TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 562/2019                           

Fecha: 06 de junio de 2019

Expediente: CB-7-19-S.                                                                  

Partes:  Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal              c/ Felipe Sotelo, María Susana Ledezma de Sotelo, Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo, Doris Torrico Camacho e Isabel Camacho de Torrico.

Proceso: Ordinario de ineficacia y/o inoponibilidad, acción negatoria, nulidad de documento privado, reivindicación y anulación o modificación de                  resolución de tercería de derecho excluyente.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 2076 a 2077 vta., interpuesto por Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo, Felipe Sotelo y María Susana Ledezma de Sotelo y el recurso de casación de fs. 2082 a 2088 planteado por Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal , ambos contra el Auto de Vista Nº 113/2018 de 14 de agosto que cursa de fs. 2066 a 2073, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de ineficacia y/o inoponibilidad, acción negatoria, nulidad de documento privado, reivindicación y anulación o modificación de resolución de tercería de derecho excluyente, seguido por Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal, contra Felipe Sotelo, María Susana Ledezma de Sotelo, Ruperto Sotelo, Teresa Camacho  Basto de Sotelo, Doris Torrico Camacho e Isabel Camacho de Torrico, la contestación cursante de fs. 2082 a 2088, el Auto de Concesión a fs. 2092, Auto Supremo de admisión Nº 46/2019-RA de 4 de febrero cursante a fs. 2098 a 2100, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Planteada la demanda ordinaria con pretensión múltiple de fs. 1639 a 1656, subsanada a fs. 1664 a 1665, y modificada a fs. 1667 a 1668 en la que los demandantes Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal, demandaron la ineficacia y/o inoponibilidad, acción negatoria, nulidad de documento privado, reivindicación y anulación o modificación de resolución de tercería de derecho excluyente en relación al inmueble objeto de la litis, lote de terreno con una superficie de 1015 m2 sito al frente de la avenida Simón López, entre avenida La Paz y avenida Segunda, Zona Cruce Taquiña, Barrio Sarcobamba, manzana 24-29, Distrito 3, sub distrito 21, lote N° 3 de la ciudad de Cochabamba, que sirvió de garantía hipotecaria sobre un préstamo de dinero de $us. 25.000 que efectuaron los demandantes a favor de las codemandadas Doris Torrico Camacho e Isabel Camacho de Torrico (garante); dirigiendo su acción contra las nombradas y Felipe Sotelo, María Susana Ledezma de Sotelo, Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo, citados que fueron los demandados con la demanda y decreto de admisión,  respondieron negativamente de fs. 1702 a 1713 y 1762 a 1763, continuando así la tramitación de la causa hasta el pronunciamiento de la Sentencia Nº 22/2017 de 17 de octubre de fs. 2012 a 2033,  en la que la Juez Púbico Civil y Comercial N° 22 de la ciudad de Cochabamba, declaró: a) PROBADA parcialmente la demanda de reivindicación y acción negatoria, e IMPROBADAS las demandas de ineficacia y/o inoponibilidad de sentencia de resolución de contrato, nulidad de documento privado de aclaración de precio y anulación o modificación de resolución de tercería de derecho excluyente. b) En consecuencia, se ordenó que los demandados Felipe Sotelo, María Susana Ledezma de Sotelo, Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo, entreguen la bien inmueble materia de autos, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 3.01.1.02.0020831 a favor de los demandantes Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal a tercero día de que la sentencia cause ejecutoria, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento. Sin costas por no encontrarse la demanda probada en todas sus partes.

2. El fallo de primera instancia mereció el recurso de apelación deducido por los demandados Felipe Sotelo, María Susana Ledezma de Sotelo, Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo de fs. 2035 a 2037 vta., y la adhesión a la apelación por parte de los demandantes Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal de fs. 2040 a 2046 vta., mereciendo el Auto de Vista Nº 113/2018 de 14 de agosto que cursa de fs. 2066 a 2073, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 22/2017 de 17 de octubre, sin costos ni costas por ser ambas partes las que recurrieron de apelación,  expresando en lo principal de su fundamento que: I. En relación a la apelación formulada por los demandados: a) Conforme a los antecedentes de la causa, se evidenció que los demandados, mediante documento de 16 de enero de 2016 (debió decir 2003), transfirieron a favor de la codemandada Doris Torrico Camacho la propiedad motivo del proceso, suscribiéndose también entre las mismas partes y en la misma fecha otro documento aclaratorio del precio, mismo que sirvió de base para el proceso de resolución de contrato en el que se dictó sentencia favorable a los vendedores (demandados en el caso de autos), que la compradora, inscribió aquella venta en Derechos Reales bajo Matrícula Computarizada N° 3011020020831-A-1 de 23 de enero de 2004, contrayendo en base a tal registro una obligación pecuniaria con garantía hipotecaria con los actuales demandantes, quienes inscriben en el Asiento N° 2 de la misma matrícula el título traslativo de propiedad obtenida por venta judicial; b) Que si bien existe una sentencia que resuelve el contrato de compra venta, indicado en el inciso anterior así como el documento aclaratorio del precio y que ordenó la cancelación del registro en Derechos Reales de fecha 23 de enero de 2004, sentencia que fue confirmada por un Auto de Vista y refrendada por Auto Supremo, no consta que aquella sentencia fuera inscrita en Derechos Reales, por lo que la anotación preventiva dispuesta en el proceso ordinario de resolución para ser convertida en inscripción, requiere la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada conforme prevé el art. 1553.II del Código Civil, por lo que, mientras no exista esta inscripción, la adjudicación judicial efectuada a favor de los demandantes en la presente causa surte sus efectos legales, sin que por ello pueda declararse la inoponibilidad del fallo de resolución de contrato;  c) En relación a la acción de reivindicación debe darse el hecho que el supuesto propietario se encuentra privado o destituido de la propiedad, en autos los demandados se encuentran en poder del inmueble materia de autos, en virtud de un mandamiento de desapoderamiento librado por el Juez que conoció el proceso de resolución de contrato; empero, no puede ser desconocido el derecho de propiedad que ostentan los demandantes adquirido por venta judicial y debidamente inscrito en Derechos Reales el 7 de diciembre de 2006, más aún, si conforme al art. 1485 del Código Civil, no es oponible al adjudicatario la nulidad de los actos ejecutivos (coactivos) que hayan precedido a la adjudicación, extremo que importa que una adjudicación judicial no puede ser dejada sin efecto en tanto no se demande la nulidad de esa venta judicial; d) En cuanto a la acción negatoria, se señaló que el art. 1455 del Código Civil, establece que el propietario puede demandar a quien afirme tener derecho sobre la cosa y pedir se declare suya , empero, en autos, no consta que los demandantes, señores Mardesich, fueren incluidos en la demanda de resolución de contrato de venta, por lo que el derecho adquirido por venta judicial permanece incólume, no obstante de que la sentencia pronunciada en el proceso de resolución del contrato alcanzó la calidad de cosa juzgada formal y material, así también la sentencia pronunciada el proceso coactivo no puede ser alterada, sin embargo ello no implica que la venta judicial pudo haber sido observada si concurriesen las causales de nulidad o recisión, sin que la cancelación el documento de venta efectuada a la codemandada Doris Torrico Camacho pueda afectar la validez de la venta judicial. II. En relación a la apelación de los demandantes vía adhesión: a) Acerca de la declaratoria de ineficacia o inoponibilidad de la sentencia de resolución de contrato, a decir de los demandantes apelantes, deben ser considerados los arts. 574.I y II y 559 del Código Civil, que señalan que los alcances de la sentencia pronunciada en procesos de resolución y anulación de contrato, no afectan a adquirientes de buena fe a título oneroso, sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión del art. 523 del Código nombrado, que establece que los contratos solo tienen efecto entre las partes contratantes, y no dañan ni aprovechan a un tercero, y también el art. 543.II del mismo cuerpo normativo, establece que en la simulación relativa el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma, no infringe la ley, ni intenta perjudicar a terceros, por ello no puede pretenderse se declare como acto ilegal el primer contrato máxime si sobre este existe un contrato aclaratorio; b) La sentencia emitida en proceso judicial que haya causado ejecutoria no puede ser revisada, ni declarada su inoponibilidad o inefectividad con relación a una adjudicación judicial de inmueble, considerando que los adjudicatarios (demandantes) inscribieron en Derechos Reales la venta judicial efectivizada a su favor, mucho antes de la fecha de pronunciamiento de la sentencia que resuelve el contrato de compra venta suscrito entre la familia Sotelo a favor de Doris Torrico Camacho, c) Ni el A quo, ni el Tribunal de Alzada tiene atribuciones para declarar la no vigencia (sic) de una sentencia, empero tomando en cuenta la previsión de los arts. 559 y 574.II del Código Civil se salvan los efectos de la inscripción de la demanda, considerando si se procedió a la anotación preventiva de la misma en el registro público, quedando expedita la vía para el reclamo por parte de la familia Sotelo por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento en el pago total de venta de inmueble por parte de la compradora Doris Torrico, d) El consignar en un contradocumento el precio real del bien inmueble menor al establecido en la minuta de venta, para efectos de pago de las obligaciones tributarias, no constituye causal de nulidad del contrato, más aún si tal venta fue resuelta en el proceso de resolución de contrato; además que los aspectos tributarios pueden ser resueltos vía administrativa tributaria, e) Sobre la resolución de rechazo de la tercería de dominio excluyente deducida por los señores Mardesich, se concluyó que cuando fue rechazada por el A quo, se pidió se declare la ejecutoria de aquella resolución y que, desde ese momento hasta la interposición de la presente demanda transcurrieron 60 días, habiendo vencido el plazo establecido por el art. 366.II del Código de Procedimiento Civil, ley para ordinarizar la resolución de rechazo, sin que el argumento de que se hubiese presentado conciliación previa pueda prorrogar el plazo fatal de 30 días.

3. Contra el Auto de Vista detallado precedentemente, los demandados formularon recurso de casación, que discurre de fs. 2076 a 2077 vta., así como también recurrieron de casación los demandantes mediante memorial de fs. 2082 a 2088, habiendo sido admitido por Auto Supremo Nº 46/2019-RA de 04 de febrero cursante a fs. 2098 a 2099 y vta., ameritando en consecuencia su estudio y resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

Recurso de los demandados.

Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo, Felipe Sotelo y María Susana Ledezma de Sotelo, mediante memorial de fs. 2076 a 2077 formularon recurso de casación, acusando en lo principal:

a) Que el Tribunal de Alzada ignoró las resoluciones judiciales que ampararon su derecho, tales como la sentencia pronunciada en el proceso ordinario de resolución de contrato que reconoció el derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis y ordenó la cancelación de la venta efectuada a favor de Doris Torrico, extremos sobre los que no se ha pronunciado el Auto de Vista, que se circunscribe al hecho de una publicidad lograda por la venta judicial y al hecho que no se inscribió o registró en Derechos Reales la sentencia pronunciada en el proceso ordinario de resolución de contrato, haciendo notar que los demandantes no acreditan la pertinencia de su derecho propietario al estar sustentado en un contrato que fue declarado nulo de pleno derecho.

b) Que no fue acreditado el presupuesto de la reivindicación establecido por el art. 1453 del Código Civil, que quién demanda haya sido desposeído sin su voluntad,  teniendo en cuenta que, existió una orden de desapoderamiento contra los demandantes librada en el proceso de resolución de contrato, no existiendo pronunciamiento por el Tribunal sobre la validez o invalidez de aquella orden en virtud de la cual la familia Sotelo ingresó al inmueble, mismo que, conforme consta en el acta de inspección in situ, no cuenta con agua potable, luz eléctrica y por las condiciones de precariedad no resulta habitable.

c) Finalmente, indicaron que el Auto de Vista señaló que mientras no se incluya a la familia Mardesich en un proceso formal de nulidad u otro, según el caso, no puede pretenderse que el registro de la venta judicial deje de tener vigencia. En suma, reitera que no fueron cumplidos los requisitos del art. 1445 del Código Civil, como erróneamente consideraron lo jueces de instancia.

Petitorio.

Solicitaron en base a los fundamentos se pronuncie Auto Supremo casando el Auto de Vista.

Recurso de los demandantes.

Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal, interpusieron de fs. 2082 a 2088 recurso de casación en el fondo, señalando en lo fundamental:

a) Que los jueces de instancia incurren en error de interpretación y aplicación normativa respecto a la pretensión e ineficacia e inoponibilidad de la sentencia de resolución de contrato, pues el juez de primera instancia no comprendió que la petición en relación a este punto se centra precisamente  en la declaración judicial en sentido que la sentencia de resolución de contrato pronunciada por el Juez Público N° 12 en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, resulta ineficaz o inoponible respecto de los demandantes por ser contratantes y luego adquirentes onerosos de buena fe del inmueble materia de autos y no haber sido demandados en aquel proceso de resolución contractual, pese a tener publicitado su derecho hipotecario, confundiendo los de instancia la pretensión deducida de inoponibilidad de la sentencia con la del contrato cuando hacen referencia a que para analizar la problemática se debe hacer referencia a la simulación del mismo, apartándose tanto el A quo como el Ad quem de la pretensión, incumpliendo con la interpretación de los arts. 574.II y III y 559 del Código Civil, pese a que, a fin de que proceda la pretensión se citó al Código Procesal Civil, que en su art. 229.II indica los alcances de la sentencia.

b) Existió aplicación indebida y errónea interpretación de la ley respecto a la pretensión de nulidad de documento privado de aclaración de precio de 16 de enero de 2004, toda vez que en tal documento existió causa ilícita, pues en el se pretendía burlar los intereses de los demandantes al haber sido suscrito minutos antes a que se suscribiera el contrato de compra venta y además pretendía soslayar el pago de impuestos, por lo que le era aplicable la disposición del art. 489 del Código Civil, no siendo evidente la afirmación del Tribunal de Alzada en sentido que la diferencia en el precio del inmueble sólo fue para fines impositivos y que tal extremo corresponde ser tratado en la vía administrativa tributaria cuando más bien los jueces de grado debieron dar curso a la solicitud cuando reconocen expresamente que existió por parte de los contratantes el ánimo de burlar intereses del fisco.

c) Por último, los recurrentes añaden que el A quo y el posterior Auto de Vista, hicieron énfasis en la verdad material sosteniendo que la resolución de tercería fue ejecutoriada en fecha 3 de enero de 2017 y la demanda tiene como fecha el 24 de marzo de 2017, por lo que aquella demanda fue presentada fuera del plazo de los 30 días previstos por el art. 366.II del Código de Procedimiento Civil, más no consideraron que el nuevo Código Procesal Civil, tiene instituido como requisito previo la CONCILIACION, por lo que el cómputo para la caducidad debe incluir el periodo de la conciliación como acto que interrumpe aquel cómputo, existiendo por tanto mala interpretación y violación del art. 1517.I del Código Civil, afirmando además que el principio de verdad material no puede utilizarse para ir contra norma expresa y que hicieron valer sus derechos con actos expresos antes del vencimiento del plazo de la caducidad.

Petitorio.

Solicitaron se dicte Auto Supremo casando parcialmente el Auto de Vista y se declaren probadas las pretensiones de ineficacia o inoponibilidad de la sentencia de resolución de contrato, nulidad de documento privado de aclaración de precio y anulación o modificación de la resolución de tercería de dominio excluyente.

RESPUESTA A LOS RECURSOS

Al recurso de casación opuesto por los demandados (fs. 2081 a 2083 vta).

Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal, indicaron que conforme previsión de los arts. 271 al 276 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser en el fondo, en la forma o en ambos, estando obligado quien presente aquel recurso a identificar que recurso es el que plantea, caso que no ocurrido con los demandados, por lo que el Tribunal de casación queda impedido de emitir pronunciamiento al no haberse identificado el objeto del recurso.

Agregaron que debe tenerse presente que el proceso ordinario posee tres fases, en las dos primeras los jueces son de hecho textual-, poseyendo la facultad de pronunciarse sobre la prueba según el criterio que le impone la ley y su sana crítica, valoración que es incensurable en casación. En el recurso de los demandados se indica que existió mala valoración de la prueba, más no se especifica si existió error de hecho o de derecho en tal apreciación.

Señalaron que aun cuando el recurso interpuesto fuese admitido, debe considerarse que es carente de toda técnica recursiva y que los demandados arguyen que en la sentencia y el Auto de Vista que no se consideraron que, en las demandas de reivindicación y acción negatoria, no se habrían cumplido los presupuestos que la regulan, lo que no es evidente, en vista que, como demandantes probaron el derecho propietario que les asiste sobre el inmueble materia de autos.

Petitorio.

Solicitaron se declare el recurso improcedente o, de ser admitido, se dicte Auto Supremo declarando infundado el recurso de los demandados.

Al recurso de casación opuesto por los demandantes.

Conforme consta en la diligencia de fs. 2090 y vta., los demandados fueron legalmente notificados con el decreto de traslado corrido al recurso de casación deducido por los demandantes, señores Mardesich (fs. 2089), sin que hayan dado respuesta alguna al mismo.

CONSIDERANDO III.

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil. 

Por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia el Auto Supremo N° 240/2015 orientó que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Esta Tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”, cuando dicha valoración sea incorresta habilita su impugnación en casación conforme a las acusaciones de error de hecho o error de derecho en la apreciación de la prueba.

III.2. De la acción reivindicatoria y acción negatoria.

En el Auto Supremo Nº 207/2016 de fecha 11 de marzo de 2016 se orientó en cuanto al tema expresando: “corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación es: aquella que tiene por objeto el ejercicio por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales a efectos obtener su devolución por un tercero que la detenta, de esta definición se puede extraer un punto esencial para su procedencia: -Ser propietario y a efectos  de seguir desmembrando este punto es primordial señalar que  significa propiedad, según el Diccionario de derecho Omega Tomo II el termino propiedad significa: “ Facultad ilegítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro” y en el mismo sentido, podemos expresar la doctrina expresada por Capitant, el cual sobre el tema expresa que es el “ Derecho de usar, gozar y disponer de un cosa en forma exclusiva y absoluta”. En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de  manos de un tercero, es decir el IUS IN RE, a efectos de ejercitar todos los derechos  como se dijo: IUS UTENDI FUENDI ETE ABUNDE, y de los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determino en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: propietario que ha perdido la posesión de una cosa y que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la posesión civil”, que está integrada en sus elementos “ corpus y animus” quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y pude ser aplicada en cualquier momento por el propietario”.

Asimismo corresponde enfatizar algunos supuestos a presentarse dentro de la acción, puesto que cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción de reivindicación adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no debe ser de mera condena, sino que previamente tendrá el juez que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras tendrá que hacer un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En cambio, si la resistencia del demandado de reivindicación se reduce a la situación de hecho, sin alegación por tanto sin controversia sobre el derecho, el resultado será una sentencia de simple condena en la faz petitoria” Auto Supremo Nº 395/2015 de 9 de junio.

En relación a la acción negatoria, en el Auto Supremo Nº 670/2014 de 11 de noviembre, sobre la acción negatoria señaló que: “De conformidad a lo previsto en el art. 1455 del Código Civil e interpretando los alcances de dicha disposición legal, los presupuestos y requisitos básicos para la procedencia de la acción negatoria son dos: la primera, que el propietario puede demandar a quien afirme tener derecho sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos; la segunda, que si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño. Si bien se ha establecido que la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, no es conexa con la acción negatoria, por cuanto, la finalidad que aquella persigue, según lo previsto en el art. 1545 del Código Civil, está referida a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro respecto al mismo inmueble; objetivo distinto y contradictorio al de la acción negatoria, que tiende a obtener una Sentencia declarativa de inexistencia de un derecho real que otra persona afirma que le asiste sobre el inmueble sin haberse constituido ese derecho a su favor; empero en el presente caso se ha establecido la improcedencia del Instituto de mejor derecho de propiedad, y la procedencia de la acción negatoria…”.

Asimismo, en el Auto Supremo Nº 77/2016 de 04 de febrero, se razonó lo siguiente: “En ese orden, corresponde señalar que el referido instituto se encuentra dentro del Libro que regula el ejercicio, protección y extinción de los derechos, constando en el capítulo citado las acciones de defensa de la propiedad y las servidumbres”.

El artículo 1455 del Código Civil, bajo el nomen juris de "acción negatoria" establece que: "I. El propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. II. Si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño".

De igual manera, la doctrina nos enseña que el artículo 1.455 del sustantivo civil, proporciona al propietario la acción negatoria, mediante la cual éste desconoce un derecho real que sobre la cosa de su propiedad alegare alguien. Su objeto, es obtener una sentencia declarativa que establezca que la cosa está libre y franca de determinada carga, o que la carga es inexistente, puede tratarse de servidumbre, usufructo, uso inmobiliario, habitación. Al propietario le basta demostrar su derecho, mientras que al demandado le corresponde probar la existencia del derecho real que alega sobre la cosa ajena”.

III.3. De la acción de inoponibilidad.

En el diccionario de la Lengua Española, se puede encontrar el término oponible, que en resumen indica "que se pude oponer; es decir, poner una cosa en contra otra, para estorbarle o impedirle su efecto" Desde el punto del Derecho la oponibilidad toma una conceptualización especial, o mejor dicho una conceptualización que hace referencia a la seguridad jurídica, de protección de bienes frente a terceros, por eso es que la oponibilidad está muy ligada a los derechos reales e incluso a los derechos de crédito, pero también aparece o está ligada a la compensación; por lo que en síntesis "la oponibilidad supone el influjo que la actuación jurídica ajena ejerce sobre los legítimos intereses de los terceros, que deberán contar en el futuro con ella, aunque no estén obligados al cumplimiento de lo pactado. La oponibilidad se proyecta hacia el exterior, como una consecuencia de la dinámica jurídica". Esto significa que la oponibilidad no solo involucra los que establecen la relación jurídica obligacional, sino que sin hacer partícipe de la celebración de un contrato por ejemplo, resulta involucrado uno o más terceros, dependiendo de cuál sea la obligación y qué apunte como finalidad cada uno de ellos.

Jurídicamente hablar de acción de inoponibilidad implica  conocer las definiciones básicas de cada uno de los términos que involucra.

Así se tiene que el concepto de “Oponible”, establecido en el Diccionario Jurídico de Manuel Osorio establece:

Oponibilidad. Conforme a la definición de Capitant, la “calidad del derecho o defensa que su titular pueda hacer valer contra terceros”.

Mientras que el mismo Diccionario Jurídico en relación a la palabra “Inoponibilidad” establece: Inoponibilidad, Couture señala estas dos acepciones: situación jurídica por la que un acto resulta ineficaz respecto de determinadas personas, normalmente ajenas a su realización; giro usual utilizado para referirse a la prohibición de oponer ciertas defensas o excepcionesCapitant dice que es la imposibilidad de hacer valer un derecho o una defensa”.

De mismo modo, encontramos como definición de OPONIBILIDAD que es la condición jurídica, atributo inherente a un derecho, documento o defensa, según la cual estos pueden hacerse valer frente a un terceroMientras que la INOPONIBILIDAD es aquella situación jurídica en virtud de la cual un acto resulta ineficaz respecto de determinadas personas, normalmente ajenas a su realización., es el Giro usual utilizado para referirse a la prohibición de oponer ciertas defensas o excepciones.

La supuesta autoridad absoluta de ciertos fallos no es otra cosa que la oponibilidad de todos los fallos a terceros, oponibilidad que no excluye que el fallo no produzca sus efectos sino entre las partes (autoridad relativa), entendiéndose a la inoponibilidad como la calidad del derecho o defensa que su titular pude hacer valer contra terceros.

La oponibilidad jurídicamente es importante porque permite que se establezca una seguridad jurídica de las personas frente a ciertas situaciones o actuaciones de los demás. Pero a esto es inevitable agregar que "la oponibilidad no consiste en que los actos jurídicos puedan producir derechos y obligaciones para quienes no han intervenido en la celebración de estos, ni directamente ni por terceras personas autorizadas para ello, porque tales efectos están descartados por el principio de la relatividad, sino en el deber general que pesa a cargo de los terceros de respetar la eficacia, aun transitoria, que tales actos por ley están llamados a producir entre las partes".

Ahora bien, el Auto Supremo N° 159/2010 de 27 de mayo pronunciado por la entonces Corte Suprema de Justicia, respecto a la acción de inoponibilidad, expresó: “Finalmente se debe precisar que en todo proceso en el que la sentencia que se vaya a emitir, sea susceptible de afectar derechos de terceros, éstos deben ser integrados a la litis, a fin de que los efectos de la sentencia les sea oponibles y a fin de reconocerles la posibilidad de ejercer sus derechos. En la sub lite, la parte actora pretende invalidar la hipoteca constituida mediante escritura pública Nº 3.485/99 de 30 de abril de 1999 e inscrita en Derechos Reales bajo la partida computarizada Nº 040189142 del Registro de Hipotecas de 7 de mayo de 1999; empero, dicho instrumento público (fojas 60 a 69) se refiere a un contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaría y fianza solidaria, en cuyo mérito, en el supuesto de dictarse Sentencia que invalide -por nulidad o anulabilidad- la hipoteca constituida, esa determinación afectaría a los fiadores, habida cuenta que, en el hipotético caso de ser ellos los que paguen la obligación, les asiste el derecho de subrogarse los derechos del acreedor contra el deudor principal, en especial los derechos de garantía, como prevé el Art. 934 del Código Civil. Por tal razón, la invalidez declarada sin la intervención de los fiadores, sería inoponible frente a ellos a quienes no se les reconoció la oportunidad de intervenir en el proceso y hacer valer sus derechos” negrillas se añadieron), criterio que es compartido ahora por este Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

A fin de resolver el recurso en análisis, dentro el marco establecido por la resolución recurrida, los fundamentos de las impugnaciones resumidas supra y la Doctrina Legal establecida para el caso, se hace necesaria la siguiente consideración, tomando en cuenta el orden de presentación de los recursos de casación:

En relación al recurso planteado por los demandados.

En primer término, corresponde enfatizar que los demandados, no refieren si plantearon recurso de casación en el fondo o en la forma, sin embargo, por el petitorio en sentido que se case el Auto de Vista, se entiende que plantearon recurso de casación en el fondo, por lo que, bajo esta premisa se tiene que:

1. Acerca de la primera denuncia de infracción en la que incurrió el Tribunal de Alzada. Los recurrentes, señalaron que se ignoró la sentencia pronunciada en el proceso ordinario de resolución de contrato que reconoció el derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis, circunscribiéndose solamente a la publicidad de la venta judicial efectuada a los demandantes cuando estos no acreditaron la pertinencia de su derecho propietario por cuanto se encontraba sustentado en un contrato declarado nulo, corresponde indicar a los recurrentes que, conforme los datos que informan la causa, se evidencia que: a) Los ahora recurrentes siendo propietarios a título hereditario del inmueble lote de terreno en la extensión de 1015 m2, ubicado con frente a la avenida Simón López entre avenida La Paz y avenida segunda, zona cruce Taquiña, zona Sarcobamba, manzana N° 24-29, distrito 2, sub distrito 21, de la ciudad de Cochabamba, en fecha 16 de enero de 2004, transfirieron a favor de la codemandada Doris Torrico Camacho dicho inmueble a título de compra venta (fs. 4 a 5), estableciendo el precio de diez mil bolivianos, venta que fue debidamente registrada en Derechos Reales del Departamento de Cochabamba (fs. 7 y vta); b) En la misma fecha, entre las mismas partes contratantes, se suscribe un documento “Aclaratoria de venta de lote”, en el que, refiriéndose a la venta del inmueble antes indicado, se aclara que el precio real del inmueble es de setenta mil dólares americanos, habiéndose consignado el precio de diez mil bolivianos únicamente con fines impositivos a más de establecerse la forma de pago (fs. 1 a 2); c) Los recurrentes, formularon  contra su compradora demanda ordinaria de resolución de contrato de compra venta ante el incumplimiento en la forma de pago y el pago del precio real del inmueble (fs. 25 a 27 vta.), proceso que concluyó con la sentencia que declaró probada la demanda y por ende resuelto el contrato de compra venta y el aclaratorio, disponiendo la cancelación de la inscripción de Derechos Reales, Matrícula Computarizada N° 3011020020831 A-1 de 23 de enero de 2004 (inscripción de la venta del inmueble).

Los antecedentes antes anotados, sí fueron evaluados y considerados por el Tribunal de Alzada, que en el acápite “A. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por los demandados”, reconocen y dan el valor legal correspondiente a la sentencia pronunciada por el Juez N° 12 en lo Civil de Cochabamba señalando que la sentencia pronunciada en primera instancia que resolvió el contrato de compra venta fue confirmada por Auto Supremo y refrendada por Auto Supremo, anotando a continuación que “No consta que la sentencia resolutiva hubiere sido inscrita en Derechos Reales de manera que pueda viabilizar que la anotación preventiva dispuesta en el proceso ordinario de resolución de contrato de venta se convierta en inscripción, presentando la sentencia favorable pasada en autoridad de cosa juzgadas tal como prevé el art. 1553.II del Código Civil”.

También la resolución de alzada, reconoció que Doris Torrico Camacho con base en el registro del acto de compra venta, contrajo una obligación pecuniaria con garantía hipotecaria con los demandantes Santiago y Gustavo Mardesich quienes inscribieron en el asiento N° 2 de la matrícula antes anotada el título traslativo de la propiedad de la venta judicial, lograda a raíz de haber iniciado un proceso coactivo  ante el incumplimiento de la obligación contraída con la actual codemandada Doris Torrico Camacho (fs. 1332 a 1334), cumpliendo de esta manera con la obligación registral prevista por el art 1538 del Código Civil. Resulta entonces que los demandados, hoy recurrentes no poseen razón en este su reclamo.

2. En relación al segundo agravio expresado en sentido que no fue acreditado el presupuesto de la reivindicación establecido por el art. 1453 del Código Civil, se tiene que conforme se ha establecido en el apartado III.2 de la Doctrina Legal aplicable al presente caso, concordante con el artículo antes citado, la acción revindicatoria o acción de reivindicación es: aquella que tiene por objeto el ejercicio por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales a efectos obtener su devolución por un tercero que la detenta, acción que exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La presencia de un propietario que acredite fehacientemente su derecho; b)  Que  haya perdido la posesión del bien inmueble; c) Que haya sido desposeído sin su voluntad. Es precisamente aquel derecho de propiedad el que permite reivindicar la cosa de manos de un tercero.

En autos, los recurrentes arguyen que existió una orden de desapoderamiento contra los demandantes librada en el proceso de resolución de contrato, en virtud a la cual ingresaron al inmueble desposeyendo a los demandantes Santiago y Gustavo Mardesich, no existiendo pronunciamiento por el Tribunal sobre la validez o invalidez de aquella orden, sin embargo, revisado el Auto de Vista recurrido se evidencia que esta resolución haciendo alusión a la venta judicial del inmueble objeto de la litis a favor de los demandantes, expresó que los adjudicatarios no fueron despojados de hecho o violentamente, sino mediante orden judicial de desapoderamiento y efecto de un proceso ordinario solemne (refiriéndose al proceso de resolución de contrato), sin embargo,  el Ad quem, señaló que más bien, conforme al art. 45 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, vigente en aquel momento, una adjudicación judicial trae consigo el mandamiento de desapoderamiento a favor de los adjudicatarios, no siendo posible entonces desconocer el derecho del adjudicatario judicial. En suma, en alzada no se desconoció el mandamiento de desapoderamiento librado en el proceso de resolución de contrato, empero, en mérito a la norma citada que señalaba: “II. Pagado el precio, se hará entrega al adjudicatario del bien rematado, librándose al efecto mandamiento de desapoderamiento, que se ejecutará con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. No se podrá alterar derechos de terceros emergentes de actos jurídicos debidamente registrados con anterioridad al embargo o de aquellos documentos que tengan fecha cierta, pudiendo los interesados deducir oposición por vía incidental dentro del plazo de diez días de la notificación al ejecutado, ocupantes y poseedores.”, se enfatizó que no podía desconocerse el derecho propietario de los demandantes, adjudicatarios judiciales del inmueble y que, en todo caso aquel mandamiento adquiría mayor relevancia tratándose de una adjudicación judicial.

Lo expuesto permite afirmar que no es evidente la afirmación de los recurrentes en la denuncia reclamada.

3. Sobre la acusación en sentido que el Auto de Vista señaló que mientras no se incluya a la familia Mardesich en un proceso formal de nulidad u otro, según el caso, no puede pretenderse que el registro de la venta judicial deje de tener vigencia, este Tribunal concluye que, efectivamente, una adjudicación judicial no puede dejar de tener el valor legal que posee, mientras quienes aleguen lo contrario no lo demuestren en justo juicio, pues la venta judicial , conforme se estableció ya en el Auto Supremo N° 372/2017 de 13 de abril es similar a un contrato de compra venta. En efecto, en dicha resolución judicial se indicó: “En el caso de las ventas judiciales sucede algo similar, si bien la adjudicación y la transferencia de la propiedad tienen como antecedente inmediato a los actos de carácter procesal; sin embargo la venta judicial en sí no constituye un acto exclusivamente procesal ya que en la misma concurren aspectos predominantemente sustantivos, como ser el objeto, sujetos, causa, obligaciones, etc., cuyos aspectos constituyen elementos típicos de un contrato. En nuestro medio y de manera específica en los procesos ejecutivos, con la adjudicación operada a través del remate y aprobación del mismo previo pago del precio en su totalidad, prácticamente se materializa la venta, momento en el cual se ordena al ejecutado a suscribir la minuta de transferencia definitiva dentro del plazo establecido por ley y en caso de no hacerlo, es la autoridad judicial la que en reemplazo de la voluntad del ejecutado, suscribe dicho documento a favor del adjudicatario, consolidando y perfeccionando con ello la transferencia del bien objeto de la venta judicial. De lo referido se infiere que la adjudicación como tal y la suscripción de la minuta de transferencia judicial propiamente dicha, no constituyen puros actos procesales, sino más bien concurren aspectos de carácter sustancial, ya que se transfiere de manera específica un derecho real de propiedad, lo que denota la existencia de un objeto que viene a ser el bien mueble o inmueble; existe también el precio del mismo, pagado además en su totalidad; intervienen los sujetos de la relación jurídica, como ser el interés del adjudicatario de adquirir voluntariamente el bien, y en cuanto a la voluntad del ejecutado (vendedor forzoso), éste generalmente es renuente a realizar la transferencia de su propiedad, siendo comprensible tal aspecto, pero esta situación por imperio de la ley, es reemplazada por la voluntad de la autoridad judicial, y finalmente, dependiendo de las circunstancias del caso, también existe la obligación de evicción de parte del ejecutado-vendedor; todos estos aspectos descritos, definitivamente no pueden ser considerados como actos procesales, siendo más bien de naturaleza eminentemente sustantiva, los que hacen que la venta judicial no se encuentre del todo alejada de un contrato común de venta, pero de características especiales. En base al fundamento expuesto, se puede concluir respecto a este punto, que la venta judicial al reunir las características de un contrato, pueden ser aplicadas las reglas y causales de nulidad previstas por el art. 549 del Código Civil referidas a las nulidades de los contratos en general, debiendo en todo caso tenerse presente lo dispuesto por el art. 451 del mismo cuerpo legal que establece que las normas generales de los contratos son también aplicables a todos los contratos, tengan o no denominación especial, incluso a los actos unilaterales de contenido patrimonial, así como a los actos jurídicos en general, no existiendo ninguna prohibición para la aplicación de las normas que rigen las nulidades contractuales al caso que nos ocupa como es la venta judicial, sin embargo la misma no puede ser impugnada por lesión y vicios de la cosa conforme lo establece el art. 1481 del sustantivo civil, siendo únicamente esa la limitante que establece la ley, cuyos aspectos corresponden a otro tipo de institutos jurídicos muy distintos de la nulidad; consiguientemente, los de instancia al haber aplicado el art. 549 del Código Civil al caso de autos, mas propiamente a la venta judicial contenida en la E.P. 506/2004 de 04 de mayo declarando la nulidad de la misma, no han incurrido en indebida aplicación de dicha norma legal, toda vez que se encuentra plenamente demostrado que el ejecutado Vicente Devo del Col, antes del inicio del proceso ejecutivo, ya no era propietario del inmueble subastado, correspondiendo esa propiedad a los demandantes de este proceso, aspecto que no puede ser soslayado ante el principio de verdad material que rige la administración de justicia” (negrillas se añadieron).

Consecuentemente, por la naturaleza jurídica de la venta judicial, que es asimilable a un contrato, no puede ser desconocida en el valor que posee mientras no concurran en ella las causas para anularla o dejarla sin efecto, menos puede ser desconocida como pretenden los recurrentes-, por la existencia de una sentencia ejecutoriada pronunciada en otro proceso ordinario de resolución de contrato, aún se trate del mismo inmueble, máxime, si, como en autos, los demandantes testimonian su derecho propietario en la Escritura Pública N° 126/2006 y registran en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 30111020020831 Asiento A-2 de 7 de diciembre de 2006.

En este punto, los recurrentes tampoco poseen razón, al no encontrase en el Auto de Vista recurrido la infracción acusada.

En relación al recurso de casación interpuesto por los demandantes.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo interpuesto por Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal, conforme su fundamento contrastado con el Auto de Vista recurrido y la Doctrina Legal aplicable al caso se tiene que:

1. Acerca de la denuncia en sentido que  los jueces de instancia incurren en error de interpretación y aplicación normativa respecto a la pretensión de ineficacia e inoponibilidad de la sentencia de resolución de contrato, pues el juez de primera instancia no comprendió que la petición en relación a este punto se centra precisamente  en la declaración judicial en sentido que la sentencia de resolución de contrato pronunciada por el Juez Público N° 12 en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, resulta ineficaz o inoponible respecto a ellos, pues se constituyen en adquirentes onerosos de buena fe del inmueble materia de incumpliendo con la interpretación de los arts. 574.II y III y 559 del Código Civil, los antecedentes que informan la causa, dan cuenta que: a) Los demandantes, mediante Escritura Pública N° 90/2004 otorgada el 30 de enero de 2004 (fs. 303 a 304), conceden en favor de Doris Torrico Camacho un  préstamo de dinero, por la suma de $us 25.000 (Dólares veinticinco mil), suscribiendo también el documento Isabel Camacho de Torrico como garante, garantizando la deudora principal aquella obligación con la primera hipoteca del inmueble objeto del presente proceso,  que precisamente fue adquirido por la deudora nombrada de los demandados, familia Sotelo y que ante el incumplimiento en el pago del precio del inmueble, éstos demandaron la resolución del contrato de compra venta, conforme se tiene ya manifestado; hipoteca que fue registrada en Derechos Reales  bajo la Matrícula Computarizada N° 3011020020831, Asiento B-1 en fecha 30 de enero de 2004; b) Los demandantes ante el incumplimiento en los términos del documento de préstamo de dinero iniciaron proceso coactivo civil contra su deudora (fs. 129 a 130), logrando una sentencia favorable y la subasta pública del bien otorgado en garantía hipotecaria, mismo que es adquirido por los demandantes en compensación de pago ante la falta de postores al remate (Auto de fs. 242 y vta.), suscribiéndose en consecuencia a favor de ellos la minuta de transferencia judicial, testimoniada bajo el N° 1126/2006, procediendo al registro en Derechos Reales en fecha 7 de diciembre de 2006 bajo la Matrícula Computarizada N° 30111020020831, Asiento A-2, bajo estos antecedentes entonces, los demandantes perfeccionan y publicitan su derecho propietario en relación al inmueble materia de autos; c) Paralelamente al proceso coactivo iniciado por los demandantes contra su deudora, los demandados tramitaron proceso ordinario de resolución de contrato conforme se tiene explicado en el punto 1 a tiempo de resolver recurso de los demandados, concluyendo entonces el proceso de resolución con la sentencia que declaró disuelto el contrato de compraventa y ordenó la cancelación de su inscripción en el registro de Derechos Reales.

Ahora bien, los demandantes - recurrentes, ahora alegan en su recurso que los jueces de instancia no consideraron que aquella sentencia les era inoponible, además de ineficaz, teniendo en cuenta sobre todo, la previsión de los arts. 574.II y III y 559 del Código Civil. En efecto, el A quo en sentencia declaró improbada la pretensión de inoponibilidad de la sentencia, decisión que fue confirmada en alzada con el argumento que: “No puede declararse la inoponibilidad de la sentencia de resolución de contrato, por cuanto, se reitera, solo procedía ser revisada o modificada o dejada sin efecto mediante recurso de revisión extraordinaria de sentencia”, mas adelante la resolución de segundo grado anotó que; “Todo perjudicado con una inscripción en un registro público, puede objetar la validez del título ya se trate de una venta judicial o de un contrato con efectos reales que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada, transferencia que tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos previstos por el art. 521 del Código Civil, de ahí que no es posible declarar la inoponibilidad de la sentencia de resolución de contrato con relación a la venta judicial concretada a favor de Santiago y Gustavo Mardesich”.

Siendo esos los argumentos del Ad quem, ahora corresponde señalar que conforme se ha establecido en el acápite de la Doctrina Legal aplicable para el caso de la “Inoponibilidad”,  es criterio del Tribunal Supremo de Justicia, constituido en su Sala Civil, que en  todo proceso en el que la sentencia que se vaya a emitir, sea susceptible de afectar derechos de terceros, estos deben ser integrados a la litis, a fin de que los efectos de la sentencia les sea oponibles y a fin de reconocerles la posibilidad de ejercer sus derechos. En autos, los demandantes Santiago y Gustavo Mardesich no fueron integrados al proceso de resolución de contrato, limitándose su participación a la interposición de una tercería de dominio excluyente que fue rechazada al haber sido presentada después del pronunciamiento de la sentencia. Por otra parte, partiendo del concepto de    “Inoponibilidad”, dado por el tratadista Couture que le otorga  dos acepciones, una como situación jurídica por la que un acto resulta ineficaz respecto de determinadas personas, normalmente ajenas a su realización;  y la de giro usual utilizado para referirse a la prohibición de oponer ciertas defensas o excepciones, se concluye que esta situación jurídica de inoponibilidad constituye una garantía o un mecanismo de protección y de seguridad jurídica a los propietarios o a terceros, frente a la concurrencia de otras personas que aleguen igual derecho en relación a un mismo bien inmueble.

En el caso de análisis, la sentencia del proceso de resolución de contrato, no les era oponible a los demandantes, por dos motivos principales, primero porque la sentencia no cumplía con el requisito de publicidad previsto en el art. 1538 del Código Civil, habiendo efectivizado únicamente la inscripción de la demanda mediante anotación preventiva (fs. 286 a 295), y segundo porque de manera previa a cualquier anotación, registro o inscripción que hubiesen efectuado los demandados en relación al inmueble objeto de la litis, los demandantes tenían a su favor el derecho de persecución sobre el inmueble adquirido por el también derecho a la hipoteca que nace a momento de la celebración del contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito con Doris Torrico Camacho y su posterior registro en Derechos Reales.

Asimismo los jueces de grado no consideraron el alcance de la previsión contenida en el art. 574.II y III del Código Civil en relación al art. 559 del mismo cuerpo legal, normas que a cerca de los efectos de la resolución señalan que a tales efectos, en cuanto no se oponga a su naturaleza, serán aplicables las reglas relativas a los efectos de la nulidad y anulabilidad declaradas, es decir que, por prescripción del art. 559 del adjetivo civil, estos efectos no perjudican a los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso.

En autos, estos preceptos legales deben ser aplicados a la situación de los demandantes, en vista que, ante la adjudicación judicial del inmueble sobre el que se constituyó un derecho real como es la “hipoteca”, se constituyen en terceros adquirentes de buena fe, es decir, en tal condición no pueden ver afectados sus derechos de legítimos propietarios por una decisión judicial como lo es la sentencia que dispuso la resolución de contrato de compra venta suscrito entre los demandados y la deudora de los demandantes, radicando precisamente en este hecho la “inoponibilidad de la sentencia”.

A mayor abundamiento, ante la existencia de un documento de préstamo de dinero con garantía personal (otorgada por Isabel Camacho) y otra constituida por la hipoteca del inmueble que en aquel momento se reputaba de propiedad de la deudora Doris Torrico Camacho, corresponde realizar un análisis de esta garantía. A tal fin se tiene que, la división clásica de las garantías en personales y reales, tiene su origen en la naturaleza del derecho otorgado al acreedor; así, cuando el derecho de crédito se establece en función de una persona que no es el deudor, se dice que estamos frente a una garantía personal o fianza. Cuando este derecho de crédito afecta a un bien determinado se dice que la garantía es real o hipotecaria. La garantía personal faculta al acreedor accionar no solo contra su deudor sino contra una tercera persona que es el fiador personal, en cambio en una garantía real, el acreedor tiene el derecho de persecución contra el tercero adquirente y preferencia con relación a los demás acreedores.

Por su parte la hipoteca es un derecho real accesorio, a favor del acreedor que le confiere el derecho de preferencia y el derecho de persecución contra el propietario o detentador de la cosa hipotecada. La hipoteca también puede ser constituida por el propietario para garantizar la deuda de un tercero, en cuyo caso nos encontramos frente a la fianza o caución real.

En nuestra legislación, la hipoteca se encuentra regulada en el Libro V, Capítulo III del Código Civil, bajo el Título II, denominado "De la garantía patrimonial de los derechos", en cuyo art. 1360 prevé: "I. La hipoteca constituida sobre bienes propios del deudor o de un tercero, como garantía de una deuda, confiere al acreedor hipotecario los derechos de persecución y preferencia. Por el primero, puede embargar la cosa o derecho en poder de cualquiera, por el segundo, es preferido en el pago a otros acreedores..."  (negrillas se añadieron).

Si bien la norma no nos brinda una definición concreta, la doctrina la define de manera general como “El acuerdo de voluntades en virtud del cual se garantiza el cumplimiento de una obligación, constituyéndose en un derecho real sobre un inmueble, que permanece en poder del deudor, pudiendo el acreedor perseguir el bien de manos de quien se encuentre y pagarse especialmente con el producto de la venta judicial”. Cabe asimismo señalar que la hipoteca es también accesoria, es decir, necesita de otra obligación principal para existir, no se puede por eso hablar de hipoteca sin que la misma esté vinculada a otra obligación o negocio jurídico, de manera general está ligada al mutuo o préstamo, pero también puede constituirse para otros casos de donde se desprendan obligaciones que pueden ser objeto de garantía hipotecaria.

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante la constitución de una hipoteca voluntaria, que como su nomenclatura refiere, supone su constitución  por  acuerdo establecido entre el acreedor que obtiene la garantía y el que la concede sobre uno o más bienes de su propiedad, habiendo cumplido además con los requisitos prevenidos por el art. 1378 de Código Civil, referida a la obligación imperativa de individualizar de manera concreta el bien o bienes que se constituyen en la garantía, en resguardo precisamente de aquellos que no están afectados; así como con el requisito de especialidad en la suma garantizada con la hipoteca, conforme también previene el art. 1379 de la norma sustantiva que refiere: “La hipoteca voluntaria sólo es válida en tanto la suma por la cual se ha constituido sea cierta y determinada. Si el crédito resultante de la obligación es condicional en su existencia o está indeterminado en su valor, el acreedor no podrá pedir su inscripción sino hasta la concurrencia  de un valor estimativo que él declarará expresamente y que el deudor tendrá derecho a hacer reducir, si hubiere lugar.”, esto porque  necesariamente la hipoteca debe ser considerada desde dos perspectivas, desde el punto de vista  del bien para producir plenos efectos cuando se haga perseguible la obligación  y desde la perspectiva del crédito o la suma o monto por la que se garantiza ya que conforme establece el artículo glosado supra, su  indeterminación ha de decretar su invalidez.

En consecuencia, por todo lo anterior se concluye sin lugar a equivoco que los demandantes se encontraban empoderados de un derecho real como lo es la “hipoteca”, derecho en virtud del cual pudieron accionar contra su deudora que incumplió su obligación de pago y además se adjudicaron el bien otorgado en garantía real en compensación del pago, aspectos que al margen de lo ya manifestado en la presente resolución, permiten determinar la inopinibilidad de la sentencia de resolución de contrato.

Lo precedentemente expuesto permite afirmar que los recurrentes poseen razón cuando afirman que los jueces de grado no consideraron adecuadamente su pretensión de inoponibilidad de la resolución judicial e inobservaron los arts. 574.II y III y 559 del Código Civil.

2. Sobre la denuncia de aplicación indebida y errónea interpretación de la ley respecto a la pretensión de nulidad de documento privado de aclaración de precio de 16 de enero de 2004, toda vez que en tal documento existió causa ilícita, deben considerarse los siguientes extremos: a) El documento al que ahora hacen alusión los demandantes, fue suscrito entre los demandados y la codemandada Doris Torrico Camacho (fs. 1 a 2), por lo que, en consideración al concepto de contrato dado por el art. 450 del Código Civil, que señala: “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica” y la disposición del art. 519 del mismo cuerpo legal, referido a la eficacia del contrato que tiene fuerza de ley entre las partes, los demandantes, ahora recurrentes, no poseen legitimación para reclamar ningún aspecto referido a tal acto jurídico, pues sus efectos han de producirse únicamente entre las partes contratantes o suscribientes del mismo, b) La causa ilícita estaría constituida según los recurrentes, por el hecho que tal documento aclaratorio fue suscrito con fines impositivos, existiendo engaño por parte de sus suscriptores para burlar el pago impositivo del acto de compra venta; sin embargo,  cuando en la resolución recurrida se anotó que la posible falta u omisión de las obligaciones tributarias no constituyen causal de nulidad  de un contrato, existe razón en el Ad quem, pues, no puede invocarse una posible nulidad por causas que no estuvieren previstas por ley, c) Independientemente que aquella pretensión de nulidad  fuese acogida o negada por los jueces de grado, tal aspecto no afecta el derecho propietario de los demandantes, que se encuentra plenamente consolidado por el derecho de percusión y preferencia conforme se tiene explicado en el punto referido al derecho real de la hipoteca.

En este punto del recurso corresponde afirmar que no existe transgresión alguna en las resoluciones de instancia.

3. Acerca de que el A quo y el posterior Auto de Vista, hicieron énfasis en la verdad material para justificar una inexistente caducidad en relación a la ejecutoria de la resolución que desestimó la tercería de dominio excluyente planteada por los demandantes en el proceso de resolución de contrato, debe decirse que por la fundamentación con la que se responde al recurso en el punto 1, es decir al haberse reconocido a Santiago y Gustavo Mardesich como legítimos propietarios del inmueble objeto de la litis, la resolución dictada o la que pudo haberse dictado dentro del trámite de interposición de tercería de dominio excluyente no enerva el derecho propietario de los demandantes sobre aquel inmueble.

Dicho de otro modo, al haber sido los demandantes acreedores hipotecarios de Doris Torrico Camacho, tenían a su favor un derecho real que les otorgaba el derecho de persecución y preferencia frente a los demandados, aun estos hayan logrado a su favor, con posterioridad a la inscripción del derecho real de la hipoteca una resolución del contrato de compra venta del bien con el cual la deudora afianzó su obligación crediticia.

Lo mencionado precedentemente, libera a este Tribunal de mayores consideraciones en relación al tercer agravio traído en casación por los demandantes en el recurso en estudio.

EN RELACION A LA RESPUESTA AL RECURSO

Conforme ya se anotó, solamente los demandantes dieron respuesta al recurso de casación interpuesto de contrario, por lo que, teniendo en cuenta aquella respuesta      formulada por Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal, en la que básicamente acusaron que el recurso deducido por los demandados carecía de toda técnica recursiva, corresponde manifestar que, en la actual administración de justicia ordinaria se ha implementado una nueva visión garantista de los derechos constitucionales, siendo uno de ellos el derecho a la impugnación, por lo que, en visión de la nueva Constitución Política del Estado boliviano, el aspecto formal si bien no debe dejar de ser considerado, este no debe estar por encima de los derechos tutelados constitucionalmente, por lo que se ingresó a considerar y fundamentar el recurso de casación de los demandados en los términos de la presente resolución, mismos que sirven también de fundamento a la respuesta de los demandantes.

En relación al recurso de casacón formulado por los demandantes corresponde la aplicación del art. 220.II y IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 2076 a 2077 vta., interpuesto por Ruperto Sotelo, Teresa Camacho Basto de Sotelo, Felipe Sotelo y María Susana Ledezma de Sotelo y en atención al recurso de  casación de fs. 2082 a 2088 planteado por Santiago Ángel Mardesich Echenique y Gustavo Mardesich Mendizabal conforme al art. 220.IV  CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 113/2018 de 14 de agosto que cursa de fs. 2066 a 2073, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, únicamente en relación a la pretensión de inoponibilidad de sentencia pronunciada en proceso de resolución de contrato, en su mérito declara Probada dicha pretensión, manteniendo incólume en lo demás lo asumido por los tribunales de grado. Sin costas y costos por la casación parcial.

Sin responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                     

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.