TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 561/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fecha: 06 de junio de 2019

Expediente: LP-5-19-S.

Partes: Clara Quispe Matta c/Cesar David León Quispe y Gladys Llanos Zelaya.

Proceso: Acción negatoria.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 576 a 583, interpuesto por Clara Quispe Mata contra el Auto de Vista N° S-447/2018 de 16 de agosto, cursante de fs. 572 a 574, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de acción negatoria, seguido por la recurrente contra Cesar David León Quispe y Gladys Llanos Zelaya, la concesión a fs. 590, el Auto Supremo de Admisión N° 05/2019-RA de 11 de enero de fs. 596 a 597 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial 2° de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia N° 652/2016 de 23 de septiembre cursante de fs. 491 a 494 vta., declarando PROBADA la demanda de acción negatoria y PROBADA la acción reconvencional de nulidad de escritura pública, en consecuencia, dispuso la nulidad de la Escritura Pública N° 3104/2008 de 23 de diciembre, y ordenó se proceda a la cancelación del Asiento N° 3, Matrícula N° 2.01.4.01.0056185. Asimismo, pronunció Autos de complementación cursante a fs. 497 y 499 de obrados.

Contra la referida resolución, Luis Alberto Chipana Yugart, Cesar David León Quispe y Gladys Llanos Zelaya interpusieron recursos de apelación por memoriales de fs. 502 a 505, 506 a 508 vta., y de fs. 510 a 515, que fueron resueltos por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista N° S-447/2018 de 16 de agosto de fs. 572 a 574, por el cual ANULÓ la Sentencia  N° 652/2016 de 23 de septiembre de fs. 491 a 494 vta., el Auto de complementación de 27 de septiembre de 2016 de fs. 497 y de fs. 499, ordenando que se emita una nueva sentencia de conformidad a las consideraciones de dicho  fallo, bajo los siguientes argumentos:

La sentencia incumple lo prescrito en el art. 213 del adjetivo civil, puesto que  incurrió en infracciones, en el considerando III se limitó a efectuar una enunciación genérica, sin existir la operación lógica jurídica por la que indique como han causado esos medios probatorios convicción sobre los puntos contenidos en la demanda y reconvención, sin que haya establecido de forma  fehaciente que  aspectos fueron demostrados y cuales no así como la pertinencia de los mismos  referente a sus pretensiones.

Asimismo, advirtió que en la parte dispositiva se declaró probada la demanda de acción negatoria y la acción reconvencional por nulidad de escritura pública, aspectos incongruentes ya  que son contrarias entre si y atacan al derecho titular de quien  las interpone, no obstante la sentencia no determino claramente  en  que basa su fundamento y cuales los efectos jurídicos del fallo, debiendo tener presente la motivación y fundamentación descrita en sentencia, que no fue emitida de acuerdo al art. 213 del Código Procesal Civil, refiere que tampoco se consideró las normas del debido proceso, sobre la fundamentación de las resoluciones judiciales sin efectuar un análisis lógico factico jurídico, por lo que al haber inobservado las reglas establecidas por esa coitada norma legal, limitándose a realizar solo una relación de actuados, esto no suple la motivación, tampoco da cumplimiento del pronunciamiento en función a las leyes, más aún cuando la jurisprudencia obliga al juzgador a emitir un criterio positivo en función  de las pruebas y ante  el hecho  de considerarlas  insuficientes tendría la facultad  de que  se emitan  nuevas es decir las que  considere necesarias lo cual manifestó que fue incumplido por el juez A quo emitiendo una sentencia insuficiente que  no resolvió lo demandado y lo reconvenido y cita los Autos Supremos N° 444/2013 de 30 de agosto y N° 254/2016 de 15 de marzo, concluyendo que al declarar probada tanto la demanda como la acción reconvencional. El juez A quo no estableció un criterio fundado respecto al proceso dejando en completa incertidumbre tanto al demandante como a los reconvencionistas en busca de un fallo claro. Por lo que, de la revisión exhaustiva de la sentencia, se evidenció que incumple el principio de motivación de las resoluciones judiciales, ya que no existe la fundamentación necesaria en incumplimiento del art. 213 del Código de Procedimiento Civil.                                                                      

Clara Quispe Mata planteó recurso de casación contra el Auto de Vista mediante memorial cursante de fs. 576 a 583 objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Corresponde que el Auto de Vista sea anulado.

La recurrente, arguye que la pretensión a través del recurso de casación es que el Auto de Vista sea anulado, en razón a que aplicó e interpretó de forma errada la normativa procesal, vulnerando los principios de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, pues observa que la sentencia se habría limitado al enunciamiento genérico de las pruebas, sin embargo reconoce la existencia de las pruebas y su concurrencia en la causa, en consecuencia pudieron  fallar en el fondo sin  necesidad de anularla.

Asimismo respecto al argumento de que el juez A quo no habría efectuado una  operación lógica, aduce  que  no se requiere una motivación ampulosa y extensa sino la suficiente que haga entender las razones de la decisión, no obstante considera que el fallo contiene la debida fundamentación, además de la existencia de los medios probatorios y los alegatos necesarios, advirtiendo que la valoración de la prueba por el juez de grado es irrevisable en instancias superiores por principio  de inmediatez.

Con relación a la afirmación de que al declarar probada tanto la demanda como la acción reconvencional, siendo contrarias, considera que no afecta la existencia de su partida registral o la ubicación de la misma que fue demostrada con su abundante prueba, sin embargo, de observar que la misma sea insuficiente el Tribunal de segunda instancia pudo generar más prueba para fallar en el fondo; empero, al no haberlo efectuado se vulneró sus derechos dilatando la tramitación del proceso.

También, refiere a la cita de dos Autos Supremos, relacionados con la acción reivindicatoria, así como con la acción negatoria y nulidad, sin indicar como es que esos institutos civiles son contradictorios y no podrían ser declarados probados.

  1. El Tribunal Ad quem efectuó una errada aplicación e interpretación de la norma adjetiva civil.

Alega que el Tribunal de alzada, en inobservancia de la normativa procesal procedió a dictar un  fallo anulatorio cuando se encuentra prohibido por la norma  y la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, considerando que los arts. 218.III y 265.III del Procesal Civil, le ordenan la revisión  y  fallar en el fondo de la problemática lo cual no  sucedió en el caso  de autos, valiéndose de una viej  práctica judicial al anular la sentencia para que  el juez A quo dicte una nueva y  así no fallar en el fondo  de la causa, a cuyo  efecto citan los Autos Supremos N° 660/2018, 304/2016 de 6 de abril, por lo que al haberse vulnerado principios constitucionales y considerando que las normas procesales son de cumplimiento obligatorio, en ese sentido que pide se de aplicación a los principios iura urit curia y favorabilidad de resolución de causas.

Por lo que solicita se anule el Auto de Vista recurrido y se dicte uno nuevo.      

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, fue respondido por Cesar David León Quispe por memorial cursante de fs. 585 a 587, por el que manifiesta que es evidente que la Sentencia N° 652/29016 de 23 de septiembre de fs. 491 a 494 vta., y el Auto de complementación de fs. 497 y de fs. 499, debían responder a una facultad  decisoria que se acomodara y  responda a las peticiones de las partes, en  función a la consecuencia lógica con las reglas útiles y conforme al procedimiento para decidir el conflicto de intereses sin  que  esa facultad reglada por el art. 213 del Código de Procedimiento Civil deje de ser observada a libre albedrio y discrecionalidad del juez A quo. Añadiendo que las resoluciones judiciales deben merecer motivación del A quo que explique las circunstancias por las que dictó la parte dispositiva de la misma, por lo que la sentencia debe contener una decisión expresa, positiva y precisa, en consecuencia, pide se declare infundado el recurso de casación planteado y se confirme el Auto de Vista impugnado.

Posteriormente el recurso de casación fue concedido por auto a fs. 590, remitidos los antecedentes este Tribunal dictó el Auto Supremo de Admisión N° 05/2019-RA de 11 de enero cursante de fs. 596 a 597 vta. de obrados.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si ha sido reclamada en el recurso de apelación, para que pueda ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero ese análisis de los reclamos de forma deberá ser bajo un juicio de juridicidad en apego a los principios que hacen al régimen del instituto de la nulidad procesal(convalidación, legalidad, trascendencia, finalidad, protección del acto, etc.), pues como se expuso es viable adoptar esta medida, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.

III.2. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia.

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido la congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en lo contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil,  y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí. 

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principio de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto,  no resultando viable disponer una nulidad de obrados por este motivo.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo normativo la Ley N° 439 en el art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley N° 439 la falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley N° 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN

Del análisis de su recurso de casación se desprende que todos sus fundamentos están abocados a observar la nulidad dispuesta en segunda instancia aduciendo que se violó los principios de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad y preceptos legales que rigen las nulidades procesales al anular obrados, hasta la Sentencia N° 652/2016 de 23 de septiembre, sin fundamentación acorde a los arts. 16.II y 17.III de la Ley del Órgano Judicial, en inobservancia de la norma y la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, teniendo presente las previsiones de los arts. 218.III y 265.III del Código Procesal Civil, conllevando a retrotraer el proceso y la dilación en el trámite del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En ese entendido tomando en cuenta que todos los reclamos se encuentran vinculados a observar la nulidad dispuesta en segunda instancia, corresponde analizar el Auto de Vista para determinar si los fundamentos vertidos resultan correctos o no, a ese efecto se advierte que en el caso de autos, los apelantes Luis  Alberto Chipana Yugart, Cesar David León Quispe y Gladys Llanos Zelaya, respectivamente, cuestionaron por cuerda separada aspectos en síntesis que debió conformar en litisconsorcio necesario, con el  tercerista, que la sentencia no alcanzó a establecer los efectos de los institutos demandados, y no dio solución al conflicto, debió darse aplicación al art. 213 del Código Procesal Civil, observarse el debido proceso en cuanto a la motivación, así como los principios de seguridad jurídica y demás derechos constitucionales; así también impugnaron que en  base a los hechos fácticos, refiere que no se habría demostrado la acción de la parte  adversa, además de la inobservancia  de los  arts. 135.I, 136.I y II; 145.I  y II del Código de Procedimiento Civil, cuestionando la eficacia probatoria  respecto a la acción negatoria incumpliéndose la carga de la prueba; adicionalmente se impugnó que ciertos hechos facticos inexistentes fueron reconocidos en el fallo de primera instancia, haciendo referencia a la prueba producida en el proceso, asegurando que  existiría un error  de derecho  en la aplicación de la norma por incumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción  negatoria, que se vulneró los arts. 6 y 215 del Código Procesal Civil, además del principio de verdad material, solicitando la revocatoria de la sentencia; sin embargo el Tribunal de alzada advirtió que el juez A quo emitió la Sentencia N° 652/2016 de 23 de septiembre de fs. 491 a 494 y autos complementarios de fs. 497 y 499, sin fundamentación, ni motivación conforme a las reglas del art. 213 del Código Adjetivo Civil, y al debido proceso, que no resolvió lo demandado, ni lo reconvenido, causando  incertidumbre a las partes al no ser clara.

Bajo ese contexto se debe tener presente también que al disponer el Tribunal de alzada que el juez A quo emita nueva sentencia debidamente motivada y fundamentada soslayó considerar el principio de economía procesal, celeridad y de una justicia pronta y oportuna, que como Tribunal de segunda instancia conforme a lo delineado en el apartado III.2 del presente Auto Supremo, la falta de congruencia o ausencia de motivación y fundamentación en la sentencia, actualmente no es considerada como una causal de nulidad en la misma o de obrados, ya que esos presupuestos al ser reclamados oportunamente por expresa determinación de los arts. 218.III y 265.III de la Ley N° 439 establecen la obligación del Tribunal de apelación de fallar y resolver en el fondo tal incongruencia u omisión. Las citadas normas conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución al conflicto jurídico, máxime si el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el juez de la causa puede resolver en el fondo de ese tema de incongruencia o en su caso fundamentar en defecto del juez de primera instancia en caso de considerar que sea insuficiente la motivación o fundamentación, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio.

En ese sentido conviene recordar que si para el Tribunal de segunda instancia era insuficiente el análisis (operación lógica-jurídica) y fundamentos del juez A quo, pudo suplir dicha fundamentación y no anular obrados por aspectos que como expresamos pudieron ser absueltos en apego de sus facultades y prerrogativas, en atención al principio de verdad material y de comunidad de la prueba tiene la potestad de revaluar los hechos y las pruebas, e incluso en caso de considerar que existiese omisión en la valoración de la prueba, tiene la posibilidad de enmendar ello, revaluar de manera razonada, así como el de disponer la producción de prueba, revocar el fallo y emitir nuevo en el fondo con el criterio que corresponda, pero en ningún caso y sin sustento legal concluir por anular obrados, solo para efectos de que sea necesariamente el juez de primera instancia quien deba rever diligencias de la prueba, como sucedió en el presente proceso, al disponer la anulación de la sentencia, aspecto que incumbe una total inobservancia del principio de eficacia, consecuentemente en una correcta administración de justicia corresponderá al Tribunal Ad quem emitir criterio en el fondo de la causa, conforme ha observado en el fallo recurrido; todo ello atendiendo al principio de verdad material, por lo que la resolución que dicha autoridad emita será basado en cumplimiento al compromiso que este tiene con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material.

En tal entendido, en función a los fundamentos expuestos supra, los argumentos esgrimidos en el memorial de respuesta tampoco resultan evidentes.

Por las razones expuestas corresponde emitir fallo conforme a lo previsto en los arts. 106.I y 220.III num. 1 inc. c) ambos del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista N° S-447/2018 de 16 de agosto, cursante de fs. 572 a 574, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y dispone que la misma Sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Siendo excusable el error en que han incurrido los vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se les impone multa.

Cumpliendo lo previsto por el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.