TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L 


Auto Supremo: 530/2019

Fecha: 27 de mayo de 2019

Expediente:         CH 3 - 19 S

Partes: Bernabé Calderón Ramos y María Cleofe Macías Castro de Calderón c/

            Natividad Cruz Vda. de Medina, Alejandro Medina Cruz, Demetrio Medina

           Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

Proceso: Usucapión  

Distrito: Chuquisaca.        

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Bernabé Calderón Ramos y María Cleofe Macías Castro de Calderón de fs. 4564 a 4566 vta., contra el Auto de Vista Nº SCCI-0316/2018 de 09 de noviembre cursante de 4558 a 4560, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de usucapión, seguido por los recurrentes contra Natividad Cruz Vda. de Medina, Alejandro Medina Cruz, Demetrio Medina Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre - GAMS; el Auto de Concesión del recurso de 17 de enero de 2019, cursante de fs. 4571; Auto Supremo de Admisión Nº 43/2019-RA de 04 de febrero, cursante de fs. 4577 a 4578; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Bernabé Calderón Ramos y María Cleofe Macías Castro de Calderón, al amparo de los arts. 13, 14, 24, 56, y 410 de la Constitución Política del Estado; arts. 87, 110 y 138 del Código Civil; art. 4 de la Ley de 15 de noviembre de 1887; art. 26 del Decreto Supremo N° 27957, interpuso demanda de usucapión, bajo los siguientes argumentos:

Refieren que el año 1992, Natividad Cruz Vda. de Medina, por los cuidados, atenciones y cariño brindado, habría donado a los demandantes una superficie de terreno de 4.979.96.mts2, ubicado en la zona del Barrio Lomas de Aranjuez, cantón San Lázaro, provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, no llegando a formalizar los documentos de dicha donación ante el fallecimiento de la propietaria; añadieron que llevan 20 de años en posesión del lote de terreno, construyendo su vivienda, sembrado maíz, papa y otros, además de la crianza de animales domésticos.

Manifiestan que en 1995, construyeron una fábrica de ladrillos, empero al no ser rentable dicha actividad, utilizaron estos ambientes desde el 2001 como corrales para los animales domésticos.

Concluyen señalando, que el inmueble se encuentra libre de cualquier sobreposición con otra propiedad, pues la totalidad de la propiedad se encuentra rodeada por una quebrada y un área municipal, siendo colindante únicamente con Elizabeth Salgueiro Michel (fs. 28 a 29 vta., 35 y vta., 44, 56 y 61 y vta.).

Natividad Cruz Vda. de Medina, Alejandro Medina Cruz y Demetrio Medina Cruz, al desconocerse su domicilio y no contestar la demanda, se les designo como defensa de oficio a la abogada Mónica Terceros Heredia, quien contestando la demanda señaló que le fue imposible dar con el paradero de sus defendidos; y haciendo referencia a los hechos demandados, indico que deja la resolución de fondo a criterio del suscrito juzgador y disponga lo que corresponda a Ley (fs. 98). 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), habiéndose apersonado se opuso a la demanda de usucapión, manifestando que el bien objeto de litis, es de propiedad municipal; por lo que solicito se declare improbada la usucapión con la imposición de costas procesales de fs. 176 a 178 vta., 199 y vta. 

2. Asumida la competencia por el Juez Público en lo Civil y Comercial Primero de Chuquisaca, pronuncio la Sentencia Nº 125/2018 de 22 de agosto (fs. 4510-4514), declarando IMPROBADA la demanda de usucapión con costas, en base al siguiente fundamento:

Si bien, Bernabé Calderón Ramos junto a su familia, demostraron poseer el inmueble objeto de litis por aproximadamente 20 años,  de forma pacífica y sin perturbaciones, donde efectuaron construcciones de adobe con techos de calamina y tejas, dedicándose a la plantación de frutas, hortalizas y la crianza de animales de corral, además, de participar de las reuniones y actividades de la Junta Vecinal Barrio Lomas Aranjuez; no es menos cierto, que dicha posesión conforme el art. 91 del CC, no produce ningún efecto, pues el predio se encuentra asentado una parte, en un espacio comunitario y la otra, en un espacio municipal, áreas de riesgo dotadas a la Municipalidad mediante Testimonio de Dotación en fecha 6 de febrero de 1987, e inscrito en Derechos Reales el 24 de Marzo de 1987; por ende, no pueden ser motivo de usucapión al tratarse de un bien de dominio público.

3. Impugnada la resolución de primera instancia por los demandantes, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia, pronunció el Auto de Vista Nº SCCI-316/2018 de 09 de noviembre (fs. 4558-4560), resolviendo CONFIRMAR la Sentencia Nº 125/2018 de 22 de agosto, con costas y costos bajo los siguientes fundamentos:

a) Que los apelantes denunciaron que el Auto de fs. 4487, dejó sin efecto las diligencias de notificación de fs. 4483 a 4486, disponiendo la notificación en el domicilio procesal de las partes, conducta que desconocería la Disposición Transitoria Segunda de vigencia anticipada de la Ley N° 439; respondiendo el Ad quem, que a partir de la promulgación de la mencionada norma, se puso en vigencia anticipada el Régimen de Comunicación Procesal, consiguientemente no existiría la nulidad procesal alegada.

b) Otro reclamó  fue que en la parte resolutiva de la Sentencia, no se nombra a María Cleofe Macías Castro, aspecto que sería evidente, sin embargo, esta omisión no sería trascendental como para generar una nulidad procesal, puesto que fue notificada con la Sentencia, siendo dicha omisión subsanable de oficio.

c) Sobre la mala valoración de la prueba, el Ad quem estableció que la demanda fue presentada el 17 de abril de 2012, manifestando que la posesión se ejerce desde 1995, empero, Demetrio Medina Cruz, Natividad Cruz V. de Medina y Alejandro Medina Cruz, habrían realizado una cesión gratuita de áreas de uso público a favor de la Alcaldía, en una superficie de 47.684.36.mts2, registrado en DDRR en Fojas N° 70 del Libro N° 3 el 24 de marzo de 1987; en consecuencia, haría inviable la usucapión sobre terrenos que pertenecen a la Alcaldía.

d) Respecto a la imposición de costas, el art. 223.I del Código Procesal Civil, dispone la condenación de costas y costos al demandante, cuando se declare improbada la demanda en su integridad, consiguientemente no se toma en cuenta si en la sustanciación del proceso se ha generado u ocasionado gastos.

CONSIDERANDO II:         

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

Bernabé Calderón Ramos y María Cleofe Macías Castro de Calderón, recurriendo en casación el Auto de Vista Nº SCCI-316/2018 de 09 de noviembre, señalan como agravios los siguientes:

- Primer agravio.

Refirieron que el Auto de Vista es incongruente y contradictorio en su contenido, pues en su Tercer Considerando Numeral 2, se identificó la existencia de una “…anomalía procesal en la tramitación del presente proceso que ha incurrido el A-quo siendo que las notificaciones con la prueba pericial no han sido efectuadas legalmente…”, incumpliendo el Ad quem lo dispuesto por el art. 218.4) (no precisa la norma) y el art. 56 de la Ley N° 025, donde pese a percatarse de la existencia de los defectos procesales habría decidido confirmar la sentencia de primera instancia, bajo el razonamiento de que con la prueba pericial se ha notificado dos veces, dejando a lo sujetos procesales en incertidumbre para hacer el computo de plazos  y poder objetar o hacer uso de algún reclamo o recurso procesal.

- Segundo agravio.

Señalan que en el Numeral 3 del Tercer Considerando del Auto de Vista, la denuncia de la mala o errónea apreciación de la prueba no mereció respuesta, abocándose el Ad quem a señalar que los bienes del Estado son inembargables, sin hacer revisión de los agravios planteados pues al existir abundante prueba la misma se habría tornado contradictoria y ambigua sobre el objeto de la litis, aspecto reclamado en el recurso de apelación siendo vacía la respuesta otorgada, lo que atenta con lo dispuesto por los art. 218 concordante con el art. 213.3) de la Ley N° 439.

- Tercer agravio.

Finalmente, manifiestan que en el Numeral 4 del Tercer Considerando del Auto de Vista, la imposición de costas procesales en primera es atentatorio y agraviante para los recurrentes, dado que en el presente proceso no existe contraparte debidamente apersonada a quien se le haya generado gasto alguno para ser resarcida; pues de los datos del proceso, no existe sujeto procesal o terceros interesados apersonados, por lo que no corresponde la sanción de costos y gastos procesales.

PETITORIO.

Solicitaron  se ANULE obrados hasta el vicio más antiguo, y por otro lado, en caso de no proceder lo solicitado, CASEN el Auto de Vista, inclusive la Sentencia de primera instancia.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN.

Notificados con el recurso de casación, Amador Rene Huasco Poma, Jorge Daniel Cruz, Ivone Flores Sejas, Erika Daniela paco Flores, Demetrio Medina Cruz, María Mónica Heredia como herederos de Natividad Cruz Vda. de Medina y Alejandro Medina Cruz, Natividad Cruz, Bernardina Ortega, Ivone Flores Sejas por la Procuraduría del Estado, Claudia Ximena Soliz Valencia y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (fs. 4568-4570), ninguno de los mencionados respondió el recurso de casación planteado por Bernabé Calderón Ramos y María Cleofe Macías Castro de Calderón. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. Sobre la nulidad procesal.

El Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, estableció el siguiente razonamiento: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

Asimismo, corresponde señalar que la uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros”.

2. Sobre la imposibilidad de adquirir por usucapión bienes de dominio público.

El Tribunal Supremo de Justicia, orientó lo siguiente en el Auto Supremo  785/2015 de 11 de Septiembre: “…La usucapión decenal o extraordinaria instituida en el art. 138 del C.C., concordante con el art. 110 del mismo cuerpo legal, constituye una de las formas originarias de adquirir la propiedad a través de la posesión, por la cual el poseedor se convierte en propietario en virtud a una declaración judicial siempre y cuando haya cumplido con la posesión y demás condiciones requeridas por ley. Acción ante la cual los jueces y Tribunales ordinarios están en la obligación de realizar el análisis de cuatro cuestiones básicas para determinar la procedencia o no de la usucapión decenal, en este sentido se debe determinar si:

1).- ¿El bien inmueble es susceptible de usucapión?; para responder a esta pregunta se debe determinar si el inmueble es privado, público o está dentro el comercio humano.

2) ¿El actor es poseedor?; pregunta por la cual se debe determinar si quien pretende usucapir el bien en cuestión demostró estar en posesión del bien inmueble.

3) ¿La posesión es útil?; ante esta pregunta se debe determinar si la posesión es pública es decir que no sea oculta ante terceros o ante quien pueda oponerse, pacifica lo que significa que no exista violencia para ingresar o mantener la posesión, y continuada en cuanto no haya existido interrupción civil o natural.

4) ¿Transcurrió el tiempo establecido para la prescripción adquisitiva (usucapión) decenal?; pregunta que cuestiona si se cumplió con lo diez años de posesión que la ley establece.

Es en esta lógica, se debe señalar que el Tribunal de Alzada a través del Auto de Vista recurrido por el que revoca la Sentencia de primera instancia, ha determinado que el bien inmueble que los recurrentes pretende usucapir no cumple o encuadra con la primera pregunta, es decir, si el bien inmueble es susceptible de usucapión, determinando que el bien inmueble no es privado, sino público de propiedad del Gobierno, fundamentando la imposibilidad de procedencia de la Usucapión en el caso presente…339.II de la C.P.E

(…)

… corresponde también señalar que el art. 339.II de la Constitución Política del Estado que describe lo siguiente: …Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable inembargable, imprescriptible e inexpropiable: no podrán ser empleados en provecho particular alguno...descripción que no permite la prescripción de dominio público, del mismo modo también es preciso señalar lo establecido en el art. 91 del Código Civil, refiriendo que: La posesión de cosas fuera del comercio no produce ningún efecto. Se salva lo dispuesto respecto a las acciones posesorias en el libro V del Código presente; bajo esas dos disposiciones se tiene que nuestra legislación no permite usucapir bienes de dominio público.

(…)

Finalmente corresponde señalar que la propiedad pública es inalienable, es decir el poder de disposición jurídica del derecho se encuentra expresamente paralizado; de lo que se concluye que el bien público sometido a dominio público no está en el comercio respecto del poder de enajenación. Es imprescriptible, porque nadie puede ganar por usucapión el dominio de las entidades públicas y como en el caso presente si alguien invade, en términos físicos, un bien público, sus actos materiales no se pueden reconocer como verdadera posesión…”

3. Sobre las Costas y los Costos.

La disposición de Costas y Costos a la parte perdidosa en el proceso antes regulado por el art. 198 del Código de Procedimiento Civil (actualmente, art. 223.I y II de la Ley Nº 439), o al apelante cuando se declara inadmisible su apelación o se confirme el fallo inferior (237.I Código de Procedimiento Civil y art 223.VI de la Ley Nº 439), es la condena accesoria que impone el juez o Tribunal a la parte vencida en un proceso o en un recurso.

En este entendido, debemos precisar que el art. 224.I del Código Procesal Civil, respecto a las costas señala que: “Las costas comprenden todos los gastos necesarios y justificados efectuados por la parte victoriosa, tales como tasas y derechos judiciales, honorarios de peritos, depositarios, martilleros, publicaciones y otros valores legalmente establecidos.”, es decir, está constituido por todos los gastos judiciales realizados en el proceso, como las tasas judiciales, que representan los honorarios de los sujetos que participan en el proceso para brindar auxilio judicial.

Por otra parte el mismo art. 224 en su parágrafo II, establece: “Los costos comprenden los honorarios de abogado y los derechos del mandatario.”, si bien la determinación de costas y costos no requieren ser demandado expresamente, el Juez  o Tribunal está obligado a establecer las costas y costos según el caso en base a los parámetros definidos en los arts. 221 a 225 del Código Procesal Civil; sin embargo, la condenación de costas y costos puede tener dispensas o exenciones de condenación en costas procesales determinadas por ley, como el caso de lo dispuesto en el art. 223.III del Código Procesal Civil que dispensa la  condenación de costas y costos en procesos dobles; o el caso de las estatales (como los municipios, universidades, órganos estatales, entre otros), esto en razón a que las entidades estatales gozan de determinados privilegios procesales que los pueden eximir de ser condenados en costas procesales y costos que hacen al pago de honorarios profesionales del abogado de la otra parte conforme determina el art. 39 de la Ley Nº 1178, que al respecto señala: “…Los procesos administrativos y judiciales previstos en esta ley, en ninguno de sus grados e instancias darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales, corriendo éstos a cargo de las respectivas partes del proceso.”; precepto legal que debe ser tomado en cuenta por  los Jueces y Tribunales a tiempo de determinar las costas y costos cuando se trate de entidades estatales.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

- Primer agravio (sobre la doble notificación con la prueba pericial).

Los recurrentes afirman que el Ad quem actuó de forma incongruente y contradictoria al confirmar la Sentencia, pues identificando la existencia de una anomalía procesal en la que incurrió el A quo, al haber notificado dos veces el informe pericial, incumplió lo dispuesto por los arts. 218.4) (no precisa la norma) y el art. 56 de la Ley N° 025, dejando a los sujetos procesales en la incertidumbre para hacer el computo de plazos y objetar la pericia presentada.

Conforme se precisó en el punto III.1. de la Doctrina Aplicable, la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso; en el presente caso, y de la revisión de obrados, cursa el Informe Pericial 104/018 presentado por la Arq. Andrea Gabriela Villafani Aparicio de fs. 4463 a 4481, el cual, por disposición del decreto de 13 de junio de 2018, es puesto a conocimiento de las partes para que los mismos puedan efectuar sus aclaraciones o ampliaciones que estimen necesarias, actuados que fueron notificados en secretaria (fs. 4484 a 4486); posteriormente, el Juez de la causa con el fin de garantizar el debido proceso, dispuso en aplicación del art. 440.II del Código de Procedimiento Civil, se notifique el informe pericial a las partes en sus domicilios procesales, “dejando sin efecto las diligencias de notificación de practicadas cursante a fs.- 4480 al 4492” (fs. 4487); siendo diligenciado dicho actuado al GAMS y Bernabé Calderón Ramos el 4 de julio de 2018 (fs. 4488 y 4489), y el 18 de julio de 2018 a las restantes partes (fs. 4493 a 4496); aprobándose el Informe Pericial al no haberse observado o exigido aclaración alguna de las partes.

En consecuencia, los recurrentes nunca estuvieron en incertidumbre, pues el Juez de la causa anuló la primera diligencia realizada en secretaria de despacho, a fin de que esta sea practicada en sus domicilios procesales, actuación que se enmarcó en el debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, razón por la cual no puede acusarse al Ad quem, de haber pronunciado una resolución incongruente y contradictorio, pese a que la misma sea escueta y no contenga una amplia fundamentación, por lo que se rechaza el agravio planteado en este punto.

- Segundo agravio (Sobre la falta de valoración de la prueba).

Los recurrentes manifestaron, que en el Numeral 3 del Tercer Considerando del Auto de vista, no mereció respuesta la denuncia de mala o errónea apreciación de la prueba, abocándose el Ad quem a señalar que los bienes del Estado son inembargables, sin hacer revisión de los agravios planteados y la prueba presentada, infringiendo lo dispuesto por los arts. 218 y 213.3) del CPC.

En este punto, nuevamente denuncian falta de pronunciamiento respecto a la errónea apreciación de las pruebas presentadas; sin embargo, al respecto el Ad quem precisó que: “…la demanda fue presentado el 17 de abril de 2012, alegando que la posesión ostentan a partir del año 1995, sin embargo de esta afirmación, se debe considerar, que Demetrio Medina Cruz, Natividad Cruz V. de Medina y Alejandro Medina Cruz, quienes hacen una cesión gratuita de áreas de uso público en la cantidad de 47.684.36 m2 a favor de la Alcaldía de esta ciudad, registrado en Derechos Reales a fs. 37 vta. N° 70 del Libro 3° de propiedades de la Capital el 24 de marzo de 1987, según el informe de fs. 4462-4469, en conclusiones refiere que el lote pretendido de usucapión esta signado como E.C.1 o espacio comunitario y otra parte en el espacio municipal, plano de loteamiento aprobado el 31 de julio de 1985, por estos datos se concluye que los demandantes expresan estar en posesión desde el año de 1995, es decir, cuando la Alcaldía tenia consolidado el derecho propietario el año de 1987 por ende es inviable que proceda la usucapión sobre terrenos que pertenecen a la Alcaldía de esta ciudad, hoy Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre.”; en suma, si bien el Ad quem no se pronunció de forma específica sobre el segundo agravio denunciado en el recurso de apelación (fs. 4519 a 4521 vta.), referido a una contradicción en el plano de loteamiento presentado por el GAMS (fs. 52), lo cierto es que para concluir el Ad quem, la inviabilidad de la usucapión sobre terrenos que pertenecen a la Alcaldía, la pericia de fs. 4463 a 4481, establece que el lote de terreno objeto del presente proceso de usucapión, se encuentra dentro el área de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, determinando este mismo informe, que el predio se encuentra asentado sobre un espacio comunitario con Código Catastral 038-0131-001-000 y sobre un espacio municipal codificado en plano de loteamiento como E.M.-2.

En consecuencia, no puede alegarse la vulneración de lo dispuesto en los arts. 218 y 213.3) del CPC, pues conforme precisamos en el punto III.2. de la Doctrina Aplicable, nadie puede ganar por usucapión el dominio de las entidades públicas; pues la usucapión de un bien de dominio público, no resulta viable por expresa prohibición de los arts. 339.II de la Constitución Política del Estado, el art. 131 de la Ley de Municipalidades de 28 de octubre de 1999; los arts. 30 y 31 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y el art. 91 del Código Civil.

- Tercer agravio (Sobre las costas del proceso).

Por último, manifiestan que en el Numeral 4 del Tercer Considerando, respecto a la imposición de costas procesales en primera instancia, esta sería atentatoria y agraviante a los recurrentes, dado que en el presente proceso no existe contraparte debidamente apersonada a quien se le haya generado gasto alguno para ser resarcida, por lo que no corresponde la sanción de costos y gastos procesales.

Al respeto, el A quo, conforme dispone el art. 198.I del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 223.I del Código Procesal Civil, dispuso el pago de costas; el Ad quem por su parte, al amparo del art. 223.IV núm. 2 del Código Procesal Civil, impuso las costas y los costos a los recurrentes, actuaciones que se adecuan a procedimiento, pues conforme establecimos en el punto III.3. de la Doctrina Aplicable, las costas y costos no requieren ser demandados expresamente,  ya que el Juez o Tribunal está obligado a establecer las costas y costos según el caso en base a los parámetros definidos en los arts. 221 a 225 del Código Procesal Civil; en consecuencia, habiendo ambas autoridades adecuado su razonamiento al principio de legalidad dispuesto en el art. 1 inc. 2) del CPC, este Tribunal considera que lo dispuesto por dichas autoridades no es atentatoria o agravante a la situación de los recurrentes, sino que se adecuó a procedimiento.

CONCLUSIONES

De lo expuesto, se establece que los agravios traídos a casación no vulneran el debido proceso, pues en el primer caso, la autoridad de primera instancia dejo sin efecto las notificaciones practicadas en secretaria con el Informe Pericial N° 104/018, disponiendo sean diligenciadas en los domicilios procesales de las partes, lo que demuestra el resguardo del derecho a la defensa de las partes; en el segundo caso, pese a que se demostró la posesión del inmueble por más de 20 años, no es menos cierto que por disposición expresa de la CPE y la respectiva normativa, nadie puede ganar por usucapión el dominio de las entidades públicas, aspecto sentado por este Supremo Tribunal de Justicia en la línea jurisprudencial conformada por los AASS 1092/2015-L de 23 de noviembre, 1142/2015-L de 08 de diciembre, 183/2016 03 de marzo, 523/2017 de 17 de mayo, 734/2017 de 12 de julio, 730/2018 de 27 de julio y otros, donde se establece, que el dominio público no es susceptible de un proceso de usucapión; y por último, respecto a las costas y costos del proceso, ambas instancias actuaron conforme a procedimiento y dentro el marco del principio de legalidad, por lo que corresponde a esta autoridad, rechazar los agravios planteados y emitir resolución conforme establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.  

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Bernabé Calderón Ramos y María Cleofe Macías Castro de Calderón, contra el Auto de Vista Nº SCCI-0316/2018 de 09 de noviembre, cursante de fs. 4558 a 4560, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.