TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 525/2019

Fecha: 27 de mayo de 2019

Expediente: CH 10 19

Partes: Francisco Aguilar. c/ Elías Cristhian, Deyvis Jesús, Jhosellyn Evelín,

             Evelin Thalía y Jacqueline Nicole todos de apellidos Quispe Aguilar.

Proceso: Nulidad de contrato y cancelación de registro en Derechos Reales.

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 832 a 835 vta., interpuesto por Jacqueline Nicole Quispe Aguilar y Elías Cristhian Quispe Aguilar contra el Auto de Vista Nº SCCI 27/2019 de 18 de enero, cursante de fs. 827 a 829 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre nulidad de contrato y cancelación de registro en Derechos Reales, seguido por Francisco Aguilar contra Jhosellyn Evelín Quispe Aguilar y otros, la concesión cursante de fs. 843; el Auto Supremo de admisión Nº 188/2019 RA cursante de fs. 847 a 850 y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


1. Francisco Aguilar, a través de sus apoderados, mediante memorial cursante de fs. 136 a 139, presentó demanda de nulidad de contrato y cancelación de registro en Derechos Reales, en contra de Elías Cristhian, Deyvis Jesús, Jhosellyn Evelín, Evelin Thalía y Jacqueline Nicole todos de apellidos Quispe Aguilar, arguyendo que Walter Quispe Ojeda y Raquel Evelin Aguilar Balcera falsificaron el documento privado de 15 de agosto de 1984 de compra venta de una fracción del lote de terreno de 151 m2, que nunca firmó el comprador, conforme a la comparación de firmas del documento de transferencia con la cédula de identidad del supuesto transfiriente. Por otro lado, que la compradora tenía 13 años no teniendo capacidad de obrar y que el documento fue suscrito en Tarabuco. Además, que con Guadalupe Balcera no hubo pacto o trato de venta, no se pagó centavo alguno y tampoco se efectuó anticipo de legítima del lote de terreno habiéndose separado en el año de 1984, y el propietario ya no vivió en la ciudad de Sucre y que el Juez de Mínima Cuantía el 15 de agosto de 1984 no fungía en ese cargo.

Citados los demandados por memorial cursante de fs. 162 a 163 vta., opusieron excepciones y contestando negativamente a la demanda por escrito saliente de fs. 174 a 175; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia N° 163/2018 de 22 de octubre, cursante a fs. 796 a 800, donde el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la ciudad de Sucre, declaró PROBADA la demanda de nulidad de contrato, en consecuencia dispuso: a) Nulo el contrato de venta de 15 de agosto de 1984, contenido en el Testimonio N° 251/2000 de 12 de junio, otorgado por ante el Notario Dr. Mariano Arrieta, consiguientemente cancelación de la referida escritura. b) La cancelación del asiento A-1 de titularidad correspondiente al folio real N° 1.01.1.99.0015599 de 24 de octubre de 2000, como también se ordena la cancelación de la inscripción de la Declaratoria de Herederos registrada en el asiento A-2 de 20 de febrero de 2015 del mismo folio real.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por los demandados, mereció el Auto de Vista Nº SCCI 27/2019 de 18 de enero cursante de fs. 827 a 829 vta., que resolvió CONFIRMAR la sentencia emitida en la presente causa.

El Tribunal de alzada arguyó que en el caso analizado jamás se invocó la existencia de consentimiento alguno por consiguiente, si no existe acto jurídico o participación física del demandante, menos puede existir invocación de consentimiento viciado, porque sencillamente el hecho fundante de la demanda, se basa en un presunto actuar ilícito emergente entre otros sobre falsificación de la firma del vendedor para aparentar su consentimiento, de tal manera que no existe en sí ningún consentimiento que pueda ser viciado, porque para asumir la obligación demandada de nulidad, el demandante no obró de ninguna forma, no desplegó ningún acto jurídico, pues tal contrato se lo consiguió prescindiendo de su persona como titular del bien, mediante acto ilícito de falsedad de su firma lo cual quedó demostrado, resultando, no haber otorgado tal consentimiento como para esgrimir vicio, por ello, la acción no tiene por base un acto de consentimiento presuntivamente inválido, sino la ausencia de tal por el vendedor, quien no pudo consentir debido a no conocer del acto jurídico demandado de nulidad, ya que su firma fue falsificada sin que el mismo haya participado del acto jurídico observado.


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA


De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

1. Acusaron error al no considerar que el demandante goza de interés legítimo para interponer la acción de nulidad, empero se otorga la nulidad de un documento en el que el firmante es Francisco Aguilar Nava, que puede tratarse de una persona diferente al demandante que tiene un solo apellido, y que la parte actora a momento de plantear su pretensión debió contar con las condiciones subjetivas, conforme al art. 551 del Código Civil, los mismos argumentos se sustraen de los Autos Supremos Nros. 358 de 7 de mayo de 2018 y 198/2015 L de 20 de marzo, en tal sentido se debe tomar en cuenta el art. 555 del Código Civil, que refiere a la legitimación y resultando infraccionado el art. 524 del Código Civil.

2. Denunciaron que el Auto de Vista no ingresa al análisis de varios reclamos de la apelación, indicando que en el punto 1, se sostuvo que la demanda se inició con base en un Poder notarial otorgado por Francisco Aguilar, sin haber acreditado su personería jurídica en el transcurso del proceso por ello la Sentencia es confusa en cuanto a la nulidad de la Escritura Pública N° 251/2000, no se tiene identificado el objeto de la misma ni se tuvo clara la titularidad de la legitimación activa y pasiva, debido a que la demanda fue dirigida a sus personas pero no contra la vendedora Guadalupe Balcera, por lo que, correspondía al Juez analizar los requisitos del art. 327 del Código de Procedimiento Civil y actualmente del art. 110 de la Ley N° 439, al que se suma la legitimación activa del demandante para formular la demanda y la legitimación pasiva para oponerse a la acción demandada, y aspectos extrínsecos como la proponibilidad objetiva de la pretensión, en tal sentido se vulnera el derecho a la motivación y respuesta a las observaciones realizadas.

3. Arguyeron lesión debido a que se realizó una mala interpretación al momento de valorar la prueba que dio origen al Auto de Vista SCCI N° 27/2019, entendiendo que es solo uno el propietario del inmueble de 302 m2, empero resulta que el demandante es copropietario juntamente a su esposa como establece el folio real N° 1011990015599, el cual se pide dejar sin efecto contando con 151.1 m2, no habiendo relación con el objeto de la demanda respecto a la minuta anulatoria del documento de ratificación de transferencia de inmueble de fs. 314 a 316, esta prueba acredita que existió un acto consentido de Francisco Aguilar Nava y Guadalupe Balcera, siendo que esta última realizó la venta del 50% a Evelin Aguilar Balcera. Empero en el caso analizado el demandante no solo vendió su mitad, sino el otro 50% que le pertenecía a su esposa a favor de Antonia Aguilar Balcera, pues antes de la venta no existía divorcio menos división de bienes, es decir que no se puede demandar la nulidad del documento firmado por tercera persona (A.S. Nº 975/2016 de 18 de agosto).

4. Denunciaron lesión al no hacer referencia a supuestos actos ilegales establecidos en el proceso que darían fin al mismo, habiendo un desistimiento a la demanda, además de un proceso penal instaurado por los apoderados del demandante que establece que no existió dicho acto ilegal, en tal sentido se estaría hablando de un proceso concluido tanto en la ratificación de venta y el desistimiento realizado; con referencia a la venta se tiene que existe una ratificación que cursa a fs. 281 y 282 realizada mediante reconocimiento de firmas de Francisco Aguilar y luego se presenta un documento reconocido de fs. 314 y 315 que hace referencia a “minuta anulatoria de documento de ratificación de transferencia de inmueble”, existe una revocatoria de poder de fs. 226 y 227, de la misma forma que se presentó desistimiento de la acción a fs. 228, se entiende que el proceso ha concluido.

5. Manifestaron infracción al no haber realizado aplicación correcta del acto pedido de nulidad, sin atacar al primer acto que dio origen a la nulidad sosteniendo que el demandante debió fundar la demanda inicialmente sobre la nulidad de reconocimiento de firmas y luego debió pedir la nulidad de la minuta que firmó el actor y no el testimonio que no pudo ser anulado puesto que no tiene vicios de nulidad. Además, no se realizó una identificación del documento que se pretende su nulidad, pese a realizar una pericia de un documento del cual no se pidió su nulidad del reconocimiento de firmas, en tal sentido no se puede actuar ultra petita. Por lo que, reclama que la nulidad no es procedente sin establecer por qué existió un error al llevar el proceso como nulidad cuando debió plantearse la anulabilidad, más cuando no se han probado los presupuestos de nulidad contenidas en el art. 549 del Código Civil, acusación que tiene relación con el agravio donde se establece que las causas de anulabilidad están establecidas en el art. 554 del Código Civil.

6. Señalaron que no se dio respuesta al error al no considerar el auto de relación procesal en la cual se establecen los hechos a probar que no fueron considerados en sentencia, ya que Francisco Aguilar Nava y Guadalupe Balcera de Aguilar, hubiesen adquirido un terreno de 302 m2, más por el contrario estos presentan un folio real del inmueble de 151.1 m2, en la cual no se establece que este fuera parte de un terreno de 302 m2, en efecto el demandante no se ha ceñido al art. 376 del Código de Procedimiento Civil, porque no tuvo la pertinencia de aportar las pruebas relacionadas precisamente a los puntos de hecho fijados por el Juez, que es esencial para dar legalidad a un proceso y a la sentencia, por lo que no se cumplió lo establecido en el art. 1283 del Código Civil concordante con el art. 375 de su procedimiento.

Petitorio.

Solicitó declarar improbada la demanda y por ende anulando el Auto de Vista N° SCCI 27/2019 de 6 de abril, para que se pronuncie nueva resolución.


Contestación al recurso de casación.

El actor sostuvo que Francisco Aguilar y Francisco Aguilar Nava, es la misma persona y los demandados no plantearon excepciones o puntos de discusión, no hacen mención de cómo y en qué forma se habría infringido la ley en el Auto de Vista. Por otro lado, Guadalupe Balcera es una persona ajena al caso de autos al no estar incluida en el contrato de transferencia del 15 de agosto de 1984. Se aclara que la demanda es sobre la fracción de 151 m2, por tanto, resulta una observación vana. La minuta anulatoria de fs. 314 a 316 ha sido aceptada sin observación por la parte contraria. También, que el dictamen pericial (fs. 338 a 373) ha probado que las firmas del documento de transferencia y acta de reconocimiento de firmas son falsas.

El desistimiento de fs. 228 ha rechazado en mérito al Auto de 23 de septiembre de 2015 (fs. 251 vta.). En cuanto a la sentencia penal no está ejecutoriada. Con relación que la demanda debió ser por anulabilidad y no por nulidad, está conforme a la SCP 0991/2014 de 15 de mayo y al Auto Supremo N° 275/2014 de 2 de junio. Finalmente, el testimonio N° 1 de 3 de enero de 1973 (fs. 3 a 5), acredita el derecho propietario sobre el lote de 302 m2 y que el Testimonio de fs. 171 a 173, nada tiene que ver por cuanto figura como vendedora Guadalupe Balcera y se ha procedido a demostrar los puntos de hecho, por lo que solicitó declarar infundado el recurso de casación.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE

III.1. De la falsedad de documentos y su sanción de invalidez.

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SPC  919/2014 de fecha 15 de mayo en relación a la invalidez de instrumentos por falsedad manifestó que: “En este sentido, allí donde se demuestre manifiesta ilicitud, debido a la falsedad de instrumentos públicos o privados, su invalidación no puede depender únicamente por la vía de la anulabilidad, sino de la nulidad; toda vez que, desde una interpretación teleológica, la nulidad de contratos, cuyos casos están establecidos en el art. 549 del CC, se fundamenta en la necesidad de proteger el bien común en su dimensión objetiva, por cuya razón el acto jurídico es inconfirmable y su accionamiento es imprescriptible; por su parte la anulabilidad, cuyas causales están establecidas en el art. 554 del CC, tiene la finalidad de garantizar a las partes, el cumplimiento de las normas legales en la “formación del contrato”, a causa, por ejemplo de los vicios del consentimiento, dolo o violencia, entre otros establecidos en la norma (dimensión subjetiva).

Un entendimiento contrario tendría como efecto la convalidación de actos manifiestamente ilícitos, que contravienen los principios ético-morales de la sociedad plural, entre ellos el vivir bien, rompiendo la armonía y el equilibrio en las relaciones del conjunto de la sociedad (dimensión objetiva); por lo tanto más allá de las formas y formalidades, no puede efectuarse la simple subsunción respecto de un hecho de manifiesta ilicitud como es la “falsificación” a una causal de anulabilidad, más aun tomando en cuenta que conforme lo entendió el Tribunal Supremo de Justicia una característica del acto anulable es la posibilidad de operar su confirmación, situación contraria al orden constitucional en el caso de la falsedad”.

Así también el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo N° 275/2014 de 2 de junio que en su parte referente a la falsificación de documentos y sus efectos jurídicos, estableció: “La falsificación de instrumentos privados o públicos se considera una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora bien, los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor eminentemente efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al actor que incurrió en el acto ilícito. En consecuencia, un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito, que conciba efectos benignos para el autor, como el que podría darse en el caso de Autos, si se reconoce validez a una transferencia que deviene de una falsificación.

En este entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble.”(El subrayado y la negrilla no corresponden al original) Líneas más abajo en la misma resolución se estableció también que: “…corresponde puntualizar que el Tribunal Supremo como administrador de justicia no puede convalidar una transferencia originada en un hecho ilícito como causal de anulabilidad basada en una ilegalidad, ya que en el caso de Autos se ha probado la falsedad de la minuta (…) este Tribunal  Supremo no puede reconocer  una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, este acto se subsuma a una causal de anulabilidad, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmabilidad del ilícito. Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Se procede a absolver los agravios planteados por los recurrentes, de la siguiente manera:

1. Con referencia al primer agravio respecto a la existencia de dos personas, siendo que Francisco Aguilar plantea la demanda y Francisco Aguilar Nava es quien firma el contrato motivo del presente proceso de nulidad, generando duda en cuanto a la identidad y la legitimidad del demandante, puesto que para el caso de nulidades se debe demostrar el interés legítimo que emerja de derecho subjetivo, que para el caso de nulidades se encuentra normado en el art. 551 del Código Civil.

De antecedentes de la presente causa se tiene que el demandante presenta Testimonio de Poder N° 1048/2015 de 9 de junio de fs. 1 a 2 vta., fotocopias simples de cédula de identidad, Carnet de Asegurado y Certificado de sufragio a fs. 11, donde se consigna un solo apellido, es decir Francisco Aguilar; por otro lado, en el Testimonio del año 1973 cursante a fs. 3 a 5 vta., y las fotocopias legalizadas de la matriz que están en el protocolo de la Notaría de Fe Pública de Primera Clase N° 2 de fs. 6 a 10 y el Testimonio N° 251/2000 de fs. 12 a 15 vta., el demandante es identificado como Francisco Aguilar Nava, con su segundo apellido.

Por su parte, los demandados en su memorial de fs. 174 a 175, no cuestionaron sobre la identidad ni la legitimidad del demandante Francisco Aguilar, refiriéndose a otros extremos como tampoco observan ni ponen en duda en cuanto al nombre del completo admitiendo la legitimación del actor, pese a la diferencia en el segundo apellido, dejando pasar las etapas procesales.

En ese entendido, Francisco Aguilar cuenta con la legitimación y con el interés jurídico en su calidad de propietario al reclamar a través del presente proceso al cuestionar su participación en el contrato y la Escritura Pública Nº 251/2000, que afecta su patrimonio adquirida conjuntamente con su esposa Guadalupe Balcera, tal cual se establece del Testimonio N° 1 de 1973 cursante a fs. 3 a 4 de obrados.

Por lo que es equivocada la aseveración de los recurrentes al reclamar la falta de legitimación activa de Francisco Aguilar que cumple con las exigencias el art. 551 del Código Civil tratándose de una acción de nulidad, y en cuanto a la presunción señalada por el art. 524 del Código Civil, no tiene relación debido a que el propietario no ha fallecido.

Respecto al Auto Supremo N° 358 de 7 de mayo de 2018 no corresponde, porque se trata de un asunto distinto al tema de la legitimación o interés legítimo. Por otro lado, en cuanto al Auto Supremo N° 198/2015 L de 20 de marzo, si bien refiere a la falta de legitimación sea esta activa o pasiva, deduciendo concretamente sobre la doctrina de la legitimación que cuentan con datos fácticos diferentes al presente caso, pues versa sobre poderes notariales otorgados por los afiliados a la Asociación de Vendedores de Lotería Nacional y afiliados a la Asociación de Voceadores de Revistas, sin haber acreditado su personería jurídica en el transcurso de dicho proceso.

2. Respecto a que el Auto de Vista impugnado no ingresa al análisis de varios reclamos de la apelación, en el punto 1 se sostuvo que la demanda se inició con base en un Poder notarial otorgado por Francisco Aguilar, sin haber acreditado su personería jurídica en el transcurso del proceso, por ello, la Sentencia es confusa en cuanto a la nulidad de la Escritura Pública N° 251/2000, no se tiene identificado el objeto de la misma, ni la legitimación activa y pasiva, debido a que la demanda les fue dirigida pero no contra la vendedora Guadalupe Balcera, por lo que, correspondía al Juez analizar los requisitos del art. 327 del Código de Procedimiento Civil y actualmente del art. 110 de la Ley N° 439, y aspectos extrínsecos como la proponibilidad objetiva de la pretensión, en tal sentido se vulnera el derecho a la motivación y respuesta a las observaciones realizadas.

Corresponde señalar al respecto que Francisco Aguilar cuenta con la legitimidad para plantear la demanda porque es el titular del bien inmueble objeto de la litis como está determinado conforme a la admisión de la demanda de 22 de junio de 2015 cursante a fs. 139 vta., donde refiere sobre el apersonamiento: “En mérito a la fotocopia legalizada de Testimonio de Poder N° 1048/2015, téngase por apersonado a Sergio Odilón Aguilar Balcera y Guadalupe Balcera Vda. de Zuñiga, en representación de Francisco Aguilar…”, cuyo objeto de la litis ha sido determinado, no existiendo duda en primer lugar sobre la propiedad de superficie de 302 m2 y que el contrato contenido en la Escritura Pública N° 251/2000 de 12 de junio especifica la superficie de 151 m2, por lo que como titulares Francisco Aguilar y Guadalupe Balcera Vda. de Zúñiga, en su condición de propietarios del 302 m2 (100%) del bien inmueble, tienen legitimidad para poder reclamar lo suyo mediante el proceso planteado correctamente.

Además, los demandados Elías Cristhian, Deyvis Jesús, Jhoselín Evelín, Evelín Thalía de apellidos Quispe Aguilar y Walter Quispe Ojeda en representación de Jacqueline Nicole Quispe Aguilar citados con la demanda interponen la excepción de oscuridad, contradicción o imprecisión a la demanda de fs. 162 a 163 vta. que fue declarada improbada por Auto de 20 de julio de 2015 de fs. 178 y vta., al margen de dicha situación a lo largo del proceso no se cuestionó la legitimación activa de ninguno de los demandantes para interponer demanda.

En cuanto a que se debió demandar a Guadalupe Balcera, se tiene que la misma plantea la presente acción cursante a fs. 136 a 139, contando con la calidad de demandante tal como se establecer en la admisión de la demanda de fs. 139 vta. conjuntamente su ex esposo y que en su oportunidad no se observó ni se solicitó que se la demande, no constando ninguna excepción o incidente de parte de los demandados a efectos de demandar a la actora por lo que ha operado la preclusión de reclamo posterior conforme describe el art. 16.I y II de la Ley del Órgano Judicial.

No se advierte yerro de parte del Tribunal Ad quem teniendo la fundamentación y motivación suficiente ya que se ha puntualizado que el agravio planteado ha sido acertado en cuanto a la legitimidad de los demandantes y no existiendo duda de que se trate de una persona distinta, e inclusive existen los lazos de familiaridad tanto entre la parte demandante con la demandada.

Por lo que, en primer lugar, se establece la legitimidad activa de Francisco Aguilar; en segundo lugar, el objeto de la demanda ha sido determinado y cumpliendo con los requisitos establecidos en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, tal como se tiene del contenido de la demanda planteada saliente de fs. 136 a 139 y la admisión de la misma cursante a fs. 139 vta., en consecuencia, el reclamo no tiene asidero legal.

3. Con relación a la lesión ocasionada por la mala interpretación del juzgador a momento de valorar la prueba que dio origen al Auto de Vista SCCI N° 27/2019, en el cual se establece que los actores son copropietarios establecido en el Folio Real, que describe que la propiedad cuenta con tan solo 151 m2, por lo que no hay relación con el objeto de la demanda; con referencia a la minuta anulatoria de documento de ratificación de transferencia de fs. 314 a 316, está acredita que existió un acto consentido de Francisco Aguilar Nava y Guadalupe Balcera, siendo que esta última realizó la venta a Evelin Aguilar Balcera. Empero, en el caso analizado el demandante no solo vendió su mitad, sino el otro 50% que le pertenecía a su esposa a favor de Antonia Aguilar Balsera, pues antes de la venta no existía divorcio menos división de bienes, es decir que no se puede demandar la nulidad del documento firmado por tercera persona, puesto que se estaría entrando en un error de hecho como lo sucedido en el presente caso (A.S. Nº 975/2016 de 18 de agosto).

Al respecto se tiene que el objeto de la demanda se ha establecido cuando los demandantes precisaron que la demanda es concretamente con referencia al contrato de compra venta del lote de terreno de 151 m2 que data del 15 de agosto de 1984, alegando que en dicho contrato se falsificó la firma de Francisco Aguilar y que no estuvo en Tarabuco a tiempo de la supuesta suscripción del documento de transferencia, además que la compradora era menor de edad y no tenía capacidad para obrar, por lo que su pretensión se circunscribe en la nulidad del contrato de compra venta del 15 de agosto de 1984 contenida en la Escritura Pública N° 251/2000 de 12 de junio de 2000 y su cancelación respectiva en el registro de Derechos Reales.

Además, se tiene la prueba de la compra del lote de terreno de 302 m2, cursante de fs. 3 a 5 vta., inserto en el testimonio de propiedad N° 1/1973 otorgado ante Notaría de Fe Pública. Este documento da fe que como antecedente se contaba con una superficie de 302 m2.

Con relación a la minuta anulatoria de documento de ratificación de la transferencia del inmueble, el Tribunal de alzada sostuvo que el documento de fs. 314 a 316, deja sin efecto el documento de ratificación, el que pretende ser considerado por los recurrentes a efecto de mantener la validez del contrato de venta de 15 de agosto de 1984, frente a dicho criterio los recurrentes no señalaron qué norma ampara su postura y por qué el documento de ratificación aún mantiene su validez.

En cuanto al Auto Supremo N° 975/2016 de 18 de agosto, no es aplicable en el presente caso, debido a que se trata de una resolución anulatoria que no gravita conforme a los fundamentos explanados en la presente resolución.

En conclusión, el Tribunal Ad quem ha efectuado la correspondiente explicación estando sus apreciaciones dentro de la valoración de la prueba conforme a los arts. 1286 del Código Civil y 145 del Código Procesal Civil.

4. Respecto a no hacer referencia a supuestos actos ilegales establecidos en el proceso que darían fin al mismo, existiendo desistimiento a la demanda, además un proceso penal que establece que no existió dicho acto ilícito; con referencia a la venta se tiene la existencia de un documento de ratificación que cursa a fs. 281 y 282 realizada por Francisco Aguilar y la literal de fs. 314 y 315 que hace referencia a “minuta anulatoria de documento de ratificación de transferencia de inmueble”, existe una revocatoria de poder de fs. 226 y 227, de la misma forma que se presentó desistimiento de la acción a fs. 228, por lo que se entiende que el proceso ha concluido.

Con relación a la alegación efectuada, el desistimiento es una forma de conclusión extraordinaria del proceso civil, situación descrita en el art. 304 del Código de Procedimiento Civil, y además de la existencia de otras formas de conclusión como la conciliación, la transacción e incluso la extinción por inactividad. Dentro el proceso civil analizado se ha planteado el desistimiento de parte de Francisco Aguilar que fue rechazada mediante Auto de 23 de septiembre de 2015 cursante a fs. 251 vta.

Esta resolución de desistimiento no fue apelada por ninguna de las partes, por lo que, el Juez A quo mediante Auto de 13 de octubre de 2015 cursante a fs. 260 vta., declara la ejecutoría de dicha resolución que rechazó el desistimiento. En ese sentido, de la revisión de antecedentes no se cuenta con una resolución definitiva para sostener el desistimiento mencionado.

Por otro lado, en cuanto al proceso penal instaurado por los apoderados de Francisco Aguilar, de versión de los recurrentes indican que dicho proceso penal contaría con la Sentencia N° 51/2018 del Tribunal de Sentencia N° 2 signado con el IANUS N° 10119920100565 y FIS N° 16000447, que determinaría la inexistencia del supuesto ilícito penal tanto en la ratificación de venta como del desistimiento realizado y que se encuentra apelada dicha sentencia penal. Por lo que, se deduce que, no teniendo mayores datos sobre la Sentencia penal ante los recursos interpuestos, la misma solo puede considerarse válida cuando adquiera ejecutoría. 

Los documentos como la ratificación de venta que cursan de fs. 281 a 282, y el desistimiento realizado por Francisco Aguilar, así como la minuta anulatoria de documento de ratificación de transferencia de inmueble de fs. 314 a 315 y la revocatoria de poder de fs. 226 a 227, de acuerdo a la revisión de su contenido no determinan de que el proceso haya concluido de acuerdo a las formas de culminación de proceso civil como la transacción, la conciliación, el desistimiento o la extinción por inactividad. Ninguna de estas figuras procesales se ha planteado, tampoco el desistimiento que fue rechazado por el Juez A quo.

En consecuencia, del examen efectuado de los documentos mencionados por los recurrentes y los antecedentes del proceso se llega a constatar que no se ha operado la conclusión del presente proceso.

5. Con referencia a que no se ha realizado una aplicación correcta la petición de nulidad, sin atacar al primer acto que dio origen a la nulidad, alegando que el demandante debió fundar la demanda primeramente respecto a la nulidad del reconocimiento de firmas y luego sobre la nulidad de la minuta que firmó el actor y no el testimonio que no pudo ser anulado puesto que no tiene vicios de nulidad. Además, señala el recurrente que no se realizó una identificación del documento que se pretende su nulidad, pese a realizar una pericia de un documento del cual no se pidió su nulidad del reconocimiento de firmas, en tal sentido no se puede actuar ultra petita. Por lo que, reclama que se determinó la nulidad, sin establecer por qué existió un error al llevar el proceso como nulidad cuando se debió plantear anulabilidad, más sino se probaron los presupuestos del art. 549 del Código Civil.

Al respecto, conforme a la pretensión principal se demanda la nulidad del contrato de venta de 15 de agosto de 1984, por lo que, al haberse comprobado el vicio en el contrato, como efecto se dispuso la nulidad y cancelación de la Escritura Pública N° 251/2000 de 12 de junio, como también la nulidad de la orden y la inscripción cursante en Derechos Reales. En ese contexto, no se ha actuado de manera ultra petita debido a que se ha dispuesto conforme a la demanda planteada que tiene su correspondencia en la parte dispositiva de la Sentencia.

En cuanto al orden de las peticiones, en sentido que primero debió pedirse la nulidad del reconocimiento de firmas y luego la nulidad de la minuta, este reclamo resulta intrascendente, debido a que el origen de los vicios de nulidad por causa y motivo ilícito ha surgido en la falsedad del documento de transferencia del 15 de agosto de 1984, la misma que arrastra la nulidad del reconocimiento de firmas y con estos vicios se ha protocolizado el Testimonio Nº 251/2000, lo que quiere decir que el vicio se encuentra en el contrato, no en su protocolización.

En este contexto en cuanto a que la demanda debió ser planteada como anulabilidad y no por nulidad, al respecto el Auto Supremo Nº 275/2014 de 2 de junio, ha modulado su entendimiento respecto a la falsificación de firma o del contenido de documentos públicos y privados que antes de la emisión del Auto Supremo citado supra era considerada como causal de anulabilidad inmersa en el art. 554 num. 1) del Código Civil, empero actualmente se constituye como causal de nulidad, al decidir cuestiones de falsificación de instrumentos privados o públicos considerando la forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia y por ello los efectos jurídicos que devienen de hechos ilícitos deben tener efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables a la persona que incurrió en el acto ilícito, conforme a lo señalado se ha efectuado la explicación en la doctrina aplicable en el punto III.1 de la presente resolución.

Por lo que, revisado el Auto de Vista impugnado se aprecia una explicación razonable circunscrita dentro del marco establecido de la nulidad y descartando la anulabilidad, en este sentido el reclamo no tiene el asidero legal, al verificar la correcta aplicación de la ley con relación a la demanda.

6. Con respecto a que no se dio respuesta al no considerar el auto de relación procesal en la cual se establecen los hechos a probar los cuales no fueron tomados en cuenta, como el hecho que los actores hubiesen adquirido un terreno de 302 m2, más por el contrario estos presentan un folio real del inmueble de 151.1 m2, en la cual no se establece que la propiedad fuera de 302 m2, en efecto el demandante no se ha ceñido al art. 376 del Código de Procedimiento Civil, porque no tuvo la pertinencia de aportar las pruebas relacionadas a los puntos de hecho fijados por el Juez A quo, por lo que no se cumplió con lo establecido en el art. 1283 del Código Civil concordante con el art. 375 de su procedimiento.

De acuerdo al Auto de relación procesal de fs. 214 y vta. se tiene como punto de hecho a probar que Francisco Aguilar y Guadalupe Balcera de Aguilar adquirieron a título de venta el lote de terreno sito en la zona de Tucsupaya Baja debidamente registrado en Derechos Reales. Asimismo, en la Sentencia N° 163/2018 de 22 de octubre, el Juez A quo en la parte concerniente a la valoración y apreciación de la prueba en el punto 1 menciona sobre la prueba del Testimonio 1/1973 cursante de fs. 3 a 5 (reiterado de fs. 229 a 231 vta.) que señala como instrumento que, al no haber sido objetado, cuenta con la fe probatoria establecida en el art. 1311 del Código Civil.

La valoración efectuada por el Juez A quo con relación al documento de copropiedad de los demandantes, que consta en el Testimonio 1/1973, tiene una superficie de 302 m2, el mismo no es objeto del proceso de nulidad que se tramita, sino el contrato contenido en el Testimonio N° 251/2000 siendo este documento objeto de valoración en la Sentencia cuyo fundamento jurídico fue determinante para fundar la decisión de fondo en la presente causa.

En consecuencia, es equivocada la afirmación del recurrente al indicar que el demandante no haya ceñido su actuar conforme al art. 376 del Código de Procedimiento Civil, siendo que la parte demandante aportó con las pruebas para demostrar en cuanto a los puntos de hecho a probar descritas a fs. 219 y vta. cumpliendo con la carga de la prueba en consonancia a los arts. 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al Testimonio de fs. 171 a 173, no tiene relación directa en el presente caso, por cuanto en ese documento figura como supuesta vendedora Guadalupe Balcera, no contando con registro en Derechos Reales, siendo diferente al objeto del presente proceso de falsedad que corresponde al contrato suscrito el 15 de agosto de 1984 contenido en el Testimonio N° 251/2000 cursante de fs. 5 a 6 de obrados.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 832 a 835 vta., interpuesto por Jacqueline Nicole Quispe Aguilar y Elías Cristhian Quispe Aguilar contra el Auto de Vista Nº SCCI 27/2019 de 18 de enero, cursante de fs. 827 a 829 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional al abogado de la parte demandante que contestó al recurso en la suma de Bs. 1000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco E. Jaimes Molina.