TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L 

       



Auto Supremo: 524/2019

Fecha: 27 de mayo de 2019

Expediente:        CH-1-19-S.

Partes: Adrián y Juan Arciénega Bayo c/ Juan Arciénega Bayo y contra los herederos de Josefina Daza Serrudo (Gervasio, Verónica, Leonarda, Roberto, Lorenzo, Luisa Hilda Arciénega Daza).

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 759 a 762 vta., interpuesto por Adrián y Juan ambos Arciénega Bayo, contra el Auto de Vista Nº SCCI-0305/2018 de fecha 31 de octubre, cursante de fs. 752 a 756, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por los recurrentes contra Juan Arciénega Bayo y herederos de Josefina Daza Serrudo (Gervasio, Verónica, Leonarda, Roberto, Lorenzo, Luisa Hilda Arciénega Daza); la contestación al recurso de casación que cursa de fs. 765 a 771; el Auto interlocutorio de concesión del recurso de fecha 31 de diciembre de 2018 que cursa a fs. 772; el Auto Supremo de admisión Nº 02/2019-RA de 11 de enero que cursa de fs.776 a 778; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Adrián Arciénega Bayo y Juan Arciénega Bayo, por memorial que cursa de fs. 13 a 14, iniciaron demanda ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria; acción interpuesta contra Juan Arciénega Bayo y herederos de Josefina Daza Serrudo, quienes una vez citados, en el caso del primer demandado, por memorial de fs. 58 a 60, además de plantear incidente de nulidad de citación de la codemandada Josefina Daza Serrudo, toda vez que ésta habría fallecido, también contestó negativamente a la demanda e interpuso excepciones perentorias. De esta manera, al haber sido declarado probado el incidente de nulidad y estando acreditado el fallecimiento de la codemandada, el juez A quo dispuso la citación a los herederos de ésta, quienes una vez citados, por memorial que cursa de fs. 152 a 154 contestaron negativamente a la demanda, se adhirieron a la respuesta del otro codemandado e interpusieron excepciones perentorias.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Sexto de Partido Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia Nº 68 de fecha 28 de octubre de 2015, cursante de fs. 603 a 604 vta., declaró PROBADA en parte la demanda principal, e IMPROBADA la excepción perentoria de ausencia de elementos constitutivos para la existencia de la usucapión decenal o extraordinaria, sin costas. En consecuencia, declaró producida la adquisición de propiedad por usucapión extraordinaria de la parcela Nº 1 de 7.109,76 m2. de superficie a favor del demandante Adrián Arciénega Bayo signada como 1, pintada de color amarillo en el plano de fs. 562, y de las parcelas 2 y 5 de 1.617,53 m2 y 2.634,44 m2 de superficie, respectivamente, a favor del demandante Juan Arciénega Bayo, signada como 2 y 5, pintadas de color naranja suave en el plano a fs. 562.

De igual forma, el citado juez de la causa ante la solicitud de complementación interpuesta por el co demandante Juan Arciénega Bayo a través del memorial de fs. 608, pronunció el Auto complementario de fecha 3 de febrero de 2016 que cursa a fs. 611.

2. Resolución que, puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Adrián y juan Arciénega Bayo, mediante memorial de fs. 614 a 615 vta., y Juan Arciénega Bayo, Gervasio, Verónica, Leonarda., Roberto, Lorenzo y Luisa Hilda Arciénega Daza, por memorial de fs. 620 a 622, interpusieran recurso de apelación.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº SCCI-0305/2018 de fecha 31 de octubre que cursa de fs. 752 a 756, donde los Jueces de Alzada en lo más sobresaliente de dicha resolución señalaron que de los testigos de cargo, solo dos de ellos habrían declarado dentro del plazo fijado por el juez de la causa, atestaciones que serían generales y no individualizarían los terrenos poseídos ni precisarían el tiempo de posesión, al margen de que por las imágenes satelitales se habría acreditado que la posesión dataría del año 2003 a 2014, es decir 11 años, tiempo que se adecuaría al actual Código Civil en su art. 138 pero no así a los 30 años exigidos por el art. 1565 del Código Civil Santa Cruz; asimismo señalaron que, conforme lo establecería el art. 1534 del citado cuerpo normativo, los actos de pura facultad y los de simple tolerancia, no darían lugar a la posesión, y como los demandantes no habrían acreditado posesión por el tiempo señalando y al contrario serían detentadores que ingresaron a ocupar con autorización de los propietarios (Juan Arciénega Bayo y Josefina Daza); que al haber interpuesto los demandados excepción perentoria de ausencia de elementos constitutivos para la existencia de la usucapión decenal o extraordinaria, como ser la calidad de simples detentadores de los demandantes al ocupar los terrenos a usucapir con autorización de los demandados y a la vez fueron denunciados por los delitos de estafa y estelionato, al transferir lotes de terreno a terceras personas sin ostentar titularidad de los mismos, actuado que habría interrumpido la posesión pacifica invocada, es que la citada excepción habría quedado demostrada; finalmente señalaron que conforme lo establece el art. 1566 del Código Civil Santa Cruz, un requisito de procedencia de la prescripción de las acciones reales, sería la omisión de ejercicio del derecho propietario, es decir que el demandado no ejerza actos de dominio sobre el bien inmueble a usucapir, situación que no acontecería en el caso de autos, pues los testigos de cargo y de descargo de forma unánime habrían señalado que los demandados ejercerían posesión a través de la siembra temporal, incluso desde que tendrían 11 años, por lo que no habría acontecido la omisión del ejercicio del derecho posesorio y titularidad de dominio.

En razón a dichos fundamentos, el citado Tribunal de alzada REVOCÓ la sentencia apelada, sin costas ni costos; declarando en consecuencia improbada la demanda de usucapión decenal, y probada la excepción perentoria de ausencia de elementos constitutivos para la procedencia de la usucapión decenal o extraordinaria.

Fallo de segunda instancia que, puesto en conocimiento de ambos sujetos procesales, ameritó que Adrián y Juan Arciénega Bayo interpusieran recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Arguyen que, de una detenida revisión del Auto de Vista recurrido, el Tribunal de alzada en la parte considerativa, en un par de líneas se habría referido a la nulidad de obrados solicitada por la parte demandada, sin que dicho extremo conste en la parte resolutiva, cuando este Tribunal debió haber resuelto dicho aspecto ya sea negativa o positivamente, por lo tanto, acusan que al no haber resuelto nada sobre el eludido cuestionamiento implicaría la emisión de un Auto de Vista “citra petita”, es decir que se habría emitido una resolución incongruente que transgrediría el debido proceso.

2. Refieren que los demandados cuando interpusieron la excepción de ausencia de los elementos constitutivos de procedencia de la usucapión decenal o extraordinaria, ni por asomo habrían citado el art. 1568 del Código Civil, menos habrían apoyado dicha excepción en tal disposición legal y tampoco habrían denunciado la no aplicación del actual Código Civil; asimismo, observan que el recurso de apelación interpuesto por los demandados tampoco fundaría su pretensión de revocatoria en el mentado art. 1568 del Código Civil y menos habrían expresado la aplicación de la usucapión treintañal prevista en el Código Civil Santa Cruz, por lo que aducen que dicha figura jurídica no podría ser objeto de resolución en segunda instancia, pues implicaría vulneración del derecho a la defensa y la emisión de una resolución “ultra petita”.

3. Como otro reclamo denuncian la vulneración del art. 16 de la Ley Órgano Judicial y art. 265.I del Código Procesal Civil, toda vez que el Tribunal de alzada no habría resuelto el recurso de apelación en los términos del punto II del memorial de fs. 620 a 622, actuado donde no habría sido citado por los demandados la aplicación del Código Santa Cruz basado en el art. 1568 del Código Civil, razón por la cual consideran que no podría declararse probada la excepción perentoria de “ausencia de elementos constitutivos para la existencia de la usucapión decenal o extraordinaria”, máxime cuando dicha figura se referiría a los elementos constitutivos de la usucapión decenal y no así de la treintañal, cuyos elementos obviamente no habrían sido probados por el simple y elemental hecho de que dicha figura no fue, ni es objeto de la litis, por lo que ese medio de defensa no podría haber sido modificado de oficio.

Por los fundamentos expuestos, solicita se case el Auto de Vista recurrido y en su mérito se declare subsistente la sentencia emitida por el juez de la causa, con la salvedad expuesta en el recurso de apelación de fs. 614 a 615.

De la respuesta a los recursos de casación.

Los demandados Juan Arciénega Bayo, Gervasio, Verónica, Leonarda, Roberto, Lorenzo y Luisa Hilda todos ellos Arciénega Daza, por memorial que cursa de fs. 765 a 771, responden al recurso de casación de la parte actora, bajo los siguientes fundamentos:

- Que las observaciones y reclamos que exponen los recurrentes sobre los Autos Supremos Nº 600/2017 y Nº 742/2018, debieron realizarse en la etapa procesal pertinente y no tiempo después cuando estas resoluciones ya habrían sido convalidadas.

- Que previamente a que los demandantes interpongan recurso de casación debieron solicitar la complementación, enmienda y explicación respectiva, por lo que el Auto de Vista en cuanto a la forma estaría ejecutoriado.

- Que el reclamo de que no se habría resuelto la nulidad solicitada por los apelantes demandados, correspondería a sus personas mas no así a los recurrentes de casación.

- En lo pertinente a la excepción declarada probada, refieren que la autoridad judicial no estaría vinculado al planteamiento jurídico de las partes en mérito al principio procesal iura novit curia, al contrario, este se encontraría en plena libertad y obligación de resolver el proceso conforme a derecho, extremo que habrían cumplido los vocales suscriptores del Auto de Vista recurrido, quienes conforme a la valoración de los medios probatorios no podrían reconocer derecho propietario vía usucapión treintañal, dado que no habrían probado los demandantes los 30 años que requiere el art. 1565 y 1566 del Código Civil abrogado, máxime cuando habrían probado su calidad de detentadores, por lo que la excepción interpuesta estaría ampliamente demostrada.

- Refieren que no existiría vulneración alguna del principio de congruencia, pues el operador de justicia estaría obligado a resolver la causa conforme a los hechos expuestos en la demanda y en el marco de la justicia material, por lo que ni siquiera sería necesario indicar el nombre técnico de la demanda o la cita de las disposiciones legales.

- Que los demandantes previamente a recurrir en casación debieron hacer uso de la facultad conferida en el art. 226.III del Código Procesal Civil, y reclamar al Tribunal de alzada la falta de pertinencia que exige el art. 265 del citado cuerpo normativo.

- Señalan que las vulneraciones acusadas en el recurso de casación no serían evidentes, pues reiteran que el operador de justicia no estaría sujeto a la calificación jurídica de las partes en mérito al principio iura novit curia; además aclaran que los hechos constitutivos de la demanda, respuesta, excepciones y recurso de apelación no habrían sido modificados, pues habrían sido resueltos los mismos en aplicación de la prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal.

Por los fundamentos expuestos solicitan que el recurso de casación sea declarado infundado.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la procedencia de las nulidades procesales.

En el tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; sólo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva. 

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios que rigen la nulidad procesal como ser: el principio de especificidad, legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con las que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que sólo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia”.(Las negrillas nos pertenecen).

Así también la jurisprudencia de este Supremo Tribunal orientó en el Auto Supremo Nº 484/2012 que “… el espíritu del Art. 17 de la Ley Nº 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.(Las negrillas nos pertenecen).

III.2. De los principios que rigen las nulidades procesales.

La Ley Nº 025 con el fin de dar continuidad al proceso incorporó un nuevo régimen de nulidades procesales, mismo que debido a los reclamos formales expuestos en el recurso, resulta pertinente transcribir a continuación las partes que regulan dicho régimen; así en su art. 16 establece lo siguiente: “I. Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”. Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”

En correspondencia con lo normado por la Ley Nº 025-Ley del Órgano Judicial, el Código Procesal Civil, establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, que además reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión, que deben ser tomadas en cuenta por los jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir  una decisión anulatoria de obrados; principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado (art. 180) entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez accesibilidad, y que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 y arts. 105 al 109 del nuevo Código Procesal Civil).

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia en sus diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 329/2016 de 12 de abril, orientó que: “Precisamente por los fundamentos expuestos precedentemente, en razón al caso de Autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica a algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nros. 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 105-I del Código Procesal Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que, para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de finalidad del acto.- Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.

Principio de conservación.- Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto.

Principio de trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

Principio de convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.”.

Los citados principios y disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los jueces, Vocales y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas, estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad una excepción que procede según dispone la Ley Nº 025, bajo dos presupuestos legales indispensables, cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa y cuando esa situación haya sido reclamada de manera oportuna por la parte afectada, bajo sanción de operarse la preclusión en su contra; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista.


III.3. Del principio de congruencia y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde se razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el Tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el Tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el Tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el Tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…”.

De igual forma, y toda vez que la doctrina reconoce la incongruencia externa e interna, el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre razonó: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.

III.4. Sobre la obligación de agotar la solicitud de complementación y enmienda.

Para referirnos a este punto, previamente se debe tener presente que el art. 270.I del Código Procesal Civil expresa: “I. El recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley.”; así también, el art 271.III del mismo compilado legal, dispone: “En cuanto a las normas procesales, solo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o Tribunales inferiores.”; concordante con estas disposiciones, y entiendo que los reclamos de forma tienen por finalidad anular obrados, el art. 17.III de la Ley Nº 025, normativa que rige dicho instituto procesal, también dispone lo siguiente: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”.

De esta manera, y siempre y cuando se trate de subsanar cuestiones formales en las resoluciones judiciales como los referidos a errores en la estructura de la resolución u omisiones considerativas que pudieran existir en la misma, conforme a las normas citadas supra, estas procederán cuando son reclamadas oportunamente, pues lo contrario conforme a los principios que rigen las nulidades procesales, implicará la convalidación de dicha irregularidad y por ende la preclusión del derecho a reclamar en etapas posteriores.

Consiguientemente, cuando se alegue incongruencia omisiva en la resolución impugnada, como es la falta de pronunciamiento de algún reclamo acusado en apelación, corresponde al afectado previamente a hacer uso del recurso de casación, aplicar la facultad establecida en el art.  226.III del Código Procesal Civil, precepto normativo procesal que de manera clara señala con esta facultad: “…las partes podrán solicitar la aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se habría incurrido en sentencia, Auto de Vista o auto supremo”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los Tribunales o jueces de instancia, caso contrario, como se señaló supra, en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad, conforme determinan las normas citadas supra.

Este entendimiento, ya fue asumido por este Supremo Tribunal en diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015 donde se señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.

Ahora si dicha respuesta, no satisfacía las expectativas deducidas por los recurrentes debieron formular la petición de complementación y aclaración en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que los recurrentes no agotaron el mecanismo de protección oportuno para la satisfacción del reclamo que ahora se traen en casación, consiguientemente se advierte no haberse dado cumplimiento a la premisa establecida en el art. 17.III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.”.


III.5. De los efectos de la cosa juzgada.

El art. 1319 del Código Civil, preceptúa que: “La cosa juzgada no tiene autoridad sino con respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde en la misma causa, que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas”

Carlos Morales Guillen, en su Obra “Código Civil, Concordado y Anotado”, cuarta edición, Edit. Gisbert, La Paz-Bolivia 1994, págs. 1688 a 1691, al realizar el comentario del art. 1319 señala: “...Hay cosa juzgada, cuando se han agotado todos los recursos ordinarios o extraordinarios concedidos por la ley, para impugnar la decisión judicial o cuando han transcurrido los términos para hacerlo. Esto es, como se dice en el estilo forense, cuando la decisión esta ejecutoriada (art. 515 p.c.) … (sic.) Requiere tres condiciones rigurosamente establecidas por ley: a) Ut si eadem res: La cosa demandada debe ser la misma, es decir, la misma cosa que se pidió ya en otro juicio terminado por sentencia firme… b) Ut si eadem causa petendi: la demanda debe estar fundada sobre la misma causa. Esto es, el fundamento jurídico en que reposa el derecho que se reclama en juicio… c) Ubi si eadem conditio personarum: la demanda debe ser propuesta entre las mismas personas, por una en contra de la otra en la misma calidad…”

Asimismo, este Tribunal, respecto a la cosa juzgada generada en procesos sumarios ha emitido el Auto Supremo N° 508/2012 de 14 de diciembre, que sostiene lo siguiente: “Doctrinalmente se distingue entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material... (sic.). Cuando una Sentencia adquiere calidad de cosa juzgada se derivan una serie de efectos que podemos definir como aquellas repercusiones que produce la Sentencia firme en el ámbito del Ordenamiento Jurídico, en ese sentido la cosa juzgada material produce dos efectos esenciales uno negativo y otro positivo. El efecto negativo supone la imposibilidad de sustanciar otro proceso sobre el mismo objeto, es lo que se conoce como non bis in eadem, su justificación radica en que no es posible sustanciar un mismo litigio en forma eterna. El efecto positivo, supone la prohibición de que en un segundo proceso se decida de forma diferente a lo ya resuelto en un primero.

Los efectos de la cosa juzgada, instaurados en resguardo del principio de seguridad jurídica, reconocen, con ese mismo propósito, ciertos límites de carácter subjetivo y objetivo, esencialmente. Para el caso de Autos nos interesa referirnos al límite subjetivo de la cosa juzgada que orienta que la misma vincula básicamente a todas las partes que intervinieron en el proceso, sus herederos y causahabientes conforme prevé el art. 1451 del Código Civil, y como también prevé el art. 1452 del mismo compilado legal, lo dispuesto por la Sentencia, tiene también eficacia respecto a terceros y al ser un proceso de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho, éste es equiparable a un proceso de divorcio en los cuales la Sentencia dictada causa estado y tiene eficacia contra terceros…”(Las negrillas son nuestras).

En el Auto Supremo Nº 100/2015 de 11 de febrero, este Tribunal razonó que: “La cosa juzgada es una institución de relevancia en el ámbito procesal, recogida por la necesidad de establecer la finalización del litigio y en ese mérito evitar luego que se discuta sobre lo decidido nuevamente. El art. 1319 del Código Civil, establece que: “La cosa juzgada no tiene autoridad sino con respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde en la misma causa, que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas”; está triple identidad, en doctrina, plantea los límites de la cosa juzgada: el límite objetivo, en razón al objeto o cosa sobre que trató el litigio y de la causa o título de donde se quiso deducir la pretensión, y el límite subjetivo, establecido en función a las personas participes del proceso.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Conforme a los fundamentos expuestos en el considerando supra, los cuales sustentaron la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados por la parte demandante:

1. Como primer reclamo, los demandantes aducen que el Tribunal de alzada no se habría referido en la parte considerativa del Auto de Vista recurrido, a la nulidad de obrados solicitada por la parte demandada en su recurso de apelación, por lo que acusan que dicha resolución sería citra petita.

De los fundamentos que sustentan este primer reclamo, se infiere que estos están orientados a denunciar la vulneración del principio de congruencia, en ese entendido, y toda vez que dicho extremo atinge exclusivamente a la estructura formal de la resolución, este Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo estableció en la SCP Nº 1083/2014 de 10 de junio, se ve limitado a constatar si dicha transgresión resulta o no evidente, pues lo contrario implicaría ingresar a considerar cuestiones que atingen exclusivamente al fondo.

Bajo esa premisa, corresponde remitirnos a los fundamentos expuestos en el Auto de Vista Nº SCCI-0305/2018 de 31 de octubre de 2018 que cursa de fs. 752 a 756, de los cuales se observa que los jueces de alzada, después de referirse a los antecedentes del proceso y a extractar los agravios denunciados en los dos recursos de apelación que interpusieron ambas partes procesales (demandantes y demandados), ya en el Considerando III procedieron a dar respuesta a ambos recursos de apelación; ahora bien, de la revisión minuciosa de este tercer considerando se advierte la existencia de un punto IV titulado “Apelación de Juan Arciénega Bayo, Gervasio, Verónica, Leonarda, Roberto, Lorenzo y Luisa Hilda todos Arciénega Daza”, donde el Tribunal de Alzada, refiriéndose a la nulidad de obrados solicitada por la parte demandada, señalaron lo siguiente: “1. Sobre la nulidad de obrados, por ignorar la aplicación de la norma sustantiva en el Art. 1568 del CC., al respecto, este Tribunal está limitado de ingresar al fondo de la pretensión (nulidad procesal), tomando en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo Nº 742/2018, de 27 de julio de este año, que corre de fs. 741-746 del expediente, se ha pronunciado con una nulidad del Auto de Vista Nº SCCFI-209/2017 de 25 de julio, de fs. 697-699 y vta., como el auto de enmienda de fs. 705 de 04 de agosto de 2017, concluye que debe aplicarse la imposición del Art. 1568 del CC., es decir, sustanciar la usucapión con el Código Civil Santa Cruz, por haberse invocado el inicio de la posesión antes de la vigencia del Código Civil de 1975.” (el subrayado nos pertenece); continuando con la revisión de los fundamentos de la resolución recurrida en casación, corresponde ahora remitirnos a la parte resolutiva, de donde se advierte que el Tribunal Ad quem, por los fundamentos expuestos en el considerando tercero, dispuso la revocatoria de la sentencia de primer grado, declarando en el fondo improbada la demanda de usucapión y probada la excepción interpuesta por la parte demandada, aplicando el Código Civil Santa Cruz.

De estas precisiones, y toda vez que la emisión de una resolución “citra petita” conlleva que el Tribunal de alzada haya omitido totalmente el pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones formuladas en apelación, es que se colige que el presente reclamo no resulta evidente, puesto que el agravio en virtud al cual los demandados solicitaron la nulidad de obrados, conforme a los fundamentos extractados supra, si fue considerado, toda vez que los vocales suscriptores de dicha resolución, explicaron de manera clara, precisa y entendible, las razones por las cuales no correspondía dar curso a dicha solicitud de anular obrados; no existiendo de esta manera omisión alguna de pronunciamiento, como erradamente acusa la parte actora al señalar que la resolución de alzada sería citra petita. Sin embargo, el hecho de que no exista en la parte dispositiva del Auto de Vista un pronunciamiento expreso de la determinación asumida sobre este reclamo en particular, no implica transgresión alguna del debido proceso que amerite la nulidad de dicha resolución, pues para empezar entre las formas de pronunciamiento del Auto de Vista, el art. 218.I del Código Procesal Civil, señala de manera expresa que esta puede ser inadmisible, confirmatorio, revocatorio o anulatorio; lo que implica que si los jueces de alzada hubiesen advertido algún vicio o irregularidad procesal trascendente, éstos hubiesen pronunciado una resolución anulatoria, sin embargo, como emitieron un Auto de Vista revocatorio, por consecuencia lógica se infiere que la nulidad de obrados solicitada fue desvirtuada y por ende no acogida favorablemente en dicha instancia, no siendo necesario un pronunciamiento expreso e individual sobre cada reclamo en particular.

Empero en el hipotético caso, que el Tribunal de Alzada, tendría la obligación de señalar en la parte dispositiva si acoge o no cada reclamo, y no de manera global como recurso de apelación como tal, este hecho tampoco ameritaría la nulidad de obrados, pues si bien, el principio de congruencia procesal, pondera el derecho al debido proceso, sin embargo este no es absoluto, pues para dar curso a la nulidad de obrados por infracción de dicho principio, previamente se debe analizar si la misma causa o no indefensión a las partes, como también se debe ponderar si la nulidad procesal genera afectación a otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar una tutela judicial efectiva a las partes; de esta manera, como las razones que motivaron al Tribunal de alzada a no dar curso a la nulidad de obrados fueron ampliamente expuestos en el numeral 1, apartado IV del considerando tercero de dicha resolución, se infiere que la parte recurrente si conoció los motivos y fundamentos por los cuales se ingresó al fondo de la litis, no existiendo de esta manera indefensión alguna. 

Consiguientemente, y toda vez que la falta de pronunciamiento en la parte dispositiva sobre la nulidad de obrados pretendida por la parte demandada, no resulta trascendente porque en la parte considerativa ya se explicó debidamente las razones por las cuales no se dio curso a la misma, este primer reclamo de casación deviene en infundado; sin embargo, al margen de lo ya expuesto amerita señalar que, si los demandantes, ahora recurrentes consideraron que el Tribunal de alzada incurrió en una omisión, éstos, conforme lo establece el art. 226.III del Código Procesal Civil, dentro del plazo de veinticuatro horas desde la notificación con el Auto de Vista, podían hacer uso de la facultad de solicitar la complementación, enmienda y/o explicación sobre ese extremo, toda vez que las nulidades procesales, proceden únicamente ante irregularidades reclamadas oportunamente, pues el no hacerlo implica la convalidación de dicho actuado precluyendo en ese sentido el derecho a reclamar sobre ese aspecto en etapas procesales posteriores.    

2. Como siguiente reclamo, los demandantes Adrián y Juan Arciénega Bayo acusan que cuando los demandados interpusieron excepción de ausencia de elementos constitutivos de procedencia de la usucapión decenal o extraordinaria y recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, éstos demandados- no se habrían referido, ni sustentado y menos denunciado la no aplicación del art. 1568 del Código Civil, como tampoco habrían expresado la aplicación de la usucapión treintañal prevista en el Código Civil Santa Cruz, por lo que aducen que dicha figura jurídica no podría ser objeto de resolución en segunda instancia, pues implicaría la vulneración del derecho a la defensa y la emisión de una resolución “ultra petita”.

En virtud de que el presente reclamo también está orientado a denunciar una posible transgresión al principio de congruencia, como es la emisión de una resolución “ultra petita”, situación que, como ya se dijo supra, atinge exclusivamente a la estructura formal de la resolución recurrida, es que este Tribunal verificará si lo denunciado resulta o no evidente; en ese entendido de la revisión de los fundamentos que sustentan el recurso de apelación de los demandados que cursa de fs. 620 a 622, se observa que estos como primer reclamo, después de hacer cita a lo expresado por los actores respecto al tiempo en que habría iniciado su supuesta posesión (1 de mayo de 1975), refirieron que dicho extremo inviabilizaría la aplicación del Código Civil actual, toda vez que dicho cuerpo normativo al haber sido promulgado en fecha 6 de agosto de 1975 y puesto en vigencia desde el 2 de abril de 1976, significaría que toda tutela jurídica con ese cuerpo normativo debería ser a partir de su vigencia, tal como lo establecería el art. 33 de la Constitución Política del Estado abrogada y el art. 123 de la actual norma suprema, ya que el Código Civil actual no se encontraba vigente al inició de la supuesta posesión, razón por la cual acusaron la transgresión de las normas citadas anteriormente, y de los arts. 404.II y 408.2 del abrogado Código de Procedimiento Civil y del art. 1568.I y II del Código Civil vigente.

De lo expuesto, se advierte que los demandados, contrariamente a lo acusado por los recurrentes, cuando interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, se refirieron al art. 1568 del Código Civil, pues acusaron la transgresión de dicha norma, como también refirieron que el Código Civil actual no podría aplicarse al caso de autos; por lo tanto, la vulneración del principio de congruencia no resulta evidente, toda vez que el Tribunal Ad quem, en virtud a dicho agravio, como en estricto cumplimiento de lo dispuesto en los Autos Supremos Nº 600/2017 de 12 de junio que cursa de fs. 681 a 685 y el Nº 742/2018 de 27 de julio de 2018 cursante de fs. 741 a 746, donde se orientó que no correspondía declarar la nulidad de obrados por infracción de una norma sustantiva como es el art. 1568 del Código Civil, debiendo el Tribunal de alzada emitir pronunciamiento sobre el fondo de la litis en base a los presupuestos del Código Civil Santa Cruz de 1831; es que emitió el Auto de Vista que ahora es objeto de casación.

Consiguientemente, al no ser evidente que los jueces de Alzada hayan emitido resolución otorgando más de lo pedido o apartándose de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación de la parte demandada, es que se infiere que la denuncia de que se haya emitido una resolución “ultra petita” no resulta evidente, toda vez que el Auto de Vista recurrido se encuentra circunscrito a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación y fundamentación, como a lo dispuesto en los Autos Supremos citados supra. 

3. Finalmente, con relación a la vulneración del art. 16 de la Ley del Órgano Judicial y art. 265.I del Código Procesal Civil, toda vez que el Tribunal de alzada no habría resuelto el recurso de apelación en los términos del punto II del memorial de fs. 620 a 622, actuado donde no habría sido citado por los demandados la aplicación del Código Santa Cruz basado en el art. 1568 del Código Civil, razón por la cual consideran que no debió declararse probada la excepción perentoria de “ausencia de elementos constitutivos para la existencia de la usucapión decenal o extraordinaria”, máxime cuando dicha figura se refería a los elementos constitutivos de la usucapión decenal y no así a los de la usucapión treintañal, extremo que no podía haber sido modificado de oficio.

Una vez más se advierte que los recurrentes traen a casación cuestiones estrictamente relacionadas con la vulneración del principio de congruencia, sin embargo, con la finalidad de ampliar aún más los fundamentos expuestos en el anterior acápite, corresponde previamente realizar las siguientes precisiones.

- Ante la emisión de la sentencia de primera instancia que declaró probada en parte la demanda principal de “usucapión decenal” e improbada la excepción de falta de elementos constitutivos para la procedencia de la usucapión decenal, se advierte que ambas partes procesales interpusieron recurso de apelación, cursando efectivamente de fs. 620 a 622, la impugnación interpuesta por la parte demandada, donde acusaron como primer reclamo la vulneración de las siguientes normas: art. 33 de la anterior CPE, art. 123 de la actual CPE, arts. 404.II y 408.2 del Código de Procedimiento Civil y art. 1568.I y II del Código Civil actual, pues consideran que al haber señalado los demandantes de manera expresa en su memorial de demanda que su posesión se habría iniciado en fecha 1 de mayo de 1975, es decir cuando aún no estaba vigente el Código Civil actual, no correspondía otorgar tutela jurídica basada en dicha norma.

- En virtud a las apelaciones interpuestas, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista Nº SCCFI-152/2016 de 11 de mayo de 2016 (fs. 638 y vta.), donde dispuso anular todo lo obrado, pues consideró que el hecho constitutivo de la presente acción declarativa de propiedad al estar dado por el ejercicio posesorio a partir del 01 de mayo de 1975, es decir de fecha anterior a la vigencia del Código Civil actual, en el caso de autos no correspondía aplicar la norma sustantiva civil vigente, sino la contenida en la legislación Civil abrogada. Sin embargo, la presente resolución, ante el recurso de casación interpuesto por la parte actora, que cursa de fs. 650 a 652 vta., fue anulada por Auto Supremo Nº 600/2017 de 12 de junio de 2017 que cursa de fs. 681 a 685, pues este Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que el Tribunal de apelación habría realizado un análisis sobre la pretensión expuesta por el actor en su demanda, para determinar la imposibilidad de ingresar a revisar el proceso en atención a los recurso de apelación interpuesto, cuando en realidad dicho Tribunal de apelación-, debió considerar los mismos y en mérito a los reclamos expuestos considerar aquel de fondo referido a la interpretación incorrecta de la norma contenida en el art. 1568 del sustantivo civil, realizando el análisis de fondo con relación al reclamo y no equivocar su actuación determinando la nulidad de obrados por un aspecto netamente de fondo.

- Dispuesta la nulidad, y radicada nuevamente la causa en segunda instancia, el Tribunal Ad quem pronunció el Auto de Vista Nº SCCI-0209/2017 de 25 de julio de 2017 (fs. 697 a 699), confirmando la sentencia de primera instancia, arguyendo de manera errada que no correspondía aplicar la disposición del art. 1568 del Código Civil. Sin embargo, dicha resolución, ante los recurso de casación que interpusieron ambas partes procesales, también fue dejada sin efecto por Auto Supremo Nº 742/2018 de 27 de junio que cursa de fs. 741 a 746, resolución que en su parte más sobresaliente señaló que el criterio del Tribunal de alzada sería errado e incongruente y no cumpliría con lo dispuesto en el primer Auto Supremo de fs. 681 a 685, toda vez que dicha resolución al haber señalado que  no procedía la nulidad de obrados por infracción de una norma sustantiva, implicaba que el Ad quem debía considerar el precepto del Código Civil Santa Cruz de 1831 en relación a la ultra actividad de la ley sustantiva y el principio “iura novit curia”.

- De conformidad a dicha resolución, la causa volvió a radicar en segunda instancia, donde los jueces de alzada en cumplimiento de las orientaciones realizadas en los dos Autos Supremos, aplicando el Código Civil Santa Cruz de 1831, procedió a resolver ambos recursos de apelación, emitiendo en ese sentido una resolución revocatoria, declarando en consecuencia improbada la pretensión principal y probada la excepción interpuesta por la parte demandada.

De estas precisiones, se advierte que el Tribunal de alzada no vulneró el principio de congruencia, como erradamente acusan los demandantes, toda vez que los vocales suscriptores de dicha resolución, se circunscribieron a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación por ambas partes procesales, explicando de manera precisa y entendible, las razones por las cuales decidieron revocar la sentencia de primera instancia, por lo que la vulneración del art. 265.I del Código Procesal Civil carece de sustento.

De igual forma, queda desvirtuado el reclamo referido al hecho de que la parte demandada cuando interpuso recurso de apelación no se habría referido al art. 1568 del Código Civil, cuando en realidad, si nos remitimos a los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 620 a 622, a simple vista se advierte como primer agravio la inobservancia del art. 1568 en sus párrafos I y II del Código Civil, pues los demandados, entonces apelantes, consideraron que al no haber estado aún vigente el 1 de mayo de 1975 (fecha de inicio de la supuesta posesión) el actual Código Civil, no correspondía otorgar tutela jurídica aplicando dicha norma. Por lo tanto, al no ser evidente que los demandados no hubiesen hecho alusión al art. 1568 del sustantivo civil, este reclamo deviene en infundado.

Al margen de lo ya expuesto es pertinente aclarar que, si bien es evidente que el reclamo citado supra tenía como finalidad que se declare la nulidad de obrados, sin embargo, en base a los fundamentos y orientaciones expuestos en los Autos Supremos Nº 600/2017 de 12 de junio de 2017 y Nº 742/2018 de 27 de junio de 2018, los cuales, al no haber sido objeto de impugnación por los ahora recurrentes, pues no cursa en obrados documental que acredite que contra dichas resoluciones se activaron los mecanismos de defensa respectivos y oportunos para dejarlos sin efecto, lo que originó que estas adquieran calidad de cosa juzgada (efecto procesal que impide que lo resuelto en dichas resoluciones se revise en el mismo proceso o en otro), es que la determinación de que ante la transgresión de una norma sustantiva, como es el art. 1568.I y II del Código Civil, no procede la nulidad de obrados por no tratarse de un vicio o irregularidad procesal  debiendo la autoridad judicial ingresar al fondo de la litis aplicando el Código Civil Santa Cruz de 1831, adquirió la calidad de cosa juzgada; por lo tanto no pueden pretender los demandantes, ahora recurrentes, cuestionar o demostrar su disconformidad con lo resuelto en los citados Autos Supremos, cuando en el momento procesal oportuno no presentaron objeción alguna, pues su conducta pasiva habría demostrado una aceptación tácita de los fundamentos que sustentaron dicha resolución, de ahí que no pueden acusar recién en esta etapa procesal su disconformidad con dichas determinaciones, como ser el hecho de que en el caso de autos debe aplicarse el Código Civil Santa Cruz.

Finalmente debemos señalar que, si bien es cierto que la parte demandada interpuso la excepción de “ausencia de elementos constitutivos para la existencia de la usucapión decenal o extraordinaria”, sin embargo, no menos cierto es el hecho de que en el Auto Supremo Nº 742/2018 de 27 de julio que tiene calidad de cosa juzgada, se orientó que el Tribunal de alzada debía emitir pronunciamiento sobre el fondo de la litis en base a presupuestos del Código Civil Santa Cruz, extremo que al haber sido estrictamente cumplido por los jueces de Alzada, no se advierte la transgresión de derecho alguno, pues otra cosa refiere en la parte resolutiva del Auto de Vista objeto de casación, si bien se declaró improbada la excepción de “ausencia de elementos constitutivos para la existencia de la usucapión decenal o extraordinaria”, empero posteriormente se aclaró que se aplicó el Código Civil Santa Cruz, es decir la usucapión treintañal.

Por los fundamentos expuestos, y toda vez que los extremos acusados en el recurso de casación de la parte demandante no resultan evidentes ni fundados, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 759 a 762 vta., interpuesto por Adrián y Juan ambos Arciénega Bayo, contra el Auto de Vista Nº SCCI-0305/2018 de fecha 31 de octubre, cursante de fs. 752 a 756, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula los honorarios del Abogado profesional de la parte demandada en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu.