TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 559/2019

Fecha: 06 de junio de 2019

Expediente:         CH 5 - 19 S

Partes: María Silvia Dávalos Serrano de Gonzales c/Luciano Pérez Cáceres,   Catalina Pérez Cáceres  de Romero y Justino Romero Cardozo.

Proceso: Mejor Derecho Propietario, Nulidad, Reivindicación y Pago de Daños y

              Perjuicios.  

Distrito: Chuquisaca.        

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por María Silvia Dávalos Serrano de Gonzales a través de su representante Ivan Iglesias Dura, cursante de fs. 704-709, contra el Auto de Vista Nº SCCI-0335/2018 de 26 de noviembre, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, cursante de fs. 695-697, dentro el proceso ordinario de mejor derecho propietario, nulidad, reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por la recurrente contra Luciano Pérez Cáceres, Catalina Pérez Cáceres de Romero y Justino Romero Cardozo; la respuesta al recurso de fs. 712 a 713; el Auto de Concesión de 23 de enero de 2019, cursante de fs. 714; Auto Supremo de Admisión Nº 62/2019-RA de 04 de febrero, cursante de fs. 718 a 719 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Silvia Dávalos Serrano de Gonzales representada por Iván Iglesias Duran, al amparo del art. 1567 del Código Civil (CC) vigente y el art. 1018 del Código Civil (CC) abrogado, interpuso demanda de mejor derecho propietario, nulidad, reivindicación y pago de daños y perjuicios, bajo los siguientes argumentos:

Manifestó que sus abuelos Telmo Dávalos Toledo y Máxima Valda de Dávalos, el 6 de abril de 1954, dieron en calidad de anticipo de legitima a su padre Jorge Rafael Dávalos Valda y sus tíos Lily Victoria, German Raúl, Eloy Hugo, Lucia Ruth y Blanca Beatriz, una superficie de 37 Has., registrado en Derechos Reales el 21 de septiembre de 1971, bajo la Matrícula N° 1011990050376, Asiento N° A-1; añade, que esta superficie habría sido disminuida por las ventas y afectaciones, restando actualmente cuatro fracciones, la primera de 2.506,8 m2., la segunda de 1.000,04 m2., la tercera de 10.000,60 m2., y la cuarta de 2.312,71 m2.

Al fallecimiento de su padre refiere haberse declarado heredera por Resolución de 26 de junio de 2006, inscribiendo su derecho el 6 de febrero de 2009, en la matricula antes señalada; posteriormente, procedió a la venta de varios lotes restándole la fracción de 10.000,6 m2., ubicado según el plano de división y partición en el Distrito Catastral No. 29 de Tucsupaya, colindante con el loteamiento de la Guardia Nacional, loteamiento de Luis Cueto e hijos y la Avenida Juana Azurduy de Padilla, dentro de la mancha urbana de Sucre.

Refiere que Domingo Sóliz Maturano, a título de dotación transfirió la fracción de 10.000,6 m2., sin tener derecho propietario a los esposos Justino Romero Cardozo y Catalina Pérez Cáceres de Romero, mediante la minuta de 14 de junio de 1976, protocolizada el 9 de enero de 1978, e inscrita en DDRR el 10 de enero de 1978, a fs. 4 vta., No. 7, correspondiente a propiedades de la provincia Oropeza; más adelante, estos esposos habrían transferido la totalidad del terreno a Luciano Pérez Cáceres, por minuta de 30 de diciembre de 1992, protocolizada el 10 de julio de 1996, e inscrita en DDRR bajo la matrícula N° 1011990031504, Asiento A-1.

Concluyo su demanda señalando que la acción de mejor derecho propietario se interpone contra Luciano Pérez Cáceres, por ser poseedor de su lote de terreno; de igual forma, al amparo del art. 1018 del Código Civil abrogado, demandó la nulidad de la venta efectuada por los esposos Justino Romero Cardozo y Catalina Pérez Cáceres de Romero en favor de Luciano Pérez Cáceres, dado que al dejarse sin efecto y valor alguno los Títulos Ejecutoriales de Reforma Agraria emergentes de la RS N° 163250, serían nulas las transferencias realizadas, ya que los esposos Romero-Pérez, carecían del derecho de propiedad sobre los 10.000 mts2, que transfirieron a Luciano Pérez Cáceres; por último, solicito reivindicación más el pago de daños y perjuicios mediante memoriales de fs. 64 a 73 y 397 a 398.

Justino Romero Cardozo y Catalina Pérez Cáceres de Romero, se apersonan al proceso contestando la demanda de forma negativa, bajo el siguiente argumento:

Señalaron que por la documentación adjunta, su derecho propietario se encuentra ratificado por la Ley N° 4026, derecho adquirido de Domingo Zolís Maturano, quien se benefició por dotación del Estado Boliviano y se refrenda en la Resolución Suprema (RS) N° 163250.

Señalan que la actora argumenta ser propietaria de una superficie de 10.000 m2., sin contar con Folio Real o documentación que acredite dicha superficie y la ubicación específica cuando el derecho que tenían proviene de la Resolución Suprema No. 163250/1972 de 7 de julio, elevada a rango de Ley por la Ley N° 4026/2009 de 15 de abril, concluyendo que el vendedor primitivo era Domingo Soliz Maturano, y los actuados que hubiera realizado a partir de los títulos ejecutoriales entregado por gobierno de ese entonces, son legales y válidos por enmarcarse en el inc. i) del art. 7 de la anterior CPE y el art. 56.I de la CPE vigente, por lo que solicitaron se declare improbada la demanda planteada (fs. 445 a 481 y 482 a 484). 

Por otro lado, Luciano Pérez Cáceres, se apersonó al proceso contestando la demanda de forma negativa, bajo el siguiente argumento:

Señalando que la demandante, no tomó en cuenta lo establecido por el art. 123 de la CPE, dado que su derecho propietario fue adquirido de los esposos Romero-Pérez y estos a su vez de Domingo Soliz Maturano, el 9 de enero de 1978, transferencia realizada con la autorización del Consejo Nacional de Reforma Agraria bajo el Testimonio N° 13/1978 de 9 de enero, e inscrito en DDRR el 10 de enero de 1978, siendo los propietarios los esposos Romero-Pérez, al no haber sido perturbados por terceros en su pacífica posesión durante 19 años; seguidamente, refiere que el año 1981, inició el proceso de mensura y deslinde contra el Fondo Complementario de la Policía colindante, con resultados positivos; transfiriéndose ulteriormente, la totalidad del bien a su persona el 30 de diciembre de 1992, mediante la Escritura Pública N° 297/1996 de 10 de julio, e inscrito en DDRR bajo la Matrícula N° 1011990031504 de 19 de agosto de 2004, poseyendo el inmueble por más de 24 años sin perturbación de ninguna persona o de terceros; añadió que con ese derecho, y a fin de precautelar y consolidar la posesión, tramitó el interdicto de adquirir la posesión ante autoridad judicial, siendo posesionado judicialmente el 12 de diciembre de 2008.

Señalo que contrariamente a lo expuesto por la parte demandante, el certificado de tradición que acredita el derecho propietario de Domingo Soliz Maturano, deviene de un título ejecutorial inscrito en DDRR, lo que le dio el derecho de ampararse en la Ley No. 4026 y realizar su trámite de usucapión masiva conforme a la Resolución Suprema No. 163250/1972 de 7 de junio, consolidada en la Escritura Pública No. 0197/2017 de 18 de mayo, y registrada en DDRR bajo el asiento A-3.

En cuanto a la reivindicación, señalo que la parte actora debió estar en posesión del predio, no habiendo sido poseído jamás el lote demandado, dado que desconoce la ubicación exacta de su terreno, negando los extremos expuestos en la demanda por no corresponder a la realidad según su criterio ya que nunca se posesiono a la demandante ni a su padre, por lo que solicitó en Sentencia se declare improbada la demanda de mejor derecho propietario, reivindicación, nulidad y daños y perjuicios con costas y costos, mediante memorial de fs. 571-575. 

2. Asumida la competencia por el Juez Publico Décimo en lo Civil y Comercial, pronuncia la Sentencia Nº 122/2018 de 03 de septiembre, cursante de fs. 652 a 657 vta., declarando IMPROBADA la demanda de mejor derecho propietario, nulidad, reivindicación y pago de daños y perjuicios con costas y costos, con el siguiente fundamento:

a) En cuanto al mejor derecho, entre los dos inmuebles no existe coincidencia en su extensión superficial y su ubicación, asimismo, el título de la actora inscrito en DDRR bajo la Matrícula N° 1011990050376, por sucesión hereditaria es de 20 de febrero de 2009; el registro en DDRR de Luciano Pérez Cáceres, según la Matrícula N° 1011990031504, por compraventa es de 19 de agosto de 2004, siendo prioritario el registro del demandado; finalmente, el título de este último, mantiene su validez ya que no se demostró con las pruebas producidas, que el mismo hubiere sido declarado nulo, anulado, resuelto o rescindido por sentencia judicial ejecutoriada.

b) Respecto a la reivindicación de derecho propietario, entre los dos bienes inmuebles no existe coincidencia en su extensión superficial y su ubicación, inclusive de darse la posibilidad de que la cosa demandada sea la misma, los demandados acreditaron que su posesión emerge de un título que justifica su posesión, la cual está inscrito en DDRR bajo la Matrícula N° 1011990031504, Asiento N° A-1, por compraventa en fecha 19 de agosto de 2004, respecto a la escritura pública No. 297/1996 de transferencia realizada por Justino Romero Cardozo y Catalina Pérez Cáceres a favor del Luciano Pérez Cáceres del inmueble objeto de litigio, acto jurídico contractual que mantiene su validez.

c) Sobre la nulidad de la Escritura Pública N° 297/1996, no se acredito su concurrencia, puesto que cuando se suscribió el documento de transferencia, el objeto del contrato era posible, lícito, determinado y evaluable en dinero, cuya titularidad se inscribió el 10 de enero de 1978 en DDRR a Fs. 4 vta., Partida N° 7 del Libro de Propiedades de la provincia Oropeza, de su anterior propietario Domingo Soliz Maturano; de modo tal, dicho contrato no puede ser declarado nulo, pues la cosa dada en calidad de compraventa no era ajena como se tiene acreditado por la prueba producida, ya que los vendedores adquirieron dicho bien de su anterior propietario a título oneroso, por lo que gozaban de la facultad de transferir el bien en la forma como lo hicieron.

d) De los daños y perjuicios, la existencia de los mismos y su cuantía no fue acreditada ni demostrada por la parte actora, lo que impide sea acogida.

3. Impugnada la resolución de primera instancia por los demandantes, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº SCCI-0335/2018 de 26 de noviembre, cursante de fs. 695 a 697, resolviendo CONFIRMAR la Sentencia Nº 122/2018 de 03 de septiembre, con costas y costos, bajo los siguientes fundamentos:

a) Citando el art. 1567 del CC, señala que su finalidad o teleología es regular aquellos contratos y actos jurídicos -creados, formados o generados antes de la vigencia del actual Código Civil- lo que implica que los efectos de la ultractividad dispuesta, se aplicarán a aquellos casos donde se cuestione la validez o la formación de los actos jurídicos generados, creados, celebrados bajo el Código Civil Santa Cruz, cualidad del cual carece la pretensión demandada, pues no rebate la validez o formación de los títulos de propiedad de la demandante o del demandado sino únicamente la declaratoria de mejor derecho, por el cual, no resulta aplicable ultractivamente las reglas del Código Civil Santa Cruz a la demanda de mejor derecho y reivindicación, en razón a que la demandante no impugna, la formación o validez de su título de propiedad o el que corresponde a la parte demandada que dicho sea de paso es original para ambos en el efecto personal -erga omnes- (art. 1538 CC) en vigencia del actual Código Civil.

b) Se acusó el desconocimiento de la cosa juzgada agraria, ordinaria y constitucional contenida en las RS N° 188111 de 20 de julio, el Auto Supremo N° 34 de 16 de diciembre de 1985 y el Auto Constitucional N° l15/99-CA, empero, no expone el agravio en sentido que la validez del título de la parte demandada se respalda en la Ley N° 4026, cuya constitucionalidad se presume, resultando este punto de la apelación carente de exposición de agravio en el modo que exige el AS N° 633/2018, y en el caso presente, solamente cita las resoluciones legales y judiciales que acreditarían su mejor derecho de propiedad y que presuntamente habrían sido inobservadas, sin considerar que tales actuados quedaron sin efecto legal por la Ley N° 4026.

c) El restante punto, deviene en intrascendente al no apelarse en sí, el resultado de fondo de la Sentencia y su consiguiente razonamiento jurídico sino la determinación de la ley aplicable, que al no haber sido acogida por este Tribunal, torna inviable efectuar una revalorización de la prueba señalada que en suma no varía el resultado de la sentencia, pues la observación de la superficie del terreno o la cita errada del documento privado de propiedad del demandado por uno público, son susceptibles de corrección o enmienda.

CONSIDERANDO II:         

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

Iván Iglesias Duran en representación de María Silvia Dávalos Serrano de Gonzales, recurriendo en casación el Auto de Vista Nº SCCI-335/2018 de 26 de noviembre, señalo:

1. EN LA FORMA.

a) Indebida aplicación de normas del Código Civil; Aplicación obligatoria del Código Civil abrogado, por ultractividad; Imposibilidad de aplicar la Ley N° 4026, en forma retroactiva, por mandato del art. 123 de la Constitución Política del Estado.

La recurrente, señalo que el fundamento esencial de los agravios inferidos por la Sentencia e identificados en su recurso de apelación, consistía en la ineludible aplicación del art. 1567 del CC y el principio de ultractividad; dado que al presente caso, resulta de aplicación obligatoria el CC abrogado de 1830 y la Ley de Registro de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, en razón de que el título primigenio de propiedad, derivaría del derecho de dominio de Luciano Pérez Cáceres, sobre los 10.000 mts2, que correspondía a Domingo Solíz Maturano, emergente de la RS N° 163250 de 7 de julio de 1972, que otorgó a su favor una parcela agraria, con una superficie inicial de 11 Hectáreas, identificado en el plano de afectación del ex -fundo de Tucsupaya, con el N° 13 y ubicada como parte de la propiedad Tucsupaya, cuyo título ejecutorial fue emitido el 4 de mayo de 1973.

Refiere que conforme dispone el art. 437 del CC abrogado y el Decreto Ley (DL) N° 03464 de 2 de agosto de 1953, la propiedad agraria se adquiere por dotación y en el presente caso Domingo Solíz Maturano, adquirió su derecho de propiedad sobre la parcela N° 13, con 11 Has., como resultado del título ejecutorial emitido el 4 de mayo de 1973, norma que también es de aplicación por imperio del art. 1567 del CC vigente; de igual forma, invoca el contenido del art. 15 de la Ley de Registro de DDRR de 1887, que habría sido el fundamento esencial de la demanda de mejor derecho propietario; empero, la juez de la causa en el Considerando III de la Sentencia, interpreta y aplica los arts. 1453 y 1545 del CC vigente, pasando por alto la ultractividad establecida por el art. 1567 de la misma norma, siendo aplicable al caso, el CC abrogado de 1830 y adicionalmente la Ley de Registro de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887.

Añade, que debió darse lugar a la anulación sin reposición del fallo de primera instancia, en observancia del art. 213.II.3) del CPC, por quebrantamiento del art. 1567 del CC, que impone la obligatoria observancia del CC de 1830 y por no considerar la interpretación y aplicación por ultractividad del art. 1018 del CC abrogado, pese al mandato concreto del art. 213.I del CPC.

Concluyo, que estas normas fueron oportunamente exigidas de aplicación en la demanda y en el recurso de aclaración, complementación y enmienda, sin resultado alguno, habiéndose violado las mismas al omitir su correcta interpretación y observancia, tanto en la sentencia apelada como en el auto de vista.

b) Infracción de normas que son esenciales para la garantía del debido proceso y que fueron omitidas en su aplicación en el auto de vista.

Manifiesta, que pese a la precisión y claridad de los agravios expuestos en el recurso de apelación, el Ad quem, rebuscó argumentos para confirmar la sentencia en todas sus partes, ignorando los fundamentos expuestos por el Vocal Disidente, que de forma acertada proyecto la anulación de la Sentencia hasta fs. 652, en observancia del art. 1567 del CC vigente.

Citando la SCP-08/l014, señala que para entender la correcta interpretación y aplicación del art. 1567 del CC, debemos recurrir al precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia, en el Auto Supremo (AS) N° 166, de 28 de junio de 1979, fallo que no dejaría duda acerca de la aplicación del principio de ultractividad, que se deriva precisamente del mandato expreso de la citada norma sustantiva civil.

Refiere que el Ad quem, lejos de seguir la jurisprudencia trazada por las máximas autoridades de la Justicia boliviana, trastorna dichos precedentes, rebuscando argumentos para justificar lo injustificable, rechazando la aplicación ultractiva de las normas del CC Santa Cruz, vulnerando así el art. 213.I del CPC; añadió, que el Tribunal de apelación, cuando afirma que la demandante no impugna, la formación o validez de su título de propiedad o el que corresponde a la parte demandada, falta a la verdad material de los hechos, pues en su demanda impugnó con toda precisión la formación o validez de los títulos de propiedad de Luciano Pérez Cáceres, Catalina Pérez Cáceres y Justino Romero Cardozo.

Haciendo una transcripción del AS Nº 34 de 16 de diciembre de 1985, refiere que la RS N° 188111 de 20 de julio de 1978, favoreció a la familia Dávalos Valda y entre ellos a su padre Jorge Dávalos Valda, respecto al ex -fundo de Tucsupaya, declarando nulos los títulos ejecutoriales de 46 campesinos arrenderos, constituyendo cosa juzgada agraria al tenor del art. 176 de la CPE de 1967; de igual manera, señala que existe cosa juzgada constitucional, pues el Auto Constitucional N° 115/99-CA, de 2 de diciembre, resolvió rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por prescripción del art. 66 de la Ley Nº 1836, donde se establece que el contenido y alcance de la RS N° 188111 de 20 de julio de 1978, no pueden ser revisados ni modificados por la vía del presente recurso.

Señala que impugnó de manera precisa, clara y concreta, la validez del título ejecutorial agrario que favoreció a Domingo Solíz Maturano, quien fue el vendedor primigenio del terreno objeto del litis, alegando que el título agrario fue declarado nulo por la RS Nº 188111 de 20 de julio de 1978; asimismo, cuando el ex Presidente Hernán Siles Zuazo, pretendió revalidar el título que favoreció a Domingo Solíz Maturano mediante RS Nº 197856 de 3 de marzo de 1983, los hermanos Dávalos Valda, interpusieron Recurso Directo de Nulidad ante la Sala Plena de la Corte Suprema, ratificando la nulidad del título ejecutorial agrario, mediante el AS Nº 34 de 16 de diciembre de 1985; finalmente, el Tribunal Constitucional consolidaría la nulidad del título de propiedad, mediante AC Nº 115/99-CA, de 2 de diciembre de 1999, reconociendo la plena validez y constitucionalidad de la RS Nº 188111 de 20 de julio de 1978, que resolvió la nulidad del Título Ejecutorial de Domingo Solíz Maturano, fallo que tendría la eficacia erga omnes, que resulta obligatoria y vinculante al tenor del art. 203 de la CPE.

Indicó, que los fallos mencionados, destruyen el argumento esgrimido por el Tribunal de apelación, al establecer que no se hubiera impugnado la formación o validez del título de propiedad de los tres demandados, lo que constituye, violación de la cosa juzgada prevista por el art. 936 del CC abrogado de 1830.

En cuanto a la Ley N° 4026 de 15 de abril de 2009, que sería otro de los rebuscados argumentos del Auto de vista, señala que ninguna ley puede alterar la cosa juzgada emergente de los fallos de la justicia agraria, ordinaria o constitucional antes citados y analizados, con mayor razón, si dicha Ley fue promulgada el 15 de abril de 2009 y no puede ser aplicada retroactivamente para revalidar títulos agrarios, como el que favoreció a Domingo Solíz Maturano, que fue emitido el 4 de mayo de 1973, en aplicación del art. 123 de la CPE.

PETITORIO.

Solicito se ANULE obrados con reposición hasta fs. 652, disponiendo que la juez de la causa, señale nuevo día y hora de audiencia para pronunciar sentencia, aplicando la ultractividad y las normas cuya infracción se acusa.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN.

Luciano Pérez Cáceres, por sí y en representación de Justino Romero Cardozo y Catalina Pérez Cáceres de Romero, responde el recurso de casación, bajo los siguientes argumentos:

Señala que la recurrente, innovó los fundamentos de su apelación y contestación a la demanda ya que los argumentos jurídicos invocados, no habrían sido resueltos por las instancias inferiores, entonces no existiría violación alguna, mucho menos si el recurso no acredita de qué forma fueron aplicadas aquellas normas violadas, interpretadas erróneamente o aplicadas indebidamente, o si existiese error en la apreciación de las pruebas, incurriendo en error de hecho o de derecho, conforme prevé el art. 271.I del CPC.

Respecto a la ultractividad contemplada en el art 1567 del CC vigente, señala que en todo proceso debe tomarse en cuenta la supremacía de la CPE, por la cual, los Jueces dejaron de ser aplicadores de la ley pasando a ser sus intérpretes y, en atención a los efectos que despliega el principio de supremacía constitucional, la labor de interpretar la ley debe hacerse desde la Constitución, tomando en cuenta los principios y valores contemplados en la misma, tal cual se plasmaría en la SC N° 005/2010-R y los AASS N° 289/2017 de 15 de marzo de 2017, N° 432/2017 de 28 de abril de 2017, N° 577/2017 del 06 de junio de 2017, N° 622/2017 de 13 de junio de 2017, entre otros.

Refiere que su derecho propietario y el de sus vendedores, nace el año 1978 en vigencia del actual Código Civil, y con posterioridad se perfeccionó el año 1992; con relación a la demandante o sus herederos no se tendría suscrito ningún contrato o trato anterior al año 1978, ya que el derecho propietario de los esposos Romero-Pérez, fue adquirido de Domingo Soliz Maturano el 9 de enero de 1978 e inscrito en DDRR el 10 de enero de 1978, fecha en la que los vendedores ingresaron como absolutos y únicos propietarios de una superficie de 10.000 mts2, no siendo perturbados por terceros hasta después de la transferencia realizada a favor de Luciano Perez Caceres, quien también inscribió su derecho propietario, manteniendo quieta y pacifica posesión, sin perturbación de ninguna persona hasta la fecha, avalando dicha heredad con una subinscripción con la Ley N° 4026 y otra inscripción como Usucapión Masiva con la misma Ley.

Con respecto a la aplicación de la Ley N° 4026, señala que la misma elevó a rango de ley las RS N° 105287 de 13 de julio de 1961, N° 163250 de 7 de julio de 1972 y N° 197856 de 3 de marzo de 1983, derogando la RS N° 188111 que favorecía a Telmo Dávalos, abuelo de la demandante; y que el art. 2 de esta misma norma, deroga todas las disposiciones contrarias, declarando usucapión masiva a todos los propietarios de terreno enmarcados en los títulos ejecutoriales, los cuales no pueden ser revisados por otras instancias y/o autoridades, siendo el Estado quien reconoce legal y expresamente el derecho propietario de 46 colonos, entre los que se encontraría Domingo Solis Maturano; asimismo, indico que el citado artículo tiene carácter imperativo, en consecuencia la RS N° 188111 de 20 de julio de 1978 y el AS N° 34, habrían quedado sin efecto, surtiendo todo efecto legal que le corresponde a la Ley N° 163250 de 7 de julio de 1972.

PETITORIO

Solicito se declare IMPROCEDENTE  o alternativamente INFUNDADO el recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. Sobre la congruencia en las resoluciones.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, principio que en el caso de la apelación se sintetiza en el aforismo tantum devolutum quantum appellatum, que significa es devuelto cuanto se apela; con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de los AASS Nº 651/2014 y Nº 254/2016, entre otros, estableció que la congruencia en las resoluciones judiciales, orienta su comprensión a partir de dos acepciones: primero: la congruencia externa, la cual debe entenderse como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en otras palabras, prohíbe al juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo: la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; vale decir, se pretenden evitar que en una misma resolución, existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

De igual manera, la SC Nº 0486/2010-R de 5 de julio, precisó lo siguiente: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las SCP Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014, donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ultra petita, al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y citra petita, cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante.

A través del AS Nº 304/2016, que a su vez cita el AS Nº 11/2012 de 16 de febrero, se determinó que: “…todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación, conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el Tribunal de Alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el Tribunal Ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el Tribunal de Alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el Tribunal Ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”

2. Sobre la Ley Nº 4026.

El Auto Supremo Nº 55/2013, orientó: "Que la ley 4026 de fecha 15 de abril de 2009, en su artículo 1' dispone: "artículo 1. Elevase a rango de Ley de la República las Resoluciones Supremas N' 105287, de fecha 13 de julio de 1961, N' 163250, de 7 de julio de 1972; y, N' 197856 de fecha 3 de marzo de 1983, por constituirse en definitiva e irrevisable la tramitación agraria".

Que, la misma ley en su artículo 2, dispone la derogación de todas las disposiciones contrarias a la misma norma, siendo la referida disposición legal la que debe aplicarse imperativamente en los casos dispuestos por las Leyes N' 105287, de fecha 13 de julio de 1961, N' 163250, de 7 de julio de 1972; y, N' 197856 de fecha 3 de marzo de 1983, toda vez que la misma tiene carácter imperativo, no potestativo, teniéndose en consecuencia, que las Resoluciones Supremas 188111 de 20 de julio de 1978 así como el Auto Supremo N' 34 quedan sin efecto por disposición de la Ley 4026 en aplicación del artículo 2'surtiendo por consiguiente el efecto legal que le corresponde al artículo 2' de la Ley 163250 que dispone: "artículo 2.- Los 46 campesinos y sus respectivos arrimantes, comprendidos dentro de las previsiones de los arts. 78, 81, 82 y 83 del Decreto Ley N' 03464 a los mismos que hace referencia al inciso a) de la Resolución que se complementa quedan como propietarios de sus asentamientos que poseían y trabajaban al 2 de agosto de 1953, en conformidad al Artículo 78 del antes citado Decreto Ley…”(…). Asimismo, cabe señalar que conforme al art. 3º de la ley 4026 de 15 de abril de 2009, se declara la usucapión masiva de todos los terrenos  que tenían títulos ejecutoriales  procedentes, norma que tiene sus precedentes  en la Ley 2372 de Regularización del Derecho Propietario Urbano de  14 de mayo de 2002, misma que en su artículo 2, dispone taxativamente los casos en los que procede la regularización masiva, y que debe ser aplicada en forma complementaria  con la Ley de 28 de mayo de 2004, la misma que en su artículo único dispone: “Compleméntese la Ley 2372, de Regularización del Derecho Propietario  Urbano, incorporando a toda la zona de Tucsupaya de la ciudad de Sucre y reconociendo los Títulos Ejecutoriados de la Reforma Agraria del año 1972”.

Pertinente entonces el criterio asumido por el Tribunal de instancia, en correcta interpretación y aplicación de las normas injustamente denunciadas como conculcadas, toda vez que la Ley 4026 se encuentra en plena vigencia, no siendo éste el escenario adecuado para resolver si la misma es inconstitucional o no, debiendo resolverse este aspecto en otra instancia, de considerarse así por los recurrentes”.

En el AS 556/2014 de fecha 03 de octubre se expresó  : “En cuanto a la imposible aplicación de las leyes Nº 2372 de 2004 y la Nº 4026 de 2009 con carácter retroactivo en violación de la R.S. Nº 188111; al respecto corresponde puntualizar que si bien el art. 33 de la CPE abrogada y el art. 123 de la CPE vigente, establecen que la ley solo tiene efecto para lo venidero y no de manera retroactiva, con excepciones en materia laboral y penal, esta irretroactividad de la ley significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo, sus efectos solo pueden producirse después de la fecha de su promulgación, en este entendido  se debe resaltar que los efectos de la ley Nº 4026 de 15 de abril de 2009, inician a partir de su promulgación, es decir, que es a partir de la promulgación de esta Ley, que se eleva a rango de Ley la R.S. Nº 163250”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

1. Sobre la indebida aplicación de normas del Código Civil; la aplicación obligatoria del Código Civil abrogado por ultractividad; y la imposibilidad de aplicar la Ley N° 4026 en forma retroactiva, por mandato del art. 123 de la Constitución Política del Estado.

La recurrente, señalo como agravio inferido en la Sentencia e identificado en su recurso de apelación, el de la necesaria aplicación del art. 1567 del CC y el principio de ultractividad al presente proceso, dado que era necesario invocar el CC abrogado de 1830 y la Ley de Registro de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, en razón a que el título primigenio de propiedad de Domingo Solíz Maturano, deriva de la RS N° 163250 de 7 de julio de 1972 y el Título Ejecutorial de 4 de mayo de 1973. Añade que la Juez de la causa, en el Considerando III de la Sentencia, interpretó y aplicó los arts. 1453 y 1545 del CC vigente, pasando por alto la ultractividad del art. 1567 de la misma norma, cuando debió aplicar el CC abrogado y adicionalmente la Ley de Registro de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887; por esta razón, manifiesto que el Ad quem, debió dar lugar a la anulación sin reposición del fallo de primera instancia, en observancia del art. 213.II. núm.3 del CPC. Concluye este punto, afirmando que estas normas fueron oportunamente exigidas de aplicación en la demanda y en el recurso de aclaración, complementación y enmienda, sin resultado alguno.

Los demandados al respecto señalan que la recurrente innovó los fundamentos de su apelación y contestación a la demanda, ya que los argumentos jurídicos invocados, no habrían sido resueltos por las instancias inferiores, por lo que no existiría violación alguna.

A fin de ser precisos con lo demandado ante este Tribunal, de antecedentes María Silvia Davalos Serrano de Gonzales, demandó mejor derecho propietario, nulidad, reivindicación y pago de daños y perjuicios; el agravio traído a casación en este punto, se enfoca a la pretensión relacionada con la Nulidad.

En ese marco, la recurrente como segunda pretensión de su acción de fs. 64 a 73 y 397 a 398, demandó al amparo del art. 1018 del Código Civil abrogado, la nulidad de venta de cosa ajena en contra de los esposos Justino Romero Cardozo y Catalina Pérez Cáceres de Romero como vendedores y Luciano Pérez Cáceres como comprador, señalando que al dejarse sin efecto y valor alguno los Títulos Ejecutoriales de Reforma Agraria emergentes de la RS N° 163250, que favoreció a 46 campesinos arrenderos de Tucsupaya, entre los que se encontraba Domingo Solíz Maturano con la parcela N° 13, del que emerge el título traslativo de dominio en favor de los esposos Romero-Pérez y del que a su vez deriva el derecho de propiedad de Luciano Pérez Cáceres, serían nulos, pues los vendedores carecían del derecho de propiedad sobre los 10.000 mts2 que transfirieron a Luciano Pérez Cáceres.

La Juez de instancia, estableció que no se acreditó la concurrencia de la nulidad planteada, puesto que cuando se suscribió el documento de transferencia, el objeto del contrato era posible, lícito, determinado y evaluable en dinero, titularidad que se encontraba inscrita en DDRR el 10 de enero de 1978 a Fs. 4 vta., Partida N° 7 del Libro de Propiedades de la provincia Oropeza, de su anterior propietario Domingo Soliz Maturano; de modo tal, que dicho contrato no podía ser declarado nulo, ya que por la prueba producida, los vendedores adquirieron dicho bien de su anterior propietario a título oneroso, por lo que gozaban de la facultad de transferir el bien en la forma como lo hicieron.

Ahora bien, el recurso de apelación denunció como agravio en el punto I. ERRORES “IN JUDICANDO”, lo siguiente: “…Por imperio del principio de “ultractividad”, además del mandato expreso de la norma sustantiva citada, es de aplicación al caso, el C. Civil abrogado de 1830, y adicionalmente, por el mismo fundamento, también la Ley de Registro de Derechos Reales, de 15 de noviembre de 1887. En razón de que, el título primigenio de propiedad, y en el que se origina, el supuesto derecho de dominio de LUCIANO PÉREZ CÁCERES y antes el de los esposos, CATALINA PÉREZ CÁCERES y JUSTINO ROMERO CARDOZO sobre los 10.000.- mts2, o una Hectárea, que es el objeto del proceso, correspondía a DOMINGO SOLÍZ MATURANO, porque emergió de la R.S. Nº 163250 de 7 de julio de 1972, que otorgó a su favor, una parcela agraria, con una superficie individual e inicial de 11 Hectáreas, identificadas en el plano con el Nº 13, y situada, como claramente especifica el certificado de emisión de título, que se adjuntó y consta en obrados, como parte de la propiedad de TUCSUPAYA, cuyo título ejecutorial fue emitido el 4 de mayo de 1973. Ese es el primer agravio que reclamo en recurso de alzada, respecto a la sentencia de fs. 652-657 del expediente; y que debe dar lugar a la anulación sin reposición del fallo de 1º instancia, por tratarse de la infracción o quebrantamiento, debido a la inocultable omisión, en la aplicación del precepto contenido en el art. 1567 del C. Civil vigente, que imponía la obligatoria observancia del C. Civil de 1830, y de la Ley de Registro de Derechos Reales, de 15 de noviembre de 1887…”

El Tribunal de apelación por su parte, invocando como precedente el AS N° 633/2013 de 11 de diciembre, señaló que la finalidad o teleología del art. 1567 de CC, es la de regular aquellos contratos y actos jurídicos -creados, formados o generados antes de la vigencia del actual Código Civil-, lo que implica que los efectos de la ultractividad dispuesta se aplicarán a aquellos casos donde se cuestione la validez o la formación de los actos jurídicos generados, creados, celebrados bajo el Código Civil Santa Cruz, cualidad de la cual carece la pretensión demandada, pues, no rebate la validez o formación de los títulos de propiedad de la demandante o del demandado sino únicamente la declaratoria de mejor derecho, por lo que no resultaría aplicable ultractivamente las reglas del Código Civil Santa Cruz a la demanda de mejor derecho y reivindicación.

En ese entendido, el principio de la congruencia en el ámbito de los recursos, posee manifestaciones propias, una de ellas es la expresada en el punto III.1. de la Doctrina Aplicable, bajo el adagio latino Tantum Devolutum Quantum Apellatum; en la apelación, la competencia del superior solo alcanza a la resolución impugnada y a su tramitación, por lo que el Ad quem no puede fallar más allá, ni por fuera de los límites establecidos por los agravios vertidos por el recurrente, pues la jurisdicción de los Tribunales de Apelación, está limitado al alcance de los recursos concedidos; así, el Ad quem, no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso, encontrándose limitado a ingresar en el examen de cuestiones consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas.

En consecuencia, al establecer la Juez de instancia, que no se acreditó la concurrencia de la nulidad planteada, dado que por la Escritura Publica N° 13/1978 de 9 de enero, los vendedores adquirieron dicho bien de su anterior propietario a título oneroso, gozando de la facultad de transferir el bien en la forma como lo hicieron, siendo el documento de transferencia posible, lícito, determinado y evaluable en dinero, además de encontrarse inscrito en DDRR el 10 de enero de 1978 a Fs. 4 vta., Partida N° 7 del Libro de Propiedades de la provincia Oropeza; era entre otros, los fundamentos que debieron refutarse y no el razonamiento relacionado con el título primigenio de propiedad en el que se origina el derecho de dominio de los demandados y el cual se recurre ahora, bajo el argumento de que debió aplicarse el art. 1567 del CC y el principio de ultractividad al presente proceso, siendo este motivo, incongruente con lo pretendido en el recurso de apelación, por lo que este Tribunal considero correcta la conclusión del Ad quem, al establecer que la apelante no rebate la validez o formación de los títulos de propiedad de la demandante o del demandado sino únicamente, la declaratoria de mejor derecho.

2. Sobre la infracción de normas que son esenciales para la garantía del debido proceso y que fueron omitidas en su aplicación en el auto de vista.

En este punto, la recurrente nos plantea una serie de agravios que los vamos                                a considerar uno a uno. 

a) Manifiesta, que pese a la precisión de los agravios expuestos en el recurso de apelación, el Ad quem, rebuscó argumentos para confirmar la sentencia en todas sus partes, ignorando los fundamentos expuestos por el Vocal Disidente, que de forma acertada habría proyectado la anulación de la Sentencia al no observarse el art. 1567 del CC vigente.

Al respecto, debe tenerse presente por la recurrente, que el voto disidente constituye fundamentalmente una opinión divergente que emite uno de los miembros del Tribunal u órgano colegiado respecto a la decisión asumida por la mayoría de sus miembros, que viene a ser, en el caso presente el Auto de Vista que cuenta con dos votos conformes, consiguientemente los fundamentos que contiene esta Resolución son los que deben ser objeto del recurso de casación y no así los fundamentos del voto disidente.

b) Citando la SCP-08/l014, señala que para entender el principio de ultractividad y la correcta interpretación y aplicación del art. 1567 del CC, debemos observar el precedente sentado en el AS N° 166, de 28 de junio de 1979, pues al no seguir la jurisprudencia trazada, el Ad quem rebusco argumentos para justificar lo injustificable, vulnerando el art. 213.I del CPC. Por otra parte, añade que el Tribunal de apelación, cuando afirma que la demandante no impugna, la formación o validez de su título de propiedad o el que corresponde a la parte demandada, faltaría a la verdad material, pues en su demanda impugnó la formación o validez de los títulos de propiedad de Luciano Pérez Cáceres, Catalina Pérez Cáceres de Romero y Justino Romero Cardozo.

Sobre este inciso, al ser reiterativo con los agravios planteados en el punto 1., nos remitimos a la fundamentación expuesta en la misma.

c) Señala que impugnó de manera clara, precisa y concreta, la validez del título ejecutorial agrario que favoreció a Domingo Solíz Maturano, vendedor primigenio del terreno objeto del litis a favor de los esposos Catalina Pérez Cáceres de Romero y Justino Romero Cardozo, alegando que la RS N° 188111, de 20 de julio de 1978, favoreció a la familia Dávalos Valda, al declarar nulos los títulos ejecutoriales de 46 campesinos arrenderos, constituyéndose en cosa juzgada agraria al tenor del art. 176 de la CPE de 1967; de igual manera, señala que existe cosa juzgada ordinaria, pues la Sala Plena de la Corte Supremo de Justicia, a través del AS Nº 34, de 16 de diciembre de 1985, anuló la RS N° 197856 de 3 de marzo de 1983, que revalidó los Títulos Ejecutoriales otorgados a 46 campesinos mediante las RS N° 105287 y 163250; asimismo, existiría cosa juzgada constitucional, pues el AC N° 115/99-CA, de 2 de diciembre, al rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el AS N° 34/85, declararía la legalidad y vigencia de la RS N° 188111 de 20 de julio de 1978, el cual no pueden ser revisados ni modificados por la vía del presente recurso; por último, señala que los citados fallos destruyen el argumento esgrimido por el Ad quem, cuando manifiesta que no se impugnó la validez del título de propiedad de los tres demandados, lo que constituye violación de la cosa juzgada prevista por el art. 936 del CC de 1830, y de observancia obligatoria al caso de autos.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1960/2014 de 21 de octubre, declaró IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad concreta de los arts. 1, 2, 3 y 4 de la Ley Nº 4026 de 15 de abril de 2009, estableciendo que: “…reflejan aspectos enmarcados en posibles conflictos emergentes de contenidos normativos plasmados en disposiciones infra constitucionales; es decir un supuesto conflicto entre las RRSS 105287, 163250 y 197856, elevadas a rango de ley por el art. 1 de la Ley 4026 ahora impugnada- y la RS 188111 que según los accionantes hubiera anulado los títulos ejecutoriales que se emitieron en cumplimiento de la citada RS 163250, nulidad que hubiera sido ratificada en su validez por el Auto Supremo Nº 34, por la SC 0991/2002-R y por el AC 0115/99-CA; Resoluciones que en concepto de los accionantes adquirieron la autoridad de cosa juzgada sobre la problemática en cuestión; aspectos que claramente generan una interpretación de aplicación normativa, las que corresponden ser dilucidadas por las autoridades jurisdiccionales que en el marco de sus atribuciones resolverán los recursos de apelación y casación, en cuya instancia se promovieron las presente acciones de inconstitucionalidad de carácter concreto, en consecuencia, dichos aspectos no generan una directa relación de análisis de compatibilidad entre la norma cuestionada y las disposiciones constitucionales invocadas, por cuando la problemática planteada se enmarca claramente en el ámbito del control de legalidad; en tal antecedente no puede ejercerse en el caso presente el control de constitucionalidad en su ámbito normativo como erróneamente pretenden los accionantes”; en mérito a este razonamiento, debe tenerse claro que la RS N° 188111 de 20 de julio de 1978 y el AS Nº 34, de 16 de diciembre de 1985, fueron dejados sin efecto en virtud del art. 2 de la Ley N° 4026, y por el art. 3 de esta misma norma, se declaró la usucapión masiva a todos los propietarios de terrenos enmarcados en los títulos ejecutoriales expedidos por las Resoluciones Supremas N° 105287, 163250 y 197856, por lo que al devenir el título de propiedad de los demandados de la RS N° 163250, no podemos hablar de cosa juzgada agraria, ordinaria y constitucional, si los actos que declararon la firmeza de la RS N° 188111 de 20 de julio de 1978, fueron dejados sin efecto por la Ley N° 4026; en consecuencia corresponde rechazar este agravio.

d) Para concluir, afirma que la Ley N° 4026 de 15 de abril de 2009, sería otro de los rebuscados argumentos del Auto de vista, pues ninguna ley puede alterar la cosa juzgada emergente de los fallos de la justicia agraria, ordinaria o constitucional antes citados y analizados; con mayor razón, si dicha norma fue promulgada el 15 de abril de 2009 y no puede ser aplicada retroactivamente para revalidar títulos agrarios.

Por último, el art. 123 de la CPE, establece que la Ley solo tiene efecto para lo venidero y no retroactivamente, excepto en materia laboral, penal y  corrupción, entonces, al tratarse de una ley que no está inmersa dentro de las excepciones del citado artículo sus efectos se producen después de la fecha de promulgación(15 de abril de 2009), y es a partir de esa misma, que se elevaron a rango de Ley las Resoluciones Supremas N° 105287, 163250 y 197856, que benefician de dotaciones agrarias a los asentados en Alto Tucsupaya, dejando sin efecto cualquier otra disposición que contradiga dicha ley, siendo contrario a ese precepto legal el Auto Supremo Nº 348/85 y la RS Nº 188111, toda vez que el sentido de la ley es consolidar los derechos propietarios adquiridos mediante la RS N° 163250, consiguientemente, la Ley N° 4026. dejó sin efecto cualquiera otra disposición que sustente el derecho propietario.

CONCLUSIONES

De lo expuesto, este Tribunal establece que los agravios traídos a casación no vulneran el debido proceso, pues en el primer caso, la recurrente impugnó en apelación la pretensión de nulidad de la Escritura Pública N° 297/1996, rebatiendo equivocadamente los fundamentos de la pretensión de mejor derecho expuestos por la Juez de instancia, sin tomar en cuenta que en el caso del recurso de apelación, los límites del Ad quem, se encuentran marcados por los agravios planteados por el recurrente, conforme dispone el art. 265.I del CPC, no pudiendo pronunciarse dicha autoridad más allá de lo peticionado; en el segundo caso, el art. 1 de la Ley Nº 4026 elevó a rango de Ley las Resoluciones Supremas Nº 105287, de 13 de julio de 1961, Nº 163250, de 7 de julio de 1972; y Nº 197856 de 3 de marzo de 1983; asimismo, el art. 2 de la citada Ley, dispone la derogación de todas las disposiciones contrarias a la misma norma; teniéndose en consecuencia, que la Resolución Suprema Nº 188111 de 20 de julio de 1978 y el Auto Supremo Nº 34/85, quedaron sin efecto por disposición de la Ley Nº 4026, en consecuencia, al no haberse declarado la inconstitucionalidad de esta Ley, se consolidó el derecho propietario adquirido mediante la RS N° 163250, que derivó en las transferencias realizadas por Domingo Solíz Maturano a los esposos Catalina Pérez Cáceres de Romero y Justino Romero Cardozo, y estos a Luciano Pérez Cáceres, siendo dichas transferencias válidas y eficaces, por lo que corresponde a esta autoridad, rechazar los agravios planteados por María Silvia Dávalos Serrano de Gonzales y emitir resolución conforme establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.  

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Silvia Dávalos Serrano de Gonzales a través de su representante Ivan Iglesias Duran, contra el Auto de Vista Nº SCCI-0335/2018 de 26 de noviembre, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Se regula honorario profesional en la suma de 1.000 Bs.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.