TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 526/2019                           

Fecha: 27 de mayo de 2019

Expediente: LP-56-18-S                                                                   

Partes: Javier Fernández Baptista c/ Julio Marín Durán.

Proceso: Mejor derecho propietario y otros.  

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1082 a 1093, formulado por Javier Fernández Baptista, representado por Martha Fernández Baptista contra el Auto de Vista Nº S-238/2016 de 8 de julio, cursante de fs. 1071 a 1073 vta., y su auto complementario de 29 de agosto de 2016, cursante de fs. 1078, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de mejor derecho propietario y otros seguido por el recurrente contra Julio Marín Durán, la contestación al recurso de casación cursante de fs. 1106 a 1109 vta., el Auto de Concesión de 4 de mayo de 2018 de fs. 1152; el Auto Supremo de Admisión Nº 543/2018-RA de fs. 1162 a 1164; Auto Supremo Nº 886/2018 de fs. 1173 a 1180, Auto Constitucional Nº 37/2018 de fs. 1202 a 1208 vta.; todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. El Juez Décimo Tercero de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de La Paz, dictó Sentencia Nº 66/2015 de 6 de marzo, cursante de fs. 1013 a 1019 vta., declarando: IMPROBADA en todas sus partes la demanda de fs. 9 a 10, subsanada a fs. 12, interpuesta por Javier Fernández Baptista, e IMPROBADA la excepción perentoria de cosa juzgada de fs. 142 a 145, así como la demanda reconvencional sobre cumplimiento de fallos ejecutoriados y resarcimiento de daños y perjuicios interpuestos por Fidel Alarcón Calle de fs. 147 a 149, sin costas por ser proceso doble.

2. Resolución de primera instancia que fue recurrido en apelación por Javier Fernández Baptista, representado por Martha Fernández Baptista  cursante a fs. 1021 a 1031, mereciendo que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista Nº S-238/2016 de 8 de julio cursante a fs. 1071 a 1073 vta., que CONFIRMO la Sentencia Nº 66/2015 de 6 de marzo, cursante de fs. 1013 a 1019 vta., con costas, bajo el fundamento siguiente:

El recurrente demandó mejor derecho de propiedad, cancelación de registro y reivindicación, indicando que Luis Patiño Sánchez Bustamante, hace más de 30 años enajenó su lote de terreno ubicado en la esquina de las calles 26 (ahora Ovidio Suarez Morales) y José Gabino Villanueva de Alto Calacoto, registrado en Derechos Reales, en el Libro 40, Partida 293 de 29 de marzo de 1978, con Tarjeta de Registro de Propiedad Nº 01001841 y matrícula Nº 2.01.0.99.0061782, sin embargo Julio Marín Durán, adquirió de Fidel Alarcón Calle el mismo lote de terreno en una extensión de 485 m2, registrado bajo la matrícula Nº 2011010007279 de 16 de mayo de 2005, quien valiéndose de esa venta ingresó al lote el cual ahora detenta vulnerando su derecho propietario.

En cuanto al derecho propietario del demandado, el Juez fundó su decisión en el hecho de que su origen de derecho propietario deviene de un título originario, además de no haberse acreditado que el derecho propietario del actor como del demandado tenga el mismo origen o emerjan de un mismo vendedor.

Por Resoluciones Supremas Nº 73583 de 28 de mayo de 1957 y 78473 de 2 de octubre de 1958 de fs. 15 a 37 y 490 a 510 respectivamente, se dispuso la extensión de Títulos Ejecutoriales a los campesinos beneficiarios dentro el trámite de afectación del fundo “Calacoto Alto”, entre los que se encuentra Gregoria Vda. de Pariguana, en cuyo mérito el Título Ejecutorial colectivo Nº 34517, se inscribió bajo la partida 01309759, el derecho propietario del Sindicato Agrario de Calacoto Alto, sector Luis Patiño S. Bustamante, limitada por la partida 01471313, depurada en la matrícula Nº 201101000070, asiento  A-1 de 30 de octubre de 1998 a favor de Fidel Alarcón Calle, como efecto de anticipo de legítima según Escritura Pública Nº 860 de 21 de octubre de 1998, otorgada por Gregoria Ticona de Pariguana de fs. 7 a 8, partida a su vez cancelada por matrícula Nº 2011010007279, asiento 1 de 10 de mayo de 2005, que registró la transferencia por compra venta efectuada a favor del demandado Marín Durán Julio de donde se infiere que el derecho propietario del demandado tiene como origen el Título Ejecutorial, otorgado por el Presidente de la República Hernán Siles Zuazo mediante Resolución Suprema Nº 78473, situación que no aconteció con el registro de derecho de propiedad del actor, el que deviene de la Escritura Pública Nº 45 de 12 de diciembre de 1948.

Que por el art. 175 de la CPE, lo títulos ejecutoriales son definitivos, causan estado y no admiten ulterior recurso, estableciendo pleno derecho para su inscripción en Derechos Reales, de acuerdo al art. 176 del mismo cuerpo normativo, no corresponde a la justicia ordinaria revisar, modificar y menos anular las decisiones de la judicatura agraria cuyos fallos constituyen verdades jurídicas comprobadas, inamovibles y definitivas, tratándose de un derecho propietario otorgado por el Estado, el cual debe proteger ese derecho y no desconocerlo.

Con relación a la falta de consideración de las pruebas cursante de fs. 307 a 348, consistente en el pago de impuestos de bienes inmuebles urbanos gestión 1986-2006 sobre el terreno de la calle 26 (ahora Ovidio Suarez Morales) y José Gabino Villanueva de fs. 323 a 343, el informe técnico, levantamiento de topográfico, declaración sobre propiedad inmueble de la Dirección de Catastro Urbano de fs. 344, plano de lote visado por la H.A.M.L.P. de fs. 345, declaración jurada del impuesto a la regularización impositiva de fs. 346, certificación de registro Catastral de fs. 347, del inmueble ubicado en las calles Gabino Villanueva y calle 26 de Alto Calacoto, Distrito 044, Manzana 0612, Codificación Catastral “B” de fs. 348, declaración jurada del bien inmueble, todos de propiedad del recurrente, no siendo evidente que el Juez hubiese desconocido dichos medios de prueba, pues estos no revestían trascendencia para dicha resolución.

En relación a la ubicación del inmueble esta no se encuentra precisada, empero este aspecto no fue determinante para la decisión del Juez.

En cuanto al quebrantamiento de principios constitucionales, no precisó de qué forma se hubiera violentado, asimismo,  el derecho propietario del demandado se originó del Título Ejecutorial Colectivo Nº 34517, una vez que de la partida N° 01309759, depurado con la matrícula Nº 2011010001396, asiento A-1, correspondiente al Sindicato Agrario, fue delimitado por la partida Nº 01471313 mediante anticipo de legítima, según Escritura Pública Nº 860/98, efectuado por Gregoria Vda. de Pariguana en favor de Fidel Alarcón Calle, quien a su vez transfiere su derecho propietario a favor del demandado Julio Marín Durán. En tanto que la supuesta falsedad respecto del mencionado título originario de la nación boliviana y la Escritura Pública Nº 860 de 21 de octubre de 1998, acusados por el recurrente, no tienen mayor relevancia.

El Ad quem en virtud de los arts. 236, 227 y 343 del Código de Procedimiento Civil, concluyó que el recurso de apelación carece de descripción de infracciones cometidas por el juzgador, limitándose a efectuar una relación de lo acontecido en el proceso, omite argumentar como el fallo sería lesivo a sus intereses como se ven afectados en sus derechos, no pudiendo sustentarse en el supuesto perjuicio que se estuviese ocasionando a terceros como arguye el apelante, incumpliendo con la normativa señalada.

3. Con base a esos antecedentes, la referida Resolución de alzada, fue recurrida en casación por Javier Fernández Baptista representado por Martha Fernández Baptista, mediante memorial de fs. 1082 a 1093, dictándose el Auto Supremo Nº 886/2018 de 5 de septiembre, mereciendo el Auto Constitucional Nº 37/2018 cursante de fs. 1202 a 1208 vta., correspondiendo su análisis y resolución. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

En el fondo.

1. Acusó que el Ad quem no examinó los términos de la Escritura Pública Nº 860, señala que Fidel Alarcón Calle y Gregoria Ticona Vda. de Pariguana burlaron al Notario de Fe Pública, celebrando una trasferencia de un supuesto terreno de 1.0344 Has., ubicado en el ex fundo Calacoto Alto del cantón Palca, alegó que el objeto de la Escritura Pública es ilícita no cumple con los arts. 1059, 1060, 1061, 1062, 1063 y 1066 del Código Civil, toda vez que Fidel Calle no es hijo biológico de Gregoria Ticona Vda. de Pariguna, fue hijo político (yerno), verdad material que no quisieron contrastarlo el juez A quo ni el Ad quem vulnerando el art. 1059 del Código Civil, principios de la verdad material, indicó que la columna que constituye el derecho propietario de Julio Marín Durán, está asentada en un base fraudulenta y simulada.

2. Señaló error de derecho al valorar la Escritura Pública Nº 860 (fs. 1053 a 1055), en cuanto al tercer considerando emitido por el Auto de Vista, referente a la conclusión del A quo respecto al citado documento, concretan la adhesión del Ad quem a la valoración de la prueba. El Tribunal de alzada otorgó a la Escritura Pública Nº 860/98, una eficacia probatoria diferente a la establecida por ley, a dicho efecto cita el Auto Supremo Nº 64/2015.

3. Indico que el Auto de Vista sostiene que el Juez fundó su decisión, en el hecho que el origen del derecho propietario del demandado viene del título originario de la nación boliviana, además de no acreditarse que el derecho propietario del actor como del demandado tengan el mismo origen, indicó el Ad quem, que el derecho propietario de Julio Marín Durán, se originó en el Título Ejecutorial  Colectivo Nº 34517 de la partida 01309759, depurado con la matrícula Nº 2011010001396, asiento A-1, que corresponde al Sindicato Agrario, delimitado por la partida Nº 01471313, mediante anticipo de legítima según Escritura Pública Nº 860/98, quien transfiere a favor del demandado Julio Marín Durán, en tanto que la supuesta falsedad respecto al título originario de la nación boliviana y la Escritura Pública Nº 860/98, acusados por el recurrente no tienen mayor relevancia.

Por lo que se demostró con prueba literal que dichas afirmaciones son falsas y violan la verdad material, la certificación de Derechos Reales a fs. 8 corroborada por fs. 1049, describe que no se encuentra registrada Gregoria Vda. de Pariguana, tampoco un descendiente consanguíneo.

Con dichos antecedentes el Ad quem concluye que el derecho propietario del demandado se origina en el Título Ejecutorial Colectivo 34517, en el que no figura su causante Gregoria Vda. de Pariguana, por lo que es imposible que origine la tradición de Julio Marín Durán, no figura en la lista de propietarios del Sindicato Agrario de Calacoto Alto, sector Luis Patiño Sánchez Bustamante. El título originario de la nación boliviana,  que refieren ambos Tribunales de instancia con el que fue dotado a Gregoria Vda. de Pariguana de algún lugar de Alto Calacoto, todavía no es ubicado de manera fehaciente como se confirma en obrados, que para su validez debió estar registrado en Derechos Reales, conforme el art. 1538 del Código Civil, y anexado al expediente, no basta presentar el Testimonio de fs. 15 a 37 ni el certificado de fs. 49 en fotocopia simple sin valor alguno, las autoridades de instancia al otorgar validez a una tradición inexistente contravienen los arts. 1538 y 1523 del Código Civil, no consideran las documentales de fs.  8 y 1049, extendidas conforme el art. 1296.II del Código Civil, así también el art. 105 del mismo cuerpo legal, se da constancia de las documentales que cursan de fs. 2 a 4, 6, 299 a 306, 347, 558, 559 a 582, Folio Real Nº 210990061782 y Testimonio Nº 164/78, pruebas que dan constancia que el actor generó derecho propietario legal y legítimo.

Si Gregoria Vda. de Pariguana no figura como miembro o copropietaria del Sindicato Agrario de Calacoto Alto, no hay base legal ni legitimidad para transferir derechos inexistentes, la Escritura Pública Nº 860/98, incluido su registro posterior son falsos y originaron su falsa tradición.

4. Denunció error de hecho al valorar la prueba, no existe prueba consistente en el Título Ejecutorial Colectivo 34517, registrado en Derechos Reales en la que figure Gregoria Vda. de Pariguana, la conclusión de que el derecho propietario del demandado se origina en el citado Título Ejecutorial, es una mala apreciación por considerar una prueba que no existe en el proceso, asimismo el Ad quem altero, modifico e incremento datos inexistentes de Derechos Reales de fs. 8, como si en el figuraría Gregoria Vda. de Pariguana.

Refirió vulneración al principio de verdad material con relación a la inamovilidad de los Títulos Ejecutoriales, en el caso presente encubre una falsedad, en el Título Ejecutorial Colectivo 34517 no figura Gregoria Vda. de Pariguana como miembro del Sindicato Agrario de Calacoto Alto, sector Luis Patiño S.B.

5. El  Tribunal de segunda instancia para justificar la acción de mejor derecho propietario, sostuvo que no es imprescindible que el derecho propietario tenga un mismo origen, cita el A.S. 131/2016 de 5 de febrero, violando ambos Tribunales el art. 1545 del Código Civil, demostrando que el actor registró su derecho propietario el 29 de marzo de 1978 (fs. 1 a 6), y el demandado el 10 de mayo de 2005 (fs. 38 y 47) posterior al registrado por el actor, hecho que no fue tomado en cuenta por los de instancia.

6. Indicó vulneración a los principios ético morales del art. 8.I de la CPE, así también de la prueba adjuntada queda constancia de que el inmueble del cual refiere ser propietario Julio Marín Durán, no tiene ubicación (fs. 759 a 780), en relación a la parcela de Gregoria Vda. de Pariguana que origina del supuesto derecho de Julio Marín Durán; se adjuntó prueba que acredita que los demandados son procesados por delitos penales y civiles, la que hace constancia la conducta antiética, llena de ilícitos, que violan los principios ético morales.

7.  Arguyó vulneración del art. 115.I de la CPE, en sentido de que cursantes en obrados  se tiene tres Autos de Vista, signados con los Nros. S-96/2013 de 1 de marzo, S-286/2014 de 26 de marzo y el actual S-238/16 de 8 de julio, los dos primeros sostienen, que para la presente acción no es indispensable que los títulos emerjan de un solo propietario, el tercer Auto de Vista debió ser consecuente, en concordancia, según dicha doctrina legal por demostrar la tradición legal y la ubicación exacta de la Zona Alto Calacoto, el hecho de cambiar la inicial doctrina hace que el Ad quem haya quebrantado el art. 115.I de la Constitución Política del Estado, al respecto cita el Auto supremo Nº 30/2016 de 21 de enero.                             

Por lo expuesto solicitó case el Auto de Vista declarando probada su demanda.

De la respuesta al recurso de casación.

1. Acusó que el recurso tomó en cuenta como base el art. 252 núm.3 y señaló de manera general los arts. 268, 270, 271, 274 y 276 del Código Procesal Civil, además de invocar erróneamente el anterior CPC, el recurso de casación no expresa el contexto de los arts. 271 y 274 del Código Adjetivo Civil, motivo por el cual debe aplicarse lo dispuesto por el art. 277.I del Adjetivo Civil.

2. El recurrente acusó de vulnerar el principio de verdad material sustentando su pretensión en el Auto Supremo Nº 64/2015, para sostener que la Escritura Pública Nº 860/98 de 21 de octubre, Gregoria Vda. de Pariguana da en calidad de anticipo de legítima a su hijo político Fidel Alarcón Calle la totalidad del terreno no cumpliendo con lo determinado en los arts. 1059, 1060, 1061, 1062, 1063 y 1066 del Código Civil, concluyendo que el hijo político no es biológico por lo que el derecho propietario de Julio Marín Durán es fraudulento y simulado.

Con referencia a la verdad material, el actor alegó por intermedio de su apoderada  que desde 1978, inducen en error a las autoridades intentando un proceso contra la Asociación de Futbol de La Paz, que concluyó en su contra el año 2006 inició otro proceso y con la misma Escritura Pública Nº 164/1978, sustanciándose en la presente litis, también se inició otro proceso sobre nulidad de escritura contra los herederos de Gregoria Ticona Vda. de Pariguana, Fidel Alarcón Calle y Julio Marín Durán, el actor ya dilucidó su derecho de propiedad con la Asociación de Futbol de La Paz, por ello quien falta a la verdad es Javier Fernández Baptista.

En cuanto a Fidel Alarcón Calle es hijo político de Gregoria Vda. de Pariguana, toda vez que es esposo de su hija, la sucesión queda abierta incluso para el hijo político, así lo señala los arts. 1062 y 1063 del sustantivo civil, el art. 1065 del Código Civil, habré la posibilidad de disponer libremente los bienes por parte del de cujus, Gregoria Vda. de Pariguana se encontraba en plena facultad de disponer libremente todos sus bienes, lo manifestado por el recurrente no tiene asidero legal y menos prueba documental que logre enervar dicho fundamento. 

Solicitó se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

Respecto al entendimiento de verdad material.

El Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Nº 1888/2011-R de 7 de noviembre, señaló que: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor supremo justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de “verdad material”, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional.

De este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos”.

De la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo Nº 37/2017 de 4 de enero, se ha desarrollado la doctrina respecto a la valoración de la prueba que señaló lo siguiente:

“José Decker Morales en su obra CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COMENTARIOS Y CONCORDANCIA, señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”. 

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015, que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con carácter previo, se toma los lineamientos del Auto Constitucional Nº 37/2018 de 27 de diciembre, emergente de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Fernández Baptista, realizando una debida fundamentación, motivación, congruencia y debida valoración de cada elemento de prueba, de cuya base se pasa a considerar y responder las pretensiones deducidas, como sigue:

EN LA FORMA.

1. Con referencia a los agravios 1 y 2, referente a la acusación de que el Ad quem no examinó los términos de la Escritura Pública Nº 860/98, que burlaron la transferencia de un supuesto terreno de 1.0344 Has., infringiendo los arts. 1059, 1060, 1061, 1062, 1063 y 1066 del Código Civil, toda vez que no es heredero forzoso, tampoco hijo biológico de Gregoria Ticona Vda. de Pariguana dicha verdad, no se quiso contrastar por ambos Tribunales de instancia, vulnerando el art. 1059  del Código Civil  y sobre la acusación de error de derecho a tiempo de valorar la prueba, conforme los arts. 253.3 del Código de Procedimiento Civil y 271.I de la Ley Nº 439 al valorar la Escritura Pública Nº 860/98, el Ad quem, dio una eficacia probatoria diferente a la establecida por ley.

La sucesión hereditaria es una de las formas de adquirir el derecho de propiedad, como señala el art. 110 del Código Civil.

Corresponde señalar que el art. 1059 del Código Civil, describe sobre la legítima sucesoria de los hijos, asimismo refiere el porcentaje de una quinta parte del patrimonio que una persona (de cujus) puede destinar para liberalidades. Cuando se acusa actos jurídicos respecto de una sucesión para su consideración debemos remitirnos a lo previsto en el art. 1002 del Código Civil que describe la clasificación de sucesores refiriendo que entre los herederos legales, unos son forzosos (llamados a la sucesión por el sobre el ministerio de la ley) y los otros son simplemente legales que tienen derecho a la sucesión a falta de herederos forzosos y testamentarios; solo estos se encuentran legitimados para cuestionar sobre la otorgación de las liberalidades, consignaciones de anticipo de legítima, que involucra únicamente a los que tengan calidad de herederos, los terceros no pueden cuestionar dicho aspecto porque su patrimonio es distinto a los que componen la sucesión.

La persona que no se encuentra en uno de los grados de llamamiento a la sucesión hereditaria no puede observar si la liberalidad o el anticipo de legítima efectuado resulta correcto o excesivo, la persona que hubiere tenido una relación jurídica con el causante debe restablecer su relación jurídica con los herederos del causante, también el acreedor del heredero, se encuentra facultado a demandar la nulidad de la aceptación de una sucesión insolvente, por consiguiente, el tercero que no tenga una relación jurídica directa con el causante no puede observar las liberalidades o anticipo de legítima del de cujus.

En el caso planteado el recurrente Javier Fernández Baptista, observo el anticipo de legítima que Gregoria Vda. de Pariguana hubiera otorgado en favor de Fidel Alarcón Calle, cuando aquel en su criterio postula su cadena de dominio  que deviene de Luis Patiño Sánchez Bustamante y extrañamente pretende observar el anticipo de legítima otorgado por Gregoria Vda. de Pariguana, cuando esta obtuvo su derecho de propiedad conforme al proceso agrario que culminó con la Resolución Suprema Nº 78473 de 2 de octubre de 1958; no evidenciando que el recurrente tenga un grado de parentesco respecto a Gregoria Vda. de Pariguana, tampoco tiene una relación jurídica de acreencia en relación a la mencionada, por lo que el recurrente no puede cuestionar la infracción del art. 1059 del Código Civil, o que la Escritura Pública  Nº 680/98 (anticipo de legítima), fuera ilícita que no cumpliría con los arts.  1060, 1061, 1062, 1063 y 1066 del Código Civil, no evidenciando infracción de todas están normas aludidas por el recurrente.

Por otra parte el recurrente describe que la venta (anticipo de legítima) refiriendo al título de Julio Marín Durán estuviera asentado en un antecedente fraudulento y simulado, y en lo pertinente a la acusación de error de derecho respecto a la Escritura Pública Nº 860/98, mismas que no corresponden ser consideradas por cuanto, en los párrafos que preceden se concluyó que el recurrente no tiene legitimación para observar el anticipo de legítima o liberalidad dispuesta por Gregoria Vda. de Pariguana.

Finalmente, también aludió el Auto Supremo Nº 64/2015, dicho precedente se refiere a un proceso de división y partición en la que se aplicó el principio de verdad material que se aplica a todos los procesos judiciales, conforme al mandato del art. 180.I de la Constitución Política del Estado.

2. Respecto al contenido de medios de prueba de fs. 8 y 1049, el recurrente      pretende, se efectué una valoración individual de los medios de prueba para acoger su pretensión recursiva, criterio que es acogido por este Tribunal, en el análisis que se realiza en razón a los lineamientos del Tribunal de Garantías, puesto que cada prueba reviste de importancia y mucho más cuando la misma es contrastada y valorada en su conjunto, por lo que los medios probatorios producidos dentro el proceso, responden al mandato de optimización, descrito como principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a la doctrina legal aplicable.

De la revisión al proceso se tiene que los de instancia sustentaron su decisión con base a la Resolución Suprema Nº 78473, donde se encuentra que Gregoria Vda. de Pariguana, fue favorecida con una dotación de terreno agrario, la referida Resolución fue inscrita en Derechos Reales bajo la partida computarizada Nº 1309759, depurada con la matrícula Nº 2011010001396, e inscrita en marzo del año 1994, correspondiendo hacer constar que en dicha propiedad figura el Sindicato Agrario de Calacoto Alto (sector Luis Patiño Sánchez Bustamante), ingresando a un análisis de logicidad en función al principio de verdad material se tiene que la Resolución Suprema Nº 78473, no solo comprende a las 47 personas que figuran  en la partida Nº 1309759, sino que la misma al referirse como titular al Sindicato Agrario de Calacoto Alto, también comprende a Gregoria Vda. de Pariguana, por consiguiente, se entiende comprende a todos los beneficiarios del sector Luis Patiño Sánchez Bustamante que fueron consignados en la Resolución Suprema Nº 78473, es por ello que la mencionada partida es antecedente para limitar el derecho propietario de Fidel Alarcón Calle y finalmente limitar con posterioridad la partida de Julio Marín Duran.

En ese análisis integral de la prueba, corresponde también referirnos que el derecho propietario del recurrente cursante a fs. 6, tiene como antecedente dominial la partida Nª 280, fojas Nº 335, libro 40 de 2 de junio de 1948, que se hallaba registrado el derecho propietario de Luis S. Patiño S. Bustamante sobre una porción de terreno con una superficie de 23.286 Mt2, ubicado en la ex hacienda Calacoto, adquirida mediante la complementación de partidas, según Escritura Pública Nº 45, de 21 de febrero de 1948.

Bajo esos antecedentes corresponde establecer que la afectación “voluntaria” de la hacienda “Calacoto” por D.S. 03471 en su art. 101, estableció extenderse los títulos ejecutoriales en el papel sellado respectivo a los propietarios y campesinos con las limitaciones que se estableció, con el replanteó y la nueva distribución realizada (fs. 122 de obrados).

De manera que el demandante, hoy recurrente, cuyo derecho propietario pretende hacer valer como mejor derecho propietario inscrito en la partida de fs.6, no posee el antecedente de limitación por el replanteo efectuado por la afectación del Decreto Supremo de la Reforma Agraria dentro del procedimiento voluntario de afectación seguido por los propietarios  y campesinos de la hacienda “Calacoto” en el año 1953, que fue con posterioridad al año 1948, descrito supra, mucho más al haber adquirido por compra y venta de Luis Patiño (fs. 2 a 4) el año 1978 y registrado el mismo año, necesariamente en él debían constar las afectaciones y el replanteo correspondiente (realizado inclusive por sorteo con el fin de evitar discordias y preferencias), así como la descripción del  nuevo título extendido por la nueva distribución afectada por la Reforma Agraria, emergente del D.S. 03471.

Concluyéndose que respecto al registro propietario del demandante hoy recurrente, tiene un antecedente dominial  que no registra la afectación realizada por la Resolución Suprema Agraria Nº 78473 de 2 de octubre de 1958, lo cual genera vacíos e incertidumbre respecto a la transferencia realizada, puesto que no reúne antecedente dominial cronológico y legalmente dispuesto, máxime si la afectación significó que la titularidad de su vendedor Luis Patiño Sánchez Bustamante de 1948, pasó al Estado por la afectación de la Reforma Agraria y que fue el Estado con el procedimiento de dotación quien entregó nueva titulación, lo cual no puede ser soslayado por ningún operador de justicia, omisión que no le permite al hoy recurrente acreditar derecho propietario legítimo frente a su contraparte. 

Por todo lo analizado y dada la funcionalidad de todos los documentos probatorios, no se puede establecer una verdad material analizando únicamente e individualmente el contenido de uno solo de los documentos y menos únicamente la certificación que cursa a fs. 8 reiterada a fs. 1049, misma que consigna un elemento esencial cual es el antecedente dominial del “Sindicato Agrario Calacoto”, fundado en la resolución suprema agraria, misma que fue omitida en la prueba de fs. 6, siendo que el criterio jurídico debe apuntar a engranar todo el elenco probatorio para satisfacer las pretensiones de las partes, conforme a la verdad material, no siendo evidente que en el título colectivo no figure Gregoria Vda. de Pariguana, pues en el Testimonio de dotación de fs. 15 a 37, describen el nombre de la referida como beneficiaria de las dotaciones que efectuó el Estado, por consiguiente, no existe error de hecho y error de derecho en la apreciación probatoria de la certificación de fs. 8 y 1049.

3. En lo referente a la ubicación de la propiedad de la parte demandada corresponde precisar, que en el contenido del memorial de demanda el actor (recurrente), señaló lo siguiente “… señor Juez ocurre que el señor Julio Marín Durán adquirió del señor Fidel Alarcón Calle, el mismo lote de terreno, ubicado en la esquina de las calles Ovidio Suarez Morales y Gabino Villanueva la dimensión de 485 m2., registrado bajo la matrícula 2011010007279 de 16 de mayo de 2005, valiéndose de esta transferencia desde el año 2005, ingreso al lote de terreno y ahora lo detenta arbitrariamente, vulnerando mi derecho propietario”, habiendo reconocido en su demanda que la ubicación del predio del demandado se encuentra en el mismo lugar que la del actor, por lo que la exigencia de presentar documentos adicionales a las de fs. 15 a 37 y 49 resulta ser equivocada.

En lo referente a la tradición inexistente que conculcaría los arts. 1538 y 1523 del Código Civil, la misma ya fue absuelta en párrafos anteriores en los que se enfatizó acerca de la valoración integral de la prueba en la que se hizo referencia a la Resolución Suprema Nº 78473, por lo que no puede acusarse la falsedad de las inscripciones efectuadas tanto por Fidel Alarcón Calle como de Julio Marín Durán.

4. Sobre la inexistencia del Título Ejecutorial, se establece que el título solo es el reflejo de la Resolución Suprema de dotación agraria y conforme la certificación de fs. 8, a momento de inscribir la partida computarizada Nº 01309759, se presentó el Título Ejecutorial Colectivo Nº 34517, expedido mediante Resolución Suprema (de aprobación) Nº 78473.

5. El proceso agrario cuyo testimonio cursa de fs. 15 a 37, describe en lo esencial que los propietarios (afectados con el proceso agrario), Luis, Raúl y Julio Patiño Sánchez Bustamante, reconocen el derecho a dotación de los campesinos asentados en Calacoto (fs. 17 vta.), dicho proceso agrario culminó con la Resolución Nº 3583 de 28 de mayo de 1957, que aprueban los Autos de Vista emitidos en el proceso agrario y la Resolución Suprema Nº 78473 de 2 de octubre de 1958, que aprueba el informe técnico del referido proceso agrario y dispone la extensión de títulos ejecutoriales, en dicho legajo cursa el Auto de enmienda de la Resolución de Vista pronunciado el 28 de noviembre de 1956, en la que se enmendó lo referente a las dotaciones de campesinos consolidando las superficies adquiridas antes del decreto de reforma agraria en la fracción de Luis Patiño, por lo que se deduce que el título primigenio del actor Javier Fernández Baptista que se remonta de la propiedad de Luis Patiño, quedó sin efecto, pues el propio Luis Patiño reconoció el derecho de dotación a los campesinos como consta en el contenido de la Sentencia Agraria de fs. 17 vta.

Por consiguiente Luis Patiño ya no ostentaba derecho de propiedad y no podía transferir superficie de terreno al actor, en ese sentido se concluye que el precedente dominial del demandante no existió a momento de la transferencia en su favor, quien refirió en la demanda que el título del demandado se encuentra ubicado en la misma superficie de terreno que ostenta el recurrente, deducción efectuada por este Tribunal con base a la regla de la sana crítica en su componente de logicidad, conforme al art. 1286 del Código Civil.

Entendiendo que el actor adquirió su propiedad de quien no era propietario su tradición dominial queda derruida así como la inscripción que logró en la gestión de 1978, por lo que pese a su inscripción antelada ya no podía oponer derecho en contra del Sindicato Agrario que registró su propiedad en la gestión de 1994 del cual proviene el título de la parte demandada, por lo que evidenciando yerro en el tracto dominial del actor pese a la data de las inscripciones referidas no se evidencia infracción del art. 1545 del Código Civil.

6. Sobre la acusación de los principios ético morales previstas en el art. 8.I de la Constitución Política del Estado, en sentido de que la propiedad de Julio Marín Durán, no tiene ubicación, se reitera el criterio asumido por este Tribunal en sentido de que el actor en su memorial de demanda, reconoció que el derecho de su oponente se encuentra en el mismo lugar (fs. 9 y vta.).

En cuanto a la consignación respecto a las acciones penales en contra de los demandados, la misma no puede incidir sobre la protección o no del derecho de propiedad, no pudiendo esgrimirse sobre la conculcación de los principios ético morales previstos en el art. 8 de la Constitución Política del Estado.

7. Con referencia a la existencia de tres Autos de Vista en el proceso, estos no pueden generar jurisprudencia, pues esta figura la genera y uniforma el Tribunal Supremo de Justicia, conforme la descripción contenida en el art. 42.I núm.3 de la Ley del Órgano Judicial, por lo que la consideración de asumir la doctrina legal debe ser del contenido de los Autos Supremos y no de Autos de Vista, no existiendo modificación de doctrina legal menos de haberse infraccionado el art. 115.I de la Constitución Política del Estado.    

De la contestación al recurso de casación.

De la revisión de respuesta al recurso de casación se advierte que está orientado a rechazar el contenido del recurso de casación, rechazo que fue asimilado por este Tribunal conforme a los fundamentos descritos precedentemente, ya que la decisión es asumida en base a la confrontación de todos los elementos probatorios.

Consiguientemente corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la concurrencia del Magistrado Edwin Aguayo Arando, asume el conocimiento y resolución de la presente causa, a mérito del Auto Nº 102/2018 de 26 de julio, con la facultad conferida por el art. 42.I núm.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1082 a 1093, formulado por Francisco Javier Fernández Baptista, representado por Martha Fernández Baptista contra el Auto de Vista Nº S-238/2016 de 8 de julio, cursante de fs. 1071 a 1073 vta., y su Auto Complementario de 29 de agosto de 2016, cursante de fs. 1078, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y delimitado por el Auto Constitucional Nº 37/2018, cursante de fs. 1202 a 1208 vta. Con costas y costos.

Se regulan los honorarios del abogado que respondió el recurso en la suma de Bs. 1.000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.