TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 552/2019

Fecha: 28 de mayo de 2019

Expediente: SC-144-17-S 

Partes: César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román. c/ Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suarez Orozco, Juan Marcelo Ulunque Anturiano y David Paz Borda.

Proceso: Anulabilidad de contrato y otros.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 893 a 902 vta., interpuesto por Zvonimir Mileta Tarabillo, por sí y en representación de Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulunque Anturiano, contra el Auto de Vista Nº 16/2017 de 14 de agosto, cursante de fs. 882 a 887 vta., y su Auto Complementario a fs. 891, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso sobre anulabilidad de contrato y otros seguido por César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román contra Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulunque Anturiano; el Auto de Concesión de 19 de octubre de  2017, cursante de fs. 930; Auto Supremo de Admisión Nº 1184/2017-RA de 13 de noviembre, cursante de fs. 936 a 937; Auto Supremo Nº 993/2018 de 5 de octubre de fs. 951 a 960; resolución del Tribunal de Garantías de 7 de enero de 2019, cursante de fs. 978 a 981, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román, interpusieron demanda de anulabilidad de los contratos, cancelación de registro propietario en Derechos Reales, daños y perjuicios, restitución y entrega de inmuebles, vehículos y dinero de fs. 67 a 73, subsanada de fs. 89 y vta., a su vez fue ampliada de fs. 120 a 122 vta., por determinación del Juez de Instrucción Penal de la detención preventiva de César Rodrigo Pinto Banegas dentro el proceso penal por el delito de estafa agravada y asociación delictuosa bajo presión firmaron ambos esposos los contratos mencionados supra, bajo presión y violencia con la finalidad de procurar la libertad del detenido preventivamente; acción dirigida contra Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulunque Anturiano, quienes contestaron negativamente a la demanda y opusieron excepciones perentorias de transacción, cosa juzgada, conciliación y desistimiento del derecho, asimismo, plantearon reconvención por cumplimiento de contrato transaccional, desocupación, entrega de inmueble, acción negatoria, pago de daños y perjuicios mediante memorial de fs. 153 a 157 vta., subsanado de fs. 240 a 241 vta., y ampliada de fs. 282 a 287 vta.

2. Tramitado el proceso en el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se emitió la Sentencia Nº 02 de 3 de enero de 2017, cursante de fs. 813 a 820, Auto Aclaración y Complementaria de fs. 823 y 826, declarando PROBADA en parte la demanda sobre anulabilidad del contrato transaccional y contratos de venta de bien inmueble y vehículos cursantes a fs. 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 del expediente e IMPROBADA en cuanto a los daños y perjuicios; IMPROBADAS las excepciones perentorias de transacción, cosa juzgada, conciliación y desistimiento del derecho y pago de daños y perjuicios; IMPROBADA la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato transaccional, desocupación y entrega de inmueble y acción negatoria.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Cesar Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Roman y por otro lado Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulumque Anturiano, mediante memoriales de fs. 827 a 830 y 837 a 845 vta., respectivamente; la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 016/2017 de 14 de agosto, cursante de fs. 882 a 887 vta., REVOCANDO parcialmente la Sentencia Nº 02/2017 en lo que respecta al dinero demandado de restitución, ordenando a los demandados Zvonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda y Juan Marcelo Ulunque Anturiano, restituir a favor de los demandantes César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román la suma de $us.20.000, al igual que la vagoneta marca Toyota, tipo RAV4 LIMITED, modelo 2011 y la vagoneta marca NISSAN, tipo ROGUE, modelo 2008 y demás datos insertos en los documentos de propiedad, dentro del tercer día de ejecutoriada, asimismo, las apelaciones en el efecto diferido sobre el recurso de reposición contra el Auto de 15 de mayo de 2015, la impugnación contra el decreto de 7 de septiembre de 2015 y la apelación contra los proveídos de 29 de septiembre de 2015, 2 de octubre de 2015, decreto de 9 de octubre de 2015 y decreto de 16 de octubre de 2015. Bajo la siguiente fundamentación:

- Con relación al recurso de apelación interpuesto por César Rodrigo Pinto Banegas y Carla Lorena Mercado Román, el Auto de Vista concluyó indicando que siendo el documento transaccional de 12 de abril de 2014, anulable porque fue suscrito con violencia conforme a los arts. 478 y 481 y en relación al 554 núm.4 del Código Civil, ello incumbe a la integralidad del contenido de dicho documento, es decir que si las transferencias de bienes son anulables, de igual modo es anulable la entrega del dinero en efectivo y debe ser restituida a favor de los demandantes. Por lo que deberá modificarse la Sentencia en lo que respecta a la consolidación de esos dineros a favor de los demandados.

- En cuanto al recurso interpuesto por Zvonimir Mileta Tarabillo, el Ad quem ante el agravio de que la Sentencia adolece de vicio de nulidad al no haberse emitido pronunciamiento respecto a la excepción de legitimación activa del demandante señaló que el A quo resolvió la misma por Auto de 30 de octubre de 2014, declarándola improbada, no siendo lógico pretender que nuevamente se considere en Sentencia, ya que las partes no hicieron ninguna impugnación en su oportunidad considerándola como una cuestión ya resuelta.

- En cuanto al segundo agravio sobre la anulabilidad del contrato de transacción indico el Tribunal Ad quem que la mercadería no desapareció o fue sacada de la Aduana como sugiere la denuncia penal sino que fue decomisada por la Aduana Nacional de Bolivia, y por ende se está frente a un negocio o contrato incumplido por una de las partes y en todo caso si habría pedido dinero para cubrir aranceles de importación con engaños, sabiendo que la mercadería fue decomisada por el Estado, el monto de la estafa sería precisamente el monto de dinero para aranceles, sabiendo que no los destinó al fin solicitado a las víctimas, ascendiendo a la suma de $us.14.000, siendo está precisamente la realidad que no puede ser soslayada por los jueces ni fiscales, lo cual sin duda es muestra clara de que la voluntad del entonces imputado penalmente, es obligada por estar amenazada su libertad con una orden de detención preventiva en la vía penal, por lo expuesto se evidencia que al momento de la firma del contrato de 12 de abril de 2014 y del documento transaccional a favor de los demandados fue a consecuencia del estado de privación de libertad inminente en el que se encontraba el demandante.

- En lo que respecta a las excepciones de transacción, cosa juzgada, conciliación y desistimiento, el Tribunal Ad quem afirma que la juez A quo ha fundamentado adecuadamente toda y cada una de las excepciones planteadas debido a que la transacción para que ésta sea válida, debe cumplir con lo establecido en el art. 945 del Código Civil, pues el solo hecho que la libertad del actor estuviere en riesgo, ya constituye un hecho que vicia el consentimiento, por lo tanto, no es procedente considerar la transacción como válida, así como todas las excepciones. Finalmente a la acción negatoria que por un error humano la juez A quo la habría consignado tanto que la misma fue retirada de los demandantes.

4. Fallo de segunda instancia que es recurrida en casación por Zvonimir Mileta Tarabillo en representación del mismo y Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda, Juan Marcelo Ulunque Anturiano, mediante memorial de fs. 893 a 902 vta.; emitiéndose el Auto Supremo Nº 993/2018 de 5 octubre, cursante de fs. 951 a 960, CASANDO el Auto de Vista deliberando en el fondo improbada la demanda de anulabilidad.

5. Contra la referida Resolución suprema, la parte demandante interpuso acción de amparo constitucional, la cual fue resuelta mediante el Auto Constitucional de 7 de enero de 2019, cursante de fs. 978 a 981, donde el Tribunal de garantías concedió en parte la tutela solicitada y en ese marco dispuso que este Tribunal ingrese a considerar nuevamente el referido recurso de casación (únicamente en cuanto a uno de sus reclamos), impugnación que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación se observa que Zvonimir Mileta Tarabillo por sí y en representación de Juan Carlos Suárez Orozco, David Paz Borda, Juan Marcelo Ulunque Anturiano, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa en la forma y el fondo.

FORMA.

1.- Acusaron ausencia de fundamentación y falta de pronunciamiento con relación a los arts. 4, 5, 213 núm. 2, 3 y 4 y 218 de la Ley Nº 439, deducen que sin discernir los alcances del art. 145 del Código Procesal Civil, el Auto de Vista se limitó en señalar los elementos necesarios y omitió motivar la resolución.

La existencia de prueba de descargo ofrecida y producida enerva la pretensión de anulabilidad de la transacción de 12 de abril de 2014, y las transferencias de vehículos e inmueble, arguyendo que el Auto de Vista vulneró los derechos de defensa, tutela judicial efectiva y del debido proceso debido a que no se tomó en cuenta que el 16 de abril de 2014, el demandante solicitó la extinción penal por reparación integral del daño económico dentro del proceso penal Nº 2236/2013 y que por Auto de Vista de 20 de marzo de 2015 dictado por la Sala Penal Primera se confirmo la resolución de extinción de la acción penal por reparación del daño económico a favor del demandante, literal adjunta en copia legalizada con la que demuestra que no concurren los llamados vicios de consentimiento.

2. Alegaron que el Auto de Vista es una resolución citra petita (silencio omisivo), vulnera los arts. 213 núm. 3, 4 y 218.I del Código Procesal Civil. El Tribunal Ad quem omitió pronunciarse sobre el agravio de la falta de valoración de todos los medios probatorios, es decir, de manera individualizada tal cual exige el art. 145 de la Ley Nº 439. También se omitió absolver la denuncia de existencia de una Sentencia contradictoria haciendo referencia a lo señalado por la juez A quo, para determinar la anulación del Acuerdo Transaccional de fs. 14, 15, 16 y 17.

Extremos que dan origen a una Resolución citrapetita e impertinente omitiendo dar cumplimiento de los arts. 213 núm. 3 y 4 y 218.I de la Ley Nº 439. Por otra parte, sostuvo que en toda resolución debe existir congruencia entre lo pedido y lo resuelto efectuando la cita del A.S. Nº 367/2014 de 5 de septiembre. Además indica que el razonamiento del Auto de Vista lesiona el derecho al debido proceso y el deber de motivación plasmado en los arts. 1 núm. 16, 4, 213 núm. 3 y 4 y 218.I del Código Procesal Civil, que debió pronunciarse de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre aspectos reclamados. El Ad quem se pronunció sobre la existencia de contrato de transporte verbal entre otros extremos, que no fueron objeto de la pretensión principal ni de la reconvención, tornando una resolución lesiva al debido proceso, a la defensa, principio de certeza y seguridad jurídica.

FONDO.

1. Acusaron la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, debido a que la Sentencia es una resolución citra petita, inmotivada, infundada, incongruente.

2. Denunciaron error de hecho y derecho ya que la Sentencia solo valoró el documento privado de transacción de 12 de abril de 2014 (ofrecido por ambas partes) y la prueba de cargo.

Efectúo incidencia del error de hecho haciendo una descripción de pruebas de descargo consistentes en la declaración del testigo de descargo, desistimiento de fs. 53 a 54, memorial de solicitud de cesación de detención preventiva, acuerdo transaccional, copia de desistimiento, imputación formal, memorial de contestación a la excepción, acta de audiencia de medida cautelar, acta de cesación de detención preventiva, memorial de extinción de la acción penal, contrato de arrendamiento, Auto de Vista dentro el proceso penal, confesión expresa y menciona el AS Nº 293/2013 de 7 de junio, sobre el entendimiento del error de hecho, es decir, cuando anula el acuerdo transaccional y las transferencias, por existir la violencia como vicio del consentimiento, aspecto que no emerge del proceso y mucho menos de la actividad probatoria producida. Omisiones que lesionan el debido proceso en su elemento a la igualdad de partes y seguridad jurídica, en los arts. 119 y 180.I de la Constitución Política del Estado. No se tiene la certeza de la resolución por falta de pronunciamiento expreso sobre los medios y elementos probatorios ofrecidos en la demanda reconvencional.

En cuanto al error de derecho indican que si bien es cierto que el Juez tiene la libertad de valorar las pruebas empero dicha libertad está limitada por la ley, cuando está le asigna a cada elemento probatorio el valor pertinente (arts. 134 y 145 de la Ley Nº 439 y art. 1286 del Código Civil).

La juez A quo hubiese aplicado e interpretado debidamente el art. 945 del Código Civil, hubiese advertido que el acuerdo transaccional cumple con los requisitos estatuidos en el art. 450 de la norma sustantiva civil y citan el Auto Supremo 495/2015-RRC de 20 de julio, sobre las formas extraordinarias de conclusión del proceso entre esta la transacción. Además hace referencia al art. 450 del Código Civil y el AS Nº 514/2014 de 8 de septiembre, en el caso de violencia como vicio de consentimiento. De lo que se infiere, hacer valer el derecho conforme al art. 481 del Código Civil a través de un acuerdo transaccional suscrito dentro de un proceso penal, con el cual se benefició el demandante no enerva el consentimiento, máxime si en el decurso del proceso no está acreditada la concurrencia de las llamadas ventajas injustas con el aditamento de que tanto la A quo como el Ad quem, no han fundamentado ni motivado las mismas. 

Petitorio.

Solicitó anular obrados y en su defecto casen la Sentencia y el Auto de Vista.  

Contestación al recurso por César Rodrigo Pinto Benegas y Carla Lorena Mercado Román de fs. 912 a 929.

La supuesta falta de legitimación procesal reclamada por los recurrentes ha merecido pronunciamiento expreso por parte de la juez A quo, así como también del Tribunal Ad quem, debido a que la excepción previa de impersonería y falta de legitimación procesal fue resuelto el 30 de octubre de 2014 de fs. 234 a 237. No siendo evidente que no haya pronunciamiento de falta de legitimación procesal la cual ya ha sido resuelta.

La supuesta falta de omisión valorativa en Sentencia y Auto de Vista no fue RECLAMADO oportunamente por los recurrentes, quienes han consentido y convalidado los supuestos defectos que reclaman en su recurso de casación de forma. Además debió ser planteada mediante explicación, complementación y enmienda.

El recurso de casación en el fondo no cumple con los requisitos de procedencia determinados en el art. 274.I de la Ley Nº 439, ya que se efectúa una relación de pruebas, normas jurídicas, Sentencias Constitucionales y Autos Supremos, no explicando de manera clara, precisa y razonada en qué consiste la violación o interpretación errónea de los arts. 945, 946 y 453 a 454 del Código Civil, no específica cómo debería haberse aplicado correctamente. Por lo que deberá emitir una resolución en forma prevista por el art. 277.I y 220.I núm. 4 de Código Procesal Civil.

No se precisa y fundamenta en el recurso de casación en el fondo el supuesto error de hecho y derecho en las pruebas.

Las excepciones de cosa juzgada, transacción, conciliación y desistimiento del derecho al momento de su interposición no cumplieron con los requisitos de admisibilidad determinados en los arts. 340 núm. 2 y 3 del Código de Procedimiento Civil abrogado. Además las pruebas son fotocopias que no tienen valor probatorio en sentencia.

Petitorio.

Solicitó decretar la improcedencia de recurso o declarar infundado la casación en la forma y el fondo.

De los fundamentos del Tribunal de Garantías.

La resolución del Tribunal de Garantías que deja sin efecto el Auto Supremo Nº 993/2018 de 5 de octubre, se base en tres puntos, el primero señala “…la conclusión debe estar sustentada y fundamentada en una valoración probatoria integral y no sesgada; de la lectura de la resolución emitida por los accionantes se establece que por parte hace mención: "por lo que se llega inferir… una resolución de una naturaleza dentro de un juicio de puro derecho, como es la casación, no puede llegar a inferir sino que tiene que llegar a tener conclusiones firmes, solventes y sustentables…”; segundo respecto al contexto del Auto Supremo en el fondo, refiriéndose a una errónea valoración de la documentación, vulnerando el debido proceso en su falta de fundamentación y motivación; por último el tercer punto observa el contenido principal del Auto Supremo es la existencia de un ilícito que no está debidamente ejecutoriado, argumentando que el proceso de anulabilidad ha sido probado el vicio de consentimiento por haber realizado tal disposición patrimonial en celdas del DP-8; aspecto que no fue valorado por la A quo y el Ad quem, valoración probatoria que no le compete a la Sala Civil de Tribunal Supremo Justicia, cometiendo incongruencia y violación al principio de legalidad; haciendo mención de la Sentencia Constitucional Nº 410/2012 de 27 de marzo “en ese orden si bien es cierto que la jurisdiccional constitucional debe de respetar el ámbito de las atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria”.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Confirmación tácita de documento anulable. 

Sobre la confirmación de un contrato anulable el art. 558 del Código Civil, señala: I. La parte a quien la ley de confiere la facultada de demandar la anulación, puede confirmar el contrato”.

Al respecto Carlos Morales Guillén afirma: “Son confirmables, los contratos mencionados o aludidos en el art. 554, y quienes pueden convalidar o confirmar los contratos anulables son aquellos que tiene la acción de invalidarlos o, en otros términos, quien no puede pedir la anulabilidad de lo convenido, carece de títulos para otorgar la validez. Y de este principio, puede derivarse diversas consecuencias. Por ejemplo, en el caso del art. 548, o en el art. 438, II9 excepciones oponibles por el deudor solidario- la confirmación no necesita el concurso de aquéllos de los contratantes a quienes no correspondiese ejercitar la acción de nulidad.

La convalidación o confirmación hace inimpugnable el negocio anulable y definitivo los efectos que el mismo, no obstante su anulabilidad, haya producido. La confirmación, puede ser expresa: debe contener la mención del acto y del motivo de su anulabilidad y la declaración de que mediante el acto de confirmación se le quiere convalidar. Puede ser también tácita, por aplicación del art. 453, cuando concurre ejecución voluntaria, siempre que sea emprendida por la persona interesada, ya capaz, que tenía conocimiento de la existencia del vicio de anulabilidad.

(…) La enmienda trata de ajustar la formulación del art., en mejor forma, a la de su fuente, el art. 1444 del CC, it., aunque al parágrafo II (ejecución voluntaria), le falta la condición que haga válida la confirmación: el hecho de que se conoce el motivo o causa de la anulabilidad. Por lo demás las reglas y efectos de la confirmación están dadas con precisión en los arts. 1311 a 1316 y, particularmente, en los arts. 1315 y 1316 sobre los extremos adicionados a los parágrafos I y II, lo que hace casi inútil la modificación de este art”.

Por su parte, María A. Pizza Bilbao en su obra TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS, Edit. Omeba, Cochabamba: 2004, pág. 271, sobre la confirmación afirma que: “Negocio jurídico unilateral, por el que la parte beneficiada con la acción de anulación, en forma voluntaria, renuncia hacer uso de la misma, dando lugar a que desaparezcan los vicios de los que adolecía el contrato. Para que prospere la confirmación de contrato este debe ser anulable, no nulo y debe existir expresión de voluntad del beneficiado de sanar el contrato”.

Respecto a la confirmación tácita, Gonzalo Meza Mauricio, citando a Anibal Torres Vásquez explica: “La confirmación tácita resulta de la ejecución voluntaria del acto anulable o de la existencia de hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad, realizados por el titular de la acción, con conocimiento de la causa de anulabilidad y habiendo ésta cesado” “El Negocio Jurídico Manual Teórico-Práctico”, Ed. Alegre, Lima: 2003, p. 451).

III.2. Sobre la verdad material.

El Tribunal Constitucional de Bolivia en la SC Nº 1888/2011-R de 7 de noviembre, señalado: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor supremo justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de “verdad material”, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional.

De este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos”

III.3. Respecto a los alcances de la transacción.

El art. 945 del Código Civil señala: “(Noción). I. La transacción es un contrato por el cual mediante concesiones recíprocas se dirimen derechos de cualquier clase ya para que se cumplan o reconozcan, ya para poner término a litigios comenzados o por comenzar, siempre que no esté prohibido por ley. II. Se sobreentiende que la transacción está restringida a la cosa u objeto materia de ella, por generales que sean sus términos”.

Por otro lado, se hace referencia al art. 947 del Código Civil, que ha previsto lo siguiente: “Se puede transigir sobre el interés civil que resulta de un delito”. Es decir que es factible suscribir transacciones en materia penal entre la víctima e imputado para la reparación de los daños y perjuicios emergentes de la comisión de delitos que se pueden efectuar durante el desarrollo del proceso penal o en la ejecución de Sentencia.

Asimismo, el art. 949 del mismo sustantivo civil, refiere: “(Efectos de cosa juzgada). Las transacciones, siempre que sean válidas, tienen entre las partes y sus sucesores los efectos de la cosa juzgada”.

Por su parte, el art. 950 del Código Civil, dispone: “(Error de hecho y de derecho). Es anulable la transacción por error de hecho o de derecho, si el error, en uno u otro caso, no es relativo a las cuestiones que han sido ya objeto de controversia entre las partes”.

Carlos Morales Guillen, en su obra CÓDIGO CIVIL ANOTADO Y CONCORDADO, al realizar el comentario del art. 950 del Código Civil refiere: “Este art. es una aplicación, para el caso particular de la transacción, de la regla del art. 473, que niega validez al consentimiento dado por error, violencia o dolo”.

En el Auto Supremo Nº 75/2016 de 4 de febrero, se ha concretado lo siguiente: “…en la causa si bien se ha presentado el documento de 9 de junio de 2012, que suscribieron las partes, empero, en el caso presente no se discute el contenido o la finalidad del mismo, sino que el consentimiento de la actora habría estado viciado a momento de la suscripción del mismo; aspecto que fue el punto central del debate en la litis, para determinar la anulabilidad del documento en cuestión; por lo que los artículos citados por los recurrentes no tienen incidencia en el fondo de la Resolución recurrida y menos se observa el error de hecho y de derecho al que hacen referencia los recurrentes”.

Sobre lo anterior, en el Auto Supremo Nº 464/2016 de 11 de mayo, se ha razonado lo siguiente: “…los efectos del acuerdo transaccional únicamente alcanzan sobre temas o conflictos específicos, generados de aquella, esto con la finalidad de evitar su errada utilización o negación de derechos o acceso a la justicia, bajo una dudosa interpretación de transacciones genéricas, es por dicho motivo que dentro de las reglas de su interpretación o sus alcances avocan simplemente a los temas inherentes a la misma y no a otros no relacionados…”, criterio que se encuentra sustentado en el Principio General de Derecho: “Transactio quaecunque fit, de his tantum, de quibus inter convenientes placuit, interposita creditur”, que significa: La transacción, de cualquiera manera que sea, se ha de considerar realizada solamente sobre aquellas cosas que acordaron los contrayentes (Digesto, ley 9, tít. 15 lib. 2 Cit. Scaevola)”.

III.4. De la congruencia en las resoluciones.

Este Tribunal Supremo de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, orientada a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado, asimismo, el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

III.5. Del recurso de casación y su naturaleza.

La uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que este Supremo Tribunal de Justicia comparte criterio, a través de sus diversos fallos entre ellos, los Autos Supremos Nros. 343/2012 y 321/2015-L, ha señalado que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Tribunal de casación revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación, es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley debiendo este Tribunal circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

La casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Cabe aclarar que el Tribunal de Garantías dejo sin efecto el Auto Supremo Nº 993/2018 de 5 de octubre de fs. 951 a 960, basándose en tres puntos inherentes a la respuesta del recurso de casación en el fondo por lo que corresponde ser más incisivos en los mismos.

FORMA.

1. La parte demandada sostiene ausencia de fundamentación y falta de pronunciamiento con relación a los arts. 4, 5, 213 núm. 2, 3 y 4 y 218 de la Ley Nº 439, en el Auto de Vista, sin tomar en cuenta los alcances del art. 145 del Código Procesal Civil, limitándose en señalar los elementos necesarios y omitiendo motivar. Además indican que la existencia de prueba de descargo ofrecida y producida enerva la pretensión de anulabilidad de la transacción de 12 de abril de 2014, y por consiguiente, la transferencia de vehículos e inmueble fue contundente y que de acuerdo al Auto de Vista los derechos de defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso de los recurrentes fueron vulnerados, al no tomar en cuenta que el 16 de abril de 2014, el demandante solicitó la extinción penal por reparación integral del daño económico dentro el proceso penal Nº 2236/2013 y que por Auto de Vista de 20 de marzo de 2015, dictado por la Sala Penal Primera se confirmó la resolución de extinción de la acción penal por reparación del daño económico a favor del demandante, literal adjunta en copia legalizada con la que demuestra que no concurren los llamados vicios del consentimiento.

Respecto al agravio planteado cabe señalar que el recurrente efectúa una relación genérica sobre la falta de fundamentación evidenciándose de la revisión del Auto de Vista que ha cumplido con el debido proceso en cuanto a la estructura de la resolución conforme describe el art. 218 del Código Procesal Civil, ya que el Auto de Vista se circunscribe a los agravios planteados y no como la Sentencia tiene que tomar cuenta los actos jurídicos efectuados conforme a procedimiento dentro del principio dispositivo que rige la materia.

En cuanto a la excepción de la falta de legitimación activa procesal planteada por la parte demandada cursante a fs. 153 a 159, establece que fue resuelta por la Juez con el Auto de fs. 234 a 237, declarando improbada la referida excepción. Notificados los excepcionistas no plantearon apelación dando lugar a la preclusión de su derecho a impugnar, tal cual indica el art. 16.II de la Ley del Órgano Judicial, por lo que no se advierte indefensión reclamada por la parte demandada.

Por otro lado sobre el punto de hecho a probar para la parte demandada, que los recurrentes reclaman indicando que no se resolvió en la Sentencia, tomando en cuenta que se ya se solucionó en la excepción de la falta de legitimidad activa es innecesario tratar el mismo asunto en la Sentencia cuando ya fue tratado mediante la excepción, se infiere que no se ha provocado perjuicio a la parte demandada.

Por otra parte, se ha verificado que César Rodrigo Pinto Banegas, suscribió el documento de transacción de 12 de abril de 2014, donde cede su bien inmueble a los demandados, cuando dicho bien fue vendido a Leonardo Bánzer Durán y Shirley Scarleth Landivar Romero, que fue devuelto al actor mediante el documento de resolución de compra venta de bien inmueble de 15 de agosto de 2013, con reconocimiento de firmas de  20 de agosto de 2014 de fs. 164 a 165; venta que no se publicita en el registro de Derecho Reales para ser oponible a terceros como se verifica por la matrícula de fs. 162 y el formulario de información rápida de Derechos Reales de fs. 27, en ese entendimiento el demandante César Rodrigo Pinto Banegas mantiene la legitimidad activa para proseguir el proceso de anulabilidad respecto a la propiedad del inmueble, por lo que el Auto de Vista, en cuanto a la excepción de legitimación, ha obrado conforme a derecho. 

La falta de valoración de las pruebas de descargo acusada por la parte demandada, conlleva un aspecto de fondo, por lo que el mismo será resuelto al considerar los agravios de fondo.

2. Alegaron que el Auto de Vista es una resolución citra petita (silencio omisivo), vulnerando los arts. 213 núm. 3 y 4 y 218.I del Código Procesal Civil, omitiendo el Tribunal Ad quem pronunciarse sobre la falta de valoración de todos los medios probatorios, es decir de manera individualizada tal cual exige el art. 145 de la Ley Nº 439. Además indican que el razonamiento del Auto de Vista lesiona el derecho al debido proceso y el deber de motivación plasmado en los arts. 1 núm. 16, 4, 213 núm. 3, 4 y 218.I del Código Procesal Civil, que debió pronunciarse de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre aspectos reclamados. El Ad quem se pronuncia sobre la existencia del contrato de transporte verbal, entre otros extremos, que no fueron objeto de la pretensión principal ni de la reconvención tornando una resolución lesiva al debido proceso, a la defensa, principio de certeza y seguridad jurídica.

Siendo que el reclamo tiende al análisis sobre el fondo de la causa, la misma se considerará en los agravios de fondo que son conducentes a definir el mérito del debate.

Sobre la verdad material es un tema de fondo porque a través del cotejo de las pruebas arrimadas al proceso se han definido tanto en primera como segunda instancia sobre las pretensiones de las partes.

En cuanto la estructura formal establecida en los arts. 213.II núm. 3 y 4 y 218.I del Código Procesal Civil, en el que Ad quem en el considerando III en su punto III.2 del Auto de Vista señaló “…la autoridad judicial cuanta con los elementos necesarios para fundar sentencia, adquiridos a través de los medios de prueba aportados por las partes con relación de pertinencia a la materia del juicio, lo que se conoce como la formación de la convicción basada y como resultado de la prueba, la que discernida permite prescindir de determinada prueba que no sea conducente al acto de averiguación de los hechos de pretensión, y que debe ser esta producida cumpliendo los principios de publicidad y contradicción, cumpliendo el debido proceso en el derecho de la prueba como otra de las dimensiones de derecho de defensa..”, otro punto de la resolución de alzada que argumenta sobre la valoración probatoria indicando “…en cuanto al resto de las pruebas presentadas por los demandados demuestran de manera clara y evidente que la suscripción de los documentos de transferencia y del documento transaccional a favor de los demandados, fue  a consecuencia del estado de privación de libertas en el que se encontraba el demandante…”, de esos contextos es evidente el  cumplimiento con la distribución indicada en la norma, debido a su claro entendimiento en los puntos reclamados en el recurso de apelación, del análisis efectuado del Auto de Vista no se advierte lesión desde el punto de vista formal en lo pertinente al debido proceso y la motivación, por lo que no se ha advertido irregularidad procesal, deviniendo por infundado los reclamos de forma.

FONDO.

1. En cuanto a la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, debido a que la Sentencia es una resolución citra petita, inmotivada, infundada, incongruente, en las que acusan errores de hecho y derecho en la apreciación de la prueba de descargo, en las que se debió aplicar reglas de la sana crítica conforme a los arts. 134 y 145 del Código Procesal Civil y 1286 del Código Civil, al haberse beneficiado el actor con la extinción de la acción penal.

Del análisis realizado por el Tribunal de Garantías en su resolución que dejo sin efecto el Auto Supremo Nº 993/2018 de 5 de octubre, basa su argumento que la fundamentación principal de la resolución suprema es debido a la existencia de un ilícito y que no está debidamente ejecutoriado, siendo que en el proceso de anulabilidad ha sido probado el vicio de consentimiento por haber realizado tal disposición patrimonial en celdas del DP-8; aspecto valorado por la A quo y el Ad quem, valoración probatoria que no le compete a la Sala Civil de Tribunal Supremo Justicia, cometiendo incongruencia y violación al principio de legalidad; haciendo mención de la Sentencia Constitucional Nº 410/2012 de 27 de marzo “en ese orden si bien es cierto que la jurisdiccional constitucional debe de respetar el ámbito de las atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria”.

En este punto el Tribunal de Garantías refiere que este Tribunal de casación no le compete analizar la valoración  probatoria de la Sentencia y el Auto de Vista, antes del estudio del fondo corresponde aclarar si este máximo Tribunal de Justicia tiene la facultad de valorar las pruebas o la actividad probatoria desplegada por los de instancia.

Para entrar al fondo del debate y por lo expuesto por el Tribunal de Garantías es necesario precisar los alcances del art. 271.I del Código Procesal Civil, es una norma básica y de carácter orientativa para el uso de una adecuada habilidad recursiva al momento interponer del recurso de casación, pues la referida normativa es clara al expresar: “I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.”.

En cuanto, al tema de la apreciación de las pruebas este Tribunal a través de su vasta jurisprudencia ha delineado que -es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley1,- entendimiento asumido bajo la óptica procesal, que al ser el recurso de casación asimilable o catalogado como una demanda de puro derecho por su función nomofiláctica se veía limitado y no podía inmiscuirse en la actividad o valoración probatoria, como si fuese un tribunal de hecho, no obstante el carácter evolutivo y progresivo de la Ley y la Jurisprudencia han reconocido la función dikelógica de este recurso, que actualmente encuentra su apoyo en el principio de verdad material emanado por la Constitución Política del Estado y por el efecto irradiador del que ella emana es aplicable en un correcto control de constitucionalidad a todos los cuerpos legales normativos, todo este antecedente alumbro la posibilidad que este Máximo Tribunal de Justicia, efectué, realice y analice actividad probatoria, pero no de forma independiente sino que esa actividad debe ser desplegada acorde a los parámetros expuestos en la norma (art. 271 CPC), o sea en los casos donde las autoridades de grado al momento de valorar o apreciar las pruebas -hubieran incurrido en error de derecho o error de hecho-, correspondiendo un estudio diferenciador de cada una, porque si bien ambas están enfocadas al tema probatorio, no obstante poseen un alcance totalmente disímil.

Cuando hablamos de error de derecho, alguno autores expresaron, que : “es el yerro del juez en el momento de la apreciación de las pruebas, es decir, cuando dándoles por existentes en el proceso, pasa a valorarlas, y en esta actividad interpreta desacertadamente las normas legales2”, debemos entender que el juzgador ha cometido un yerro, pero desde el punto de vista formal o legal al momento de analizar la prueba, o sea cuando asigna un estatus jurídico que no le correspondía o caso contrario no le consigno el mérito probatorio que le asigna la Ley, en términos más claros el error de derecho puede ser invocado cuando al momento de otorgar el respectivo valor probatorio los Jueces de instancia, confirieron uno diferente o desconocieron el determinado por Ley, por ejemplo, cuando se desconoce el valor probatorio a una confesión provocada u otorgarle un valor probatorio totalmente distinto.

Siguiendo el estudio de este punto, no está demás referir que nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, pues en su articulo 145.II del C.P.C., describe que: “Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana critica o prudente criterio…”, deduciendo de ello que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el Juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios(conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Extremo que tampoco desplaza al sistema de valoración de prueba legal o tasada, que se encuentra aún vigente en la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.II), cuando esta dice “…salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta”.3

Ahora el error de derecho en la valoración probatoria, según doctrina se -caracteriza por un inadecuado manejo de los hecho del proceso, o no haberlos fijado correctamente por haberse valorado inadecuadamente el elemento probatorio4-, en este tema a diferencia del error de derecho, ya no se analiza el tema subjetivo o formal, sino el tema fáctico, es decir, se aprecia el contenido del medio probatorio para determinar si la autoridad ha reflejado su real contenido, o a contrario sensu en su actividad intelectiva valorativa se equivoca trascendentalmente como ser da por probado un hecho que no surge del medio probatorio en cuestión, o cuando suprime u omite partes de su contenido.

Bajo esa argumentación este Tribunal de casación está facultado a revisar la apreciación de la pruebas cuando se hubiera incurrido en error de derecho y de hecho en este caso procede la casación ya sea por omisión o excesos mediante documentos o actos auténticos, aclarando que cuando el veredicto judicial es resuelto contra o con prescindencia de las pruebas fehacientemente presentadas en el proceso, o se funda en pruebas que no constatan directamente en el causa, también es casable la resolución impugnada cuando el fallo se aparta de la sana critica en la apreciación de los hechos y pruebas, es decir cuando la Sentencia y el Auto de Vista interpretan arbitrariamente los elementos probatorios producidos en la causa, o se basan en una errónea apreciación del presupuesto fáctico, no considerando las reglas de la lógica y de la experiencia.

De todos esos parámetros nos permite concluir que la norma faculta valorar la prueba cuando se acuse error de hecho y derecho, no resultando correcta lo argumentado por el Tribunal de Garantías al referir que no se puede realizar argumentos por demás alegados de la normativa procesal de la CPE, establecida esa posibilidad corresponde el estudio del fondo del proceso.

Antes de abordar los dos tópicos del recurso de casación que son referentes al error de hecho y de derecho, corresponde describir los hechos relevantes en la presente causa:

a) En el mes de octubre del año 2011, César Rodrigo Pinto Banegas ofreció sus servicios de transporte, desaduanización y entrega a domicilio de mercadería consistente en electrodomésticos, computadoras, tablet, vitaminas, equipos de gimnasio y otros, importados desde Miami (Estados Unidos) a Santa Cruz de la Sierra de propiedad de Svominir Mileta Tarabillo, David Paz Borda, Juan Carlos Suárez Orozco y Juan Marcelo Ulunque Anturiano, para ello el demandante, tomó los servicios de la Empresa SEICOMEX, la cual declaró el valor de $us.12.779,50 para efectos impositivos de importación, ocasionando que la Aduana decomise la mercadería que fue valuada en $us.313.840, en consecuencia, el actor no cumplió con el servicio ofrecido, iniciando proceso penal correspondiente como consta de fs. 24 a 29.

b) Derivado de este hecho Svonimir Mileta Tarabillo, David Paz Borda, Juan Carlos Suárez Orozco y Juan Marcelo Ulunque Anturiano, presentan denuncia ante el Ministerio Público el 18 de diciembre de 2013, en contra de César Rodrigo Pinto Banegas, Marcela Aguilera Pizarro y Ana María Escalante de Aguilera, por el delito de estafa agravada y asociación delictuosa, cursante de fs. 24 a 29, investigación en la cual la Fiscal emite mandamiento de aprehensión el 2 de abril de 2014, contra César Rodrigo Pinto Banegas, que fue efectivizado el 8 de abril de 2014 e imputado en la misma fecha por los delitos descritos de fs. 32 a 34.

La audiencia de aplicación de medidas cautelares se lleva a cabo el 9 de abril de 2014 de fs. 38 a 49 vta., determinándose la detención preventiva del imputado César Rodrigo Pinto Banegas.

Estando privado de su libertad, el demandante, en fecha 12 de abril de 2014, en el módulo policial DP-8 “Los Tusequis”, firma un acuerdo transaccional con Svonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, Juan Marcelo Ulunque Anturiano y David Paz Borda, donde se reconoce la suma de $us.140.000 como concepto de reparación de daños y perjuicios, reparación del daño patrimonial emergente del proceso penal de estafa agravada, comprometiéndose estos a suscribir el desistimiento del proceso penal, que cursa de fs. 55 a 58. El inmueble objeto de la transacción averiguado por las víctimas del proceso penal, estaba transferida a otra persona y luego el actor en fecha 20 de agosto de 2014, efectúa el reconocimiento de firmas del documento de resolución de Escritura Pública de compra venta de inmueble de fecha 15 de agosto de 2013 de fs. 197 a 199 foliación color rojo.

También consta que los demandados y el actor suscribieron el memorial de 12 de abril de 2014 de fs. 53 a 54, relativo al desistimiento haciendo conocer a la Fiscal la reparación integral del daño, indicando que: “…en nuestra calidad de denunciantes y querellantes presentamos desistimiento a favor del señor César Rodrigo Pinto Banegas conforme las previsiones del art. 292 última parte del Código de Procedimiento Penal con relación al art. 27 núm. 6) (Reparación integral del daño)… renunciando a cualesquier acción penal, civil, administrativa o de cualquier otra índole que nos pudiere corresponder…”. Posteriormente se celebra la audiencia de cesación a la detención preventiva en fecha 14 de abril de 2014.

Dos días después de lograr su libertad el imputado, el 16 de abril de 2014, formula excepción de extinción de la acción por reparación integral de daño en memorial dirigido al Juez Noveno Instructor en lo Penal (fs. 357 a 358) haciendo valer el documento transacción de 12 de abril de 2014.

El Juez Instructor en materia Penal, emite el Auto de 10 de septiembre de 2014, declarando probada la excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño con base al documento transaccional de 12 de abril de 2014, que fue apelada por Zvonimir Mileta Tarabillo y otros. Recurso que fue resuelto mediante el Auto de Vista de 20 de mayo de 2015, cursante de fs. 480 a 482 foliación de color rojo, que declara admisible e improcedente la apelación incidental.

Mediante un amparo constitucional incoado por Zvonimir Mileta Tarabillo de fs. 718 a 727 foliación parte inferior, contra los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y ex Juez Décimo de Instrucción en lo Penal se lleva a cabo el 12 de enero de 2016, los vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, determinaron conceder la tutela dejando sin efecto el Auto de 10 de septiembre de 2014, dictado por el Juez Décimo de Instrucción en Materia Penal y el Auto de Vista de 20 de marzo de 2015, emitida por la Sala Penal Primera.

En esa audiencia el imputado César Rodrigo Pinto Banegas, indicó a través de su abogado, lo siguiente: “… porque han desistido de la acción han abandonado la acción y el desistimiento no es un simple documento es una institución jurídica porque es una forma anonado de la conclusión del proceso pero es una forma en la cual el que denuncia o la víctima o cualquiera de las partes que este denunciando pierde de forma definitiva y no puede reclamar nada (…) primeramente un desistimiento y luego un convenio transaccional el desistimiento mata la acción penal y los aleja totalmente de la acción penal…” (fs. 722 vta.).

En revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0509/2016 S1 de 9 de mayo, determinó revocar la resolución emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por lo que con dicha resolución el Auto de Vista de la Sala Penal Primera queda incólume la excepción de reparación integral de daño.

En base a lo detallado se tiene que en el proceso penal, el imputado ha sido detenido preventivamente conforme a la decisión judicial, momento en el cual suscribió un contrato de transacción de reparación de daños y perjuicios como la reparación del daño patrimonial emergente del proceso penal de estafa agravada, tomando en cuenta que el negocio de transporte y desaduanización de mercadería fue incumplido, ya que la mercadería decomisada en dependencias de la Aduana Nacional, derivó en un proceso penal aduanero en contra de la Empresa SEICOMEX por delitos de contrabando y falsificación de la factura de $us.12.779,50.

Por lo que se llega a inferir, que el demandante (imputado) hizo uso del acuerdo transaccional de manera voluntaria en fecha 12 de abril de 2014, en primer lugar para beneficiarse con su libertad en una audiencia de cesación a la detención preventiva. En segundo lugar para lograr el desistimiento de la acción penal por los querellantes, documento que en su cláusula cuarta, se comprometen a desistir de la acción penal que fue ratificada ante el Juez de Instrucción Penal y la Fiscal asignada al caso. En tercer lugar, el imputado plantea el 16 de abril de 2014, la excepción de extinción de la acción por reparación integral de daño con base al documento transaccional de 12 de abril de 2014, que fue declarada probada, llegando inclusive las víctimas del proceso penal (ahora demandados) a plantear Amparo Constitucional que finalmente, en cuya audiencia tutelar el actor hizo valer el referido acuerdo transaccional.

Estos actos realizados por el imputado en la vía penal una vez lograda la suscripción del acuerdo transaccional, que si bien estuvo viciado de anulabilidad por ser suscrito para obtener su libertad, denotan que se generó una confirmación tácita de la validez del documento, conforme se ha desarrollado por la doctrina en el punto III.1, ya que en base al mismo solicita cesación a la detención preventiva, posteriormente presentó memorial solicitando excepción de extinción de la acción por reparación integral de daño y luego de ello enfrentó la acción de amparo constitucional con la referida transacción.

También se considera que la Confesión provocada de fs. 703 y vta. (foliación inferior color rojo) a las preguntas 10 a 11 (fs. 702) relativo al desistimiento y acuerdo transaccional para solicitar la extinción de proceso, el emplazado (actor) contestó afirmativamente. Existiendo una conducta ambivalente del demandante César Rodrigo Pinto Banegas, en la presente causa plantea la anulabilidad del documento transaccional y mientras que en la vía penal formula la extinción de la acción penal por reparación del daño integral aceptando que se ha ocasionado daños y perjuicios a cuatro personas afectadas, con la no entrega de la mercadería.

El art. 1315 del Código Civil, indica: “(Ejecución voluntaria o confirmación tácita). A falta de documento confirmatorio basta el cumplimiento voluntario de la obligación en la época en que la confirmación podría ser hecha”. Por lo que los contratos anulables pueden ser convalidados o confirmados, en conformidad a la doctrina se tienen dos tipos de confirmación que puede ser expresa o tácita, la primera debe contener la mención del acto y del motivo de su anulabilidad y la declaración de que mediante el acto de confirmación se le quiere convalidar, y la segunda aplicable al caso, por aplicación del citado art. 1315 del Código Civil, cuando concurre la ejecución voluntaria siempre que sea emprendida por la persona interesada, ya capaz, que tenía conocimiento de la existencia del vicio de anulabilidad conforme señala el art. 558.I del sustantivo civil.  

En el análisis de la causa se han efectuado la valoración de la prueba producida dentro el proceso penal de los cuales se han citado las piezas procesales supra, y se ha aplicado la regla de la sana crítica conforme señala el art. 1286 del Código Civil, consistente en la aplicación de las reglas de la lógica como las reglas de la experiencia del Juez, definiendo al A quo decidir conforme a la sana crítica, no siendo libre de razonas a voluntad discrecionalmente, arbitrariamente. Para precisar los hechos en la presente causa se ha tomado en cuenta las pruebas del proceso penal consistentes en literales de fotocopias simples y legalizadas de actuados conforme indica el art. 1311 del Código Civil, que fueron cotejados uno a uno para que se tenga mayor precisión en la valoración de la prueba que han servido para tener la certeza y la convicción suficiente para definir la presente causa. Por lo que se constata que el Ad quem efectuó el análisis del elenco probatorio presentado por las partes a lo largo de proceso, dando como resultado de casar el Auto de Vista.

Por la confirmación, el acto anulable queda desde el momento de la convalidación plenamente perfecto y válido, tanto para la otra parte del negocio cuanto para los terceros que de éste adquieran la cosa o el derecho objeto del acto anulable.

Sobre este tema el Tribunal de Garantías en su respectiva resolución de 7 de enero de 2019, observó la cita de la documentación que sostiene estos argumentos expuestos como sus elementos haciendo referencia, vulneración del debido proceso por falta de fundamentación y motivación, correspondiendo dicho análisis.

De acuerdo a lo esbozado en el acápite III.4, debe entenderse a la congruencia externa como la relación entre lo demandado y lo resuelto por la Autoridad Jurisdiccional, ya que el Juzgador no puede considerar aspectos ajenos a la controversia, debiendo limitar su consideración y análisis a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes en apego al principio dispositivo caso contrario la resolución peca de ser incongruente, con la aclaración que esa congruencia no implica otorgar o conceder todo lo solicitado por las partes sino que la concesión de la pretensión, responderá a una verdad material, es decir, que será otorgada en la medida que sea demostrada por las partes durante la sustanciación del proceso acorde al principio de verdad material que acrediten las pruebas.

En base a esos parámetros sobre la errónea valoración de la documentación antes citada se tiene que de tales argumentos a efectos de aclarar son antecedentes que llevan a la presente resolución entrar a resolver el fondo de la causa, con la finalidad de demostrar la verdad material de los hechos, lo cual está expuesto en el presente Auto Supremo, indicando los hechos que llevan a cómo se generó el acuerdo transaccional, dentro el proceso penal por el delito de estafa, así como la confirmación tácita respecto a la suscripción del contrato entre el demandante (imputado) con los demandados (víctimas o querellantes), haciendo válido dicho convenio con la presentación de la excepción de extinción de la acción por reparación integral del daño por la parte actora, evidenciándose tales actuados y literales en cuaderno jurisdiccional, por lo que no se tendría evidente una errónea valoración de la documentación, pues es la cita de antecedentes que ofrecen los litigantes para acreditar lo acontecido.

En lo argumentado por resolución del Tribunal de Garantías, de 7 enero de 2019 de fs. 978 a 981, señaló“…la lectura de la resolución emitida por los accionantes se establece que por parte hace mención: "por lo que se llega inferir… una resolución de una naturaleza dentro de un juicio de puro derecho, como es la casación, no puede llegar a inferir sino que tiene que llegar a tener conclusiones firmes, solventes y sustentables…”, de ese contexto el Tribunal de Garantías observa el termino de “infiere”, sin embargo de lo expuesto supra, se tiene claro que al hacer del mismo de todo el contexto solo usa con el fin de concluir y aseverar una idea como ser la prueba adjuntada a la tramitación del proceso penal, gestiones realizadas por el imputado (ahora demandante), demostrando por prueba adjuntada el hecho de un ilícito cometido por el actor donde los actuales demandados realizaron una denuncia penal contra el actual demandante, que llego a firmar un acuerdo transaccional para la reparación del daño causado debido a la pérdida de la mercadería, posteriormente conseguir el desistimiento por parte de los querellantes (demandados), a su vez se celebró la audiencia de cesación a la detención preventiva y por ultimo este denunciado solicita la excepción de la extinción por la reparación integral del daño, que lleva a confirmar tal acuerdo transaccional para su propio beneficio, obteniendo la libertad pretendida en ese momento dentro el proceso penal en el que era imputado por el delito de estafa, por lo que se llegó a establecer la verdad material en la presente.

2. Con relación al error de hecho y derecho ya que la Sentencia solo valoró el documento privado de transacción de 12 de abril de 2014 (ofrecido por ambas partes) y la prueba de cargo.

Las pruebas de descargo que se refieren a los actos posteriores a la suscripción del documento de transacción evidentemente no fueron asimiladas conforme su contenido denotando que el actor presentó memorial solicitando la excepción de extinción de la acción penal por reparación del daño integral y otros actuados procesales como el Auto del Juez de instrucción penal y el Auto de Vista de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, que dan cuenta de la procedencia de la solicitud de extinción de la acción penal y finalmente las versiones del imputado a través de su abogado donde insiste haber finalizado el caso a través del desistimiento contenido en el documento de transacción en el momento de hacer uso de la palabra como tercero interesado en la acción de amparo constitucional, analizados con el fundamento del punto anterior.

Corresponde indicar que evidentemente el contrato de transacción cumple con los requisitos establecidos en los arts. 945 y 947 del Código Civil al ser un documento transaccional resultante de un delito, donde las partes (imputado y víctima) se ponen de acuerdo en saldar la acción civil y es por ello que el imputado cede sus bienes a favor de las víctimas (Svonimir Mileta Tarabillo, Juan Carlos Suárez Orozco, Juan Marcelo Ulunque Anturiano y David Paz Borda), y éstos desisten de la acción penal y al final se detalla la conformidad. Por su parte el imputado logrando su libertad planteó la extinción de la acción por la reparación integral del daño aceptando inclusive su culpabilidad, es por ello, que el Juez instructor en materia penal declaró probado la excepción de extinción de la acción penal por reparación del daño y ratificada por el Auto de Vista, inclusive ha sido tramitada en la vía constitucional contando con Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0509/2016-S1 de 9 de mayo.

Por lo que, el Auto de Vista Nº 016/2017 de 14 agosto, solamente hizo hincapié en el documento anulable por falta de consentimiento y violencia, sin considerar el contenido de las pruebas de descargo existentes para determinar conforme se ha explicado en el punto 1 de los fundamentos de la presente resolución y tomando en cuenta la convalidación voluntaria del contrato anulable que generó la confirmación tácita del contrato de transacción otorgándole la validez y eficacia, que no fue apreciado por Tribunal Ad quem.

Contestación al recurso por César Rodrigo Pinto Benegas y Carla Lorena Mercado Román.

En cuanto a la falta de legitimación procesal, se ha establecido que el demandado cuenta con la legitimidad activa para proseguir la causa conforme se ha efectuado la respuesta al recurrente en el punto concerniente a los fundamentos explanados en la parte que da cuenta de la excepción de falta de legitimidad del demandante, que ha sido resuelta.

Respecto a la omisión valorativa de las pruebas, se ha dado respuesta conforme la explicación efectuada en el punto primero de los fundamentos de la presente resolución, donde se ha efectuado el análisis de las pruebas respectivas otorgándoles el valor que les corresponde especialmente a aquellas que después de la suscripción del contrato de transacción se han producido como la presentación del memorial de excepción de la extinción de la acción penal y las resoluciones que ha dado como  resultado finalmente la extinción de la acción penal. 

En lo pertinente a que el recurso de casación en el fondo no cumple con los requisitos de procedencia determinados en el art. 274.I de la Ley Nº 439, no explica de manera clara, precisa y razonada en qué consiste la violación o interpretación errónea de la ley sustantiva civil que señalan en sus arts. 945, 946 y 453 a 454 del Código Civil y además no específica cómo deberían haberse aplicado correctamente.

Respecto a lo señalado los agravios planteados han cumplido con los requisitos de procedencia del art. 274.I de la Ley Nº 439, ya que se cuenta con el Auto Supremo Nº 1184/2017 RA de 13 de noviembre, cursante de fs. 936 a 937, donde se ha admitido el recurso de casación.

Se hizo la respectiva aclaración sobre el error de hecho y en cuanto al error de derecho al haberse tomado en cuenta los actos procesales desarrollados después de la firma del acuerdo transaccional, efectuando la apreciación y la valoración probatoria para resolver la presente causa que conlleva a casar la determinación del Ad quem.   

Nos remitimos a la explicación efectuada en el primer punto 1 referente al fondo de la presente resolución donde se hizo la explicación exhaustiva con relación sobre el documento de transacción y desistimiento. Respecto a la conciliación no ha sido motivo de debate propuesto en el presente recurso de casación por lo que es innecesario argumentar al respecto.

Consiguientemente aclarar que los reclamos realizados apuntan únicamente sobre la demanda principal sin que haya planteado reclamo alguno de la demanda reconvencional por lo que esta última deberá ser solicitada en el proceso distinto.

En consecuencia, respecto al recurso en el fondo corresponde emitir resolución de acuerdo a lo establecido por el art. 220.IV del referido código.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, se declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en apego del art. 220.IV de la Ley Nº 439, CASA el Auto de Vista Nº 016/2017 de 14 de agosto, cursante de fs. 882 a 887 vta., pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y deliberando en el fondo declara improbada la demanda de anulabilidad.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.





1 Auto Supremo N° 240/2015

2 La Casación Civil, Francisco Velasco Gallo

3 Auto Supremo Nº 497/2019 de 17 de mayo

4 La Casación Civil, pag. 99, Martin Hurtado Reyes