TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                     S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 557/2019

Fecha: 6 de junio de 2019

Expediente: SC-8-19-S. 

Partes: Asociación de Copropietarios del Condominio Privado los Parques del 

            Urubó c/ Constructora e Inmobiliaria Jardines del Urubó S.A.

Proceso: Rendición de cuentas.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 2537 a 2549, interpuesto por la Constructora e Inmobiliaria Jardines del Urubó S.A, a través de su representante legal Cristhian Fernando Calvo Colque, contra el Auto de Vista Nº 163/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 2526 a 2530, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de rendición de cuentas, seguido por la Asociación de Copropietarios del Condominio Privado los Parques del Urubó contra la entidad recurrente; la contestación de fs. 2553 a 2564, el Auto de concesión a fs. 2565, el Auto Supremo de Admisión N° 70/2019-RA de 6 de febrero cursante de fs. 2573 a 2574; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base en el memorial de fs. 152 a 157, se inició proceso voluntario de rendición de cuentas; acción que fue dirigida contra La Constructora e Inmobiliaria Jardines del Urubó S.A., entidad que una vez citada con la demanda presentó oposición mediante memorial de fs. 198 a 199; emitiéndose Auto de 19 de agosto de 2011 (fs. 207 a 208 vta.), declarando contencioso el proceso de rendición de cuentas, tramitándolo en la vía ordinaria; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse Sentencia Nº 10/2018 de 03 de abril, cursante de fs. 2470 a 2482, donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declaró PROBADA la demanda de rendición de cuentas, con las disposiciones establecidas en dicho fallo.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por la Constructora e Inmobiliaria Jardines del Urubó S.A., a través de su representante legal, mediante memorial de fs. 2496 a 2504, fue resuelto por Auto de Vista Nº 163/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 2526 a 2530, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que en su parte dispositiva CONFIRMÓ la sentencia, bajo el siguiente argumento:

Que el representante legal de la Asociación de Copropietarios del Condominio Privado los Parques del Urubó es el Sr. José Barnadas Jordán y el Testimonio N° 68/2011 que confirmó el poder a nombre del referido y también de Monserrat Barnadas, acreditando que ambos se encuentran legalmente designados como representantes de la sociedad demandante. Asimismo refiere que si bien el contrato de servicios de administración de 09 de febrero de 2007 a fs. 126 ha sido presentado en fotocopias simples, no es menos cierto que la misma  documentación es adjuntada a la carta notariada de 7 de diciembre de 2009 a fs. 82, con el informe y detalle de rendición de cuentas del periodo de mayo 2008 a noviembre  de 2009 por la constructora e inmobiliaria Jardines del Urubo, que ha sido entregado por el notario de Fe Pública, tal cual consta del acta de entrega cursante a fs. 85 vta., en consecuencia dándose por reconocida y válida por la sociedad hoy recurrente. En cuanto a contrato de prestación de servicios de fecha 09 de febrero de 2007 de fs. 225 a 230, presentado por los demandados de su cláusula primera y segunda se extrae que ambas empresas son suscribientes de ambos contratos.  

3. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por la sociedad Constructora e Inmobiliaria Jardines del Urubó S.A., a través de su representante legal mediante el memorial de fs. 2537 a 2549, recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Uno de los reclamos invocados en apelación era que la sentencia no cumple con las formalidades exigidas por el art. 213 del Código Procesal, lo cual está sancionado con nulidad, máxime si la parte demandante carece de personería y legitimación activa para demandar rendición de cuentas, sin embargo, este argumento alega que no fue atendido en apelación.

2. Aduce que el Auto de Vista no se pronunció sobre la excepción de falta de acción y derecho que opusieron cursante a fs. 198, lo cual implica una causal de nulidad por omisión.

3. Expresó que el Auto de Vista no emitió criterio alguno sobre la excepción de personería, vulnerando lo determinado en los arts. 105 y 106 del Código Procesal Civil con relación a los arts. 15, 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, omisión que genera que el proceso se encuentre viciado de nulidad.

4. Acusó incongruencia omisiva de las pruebas de fs. 1 a 51, documentales que acreditan que “ACOLPA” no existía en el periodo de mayo 2008 a noviembre de 2009, falta de apreciación que genera vulneración a sus derechos

5. Precisó que no se resolvieron los puntos principales de la defensa como ser excepciones e incidentes punto por punto, asimismo no expuso los motivos que sustentan la decisión vinculada a la exposición de los hechos, sin absolver las alegaciones expuestas, es decir no existe una fundamentación jurídica ni descriptiva en la sentencia.

6. Que la sentencia no cumple con lo determinado en el art. 213 inc. 2) de la Ley Nº 439 al no tener una parte narrativa con exposiciones de hecho y derecho.

7. Que la sentencia no tiene una parte motivada con estudio de los hechos probados y no probados, falta de estructura que vulnera los arts. 213 inc. 3) ley 439.

8. Manifestó que la sentencia es incongruente, toda vez que la parte demandante carece de personería, legitimación activa, acción y derecho para demandar rendición de cuentas, es decir que el juez no posee ningún respaldo para declarar probada la demanda, además no justifica por qué debe rendirse cuenta sobre el monto de Bs. 242. 379 Bs.

9. Expresó que no se cumplió con el tramite previsto en el Código de Procedimiento Civil para los casos donde se declara la contención del proceso voluntario, máxime si la sentencia resolvió la causa haciendo una simple transcripción de la prueba, y declaraciones ultra petitas.

10. Alegó que el demandante no formalizó su demanda para adecuarla al procedimiento ordinario, ni ratificó las pruebas, es decir que no adecuó su demanda voluntaria a la forma que exige el proceso ordinario a lo establecido en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil.

11. En el presente proceso se no se dio al demandado la oportunidad de contestar a la demanda, ya que no existe una demanda formalizada ni admitida, tampoco una citación con la misma propiamente, para tener la posibilidad de contestarla, oponer otras excepciones y contrademandar, antecedentes que demuestran la existencia de vicio de nulidad.

12. Que se dio curso a la adición de puntos de hecho a probar, solicitados mediante el escrito de fs. 340 a 341, sin percatarse que se trata de nuevas peticiones que no estaban contempladas en la demanda de fs. 152 a 157, situación que implica una modificación a la demanda que nunca fue admitida, habiéndose tramitado la causa en base a un auto de relación procesal inconsistente.

Fondo.

Refirió que ACOLPA cuya personalidad jurídica fue reconocida recién el 4 de diciembre de 2010, carece de acción y derecho, es decir no tiene aptitud legal para ser sujeto de derecho y referir que ambas empresas son intervinientes en el mencionado contrato, es una apreciación errónea porque los demandantes no participan en el contrato de prestación de servicios de 9/2/2007, y los efectos y consecuencia de los contratos solo puede surtir efecto entre ellos, el cual no daña ni afecta a ACOLPA.

Contestación al recurso de casación.

Que el recurso de casación no justifica ni desarrolla de qué manera los supuestos agravios cumplirán con aquellos requisitos esenciales para la declaración de nulidad que son recogidos por la SCP Nº 332/2010-R.

Que la empresa constructora ha tenido conocimiento de todo el proceso y ha participado activamente en el mismo presentando excepciones, pruebas, actuando en la audiencia, planteando incidentes y recurso de apelación, o sea que su participación no se redujo solamente a meras formalidades, sino que tuvo una defensa material totalmente activa.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. La congruencia en las decisiones judiciales.

Al respecto, la SS.CC. Nº 2218/2012 de 08 de Noviembre, remitiéndose a la SS.CC. Nº 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”

A tal efecto, el A.S. Nº 651/2014 de 06 de noviembre, señalo; “la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre su  con el punto de la misma decisión”.

Lo que motiva a concluir que la congruencia en definitiva marca el ámbito del contenido de la resolución orientando a que ésta deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, además de velar por que la resolución no contenga criterios ni afirmaciones que se contradigan entre sí, constituyendo el primer aspecto a considerarse la congruencia externa y el segundo como la interna.

III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la SC Nº 0012/2006-R de 4 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

A ese respecto la SC Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre también estableció: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…. (El resaltado nos corresponde)

En ese mismo entendido, en la SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Finalmente la SCP Nº 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de la Resolución,  y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una resolución.   

III.3. De la nulidad procesal.

Si bien el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado bajo un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado  por la  jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en  los nuevos códigos en si regulando su procedencia( Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  en concordancia con  la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la CPE., que indica  “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciéndose que es política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto  de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome un decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el principio de especificidad o legalidad, se encuentra establecido en el art. 105.I de la Ley Nº 439 que describe: “Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley”; criterio de nulidad específica, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El principio de trascendencia y el principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El principio de protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106.II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del principio de convalidación una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo, el principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107.I) de la norma procesal citada que sostiene: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

III.4 De la rendición de cuentas.

Respecto a la rendición de cuentas, corresponde citar el aporte doctrinario de Hugo Alsina, quien en su obra DERECHO PROCESAL CIVIL TOMO VII, EDINAR Buenos Aires 1965, pág. 142 señala lo siguiente: “La obligación de rendir cuentas resulta de un principio de razón natural, pues únicamente quien tiene derecho exclusivo sobre un bien puede usar de él libremente sin estar en la necesidad de rendir cuenta a nadie de su conducta. Quien no se halle en tal situación y administre bienes total o parcialmente ajenos, debe rendir cuentas de ello aun cuando haya existido gestión común o mancomunada…”.

El citado criterio es compartido por Carlos Morales Guillén, quien al comentar el art. 687 del Código de  Procedimiento Civil, señala: “En la materia, la regla es: quien haya administrado bienes, gestionado negocios total o parcialmente ajenos, aunque sean comunes del administrador o gestor con otra persona, o quien haya ejecutado un hecho relativo al manejo de fondos o de bienes que no le pertenecen en propiedad exclusiva, está obligado a presentar las cuentas de su administración o gestión, a menos que esté dispensado expresa o tácitamente por quien tiene derecho a exigirlas o examinarlas o por la ley”.

En esa misma lógica el actual Código Procesal Civil en su art. 357.I refiriéndose a la procedencia de dicha acción señala: “Toda persona que se considerare con derecho a exigir rendición de cuentas de otra, podrá pedir se declare por la autoridad judicial que esté obligado a rendirlas.”; de lo expuesto se infiere que todo aquel que administre o gestione negocios ajenos por cuenta o en interés de un tercero, está obligado a rendir cuentas de su actuar; en ese entendido, aquel que considere tener derecho de exigir rendición de cuentas a otra, debe acudir ante la autoridad judicial para que esta declare dicha obligatoriedad, es decir, que la petición de rendición de cuentas supone la existencia probada del derecho de exigirlas y de la obligación de rendirlas.

Ahora bien, con relación a la rendición de cuentas entre herederos sobre un bien sucesorio, el Autor Guillermo Raúl Garbino en su obra “La administración del acervo sucesorio entre los comuneros”, habla del “Administrador de Hecho”, señalando lo siguiente: “Es frecuente que alguno de los coherederos asuma la administración del caudal hereditario sin ser designado a tal fin y, aún más, sin informar siquiera a los demás comuneros los actos que efectúa. Tal actitud puede obedecer a diferentes motivos, ya sea porque sus coherederos se encuentran ausentes del lugar y resulte necesario efectuar actos urgentes de conservación, o bien por 1a confianza existente entre los mismos que pueda surgir del vínculo familiar y que lleva a uno de ellos a actuar por su cuenta sin previa consulta. Sea cual fuere la razón, el comunero que así actúa se convierte en administrador de hecho, aunque más no fuere, con relación a los actos que realice y aun cuando éstos no signifiquen asumir la administración de todo el acervo. La cuestión ofrece a la vez interés en el plano teórico, en cuanto a la naturaleza jurídica de tal administrador, y en el aspecto práctico, dada la frecuencia con que se presenta la situación del coheredero que efectúa actos de administración sin previa designación, ni autorización y ni siquiera conocimiento de los restantes comuneros. Con relación al primer punto, es decir cuál es la naturaleza jurídica del administrador de hecho, debemos orientarnos hacía las figuras del mandato tácito (art. 1874 del Cód.Civil) y 1a gestión de negocios (arts. 2288 y sgts. del Cód. Civil); el problema reside en establecer si el administrador de hecho es un mandatario con mandato tácito o un “negotiorum gestor" de sus coherederos, o bien si, según las circunstancias, puede ser una cosa o la otra. Es opinión de Borda que estaremos frente a un mandato tácito si existe conocimiento y tolerancia de los demás coherederos y gestión de negocios si los restantes coherederos la ignoran;…” (El resaltado nos pertenece).

Del mismo modo, la autora Graciela Medina en su obra “El administrador de la sucesión. Representación, facultades, problemas frente a la quiebra.”, haciendo alusión a la “Administración de hecho”, señaló que: “Es relativamente frecuente que uno de los herederos asuma la administración del caudal relicto sin recibir un mandato expreso de la unanimidad de los co-herederos conforme al Art. 3451 y 1880 y concordante del Código Civil. El administrador de hecho es aquel que antes de la apertura del proceso sucesorio, sin mandato de sus coherederos se encarga de realizar actos de conservación o de administración del patrimonio familiar por ejemplo se encarga de las siembras y cosechas, o percibe las rentas de los inmuebles o se ocupa del pago de sus impuestos y de sus reparaciones. Jurisprudencialmente se ha sostenido que La administración provisoria de hecho de la sucesión es aquella en cabeza de un heredero, que, aún antes de la apertura del proceso, y posiblemente sin mandato de sus coherederos, se encarga de realizar actos de conservación o administración del patrimonio. (19) La pregunta es en qué medida obliga con sus actos al resto de los herederos. Entendemos que corresponde hacer una distinción entre que los restantes cotitulares de la herencia tengan conocimiento de dicho proceder o no. * Mandato tácito Si los restantes herederos consienten que uno de los herederos administre la herencia estamos en presencia de un mandato tácito (art. 1874 del Código Civil). (20) Para que se dé el mandato tácito, no bastaría empero, con el conocimiento de los restantes herederos y la no oposición, ya que se requiere también la celebración del contrato. Este se entiende celebrado siempre que exista un "silencio circunstanciado" siendo de aplicación lo dispuesto por el art. 918 para la expresión tácita en general. (21) Jurisprudencialmente se ha sostenido que "El administrador sucesorio de hecho con mandato tácito, esto es aquél que antes de la apertura del proceso sucesorio realiza actos de conservación o administración del patrimonio con consentimiento de los demás, se encuentra obligado a rendir cuentas de su gestión, independientemente de su carácter de heredero". (22) El administrador sucesorio de hecho es aquel heredero que, antes de la apertura del proceso sucesorio, sin mandato de sus coherederos se encarga de realizar actos de conservación o de administración del patrimonio y corresponde distinguir dos supuestos: uno es cuando los restantes cotitulares de la herencia tengan conocimiento de dicho proceder y lo consientan en cuyo caso existe un mandato tácito, y dos, cuando los restantes herederos ignoran la gestión y aplican las normas del gestor de negocios. (23) © Thomson La Ley 4 ** Gestión de negocios Si los restantes herederos ignoran las gestiones realizadas por el administrador se aplican las normas del gestor de negocio (art. 2288 y conc. del C.C. (24) y en consecuencia, si el negocio fuera bien administrado por ejemplo, si estipulara un arrendamiento ventajoso, los demás indivisarios tendrían que cumplir el contrato. (25)” (El resaltado es nuestro).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del análisis del recurso de casación tanto en la forma como en el fondo se evidencia que ambos pecan de ser reiterativos en varios tópicos, en consecuencia, a efectos de evitar fundamentos repetitivos que harán dificultoso el entendimiento y asimilación de la resolución a emitirse, corresponde aplicar el principio de concentración procesal que para materia argumentativa posibilita analizar en un solo punto todos los temas coincidentes para evitar ese dispendio de fundamentos jurídicos, máxime si las resoluciones judiciales deben caracterizarse por ser claras y entendibles en todo su contenido, para que sean perfectamente asimiladas por los justiciables.

Forma.

Siguiendo el lineamiento esbozado en el párrafo anterior, corresponde el examen de los puntos 1, 6, 7 y 9 en un solo argumento, debido a que todos confluyen en observar la falta de pronunciamiento del Auto de Vista sobre los agravios o reclamos vinculados a la sentencia, es decir por falta de cumplimiento a lo determinado en el art. 213 del Código Procesal Civil.

Lo extractado nos permite incidir que la litis  gira en torno a la falta de motivación del Auto de Vista, en lo concerniente al incumplimiento del art. 213 del Procesal Civil, en la sentencia dictada, al respecto corresponde enfocarnos en lo que se entiende por motivación de las resoluciones judiciales, siguiendo el criterio plasmado en el acápite III.1, es un elemento o vertiente del derecho al debido proceso, que impone a las autoridades judiciales al momento de resolver la problemática planteada lo hagan en base a razonamientos jurídicos y fácticos, es decir deben explicar de forma razonada y coherente el motivo por el cual asumen una determinada decisión, en otros términos es la justificación razonada del por qué se asume una postura, elemento primordial que destaca en todo Estado Constitucional de Derecho, caso contrario de suprimirse este elemento no simplemente se obvia una parte estructural del fallo, sino su base esencial que permite a los justiciables entender que el motivo de la decisión no es de hecho, sino de derecho, porque definir o resolver y motivar son dos temas muy diferentes y contrapuestos, elementos que si bien forman parte de la resolución, pero al obviar el elemento motivación nos encontramos frente a una resolución arbitraria, es decir sin sustento, en esa misma lógica y generando un estímulo jurisprudencial en cuanto al tema de la motivación de las resoluciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos referió que: “La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.1

Siguiendo el criterio doctrinario-jurisprudencial referido supra, en el sub lite no resulta evidente que el Ad quem no hubiera generado o desplegado un entendimiento en lo que respecta a que la sentencia no habría dado cumplimiento al art. 213 del Procesal Civil, al contrario, esta resolución de Alzada fue clara y enfática al expresar: “En lo referente a los agravios mencionadas en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3, se tiene que:

En lo que respecta a este punto se tiene que no es cierto lo mencionado por el recurrente toda vez  que de la revisión de la sentencia impugnada de fecha 06 de abril de 2018 cursante de fs. 2470 a 2482, se puede evidenciar claramente que el mismo cumple con los requisitos establecidos por el articulo 213 num. II.) y III  del Código Procesal Civil toda vez que en el CONSIDERANDO I (fs. 2470 a 2471) de la resolución impugnada la Juez A quo de manera expresa narra la exposición sucinta de los hechos del presente proceso, así también  en el mismo CONSIDERANDO (fs. 2471 Vlta.) la Juzgadora realiza la exposición del Derecho invocado, de lo cual se puede extraer que la misma ha actuado conforme a lo establecido por Ley y la convicción que le llevo a determinar de esa manera valorando los elementos de prueba ofrecidos por las partes procesales en el desarrollo del presente proceso.” fundamento desplegado por el Tribunal de alzada que es claro y preciso en su explicación, al concluir que se ha cumplido con los parámetros solicitados por el art. 213 de la Ley Nº 439, por que la sentencia en sus considerandos hace una narración de antecedentes, del derecho invocado y valoró los elementos probatorios que llevaron a formar convicción en el juez de instancia, resultando errada su alegación en este punto, sobre todo si para cumplir este elemento del debido proceso basta con que la justificación razonada sea clara y coherente, no siendo necesario una respuesta ampulosa o reiterativa, en suma el Tribunal de apelación en este punto no ha efectuado vulneración alguna.

En lo que concierne a los puntos 2 y 3, la entidad recurrente nuevamente observa que el Auto de Vista no emitió pronunciamiento sobre las excepciones de falta de acción, derecho y la de impersoneria, que fueron reclamadas oportunamente en el recurso de apelación, pero no fueron analizadas. 

Encontrándonos frente a reclamos de incongruencia omisiva, corresponde realizar el mismo test aplicado al tópico anterior, es decir analizar si existe o no una respuesta sobre los temas debatidos, al tratarse de un reclamo  incidental o de forma vinculado a la estructura de la resolución y no al fondo del proceso, partiendo de lo expuesto y de la compulsa minuciosa de la resolución de alzada, en cuanto al tema de la personería se desprende que esta manifestó: “de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente se puede evidenciar que el representante legal de la Asociación de Copropietarios del Condominio Privado los parque del Urubo es el Sr. JOSE BARNADAS JORDAN, así también del análisis minuciosos del testimonio N°68/2011 de fecha 04 de marzo de 2011 cursante de fs. 51 a 54 y vlta., por medio del cual la asociación referida con anterioridad confiere poder Especial, amplio y suficiente a favor del JOSE BARNADAS JORDAN y MONSERRAT BARNADAS JORDAN; facultando al mismo a que pueda realizar las siguientes acciones: “I.- Inicie, prosiga y concluya las medidas administrativas y preparatorias de demanda y las acciones judiciales voluntarias, ordinarias y ejecutivas que de ellas derive contra la Sociedad Anónima Constructora e inmobiliaria Jardines del Ururbo S.A. para que a través de sus accionistas  o representante legal presenten la documentación contable, efectúen el descargo de los saldos pendientes de rendición de cuentas de las gestiones, documentos y dineros que tuvo a su cargo cuando se  desempeñaba como administradora del condominio Los Parques del Urubo”, quedando así de manera clara  y expresa que el Sr. JOSE BARNADAS JORDAN se encuentra  legalmente designado como representante legal de la sociedad demandante, por lo cual este Tribunal llega a conclusión que no es cierto el agravio enunciado. ” argumento que en todo su contexto denota un respuesta clara en sentido que el Poder  N° 68/2011 de 04 de marzo es amplio, especial y suficiente para que el Sr. José Barnadas Jordán inicie la presente acción de rendición de cuentas. Ahora en cuanto a la excepción de falta de acción y derecho, debemos partir que la misma en su contenido al momento de ser planteada tenía como sustento un tema de fondo, es decir el hecho que los demandantes no pueden solicitar rendición de cuentas, dicho tema fue analizado líneas supra y en lo inherente a la  posibilidad de solicitar la rendición de cuentas el Ad quem también generó un criterio sustentando que : “no es cierto el agravio mencionado por el recurrente toda vez que del análisis de contrato de prestaciones de Servicio de fecha 09 de febrero de 2007 cursante de fs. 225 a 230, presentado como prueba por la Empresa Jardines del Urubó  de forma clara y expresa en su cláusula PRIMERA y SEGUNDA establece que las partes a suscribir el mencionado contrato son: “ la Sociedad Anónima Jardines del Urubó debidamente representado por el Sr. Fernando Crespo Lijeron con el objeto de prestar los servicios de Administración del condominio urbanización denominado “LOS PARQUES” así como el ordenamiento de cuentas, recibos, pagos y documentos relacionados a la actividad de dicha administración, servicios prestados en base a un presupuestos mensual aprobado por el contratante a favor de todos los propietarios del condominio en Urbanización denominado los PARQUES” de lo cual se extrae que no es cierto el agravio enunciado por el recurrente toda vez que ambas empresas son intervinientes en el suscrito contrato.”, la cita extractada nos da pie a entender que desde la óptica del Tribunal de apelación el contrato de prestación de servicios de fs. 225 a 230 otorga legitimación a los demandantes para solicitar la rendición de cuentas. En conclusión, podemos advertir que los fundamentos vertidos en la resolución en estudio (Auto de Vista), se pronunció sobre los reclamos ahora observados, careciendo de veracidad en este acápite.

En cuanto al punto 4, es decir la falta de apreciación de las literales de fs. 1 a 51, del contraste del recurso de apelación, Auto de Vista y recurso de casación, no se evidencia que el recurrente hubiera observado estas literales en su escrito de impugnación a la sentencia, situación que impele a este Tribunal aplicar el principio de per saltum o salto de instancias, pues para estar derecho y agotar la doble instancia los demandados debieron controvertir en alzada lo ahora observado para que ese Tribunal genere criterio en sentido positivo o negativo, al no realizarlo resulta inviable el estudio de su alegación, resultando fuera de toda lógica procedimental traer a casación reclamos que nunca fueron tema de debate en la litis, principio que impide su estudio.

Al motivo quinto, aduce que no se resolvieron los puntos principales de la defensa, excepciones e incidentes punto por punto, ni se expuso los motivos que sustentan la decisión vinculados a la exposición de los hechos, en otros términos, no existe una fundamentación jurídica ni descriptiva en la sentencia o Auto de Vista.

La controversia en este tema peca de ser totalmente ambigua, debido a que no define cual excepción o que incidente los de grado no han dado respuesta, menos precisa exactamente cuáles son las alegaciones no absueltas, observación que es tan general que limita a este Tribunal realizar un análisis o inferir el hecho concreto, no obstante de lo señalado en los apartados anteriores se ha podido concluir que el Tribunal de apelación obró dentro del marco de congruencia que delimita el art. 265 del Código Procesal Civil, no mereciendo mayor análisis este punto.

Continuando con el estudio del recurso de casación en el punto octavo, manifiesta que la sentencia es incongruente toda vez que la parte demandante carece de personería, legitimación activa, acción y derecho para demanda rendición de cuenta, tampoco existe respaldo para declarar probada y rendirse cuentas sobre el monto de Bs. 242.379 Bs.

En principio cabe resaltar que en este punto el recurrente nuevamente de forma obnubilada hace una serie de relatos genéricos y ambiguos, sin generar un vínculo  causal-nexo con los fundamentos sustentados en el fallo de alzada (Auto de Vista) observando únicamente la sentencia, en desconocimiento de los parámetros establecidos en la norma que determinan la forma y alcance del recurso de casación, ya que el art. 270.I del Procesal Civil, es claro al enfatizar que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”  precepto jurídico que enfoca las características del recurso de casación, que por su naturaleza de Tribunal de puro derecho es un medio de impugnación 1) Vertical y 2) Extraordinario, se dice que es vertical porque procede contra las resoluciones emanadas en segunda instancia (Auto de Vista) y tiene la calidad de extraordinario al activarse en determinados casos y ante causales objetivas regladas por ley o causales subjetivas que son las construcciones jurisprudenciales que han determinado su procedibilidad en algunos casos, bajo esa perspectiva y adecuándonos a la primera característica como dijimos un correcto actuar procesal o apropiado uso de la técnica recursiva impele al recurrente en casación observar y controvertir lo expresado en segunda instancia y no la sentencia, lo contrario implica desnaturalizar la esencia de este recurso.

Siguiendo ese entendimiento en el presente caso -como dijimos- de ninguna manera los recurrentes controvierten lo señalado en el Auto de Vista, al contrario, observa todo lo determinado y resuelto en sentencia, como si se tratara de un recurso de apelación desconociendo la esencia y fin de este medio extraordinario de impugnación, falta de precisión recursiva que imposibilita su estudio.

Los puntos 10, 11 y 12, convergen en observar la falta de formalización de la demanda de rendición de cuentas, argumentando que no existe ratificación, ni adecuación a lo establecido en el art. 327 del entonces procedimiento Civil, que a su criterio le causa indefensión, porque no se le dio oportunidad de contestar la demanda al no existir una demanda formalizada ni admitida propiamente.

Cabe resaltar que este Tribunal a través de sus diversos fallos ha sentado línea en sentido que la nulidad procesal bajo un nuevo modelo constitucional de derecho ha sufrido una modificación trascendental - pasando de concebirse como un mecanismo de protección a ultranza del derecho procesal, a ser entendido y utilizado como un real y efectivo medio de resguardo a derechos y garantías constitucionales como ser el derecho al debido proceso pero con incidencia al derecho a la defensa-, es decir que sólo es aplicable en esos casos y bajo un criterio de juridicidad, después de un examen somero de los principios universalmente reconocidos (convalidación, preclusión, finalidad, conservación de los actos, trascendencia y legalidad entre otros).

Antes de ingresar al análisis del presente tema, corresponde realizar un estudio de los antecedentes que hacen a la presente causa:

Los citados antecedentes claramente ponen a la luz que la entidad recurrente en ningún momento reclamó ni observó lo ahora debatido, al contrario coadyuvó y continuó con el normal tramite de la causa ofreciendo pruebas, interponiendo recursos de apelación, antecedente que nos permite concluir que con toda esa actividad desplegada por el recurrente ha operado la convalidación por omisión, o sea que al no existir reclamo oportuno las partes han dado validez a todo lo obrado dotándolo de plena eficacia, activándose per se- el principio de preclusión, ya que no resulta correcto pretender una nulidad procesal ante estadios procesales ya superados, más aun cuando las partes contaban con los medios procesales para su corrección pero no hicieron uso oportuno de los mismos, resultando inviable la nulidad solicitada.

En cuanto a la observación a los puntos de hecho a probar que fueron ampliados, corresponde aplicar el mismo entendimiento, no existiendo observación alguna de la constructora a dicha determinación, resulta igualmente aplicable el principio de convalidación y preclusión, pues la nulidad procesal no opera cuando no se hizo uso del mecanismo procesal correspondientes para su corrección ante las autoridades judiciales, deviniendo en esa misma lógica infundado lo cuestionado.

Argumentos que nos permiten concluir que el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Fondo.

Como único reclamo en el fondo alude que ACOLPA (demandante) cuya personalidad jurídica fue reconocida recién en fecha 4 de diciembre de 2010, carece de acción y derecho, es decir no tiene aptitud legal para ser sujeto de derecho, y referir que ambas empresas son intervinientes en el mencionado contrato es una apreciación errónea, porque los demandantes no participaron en el contrato de prestación de servicios de 9/2/2007, y los efectos y consecuencia de los contratos solo puede surtir efecto entre ellos, el cual no daña, ni afecta a ACOLPA.

Conforme al criterio vertido en el apartado III.4, todo aquél que administre, o gestione negocios ajenos por cuenta o en interés de un tercero, está obligado a rendir cuentas de su actuar; en ese entendido, aquel que considere tener derecho de exigir rendición de cuentas a otra, debe acudir ante la autoridad judicial para que esta declare dicha obligatoriedad, entonces el elemento central a demostrarse en este tipo de causas es la existencia de la -relación jurídica obligacional- entre el demandante y el demandado, relación que puede estar encubierta con una situación de testaferro, apoderado, o administrador de hecho sobre el bien o negocio del cual se pretende la rendición de cuentas, o que se haya generado una gestión de negocios ajenos, en cuanto a este último caso corresponde realizar algunas precisiones.

Hay gestión de negocios ajenos cuando una persona interviene espontánea o voluntariamente, esto es, sin obligación voluntaria o legal alguna en los negocios de otra. El que interviene en el negocio de otro se denomina gestor y la otra persona es a la que pertenece el negocio y se le denomina dueño. En el derecho civil clásico se consideraba que la gestión de negocios era una de las figuras integrantes de los denominados cuasicontratos. El gestor está obligado a realizar completamente el negocio en el que ha intervenido, observando como regla general, la diligencia de un buen padre de familia; solo si actúa apremiado por las circunstancias se limita su responsabilidad al dolo y a la culpa. El gestor debía concluir la gestión que había comenzado y, consecuentemente, realizar la rendición de cuentas, transmitiendo las cosas que hubiere obtenido, con sus accesiones y lucros. A la vez, obligado a ceder al dominus las acciones que a su favor nacieren como consecuencia del negocio.

Teniendo en claro los alcances de la presente acción, ingresando al estudio del tema de fondo, es decir la viabilidad o no de la acción es menester estudiar los antecedentes que sustentan la demanda de fs. 152 a 157, donde  la Asociación de Copropietarios del Condominio Privado los parques del Urubó solicita rendición de cuentas a la Sociedad Anónima Constructora e Inmobiliaria Jardines del Urubó,  de los periodos de mayo de 2008 a noviembre de 2009 y presenten toda la documentación y la entrega de dineros que tuvo a su cargo cuando se desempeñaba como administradora del condominio los parques en los referidos periodos.

En el sub lite este Tribunal comparte el criterio vertido por los jueces de instancia quienes confirmaron la sentencia apelada,  pues conforme a los medios probatorios resaltados por la sentencia encontramos el correo electrónico de fecha 18 de abril de 2008 dirigido para la Gerencia de Jardines Urubó, por el cual se da a conocer a todos los propietarios el reglamento interno a fs. 55, y actuaran como administradores transitorios hasta la conformación de la asociación de copropietarios, mismo que fue elaborado por los urbanizadores para el condominio “Los Parques”, mismo que en su art. 4 establece que el régimen de administración estará a cargo de los urbanizadores por el mismo tiempo, es decir, hasta que se conforme la asociación de copropietario, antecedente que acredita la obligación de los demandados de rendir cuentas de los periodos demandados, asimismo resulta extraño y hasta incongruente que los demandados nieguen la obligación de rendir cuentas, cuando anteriormente por oficio de 7 de diciembre de 2009 presentan a los demandantes un primer informe de los periodos que ahora se demandan, actitud que demuestra esa aceptación en la obligación y la existencia del vínculo jurídico obligacional de rendir cuentas a los demandantes, no resultando errada la postura asumida en sentencia y Auto de Vista, si bien no existía la sociedad demandante en ese momento, sin embargo conforme se detalló ellos asumieron la calidad de administradores, lo cual conlleva per se- la obligación de rendir cuentas sobre ese periodo no existiendo vulneración ni errónea interpretación de los juzgadores.

En tal razón, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de 2537 a 2549, interpuesto por la Constructora e Inmobiliaria Jardines del Urubó S.A, a través de su representante legal Cristhian Fernando Calvo Colque, contra el Auto de Vista Nº 163/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 2526 a 2530, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.




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