescripción  extintiva para los propietarios y adquisitiva para el demandante, que tiene  fuerza probatoria no oponible a terceros según el art. 1292 del Código Civil, por lo que concluye que no existirá el tiempo necesario para usucapir.

En cuanto a la apelación de forma de Mario Vargas Rodríguez sobre la falta de motivación y fundamentación, considera que no es evidente  la denuncia de falta  de motivación, fundamentación y congruencia entre la parte considerativa y  resolutiva  en  el punto  2 inc. c)  de la sentencia, al  igual que  la declaratoria  de estar probada en parte  y  no en la totalidad demandada,  asimismo  al no existir  un  tiempo  fijado  por ley  para  la procedencia de la usucapión,  con apoyo  de la prueba documental existente en el expediente que por el principio de mancomunidad de la prueba pertenecen al proceso y no a las partes,  habiéndose realizado una nueva valoración de las pruebas decisorias para  viabilizar o no la pretensión del demandante de la usucapión extraordinaria decenal.

Añade que la parte demandante por  documento  de fs. 447 a 448 de octubre de 2009 reconoce el derecho propietario  en lo  indiviso  de Paulina,  Juan, Valentin,  Miguel y Flora Vargas  Rodriguez a partir  de 1959 reconocimiento  expreso  de derecho propietario hace desaparecer cualesquier posesión anterior  por mandato de los arts. 1505 y 1506 del Código Civil, se inicia a partir  de esa fecha  un nuevo cómputo de la prescripción extintiva para los propietarios y adquisitiva  para el demandante, documental que reitera tiene fuerza probatoria entre sus  suscribientes de acuerdo al art. 1292 del Código Civil, habiendo transcurrido sólo  10 años, exigido por ley, siendo inviable la usucapión pretendida.    

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


En la forma:

  1. El auto de vista carece de fundamentación y motivación

El recurrente alega que el fallo de segunda instancia no contiene  fundamentación, ni motivación respecto a sus agravios expresados en su recurso  de apelación de fs. 912 a 915, actitud que considera reprochable encontrándose dentro del art. 220.III num. 2 de la Ley Nº 439, pasando por alto las pretensiones del proceso y que reclamo oportunamente en infracción también del art. 265 del Código Procesal Civil.


  1. El auto de vista es impreciso, ambiguo, incongruente, inconsistente.

 

Arguye también que la resolución recurrida es imprecisa, ambigua, incongruente,  inconsistente, carente de motivación y fundamentos de sustento en la parte  resolutiva,  haciendo  cita  de las Sentencias Constitucionales Nros 1369/2001-R, 0752/2002-R, 1289/2010-R y 0275/2012-R y los arts. 122 de la Constitución Política del Estado,  art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, 105, 106 y 108 del Código Procesal Civil; y, art. 252 del Código de Procedimiento Civil, por lo que afirma  que la resolución impugnada debe ser anulada de oficio por no contener decisiones expresas, positivas y precisas,  ya  que de su lectura en ninguna de sus partes tendría motivación o fundamentación legal sobre aspectos que habría  extrañado; no obstante de acuerdo al Código Procesal Civil como la jurisprudencia constitucional, pues considera que toda resolución debe contener una motivación y fundamentación que permita conocer a las partes cual el resultado y motivo que lo llevo a  la determinación;  sin embargo en  el caso de autos además de ser escueto, no  consideró que su recurso de apelación fue planteado conforme a ley y no vulnera ningún precepto legal, reiterando  que ante esta falta de fundamentación y motivación, se infringió el art. 265.I del código adjetivo civil.


En el fondo:


  1. El auto de vista violó todos los preceptos constitucionales y legales.


Denuncia que el fallo recurrido, inobservo que su persona expuso doctrina, jurisprudencia, como contempla el ordenamiento jurídico nacional vigente,  haciendo referencia a los arts. 9, 13, 14, 19, 20, 24, 56, 108 nums. 1), 2), 3) y 9), 109, 110, 115, 119, 120, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado, arts. 3 nums. 3), 6) y 12), 15 y 30 nums. 1), 4), 6), 7), 8), 11), 12) y 13) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 145 y 213 de la Ley Nº 439,  concordante  con los  arts. 2, 3 nums. 2) y 3), 87, 90, 91, 190, 192, 193, 194 y 397 del Código de Procedimiento Civil, normas que  indica son de orden público y de cumplimiento obligatorio, debiendo el Tribunal Ad quem ajustar sus fallos a los principios, derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso, la legalidad, la seguridad jurídica y verdad material, por cuanto toda resolución judicial, debe  estar debida y legalmente motivada y fundamentada  de suerte que las partes, tengan pleno conocimiento del porque se tomó la decisión, lo que asevera no aconteció en el caso de autos, al ser un fallo incompleto que infringió  disposiciones constitucionales y  legales incumpliéndolos.


  1. El Tribunal de alzada quebranto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado y de preceptos legales.

Sosteniendo que su recurso de apelación de fs. 894 a 900, cumple con los arts. 256, 257 y siguientes de la Ley Nº 439, habiendo señalado los agravios sin que  hayan sido leídos por el Tribunal Ad quem, caso contrario el resultado debió ser otro, como el de declarar probada la demanda en todas sus partes, sin embargo hubo denegación de justicia, vulneración del derecho a la defensa y quebrantamiento  de la tutela judicial efectiva, y los preceptos legales que habría citado  anteriormente.


  1. Infracción del art. 1297 del Código Civil y preceptos legales citados,  incurriendo en error de derecho y de hecho en la valoración de la prueba.


Infiere que a través de sus testigos y de la parte adversa, demostró que los  demandados no se encontraban en posesión del inmueble objeto de la litis  durante los últimos veinte años y su persona estuvo en posesión pública, pacífica y continua por más de veinte años, por lo que correspondía que su demanda sea declarada probada en todas sus partes, en razón a que el Tribunal de alzada se limitó a valorar y apreciar la prueba de fs. 447 a 448, que habría sido objetada de su parte, por carecer de fe, fuerza y eficacia probatoria, puesto que no cuenta  con reconocimiento de firmas y rubricas ante Notario de Fe Publica o judicialmente, debiendo tomarse en cuenta la posesión material del bien inmueble que habría acreditado y que no fue enervada por la parte adversa, sin embargo, el Tribunal de alzada no apreció los otros medios probatorios pese a su reclamo en alzada, al no encontrarse estipulado legalmente que en base al documento objetado corrobore que su posesión pacifica, publica y continuada  por más de veinte años, o que haya sido interrumpida, hecho que provocó que el  Tribunal Ad quem vulnere los arts. 1286  y  1297 del Código Civil y art. 145 de la Ley  Nº 439.     


Por lo que solicita se anule obrados y el auto de vista impugnado; y, se disponga  que el Tribunal Tribunal Ad quem emita  uno  nuevo  de  acuerdo  a los puntos apelados  y los datos del proceso o en su defecto se case el auto de vista y se declare probada su demanda de usucapión decenal o extraordinaria en todas sus partes.


DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, fue respondido por Valentín Vargas Rodríguez, Daniela Vargas Saloma, Dayan Miguel Vargas Saloma y Sandra Melina Marquez, por memorial de fs. 942 a 953 vta., manifestando que no corresponde la procedencia del recurso de casación en el fondo y en la forma, al respecto observa que en la forma no  expreso en que consiste  la violación, falsedad o error y en su petitorio final de manera incoherente solicitó se case el auto de vista y se anule obrados hasta el vicio más antiguo, lo cual hace incongruente el agravio formulado, asimismo advierte que  no  fijo  de forma  clara, concreta, precisa cual o cuales fueron  los  agravios objetivos sufridos por el Auto de Vista impugnado, tampoco indica las normas adjetivas o sustantivas que hubieran sido mal interpretadas o  indebidamente aplicadas por el Tribunal Ad quem o de qué forma debieron interpretarse, falencias que conllevarían  la inadmisibilidad del recurso planteado.

Asimismo con relación al recurso de casación en el fondo, señala que incumplió  con  el art. 274.I. num. 3) de la Ley Nº 439 al no precisar con claridad la ley o leyes infringida, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas,  especificando en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error, omisión que también lo observó en el recurso planteado en la forma, supliendo una debida fundamentación de los agravios, valiéndose de escritos anteriores, sin detallar en qué consisten las vulneración es de manera pertinente, congruente y  exhaustiva, por lo que sus alegatos  son  generales y  no contienen o se detienen a hacer un análisis concienzudo del caso en concreto sin efectuar una subsunción y estudio de los  hechos, olvidando  una  técnica  recursiva  aplicable al caso,  pretendiendo suplir la fundamentación con la cita  de ciertas normas y  diversos  fallos cuando debió  dar cuenta de los extremos  que le hacen al recurso interpuesto, la reproducción de normas y jurisprudencia no pueden suplir a la fundamentación de un recurso considerando que es una acción de pleno derecho, por lo que  es carente de certeza y coherencia pues es fruto de improvisación, en  ese sentido procede a hacer referencias a algunos medios de prueba que considero decisivos y en particular sostiene  que  el documento de 6 de octubre de 2009 de fs. 447 a 448 en virtud del art. 510 y siguientes del Código Civil, que no fue dejado  sin  efecto  por acción  alguna,  documento  a través del cual reconocieron la titularidad compartida en  copropiedad,  comunidad y  de forma indivisa, por  lo que el actor  al haber reconocido  su  derecho  propietario sobre  el  bien  habría  renunciado a  la prescripción, más  aun cuando  el tiempo  para ejecutar una acción no ha transcurrido  a cabalidad de acuerdo  al art. 138  del Código Civil, puesto  que  la presente  demanda fue entablada en  su  contra el 18 de octubre de 2017 resultando 8  años del  supuesto goce de derecho posesión del actor sobre el bien inmueble, asimismo proceden a referir la prueba  presentada en el caso de autos que consideraron de relevancia para la demostración  de la  improcedencia de la acción principal, por lo  que  solicitan  se declare la improcedencia del recurso de casación en la forma y se declare  infundado  en el fondo, siendo concedido el recurso planteado por Auto de fs. 954.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. Sobre los presupuestos de la usucapión decenal o extraordinaria.

La usucapión es un modo de adquirir la propiedad por haberla poseído durante el tiempo previsto y con apego a las condiciones determinadas por Ley, en general, sea que se trate de usucapión ordinaria o extraordinaria, tres son los presupuestos de este instituto, a saber: 1) un bien susceptible de ser usucapido; 2) la posesión; 3) transcurso de un plazo.

En ese orden, en lo referente a la usucapión decenal o extraordinaria, respecto al primer presupuesto diremos que, por regla general, los bienes susceptibles de usucapión son aquellos que se encuentran dentro del comercio humano, sólo recae sobre aquellos que están en la esfera del dominio privado, estando excluidos todos aquellos bienes que están fuera del comercio y aquellos que son de dominio público del Estado, pues se debe comprender que la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual la usucapión sólo es posible respecto de bienes que se encuentran registrados a nombre de un anterior propietario contra quien se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión, por ello para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto.

Ahora bien en cuanto al segundo presupuesto, se tiene que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", a cuyo efecto el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa.

Finalmente, en el caso de que se acredite que existe posesión, en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años (para la usucapión decenal), lo que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido ininterrumpidamente, de forma pacífica, sin perturbaciones ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública porque se ha efectuado según la naturaleza del bien sin ocultar a quien tiene derecho a él, reunidos esos caracteres o propiamente requisitos, entonces, se habrá cumplido lo que señala el art. 138 del Código Civil.


III.2. De la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo Nº 37/2017 de 4 de enero, se ha desarrollado la doctrina respecto a la valoración de la prueba que señala lo siguiente:

“José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”. 

Con relación a la valoración de la prueba se ha indicado en el Auto Supremo N° 240/2015 que : “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.


III.3.- Respecto al error de derecho y error de hecho en la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo Nº 629/2014 de 31 de octubre como línea jurisprudencial se ha concreta que: “…la apreciación de los elementos probatorios es una actividad autónoma de los jueces de grado, sin que en casación pueda censurarse esa actividad deliberativa, salvo que existiese error de hecho o error de derecho que se haya cometido al realizar la misma, conforme estipula el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil…”.

Asimismo, en el Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, al referirse al error de hecho se ha razonado que: “Al respecto, corresponde referir que entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que procederá el recurso de casación en el fondo en los siguientes casos:…3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causales que establece el citado art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales…”. 

III.4. De la Incongruencia Omisiva.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis de este máximo tribunal solamente debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, tal cual lo ha orientado el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la SCP Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, señalando: “…cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con relación a las denuncias efectuadas por la parte recurrente se tiene:


En la forma:

Con relación a los reclamos: 1) y 2), referidos a que el auto de vista carece de fundamentación y motivación; además de ser impreciso, ambiguo, incongruente, inconsistente.

 

No  obstante  de que el recurrente no precisa que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta,  o en que parte se incurrió en imprecisión, ambigüedad e inconsistencia; es decir no  identifica los errores, u omisiones y demás deficiencias, con la debida motivación y fundamentación, además de hacer notar la relevancia de la infracción observada, a efectos de su verificación, se concluye que el recurrente formula sus  reclamos con una ausencia de técnica recursiva carente de sustento legal y  argumentativa.

No obstante lo señalado, de la revisión de antecedentes, se establece que el recurrente formuló su recurso de apelación por memorial de fs. 894 a 900, donde formulo  entre  sus principales agravios que: a) la sentencia no  contaría  con  fundamentación, motivación incurriendo en aspectos subjetivos, b) Pidió la usucapión sobre el total del inmueble y no en una parte, c) Cuestionó que la sentencia infringió los arts. 115, 119, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado, en vulneración de los derechos al debido proceso, legalidad y  seguridad jurídica, d) Que demostró  que  estuvo  en posesión del inmueble por más  de 20  años; e) Existió  mala valoración de la prueba.

Agravios sobre los cuales el Tribunal de apelación ha señalado concretamente que pese a que los recurso de apelación fueron planteados sin fundamentación de acuerdo al art. 261.I del Código Procesal Civil, a efectos de impartir justicia apartándose del formalismo, hizo una relación de antecedentes, y procede a señalar lo siguiente:  a) No es evidente  que  la sentencia no contenga una  debida motivación y fundamentación y congruencia entre la parte considerativa y resolutiva; en cuanto a los demás puntos, b), c), d) y e),  el Tribunal Ad quem  efectuando  su labor  de control, ha observado que se ha fundado las razones con  sustento legal, sin embargo no existe el tiempo  fijado por ley para la procedencia  de usucapión, con la suficiente  prueba  y que por el principio  de mancomunidad de la prueba se procedió a efectuar  una  nueva  valoración de las pruebas,  en consecuencia  procedió  a efectuar  un  análisis  de la acción  de usucapión  concluyendo que  la parte  demandante  por  documento de octubre  de 2009   de fs. 447  a 448, reconoció el derecho propietario  en lo  indiviso  de Paulina, Juan, Valentín, Miguel y Flora Vargas Rodríguez, reconociendo  así  el derecho propietario,  desapareciendo  así la posesión  anterior  en  virtud de los arts. 1505 y  1506 del Código Civil, precisando  que  el nuevo  cómputo para  la prescripción  extintiva  se inició a partir de esa fecha para los propietarios y adquisitiva para el demandante, prueba  documental que  para  el Tribunal Ad quem  cuenta con la suficiente fuerza probatoria  entre los suscribientes de conformidad al art. 1292  del Código Civil, haciendo  un total de ocho  años  y  no diez establecidos por el art. 138 del mismo cuerpo legal, resultando  inviable la acción pretendida, criterios  que  sirvieron de sustento para revocar la sentencia apelada y  que el ahora recurrente pretende desconocer.

Por  cuyos  motivos no se advierte que el Auto de Vista  recurrido sea impreciso, ambiguo, incongruente, inconsistente, ni carente de motivación y fundamentación,  ni  que se halle en alguna causal de nulidad para se proceda a la misma;  al haber expuesto los motivos que lo sustentan y  que  lo  conllevaron a la decisión asumida, a efectos de lograr un convencimiento a las partes en conflicto sobre la misma, situación que aconteció en el caso de autos, tal cual se ha detallado a través de los párrafos que anteceden, donde se observa como el Tribunal de segunda instancia, procedió a dar respuesta a cada uno de los agravios formulados en etapa de apelación, explicando no solo el hecho factico sino también amparó su decisión en la normativa aplicable a la disyuntiva planteada, consecuentemente no se observó que carezca de fundamentación, mucho menos que  no se haya  pronunciado sobre cada denuncia formulada.


En el fondo:

Respecto a las denuncias expresadas en los numerales 1) y 2), sobre que el auto de vista vulneró preceptos constitucionales y legales.


De la revisión de ambos motivos de recurso de casación, se observa que  el recurrente se ha limitado a la simple cita de los arts. 9, 13, 14, 19, 20, 24, 56, 108 nums. 1), 2), 3) y 9), 109, 110, 115, 119, 120, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado, arts. 3 nums. 3), 6) y 12), 15 y 30 nums. 1), 4), 6), 7), 8), 11), 12) y 13) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 145 y 213 de la Ley Nº 439, arts. 2, 3 nums. 2) y 3), 87, 90, 91, 190, 192, 193, 194 y 397 del Código de Procedimiento Civil; aludiendo que su recurso de apelación de fs. 894 a 900, cumple con los arts. 256, 257 y siguientes de la Ley Nº 439, habiendo señalado sus agravios que  no fueron  “leídos” por el Tribunal Ad quem, sin embargo hubo denegación de justicia, vulneración del derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, por lo  que se habría  incurrido  en  una infracción  a todo el listados  de normas señaladas.

Sobre este particular, se advierte  que el  recurrente no expresa, ni efectúa  una  relación de causalidad entre los derechos supuestamente vulnerados, las normas legales invocadas y los hechos fácticos que motivarían su posible quebrantamiento por el Tribunal Ad quem, por ende se observa que ambos motivos, dejan de lado una argumentación y fundamentación coherente que los sustente, desembocando en una simple manifestación de disconformidad con el fallo recurrido e imposibilitando su correspondiente análisis de fondo por parte de este Tribunal,  debido a estas falencias en su planteamiento. 


  1. Infracción del art. 1297 del Código Civil y preceptos legales citados,  incurriendo en error de derecho y de hecho en la valoración de la prueba.

En  cuanto a la acusación de que hubo error de derecho y de hecho en la valoración de la prueba, aduciendo que demostró que su persona  estaba en posesión pública, pacífica y continua por más de veinte años del inmueble y correspondía que su demanda sea declarada probada en su totalidad, sin  embargo únicamente se habría valorado la prueba que objetó de fs. 447 a 448, vulnerando los arts. 1286 y 1297 del Código Civil y art. 145 de la Ley Nº 439.

Al respecto se debe tener en cuenta que no obstante de no haberse acreditado la posesión  continua por más  de 10 años previstos por el art. 138  del Código  Civil, el referido documento al que alude el recurrente sirvió de referencia para demostrar que no se cumplió con los requisitos establecidos para la procedencia de la usucapión, pues desde la suscripción del mismo (6 de octubre de 2009), donde se acordó la indivisibilidad del bien inmueble objeto de la litis, reconociendo la propiedad de las partes intervinientes en el proceso, hasta la presentación de la demanda (18 de octubre de 2017),  únicamente transcurrieron ocho años  y  no diez años, como requiere la norma citada.

En  ese contexto, ante el incumplimiento de los presupuestos para la acción interpuesta, de conformidad a la doctrina desarrollada en el epígrafe III.1 de la presente resolución y no comprobar la posesión continua y pacífica del inmueble durante diez años, fue acertadamente observado por el Tribunal de alzada a momento de emitir el fallo de segunda instancia, efectuando una interpretación correcta del instituto de la usucapión contenido en el art. 138 del Código Civil, procediendo a la revocatoria de la sentencia ejerciendo su labor de control y verificación tanto de los antecedentes del proceso, como la valoración de la prueba en resguardo del debido proceso y generando seguridad jurídica a las partes en conflicto y  en atención al principio de verdad material.

Consideraciones que no son desvirtuadas por el recurrente, quien se restringe a la simple denuncia de existencia de error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, hierro que no puede ser subsanado por este Tribunal.

Razones por las que al haberse advertido que el auto de vista responde congruentemente a los puntos objeto de apelación, de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado norma, ni derecho alguno que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 933 a 939, interpuesto por Mario Vargas Rodríguez contra el Auto de Vista Nº SCCI-0324/2018 de 19 de noviembre  cursante de fs. 927 a 931 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.