TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 527/2019.

Fecha: 27 de mayo de 2019.

Expediente: P-5-17-S.

Partes: Roseliane Chávez Montero c/ Oscar Alejandro Céspedes Arce. 

Proceso: División y partición de bienes comunes. 

Distrito: Pando.

VISTOS: Los recursos de casación en la forma y el fondo de fs. 974 a 983 y 986 a 987 vta., interpuesto por Oscar Alejandro Céspedes Arce y Roseliane Chávez Montero, contra el Auto de Vista Nº 336/2017 de 28 de julio por la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro el proceso ordinario sobre división y partición de bienes comunes, seguido por Roseliane Chávez Montero contra Oscar Alejandro Céspedes Arce; la respuesta al recurso de fs. 990 a 991 vta., la concesión del recurso a fs. 994 vta., el Auto Supremo de Admisión N° 1001/2017-RA de 25 de septiembre de fs. 999 a 1000, la Resolución N°001/2019 dictada por el Juez Público Civil, Comercial y Familiar Segundo de Riveralta constituido en Tribunal de Garantías de 06 de febrero; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Roseliane Chávez Montero, al amparo del art. 421 de la Ley Nº 603, plantea acción de división y partición de bienes comunes contra Oscar Alejandro Céspedes Arce, argumentando que en vigencia de la unión libre iniciada en enero de 2008 hasta el 8 de abril de 2014, adquirieron un inmueble en Cobija y otros dos en Guayaramerin, una distribuidora denominada Cespedes, cuentas de ahorro, créditos, préstamos de bancos y personas naturales, que viene pagando la misma. Solicita se determine como bienes comunes: el crédito Nº 9011-9890 de Bs. 525.000 otorgado por la entidad financiera FIE; los créditos de $us. 20.000 y 70.000, otorgados por Rene Leverenz; el inmueble ubicado en el barrio Nazaria calle 6 de Agosto; dos inmuebles ubicados en Guayaramerin; la empresa distribuidora Cespedes; la cuenta de ahorro Nº 502-2-1-10131-3 del Banco PRODEM por Bs. 300.000; la deuda contraída con Mario Roberto Gemio Quispe por la suma de Bs. 90.000; y dineros que estuvieran en otras cuentas de ahorro a nombre del fallecido Jimy Ronald Céspedes Pérez cursante de fs. 355 a 356 y de fs. 359 a 363.  

Asumida la competencia por el Juez Público de Familia Segundo, se pronuncia la Sentencia Nº 75/2017 de 25 de mayo (fs. 937 a 940), declarando PROBADA EN PARTE la demanda, disponiendo: 

a) Se declara deuda común el crédito Nº 9011-9890 otorgado por el Banco FIE por la suma de Bs. 525.000.

b) Se declara deuda común el préstamo adquirido de Rene Leverenz Melena por la suma de $us. 20.000.

c) Se declara bien común el inmueble ubicado en el barrio Nazaria calle 6 de agosto, bajo el Folio Nº 9.01.1.01.0003310.

d) Se declara bien común el inmueble ubicado en la Av. Alto de la Alianza Calle 14 manzano 41 de la localidad de Guayaramerin, bajo el Folio 8022010001927.

e) Se declara bien común la Cuenta de ahorro Nº 515-2-1-01516-8 del Banco PRODEM por Bs. 308.072.

f) Se declara bien común la Cuenta de ahorro Nº 273251-4018 del Banco BISA S.A. por Bs. 871.19.

2. Impugnada la resolución de primera instancia por ambas partes, el Tribunal de apelación por Auto de Vista Nº 336/2017 de 28 de julio (fs. 967 a 969), resuelve REVOCAR parcialmente la misma, bajo los siguientes fundamentos:

En cuanto al recurso de apelación de Roseliane Chávez Montero.

No cursa como prueba en el expediente, la demanda seguida por Mario Roberto Gemio Quispe exigiendo el pago de Bs. 90.000, por lo que el agravio no existe.

En lo referente al recurso de apelación de Oscar Alejandro Céspedes Arce.

1) La falta de registro público de la Sentencia Nº 15/2014 sobre declaración de unión conyugal, no impide en absoluto su validez y eficacia.

2) El préstamo del Banco FIE por la suma de Bs. 225.000 es un bien ganancial.

3) El préstamo otorgado por el Sr. René Laverenz Melena por $us. 20.000 es un bien ganancial.

4) El bien ubicado en la localidad de Guayaramerin, no es un bien ganancial.

5) El inmueble ubicado en el barrio Nazaria calle 6 de Agosto, bajo el Folio Nº 9.01.1.01.0003310 es un bien ganancial.

6) La cuenta de ahorro Nº 502-2-1-10131-3 del Banco PRODEM por Bs. 308.072, es un bien ganancial.

7) El incidente de nulidad fue planteado fuera de todo marco procedimental, por lo que no se abre la competencia para resolver el mismo. 

3. Determinación que es impugnada en casación cursante de fs. 974 a 983 por Oscar Alejandro Céspedes Arce y a su turno por Roseliane Chávez Montero de fs. 986 a 987 vta., recursos que son objeto de análisis

CONSIDERANDO II:

1. EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR OSCAR ALEJANDRO CÉSPEDES ARCE

En el fondo.

a. Señaló que al no haber inscrito la Provisión Ejecutorial Nº 06/2016 en el registro cívico, tal como instruye los arts. 160.II y 167 de la Ley Nº 603, la acción judicial de división y partición de bienes gananciales, no es atendible. Añade, para que la unión libre surta sus efectos, necesariamente debe haber sido registrada ante el Oficial de Registro Cívico, a fin de constituir los mismos derechos y obligaciones que son otorgados dentro el matrimonio.

Situación que en el presente caso no se habría dado y que no obstante de haber sido observado y reconocido por la parte demandante, dicha situación legal ha sido pasada por alto, tanto por el Juez de Instancia como por el Tribunal de apelación.

b. En lo concerniente al crédito bancario otorgado por el Banco FIE por la suma de Bs. 525.000, señala que la demandante ha sido la tenedora y poseedora de todos los recursos económicos recibidos del crédito otorgado por la entidad bancaria, que según las instrumentales de fs. 340 a 343, todas y cada una de las cuotas del citado préstamo fueron cancelados por Jimy Ronald Céspedes Pérez y no así por la demandante, pues no existe prueba literal o contraria que establezca que la accionante haya efectuado la derogación de dichos pagos por la obligación asumida.

c. Con relación al préstamo otorgado por René Leverenz Melena por la suma de $us. 20.000, señala que el documento original se encuentra roto y repuesto con cinta adhesiva, ya que esta obligación ha sido cumplida, porque su padre en vida canceló en su integridad la deuda contraída; añade, que en obrados no cursa la exigencia del acreedor para el cumplimiento de la obligación; y por último, habiendo transcurrido más de cinco años, la obligación se encuentra prescrita, por lo que el derecho del acreedor a exigir la deuda, se ha extinguido.

d. Respecto al inmueble ubicado en el Barrio Nazaria, el mismo no tendría la condición de bien ganancial, ya que fue adquirido por Jimy Ronald Céspedes Pérez en su calidad de soltero según la Escritura Pública Nº 1331/2012 de 01 de noviembre, por lo que debe respetarse el legado de único heredero. Añade que dicho inmueble, no puede ser objeto de partición y división, tampoco puede ser mezclada con la comunidad de gananciales, ya que dicho bien se encuentra en litigo. 

e. Sobre la cuenta de ahorro Nº 502-2-1-10131-3 del Banco PRODEM por Bs. 308.072,98 señala que de forma conjunta con sus abuelos Oscar Céspedes Claros y Justina Pérez Vargas, depositaron un monto de Bs 125.600 a manera de ayuda para garantizar la compra de cerveza para la distribuidora, sin imaginar que fallecería a los pocos días, en consecuencia, de la mencionada cuenta le correspondería al fallecido la suma de Bs 182.404.43, suma de dinero que debe ser susceptible de división y partición.   

En la forma.

a. Señaló que, conforme al art. 250 de la Ley Nº 603, opuso incidente de nulidad en segunda instancia, empero, el Tribunal de apelación solamente se limitó a resolver el recurso de reposición interpuesto en primera instancia, tal como se desprende del acta de audiencia de fs. 846 a 848 vta., viciando de nulidad el proceso.

b. Denunció la vulneración del derecho al debido proceso y la defensa, al no haber cumplido el juez de instancia con los incisos k) y l) del art. 427 de la Ley Nº 603, ya que fue ofrecida como prueba de reciente conocimiento y obtención, la SCP Nº 0184/2017-S2, por lo que debió ser admitido previo juramento de ley al ser el fallo constitucional vinculante y de cumplimiento obligatorio.

c. Citando jurisprudencia y los arts. 248, 251 261 y 325 de la Ley Nº 603 y el art. 17.III de la L.O.J., reitera la falta de pronunciamiento del incidente de nulidad interpuesto. 

Petitorio.

Solicita se case totalmente el Auto de Vista Nº 336/2017 de 28 de julio. Con costas, costos, daños y perjuicios.

2. EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR ROSELIANE CHÁVEZ MONTERO

En el fondo.

a. Interpretación errónea del certificado de Derechos Reales.

Señaló que el considerando IV. Inc. 4) del Auto de Vista, realiza una errónea interpretación del certificado emitido en Derechos Reales, ya que Jimy Céspedes adquirió el inmueble en la ciudad de Guayaramerin en fecha 30 de junio del 2011 y no como refiere el Auto de Vista, que el 9 de marzo de 2006 el señor Jimy Ronald Céspedes Pérez hubiese adquirido este inmueble para luego registrarlo el año 2014, se incurre en una errónea valoración por parte de los vocales de la sala civil por lo que solicita se case en forma parcial la resolución del Tribunal de apelación, disponiendo que el bien inmueble sea declarado ganancial, sujeto a división y partición de bienes.

b. Violación al art. 265 de la Ley Nº 439.

Refiere que al momento de interponer el recurso de apelación, denunció la errónea valoración de la prueba con respecto a la deuda contraída con el señor Roberto Gemio Quispe por Bs 90.000, ya que entre los fundamentos expuestos, señaló que el acreedor interpuso en su contra y la del ahora demandado, un proceso sumario de cumplimiento de contrato, cuyas fotocopias legalizadas cursan de  fs. 857 a 907, cuyo fallo ordena que en el plazo de 30 días se entregue las facturas de compra de cerveza por la suma de 78,000, por lo que habría sido incorrecto declarar que el agravio no existe. En ese entendido, denuncia la vulneración del art. 265 del CPC, al no haber resuelto el recurso interpuesto conforme a los puntos apelados, en tal sentido, la deuda por Bs 90.000, debe ingresar a la masa de bienes gananciales para que sean divididos en ejecución de sentencia.

Petitorio.

Por lo brevemente expuesto, en tiempo oportuno me permito interponer el recurso de casación pidiendo que se sirva imprimir los trámites de ley.

3. LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR ROSELIANE CHÁVEZ MONTERO.

a. Errónea aplicación de la normativa en la interposición del recurso de casación.

Señala que el recurso ha sido planteado al amparo de los arts. 270, 273, 274.I y 276.I de la Ley Nº 439, normativa que sería errada, cuando los arts. 392 al 404 de la Ley Nº 603 establece la procedencia, trámite y formas de resolución del recurso de casación. Añade de igual manera, que la recurrente al manifestar que se violó el art. 265 de la Ley N° 439 realiza una errónea aplicación de la normativa.

b. Incumplimiento de los requisitos de forma en la interposición del recurso de casación.

Señala que el memorial del recurso de casación de la demandante, está dirigido contra el Auto de Vista N° 336/2017 de fecha 31 de julio de 2017, siendo lo correcto 28 de julio de 2017, por lo que dicho Auto de Vista mencionado de manera errónea no existe en el caso de autos, incumpliendo lo dispuesto por el art. 396 inc. a) de la Ley Nº 603, situación que debe ser observada por este Tribunal declarando improcedente el recurso, conforme manda el art. 400 de la misma norma.

c. Incumplimiento de la normativa procesal familiar en las causales de fondo y forma del recurso de casación.

Citando el Auto Supremo Nº 169/1987 de 17 de junio, señala que el recurso de casación de la demandante, no hace mención a las causales de fondo y forma que hacen procedente el recurso, conforme mandan los arts. 393 y 394 de la Ley Nº 603, situación que vulneraria los principios de especificidad, previsibilidad y pertinencia.

Concluye señalando que, por lo argumentado, hacen improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandante conforme manda el art. 400.I de la Ley Nº 603, al no haber cumplido con los requisitos previstos en la citada ley.

d. De los fundamentos que sustentan la resolución del Tribunal de garantías.

Que al haberse planteado incidente de nulidad por el accionante de fs.834 a 836 (demandado en el proceso objeto de litis), y diferido su resolución para audiencia, el juez de primera instancia no emitió pronunciamiento alguno en la audiencia programada para el 13/03/2017, exponiendo criterio únicamente sobre el recurso de reposición pendiente, desconociendo lo determinado en el art. 256 incs. b) y c) de la Ley Nº 603 que establece que “todo incidente será resuelto en audiencia”, incumpliendo por ende con los requisitos previstos en el art. 358 de la misma norma, sobre todo si en la parte resolutiva el juez de la causa exclusivamente se limitó a confirmar al decreto de 20/02/2017, sin generar análisis sobre el referido incidente, que por imperio del art. 24 de la CPE merece respuesta, más aún cuando por resolución de 09/03/2017 se determinó que sería analizado en audiencia. Y no se puede suponer que al haberse saneado el proceso o rechazado al perito, no se tenga que emitir una resolución como manifiesta el Auto Supremo.

Sobre la culminación de los actos procesales previstos en el art. 427 incs. k) y l) de la Ley Nº 603, se tiene que acorde a la audiencia complementaria a fs. 832, el juez de la causa después de realizar algunos actuados procesales declaró un cuarto intermedio, señalando una nueva para el 13/04/2017 y la misma se difirió para el 25/05/2017, donde el accionante reclamó que la autoridad de primera instancia no había concluido con el diligenciamiento de las pruebas previstas en la citada norma, alegación que fue rechaza pero contra esta determinación se presentó la nulidad en apelación conforme a lo previsto en el art. 250 de la Ley Nº 603, pero se le dio el trámite de apelación sin ser resuelto previamente acorde a la mencionada norma, olvidando que en cumplimiento a la normativa tenían la obligación de remitir los actuados  para que sean resueltos por el Juez A quo, lo cual no sucedió.

El fundamento expuesto en el AS Nº 722/2018 en sentido que al haber saneado el proceso y dejado sin efecto la designación del perito, ya no le causa indefensión, es una respuesta que desconoce lo previsto en el art. 358 de la Ley Nº 603, porque no puede manifestarse que al sanearse el proceso y  al ser rechazado el perito no se tenga que emitir una resolución, de igual manera sucede al haberse llevado la audiencia preliminar y repetido los actos procesales se tiene que no ha culminado con todos y cada uno de los pasos establecido en el art. 427 de la Ley Nº 603, entonces no puede manifestar que la SCP Nº 184/2018-S2 no debe ser considerada como prueba, porque es competencia de la Juez de primera instancia culminar con todas las actuaciones previstas en el art. 427 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo Nº 203/2016 de 11 de marzo, que de forma clara orienta: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el  art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso”.

III.2 De los bienes gananciales.

El calificativo de ganancial, en su filosofía y en el ordenamiento jurídico positivo, hace referencia a un determinado bien, adquirido durante la existencia del vínculo matrimonial -o de la unión de hecho-, mediante el esfuerzo y la cooperación, reales y efectivos, de ambos cónyuges. En el derecho argentino, Belluscio define que “son bienes gananciales todos los adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal por uno u otro de los esposos, con tal de que la adquisición no haya sido a título gratuito. Pero deben exceptuarse los que tienen carácter propio por responder a alguna de las circunstancias que les asignan esa calidad, en especial por la subrogación real, la accesoriedad a otros propios, o la existencia de causa o título de adquisición anteriores al matrimonio" (Augusto César Belluscio, Manual de Derecho de Familia, Tomo 2, pág. 84). Otros tratadistas, señalan que bienes gananciales "son todos aquellos adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de ellos, respecto del que se aportó al constituirse el matrimonio. Observamos así que los bienes gananciales son aquellos que implican un aumento de capital, un acrecentamiento patrimonial, forjado mediante el esfuerzo común de los esposos” (Gerardo Trejos Salas y Marina Ramírez, Derecho de Familia Costarricense, Tomo I, pág. 225).

El art. 63.II de la Constitución Política del Estado, prescribe: “Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellas”. Nuestro ordenamiento jurídico, preceptuada en el art. 137 de Código de las Familias, dispone: “I. El matrimonio y la unión libre son instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida en común, siempre que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y el presente Código, conllevan iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges o convivientes, como respecto a las y los hijos adoptados o nacidos de aquellos. II. Las uniones libres deben reunir condiciones de estabilidad y singularidad. III. En el matrimonio y la unión libre se reconoce el término cónyuge sin distinción.”

En cuanto a la comunidad de gananciales, el art. 176 del Código de Familias, cita: “I. Los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de gananciales. Esta comunidad se constituye aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que la o el otro. II. Disuelto el vínculo conyugal, deben dividirse en partes iguales las ganancias, beneficios u obligaciones contraídos durante su vigencia, salvo separación de bienes.” El art. 188 de la misma norma, refiere que Son bienes comunes por modo directo: a) Los adquiridos con el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges. b) Los frutos de los bienes comunes y de los propios de cada cónyuge. c) Los productos de juegos de lotería o azar, siempre que no se trate de los que provienen de sorteo o retención de valores o títulos pertenecientes a uno solo de los cónyuges. d) Los que se obtengan por concesión o adjudicación del Estado.” En cuanto a la administración de los bienes comunes, los parágrafos I y II del art. 191 de la norma en estudio, disponen: “I. Los bienes comunes se administran por ambos cónyuges. II. Los actos de administración que realice uno solo de los cónyuges, que se justifiquen para cubrir las cargas de la comunidad ganancial, se presume que cuentan con el asentimiento del otro mientras no se demuestre lo contrario y surten efectos para ambos.” En cuanto a las deudas el art. 196.II establece: “II. Las deudas de la o el cónyuge contraídas durante la unión conyugal o la unión libre, se presumen para beneficio de la comunidad ganancial y el interés superior de las hijas o hijos si los hubiere, y se cargan a ésta, salvo prueba en contrario.”

III.3 De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- denomina la prueba como convicción”. Por su parte Víctor De Santo, con relación al principio de unidad de la prueba, nos refiere que “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme” (La Prueba Judicial Teoría y Práctica).

A su vez, por el principio de comunidad de la prueba, “La prueba no le pertenece a quien la suministra” y por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la añade al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Ambos principios rigen en materia civil y orientan a los juzgadores en su labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso, en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, aspecto que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil.

Por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los jueces de instancia, el Auto Supremo N° 240/2015 refiere “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho…”.


III.4 De la nulidad procesal.

Si bien el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado bajo un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado  por la  jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en  los nuevos Códigos en si regulando su procedencia ( Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  en concordancia con  la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la CPE., que indica  “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciéndose que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto  de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome un decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el principio de especificidad o legalidad, se encuentra establecido en el art. 105.I del Código Procesal Civil establece que “Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley”; criterio de nulidad específica, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El principio de trascendencia y el principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El principio de protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106.II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del principio de convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo, el principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107.I) de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con carácter previo al estudio del recurso de casación, debemos destacar que la presente resolución emana como emergencia de la determinación N°001/2019 de 06 de febrero, dictada por el Juez Público Civil, Comercial y Familiar Segundo de Riveralta constituido en Tribunal de Garantías, quien dejó sin efecto el AS Nº 722/2018, realizando observaciones única y exclusivamente a los argumentos sustentados sobre el recurso de casación en la forma de Oscar Alejandro Céspedes Arce, sin que exista objeción alguna a otros temas o recursos, entonces corresponde realizar un estudio primigenio y minucioso sobre dichos tópicos.

1. Respecto al recurso de casación interpuesto por Óscar Alejandro Céspedes Arce.

Del estudio minucioso del recurso de casación se denota varios reclamos tanto de forma como de fondo, en consecuencia, aplicando el entendimiento asumido en el punto III.1 de la doctrina, corresponde de inicio absolver los reclamos vinculados a la forma, pues al ser un problema jurídico incidental ligado al trámite de la causa de ser evidente su contenido la determinación asumida será una de carácter anulatorio, impidiendo un examen de los puntos relacionados al fondo del proceso.

En la forma.

1. Señala haber interpuesto un incidente de nulidad el cual fue diferido su análisis para audiencia preliminar juntamente con un recurso de reposición, empero el juez de la causa se limitó a resolver el recurso de reposición interpuesto en primera instancia obviando en análisis del incidente, situación que implica una vulneración de los arts. 248, 251, 261 y 325 de la Ley Nº 603 y el art. 17.III de la Ley Nº 025, viciando de nulidad el proceso.

Sobre este tópico corresponde realizar algunas precisiones vinculadas a la resolución emitida por el Tribunal de garantías (N°001/2019 dictada por el Juez Público Civil, Comercial y Familiar Segundo de Riveralta), en el entendido que la citada determinación dejó sin efecto el AS Nº 722/2018; entre otros argumentos,  porque la respuesta emitida sobre este punto no es correcta, pues al haber planteado un incidente de nulidad de fs. 834 a 836, el juez de primera instancia debió resolverla en la audiencia programada (13/03/2017), sin embargo dicha autoridad expresó criterio única y exclusivamente sobre el recurso de reposición pendiente y no así sobre el citado incidente (fs. 834 a 836), desconociendo lo determinado en el art. 256 incs. b) y c) de la Ley Nº 603 que establecen que todo incidente debe ser resuelto en audiencia, lo cual también implica una violación a los requisitos previstos en el art. 358 de la mencionada norma.

De todo el contexto anotado, con un poco de dificultad se puede extraer que el Tribunal de garantías desde su óptica determinó que la anterior respuesta otorgada por este Tribunal en este punto no es correcta, ya que el incidente cursante de fs. 834 a 836, al no ser resuelto en audiencia implica una vulneración de los arts. 256 incs. b) y c) y 358 ambos de la Ley Nº 603, que por imperio del art. 24 de la CPE merece una respuesta, argumento que en todo su contexto nos orilla a disponer una nulidad de obrados para que ese defecto procesal, es decir el incidente de fs. 834 a 836 sea resuelto por el mismo juez de la causa.

Cabe resaltar que la decisión referida no es acorde al actual modelo Constitucional de Derecho (neoconstitucionalismo), al contrario es una postura asumida desde una visión legalista en el Derecho, porque no se sustenta en una interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad, sino que busca la aplicación in estricta de la ley, desconociendo parámetros de progresividad y de prohibición de regresividad en materia jurisprudencial, en consecuencia corresponde a este máximo Tribunal Supremo de Justicia realizando un control de constitucionalidad desplegar una interpretación y plasmar una argumentación jurídica, desde y conforme al citado bloque de constitucionalidad, para justificar el criterio a ser asumido.

En principio debemos enfatizar que nuestra Constitución Política del Estado reconoce la progresividad de los derechos, tal cual lo refiere art. 13 al determinar que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos…”, cuando hablamos de progresividad debemos entender que es todo avance o conquista asumida, a nivel normativo o nivel Jurisprudencial en pro de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, entendimiento que en su mismo contenido conlleva implícito el principio de no regresividad de los derechos o entendimientos jurisprudenciales generados, en otros términos cuando un juzgador asuma una postura garantista y progresiva desde la visión evolutiva del derecho, dicha autoridad judicial que adoptó esa postura al encontrarse vinculado a sus razonamientos (vinculatoriedad horizontal), no puede posteriormente generar un criterio regresivo, contraviniendo el citado principio (de prohibición de regresividad), entendimiento que resulta aún más extensible cuando la modulación asumida en derecho ha emanado de una autoridad de cierre donde sus fallos no son simplemente auto-vinculante sino que se extienden a las autoridades inferiores (vinculatoriedad vertical), siguiendo ese marco de progresividad la jurisprudencia constitucional asumió la tesis de la doctrina del estándar Jurisprudencial más alto1, es decir que la jurisprudencia vinculante, no se encuentra regentada por un marco de temporalidad, (o sea si es anterior o posterior), sino resulta aquella que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la norma suprema y en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, criterio que resulta extensible a la autoridades judiciales cuando adopten un criterio evolutivo en derecho.   

Partiendo de aquella directriz, y teniendo en claro que la jurisprudencia vinculante resulta aquella más garantista, desde la óptica de los derechos y garantías reconocidos corresponde establecer cual es el entendimiento vinculante para el tema de las nulidades procesales, porque es el tema que nos atinge al tratarse de un reclamo vinculado a la forma.

Sobre el tema de las nulidades procesales la jurisprudencia constitucional adopto el criterio de la -relevancia constitucional- señalando: “Sobre la relevancia constitucional en los hechos alegados por el accionante, la jurisprudencia se pronunció al respecto en la SC Nº 0995/2004-R de 29 de junio, … los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados (las negrillas son nuestras)”.2.

La citada jurisprudencia desde toda óptica resulta un criterio progresista en derecho, al limitar la aplicación de las nulidades procesales a casos donde el defecto procesal realmente tenga una incidencia o repercusión en el fondo, sobre todo porque la finalidad de la administración de justicia es la solución al conflicto jurídico y no la perfección procesal, asimismo este Tribunal a través de sus diversos fallos acogió la misma teoría, argumentando que la aplicación de las nulidades procesales en este Estado Constitucional de derecho, no operan ante el simple alejamiento o desviación del acto procesal de las formas previstas por ley, sino sólo cuando este hecho ocasiona un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin perjuicio; es por eso que, previamente a declarar la nulidad, se debe tener presente que el perjuicio ocasionado al justiciable sea real y lesivo al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, de tal manera que quede el sujeto procesal en una situación de indefensión material y que en caso de asumir la nulidad procesal la decisión de fondo ha de sufrir modificación en su contenido, pues lo contrario obviamente implicaría declarar una nulidad irrelevante e innecesaria.

En ese entendido y como bien ya lo señaló el tratadista Eduardo J. Couture3, al referirse al principio de trascendencia: “no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.” (Las negrillas nos pertenecen); criterio que se ve reflejado en la jurisprudencia emitida  por el Tribunal Constitucional4 que señaló  lo siguiente: “… las nulidades de los actos procesalesserán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso,siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional. Un razonamiento jurídico distinto, esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesalsin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado legislativo de Derecho ya sepultado.”. De lo expuesto, se infiere que al momento de analizar el vicio procesal que podría generar una nulidad de obrados, corresponde previamente determinar la trascendencia y/o relevancia del mismo; es decir, constatar si se provocó una lesión evidente al derecho al debido proceso, así como la incidencia que podría tener en la decisión de fondo, máxime cuando ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad, en tanto no se vulnere de forma real y efectiva el derecho a la defensa.

Siguiendo todo este entendimiento, o sea aplicando parámetros progresivos en derecho y de proporcionalidad se ha determinado que no todo defecto es causal o motivo de nulidad, sino aquellos que generan trascendencia o relevancia al proceso, es decir sólo los que han de repercutir en el fondo de la causa. En ese contexto, corresponde a continuación verificar si lo acusado por la recurrente genera aquella consecuencia jurídica, entonces necesariamente corresponde realizar una recapitulación de los antecedentes de la causa para encontrar el grado de afectación que conlleva aquel actuado y determinar si es relevante o no.

Toda esta relación de antecedentes nos permite concluir -a prima facie- que su reclamo carece de todo sustento básico para una posible nulidad procesal, esto debido a los siguientes aspectos.

En principio cabe destacar que, si bien se ha interpuesto un incidente de nulidad y no ha merecido pronunciamiento por el A quo, sin embargo, dicho tema no ha sido observado en la citada audiencia (fs. 846 a 848) operando per se- el principio de convalidación y preclusión, habiendo con su silencio dotado de plena eficacia jurídica todo lo obrado, no resultando viable retrotraer el proceso ante estadios procesales ya superados por el simple capricho de las partes.

Ahora también debemos enfatizar que el contenido del citado incidente de fs. 834 a 836, del cual se discute y evidencia su omisión, estaba dirigido a observar el ofrecimiento y aceptación de la prueba pericial desglosado supra, sin embargo, conforme se dijo en el anterior Auto Supremo esta designación del perito ha sido dejada sin efecto, o sea actualmente dicha determinación ha desaparecido procesalmente y por ende no le genera ninguna consecuencia jurídica o perjuicio-entonces al carecer de este elemento el recurrente se ve ausente de legitimación procesal para observar este punto, debido a que el elemento motor que le faculta a observar cualquier acto procesal radica en que con dicho perjuicio, caso contrario como en el presente caso al no generarle ningún perjuicio su reclamo se convierte en un instrumento netamente dilatorio.

Ahora ingresando al tema de la relevancia constitucional, realizando el respectivo test en el hipotético de asumir la postura de anular obrados y disponer que dicho incidente sea respondido, la situación procesal o el problema de fondo no repercutirá en el fondo del proceso, ya que al ser rechazada la producción de prueba pericial que reiteramos era objeto del incidente de fs. 834 a 836 la situación jurídica que giraba en torno a este desapareció y por ende no tiene ninguna incidencia ni repercute en el proceso, entonces la litis en el fondo no ha de merecer modificación alguna.

Todos estos fundamentos nos permiten concluir que no corresponde anular en base a este tema que si bien no existe una respuesta al incidente a fs. 834, sin embargo el mismo conforme a todos los fundamentos expuestos carece de relevancia constitucional, resultando totalmente errada la postura asumida por el Tribunal de garantías quien pretende disponer una nulidad para que dicho incidente sea analizado, sin embargo como dijimos no tomó en cuenta los nuevos paradigmas que sustentan la actual forma de administrar justicia donde la finalidad gravitante es la solución al conflicto jurídico y no la perfección procesal, como se detalló de forma fundamentada, no correspondiendo asumir la postura del Tribunal de garantías por no ser acorde a derecho quien pretende que este Tribunal disponga una nulidad sin sustento jurídico jurisprudencial, correspondiendo en consecuencia continuar con el criterio asumido con las correspondientes aclaraciones realizadas en la presente resolución, donde se pudo acreditar que los fundamentos que sustentan el fallo se encuentran en base a criterio evolutivos en doctrina jurisprudencial del estándar más alto para el tema de las nulidades procesales.

2. Vulneración del derecho al debido proceso y la defensa.

Al incumplir el juez de Instancia con los incisos k) y l) del art. 427 de la Ley Nº 603. Arguye que ofreció como prueba de reciente conocimiento y obtención, la SCP Nº 0184/2017-S2, que debió ser admitida previo juramento de ley al ser el fallo constitucional vinculante y de cumplimiento obligatorio.

Al punto en cuestión el Tribunal de garantías resalto que acorde a la audiencia complementaria a fs. 832, el juez de la causa después de realizar algunos actuados procesales declaró un cuarto intermedio, señalando nueva audiencia para el 13/04/2017, misma que difirió para el 25/05/2017, donde el acciónante reclamó que la autoridad de primera instancia no había concluido con el diligenciamiento de las pruebas previsto en el art. 427 inc. k) y l) de la Ley Nº 603.

En este punto el Tribunal de garantías no emite un criterio preciso, sino al contrario, sin embargo contextualizando todo el fundamento juntamente con el recurso de casación en este acápite, se denota que lo que se pretende es que este Tribunal anule obrados para que el juez de primera instancia cumpla con lo establecido en los puntos k) y l) del art.427 de la Ley Nº 603 y analice la aceptación probatoria de la SCP Nº 184/2017-S2, es decir nuevamente se pretende la aplicación de una nulidad procesal, sin establecer la afectación o alcance que tiene dicho defecto procesal.

Cabe reiterar que este Tribunal no comparte el criterio del cumplimiento a ultranza de las formalidades establecidas por ley, porque bajo los nuevos paradigmas constitucionales la nulidad procesal ha pasado de concebirse de un mecanismo de protección del derecho procesal, a ser entendido y utilizado como un real y efectivo medio de resguardo a derechos y garantías constitucionales como ser el derecho al debido proceso pero con incidencia al derecho a la defensa, criterio detallado en el punto anterior es decir que sólo es aplicable en ese caso y bajo un criterio de juridicidad, después de un examen somero de los principios universalmente reconocidos (convalidación, preclusión, finalidad, conservación de los actos, trascendencia y legalidad entre otros), criterio que es evolutivo y progresivo en derecho, no pudiendo asimilarse una postura regresiva de entendimientos jurisprudenciales  conforme a lo delineado anteriormente, es decir que se debe realizar un test de relevancia constitucional para determinar si el defecto invocado afecta al fondo del proceso, situación en la cual si correspondería anular obrados caso contrario no.

Si bien el art. 427 de la Ley Nº 603 determina en los inciso k) y l) establecen la posibilidad de ofrecer nuevos elementos probatorios que deben ser analizados por el juez, sin embargo debemos precisar que el único elemento probatorio presentado en dicho actuado a fs. 936, es la SCP Nº 0184/2017-S2 misma que en su contenido no incide en el fondo de la litis, al contrario se refiere a otro proceso como ser el de reconocimiento de la unión conyugal, hecho que hace que no tenga vinculación alguna con este proceso, máxime si dicha determinación en su contenido es claro al enfatizar: “ Conforme se tiene expresado precedentemente, el memorial de acción de amparo planteada por la accionante no guarda relación de causalidad entre los actos que considera vulneratorios a sus derechos y menos con el petitorio, situación que tampoco fue subsanada por el memorial de fs. 97 a 99 vta., pues de todo el tenor de ambos memoriales referidos, se tiene una relación de procesos ordinarios que se hubieran llevado a cabo de los cuales, ni siquiera la accionante es parte, de tal manera que no existe claridad en qué forma las Resoluciones adoptadas en los mismos hubieran afectado en sus derechos al debido proceso y a la defensa en su vertiente de fundamentación y congruencia”  o sea que da no pautas sobre el fondo de la litis y como se dijo en la anterior resolución, lo que se debate es la existencia de bienes gananciales durante  el periodo de  febrero del año 2008 hasta  abril del año 2014, ya que la división de las ganancias, beneficios u obligaciones contraídas, se esclarecerán en ejecución de sentencia.

O sea que el citado medio probatorio en el hipotético de ser asumido o admitido, el recurrente no explica cómo ha de incidir en el fondo de la litis, y este Tribunal tampoco puede inferir como dicho medio probatorio ha de cambiar el resultado del proceso, situación que vislumbra la falta de relevancia constitucional, pues no existe nulidad por nulidad, sino que debe existir una afectación tal que repercuta en el fondo del proceso, situación que no ocurre, tornándose en inviable la nulidad pretendida.

En el fondo.

1. En cuanto a la falta de inscripción en el registro cívico de la Provisión Ejecutorial Nº 06/2016

El recurrente considera que al no haberse inscrito la Provisión ejecutorial Nº 06/2016, tal como instruye los arts. 160.II y 167 de la Ley Nº 603, la acción judicial de división y partición de bienes gananciales, no sería atendible.

Al respecto, el art. 167 del Código de las Familias, señala que los efectos de la declaración de unión conyugal libre y de hecho, surten en el primer caso, desde el momento señalado por las partes, y en el segundo casodesde la fecha señalada por la autoridad judicial. En el presente caso, la Juez 1ro de Instrucción Familiar de Cobija, declaró probada la demanda de unión conyugal libre y de hecho a partir del mes de febrero del año 2008 hasta el 8 de abril del año 2014; en ese entendido, dentro el marco legal establecido por la norma, no es un requisito indispensable la inscripción de la Provisión Ejecutorial Nº 06/2016 a los fines del presente proceso.   

2. En lo concerniente al crédito bancario otorgado por el Banco FIE por la suma de Bs. 525.000.

Refiere que la demandante administró todos los recursos económicos recibidos del crédito, otorgado por el Banco FIE y que según las instrumentales de fs. 340 a 343, las cuotas del préstamo fueron canceladas por Jimy Ronald Céspedes Pérez y no así por la demandante, pues no existe prueba que establezca que la accionante haya efectuado el pago de dicha obligación.

Como bien estableció el Tribunal de apelación, el crédito bancario contraído con el Banco FIE es de fecha 23 febrero de 2013 (fs. 341 a 342), dentro la vigencia de la unión conyugal libre, y si bien esta obligación era depositada por el fallecido, no es menos cierto que las cargas les pertenecen a ambos concubinos.

3. Con relación al préstamo otorgado por el Sr. René Leverenz por la suma de $us. 20.000.

Señala que el documento original se encuentra roto y repuesto con cinta adhesiva, ya que esta obligación habría sido cumplida por su padre en vida, además de no cursar en obrados la exigencia del acreedor para el cumplimiento de dicha obligación; por otra parte, esta obligación habría prescrito, extinguiéndose el derecho del acreedor a exigir la deuda.

Bajo la premisa de que las acciones y obligaciones adquiridas en vigencia de la unión conyugal, se reputan como gananciales, el reconocimiento voluntario del préstamo de $us. 20.000, suscrito entre Jimy Céspedes Pérez y Rene Leverenz Melena ante Notario de Fe Pública, fue realizado en vigencia de la unión conyugal, por lo que de igual manera ingresa a la división y partición de bienes. Por otra parte, los aspectos denunciados de que la deuda ha sido cubierta en su totalidad o que la misma haya prescrito, son elementos que se determinaran en ejecución de sentencia.

4. Respecto a que el inmueble ubicado en el Barrio Nazaria no tendría la condición de bien ganancial.

Señala que este inmueble fue adquirido por su padre en calidad de soltero conforme refiere la Escritura Pública Nº 1331/2012 de 01 de noviembre, por lo que debe respetarse el legado de único heredero. 

Si bien la fotocopia legalizada de la Escritura Pública mencionada cursante de fs. 134 a 137, refiere que el inmueble fue adquirido por Jimy Ronald Céspedes Pérez en calidad de soltero, no es menos cierto que fue adquirido en vigencia de la unión conyugal, por lo que fue correcto declarar este inmueble como un bien ganancial, más cuando no existe prueba que acredite o respalde esa afirmación.

5. Sobre la cuenta de ahorro Nº 502-2-1-10131-3 del Banco PRODEM por Bs. 308.072.

Afirma que conjuntamente a sus abuelos Oscar Céspedes Claros y Justina Pérez Vargas, depositaron Bs. 125.600 a fin de ayudar en la compra de cerveza para la distribuidora, en consecuencia, de la mencionada cuenta le correspondería al fallecido la suma de Bs. 182.404.43, monto de dinero que debe ser susceptible de división y partición.

En el presente caso, existe un reconocimiento parcial del demandado respecto a esta cuenta de ahorro; empero, los argumentos relacionados con los depósitos realizados por el recurrente y sus abuelos, son aspectos que de igual manera, serán determinados en ejecución de sentencia, por lo que no existe agravio en este punto.

Con las aclaraciones realizadas corresponde declarar infundado el presente recurso de casación.

IV.2. RESPECTO AL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR ROSELIANE CHÁVEZ MONTERO

En el fondo.

1. En cuanto a la errónea interpretación del certificado de Derechos Reales

Señala que se incurrió en una errónea valoración de la certificación extendida por Derechos Reales, ya que Jimy Ronald Céspedes Pérez adquirió este inmueble en la ciudad de Guayaramerin el 30 de junio del 2011 y no como señala el Auto de Vista, que el 9 de marzo del 2006 se hubiese adquirido este inmueble para luego ser registrado el año 2014, incurriendo en una errónea valoración.

De fs. 785 a 786 cursa la certificación otorgada por Derechos Reales de la provincia Vaca Diez, donde consta que bajo la Matrícula Nº 8.02.2.01.0001927, el antecedente dominial es del año 2006 y el Asiento A-4 de fecha 10 de junio de 2014, registra el derecho propietario de Oscar Alejandro Céspedes Arce por declaratoria de herederos al fallecimiento de su padre Jimy Ronald Céspedes Pérez. Por lo que aparentemente seria correcta la decisión del Tribunal de apelación; empero, a fs. 789 se encuentra una fotocopia simple de la Matrícula Nº 8.02.2.01.0001927, de donde se extrae lo siguiente: Asiento Nº 1: a nombre de Jimy Ronald Céspedes Pérez por compra venta según Escritura Publica Nº 65 de 09 de marzo de 2006; Asiento Nº 2: a nombre de Justina Pérez Vargas por compra al Sr. Jimy Ronald Céspedes Pérez según Escritura Pública Nº 44 de 18 de febrero de 2008; Asiento Nº 3: a nombre de Jimy Ronald Céspedes Pérez por compra a la Sra. Justina Pérez Vargas, según Escritura Pública Nº 252 de 30 de junio de 2011; y Asiento Nº 4: a nombre de Oscar Alejandro Céspedes Arce por Declaratoria de Herederos al fallecimiento Jimy Ronald Céspedes Pérez según Escritura Pública de 19 de mayo de 2014.

En conclusión, habiendo demandado Roseliane Chávez Montero, se instituya como un bien ganancial el inmueble ubicado en la Av. Alto de la Alianza Calle Nº 14 Manzano 41 de la localidad de Guayaramerin, la decisión asumida por el juez de instancia para declarar probada esta pretensión, fue correcta; empero, en segunda instancia, al ser impugnado este apartado, el Tribunal de apelación omitió realizar una correcta valoración de la prueba al solo considerar los asientos A-1 y A-4 de la Matrícula Nº 8.02.2.01.0001927 para revocar este aspecto, ya que si bien el Asiento Nº 1 registra como propietario al Sr. Jimy Ronald Céspedes Pérez el año 2006, consta en los Asientos A-2 y A-3 del folio real, dos transferencia, la primera a favor de su madre la Sra. Justina Pérez Vargas el año 2008 y la segunda, de la madre a favor de su hijo Jimy Ronald Céspedes Pérez el año 2011; de este discernimiento, se establece que el inmueble ubicado en la Av. Alto de la Alianza Calle 14 manzano 41 de la localidad de Guayaramerin y registrado bajo la Matrícula Nº 8.02.2.01.0001927, forma parte de la comunidad ganancial. 

2. En cuanto a la violación al art. 265 de la Ley Nº 439

Refiere la errónea valoración de las fotocopias legalizadas que cursan de fs. 857 a 907, perteneciente al proceso sumario de cumplimiento de contrato seguido por Roberto Gemio Quispe contra las partes ahora contendientes, donde se exigió el pago de Bs. 90.000; en ese entendido, denuncia la vulneración del art. 265 del CPC, al no haber resuelto el recurso interpuesto conforme a los puntos apelados.

Habiendo demandado la Sra. Roseliane Chávez Montero se declare como bien ganancial la deuda cancelada al Sr. Mario Roberto Gemio Quispe por Bs. 90.000 en base a un proceso llevado en el Juzgado Público Civil Comercial 3º, el juez de primera instancia, estableció que dentro las citadas literales, no cursa un contrato de préstamo que acredite la existencia de dicha deuda, así como tampoco sería suficiente el reconocimiento de la misma para establecer el carácter común de deudas frente a terceros; impugnado este fundamento, el Tribunal de apelación concluyó que en el caso de Autos “en ninguna parte del expediente existe una demanda intentado por la actora en contra de su finado concubino, por la suma de Bs. 90.000. Por lo que el supuesto agravio no existe.”

Si bien no cursa en el proceso, un documento que acredite la obligación contraída, se tiene de antecedentes (fs. 857 a 907), el proceso de cumplimiento de contrato verbal interpuesto por Mario Roberto Gemio Quispe contra los Sres. Roseliane Chávez Montero y Oscar Alejandro Céspedes Arce, pretensión que mereció por el Juez 1º de Instrucción en lo Civil, la Sentencia Nº 09/2015 de 01 de abril que declara Probada la demanda y dispuso la entrega de las facturas de compra de cerveza en la suma de Bs. 78.000 (fs. 898 a 899), fallo de primera instancia que se encuentra ejecutoriado y con calidad de cosa juzgada (fs. 901 vta.).

En ese entendido, este Tribunal no puede desconocer la obligación contraída por los conyugues Jimy Ronald Céspedes Pérez y Roseliane Chávez Montero con el Sr. Roberto Gemio Quispe por la suma de Bs. 78.000 y no así por Bs. 90.000 como se demandó, más cuando este aspecto fue de conocimiento del Sr. Oscar Alejandro Céspedes Arce en el sumario de cumplimiento de contrato como en el presente proceso, sin merecer pronunciamiento alguno a lo largo de ambos procesos. En conclusión, corresponde declarar como bien ganancial, la deuda contraída con el Sr. Roberto Gemio Quispe por la suma de Bs. 78.000.   

IV.3. LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR ROSELIANE CHÁVEZ MONTERO.

Oscar Alejandro Céspedes Arce, responde el recurso de casación interpuesto por Roseliane Chávez Montero, señalando errónea aplicación de la normativa en la interposición del recurso de casación, ya que se aplicó la Ley Nº 439 y no así la Ley Nº 603; de igual manera refiere, el incumplimiento de los requisitos de forma en la interposición del recurso de casación, ya que el mismo está dirigido contra el Auto de Vista N° 336/2017 de 31 de julio, siendo lo correcto 28 de julio de 2017; añade, el incumplimiento de la normativa procesal familiar en las causales de fondo y forma del recurso de casación, ya que no hace mención a las causales de fondo y forma que harían procedente al mismo; por lo que concluye, que dicho recurso es improcedente al no haber cumplido con los requisitos previstos en la ley.

Al respecto la SCP Nº 0281/2013, del 13 de marzo, estableció que sobre la base del principio pro actione, corresponde adoptar la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción y de recurrir del accionante, prohibiéndole  al Juez en un Estado Constitucional de derecho, defender a ultranza formalidades y ritualidades procesales, incluso por encima del sacrificio de derechos fundamentales, como en el caso del derecho a impugnar una decisión judicial, considerando que los alcances normados en la suprema norma, están acorde a lo establecido en los principios de favorabilidad como el pro actione por el que se garantiza el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados. En ese sentido, se rechazan las observaciones realizadas al recurso interpuesto por Roseliane Chávez Montero.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el fondo interpuesto por Oscar Alejandro Céspedes Arce cursante de fs. 974 a 983, conforme al art. 220.IV de la misma norma, respecto al recurso de casación de fs. 986 a 987 interpuesto por Roseliane Chávez Montero, se CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 336/2017 de 28 de julio, cursante de fs. 967 a 969 vta., declarando al inmueble registrado bajo Matrícula Nº 8.02.2.01.0001927, ubicado en la Av. Alto de la Alianza calle 14 manzano 41 de la localidad de Guayaramerin y a la obligación contraída con Roberto Gemio Quispe por la suma de Bs. 78. 000, como parte de los bienes gananciales, manteniendo en lo demás incólume lo asumido respecto a los demás bienes. Sin costas ni costos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizú.



1SCP 2233/2013 de 16 de diciembre

2 SCP Nº 1062/2016-S3 de 3 de octubre

3 Libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil

4 Sentencia Constitucional Plurinacional 0427/2013 de 3 de abril