TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 551/2019                                                                

Fecha: 28 de mayo de 2019                                                 

Expediente: CH-80-17-S                                                                                 

Partes: María Paulina Córdova Rojas c/ Pedro Padilla Bellido y

            otros.                              

Proceso: Nulidad de documentos y otros.                               Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 3808 a 3813, 3816 a 3818, 3821 a 3823, 3829 a 3843, interpuestos por Pedro Padilla Bellido, Victoria Serrudo Gonzales por sí  y  en representación de Guillermo Serrano Cervantes y  Rosario  Davalos Serrudo, Ruth Saravia Puma por sí y  en representación de Carlos  Alberto Valda Saravia y  Ana Juana Saravia Puma de Caceres; y, Beatriz  Mamani Vedia, Eusebio Jucumari Limachi por sí y su esposa Serafina Oropeza de Jucumari, Teresa Herrera de Mancilla y Maria Fanny Cesgo Herrera, respectivamente contra el Auto de Vista N° SCCI Nº 0274/2017 de 14 de septiembre, cursante de fs. 3797 a 3803, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso de Nulidad de documento y otros, seguido por Maria Paulina Cordova Rojas contra Pedro padilla Bellido, Victor Hugo Fuertes Enriquez, Graciela Lopez Vela, Ruth Jacinta Saravia, Teresa Herrera Mancilla, Maria Fanny Cesgo Herrera, Agustina Mamani  Salguero, Serafina Oropeza Porcel y otros, la concesión de fs. 3854, el Auto Supremo de Admisión N° 1094/2017-RA de fs. 3881 a 3882, la Resolución de Amparo No. 24/2019 de 29 de marzo,  los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


La Juez Publico Civil y  Comercial Nº 6 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia N° 134/2016 de 10 de noviembre, cursante de fs. 2812 a 2818, declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 93 a 112,  subsanada de fs. 121 a 127, en consecuencia  probada la nulidad de la Escritura Pública Nº 642/“2008” (sic.) de 9 de octubre suscrita entre Gloria  Mercedes Gallardo a favor de Pedro  Padilla Bellido, nula la Escritura Pública No. 10/2008 de 25 de noviembre, ordenando la cancelación de las inscripciones de Derechos Reales de los folios Nros. 1011140000137 y 1011140000195 y  asientos posteriores derivados de las matriculas, asimismo declaro PROBADA EN PARTE la acción reivindicatoria, disponiendo la restitución de los  terrenos señalados a fs. 2771, excluyendo a Agustina Mamani  Salguero, Graciela Lopez, Reme Pandal, los herederos de Eugenio Pandal y Hugo Canaza Chambi, PROBADA la acción negatoria declarando la inexistencia de derechos de los demandados con relación  al inmueble, PROBADOS los daños y perjuicios que serán cuantificados en  ejecución de sentencia  e IMPROBADA la acción de mejor derecho propietario, interpuesto por Maria  Paulina Cordova Rojas.  


Contra la referida Resolución, Maria Paulina Cordova Rojas, Pedro Padilla Bellido, adhesión de Maria  Paulina Cordova Rojas, Beatriz Mamani  Vedia, Teresa Herrera Mancilla, Maria  Fanny Cesgo  Herrera,  Eusebio  Jucumari Limachi y  Serafina Oropeza Porcel, Ruth Jacinta Saravia Puma,  Victoria  Serrudo Gonzales,  Guillermo Serrano Cervantes, Rosario Dávalos Serrudo y Serafina Oropeza Porcel de Jucumari, interpusieron recursos de apelaciones por memoriales cursantes de fs. 2998 a 2990, de fs. 2991 a 2997, de fs. 3074 a 3079 vta., de fs. 3005 a 3014, de fs. 2998 a 3003 vta., de fs. 3016 a 3021 vta. y de fs. 3022 a 3027 vta. respectivamente, resueltos por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quien pronunció el Auto de Vista N° SCCI 0274/2017 de 14 de septiembre, cursante de fs. 3797 a 3803, por el cual CONFIRMÓ la sentencia  impugnada asimismo declaro INADMISIBLES las apelaciones de Pedro Padilla Bellido, Ruth Jacinta Saravia  Puma, Victoria  Serrudo Gonzales, Guillermo Serrano  Cervantes, Rosario Dávalos Serrudo, Serafina Oropeza porcel de Jucumari, y de Beatriz Mamani  Vedia, Teresa Herrera Mancilla, Maria  Fanny Cesgo  Herrrera, Eusebio  Jucumari Limachi  y Serafina  Oropeza Porcel, de fs. 2991 a 2997, 2998 a 3003 vta., de fs. 3016 a 3021 vta., de fs. 3022 a 3027 vta. y de fs. 3005 a 3014, bajo los siguientes argumentos:


Los memoriales de apelación, no contienen la técnica recursiva de impugnación, ya que no cumplirían las previsiones de los  arts. 256 y 261 del Código Procesal Civil, observando que  no contienen el fundamento  necesario  de cómo  les causo agravios la sentencia, señalando  que la sola  invocación  de normas infringidas, no  es suficiente, pues debe  existir  la expresión  la interpretación  y aplicación  correcta  como remedio procesal, sin embargo al amparo de los arts. 24 y 180 de la Constitución Política del Estado, se pronunció  sobre el recurso planteado  sin  ingresar en una incongruencia, es así que procedió referirse sobre las apelaciones:


Acerca de la apelación de María Paulina Córdova Rojas, y su adhesión, indica que el art. 213 de la Ley Nº 439, dispone que la sentencia pone fin al proceso, conforme a las pretensiones demandadas, por lo que el A quo se habría pronunciado de acuerdo a los extremos demandados, sin salir de las pretensiones de la actora, de acuerdo al principio de verdad procesal de acuerdo a lo alegado y probado.


En cuanto a que se declaró improbado el reconocimiento del mejor derecho propietario, manifiesta que en el caso de autos no se acreditó que las partes  hayan adquirido los terrenos del mismo propietario, el cual emergería de diferentes  actos  jurídicos, resultando  inviable esa acción.


Sobre las apelaciones de Pedro Padilla Bellido, Ruth Jacinta Saravia Puma, Victoria Serrudo Gonzales, Guillermo  Serrano  Cervantes,  Rosario  Davalos Serrudo, y Serafina Oropeza Porcel de Jucumari, advierte que la sentencia  se pronunció de acuerdo a lo alegado en calidad de defensa a momento de responder a la demanda, sin que en audiencia preliminar se haya alegado nuevos hechos, tampoco se habría producido pruebas sobre las excepciones menos  resolverse las mismas por no estar opuestas, en consecuencia la excepción perentoria de falta de acción y derecho no existiría  de acuerdo al art. 128 in fine del Código Procesal Civil, y  que solo prevé las previas y a resolverse en  audiencia  preliminar.


Con relación a las apelaciones de Pedro Padilla Bellido, Ruth  Jacinta  Saravia  Puma, Victoria Serrudo Gonzales, Guillermo Serrano Cervantes y Rosario Dávalos  Serrudo y Serafina Oropeza Porcel de Jucumari, no tendrían asidero legal, resulta inviable reclamar en  grado de apelación extremos que indica no fueron  fundados a momento de responder a la demanda ni acudiendo a la vía de la reconvención, concluyendo que no existirá una fundamentación del agravio sufrido por los apelantes con la sentencia, en virtud del art. 213 de la ley Nº 439, asimismo señala que la sentencia se pronunció sobre las causales de nulidad invocadas por la demandante previstas en el art. 549 del Código Civil, y el fundamento de la impugnación debe recaer sobre los hechos, reivindicación, daños y perjuicios omisión  que  provoco  su inadmisibilidad.


Refiere que los apelantes Ruth Jacinta Saravia Puma, Ana Juana Saravia Puma y  Carlos Alberto Saravia, Victoria Serrudo  Gonzales, Guillermo  Serrano  Cervantes y  Rosario Davalos Serrudo, a momento de apersonarse  pidieron  que  se cite  a Pedro Padilla, en su calidad de vendedor, sin  referirse a los puntos apelados  por lo que el A quo no pudo resolver puntos  no  invocados al responder la demanda  deviniendo también en inadmisible dicha apelación.

Con relación a las apelaciones de Beatriz Mamani Vedia, Teresa Herrera Mancilla, Maria Fanny Cesgo Herrera, Eusebio Jucumari Limachi y Serafina Oropeza Porcel, advierte que Beatriz Mamani  Vedia  opuso  citación previa al garante de evicción Víctor Eddy Fuertes Enriquez, Teresa Herrera Mancilla pidió se le excluya del proceso. Y posteriormente pidió se le excluya del proceso a María  Fanny  Cesgo  Herrera por consiguiente las apelaciones contra la sentencia no tendrían  asidero legal ya que no respondieron a la demanda  ni  han reconvenido por otro hecho jurídico e defensa de sus pretensiones, por lo que resultaría ilógico que en apelación invoquen hechos no sustentados al momento de responder, a sabiendas que la sentencia  puso  fin  al litigio  de acuerdo a las pretensiones de la demanda y  las pretensiones de la respuesta o reconvención  de acuerdo al principio de verdad procesal siendo  obligación del juez el fallar de acuerdo a lo alegado  y probado ya  que el juzgador no tenía conocimiento  de los  hechos  que  se alegan en juicio por lo no se pronunció en sentencia.


Respecto a los alegatos de las apelantes, indica que tampoco tendrían asidero legal sobre los hechos expuestos, además de no referirse a las causales de nulidad declaras como probadas, reivindicación, de acuerdo a los arts. 256, 261 de la Ley  Nº 439, resultando  inadmisible.


En cuanto a la citación al garante de evicción, se tiene que fue citado y notificado con la sentencia por edictos. Y después de la readecuación a la demanda, no opusieron la excepción previa establecía en el art. 128.I num. 8) de la Ley Nº 439, por lo que la sentencia se emitido de acuerdo a los datos del proceso, no obstante las obligaciones del vendedor y su responsabilidad fue prevista en los  arts. 624 y 627 del Código Civil a efectos del art. 630 del mismo cuerpo legal.


Sobre la apelación de efecto diferido, observa que no se cumplió con el art. 259 num. 3) de la Ley Nº 439, al no haber fundamentado la impugnación en forma  conjunta con el recurso de apelación en contra de la sentencia, por la que se tuvo por retirada. 


Auto de vista, contra el que Pedro Padilla Bellido, Victoria Serrudo Gonzales por sí y en representación de Guillermo Serrano Cervantes y Rosario Dávalos Serrudo, Ruth Saravia Puma por sí  y en representación de Carlos Alberto Valda Saravia y Ana Juana Saravia Puma de Caceres; y, Beatriz Mamani Vedia,  Eusebio Jucumari Limachi por sí y su esposa Serafina Oropeza de Jucumari, Teresa Herrera de Mancilla y Maria Fanny Cesgo Herrera,  interpusieron recursos de casación por memoriales de fs. 3808 a 3813, 3816 a 3818, 3821 a 3823, 3829 a 3843, que  ahora son objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

II.1. Recurso de casación de Pedro Padilla Bellido.

  1. Refiere que la demandante no cuenta con la capacidad procesal para plantear la nulidad de las Escrituras Públicas N° 642/98 y 10/2008, en merito a que no era parte de ninguna de ellas, por lo que carecería del derecho para ejercer la acción de nulidad al no poseer el interés legítimo que exige el art. 551 del CC.
  2. Señala que la actora en el presente caso pretende la nulidad de dos actos de transmisión, sin haber acreditado su interés legítimo, que le faculte solicitar dicha pretensión, situación que refiere, debió ser observada por el Juez antes de la admisión, ya que esta fue observada por los demandados al contestar y oponer las respectivas excepciones.
  3. Sostiene que la accionante no ha adjuntado documentación idónea que acredite que el inmueble en cuestión, en algún momento haya constituido parte de su patrimonio, incumpliendo el mandato del art. 1283 del CC, en otras palabras no acreditó su interés legítimo para demandar la presente acción.
  4. Indica que conforme lo establecido por el art. 1453 del CC, el legitimado activo para impetrar la acción de reivindicación es el propietario, siendo necesario por ello que se acredite el derecho de propiedad, pues es este derecho el que le permite usar, gozar y disponer de la cosa por imperio del art. 105 de la mencionada ley.
  5. Señala también que en todo el proceso la demandante no ha demostrado su legitimación respecto a los derechos que pretende hacer valer, más aun si se conoce que el titulo ejecutorial del cual pretende valerse fue anulado, haciendo incurrir en error a la autoridad jurisdiccional, generando efectos de dictar sentencia declarando probados ciertos aspectos que legalmente no debieron ser admitidos por la anulación del título ejecutorial.
  6. Acusa errónea apreciación de la prueba y en concreto hace referencia a las documentales de fs. 27 y 2732 que demostraría que la demandante no es hija de Juan Cordova Ramos (del cual deviene su derecho propietario); así como también la prueba de fs. 3718 a 3732 que en mérito al principio de verdad material acreditaría que el titulo ejecutorial al cual hace referencia la demandante ha sido anulado mediante la Resolución Suprema N° 03060 de 12 de mayo de 2010; y finalmente señala que no se ha tomado en cuenta la prueba de fs. 130 a 132 vta., que demuestra que los Sres. Armando Estrada Bersatti, Gloria Mercedes Gallardo y su hija Natalia Estrada Gallardo, reconocen su derecho propietario respecto a las 79.000 has., situación que conllevaría la trasgresión de los arts. 1286, 1287, 1289.I, 1290.I del CC y los arts. 149, 150 y 213.II núm. 3) del CPC.

Solicitando en ese merito, se case el Auto de Vista recurrido y se anule obrados hasta que la demandante demuestre el interés legítimo para incoar su pretensión.  

II.2. Recurso de casación de Victoria Serrudo Gonzales por sí y en representación de Guillermo Serrano Cervantes y Rosario Dávalos Serrudo.

  1. Denuncia que la resolución recurrida, expresa un razonamiento vago y pueril, que no se ajusta a derecho, al referir que la apelación no tiene asidero legal, cuando se ha probado y desvirtuado los hechos y actos que han sido analizados en la sentencia, los cuales han sido claramente expresado en su recurso de apelación con una verdadera expresión de agravios.
  2. Señala que la acción de nulidad resulta incongruente, porque la demandante no tiene la capacidad procesal que exige el art. 551 del CC, toda vez que ella no fue parte de ninguna de las escrituras públicas cuestionadas, aspecto que refiere, no fue analizado ni valorado por el Tribunal de alzada que no emitió ningún pronunciamiento respecto al interés legítimo de la actora.
  3. Finalmente refiere que la parte actora no ha demostrado la legitimación de sus derechos para pretender validar el presente proceso, más aun cuando se conoce que el Titulo Ejecutorial del cual pretende valerse ha sido anulado mediante la Resolución Suprema Nº 03060 de 12 de mayo de 2010, lo que conllevaría su carencia de capacidad legitima para incoar la presente acción así como para entablar la reivindicación al no ser propietaria de los terrenos objeto de litis, lo que en definitiva importaría una errónea apreciación de la prueba de fs. 3718 a 3732.

En base a ello solicita se case el auto de vista, y en consecuencia se declare improbada la demanda principal.   

II.3. Recurso de casación de Ruth Saravia Puma, por sí y en representación de Carlos Alberto Valda Saravia y Ana Juana Saravia Puma de Caceres.

  1. Señala que la resolución recurrida, al declarar inadmisible su recurso de apelación, expresa un razonamiento vago y pueril, que no se ajusta a derecho, cuando en realidad los fundamentos que rebaten el análisis de la sentencia de primer grado, estaría claramente expresado en su recurso de apelación con una verdadera expresión de agravios.
  2. Indica que la acción de nulidad es incongruente, porque la demandante no tiene la capacidad procesal que exige el art. 551 del CC, toda vez que ella no fue parte de ninguna de las escrituras públicas cuestionadas, aspecto que refiere, no fue analizado ni valorado por el Tribunal de alzada que no emitió ningún pronunciamiento respecto al interés legítimo de la actora.
  3. Finalmente sostiene que la parte actora no ha demostrado la legitimación de sus derechos para pretender validad el presente proceso, más aun cuando se conoce que el Titulo Ejecutorial del cual pretende valerse ha sido anulado mediante la Resolución Suprema Nº 03060 de 12 de mayo de 2010, lo que conllevaría su carencia de capacidad legitima para incoar la presente acción así como para entablar la reivindicación al no ser propietaria de los terrenos objeto de litis, lo que en definitiva importaría una errónea apreciación de la prueba de fs. 3718 a 3732.

Por lo expuesto solicita se case el auto de vista, y en consecuencia se declare improbada la demanda principal.   

II.4. Recurso de casación de Beatriz Mamani Vedia, Eusebio Jucumari Limachi por sí y su esposa Serafina Oropeza de Jucumari, Teresa Herrera de Mancilla y Maria Fanny Cesgo Herrera.

  1. Acusan la incongruencia externa e interna del fallo recurrido, alegando que el Tribunal de alzada no ha tomado en cuenta que existen otros co-demandados que no han sido debidamente citados en el proceso, por lo que estos no hicieron uso de una defensa adecuada ni fueron participes de los actos del proceso, extremo que importaría la infracción del art. 218.I de la Ley Nº 439.
  2. Indican que el fallo recurrido peca de ligereza en su concepción, reduciéndose a una mala y simple descripción de hechos copiados de los memoriales que no condicen con una verdadera resolución que en forma legal resuelva las pretensiones de las partes, denotando insuficiencia y carencia de razones y argumentos que satisfaga a los sujetos procesales, lo que conlleva la vulneración 265 del Código Procesal Civil y de los componentes del debido proceso en relación a la incongruencia omisiva y falta de exhaustividad por no haberse emitido criterio respecto a los agravios debidamente fundamentados en su recurso de apelación. para con ello explicar las razones de la inadmisibilidad.
  3. Refieren que el Tribunal de alzada a momento de declarar inadmisible el recurso de apelación, ha olvidado el avance de la doctrina que ha superado aquellas viejas concepciones del excesivo formalismo, y que en realidad el punto de partida para considerar aquel medio de impugnación debería ser la protección que la norma procura a las partes en el marco del debido proceso, por lo que el fallo impugnado ha violado el derecho a la impugnación al no conceder una respuesta pertinente, motivada y fundamentada del su apelación.
  4. Señalan que no existe en la sentencia una clara definición respecto a la ubicación exacta de ambas propiedades, por lo que en el fallo recurrido impera una ausencia del principio de razonabilidad, eficacia, legalidad y verdad material como componentes del debido proceso previsto en el art. 115 de la CPE, pues no se ha establecido a cabalidad si sus terrenos están en propiedad de la actora o de los demandados.
  5. Cuestionan el trabajo del perito, refiriendo que su informe al margen de ser insuficiente está elaborado con graves deficiencias, tales como la carencia del cotejo de información fidedigna de la Alcaldía Municipal de Sucre y del mismo INRA, pues no se puede olvidar que estos terrenos son rústicos y a la fecha no gozan de urbanización menos loteamiento aprobado, y que en realidad dicho trabajo en lugar de aclarar la ubicación de los inmuebles los confunde más, aspecto que debe ser corregido.
  6. Acusan la transgresión de los arts. 93 y 1333 del CC, señalando que no se ha tomado en cuenta que la compra y posesión de sus terrenos ha sido de buena fe, y por el contrario la sentencia y el fallo cuestionado ciegamente decantan por apoyar el informe pericial, respecto al cual ninguna de las resoluciones de referencia expresa conclusión alguna que permita comprender del porqué este informe demuestra la ubicación de los predios en cuestión.
  7. Refieren que sus lotes han sido claramente identificados en virtud de sus documentos de propiedad, empero la sentencia ni siquiera las menciona, incurriendo por ello en incongruencia omisiva y falta de valoración de la prueba documental.
  8. Manifiestan que el auto de vista apenas referencialmente hace mención al incidente de nulidad impetrado por Pedro Padilla Bellido, donde se ha cuestionado que la demandante no es hija biológica de Juan Cordova Rojas, acusación que es de suma gravedad al cuestionar la legitimación activa de la actora, hecho que además se halla respaldada por pruebas documentales cuyo valor es incuestionable, situación que al no haber sido considerada importaría la interpretación errónea de los arts. 1283 y 1286 del CC.
  9. Sostienen que nada tienen que ver con el pago de daños y perjuicios, al haber realizado la compra de sus terrenos de buena fe y al amparo del art. 93 del CC., en cuyo entendido su actuar se habría restringido a la posesión que tienen a título de propietarios en merito a los actos traslativos de dominio cuyos vicios no conocían ya que las transferencias se habrían realizado bajo la convicción de que sus transferentes tenían el derecho de enajenarlas.
  10. Indican que el fallo impugnado no se pronuncia respecto a la citación al garante de evicción denotando con ello la falta de exhaustividad e incongruencia omisiva, que vulnera el art. 213.I de la Ley Nº 439.
  11. Señalan que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 49.II al integrárselos al proceso en calidad de litisconsortes pasivos, puesto que no se habría suspendido la causa hasta que se establezca correctamente la relación procesal.
  12. Denuncia la falta de pronunciamiento respecto a los rubros que debían ser restituidos por el garante de evicción, tales como el precio pagado por los terrenos, los daños y perjuicios, costas del pleito, gastos de contrato e inscripción en DDRR, impuestos de transferencia, las construcciones y las mejoras introducidas en cada lote.
  13. Otra violación acusada, es la concerniente a la actuación de la Defensora de Oficio, que no habría actuado con la diligencia del caso en la defensa de los derechos de todos los citados mediante edictos, pues dicha defensora no habría participado en ninguna de las audiencias como se demostraría en los datos del proceso, acusando en consecuencia la vulneración de su derecho a la defensa técnica eficaz y por lo tanto al debido proceso.

En merito a lo expuesto solicita se case el auto de vista, únicamente respecto a sus personas como compradores de buena fe, y se mantenga la misma respecto a Pedro Padilla Bellido o en su caso de anule obrados hasta el vicio más antiguo.

RESPUESTAS A LOS RECURSOS DE CASACIÓN:

Respuesta al recurso de casación de Beatriz Mamani Vedia y otros

Señala que todos los demandados fueron citados y emplazados, algunos en forma personal, otros mediante cedulas judiciales y los ausentes mediante edictos, cumpliendo con ello con la citación a todos los demandados, quienes tenían el derecho de asumir defensa, por lo que no se ha ocasionado indefensión alguna ni se ha vulnerado derechos fundamentales y garantías constitucionales de los co-demandados.

Refiere que los co-demandados deben asumir defensa por ellos y no en representación de terceros que pudiesen ser afectados con la sentencia.

Sostiene que la resolución recurrida se ha circunscrito a los puntos resueltos por el inferior, en la manera que han sido objeto de apelación y fundamentación, es  decir, que en el auto de vista impugnado se ha resumido los puntos apelados y luego se ha decidido sobre los mismos, de modo que no se ha vulnerado los derechos y garantías de la tutela judicial ni las normas constitucionales invocadas. 

El auto de vista desde ningún punto de vista viola el derecho a la impugnación previsto por el art. 180 de la CPE, y en realidad el Tribunal de alzada abre un camino procesal doble en el marco del debido proceso y la igualdad de condiciones, pues en sus respuestas una va orientada a las pretensiones reclamadas y la otra en relación a la inadmisibilidad de los recursos.

Refiere que para que exista la nulidad del fallo recurrido, es imprescindible que concurran vicios de nulidad de las normas adjetivas, sancionadas expresamente con la nulidad por la ley, es decir que, ningún acto será declarado nulo si la nulidad no estuviera expresamente determinada por ley.

Los recurrentes deliberadamente olvidan y pretenden desconocer que el demandado Pedro Padilla Bellido, mediante las escrituras públicas cuestionadas (que pertenece a Bella Vista), vendió a los recurrentes terrenos de su propiedad ubicados en la parte superior de su casa, aspecto que se habría evidenciado en forma objetiva en la audiencia de inspección ocular.

La alegación concerniente a la vulneración de los arts. 93 y 1333 del Código Civil, no es correcta debido a que la buena fe de los recurrentes se destruyó con su mismos títulos de propiedad donde consta que sus predios se encuentran en “Bella Vista” y siendo que los recurrentes no contestaron a la demanda ni reconvinieron por otros hechos jurídicos en defensa de sus pretensiones, no se ha violado la normativa señalada.

Los recurrentes en forma ampulosa cuestionan la prueba pericial, empero la misma resulta carente de fundamento, por lo que no cumple con las exigencias de los arts. 271.I y 274.I num. 3) de la Ley Nº 439, puesto que no se advierte el error de derecho o error de hecho en la apreciación de dicha prueba.

Refiere que con la designación de la Defensora de Oficio se ha cubierto y evitado la violación a los derechos fundamentales y garantías constitucionales  de los recurrentes en la sustanciación de la causa.

Finalmente menciona que en el auto de vista impugnado se constata y evidencia una exposición precisa de los hechos que fueron apelados, pues esta resolución fundaría su decisión en base a la prueba presentada en el proceso, analizándola y valorándola  con criterio crítico y suficiente claridad, por lo que la queja concerniente a la carencia de motivación y fundamentación como elementos del debido proceso no sería evidente. 

Solicitando en ese merito se declare improcedente el recurso de casación en la forma e Infundado el recurso en el fondo, sea con costas y costos.

Respuesta al recurso de casación de Victoria Serrudo Gonzales y otros 

El recurso de casación de los co-demandados no merece mayor atención, puesto que el mismo no identifica, precisa, ni especifica cuáles son los hechos que motivan la impugnación, ya que de manera general cuestiona solamente dos pretensiones, otorgando una aceptación tácita a las otras pretensiones.

Refiere que el sustento de su interés legítimo se encuentra en la venta que realizó el Sr. Pedro Padilla Bellido de terrenos que se encuentran en la zona denominada “Lechuguillas”, cuando los predios del demandado se encuentran en la zona de “Bella Vista”, lo que justifica su titularidad en las pretensiones demandadas.

Declara que recién hace unos meses ha llegado a tener conocimiento de la Resolución Suprema N° 03060 de 10 de mayo de 2010, pues antes no conocía de ella, empero realizadas las averiguaciones correspondientes y en defensa de su derecho de propiedad presentó memorial de 21 de agosto de 2017, de cuya respuesta desprende que la parcela 11 no fe sometida a saneamiento agrario por encontrarse en el radio urbano del Municipio de Sucre, por lo que ha iniciado el trámite de rectificación que se encuentra en trámite.

Finalmente señala que para acusar error de hecho y error de derecho, el recurrente debe acreditar con documentos evidentes o con actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de las autoridades judiciales conforme exige el art. 271.I del Código Procesal Civil.   

Por lo expuesto solicita se declare improcedente el recurso de casación del contrario.

Respuesta al recurso de casación de Pedro Padilla Bellido 

Refiere que el recurrente expresa argumentos reiterativos, pues no existe una relación de causa y efecto entre la normativa invocada y las supuestas violaciones cometidas por el Tribunal Ad-quem, por lo que el medio impugnatorio cuestionado no habría cumplido con el voto de los arts. 271.I y 274.I num. 1), 2) y 3) de la Ley Nº 439.

Sostiene que la propiedad del recurrente está ubicada en el lugar denominado “Bella Vista”, parcela N° 8, tal cual está acreditado por las Escrituras Públicas 642/98 y 10/2008, y en cambio su propiedad está ubicada en la zona de “Lechuguillas” parcela N° 11, empero sucede que el recurrente a transferido a título oneroso lotes de terreno que son de su propiedad(de la actora), en favor de los co-demandados, extremo que justificaría su legitimación y la titularidad de sus pretensiones para incoar la nulidad de las escrituras públicas de referencia conforme exige el art. 551 del CC.

En lo que concierne al reclamo referente a la reivindicación, refiere que el recurrente se ha limitado a transcribir jurisprudencia ordinaria, para luego nuevamente cuestionar su legitimación procesal, en base a la anulación del título ejecutorial del cual deviene su derecho propietario, situación que refiere está en proceso de rectificación en el INRA en razón de haberse advertido errores al haberse anulado dicho título ejecutorial, por lo que su derecho propietario aún se encontraría vigente tal cual acredita con el folio real actualizado que adjunta.

Indica que la falta de consideración de la Escritura Pública N° 960/2001, debería haber sido observada por el recurrente por vía de complementación y enmienda en el momento procesal correspondiente y no realizarlo en esta instancia.

Finalmente señala que para acusar error de hecho y error de derecho, el recurrente debe acreditar con documentos evidentes o con actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de las autoridades judiciales conforme exige el art. 271.I del Código Procesal Civil.   

Por lo expuesto solicita se declare improcedente el recurso de casación en la forma e infundado en el fondo, sea con costas y costos.

DE LOS FUNDAMENTOS QUE HACEN A LA RESOLUCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Nº 24/2019 DE 29 DE MARZO.


Precisa que: “(…) los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia  emitieron su pronunciamiento en base a los datos actuales de ese momento, es decir, en ese momento  no nació a la vida  jurídica, la Resolución Suprema  24578 que  rectifica, la Resolución Suprema 03060 de 12 de mayo de 2010. Cabe  señalar que la parte final del Auto Supremo  cuestionado  se le hace conocer a la accionante  que tiene la posibilidad de impugnar o de observar en sede administrativa la Resolución Suprema inicial que  le causa perjuicio y en ese momento recién puede proteger nuevamente su derecho a la propiedad; siendo justamente lo que ha acontecido el día de hoy, toda vez que en audiencia se ha presentado la Resolución  Suprema 24578 de 7 de diciembre de 2018, por la cual deja sin efecto la Resolución Suprema 03060 por la cual el tribunal Supremo, dispuso la anulación de obrados por sustracción de materia. En tal sentido todos los fundamentos del Auto Supremo emitido, ya no tienen sustento en base a esta nueva prueba que ha sido generada recientemente, que señala que se ha cometido un error al anular el título de propiedad del señor Benancio Cordova abuelo de la parte accionante (…)”.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO


III.1. Del derecho a la impugnación.

El derecho a la impugnación se encuentra consagrado en el art. 180.II de la CPE, derecho presente en la sustanciación de todo proceso judicial, por el que las partes pueden solicitar a otro juzgador superior, revise la Resolución del inferior. Este derecho a la impugnación se materializa a través de los recursos que la Ley franquea según la Resolución contra la cual se pretenda recurrir, por lo que se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la Resolución, constituyéndose el derecho de impugnación en la petición que se materializa con la emisión de una resolución que el Tribunal ha de brindar dando respuesta a los motivos que dieron lugar a la misma, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada.


Entre los recursos que la Ley franquea o reconoce para hacer efectivo el derecho a la impugnación que no solamente se materializa con la presentación del recuso sino que su efectividad se perfecciona con la respuesta que dicho recurso  recibe; tenemos al recurso de apelación que es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, al ser el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una Resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de Alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.


La importancia de hacer efectivo este principio reconocido en el art. 180.II de la CPE, radica en que el proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la Resolución del conflicto; éste se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes, sin embargo el proceso no está exento de que en su desarrollo se produzcan u omitan actos que afecten su normal avance e incluso impidan el cumplimiento de sus fines, los que deberán ser analizados a fin de imponer una posible sanción de nulidad, razón por la que dicho análisis se encarga a un Tribunal de revisión (segunda instancia) que abra su competencia precisamente a partir de la interposición de un recurso, que por el avance de la doctrina como de las legislaciones se ha superado aquella concepción del excesivo formalismo, pasando a una concepción más amplia en la que el punto de partida es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones de forma que prevalezca siempre el principio "pro actione" que busca la prevalencia del fondo sobre la forma. 


En este marco resulta necesario referir que sobre el derecho a la impugnación la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1853/2013 de 29 de octubre señaló que: “III.4. Derecho de impugnación.- El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías Constitucional es de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías Constitucional es de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180-II,...Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo. Así en materia procesal civil el art. 213, prescribe: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada…es decir, la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo, la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente…”.


Criterio compartido y también desarrollado por este Supremo Tribunal de Justicia que respecto al derecho a la impugnación orientó en el Auto Supremo Nº 484/2012 de 13 de diciembre  que “…el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por su parte el artículo 8 inc. h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta que dé, el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, solo así se satisface el derecho a la impugnación.”.


Asimismo, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 223/2012 de 23 de julio que: “En fallos emitidos anteriormente este Tribunal ha establecido que el derecho a la impugnación, de ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho, la respuesta que le corresponde.”.


III.2. Del principio Pro Actione y Pro Homine.

Para tener una idea más clara de estos principios, resulta pertinente referirnos, entre otras resoluciones emitidas por este Tribunal Supremo de Justicia,  el Auto Supremo Nº 630/2015-L de 4 de Agosto, donde se señaló lo siguiente: “Los principios procesales tienen por objetivo la tutela inmediata de los derechos fundamentales, principios como el pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero, conforme al criterio expuesto por la Prof. argentina Mónica Pinto en sus innumerables trabajos y publicaciones, “...de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria”. También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que está directamente vinculado con los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la Justicia, en tal sentido, este es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva. “…el principio pro homine deriva el pro actione, en virtud del cual debe garantizarse a toda persona el acceso a los recursos desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones o agravios invocados, precautelando el derecho de las partes a que su impugnación se patentice, garantizando así el derecho de acceso a la Justicia, concretando así el acceso a los recursos. De lo que se establece que los requisitos formales no deben primar sobre el derecho sustancial, debiendo realizar una ponderación entre el incumplimiento de la formalidad con el derecho a recurrir, en caso de dudas interpretarse a favor del recurrente…”, así ha expresado la Sentencia Constitucional Nº 0010/2010-R de 6 de abril de 2010. Entonces, la incorporación de aquellos principios que vinculados con la irrestricta vigencia de esos derechos, exige estar siempre a la interpretación que más favorece a su vigencia. 


Conforme al art. 180-I de la Constitución Política del Estado, la jurisdicción ordinaria se fundamenta en principios procesales como celeridad que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación; el de eficiencia para una administración pronta evitando la demora procesal, la inmediatez que promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción en el conocimiento y resolución de los asuntos; el de verdad material que obliga a verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a las decisiones adoptando las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley aun cuando no hayan sido propuestas por las partes; el de eficacia y debido proceso, entre otros, e igualmente, a la justicia constitucional le dota de principios con el objetivo de tutela inmediata de los derechos fundamentales como el de celeridad, verdad material, el no formalismo por el cual, sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso, el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal supone que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, por ello en virtud a él, siempre que el derecho sustancial pueda cumplirse a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto. Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar este principio como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales. E incluso, el principio del debido proceso, vinculado con el derecho formal no ha sido instituido para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo.”.


III.3. De los alcances del art. 218.II num. 1) de la Ley Nº 439.

El art. 218 de la Ley Nº 439 de forma textual refiere: “I.  El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. II.  Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. a. Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b. Por falta de expresión de agravios. 2. Confirmatorio.3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio. III.  Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”,  si bien la normativa de referencia en su punto II.1 permite a los tribunales de apelación declarar inadmisible el recurso en dos casos, el primero cuando se habría interpuesto el recurso fuera del plazo establecido por ley y el segundo por falta de expresión de agravios, normativa que en su primer supuestos no merece mayor análisis por su claridad, empero, en caso de ausencia de expresión de agravios, cabe referir que siguiendo el entendimiento esbozado en el punto III.2 y sobre todo en el punto III.3, los tribunales de apelación al momento de analizar el contenido del recurso de apelación, no lo deben realizar bajo un enfoque totalmente formalista, solicitando una expresión precisa de normas vulneradas o como debieron ser aplicada, cual si se tratase de un recurso de casación, actitud que no resulta acorde al actual sistema de administración de justicia, sino por el contrario que simplemente es necesario advertir la expresión de un agravio aunque disperso pero entendible, el cual permite y abre la competencia del tribunal de segunda instancia para su análisis y consideración, es por ese motivo que únicamente ante una evidente y carente orfandad de agravios, recién es viable declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación en aplicación del art. 218 II.1 de la Ley 439, pero en el caso de advertirse o inferirse un agravio aunque disperso de todo el contexto del recurso, no corresponderá al Tribunal de apelación la aplicación de la citada normativa, debido a que una actitud netamente formalista implicaría desconocer los principios pro homine y pro actione



CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN



Entre los impetrantes, a los que se les declaró la inadmisibilidad de sus recursos de apelación, coinciden en pedir la nulidad del auto de vista al haberse sustentado en argumentos vagos, y no ingresar a resolver los agravios expresados en sus alzadas incurriendo en incongruencia omisiva e infracción del art. 265 del Código Procesal Civil, así lo han manifestado a través del recurso de casación Pedro Padilla Bellido, Ruth Saravia Puma por si y en representación de Carlos Alberto Valda Saravia y Ana Juana Saravia Puma de Caceres; y, Beatriz Mamani Vedia, Eusebio Jucumari Limachi por sí y su esposa Serafina Oropeza de Jucumari, Teresa Herrera de Mancilla y Maria Fanny Cesgo Herrera.

De la compulsa de obrados en función a los reclamos efectuados se advierte que el Tribunal de apelación resolvió declarar INADMISIBLES los recursos de apelación referidos, señalando que es inviable reclamar extremos no fundados al responder la demanda y que por ello los agravios formulados no carecerían de  fundamentación.

Por consiguiente de lo expuesto en el punto III.3 de la presente resolución y lo establecido en la SCP Nº 0281/2013 de 13 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), precisó que sobre la base del principio pro actione, corresponde adoptar la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de recurrir del accionante, prohibiéndole al juez en un Estado Constitucional de Derecho, defender a ultranza formalidades y ritualidades procesales, incluso por encima del sacrificio de derechos fundamentales, como en el caso del derecho a impugnar una decisión judicial, considerando que los alcances normados en la suprema norma, están acordes a lo establecido en los principios de favorabilidad como el pro actione por el que se garantiza a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados.

Bajo ese parámetro, los agravios expuestos en apelación por los ahora  recurrentes que no fueron resueltos en el auto de vista, al no haber sido considerados por el Tribunal de alzada hace evidente la vulneración del Art. 265.I del Código Procesal Civil, no siendo cierto que los recursos de apelación deducidos carezcan de fundamentación de agravios como señaló el Tribunal de alzada, pues en este se contempla entre los agravios de:

Pedro Padilla Bellido,  manifestó: 1) El juez A quo  vulnero  los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, equidad,  servicio a la sociedad y  respeto a los derechos  en  virtud del art. 178  de la Constitución Política del Estado, sobre la potestad  de impartir  justicia, asi  también los principios  de legalidad, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez según el art. 180.I  de la misma  normativa, incumpliendo  el art. 145  de la Ley  Nº 439, arts. 1286, 1287, 1289 y  1290 del código civil, con relación a los  arts. 149, 150, y  154 de la citada ley, concluyéndose que transgredió el art. 213 de la Ley  Nº 439, al carecer la sentencia de fundamentación; 2) Que hubo una  incorrecta  valoración de la prueba sobre la legitimidad de la parte actora, uso de instrumentos falsos, falta de valoración y la improponibilidad subjetiva de la pretensión de la parte  demandante,  cuestionando la parte  dispositiva  del  fallo de primera instancia, afirmando  que  con  ello se agravio su  derecho a la tutela del estado, la defensa, a ser oído,  a la igualdad procesal y  debido proceso, 3)  advierte  que la actora carecería de legitimidad haciendo  referencia  a hechos  facticos  y a prueba presentada y de los  llamados  a suceder  de acuerdo al art. 1083 y  1287 1289, 1290 del Código Civil, art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil, que  no fueron  tomados  en  cuenta por el juez A quo, además  de efectuar  citas  jurisprudenciales, 4) sostiene que hubo el uso de instrumento o  documentos falsos por la parte  adversa en  cuanto  al título  ejecutorias  Nº 184910, 5) aduce  que  hubo  improponibilidad de la pretensión de la demandante.    

Ruth Saravia Puma por sí y en representación de Carlos Alberto Valda Saravia y Ana Juana Saravia Puma de Caceres; señalo entre  otros puntos impugnados en  su  recurso  de apelación que: 1) El juez de primera instancia vulneró los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, equidad, servicio a la sociedad y  respeto de los derechos, de acuerdo al art. 178.I de la Constitución Política del Estado, sustentando  la potestad  de impartir  justicia  así  como los principios  procesales de legalidad, verdad material, debido proceso e igualdad a las partes  en  virtud del art. 180.I del mismo cuerpo legal, incumpliendo los  arts. 1.I y  3 num. 1), 52,  145 y  397  del Código Procesal Civil, además  de incumplir los arts. 1286, 1287, 1289, 1290 del Código  Civil,  con relación a los  arts. 149, 150 y  154 de la citada normativa en  transgresión al art. 213 de la Ley  Nº 439,  sin que la sentencia cuente con la debida fundamentación, 2) Hubo una incorrecta  valoración de las  pruebas, 3) Ausencia de legitimidad de la parte  actora, 4) Uso de instrumentos o documentos falsos, 4) Improponibilidad subjetiva de la pretensión de la parte demandante cuestionando la parte dispositiva de la sentencia, posteriormente disgrega sobre cada motivo de agravio basándose no solo en la cita de normas legales, sino también jurisprudencia, para luego  concluir que la sentencia carece de fundamentación.

Por su parte Victoria Serrudo Gonzales por sí y en representación de Guillermo Serrano Cervantes y Rosario Dávalos Serrudo, señalaron aunque con similares argumentos a las anteriores apelaciones indico en  síntesis que: 1) El juez de primera instancia vulneró los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, equidad, servicio a la sociedad y  respeto de los derechos, considerando los principios  procesales de legalidad, verdad material, debido proceso e igualdad a las partes, incumplimiento de normas adjetivas  y  sustantivas de la normativa  civil en infracción del art. 213 de la Ley Nº 439, advirtiendo que la sentencia no  contiene la debida fundamentación, 2) Incorrecta valoración de las  pruebas, 3) Falta de legitimidad de la parte  actora, 4) Uso de instrumentos o documentos falsos, 4) Improponibilidad subjetiva de la pretensión de la actora, observando que la sentencia no cuenta con fundamentación.

Beatriz Mamani Vedia, Teresa Herrera Mancilla,  Maria  Fanny  Cesgo  Herrera,  Eusebio Jucumari Limachi y Serafina Oropeza de Jucumari, interpusieron  recurso de apelación denunciando: 1) la  sentencia  no  preciso  la ubicación del inmueble, así  como los lotes  que existirían, cuestionando el peritaje  realizado, 2) Observan que el codemandado Pedro Padilla Bellido suscito  incidente de nulidad de obrados en razón a que la actora no sería hija biológica de Juan  Cordova, lo cual a su decir es un hecho  de suma gravedad y que se encontraría demostrado, 3) Afirman no tener relación con la fallecida Mercedes Gallardo quien habría vendido el inmueble al demandado Pedro Padilla Bellido y que posteriormente  le transmitió  a su  vendedor  Eddy Fuertes Enriquez, 4) advierten  que la sentencia  no se pronunció  sobre la citación  al garante  de evicción  por lo  que  incurriría  en  ausencia  de exhaustividad e incongruencia  omisiva en  infracción del art. 213.I  del Código Procesal Civil, 5) acusa que la defensora de oficio  no ejercicio  con  diligencia la defensa de los  derechos  de los  citados mediante  edictos, cuestionando que  no  asistió  a audiencias, 6) Hubo  vulneración al debido proceso, en  razón  a que la sentencia carece de motivación  y fundamentación, en inobservancia a jurisprudencia constitucional coitada al efecto. 

Agravios entre otros más, que si bien no fueron expuestos de una manera exquisita, pero que no pueden ser desconocidos por el Tribunal que debe emitir criterio sobre los mismos; sin embargo en el caso de autos el Tribunal Ad quem extrañando fundamentación en los motivos de los  recursos de apelación, los declaró inadmisibles, omitiendo pronunciarse en uno u otro sentido sobre los agravios expuestos en las alzadas, aspecto que no sólo representa vulnerar el derecho a la impugnación ampliamente desarrollado en el punto III.1 de la presente resolución, sino que decanta en el incumplimiento del principio de congruencia y pertinencia previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.


Asimismo, corresponde señalar el hecho de que un recurso no contenga una técnica recursiva exquisita o que no cumpla rigurosamente con el ritualismo exigido de antaño, no puede servir de fundamento para declarar inadmisible el recurso de apelación conforme se ha concluido en el punto III.3, cuando conforme se tiene señalado supra del análisis de ambas apelaciones, los agravios contenidos en los mismos resultan entendibles para que el Tribunal de alzada emita pronunciamiento al respecto, puesto que la aplicación de la norma desarrollada en el punto III.3 debe ser considerado sólo cuando evidentemente exista total ausencia de agravios, sin que esto implique un retroceso para asumir criterios totalmente formalistas y ritualistas que va contra el espíritu de la Constitución Política del Estado, conforme se tiene desarrollado en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable; ya que actualmente tanto la doctrina como las legislaciones a través de su desarrollo jurisprudencial y legislativo han avanzado y superado aquella concepción del excesivo formalismo, asumiendo una concepción más amplia en la que el punto de partida es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones de forma que prevalezca el principio pro actione que busca la prevalencia del fondo sobre la forma.


Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220.III del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº SCCI 0274/2017 de 14 de septiembre, cursante de fs. 3797 a 3803, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y en su mérito se dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de alzada emita nuevo auto de vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I y III de la Ley Nº 439.

Siendo excusable el error no se impone multa.


En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 17.IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.