TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L 


Auto Supremo: 529/2019

Fecha: 27 de mayo de 2019

Expediente:        LP-7-19-S

Partes: Julia Mercedes Choque de Quispe c/ Arnaldo Mamani y los herederos de

            Telesforo Mamani

Proceso: Usucapión  

Distrito: La Paz.        

VISTOS: El recurso de casación de fs. 234 a 238, interpuesto por Julia Mercedes Choque de Quispe, contra el Auto de Vista Nº 495/2018 de 06 de julio, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz cursante de fs. 231 a 232 vta., dentro el proceso ordinario de usucapión, seguido por la recurrente contra Arnaldo Mamani y los herederos de Telesforo Mamani; el auto interlocutorio de concesión de recurso de 16 de enero de 2019 de fs. 253; el Auto Supremo de Admisión Nº 22/2019-RA de 28 de enero de fs. 259 a 260; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Julia Mercedes Choque de Quispe, al amparo del art. 138 del Código Civil (CC), interpuso demanda de usucapión sobre un lote de terreno cuya superficie es de 138.80 m2, ubicado en la Calle 6 N° 100 de la Zona de Villa San Antonio, solicitando a la juez de la causa se le extienda los títulos de propiedad a su favor, bajo los siguientes argumentos:

Señala que el 28 de noviembre de 1998, tomó contacto con Arnaldo Mamani a quien dio como adelanto un monto dinero por la compra del citado lote de terreno, con la promesa de que una vez saneada la documentación como heredero del terreno se formalice la transferencia, llegando solo a firmar un documento privado como prueba de dicho acto; añade que tomaron posesión del terreno y nunca llegaron a formalizar el documento de compra venta, pese a ello, durante 14 años en el bien, realizaron mejoras y construcciones, incluyendo la instalación de todos los servicios básicos que se encuentran a nombre de su hija.

Concluye, que frente al silencio de Arnaldo Mamani, ejerció derecho propietario sobre el inmueble sin perturbación alguna; agrega, que en el mes de marzo del año 2000, la Alcaldía inicio un proyecto de saneamiento sobre los inmuebles de la zona, registrándose como poseedora pacífica y continua por más de diez años (fs. 21-22, 27, 29, 36, 41 a 43, 46, 48 y 52). 

Arnaldo Mamani y los herederos de Telesforo Mamani, notificados mediante edictos, no se apersonaron al proceso, designándose como defensores de oficio a los abogados Lizzeth Aquino Paca y Erick Ticona Echeverría, quienes responden la demanda en forma negativa, señalando que además de no adjuntar documentación idónea que acredite la posesión, se trataría de un bien de propiedad pública, haciendo improcedente la demanda de usucapión (fs. 69 a 70 y 85).

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, notificado con la diligencia de fs. 57, responde y reconviene la demanda, además de plantear excepción previa de falta de objeto y falta de acción y derecho por tratarse de un bien de dominio público, empero este apersonamiento es observado por carecer de legitimación ya que no se adjuntó documentación que acredite la representación de la autoridad edil (fs. 58 a 61 y 148), observación que nunca fue subsanada.          

  1. Asumida la competencia por el Juez Publico en lo Civil y Comercial Décimo Quinto, pronuncia la Sentencia Nº 583/2016 de 31 de agosto, declarando IMPROBADA la demanda de usucapión, en base a los siguientes fundamentos (fs. 178 a 182 vta.):
  1. Que en mérito a la norma desglosada, la prueba aportada por la parte actora y el Informe emitido por el GAMLP, el inmueble objeto de litis cuenta con registro propietario a nombre del GAMLP bajo la Matricula N° 2.01.0.99.017964 y con una superficie de 22780.00 m2; asimismo, la superficie del inmueble se encuentra fuera de línea Municipal en su totalidad, encontrándose sobrepuesta al área de preservación paisajística; por lo que no concurren los requisitos exigidos para la procedencia de la prescripción adquisitiva.
  2. Que en el caso de autos, los actores no demostraron estar en posesión pacifica, continua e ininterrumpida sobre la superficie 138.35 m2., toda vez que la entidad edil demostró que la superficie que se pretende usucapir se encuentra sobrepuesta parcialmente a propiedad municipal, y sobrepuesta totalmente a un área de preservación paisajística.
  3. Que la demanda fue dirigida contra una persona que si bien cuenta con una Partida vigente en DDRR, no tiene especificidad en relación a la ubicación exacta del inmueble; en cambio, el GAMLP con informes técnicos y sus registros de derecho propietario, demostró que el inmueble se encuentra en área de dominio público.
  4. Que los pagos de impuestos municipales, no fueron generados en diferentes tiempos para ser considerados como prueba de posesión, sino que todos fueron cancelados al mismo tiempo el año 2013, consecuentemente no se consideró como prueba de posesión.
  1. Impugnada la resolución de primera instancia, la Sala Civil Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 495/2018 de 06 de julio (fs. 231 a 232 vta.), resolviendo confirmar la Sentencia Nº 583/2016 de 31 de agosto, bajo los siguientes fundamentos:
  1. De la prueba arrimada a la causa, el GAMLP tiene registrado la titularidad sobre una superficie de 22780.00 m2., bajo la Matrícula N° 2.01.0.99.017964; de igual forma, el inmueble se sobrepone a la propiedad municipal en una superficie de 4.79 m2, y según planimetría de forma total al Área de Preservación Paisajística Natural.
  2. La presente causa no es procedente sobre el predio en cuestión, en observancia de los arts. 85 y 91 del CC, concordante con los arts. 30 y 31 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales.
  3. El inmueble a usucapir estaría ubicado en el lote de Terreno de Villa San Antonio, Calle 6, N° 100, con una superficie de 138.80 m2; empero, según el informe de DDRR, los datos proporcionados por la parte actora sobre el bien en litis, no corresponden a lo demandado en autos, aspecto que no fue aclarado por la actora.
  4. Sobre los pagos de impuestos, todas han sido pagadas el mismo día 23/01/2013 y la última el día 01/07/2013, por lo que no existe errónea valoración de la prueba; en ese sentido, no se acreditó que la documentación presentada por la Alcaldía, no tenga valor legal.

CONSIDERANDO II:         

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Julia Mercedes Choque de Quispe, recurriendo en casación el auto de vista Nº 495/2018 de 06 de julio, señala:

  1. En la forma.

Refiere haber recurrido 7 puntos de apelación y 3 complementarios, empero, el Tribunal Departamental de Justicia, no se habría referido a cabalidad y de forma cronológica sobre todos los agravios denunciados, pues solo se habría pronunciado con respecto a los puntos 2 y 6; dado que no se cumplió con la fundamentación requerida para la sentencia en el punto 1; tampoco se pronunció sobre el punto 3 respecto al Área Paisajística pese a la prueba existente; de igual forma, no se pronunció con respecto a las observaciones realizadas a la documentación presentada por el GAMLP, planteadas en el punto 4; no haría referencia en el punto 5, al cumplimiento de los requisitos de la prescripción adquisitiva; ni sobre el cumplimiento de acceso a los predios municipales, señalados en el punto 7; y por ultimo sobre tres puntos adicionales: el primero, sobre la inexistencia del termino paisajístico; segundo, sobre el no ser parte el GAMLP dentro el proceso; y tercero, sobre el registro del anterior propietario en DDRR.

Incumpliendo de esta manera, con el art. 265 del CPC, y el art. 17.II de la LOJ, así como la jurisprudencia sentada en las SSCC 12/2006-R de 4 de enero; 2023/2010-R de 9 de noviembre; y 903/2012 de 22 de agosto. 

  1. En el fondo.

Refiere que el auto de vista, además de hacer una descripción de las condiciones para la prescripción adquisitiva, sería una copia de la sentencia, habiendo omitido tomar en cuenta lo establecido por el GAMLP en la Resolución Administrativa N° 079/2013 de 23 de junio, donde se establece que la zona en cuestión tiene aprobado los siguientes ítems en cuanto a levantamiento de espacios municipales: áreas de equipamiento, vivienda, verde, forestal, aires de rio y vías, donde en ninguno de estos se contempla el área de preservación paisajística, lo que no habría sido analizado por el Tribunal Ad quem, más cuando menciona y reconoce que la propiedad Municipal está registrada en DDRR con una superficie de 22780.00 m2., indicando además que se está sobrepuesta a la propiedad Municipal en su totalidad al Área de Preservación Paisajística Natural; aspecto que no se demostró, dado que no cursa en obrados inscripción del derecho propietario del GAMLP en DDRR sobre el Área de Preservación Paisajística.

Añade que la totalidad de la inscripción en metros cuadrados del GAMLP, provienen de la dotación de diferentes propietarios, los cuales se encontrarían registrados en DDRR y deben ser expresados mediante levantamientos topográficos y georeferenciados que deben ser adicionados en el derecho propietario a través de una aclaración en las oficinas de DDRR.

Manifiesta que la resolución de segunda instancia, de forma especulativa interpreta un derecho propietario que no está registrado, pues solo se basa en un Informe que no puede ser considerado como derecho propietario, siendo este actuar ultra petita para justificar una sentencia, pues el Municipio carecería del testimonio para registrar su derecho, el cual no se ha solicitado.

Señala que es cierto y evidente que el Municipio de La Paz tiene 22780.00 m2, empero, no consignaría la ubicación y mientras no sea registrado en DDRR, el presente proceso otorga titularidad a un ente sin especificar el lugar y sus colindancias; añade, que el Auto de vista al establecer la existencia de una sobre posición de 4.79 m2. Sobre la propiedad de la recurrente, obra sin justificativo, pues la juez de la causa habría evidenciado que existe una línea homogénea de los inmuebles vecinos con cordón de acera, aspecto que justifica con el plano de levantamiento del lote de terreno.

Refiere que Tribunal el Ad quem, al manifestar que la propiedad de su vendedor no estaría registrado en DDRR, no tomó en cuenta que el vendedor tenía cuatro 4 lotes inscritos, los cuales no mencionan su metraje, adquiriendo uno de los lotes del hijo del propietario quien le prometió legalizar y jamás fue realizado, pese a cancelar el justo precio para ingresar al predio, razón por la cual inició el proceso de usucapión, como forma de legalizar su documentación cumpliendo con los requisitos del art. 138 del CC, y los accesorios que la ley implica.

Por último, manifiesta que ambas instancias no motivaron sus resoluciones al realizar una mala apreciación de la prueba, violando de esta manera el debido proceso y la seguridad jurídica, pues ninguna de las autoridades habría establecido de forma clara y concisa los motivos para negar su pretensión; agrega, que el hecho de que el GAMLP, cobre los impuestos como mera formalidad de la titularidad es un aspecto contradictorio, pues en ella se establecen la cantidad de metros cuadrados del empadronamiento y el levantamiento sin registro del municipio, aspectos no aclarados por ninguna de las autoridades.

PETITORIO.

Solicita se case el auto de vista o alternativamente se anule obrados hasta el vicio más antiguo, disponiendo la emisión de una nueva resolución y sea con la imposición de costas y multas a la autoridad inferior por inobservancia a la norma.

DE LA RESPUESTA A LOS RECURSOS DE CASACIÓN.

Notificados con el recurso de casación, Lizzeth Aquino Paco por Telesforo Mamani y Erick Ticona Echevarria por Arnaldo Mamani como defensores de oficio, además de Luis Revilla Herrero por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y por edictos los posibles herederos de Telesforo Mamani (fs. 242, 247 y 251); ninguno de los citados responde el recurso, concediéndose el mismo por el auto de 16 de enero de 2019 (fs. 253).

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

  1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, razonó lo siguiente: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

La SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, de igual forma estableció: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”.

Asimismo, la SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto, refiere: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo.

Finalmente la SCP 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de su Resolución,  y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una resolución.

  1. Sobre la nulidad procesal.

El Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, estableció el siguiente razonamiento: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

Asimismo, corresponde señalar que la uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros”.

  1. Sobre la carga de la prueba.

Carlos Morales Guillen, citando a Messineo, señala que: “Prueba es la representación de un hecho y, por consiguiente es la demostración de la realidad (o de la irrealidad) del mismo. Si el hecho no se prueba, según las reglas dadas al efecto por la ley, es como si no existiese. La finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, entendido este término en su más amplia acepción, hechos naturales, hechos humanos y actos y negocios jurídicos…”. De lo que se puede asumir que la prueba está constituida por la actividad procesal de las partes y en ocasiones del propio juez o tribunal, encaminada a la determinación de la veracidad de las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes, y cuya finalidad no es otra que la de conducir al órgano judicial sentenciador a la convicción psicológica acerca de la existencia o inexistencia de dichos hechos.

A tal efecto, el mencionado autor, respecto a la carga de la prueba inmersa en el art. 1283 del Código Civil, señala: “…el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda. El demandado puede limitarse a negarla, dejando toda la carga de la prueba al demandante (ei incumbit ptrobatio qui dicit,  nom qui negat). Más si el demandado alega hechos diversos de los deducidos por el actor que, sin negarlos necesariamente, sean incompatibles con éstos y les quiten eficacia, ya porque tengan carácter extintivo (v. gr. Pago), impeditivo (v. gr. Vigencia de plazo pactado) o modificativo (v. gr. Excesiva onerosidad sobrevenida) está obligado a probar su excepción conforme a la segunda parte del axioma citado supra”.

En relación a dichas consideraciones, el Auto Supremo Nº 111/2013 de 11 de marzo,  establece: “…el art. 1283 Código Civil con relación al art. 375 de su Procedimiento, incumbe a las partes correr con la carga procesal de demostrar sus pretensiones; al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor…”, ésta última que tiene estrecha concordancia con lo indicado en la Resolución de la Corte Suprema de Justicia Nº 279 de fecha 24 de agosto de 2010,  que también indica: “…por determinación del artículo 1283 del Código Sustantivo de la materia, quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión. Igualmente, quien pretende que ese derecho sea modificado, extinguido o no es válido, debe probar los fundamentos de su excepción. En otros términos, la carga de la prueba recae sobre quien demanda una determinada pretensión, quedando obligado a probar los hechos en los cuales basa su demanda…”. 

En ese marco, el Auto Supremo Nº 162/2015 de 10 de marzo, pronunciado por este Supremo Tribunal de Justicia, señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil….”.

  1. Sobre el principio de unidad de la prueba.

José Decker Morales en su obra “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COMENTARIOS Y CONCORDANCIA”, manifestó que “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Víctor De Santo, en su obra “LA PRUEBA JUDICIAL (Teoría y Práctica), haciendo alusión al principio de unidad de la prueba, indica: “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme. Asimismo, con respecto al principio de comunidad de la prueba, señala: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Finalmente, este Supremo Tribunal de Justicia a través del Auto Supremo N° 240/2015, estableció: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

Cabe añadir, que el principio de unidad de la prueba se encuentra íntimamente ligado al sistema de la sana crítica que a su vez se traduce, en una fusión de lógica y experiencia, lo que no implica libertad de razonamiento, discrecionalidad o arbitrariedad del Administrador de Justicia en su labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso, en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145.I del Código Procesal Civil. Tomándose en cuenta que dicha tarea constituye un facultad privativa de los jueces de grados, quienes deben apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando esta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana critica, según disponen las referidas disposiciones legales, de tal manera que a partir del examen de todo ese universo probatorio la autoridad judicial pueda definir las pruebas esenciales y decisivas para encontrar la verdad real de los hechos y de esa manera dirimir el conflicto en consideración del interés general para los fines mismos del derecho.

  1. Sobre la imposibilidad de adquirir por usucapión bienes de dominio público.

El Supremo Tribunal de justicia, orientó lo siguiente en el Auto Supremo  785/2015 de 11 de Septiembre: “…La usucapión decenal o extraordinaria instituida en el art. 138 del C.C., concordante con el art. 110 del mismo cuerpo legal, constituye una de las formas originarias de adquirir la propiedad a través de la posesión, por la cual el poseedor se convierte en propietario en virtud a una declaración judicial siempre y cuando haya cumplido con la posesión y demás condiciones requeridas por ley. Acción ante la cual los jueces y Tribunales ordinarios están en la obligación de realizar el análisis de cuatro cuestiones básicas para determinar la procedencia o no de la usucapión decenal, en este sentido se debe determinar si:

1).- ¿El bien inmueble es susceptible de usucapión?; para responder a esta pregunta se debe determinar si el inmueble es privado, público o está dentro el comercio humano.

2) ¿El actor es poseedor?; pregunta por la cual se debe determinar si quien pretende usucapir el bien en cuestión demostró estar en posesión del bien inmueble.

3) ¿La posesión es útil?; ante esta pregunta se debe determinar si la posesión es pública es decir que no sea oculta ante terceros o ante quien pueda oponerse, pacifica lo que significa que no exista violencia para ingresar o mantener la posesión, y continuada en cuanto no haya existido interrupción civil o natural.

4) ¿Transcurrió el tiempo establecido para la prescripción adquisitiva (usucapión) decenal?; pregunta que cuestiona si se cumplió con lo diez años de posesión que la ley establece.

Es en esta lógica, se debe señalar que el Tribunal de Alzada a través del Auto de Vista recurrido por el que revoca la Sentencia de primera instancia, ha determinado que el bien inmueble que los recurrentes pretende usucapir no cumple o encuadra con la primera pregunta, es decir, si el bien inmueble es susceptible de usucapión, determinando que el bien inmueble no es privado, sino público de propiedad del Gobierno, fundamentando la imposibilidad de procedencia de la Usucapión en el caso presente…339.II de la C.P.E

(…)

… corresponde también señalar que el art. 339.II de la Constitución Política del Estado que describe lo siguiente: …Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable inembargable, imprescriptible e inexpropiable: no podrán ser empleados en provecho particular alguno...descripción que no permite la prescripción de dominio público, del mismo modo también es preciso señalar lo establecido en el art. 91 del Código Civil, refiriendo que: La posesión de cosas fuera del comercio no produce ningún efecto. Se salva lo dispuesto respecto a las acciones posesorias en el libro V del Código presente; bajo esas dos disposiciones se tiene que nuestra legislación no permite usucapir bienes de dominio público.

(…)

Finalmente corresponde señalar que la propiedad pública es inalienable, es decir el poder de disposición jurídica del derecho se encuentra expresamente paralizado; de lo que se concluye que el bien público sometido a dominio público no está en el comercio respecto del poder de enajenación. Es imprescriptible, porque nadie puede ganar por usucapión el dominio de las entidades públicas y como en el caso presente si alguien invade, en términos físicos, un bien público, sus actos materiales no se pueden reconocer como verdadera posesión…”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

  1. En la forma.

La recurrente refiere que el auto de vista incumplió con lo dispuesto en los arts. 265 del CPC, 17.II de la LOJ, y la jurisprudencial sentada en las SSCC 12/2006-R, 2023/2010-R, y 903/2012; pues el Ad quem no se habría pronunciado en forma cronológica y fundamentada respecto a los siguientes agravios planteados en su recurso de apelación: 1) la falta de fundamentación requerida para emitir sentencia; 3) la prueba presentada respecto al área paisajística; 4) las observaciones realizadas a los documentos presentados por el GAMLP; 5) el cumplimiento de los requisitos para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva; 7) el cumplimiento de acceso a los predios municipales; y tres puntos accesorios: a) inexistencia del termino paisajístico; b) la legitimación del GAMLP dentro el proceso y c) sobre el registro del anterior propietario en DDRR.   

El punto III.1. de la Doctrina Aplicable, establece, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, bastando ser concisa, clara y satisfacer todos los puntos demandados (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre); además de existir plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva (SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto), exponiendo en la misma, las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado (0075/2016-S3 de 8 de enero), pues este es el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional (0012/2006-R de 4 de enero); sin embargo, no basta con exigir el cumplimiento de una debida motivación y fundamentación en el fallo, ya que la expresión de agravios debe tomar en cuenta lo establecido en la SCP 1853/2013 de 29 de octubre, que señala: “...la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente -generalmente ante quien dictó la resolución- y dentro del plazo previsto por la norma -antes que la resolución cuestionada adquiera calidad de cosa juzgada-…”; en ese marco jurisprudencial y dentro los parámetros establecidos en los principios Pro Actione y Pro Homine, por los cuales se desechó todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones o agravios invocados (SC Nº 0010/2010-R de 6 de abril), los administradores de justicia ya no exigen al recurrente una técnica recursiva exquisita a momento de plantear sus impugnaciones; empero, ante este Tribunal no significa que el recurrente incumpla lo dispuesto por el art. 274.I num. 3) del CPC, pues debe tomar en cuenta que es de suma importancia identificar en el recurso de casación, el error, la vulneración o la infracción en que incurrió el Tribunal de apelación (AS N° 155/2018, 159/2018-RI de 19 de marzo, y 246/2018 de 04 de abril).

Con esa exposición previa, el punto 1) del recurso de apelación (fs. 185 a 187), omite identificar cuáles serían los fundamentos sesgados y que jamás ocurrieron en el proceso que llevaron a la juez de instancia a declarar improbada su demanda, y tampoco explica el por qué los fundamentos de dicho fallo serian accesorios con respecto a su pretensión; respecto al punto 3), señala que al incorporar el GAMLP el termino Área de Preservación Paisajística, este le causó un agravio, puesto que como municipio inventó una serie de planos a gusto y placer que nunca se dieron a conocer, sin embargo, a lo largo del proceso la recurrente tampoco demostró que los citados planos hayan sido desarrollados a gusto y pacer del GAMLP, y respecto al termino Área de Preservación Paisajística, el mismo no es una invención de la autoridad edil, pues como ejemplo la Ordenanza Municipal N° 147/2000 HAM-HCM 117/2000 de 28 de septiembre, modificada por la Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 259/2015 de 20 de mayo, declaró como patrimonio natural, paisajístico en su área urbana y para su conservación y protección, a distintas áreas, sitios y monumentos del municipio de La Paz; en cuanto al punto 4) sobre las observaciones realizadas a los documentos presentados por el GAMLP, el Ad quem señaló que la recurrente no demostró legal y objetivamente que dichos informes y planos presentados por la entidad edil no tengan valor legal, así como tampoco que el Folio Real sea falso, un aspecto que este Tribunal considera cierto y está relacionado con la carga de la prueba que desarrollaremos más adelante.

En cuanto al punto 5), sobre el cumplimiento de los requisitos para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva, el recurso de apelación señaló que la A quo, incluyó oficiosamente, especulando y sin plena prueba, que la superficie establecida en el Folio Real del GAMLP involucra los 138 m2., que se pretende usucapir, mereciendo por el Ad quem, el siguiente pronunciamiento: que según el informe de DDRR, los datos del predio objeto de litis, no corresponden a su anterior propietario contra quien se dirigió la demanda, aspecto que no fue aclarado por la recurrente; por último, en cuanto al punto 7), que contienen tres puntos accesorios: a) inexistencia del termino paisajístico; b) la legitimación del GAMLP dentro el proceso y c) sobre el registro del anterior propietario en DDRR; señalaremos al primer inciso, que es un tema que analizaremos dentro los aspectos de fondo; sobre el segundo inciso, la recurrente omite fundamentar este aspecto señalando cual el agravio sufrido, dado que se limita a señalar que el GAMLP no es parte del presente proceso; el último inciso, sobre el registro del anterior propietario, es un asunto que fue respondido en el punto 5.

En conclusión, con excepción del análisis de fondo del termino Área de Preservación Paisajística, el Tribunal Ad quem se pronunció con respecto a todos los puntos de agravio invocados en el recurso de apelación; asimismo, es menester precisar que no necesariamente se requiere que la autoridad judicial se pronuncie de forma cronológica y puntual sobre todos los aspectos denunciados, pues de conformidad a los principios de dirección y concentración establecidos en el art. 1 del CPC, la Autoridad Judicial puede romper con el orden expuesto y responder de acuerdo a su importancia dos o tres punto a la vez, lo que no quiere decir que se incurra en omisión.      

  1. En el fondo.
  1. La recurrente, señala que el auto de vista es una copia de la sentencia, donde el Ad quem omitió considerar lo establecido por el GAMLP en la Resolución Administrativa N° 079/2013 de 23 de junio, que aprueba los ítems en cuanto a levantamiento de espacios municipales, clasificando en áreas de equipamiento, vivienda, verde, forestal, aires de rio y vías, en el cual no se contempla el área de preservación paisajística.

Al respecto, la Resolución Administrativa pronunciada por el GAMLP N° 079/2013 de 23 de junio, no fue motivo de análisis dentro el presente proceso, al haber sido presentado después de interpuesto el recurso de apelación (fs. 213 a 214), por lo que no puede acusarse al Tribunal Ad quem de no haber considerado la misma en el auto de vista; en ese marco, este Tribunal pese a verse impedido de emitir mayor pronunciamiento referente a la citada Resolución Administrativa, emitirá el respectivo criterio en el inciso c) de la presente fundamentación. 

  1. Refiere que la superficie total de la inscripción en metros cuadrados del GAMLP, perteneció a diferentes propietarios, los cuales no se encontrarían registrados en DDRR y deben ser expresados mediante levantamientos topográficos y georreferenciados que debieron ser adicionados mediante una aclaración en las oficinas de DDRR; en ese sentido, el Tribunal Ad quem habría interpretado un derecho propietario que no está registrado, al basarse en un Informe que no puede considerarse como un título propietario, siendo este actuar ultra petita para justificar una sentencia; asimismo, señala que pese a tener el Municipio de La Paz una superficie de 22780.00 m2, el presente proceso otorga titularidad sobre esta superficie sin consignar la ubicación exacta y sus colindancias.

Ahora bien, conforme precisamos en el punto III.3. de la Doctrina Aplicable, la carga de la prueba dentro de un proceso le corresponde a la persona que pretende probar su pretensión, siendo su obligación insistir en la producción de la prueba que considera necesaria para tener un resultado favorable, situación que no puede ser suplida por el juez de la causa, pues al A quo no le basta  la mera enunciación de las partes para sustentar su decisión, ya que la sentencia necesariamente debe basarse en hechos probados o acreditados por las partes dentro del proceso.

En el presente caso, la recurrente acusa al Tribunal Ad quem de otorgar titularidad al GAMLP sobre un derecho propietario en base a un informe sin especificar la ubicación y colindancias, siendo este actuar ultra petita; empero, si consideraba que los predios le pertenecían a diferentes propietarios, por lo que debieron ser identificados mediante levantamientos topográficos y georreferenciados, a fin de ser adicionados mediante una aclaración en las oficinas de DDRR, es una tarea que le correspondía a la actora y ahora recurrente, pues quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos en que funda su pretensión, lo que no sucedió en el caso de autos, pues si considera que la superficie de 22780.00 m2, no afecta a la posesión que ejerce sobre el bien, debió generar la prueba pericial pertinente que demuestre tales hechos; por otra parte, ambas autoridades de instancia no otorgaron ningún derecho propietario alguno al GAMLP, y tampoco sus razonamientos se basaron solamente en los informes presentados por el ente edil, dado que la prueba presentada y producida por la actora, no respalda su pretensión, tal el caso del informe de DDRR (fs. 51), donde se identifica que la ubicación del inmueble corresponde a un lugar distinto al pretendido, y en al caso de las testificales (fs. 122 a 124), ninguna de las testigos es vecina o colindante del bien a usucapir (fs. 118 a 120).

  1. Manifiesta que el auto de vista, al establecer una sobreposición de 4.79 m2, sobre la propiedad de la recurrente, obra sin justificativo, pues la juez de la causa habría evidenciado que existe una línea homogénea de los inmuebles vecinos con cordón de acera, aspecto que justifica con el plano de levantamiento del lote de terreno.

Según el acta de audiencia de inspección judicial (fs. 115 vta.), la juez de la causa constato que toda la zona se encuentra urbanizada y ocupada, apreciando en el exterior del inmueble un muro de ladrillo y el acceso a los servicios básicos de agua, luz, gas y alcantarillado, de igual forma, que el inmueble en su interior tiene construcciones de adobe con una data de 15 años aproximadamente; empero, aclara que pese a contar con todos los servicios básicos como los enceres que demuestran la posesión y el uso destinado a vivienda, así como encontrarse delimitadas las colindancias con los vecinos hacia la calle, el bien se encuentra en área verde que prácticamente es un cerro que es propiedad de la Alcaldía Municipal.

Por otra parte, tanto la sentencia como el auto de vista, no solo se sustentan en la inspección judicial para establecer la sobreposición, sino que se basaron en los informes remitidos por las Unidades de Administración Territorial y Catastral (fs. 150 a 154) y el Programa de Defensa de la Propiedad Municipal (fs. 155 a 165), ambas dependientes del GAMLP, donde señalan: la primera, “Conforme al Mapa de Uso del Suelo y Patrones de asentamiento del Distrito 15 aprobado mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. N° 507/2013 promulgada el 14 de junio de 2014, de Uso de Suelos Urbanos (LUSU), el sector es consignado con uso de suelo no edificable de Aires de Río (AR) (grafico 2). Conforme a las competencias establecidas en el MOF, se recomienda remitir el presente al Programa de Defensa de la Propiedad Municipal, PRODEMU para la atención de la Orden judicial.”; la segunda, “…el predio en proceso Se sobrepone parcialmente a propiedad municipal registrada favor del municipio bajo matricula de Folio Real N° 2.01.0.99.0147964 es una superficie de 4.79 m2 asimismo, se sobrepone totalmente a área de preservación paisaje natural (P2) según planimetría y a vía de dominio público de acuerdo a la Ley N°482, es una superficie de 138.35 m2”.

Por otro lado, la Resolución Administrativa N° 079/2013, emitida por la Dirección Administración Territorial y Catastral (fs. 213 a 214), documento que la recurrente considera no fue valorada por el Tribunal Ad quem, resuelve: primero, “APROBAR la validación y ajuste cartográfico de la Planimetría Mark Hurd G-8-II, conforme a la siguiente relación de áreas: ÁREA DE VIVIENDA 286.876 m2; ÁREA VERDE 408 m2; ÁREA FORESTAL 424 m2; ÁREA DE EQUIPAMIENTO 24.344 m2; AIRES DE RÍO 6.304 m2; y ÁREA DE VÍAS 128.146 m2…”; segundo, “La planimetría Mark Hurd G-8-II, Validada y Ajustada Cartográficamente, se constituye en el instrumento oficial para la administración territorial urbana, la cual debe ser depositada en la base de datos de Información Geográfica…”. Remitiéndonos nuevamente al informe de la Unidad de Administración Territorial y Catastral (fs. 150 a 154), en su desarrollo establece: “Conforme a la referencia de ubicación adjunto en fojas 1, el predio de referencia parcialmente (70% aprox.) no cuenta con planimetría de administración urbana y parcialmente (30% aprox.) se encuentra invadiendo vía administrativa como calle s/n de 9,00 m de ancho con el plano Mark-Hurd lamina G-8-II aprobado con Resolución Municipal N° 1209 en el año 1972 ajustado cartográficamente y validado mediante Resolución Administrativa N° 079/2013 de fecha 28/06/2013 (gráfico 1).”

En suma, según el plano Mark-Hurd lamina G-8-II, APROBADO por la Resolución Municipal N° 1209 en el año 1972, ajustado cartográficamente y validado mediante Resolución Administrativa N° 079/2013 de fecha 28 de junio (documento presentado por Julia Mercedes Choque de Quispe a fs. 213 a 214), el inmueble objeto de usucapión se encuentra ubicado en el sector consignado como uso de suelo NO EDIFICABLE de Aires de Río;

En cuanto a la denominación “área de preservación paisaje natural” que otorgó el Programa de Defensa de la Propiedad Municipal, en nada cambia el hecho de que éste sea un área de propiedad municipal, pues siendo reiterativos en este punto, el plano Mark-Hurd lamina G-8-II, establece que el inmueble donde habita Julia Mercedes Choque de Quispe y que demanda se le otorgue derecho propietario por usucapión, se encuentra construido en un área NO edificable, aprobado por la Resolución Municipal N° 1209 en el año 1972 y validada por la Resolución Administrativa N° 079/2013 de 28 de junio; asimismo, citando al art. 85 num. 4) de la Ley N° 2028 de Municipalidades, concordante con el art. 31 inc. d) de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, hoy vigente, se establece que: “Los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y son aquellos destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Comprenden: Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y QUEBRADAS, con sus lechos, AIRES y taludes hasta su coronamiento.” Entonces, siendo evidentes estos aspectos, más cuando la juez de instancia preciso que el bien se encuentra en un cerro de propiedad del GAMLP (fs. 115 vta,) lo que se corrobora por la tercera fotografía de fs. 110, este Tribunal rechaza el agravio denunciado, por tratarse de un bien edificado en un lugar de propiedad municipal calificado como Aires de Río.

  1. Refiere que el auto de vista, estableció que la propiedad de su vendedor no estaría registrada en DDRR, empero, no se habría considerado que Telesforo Mamani tendría cuatro bienes sin metraje, adquiriendo uno de ellos del hijo del propietario, quien le prometió legalizar su titularidad y jamás fue realizado, motivo por el cual inició el proceso de usucapión como forma de legalizar su documentación, cumpliendo con los requisitos del art. 138 del CC y los accesorios que la ley implica.

Al respecto, el Tribunal Ad quem concluyó que los datos presentados por la demandante, no se ajustan al inmueble materia de autos, pues de acuerdo a la demanda planteada, el bien a usucapir se hallaría ubicado en la Zona de Villa San Antonio, Calle 6, N° 100, con una superficie de 138.80 m2; empero, según el informe de DDRR (fs. 51), bajo la Partida 1567, Fojas 869, Libro “B” de 22/08/1944, le corresponde a Telésforo Mamani el Lote de Terreno N° 4, ubicado en la calle Coroico, con 147.60 m2, de superficie, así como el Lote de Terreno N° 1 de la parte del terreno Chusecani de 0.193 m2; aspectos que no fueron aclarados oportunamente.

En ese entendido, retomando los fundamentos expuestos en el inc. b) y lo señalado en el punto III.3. de la doctrina aplicable sobre la carga de la prueba, la demandante advertida de las diferencias existentes entre los datos consignados en su demanda y el bien en posesión, con relación al informe treintañal de DDRR, debió agotar la prueba especificando con total exactitud la ubicación, extensión, colindancias y otros que permitan una adecuada identificación del bien, lo que en los hechos no sucedió, por lo que corresponde rechazar este motivo traído a casación. 

  1. Por último, la recurrente denuncia una mala apreciación de la prueba, pues ninguna de las autoridades de instancia habría establecido de forma clara y concisa, los motivos para negar su pretensión y reconocer derecho propietario al GAMLP en base a un informe; al respecto, es menester aclarar que ninguna de las autoridades de instancia, otorgó o reconoció derecho propietario al GAMLP, pues como se estableció líneas arriba, el inmueble objeto de usucapión se encuentra ubicado en un sector consignado como uso de suelo NO EDIFICABLE de AIRES DE RÍO, aprobado por la Resolución Municipal N° 1209 en el año 1972 y validada por la Resolución Administrativa N° 079/2013 de 28 de junio, y al tratarse de un bien de dominio público, nadie puede ganar por usucapión el dominio de las entidades públicas, pues conforme establece el art. 339.II de la CPE, constituyen propiedad del pueblo boliviano, siendo inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; así como tampoco podrán ser empleados en provecho particular alguno.

Refiere, que el hecho de que el GAMLP cobre los impuestos es un aspecto contradictorio, pues en las boletas de pagos de impuestos se establecen la cantidad de metros cuadrados del empadronamiento y el levantamiento sin registro del municipio, aspecto no aclarado por ninguna de las autoridades; sin embargo, este Tribunal concluye que ambas autoridades de instancia, aplicando el principio de unidad de la prueba desarrollado en el punto III.4. de la doctrina aplicable, establecieron que los impuestos de las gestiones 2005 a 2011 fueron pagadas todas el día 23/01/2013 y la última (2012), el 01/07/2013, en la misma gestión que se inició el presente proceso, por lo que no se consideró como prueba de posesión, y si bien dichas boletas de pago establecen una superficie e identifican la ubicación, de la apreciación y contrastación de las pruebas, estas literales no son coincidentes con la restante prueba aportada por Julia Mercedes Choque de Quispe; en consecuencia, tampoco se evidencia agravio alguno por parte del A quo y el Ad quem.    

CONCLUSIONES.

De lo expuesto, este Tribunal establece que los agravios traídos a casación no vulneran el debido proceso, pues en el caso del recurso de casación en la forma, debe tenerse presente que la nulidad procesal es una excepción de ultima ratio, que se encuentra a su vez limitada por los principios de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad judicial, y frente a esa situación, si la recurrente consideró que el auto de vista carecía de motivación y fundamentación, debió vincular los agravios denunciados en el recurso de casación en la medida en que el Tribunal de apelación hubiera errado, identificando cual la vulneración o el yerro generado, describiendo a su vez, los errores sobre la apreciación de la prueba que deben ser corregidos o saneados por este Tribunal de casación, pues no basta con plantear de forma genérica y ambigua la ausencia de motivación, dado que la ausencia de argumentación en el recurso, no puede suplirse de oficio. En el caso del recurso de casación en el fondo, si bien se demostró la posesión del inmueble por más de 10 años, no es menos cierto que por disposición expresa de la CPE y la respectiva normativa, nadie puede ganar por usucapión el dominio de las entidades públicas, aspecto sentado por este Supremo Tribunal de Justicia en la línea jurisprudencial conformada por los AASS Nros. 1092/2015-L de 23 de noviembre, 1142/2015-L de 08 de diciembre, 183/2016 03 de marzo, 523/2017 de 17 de mayo, 734/2017 de 12 de julio, 730/2018 de 27 de julio y otros, donde se establece, que el dominio público no es susceptible de un proceso de usucapión; con esta conclusión, corresponde a esta autoridad, rechazar los agravios planteados y emitir resolución conforme establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.  

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Julia Mercedes Choque de Quispe cursante de fs. 234 a 238, contra el Auto de Vista Nº 495/2018 de 06 de julio, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizu.